Concepto
Septiembre 2011

HIPÓTESIS: I/II/III

La propiedad de la tierra significaba poder anticipar un futuro manejable colectiva o individualmente. Pero en los ’70, los grandes empresarios y terratenientes instauraron, mediante terrorismo de estado, la reestructuración del capitalismo local en acuerdo con el crecimiento económico de las transnacionales y sus Estados imperialistas. Hoy la Presidente convoca a profundizar esa armonía del Estado con el Mercado que pertenece a esos oligopolios globales. Éstos son las terminales automotrices, las agroexportadoras o cerealeras a la cabeza del sistema mundializado de agronegocios, las petroleras, las mineras, las del supermercadismo, las turísticas e inmobiliarias. En asociación con las elites locales han establecido su territorialidad de dominación que destruye las condiciones de vida y trabajo tanto del presente como del futuro.

Al presentar el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), la Presidente nos insta a olvidar o ignorar la impunidad de esa alianza del Estado con el ‘Mercado’ en la programación y ejecución del avance raudo del modelo de soja transgénica, cuyas gravísimas consecuencias socioecológicas prueban la incompatibilidad del sistema mundializado de agronegocios con la soberanía alimentaria, la agricultura con agricultores y el buen vivir de los diversos de abajo. Estos son principios e ideales de la «reforma agraria integral» que, si bien persigue erradicar el régimen latifundista y el neofeudalismo, va más allá de la distribución de tierras. Se basa y progresa en territorios construidos por comunidades con autogestión y autogobierno del trabajo en función de necesidades e intereses de los pueblos de Argentina, América Latina y el Caribe y del mundo entero.

I.

 

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

 

Planteo

El enfoque del modelo dominante me permitirá precisar qué entiendo por «reforma agraria integral» y porqué la considero concretable e imprescindible para arraigar rumbos hacia el buen vivir de los diversos de abajo.

 

Sabemos que los motores del crecimiento económico en la Argentina son los agronegocios cuyo paradigma es el sistema de la soja transgénica; la extracción y exportación de minerales metalíferos e hidrocarburos; la industria automotriz y la construcción. Comprobamos que estas actividades producen extraordinarios beneficios para transnacionales y transnacionalizados. Sobre todo, verificamos que se desarrollan contra las necesidades y los intereses populares. En efecto, construyen una territorialidad de dominación. Veamos porqué a través de analizar:

 

1. La contrarreforma agraria 

 

SURsuelo (Edición Noviembre 2010), en su "Informe Especial: La tierra para quien la trabaja y para los argentinos", nos introduce en que:"(...)Hoy asistimos a un proceso de concentración de la propiedad como no ocurría desde el siglo XIX. Si bien parte de los que han adquirido tierra provienen de sectores de productores medianos y capitalizados productores, una importante proporción está ahora en manos de grandes inversores, para quienes hoy la producción agropecuaria o la actividad forestal es sólo un buen negocio. --- Así, la tierra y más específicamente el suelo o el bosque se convierten muchas veces en insumos del proceso productivo. Esta práctica se facilita con el surgimiento de los pooles de siembra y los fondos de inversión en la agricultura. Mecanismos que se han podido llevar a cabo, a partir de los años ‘90, de la mano de un plan de ajuste estructural y de desregulación y liberalización económica. Con estas políticas se modificó la mayor parte del funcionamiento económico nacional y de las estrategias de acumulación de los actores dominantes. En la actividad agropecuaria produjeron  la agudización de las tendencias concentradoras y el acrecentamiento de las ventajas derivadas de las economías de escala. Todo bajo un importante flujo de capitales provenientes del sector financiero que encuentra en la actividad agropecuaria la modalidad de nuevos negocios (...)".

 

También SURsuelo (Edición Noviembre 2010) publica "La explosión del boom sojero"  por Gastón Fenes que nos aclara sobre cómo el capitalismo construye la desigualdad y la exclusión sociales en el campo:

"A principios de los años ‘90 el sector agropecuario había recibido nuevas formas de inversión al arriendo de campos y a la producción. Entre ellas, puede observarse la aparición de los pooles de siembra, que trabajan en mayor escala que el resto de los productores, abaratando costos al comprar insumos a precios más bajos, logrando mejores condiciones de comercialización y, al producir en distintos lugares geográficos, consiguen disminuir los riesgos climáticos. Por contraste, la situación de los pequeños productores y contratistas es muy complicada debido a las diferencias económicas para competir frente a estas grandes empresas. La tierra y la renta agraria siguen el incesante camino de la extranjerización y concentración económica en pocas manos.

 

La situación del campo argentino pareciera atravesar un momento económico excepcional.

Sin embargo, esto sólo puede pensarse analizando estadísticas y números. El sector agropecuario presenta distintas realidades que no se reflejan ni en la cosecha record de soja (55 millones de toneladas en la campaña 2009/2010), ni en los altos precios internacionales de los commodities, como así tampoco en la apertura de los mercados chinos al aceite de soja o los grandes volúmenes de producción de biodiesel. Considerar estos datos implica un análisis más profundo y requiere reconocer los actores que se ven beneficiados por este modelo agroexportador sojero. Los números sólo muestran una cara de la moneda: la riqueza de un sector concentrado y reducido que interviene en la producción agropecuaria. Los pooles de siembra. Pool significa “polla” o “colecta”. Básicamente, es un “chanchito” o “vaquita” que conforma inversores para sembrar y cosechar granos en un período determinado. En general, estos fondos se arman y desarman cada año y el resultado de la cosecha se reparte de acuerdo al porcentaje aportado. Los pools de siembra alquilan cientos de miles de hectáreas para llevar adelante la producción, principalmente de soja. Hoy, las grandes empresas del agro siembran desde 40 mil a 200 mil hectáreas. Sin variaciones significativas en los últimos años, en la lista de las firmas más importantes del agro aparecen Cresud, Adecoagro, El Tejar, Cazenave & Asociados, MSU, Olmedo Agropecuaria, Liag, entre otras. Asimismo, entre los más poderosos se encuentra Gustavo Grobopatel, más conocido como “El Rey de la Soja”, quien arrendaba 173 mil hectáreas en el año 2004. Para disminuir los riesgos de inversión, las mega-empresas agrarias alquilan tierras en distintas provincias del país y producen soja a gran escala.

 

La política agropecuaria y los pools de siembra son los principales culpables del monocultivo en Argentina.

Este proceso, si bien ha traído grandes beneficios económicos para un sector reducido, también ha acarreado consecuencias negativas como ser la deforestación, la pérdida de nutrientes del suelo, la concentración económica, la expulsión de pequeños productores y la contaminación del aire y el agua. Además, ha generado una mayor influencia de los grandes grupos económicos en la política agropecuaria. 

 

Competencia Desleal 

La aparición de los pools de siembra trajo aparejado un fuerte proceso de concentración de la tierra. Desde comienzos de los ‘90 hasta el presente han desaparecido 150 mil chacras. El censo nacional agropecuario del 2002 reveló que en la región pampeana, la cantidad de hectáreas por explotación agropecuaria pasó de 400 en 1988 a 533 en 2002. Y si bien no hay datos concretos más actuales, la tendencia sigue vigente y la situación empeorando. Esta información muestra la dificultad del pequeño y mediano productor para competir con los grandes pulpos agropecuarios, como así también la imposibilidad de los pequeños contratistas para acceder a la propiedad de la tierra. En la mayoría de los casos el productor se ve obligado a vender su pequeña parcela ante la irresistible situación económica que atraviesa. La disparidad más importante que sufren quienes arrendan pequeños campos se encuentra en los altos precios que pagan los pools de siembras por sus alquileres. Además, en el plano impositivo las grandes empresas agrarias tienen significativas ventajas. Los pools inscriptos bajo la figura del fideicomiso no pagan directamente el impuesto a las ganancias, a diferencia de los pequeños productores que retribuyen el 35%. Los beneficiarios (generalmente los inversionistas del fideicomiso) pagan alícuotas más bajas por sus tributos a la renta ya que el cálculo se realiza una vez divididos los resultados económicos y el total destinado al fisco varía según la categoría en la que deba registrarse. Complicidad del Estado Cuando alguien decide no intervenir en realidad está dejando que algo pase. El proceso de concentración y extranjerización de la tierra está en pleno auge y no se ha tomado ninguna medida por parte del estado para frenarlo. La aparente “ausencia” estatal en materia agropecuaria es, en realidad, una decisión política que muestra el consentimiento y la complicidad de los sucesivos gobiernos para beneficiar a los grandes grupos económicos agropecuarios en detrimento de los pequeños productores. Habrá que organizarse y mostrarle a quienes conducen los hilos de este país que el campo argentino tiene historia de lucha y no va a dar el brazo a torcer hasta que se revierta la situación actual. Si algún productor duerme puede que no despierte jamás". SURsuelo Edición Noviembre 2010 Fuente: http://www.brujulacomunicacion.com/images/Documentos/n4_sursuelo_liviano.pdf 

 

A su vez, en "Expansión de la soja transgénica en la Argentina", Miguel Teubal nos esclarece que el funcionamiento agroalimentario y agroindustrial responde a las exigencias del capitalismo mundializado: "(...)El boom de la soja transgénica coyunturalmente permite la expansión de grandes superávit fiscales y de la balanza comercial, esenciales para el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo, cabría preguntarse si también significa mayor bienestar para todos los ciudadanos argentinos, ahora y en el largo plazo. 

Este modelo está también sustentado en un sistema de “agro-negocios”, un sistema que articula al complejo agroexportador, con grandes exportadoras a la cabeza, grandes productores sojeros, los denominados “pool de siembra” (conjuntos empresariales que financian operaciones agropecuarias comandadas por contratistas que arriendan campos), y la empresa Monsanto y sus licenciatarias que provee la semilla transgénica y que constituye la base de sustentación del sistema de siembra directa (véase Teubal, 2008; 2006; Giarracca y Teubal, 2008). A lo largo de su período de implantación en el país que involucró la difusión masiva de los cultivos transgénicos, en particular la soja, así como el uso masivo del glifosato y otros agrotóxicos en la agricultura argentina, fueron pocas las voces que señalaban los efectos nocivos de este modelo –sociales, económicos, medio ambientales, y relativos a la salud pública, etc.–.

 

En términos generales pocas voces se preguntaban en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Asimismo, se hacía caso omiso de la desaparición y expulsión del sector de medianos y pequeños productores, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores rurales debido al avance ejercido por grandes productores sojeros sobre el territorio nacional; se negaba la creciente pérdida de la soberanía alimentaria; el deterioro ambiental; el avance de la soja sobre la yunga norteña (zona de arbustos naturales en cálidos valles precordilleranos), así como su incidencia sobre la deforestación masiva que se produce en el país con todas las consecuencias que ello entraña, incluyendo el desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitat habituales. Tampoco se consideraba la pérdida de la biodiversidad; la dependencia respecto de grandes empresas transnacionales. En fin, tampoco se hacía alusión a su incidencia sobre la desocupación, el hambre, la pobreza y la regresividad de la distribución del ingreso a nivel nacional (...)". 
Fuente: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh4Teubal.pdf 

 

2. El nuevo extractivismo

Eduardo Gudynas, en "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual", nos explica: "(...)Entre tanto, avanza el extractivismo exportador, tanto de productos clásicos provenientes de la minería y petróleo, como los de nuevo tipo desde la agricultura y forestación. Por ejemplo, las exportaciones provenientes de mineras y canteras de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), pasó del orden de los 20 mil millones de dólares en 2004, a más de 46 mil millones en 2007 (CEPAL, 2009). El caso de Argentina es ilustrativo. Entre 2003 y 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el número acumulado de proyectos mineros creció por encima del 800%, y las inversiones acumuladas aumentaron un 490% (Gutman, 2007). Se mantuvieron las muy favorables normas mineras provenientes de años anteriores, tales como regalías que apenas llegan al 3%, se asegura una estabilidad fiscal por treinta años, lo que impide modificarles la carga tributaria, con deducibles muy generosos (hasta el 100% del monto invertido, incluyendo desde las obras de infraestructura hasta los gastos de comercialización, aún si éstos ocurrieran en otros países), exoneraciones de aranceles y tasas aduaneras, y libre transferencia de sus ganancias, entre otros aspectos (Gutman, 2007). Por si fuera poco, el cálculo del valor del mineral extraído lo realizan las propias empresas, y el Estado no lo fiscaliza adecuadamente (una situación que también se ha denunciado en Brasil), y por lo tanto esas corporaciones terminan haciendo pagos casi voluntarios. Gutman (2007) ofrece como ejemplo la explotación de Barrick Gold en la mina Veladero, donde el valor estimado del mineral extraído y procesado era de 12 mil millones de dólares, mientras que las regalías que recibirá el gobierno provincial donde se localiza el emprendimiento alcanzarán un total de 70 millones de dólares, pagados a lo largo de 20 años. El flujo de capitales también ha aumentado. Por ejemplo, en Chile las ganancias remesadas al exterior por las empresas extranjeras pasaron de 4.438 millones dólares al inicio del gobierno de R. Lagos, a más de 13 mil millones al finalizar su mandato, y de allí volvieron a crecer bajo Michele Bachelet a más de 25 mil millones de dólares (véase Fig. 1). En forma análoga, en Brasil, las empresas mineras disfrutan de exoneraciones tributarias (no pagan el Impuesto Circulación de Mercaderías), y los royalties y valores de la Contribución Financiera por la Exploración Minera que llegan a los municipios son bajos (1 a 3 % de la facturación líquida), donde también los cálculos los hacen las propias empresas.

Desterritorialización y fragmentación territorial 

El avance de la explotación minera, petrolera o los monocultivos de exportación desencadena profundos impactos territoriales. En muchos casos representan la llegada de contingentes de operarios y técnicos, y sus equipos, a áreas remotas; algunas de ellas están habitadas por comunidades rurales o pueblos indígenas. Generan enclaves productivos que están conectados por corredores de transporte o de ener gía con otras zonas del país, y orientados hacia los puertos de exportación. Sus actividades son resguardadas en muchos casos por el propio Estado, incluso por medio de protección policial o militar. Muchos de esos enclaves son un ingrediente más en un proceso de fragmentación geográfica, especialmente en las zonas andinas y amazónicas. Mientras que en ellos se expresa fuerte presencia estatal, están rodeados de amplias regiones “desterritorializadas”, donde el Estado no logra asegurar su presencia en forma adecuada y homogénea, observándose limitaciones por ejemplo en la cobertura de los derechos ciudadanos, los servicios de salud o la aplicación de la justicia. Es un Estado débil o ausente en muchas de esas áreas, pero activo y presente en apoyar y proteger actividades extractivas en unos pocos sitios. Los enclaves extractivos generan muchas tensiones y contradicciones. En unos casos, los gobiernos asignan bloques de exploración y explotación que ignoran los territorios preexistentes, reconocidos por pueblos indígenas o comunidades campesinas. En otros casos, esos enclaves significan la apertura de zonas remotas o el avance de la frontera agropecuaria, y junto con ella, el ingreso de cazadores furtivos, tala ilegal del bosque, narcotráfico, o contrabando, por lo cual las condiciones de seguridad se deterioran y la violencia aumenta. A su vez, los enclaves extractivos requieren redes de conectividad que permitan la entrada de insumos y equipamientos, y la salida de los productos exportables, lo que a su vez desencadena otros impactos. En algunos grandes emprendimientos se hacen necesarias significativas obras de apoyo en infraestructura o energía (incluso represas hidroecoeléctricas o provisión de gas), las que a su vez generan otros impactos territoriales. Estos procesos tienen una larga historia, y no se registra un cambio sustancial entre los gobiernos progresistas. Por lo tanto, la quinta tesis indica que bajo el nuevo extractivismo persiste la fragmentación territorial en áreas desterritorializadas, generándose un entramado de enclaves y sus conexiones a los mercados globales, que agravan las tensiones territoriales. Los cambios territoriales bajo el extractivismo aunque pueden ser localizados, son profundos, ya que modifican la configuración del espacio, los actores que lo construyen y sus formas de relación. Por ejemplo, tal como afirman Bebbington e Hinojosa Valencia (2007), la minería reestructura la geografía junto a cambios institucionales y una desintegración comunal, y genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales y los nacionales e internacionales. En escalas geográficas mayores, en casi todos los casos, el neoextractivismo está apoyado en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que es activamente promovida por todos los gobiernos progresistas, bajo un claro liderazgo de Brasil. Esos emprendimientos, sumados a las acciones nacionales, desencadenan esa reconfiguración de los territorios. Por ejemplo, los corredores bioceánicos que conectarían Brasil con Colombia y Perú, a su vez son parte de los planes de potenciar la hidrovía del Río Amazonas o la pavimentación de la ruta brasileña BR-163 en pleno corazón amazónico. El extractivismo condiciona y mediatiza los planes de ordenamiento territorial, asignación de áreas protegidas, o incluso las promesas de reforma agraria o distribución de tierras. Por ejemplo, el gobierno Lula no cumplió sus metas de brindar tierras para agricultores y reforma agraria, no se atacaron los latifundios y la superficie concedida es muy pequeña (apenas el 30% de las metas oficiales). Es más, el nuevo plan gubernamental abandonó aquella meta de la reforma agraria y la sustituyó por el objetivo de regularización de la propiedad de predios. La Comisión Pastoral de la Tierra, indica que esa raquítica “reforma agraria” está marcada por dos principios: no se la lleva a cabo dentro de los dominios de la agroindustria, y solo avanza allí donde puede “ayudar” a los agronegocios. La Comisión sostiene que la reforma agraria del Partido de los Trabajadores y sus aliados, está acoplada a la expansión de los agronegocios (de Oliveira, 2009). Estos y otros ejemplos, indican que está en marcha un ordenamiento territorial de hecho donde uno de los factores determinantes son los sectores extractivos(...)".

Extraído del libro "Extractivismo, política y sociedad"

25-06-2010 

Fuente: www.lahaine.org/index.php?p=46478&lhsd=1

 

3. El desarrollo petrolero

Gian Carlo Delgado Ramos, en "Petróleo, medio ambiente, cambio climático y seguridad: Macondo, otra advertencia más", nos descubre:

"(...)2. Los costos ocultos del patrón energético: una breve mirada al caso del petróleo.

Uno de los argumentos de mayor peso para abogar a favor del patrón energético fósil de cara al desarrollo de energías “sustentables” (1) es que el petróleo, carbón y gas siguen siendo las fuentes de energía más baratas. Se trata de una afirmación que sin embargo se sustenta en una muy peculiar contabilidad.

Independientemente de que estamos hablando de un tipo de energía limitada -la energía fósil se presenta como stock y no como flujo tal y como sí lo es la energía solar-, lo que es un hecho es que en el costo, no sólo de producción de la energía fósil, sino del mantenimiento del patrón energético fósil in toto, hay un amplio abanico de “externalidades ocultas” que no son tomadas en cuenta y, que de hacerse, sin duda lo tornarían costoso no sólo en términos económicos, sino también socio-ecológicos. A ello debería sumarse, en negativo, los subsidios otorgados (unos 200 mil mdd al año (Godrej, 2001:134)) y los costos de seguridad ejercidos para garantizar y mantener el fluido curso de combustibles fósiles hacia los mayores consumidores, un costo que se estima en al menos el 25% del gasto total en defensa a nivel mundial (Steffes, 1994: 20-29).

Los mencionados costos ocultos se pueden identificar en todo el proceso producción-circulación-consumo. Dígase para el caso del petróleo, desde la exploración, perforación y extracción, hasta la transportación, refinación y quema.

 

Tan sólo para mostrar algunos aspectos relevantes vale indicar que:

A lo anterior se suman los riesgos de explosión, derrames e incendios provocados como parte del funcionamiento cotidiano de los pozos petroleros, por la transferencia del crudo de una instalación a otra , por error humano, etcétera.

Igualmente, deben contabilizarse los gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos que genera la extracción, el transporte y la refinación del crudo. Tan sólo la quema del gas natural asociado al proceso de extracción, práctica barata y muy común, se estima en el orden de unos 35 millones de toneladas de dióxido de carbono y 12 millones de toneladas de metano (Ibid). Asimismo, la extracción y transportación implica el permanente riesgo de derrames de diversa envergadura y de diverso impacto socioambiental. Ese riesgo no es sin embargo una eventualidad de la industria, por el contrario se hace constantemente presente.

Los derrames de gran escala, de más de 10 millones de galones, han ocurrido prácticamente cada año desde la década de 1960, mientras que los derrames de menor escala, aunque llaman menos la atención pública, de hecho se calcula que en conjunto suman una cantidad mucho mayor de petróleo vertido que el de los grandes derrames (Ibid: 20 -21). Los impactos son enormes (véase más adelante), más en ecosistemas acuáticos dada la menor densidad del petróleo con respecto al agua. Así, una tonelada de crudo derramada típicamente cubre unos 12 km2 de agua (Ibid: 22).

Llegando al usuario final, la quema de petróleo genera una serie de contaminantes que, como es de conocimiento público, ha contribuido de manera primaria en el calentamiento global del planeta. Seis son los principales elementos que contribuyen a la contaminación del aire: compuestos orgánicos volátiles (generados por la combustión de combustibles fósiles); dióxido de sulfuro (producido por la quema de carbón); dióxido de carbono; partículas de 10 micrones o menos (humo, polvo, vapores, etcétera, producto sobre todo de la quema del diesel); partículas de 2.5 micrones o menos o PM-2.5s, similares a las anteriores pero de mayor daño a la salud humana (sobre todo a los tejidos pulmonares); y aditivos de tetraetíl usualmente empleados para mejorar la eficiencia de la gasolina como combustible.

Los impactos de corto-mediano plazo de tales contaminantes o smog incluyen la contaminación de la vegetación, la filtración de contaminantes a los mantos acuíferos y de ahí al resto de la cadena alimenticia, lluvia ácida, enfermedades diversas como asma, problemas cardiovasculares, cáncer, irritación y alergias, etcétera. Los impactos de largo plazo o “indirectos” están esencialmente vinculados con las implicaciones del calentamiento global tal y como ha sido ampliamente evaluado y descrito en los informes del IPCC (www.ipcc.ch). Véase más adelante".

Fuente: www.ecoportal.net / 01-09-11

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/Petroleo_medio_ambiente_cambio_climatico_y_seguridad_Macondo_otra_advertencia_mas

 

4. La seducción capitalista

 

Ricardo Mascheroni, en “El auto nos declaró la guerra”, nos dice: “(…)Sepamos que por año en el mundo, muere la aterradora cantidad de 1.300.000 personas y más de 50 millones de ellas, reciben distintos tipos de heridas, a lo que se debe sumar otra serie de daños colaterales atribuidos directamente a los automotores, como ser afecciones respiratorias y cardiológicas, producto de la contaminación en los centros urbanos, que en algunos casos multiplica hasta por cinco veces los efectos perjudiciales referidos. Es la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de 5 a 29 años.

La sumatoria de todos los conflictos bélicos producidos en el Planeta, no llega ni por lejos a las cifras de bajas mencionadas, ante la indiferencia y complicidad generalizada.

Lo peor, es que todos los pronósticos, de no hacerse algo al respecto, dicen que para el año 2030 estos números podrían duplicarse.

Pese a este genocidio, el mundo se mueve en sintonía con el auto y por ello, no es descabellado afirmar que el mismo se ha convertido casi en una suerte de epidemia maltusiana.

Por su parte los gobiernos en sus distintas competencias, nacionales, estaduales o locales, poco hacen para combatir este flagelo, aunque digan lo contrario.

Es más, no sólo que se rinden incondicionalmente ante las automotrices, sino que celebran como un síntoma de desarrollo el incremento de ventas, atribuyendo todos los males provocados, a la irresponsabilidad conductiva o el consumo de alcohol por parte de algunos conductores. Todo vale, para ocultar que lo que mata es el auto y no la forma de manejo.

No es sencillo combatir este poderoso enemigo, arraigado como pocos en la conciencia social como factor de status y libertad, pero de allí a fomentarlo y congratularlo, hay un largo trecho.

Todos saben que el tren, de cargas o pasajeros, se lleva las palmas por sus ventajas comparativas en términos económicos, de seguridad y ambientales.

Pero vaya paradoja, hasta algunas de las grandes multinacionales de la ecología, que se rasgan las vestiduras ante todo tipo de proceso productivo, se maquillan y hacen lobby a favor de este medio, prohijando el uso de automotores híbridos y eléctricos y reclamando enérgicamente a los Estados la adopción de los mismos, seguramente con el aplauso de las automotrices. En una actitud hipócrita, no se preguntan de dónde saldrá la energía eléctrica para abastecer esta nueva demanda, o sobre los impactos que generará el aumento de la actividad minera (de la que reniegan) para proveer materiales cada vez más escasos y estratégicos para esta variante tecnológica del transporte individual.

No es suficiente denostar la mega minería, los biocombustibles o la quema de hidrocarburos para salvar el Planeta, sino entendemos que todas esas actividades en la mayoría de los casos son meras subsidiarias de las multinacionales automotrices.

El auto, con motores de combustión interna o eléctrica, siempre producirá las mismas consecuencias dañosas, ya que el origen de los males está en su propia esencia.

Por fortuna, algunos países inteligentes se han dado cuenta de ello y día a día mejoran sus servicios públicos de transporte. En los otros se actúa a contramano del sentido común y de la vida.

Es hora de pensar seriamente en el transporte masivo de calidad y con seguridad, desalentando el uso del individual.

Pero para ello se necesita: decisión, voluntad política y compromiso con la vida, atributos que no siempre abundan en las instituciones públicas, mientras los intereses de las automotrices siguen invadiendo todos los ámbitos de la vida social.

Hoy sería impensable tratar de prohibir el automotor, no obstante debería intentarse establecer un sistema de premios y castigos para los usuarios, vía normas impositivas que desalienten determinados usos, tamaños, cilindradas, cantidades de unidades por núcleo familiar, prácticas, etc.

A la par, se debería trabajar con sensatez y celeridad para ofrecer a los usuarios un sistema de transporte eficiente, económico, racional y sustentable, que privilegie la seguridad, el ambiente, la vida y la calidad de ella, para toda la comunidad y no solo las ganancias e intereses de unos pocos.

Por último, los dejo para que lo piensen y me despido hasta la próxima aguafuertes”.

 21-08-2011 Fuente: AGUAFUERTES AMBIENTALES

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Comencemos a discutir si real y efectivamente el modelo es nacional y popular leyendo a "La reindustrialización en la posconvertibilidad: una mirada desde el sector automotriz" donde Juan E. Santarcángelo y Germán Pinazo examinan el proceso de internacionalización productiva del país: "(…) La empresa extranjera, de hecho, es el tipo de propiedad más dinámico durante la posconvertibilidad, en la medida en que, consolidada en las décadas pasadas, pudo aprovechar el nuevo contexto macroeconómico -en buena parte de los casos a partir de la adquisición de grandes firmas de capital nacional-. De manera complementaria, el sector externo desempeñó un rol central en el crecimiento registrado por el sector industrial, desplazando a la demanda local, que durante la ISI había liderado el proceso. Como veremos, el negocio automotriz no estuvo ajeno a esta cuestión. Si antaño podíamos pensar que existía una complementariedad entre el desempeño de las empresas transnacionales que “dirigían” la producción, y las empresas locales que operaban fundamentalmente en la provisión de insumos, hoy la cuestión cambia radicalmente. Las empresas transnacionales dirigen el segmento terminal, pero éste guarda poco de aquella relación con la burguesía local y con el empleo asalariado; fundamentalmente, en la medida en que su negocio está más orientado a la venta y provisión externa de insumos, que al mercado interno. Por último, resulta pertinente antes de abordar de lleno las características de la trama automotriz realizar un breve repaso de la integración de la industria argentina con la industria brasileña y, asociado con el mismo, un somero análisis de los regímenes especiales implementados desde los años ´90, dado que ambas cuestiones están íntimamente vinculadas con las modificaciones en las estrategias productivas de las principales empresas en el nivel mundial. A grandes rasgos, las empresas trasnacionales han adoptado el uso de plataformas comunes en el nivel mundial, concentrando en sus casas matrices y principales filiales las actividades de diseño, investigación y desarrollo, y relegando en las distintas terminales regionales las actividades vinculadas con la diferenciación mínima de productos. A su vez, en este proceso de “estandarización” mundial, las casas matrices han concentrado en un número reducido de empresas proveedoras, el aprovisionamiento de los distintos componentes del producto terminado, lo que ha derivado en un proceso de transnacionalización de estas últimas en sintonía con las terminales (o en otros términos internacionalización de los procesos productivos). Las mayores economías de escala, por cuestiones que no analizaremos aquí19, se logran en este nuevo esquema regional o subregional. En el caso del cono sur americano, el Brasil, por el tamaño de su mercado interno y por un conjunto de políticas de estímulo específicas, ha sido el principal receptor de inversiones, y se ha transformado en los últimos 20 años en el “centro de operaciones” de la región. En términos históricos, la implantación de esta industria específica en dicho país ha tenido características bastante similares a la de la Argentina, y han participado, en su mayoría, las mismas empresas transnacionales (Chudnovsky y Porta, 1990). Es por este motivo que no llama la atención que, en el marco del MERCOSUR y los cambios organizacionales mencionados, se haya empezado a impulsar con fuerza un proceso de articulación arancelaria y comercial entre ambos países que, no casualmente, es absolutamente funcional a las empresas transnacionales que operan en ambos países.(…)

Los sujetos y dinámicas que componen hoy la industria argentina, tienen poco que ver con aquellos que lo hicieron 40 años antes; fundamentalmente porque los modos de producción y los sujetos industriales en la escala mundial se han modificado radicalmente y porque en el nivel local, el sector ha consolidado un patrón de concentración del capital cada vez más extranjerizado y dependiente del sector externo. En este contexto, el cambio en “la división internacional” del trabajo en la industria automotriz, no sólo ha modificado las escalas óptimas de producción en el nivel regional, sino que ha reconfigurado los agentes que intervienen y la organización de la fuerza de trabajo al interior de las distintas fronteras nacionales. Por eso, de manera muy esquemática, una mayor producción local de automóviles no necesariamente implica una mejora directa en los indicadores de empleo y de salario como sí lo hizo antaño. Resulta evidente que el sector industrial actual no reactiva el círculo virtuoso valor agregado-empleo-mercado interno que sí generaba durante la ISI (…)".

Fuente: revista Realidad Económica nº 247,octubre/noviembre 2009, editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)

http://www,iade.org.ar

En consecuencia, el «modelo» causa pobreza, desnutrición, hambre y devastación socioambiental mediante la armonía del Estado con el Mercado como la propia Presidenta se vanaglorió de haber establecido. Consolida la recolonización de la economía y el territorio al estar el poder real, cada vez más, en manos de las transnacionales que dominan el mundo junto a los Estados del capitalismo central. Acumula riquezas en oligopolios mediante la mercantilización de la naturaleza (en forma de paisajes y recursos estratégicos) y de las grandes ciudades, sobre todo, de Buenos Aires para el turismo mundial y la especulación inmobiliaria. De modo que expulsa hasta a pueblos enteros y lleva a la desaparición forzada de campesinos e indígenas

 

La «reforma agraria integral», en cambio, tiene como sujetos de la programación y la puesta en práctica a nosotros: los diversos de abajo. Hoy estamos siendo oprimidos, marginados, arrinconados, expulsados y asesinados por el capitalismo que nos destina a ser su periferia y población excedente. También estamos siendo manipulados y usados en sus aparatos clientelares para hacer posible la criminalidad e injusticia del modelo. De modo que lo prioritario es emanciparnos de nuestras situaciones actuales por posicionamiento en construir el nosotros de nuestro trabajo, vecindario, comunidad, gremio, organización social, etc. Pero se trata de un nosotros con voluntad de transformarlos en nuestro lugar de afirmación como sujeto colectivo de derechos.

 

 

Ideología

La «reforma agraria integral» implica la recuperación y la creación de territorios emancipatorios por comunidades organizadas para la autogestión y el autogobierno de su convivencia y su armonía con la Madre Tierra. Por el contrario, el modelo genera

1. Ensanchamiento y profundización de la desigualdad e injusticia social

 

Germán Mangione, en "Dos caras de una misma moneda", relata: "Un informe de la Secretaría de Agricultura consignaba que las explotaciones más pequeñas –500 hectáreas de promedio– resultaron las más afectadas por la desaparición de establecimientos agropecuarios. En 2007, el 10% de los productores concentraban el 50% del uso y tenencia de la tierra. El fenómeno de la concentración de tierras avanza como una aplanadora sobre los productores más pequeños, pero hay un actor de la provincia de Santa Fe que también ha sido afectado profundamente y que no parece figurar en las estadísticas oficiales ni en las políticas de gobierno. Los verdaderos dueños de las tierras, los originarios. Llegamos hasta San Javier, a solo 156 km de la capital provincial santafesina para conocer su lucha y su historia. Desde el 2007 la comunidad Mocoví de Colonia Francesa está luchando por conseguir tierras para trabajar y producir, para poder sobrevivir. Según nos contaban algunos de los integrantes de la comunidad: “somos más de 35 familias que vivimos en 2 hectáreas de tierra y ahora van llegando algunas más”. Las tierras entregadas por el municipio tuvieron que ser repartidas entre todas las familias, pero después de un tiempo la municipalidad les sacó una parte para construir la calle que pasa por allí. “No tenemos tierra para sembrar, los pedacitos de terreno que nos quedan a cada familia son de 30 de largo por 10 de ancho, no hay lugar para nada, ni para sembrar ni para tener los poquitos animales que tenemos”, cuentan preocupados. Como no hay trabajo en la comunidad, la única posibilidad de quedarse es produciendo sus tierras, de ahí la importancia de la lucha por la propiedad de las mismas. “Antes vivíamos sobre la costa del río, la creciente nos corrió en el ‘82 y nos vinimos para acá. Recién ahora conseguimos los títulos de las tierras, que son propiedad de la comunidad, con la lucha y los cortes de ruta”. 

“ Una larga historia de luchas ”

Los Mocovíes tienen como comunidad una larga historia de lucha y organización. Prueba de ello es el registro cinematográfico que cuenta el episodio de lo que se conoció como El último Malón, primera película realizada en la República Argentina. El último Malón ocurrió durante la mañana del 21 de abril de 1904 en San Javier y se lo considera como la última rebelión de cierta importancia de indios Mocovíes en tierras litoraleñas argentinas. Alcides Greca, oriundo de la misma localidad, 13 años más tarde filma una película de 35mm que trata de una recreación de aquellos acontecimientos filmados por los mismos protagonistas de los hechos reales, adelantándose en varias décadas a lo que posteriormente se conocería como neorrealismo. “Tenemos que luchar juntos porque no vamos a tener nada, y esto se va a borrar porque lo que quieren es borrarnos, pero con la lucha no se va a borrar” nos cuenta con firmeza una de las integrantes de la comunidad y asegura que “mientras pueda luchar voy a seguir, aunque a mí no me gusta hacer cortes, pero si no hacés cortes, no lográs nada. No tenemos otra manera. Con los cortes, las marchas y la organización nos escucharon. Sino no tenemos como enfrentar las necesidades. A muchos les molesta que salgamos de acá y que la comunidad vaya a protestar a la Nación o fuera de San Javier. Cuando uno habla de la comunidad ellos siempre te llevan la contra, nunca nos dan la razón, siempre quieren tener razón ellos. Nosotros sólo reclamamos nuestros derechos como comunidad”. Con cierta tristeza cuentan que el río, que era fundamental para sus costumbres, ahora está alambrado, “lo ha comprado gente de afuera”, aseguran. “No se puede ir a pescar, ni nada, es todo privado. Te encontrás con el cartelito de prohibido pasar, cuando antes ibas a nadar y a pescar y lo caminabas de punta a punta. Hay que pedir permiso para entrar al río”. Y casi pensando en voz alta nos cuentan: “el río es de nadie, es natural, ahora nosotros fuimos perdiendo contacto con la naturaleza y la costa”. La tierra surge en todo momento como la necesidad más urgente, pero no la única. “Hace 2 años que nos prometen viviendas y no pasa nada, se nos están cayendo los ranchos. Cuando hay viento tenemos que cortar la luz porque es un peligro para los chicos”. Cuentan que las tierras a las que fueron trasladados las compraron muy lejos del pueblo, “pareciera que nos quieren esconder”, dicen. Pensando en las otras comunidades que todavía no se han organizado, nos comentan que “hay mucho miedo, muchos se esconden, pero si no das la cara, las cosas no se consiguen. Muchos todavía tienen vergüenza de decir que son Mocovíes, pero nosotros estamos orgullosos de serlo y de llevar esa sangre. Muchos quieren que las costumbres del aborigen se pierdan. Estamos luchando ahora por la vivienda y les molesta que aparezcamos y que cortemos la ruta. Cuando no nos cumplen salimos a la calle y a ellos no les gusta”. En medio del fenómeno de la sojización, en la misma provincia de donde brotan las ganancias de los pooles de siembra y a la vera de ese mismo río por donde se escapa el 70 % de las exportaciones y las riquezas del país, existe otra Santa Fe. Dos caras de una misma moneda de este bicentenario modelo 2010, donde la historia reaparece y se reescribe desde los rincones más olvidados, en manos de los verdaderos dueños de la tierra". 

SURsuelo Edición Noviembre 2010 Fuente: http://www.brujulacomunicacion.com/images/Documentos/n4_sursuelo_liviano.pdf 

 

2. Progreso y modernidad empobrecedor tanto del país como de las grandes mayorías

 

Eduardo Gudynas, en "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual", nos interpela a analizar relaciones centrales para nuestro destino común: 

 

"(...)Neo-extractivismo, pobreza y desarrollo 

Comencemos por recordar que bajo los anteriores contextos políticos, las corrientes progresistas y de izquierda, denunciaban que el extractivismo contribuía a generar la pobreza, las economías de enclave eran vistas como algo negativo, y por lo tanto, se buscaban alternativas de salida a esas condiciones. Bajo los gobiernos progresistas poco a poco se está solidificando un nuevo discurso por el cual el extractivismo ahora pasa a ser una condición necesaria para combatir la pobreza. Hay una reversión de la vieja relación, y donde en el pasado había una oposición, en la actualidad es visto como positivo y se convierte en una condición de necesidad para el desarrollo. Se anuncia que el balance final del extractivismo sería positivo; en algunos casos se llega a admitir que puede tener impactos sociales y ambientales negativos, pero enseguida se replica que éstos son manejables o compensables, o que al final de cuentas, deben ser aceptados a la luz de un beneficio general para toda la nación. A su vez, los yacimientos mineros y petroleros, o la fertilidad de los suelos, son vistos como riquezas que no pueden ser “desperdiciadas”.

Aparece un sentido de necesidad y urgencia. 

Un buen ejemplo de este tipo de defensa se observa con el presidente Correa en Ecuador. “No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro” – afirmó el 15 de enero de 2009. De esta manera, los gobiernos progresistas aceptan el estilo de desarrollo actual como indispensable, aunque mejorable y ajustable, ya que no se pueden desperdiciar esas riquezas. Y dan un paso más: se presentan como que sólo ellos pueden llevarlo adelante con eficiencia y con una adecuada redistribución de la riqueza que genera. Podría decirse que muchos de estos gobiernos en la actualidad sostienen que su misión es alcanzar una nueva eficiencia en el extractivismo, y con ello ganar más dinero. Se postula entonces como novena tesis que el neo-extractivismo es aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala nacional. Se asume que parte de ese crecimiento generarán beneficios que se derramarán al resto de la sociedad (“goteo” o “chorreo”). Un Estado, ahora más protagónico, es el que debe alentar y guiar ese derrame. 

Una de las implicaciones de esta postura es que los gobiernos progresistas no cuestionan esta visión reduccionista que iguala crecimiento económico con desarrollo, y por lo tanto no han generado, al menos por ahora, una visión alternativa de desarrollo. Si bien las discusiones bolivianas y ecuatorianas sobre el “buen vivir” tienen ese potencial, los gobiernos y muchos otros actores sociales, parecen derivarla hacia cuestiones instrumentales. En el caso boliviano, la situación es todavía más tensa, debido a que sorpresivamente la nueva Constitución promovida por la administración de Evo Morales, en varios artículos indica que uno de los fines del Estado es la “industrialización” de los recursos naturales. A su vez, la idea del derrame o goteo, también ha sido abordada recientemente de una manera peculiar: el progresismo no la cuestiona, señala que por sí sola no basta para elevar la calidad de vida, pero no se la contradice y se la acepta como un aporte fundamental, aunque el Estado debería promoverla, guiarla y administrarla.

En algunos casos parecería que no había problemas con el derrame en sí mismo, sino con que éste se realizaba de manera inadecuada, casi espontánea, en manos del mercado, mientras que los gobiernos progresistas defienden una postura más activa en administrarlo. El neo-extractivismo es funcional a esta postura, y esto se ilustra, por ejemplo, con las posturas del secretario de Minería de Argentina, convocando a que los inversores extranjeros aprovechen las “ventajas comparativas” y los altos precios internacionales, para “derramar” las supuestas ganancias en provincias de débil economía (Ferreyra, 2009). 

Este tipo de factores hace que el extractivismo pase a ser entendido como un componente más del estilo de desarrollo propiciado por el progresismo, y que incluso sea visto como necesario y urgente. Muchos de los componentes de las viejas tretas de las empresas mineras y petroleras, que años atrás ofrecían “progreso”, “empleo” y “bienestar” para el país y las comunidades locales, reaparece ahora con otros ropajes, otros énfasis, y un mayor papel estatal. Por ejemplo, en el Brasil progresista, las empresas mineras aprovechan de la “convivencia y sumisión del Estado, de las precarias condiciones en que vive la mayoría de la población de los municipios donde ellas se instalan”, y apelan a un discurso sobre la “llegada del desarrollo y el progreso”, logrando condiciones favorables para su implantación y dominio, según los investigadores de la Comisión Pastoral de la Tierra, Reis Pereira y colab. (2009).

De esa manera, los políticos locales y regionales, incluso los legisladores, “asumen ese discurso y la defensa de esas empresas”, apoyándolas con infraestructura, asistencia financiera, y exoneraciones tributarias, con el “propósito de brindarles condiciones competitivas y asegurarles un buen financiamiento” (dos Reis Pereira y colab., 2009). Es cierto que existe otra presencia estatal, pero el problema previo es que persiste el énfasis extractivista, y el Estado se vuelve funcional a éste. Siguiendo con el caso brasileño, es oportuno agregar que el Poder Ejecutivo presentó en 2009, un proyecto de ley sobre emprendimientos productivos dentro de tierras indígenas, incluyendo actividades extractivas. Según su propuesta, las empresas privadas pueden proponer actividades dentro de las reservas indígenas, y si bien esas comunidades pueden aceptarlos o rechazarlos, toda su racionalidad está basada en convertirlos en “socios”. En efecto, se establecen contrapartidas para los grupos indígenas, tales como pago de royalties, compensaciones ambientales, prioridad en la contratación de trabajadores, garantías en los salarios, etc. Bebbington (2009) apunta en la misma dirección que se sigue en el presente análisis, alertando que en estos temas los gobiernos actuales en Bolivia y Ecuador se asemejan a la administración peruana de Alan García. Estos le dicen a los grupos indígenas y activistas que deben dejar de resistir los proyectos extractivistas, y están dispuestos a sacrificar algunos derechos ciudadanos convencidos de las bondades del extractivismo. 

Estos y otros ejemplos indican que este neo-extractivismo reconfigura los discursos sobre el desarrollo, donde las comunidades locales deben aceptar los sacrificios de los impactos como medio de lograr supuestas metas nacionales, y a cambio de ofrecerles un abanico de medidas de compensación, que pueden ir desde los clásicos programas focalizados de asistencia social, a convertirlos en “socios” de las empresas. Este abanico de condiciones es tan amplio, que las críticas contra el extractivismo fácilmente pueden ser tildadas de estar en contra del desarrollo nacional o el progreso, pueden ser calificadas de infantiles o soñadoras, y hasta de peligrosas. Esas expresiones han estado en boca de Correa, Morales y Lula da Silva. Baste como ejemplo, las afirmaciones del pasado julio, del presidente Evo Morales donde critica a grupos indígenas y campesinos que se oponen a petroleras y mineras, Morales afirmó que hay una oposición de los “neoliberales” y de “algunas ONG que van desorientando al pueblo boliviano”, “algunas ONG decían ‘Amazonía sin petróleo’ (...); eso quiere decir que no haya gas ni petróleo para los bolivianos; entonces, ¿de qué Bolivia va a vivir?”. Avanzó mucho más y señaló a “algunos dirigentes sindicales o al movimiento indígena que se oponen y no nos facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo” (Econoticias Bolivia, 14 de julio de 2009). 

Esto explica muchas de las resistencias y críticas del progresismo a ciertas organizaciones ciudadanas, especialmente aquellas que cuestionan estos estilos de desarrollo. Hay más tolerancia con ONG que se reconvierten en brazos ejecutores de las acciones sociales estatales (por medio de convenios financiados desde el Estado), en una especie de tercerización, mientras que aquellas que persisten en posturas independientes, y más aún si son críticas, pasan a ser cuestionadas, controladas o incluso se intenta su clausura. 

El neo-extractivismo bajo el mito del progreso 

Las diferentes líneas argumentales que provisoriamente se presentan en este ensayo terminan confluyendo en una décima tesis: el neo-extractivismo es un nuevo ingrediente de una versión contemporánea y sudamericana del desarrollismo. Esta versión es heredera de las ideas clásicas de la Modernidad, y por lo tanto mantiene su fe en el progreso material, pero es un híbrido contemporáneo que resulta de las condiciones culturales y políticas propias de América del Sur. En efecto, la idea del progreso continuado, basado en la técnica, y nutrido de las riquezas de la Naturaleza, ha sido una expresión clásica de la Modernidad. La nueva izquierda latinoamericana es heredera de esas ideas, pero las ha reconfigurado debido a variados factores, que van desde los antecedentes de sus propias luchas políticas, los efectos de la caída de los socialismos reales, las demandas de sectores populares y pueblos indígenas, y hasta los efectos de las reformas neoliberales. Es el resultado de una nueva mezcla, donde hay tanto viejos como nuevos ingredientes, y componentes que aunque muy antiguos, hasta hace poco estaban subordinados. Esto explica que el viejo y el nuevo extractivismo comparten algunos aspectos en común, pero los énfasis son distintos, y cada uno posee algunos atributos propios. Eso a su vez explica algunas coincidencias en cuanto al extractivismo entre gobiernos tan dispares como los de Rafael Correa o Alan García. La izquierda sudamericana no reniega del clásico apego al crecimiento económico basado en la apropiación de los recursos naturales. El extractivismo juega un papel importante en este nuevo programa, ya que no se lo rechaza, sino que se lo debería profundizar ya que es uno de los motores para asegurar el crecimiento económico y el propio mantenimiento financiero del Estado, aunque debe ser manejado. Mientras que el viejo extractivismo debía lidiar con los desbalances en los términos de intercambio, el neo-extractivismo cree que los altos precios son una oportunidad que no se pueden desaprovechar. Pero a su vez, como este nuevo extractivismo contribuye a financiar los programas sociales que son clave para que estos nuevos gobiernos se puedan definir como progresistas, logran una legitimidad política inesperada.

La crítica al neo-extractivismo implicaría un cuestionamiento a la vieja idea del progreso, pero también a uno de los pilares de los programas sociales, y por lo tanto a una de las justificaciones de llamarse progresista. Por lo tanto, esas críticas son rechazadas o ignoradas desde estos nuevos gobiernos, y en verdad calan mucho más profundamente de lo que se supone. 

Mientras que los debates alrededor del viejo extractivismo incluía el cuestionamiento a las empresas transnacionales, los desiguales términos de intercambio, y la subordinación comercial de América Latina como proveedora de materias primas, bajo el neo-extractivismo hay un giro funcional hacia la globalización. Gobiernos progresistas, como el de Lula da Silva, consideran que en el actual estado de crisis económica global, las exportaciones de materias primas serán su salvación, desean profundizar su papel de proveedor de materias primas (festejando las relaciones que en ese sentido se desarrollan con China), y reclaman liberalizar todavía más el comercio global. Ese discurso sobre el ámbito internacional es casi opuesto al de la izquierda clásica latinoamericana durante buena parte del siglo XX. En cambio, en la actualidad, el neo-extractivismo se apegan a la globalización, donde la exportación de origen extractivista se convierte en el nuevo medio privilegiado para el crecimiento económico. En cambio, el progresismo representaría un “nacionalismo sobre los recursos”, siguiendo las palabras de Bebbington (2009), donde no se cuestiona la extracción en sí misma sino su control privado y extranjero. Esos gobiernos se mueven a tomar un control estatal sobre esos recursos, aunque con ellos terminen reproduciendo los mismos procesos productivos, similares relaciones de poder y los mismos impactos sociales y ambientales (...)".

Extraído del libro "Extractivismo, política y sociedad"

25-06-2010 

Fuente: www.lahaine.org/index.php?p=46478&lhsd=1

En consecuencia, el modelo extractivo es publicitado y promovido fomentando la lógica e idea de que sólo su desarrollo trae progreso, fuentes laborales y fondos públicos para distribuir. Cuando esa transferencia hacia el exterior y en gran escala de nuestras riquezas naturales y socioambientales beneficia en exclusivo a las transnacionales, a China...pero devasta a nuestro país, lo desertifica en todos los sentidos de este concepto y quita posibilidades de vida a las grandes mayorías.

 

La programación y puesta en práctica de la «reforma agraria integral» asume, ante todo, los saberes y las cosmovisiones de los campesinos e indígenas. Privilegia el ser parte de la Madre Tierra y responsable de armonizar el desarrollo social con la evolución de ella. Lo hace pensando en la salud de poblaciones e individuos y en las generaciones futuras.

Premisas e hipótesis

La programación y realización de la «reforma agraria integral» tiene como protagonistas principales a campesinos e indígenas y a las comunidades rural-urbanas en la transformación de sus condiciones de vida y trabajo en dignidad. Por el contrario, el modelo practica:

 

1. La actividad agropecuaria y forestal sólo para acumular riquezas y poder en grandes capitales

 

SURsuelo (Edición Noviembre 2010), en su "Informe Especial: La tierra para quien la trabaja y para los argentinos", marca:

"(...)Hoy asistimos a un proceso de concentración de la propiedad como no ocurría desde el siglo XIX. Si bien parte de los que han adquirido tierra provienen de sectores de productores medianos y capitalizados productores, una importante proporción está ahora en manos de grandes inversores, para quienes hoy la producción agropecuaria o la actividad forestal es sólo un buen negocio. 

Así, la tierra y más específicamente el suelo o el bosque se convierten muchas veces en insumos del proceso productivo. Esta práctica se facilita con el surgimiento de los pooles de siembra y los fondos de inversión en la agricultura Estos mecanismos se han podido llevar a cabo a partir de los años ‘90 de la mano de un plan de ajuste estructural y de desregulación y liberalización económica. Estas políticas que modificaron la mayor parte del funcionamiento económico nacional y de las estrategias de acumulación de los actores dominantes, han producido en la actividad agropecuaria la agudización de las tendencias concentradoras y el acrecentamiento de las ventajas derivadas de las economías de escala. Todo bajo un importante flujo de capitales provenientes del sector financiero que encuentra en la actividad agropecuaria la modalidad de nuevos negocios. Este proceso de concentración de la propiedad rural no es un fenómeno nuevo sino, como se ha dicho, repotenciado por los nuevos negocios inmobiliarios y agropecuarios descriptos. Esta ola concentradora surge claramente de la comparación de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 Y CNA de 2002. Observando los mismos se arriba a conclusiones que podemos sintetizar en: 

El último Censo da como resultado que desde 2002 al 2008, la pérdida de más de 60 mil nuevos productores vienen a engrosar los más de 100 mil de la década del ‘90. (...) 

 A meses del bicentenario, los dueños de la tierra 

La extranjerización de la tierra y la pérdida de la soberanía 

¿Sabía usted que magnates y corporaciones foráneas dominan en Argentina un volumen de tierras del tamaño de Uruguay? Esto es alrededor de 17 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, o bien el 7% de todo el territorio nacional. Agua, selva, bosques, minerales, madera y riqueza turística. Todo vale a la hora de comprar tierras en el país para hacerse de recursos estratégicos que, con el transcurrir del tiempo, se harán cada vez más vitales para el desarrollo humano y empresario. La avanzada llega desde diferentes latitudes. Incluso desde el gigante asiático, China, que entiende que verá limitado su crecimiento si no se “adueña” de algunas materias primas en forma directa. Y es por ello que los dueños de grandes fortunas, así como varias corporaciones, han ido comprando vastas zonas del territorio, a sabiendas del valor que éstas tendrán en un futuro no muy lejano. 

 

¿Se imagina el 7% de una provincia en manos de una corporación multinacional? Es el caso de AIG, que ya domina ese porcentaje de tierras en Salta. O la chilena Alto Paraná, que hoy concentra el 6% del territorio misionero. Estos ejemplos van más allá de casos muy renombrados como el de Douglas Tompkins, que posee 350 mil hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Su interés pasa por las reservas acuíferas y las superficies dotadas de riquezas naturales. También está el caso del empresario Benetton que, junto con sus hermanos, puede disfrutar de unas 900 mil hectáreas que posee en la patagonia.

 

El agua, por ejemplo, aparece como el principal “objeto de deseo” para Joe Lewis, que ostenta 18 mil hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido. Tompkins, en Corrientes, hizo foco en los Esteros del Iberá. Es ahí donde se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, con un caudal capaz de abastecer a la población mundial de 6 mil millones de habitantes por varias décadas. La misma zona es considerada de sumo interés para la chilena Forestal Andina, que ocupa 26 mil hectáreas para la actividad maderera. Desde hace unos años enfrenta una serie de causas judiciales por la construcción de un terraplén en la franja de los esteros que impide el normal escurrimiento de las aguas. En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su dominio unas 172 mil hectáreas de selva. En tanto, asegurarse la disponibilidad de minerales como el uranio y el oro resulta prioritario para corporaciones como GCN Combustibles, que desde hace mucho tiempo controla 700 mil hectáreas en Fiambalá, Catamarca. Inversores anónimos cerraron la compra de 200 mil hectáreas protegidas en la provincia de La Rioja por la módica suma de 1 millón de dólares. Lo insólito del caso es que fueron compradas a través de Internet, hecho que despertó la queja de algunos funcionarios. En la provincia de Buenos Aires, el grupo italiano Paoletti acumula 13 mil hectáreas distribuidas en sus estancias, El Cóndor, La Pepita, Santa Rita, San Marcos, San Luis y San Andrés, ubicadas en los partidos de Coronel Suárez y Coronel Pringles. Paoletti, que explota estos emprendimientos bajo identidades comerciales como Clovis Argentina, Sierras del Sur y Fundos Rurales SA, es desde julio de 2009, titular de la firma Recorriendo el Sur, que se quedó con la concesión del Hotel Provincial de Sierra de la Ventana. En La Rioja una firma se adjudicó 418 mil hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior. Lo curioso es que, por ejemplo, a estos movimientos los hacen empresas de países en los que un extranjero no puede adquirir tierras. En California, Estados Unidos, un argentino no puede tener terrenos. Sin embargo, el gobernador de este estado, Arnold Schwarzenegger, se permite averiguar para comprar acá. En provincias como Mendoza, el avance de los extranjeros en la posesión de la tierra viene encendiendo continuas luces de alarma en el tablero de los medios de comunicación locales. Alrededor de 500 mil hectáreas de suelo mendocino están en manos de empresarios foráneos. De esa porción, 250 mil hectáreas ubicadas en Malargüe se encuentran bajo el control de inversores malayos, mientras que las 250 mil restantes son propiedad de empresarios italianos, franceses, holandeses, españoles, ingleses y estadounidenses, entre otros. Ahora después de estos datos... ¿sabemos cómo tenemos que defender la soberanía en estos tiempos? ¡Basta de concentración y extranjerización de tierras en nuestro País! ".

 SURsuelo Edición Noviembre 2010 Fuente: http://www.brujulacomunicacion.com/images/Documentos/n4_sursuelo_liviano.pdf 

 

2. La planificación para profundizar los agronegocios en contra de la agricultura campesina e indígena y de la soberanía alimentaria

En "Acerca del Plan Estratégico Agroalimentario y agroindustrial", Guillermo Almeyra nos ubica en que: "El gobierno lanzó con bombos y platillos el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020 diciendo que marcará una ruptura con el modelo agropecuario vigente. ¿Es efectivamente así?

Los cálculos, con su proyección al futuro de los datos actuales tras algunas modificaciones, prescinden de las caídas y subidas del petróleo y de los carburantes, que tanto inciden en el campo agrícola como en la agroindustria. Y, sobre todo, en los fletes que supone serán los carísimos fletes actuales sobre goma, por camiones, lo cual excluye una mejora del sistema ferroviario y del transporte marítimo y fluvial - que están en la lona-. El PEA deja para las calendas griegas la protección ambiental contra los gases de los camiones, mantiene la dependencia del cada vez más escaso petróleo sin tener en cuenta la búsqueda de fuentes de energía renovables y pretende eternizar la industria del automotor, ya que la agricultura producirá una porción creciente del combustible, fomentando así la continuidad de una industria automotriz obsoleta y condenada a desaparecer y cerrando el camino a la búsqueda de la renovación de las fuentes de energía y de los transportes.

La producción de biocombustibles a partir de cereales secundarios y trigo aumentaría del 10 al 14 por ciento y del 9 al 16 por ciento [1] la de biocombustibles provenientes de oleaginosas, con lo cual el campo, cada vez más, produciría para calmar la sed de combustibles de los automóviles y no el hambre de la gente en un proceso donde la producción para las máquinas reducirá la oferta de los alimentos populares y los encarecerá.

El PEA plantea, además, elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola.

No calcula los posibles efectos del cambio climático (temperaturas más extremas, sequías, disminución de las fuentes hídricas) ni la competencia por el agua con la industria minera que el gobierno quiere fomentar a toda costa, atraído por el alto precio de la onza de oro. Las verduras, frutas y hortalizas y legumbres, vitales para una alimentación sana, quedan en la sombra ante la promoción del modelo sojero de producción y de exportación que deja concentrada en pocas manos -de los pools de siembra como Grobocopatel y otros- o de los oligopolios transnacionales la producción de las divisas necesarias para el desarrollo del país pues el PEA calcula que las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial aumentarían en un 145 por ciento pasando a casi 100 mil millones de dólares.

Las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales deberían dar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y en cambio, con el PEA, no aseguran una provisión abundante de alimentos buenos y baratos a la población ni la producción en el país de lo que ésta necesita.

 

El PEA mantiene el actual modelo de extracción “minera” de la tierra para beneficio de unos pocos que exportan sus ganancias o exportan ilegalmente capitales.

El gobierno “progresista” ni piensa en tocar la renta parasitaria ni planifica el desarrollo demográfico, energético, productivo, industrial, tecnológico para encarar el futuro próximo. Parte de mantener la industria del automotor sobre la base del petróleo y de los biocombustibles, de hacer el trazado de los transportes en función de esa industria saturada, obsoleta y en poder del capital extranjero, no preserva los suelos sino que fomenta la soja y la deforestación, no busca cómo hacer que la producción agrícola fomente el desarrollo de las energías no contaminantes (solar, las mareas de la Patagonia, los vientos australes), mantiene las contaminantes usinas a carbón o las peligrosas usinas atómicas, o las atrasadas usinas termoeléctricas como únicas posibles, no legisla sobre cómo preservar las fuentes de agua.

El PEA confunde crecimiento con desarrollo y mayor exportación a cualquier costo social o ambiental (en el caso, siempre, de que la logre) con desarrollo humano. Incluso si los resultados del PEA fuesen alcanzados se habrían perdido diez años cruciales en los que la crisis mundial permite buscar alternativas y los suelos y el ambiente, que presentan signos de deterioro, estarían mucho más comprometidos por un tipo de extracción salvaje".

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, fuente de este artículo.

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4428

En consecuencia, el modelo continúa consolidando y profundizando la transnacionalización tanto económica como territorial. Es decir, la armonía del gobierno-Estado con el Mercado mundializado en favor de las transnacionales arruina las posibilidades de desarrollo social y vuelve al país en inhabitable.

Por el contrario, la «reforma agraria integral» implica un programa centrado en comunidades multisectoriales e interculturales que organizan su trabajo y producción para satisfacer necesidades y aspiraciones en común dentro suyo y entre ellas. Por supuesto, esas comunidades se articulan en país con autodeterminación y en hermanamiento cada vez más efectivo con los otros pueblos planetarios.