La conciliación obligatoria

Por el Observatorio del Derecho Social (ODS)

Trabajadores y/o empleadores pueden en el marco de un conflicto, según la normativa argentina, presentarse ante el Ministerio de Trabajo para que el mismo inicie una instancia de “conciliación”. Para ello tienen que presentar una solicitud ante el Ministerio de Trabajo que será el responsable de convocar a trabajadores y empleadores a negociar.

Existe otra forma de conciliación y es la que parte del propio Ministerio de Trabajo cuando actúa “de oficio” ante un conflicto laboral determinado. Esta conciliación, a diferencia de la anterior, reviste el carácter de obligatoria para ambas partes.

¿Qué efectos tiene el dictado de esta conciliación?

La conciliación abre una instancia de negociación con el objetivo de que las partes lleguen a un acuerdo. Habitualmente, el Ministerio de Trabajo ordena que, durante la negociación, se retrotraiga el estado de cosas al existente con anterioridad al inicio del conflicto. Esto quiere decir que si el conflicto se originó por despidos o sanciones, éstas quedan sin efecto por todo el tiempo que dure la conciliación. Por otro lado obliga a las partes a no realizar durante el tiempo que dure la conciliación, ninguna medida de fuerza.

¿Quiénes intervienen en la conciliación?

Iniciado un conflicto, los empleadores, trabajadores o el Ministerio de Trabajo pueden iniciar este procedimiento al que deberán someterse obligatoriamente. Para que un colectivo de trabajadores pueda solicitar la conciliación obligatoria tienen que presentar la solicitud mediante un sindicato con reconocimiento legal (con personería gremial o simple inscripción) [1].

El Ministerio de Trabajo que intervenga será el correspondiente al lugar/jurisdicción donde ocurrió el conflicto. Por ejemplo, si el conflicto sucedió en la provincia de Buenos Aires será el Ministerio de Trabajo de la provincia ante quien se solicite la conciliación o quien pueda dictarla. En el caso que el conflicto abarque más de una provincia, puede intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Durante la conciliación, los trabajadores y empleadores pueden ofrecer todas las alternativas que crean convenientes para llegar a un acuerdo. Es decir, son estos quienes negocian y no el Ministerio, quien sí puede formular propuestas a las partes para su consideración.

¿Es obligatorio llegar a un acuerdo? ¿Cuánto dura la conciliación?

Iniciada la conciliación, las partes tienen la obligación de concurrir a las negociaciones pero no tienen la obligación de llegar a un acuerdo. El plazo de las negociaciones es de 15 días hábiles y puede extenderse por 5 días hábiles más.

Una vez finalizada la conciliación, si las partes llegan a un acuerdo, se elabora un acta donde se deja sentada la solución arribada que será de cumplimiento obligatorio para trabajadores y empleadores. En caso contrario, en el acta se detallan los motivos del conflicto, las pruebas que presentaron y las distintas propuestas presentadas.

Es importante tener en cuenta que una vez que finalizó la conciliación, los trabajadores pueden volver a realizar todas las acciones colectivas que decidan. Por otro lado, si el conflicto continúa, el Ministerio no puede volver a dictar la conciliación.

Elementos a tener en cuenta:

En un conflicto donde la correlación de fuerzas no es favorable para los trabajadores, el dictado de la conciliación obligatoria puede permitir que estos acumulen fuerzas (descomprimiendo acciones de lucha que pudieran haber entrado en un proceso de desgaste) o puedan negociar una salida del conflicto. Por el contrario en un conflicto donde la correlación de fuerzas es favorable para los trabajadores, la conciliación puede opuestamente diluir la organización del conflicto y restando fuerzas. En estos casos, la patronal suele utilizar el tiempo que dura la conciliación obligatoria para prepararse mejor de cara al conflicto inminente, por ejemplo, a través de la acumulación de stock para hacer frente a una posible reducción de los ritmos de producción.

Efectivamente, la intervención “de oficio” del Ministerio de Trabajo o su no intervención ante el reclamo de los trabajadores puede ser una forma de neutralizar la acción colectiva. Una de las formas más frecuentes del uso discrecional por parte del Ministerio de este mecanismo es el llamado sucesivo de conciliaciones obligatorias sobre un mismo conflicto aduciendo que cada vez se trata de un conflicto distinto. Esto ha implicado en la práctica que trabajadores en conflicto hayan tenido que paralizar sus acciones de lucha durante meses a causa de dos o tres llamados a conciliación sucesivos.

Otro ejemplo del uso que el Ministerio hace de este mecanismo perjudicial a la organización de los trabajadores es el llamado a conciliación obligatoria antes de que los trabajadores inicien la medida de lucha. El sólo llamado a un paro es suficiente, en algunas ramas de actividad, para que el Ministerio, de oficio, llame a conciliación y así suspenda los efectos de la medida.
Realizado por el Observatorio del Derecho Social

Observatorio del Derecho Social Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

Lima 609 | Buenos Aires | Argentina

Tel: 011-4383-3305

email: ods@obderechosocial.org.ar

web: www.obderechosocial.org.ar

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4422 

 Salario mínimo y fragmentación en el mundo del trabajo

Por Eduardo Lucita (Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda)

Tanto por el momento en que se calcula como por la ausencia de una base de cálculo objetiva, termina siendo funcional a la fragmentación existente entre los trabajadores
Si algo caracteriza en estos tiempos el mundo del trabajo es su heterogeneidad. Es un proceso cuyos orígenes remiten a los años de la dictadura militar, cuando el capital siguiendo las tendencias mundiales dio inicio, como paso previo a su reestructuración productiva y de servicios, a una fuerte ofensiva sobre el trabajo. Ofensiva que con mayor o menor intensidad se mantuvo durante más de tres décadas.
 

Heterogéneo y fragmentado
El resultado más general de esta reestructuración y ofensiva capitalista ha sido la desconcentración obrera -fuerte reducción del tamaño medio de los establecimientos- y la descentralización geográfica -relocalización de establecimientos fabriles hacia zonas sin experiencia ni tradición obrera y sindical-; nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo -flexibilización, polivalencia funcional y horaria, contratos a tiempo parcial, tercerización, trabajo en negro- desocupación y dispersión salarial. La innovación tecnológica jugó un papel importante en este proceso. El conjunto ha contribuido a una pérdida de homogeneidad de la clase trabajadora, a su mayor heterogeneidad y fragmentación.
No se trata solo de la división entre trabajadores ocupados y desocupados o subocupados; de los trabajadores registrados (en blanco) con los no registrados (en negro); de los que revisten en planta permanente y los que están contratados a tiempo parcial o son tercerizados.

En esta fragmentación juega un papel no menor la dispersión salarial. En un extremo hay un millón de trabajadores que ganan más de 10.000 pesos mensuales (los que trabajan en ramas de mayor productividad o ligados a la exportación), estos integran el millón y medio de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias (sueldos de más de 5.783 al mes para los solteros y de más de 7.998 para los casados). En el otro extremo alrededor del 50 por ciento de los trabajadores (formales e informales) ganan un promedio de 1.900 pesos, obviamente menos del salario mínimo legal
Esta dispersión es resultante de las asimetrías entre las diferentes ramas de la economía, tanto por sus productividades medias como por el diferente poder de negociación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto es mayor aún cuando cada se privilegian las negociaciones por empresas. Pesan también las asimetrías regionales (interprovinciales) en la distribución del ingreso, y se muestra tanto entre los trabajadores del sector privado como del público.

Salario Mínimo
La Ley de Contratos de Trabajo (LCT) define el salario mínimo como “…la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestir, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones…”
Para la Sociedad de Estudios Laborales, SEL Consultores, “la racionalidad del salario mínimo, como política activa de ingresos, es establecer un piso en la estructura salarial para proteger a las categorías más vulnerables de trabajadores”. Mientras que el Departamento Jurídico de la CTA va más allá: para este organismo el SMVyM “…se ha transformado, en función de las características actuales de la estructura ocupacional en nuestro país, en una herramienta que posibilita no sólo mejorar el piso salarial a partir del cual se desarrollan las negociaciones colectivas, sino que permite cuestionar los límites estructurales que posee el actual patrón de crecimiento.”
En la actualidad y tal como está pensado no tiene impacto sobre los trabajadores que no están registrados, tampoco para los que tienen fijados sus salarios por convenio o para los empleados públicos provinciales y municipales, los trabajadores rurales y los empleados domésticos. Sí tiene efectos para aquellos trabajadores que están registrados en relación de dependencia bajo los términos de la LCT. En la actualidad algo más de 300.000 mil trabajadores. En la medida que la tasa de actividad de la economía favorezca la creación de empleo, y por lo tanto una baja en la desocupación, el salario mínimo puede en esas circunstancias arrastrar al alza el salario de los trabajadores no registrados.
Descongelamiento
Luego de estar congelado en la década de los ’90 el SMVyM volvió a recobrar dinamismo a partir del 2003. Con el ajuste de la semana pasada, que llevó su monto a 2.300 pesos, se cumple el 9no. año consecutivo de incrementos.
Esta política de ajustes sucesivos ha mejorado sustancialmente la relación del salario mínimo respecto del salario promedio de la economía Si en la década de los ’90 representaba aproximadamente el 25 por ciento de ese promedio, hoy esta relación es levemente superior al 50 por ciento, tomando como base un salario promedio para los trabajadores registrados de 4.400 pesos.
Sin embargo debe señalarse que no obstante estos avances respecto del 2003 hay insuficiencias notorias que no son neutras. Ya sea por el momento en que anualmente se calcula o por la ausencia de una base de cálculo objetiva el salario mínimo no juega el papel de ordenador y articulador de la sociedad salarial en nuestro país.

Veamos: de acuerdo a su configuración original el Consejo del Salario, organismo conformado por el Estado, empresarios y sindicalistas, debiera fijar los nuevos montos con anterioridad a las Convenciones Colectivas. Sin embargo el procedimiento seguido todos estos años ha sido inverso, el gobierno nacional ha convocado año tras año al Consejo una vez concluidas las negociaciones colectivas. Por otra parte, el Consejo no cumple con lo que le impone la ley, esto es calcular la Canasta Básica, entendida como la que satisface las necesidades del trabajador y su familia para una vida digna. Esta canasta es la que debiera ser la referencia obligada para el cálculo del nuevo salario mínimo.

Canasta y números
Como es fácil de comprender la canasta debe satisfacer las necesidades para un vida digna, esas necesidades no son otras que las que establece la LCT cuando define el mínimo salarial que debe percibir el trabajador para cubrirlas.
Distintos cálculos estiman que la canasta básica actual es del orden de los 5.700 pesos. La CTA ha calculado que el salario promedio ha sido históricamente del orden del 80 por ciento de esa canasta, mientras que el salario mínimo debe alcanzar, como mínimo valga la redundancia, el 60 por ciento de ese salario promedio. Esto daría entonces un salario mínimo actualizado de 2.750 pesos. Sin embargo CGT y CTA acordaron pedir un 41 por ciento de aumento que lo elevaría así a 2.600 pesos, mientras que los empresarios ofrecían un magro 18 por ciento. Lo acordado el viernes pasado es apenas de 2300 pesos, un 25 por ciento de incremento.
De esta forma el SMVyM se mantiene lejos de la Canasta Básica, sólo alcanza a cubrir el 40 por ciento de la misma. No es operativo para los trabajadores en las discusiones paritarias, porque éstas ya se cerraron. Por el contrario si le sirve a los patrones para fijar una referencia para las paritarias del año que viene. Aunque en realidad su impacto es más que limitado, porque como sabemos la mayoría de los mínimos de convenio están por arriba del salario mínimo.
Por lo demás el Consejo dejó para el mes entrante el tratamiento del Salario Familiar y la Asignación Universal por Hijo. No se trata sólo de ajustar el monto sino en el caso del SF elevar el límite de 4.800 pesos a partir del cual se deja de percibir el ingreso y eliminar la gradualidad, que asigna determinados montos según el nivel del salario.
Así la negociación ha dejado por un lado representantes del capital satisfechos (los empresarios) y dirigentes que no pueden mostrar más que una foto (los sindicalistas), por el otro una fuerte presencia de la figura presidencial y del Estado que hicieron pesar su capacidad de laudar con un sesgo favorable al capital. El SMVyM sigue siendo una muestra más de la fragmentación existente y nuevamente se ha dejado de lado su potencialidad de articulador de la sociedad salarial.
4 de septiembre de 2011

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4423 

En consecuencia, el gobierno CFK procura el clima de supernegocios o de seguridad jurídica de los oficializados como inversores pero que, en verdad, son los saqueadores. Con este objetivo sus discursos, su Pacto Social y la comunicación de los medios e intelectuales K modelan la conciliación con quienes históricamente se han enriquecido cada vez más mediante el empobrecimiento del país, de los trabajadores y los otros componentes populares.

La planificación y realización «reforma agraria integral» precisa que sus hacedores se yergan de su actual subordinación con base en la creencia machacada por CFK que cuanto mejor le vaya al empresariado mejor será para todos. Necesita que la otra comunicación asuma la verdad iluminada por la memoria de que esos grandes capitales han acumulado fortunas aplicando terrorismos de estado, de mercado, de despidos masivos, de desapariciones forzadas de pueblos enteros, de planes de ajustes hambreadores y desmanteladores del sector público, etc. Necesita que la otra comunicación recupere la historia y el presente del sindicalismo combativo.

El modelo basado en superexplotación laboral y en acumulación por desposesión de bienes comunes (sociales y naturales) requiere de una comunicación contrapuesta a la de la «reforma agraria integral». En efecto, objetivos de la primera y de la segunda respectivamente son:

A. La ocupación con fuerzas militarizadas de seguridad de barrios y zonas despojadas tanto del Estado social como de fuentes laborales y de tierra.

Militarizando el NOA desde Santiago

Desde 2012 funcionará en Santiago, independientemente del Destacamento Móvil V

Crearán el Escuadrón 59 de Gendarmería

miércoles 31 de agosto de 2011 | En total sumarán alrededor de mil efectivos para todo el territorio provincial.

El anuncio se realizó ayer en Casa de Gobierno.

A partir del año próximo comenzará a instalarse el Escuadrón 59 de Gendarmería nacional con asiento en esta Provincia, independientemente del Destacamento Móvil V que está funcionando en este territorio. 
El anuncio de la creación, fue realizada por el Comandante General, Enrique Osvaldo Ayala, Jefe de la Región 4ta de Gendarmería Nacional, con asiento en San Miguel de Tucumán, tras una visita protocolar realizada al gobernador de la provincia Gerardo Zamora.
“Es un escuadrón típico de Gendarmería, que a su vez, va a generar el despliegue o el asiento de elementos operativos de Gendarmería en otras ciudades como Quimilí, Frías y límite con Recreo”, manifestó.
“Hoy consideramos a Santiago del Estero como una segunda faja, un segundo escudo, sobre todo a la presencia de Gendarmería en la lucha contra el narcotráfico”, explicó. 
“Ya tenemos elementos operativos trabajando acá, todos estos elementos se van a fusionar con un Escuadrón porque aspiramos a evolucionar con mayor participación. Esto es independiente al destacamento móvil V, vienen nuevos jefes, nuevas autoridades”, concluyó Ayala.
En cuanto a infraestructura, dijo que en principio se va reorganizar lo que hay en el Móvil V, donde hay sectores que podrían ser utilizados para este asentamiento. Dijo que “toda unidad operativa de Gendarmería requiere el apoyo de recurso humanos fundamentales, pero con recursos logísticos también como vehículos, movilidad y todo lo que sea necesario”. 
Resaltó, que el trabajo de Gendarmería es priorizar la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y todos los delitos federales sumado a la asistencia a la comunidad. Siempre a requerimiento de las autoridades Federales, provinciales, y como auxiliar de la justicia Federal”.
 Dijo que Santiago, se está transformando en una plataforma de asiento y lanzamiento de Gendarmería. “Calculamos que para esa fecha ya en la Provincia vamos a tener 1000 gendarmes aproximadamente”, entre los que están y los 200 que se integrarían. 
Finalmente, Ayala destacó que hay una buena relación, asistencia y cooperación; y ese es el ámbito que se va traer a Santiago. 
El Comandante General, Ayala estuvo acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, al momento de hacer el anuncio y también estaban el comandante mayor Orlando Angeletti, jefe del Destacamento Móvil 5 y del comandante principal Luis Guiñez, jefe división ayudantía Región IV. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/218461/Locales/Crear%C3%A1n_Escuadr%C3%B3n_59_Gendarmer%C3%ADa.html

Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental. Publicado por Norberto Costa

B. El encarcelamiento de los violados en sus derechos humanos por el modelo esencialmente extractivista.

Inauguración del Centro Federal Penitenciario Noroeste en Salta:

Palabras de la Presidenta de la Nación

"(...)Recién Juan Manuel hablaba de los derechos humanos vinculados a la memoria y a lo que nos pasó, pero ahora viene la otra etapa, la de restituir estos derechos humanos, entre otras cosas, a través del diseño y ejecución de un sistema penitenciario que sea precisamente también inclusivo y de resocialización de las personas que han cometido delitos. También en el día de hoy se ha comenzado la construcción del nuevo penal, en la provincia de Mendoza, y también en el día de hoy dos lugares emblemáticos, como eran la Unidad 20 y 27, del Borda y del Moyano, penal psiquiátrico en condiciones que mejor no vale la pena recordar ni describir han sido cerradas porque hemos trasladado definitivamente, haciendo cumplir la Ley de Salud Mental, sancionada y promulgada hace seis meses, al hospital – modelo también – en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde recién nos acompañaban el secretario de Justicia y el Ministro de Salud.

Por eso creo que - como bien decía el Gobernador - muchas veces escuchamos discursos acerca de estas cuestiones, pero hemos comenzado a dar respuesta a través de hechos concretos, como también, en unos pocos días más, se firmará el contrato para comenzar el penal de Mercedes, para trasladar la cárcel de Villa Devoto definitivamente también desde la ciudad de Buenos Aires hacia un lugar donde haya otro modelo, otro sistema en el cual, como lo que he visto recién, inclusive y también tiene que ver con la vulnerabilidad social. Uno decía que, tal vez, algunas personas tengan aquí más comodidades que tal vez en lo que era su casa y también tengamos que ver una vinculación y una relación entre esa vulnerabilidad social y si hoy tengan que estar aquí.

Porque, como sucede en la mayoría de los países del mundo, no somos la excepción, la vulnerabilidad social es fundamentalmente la que también termina trayendo a la gente a las cárceles.

Por eso, creo que esto que estamos haciendo hoy, un ejercicio de dignidad, es algo que es una conquista de todos los argentinos. El hecho de que un interno pueda contar con 58 metros cuadrados a su disposición, a lo mejor sería mejor que tuviera 2 y estuviera en libertad, pero si tiene que estar cumpliendo una condena, que lo haga en las condiciones que marca la Constitución, la dignidad y nuestra concepción y  nuestra convicción acerca de cómo tenemos que vivir los argentinos y cómo queremos vivir los argentinos.

Yo estuve aquí hace dos años en este querido pueblo de General Güemes, qué nombre además, qué nombre maravilloso. Yo tengo al general Martín Miguel de Güemes y a su hermana Macacha, colgados en el despacho presidencial como héroes y heroínas de nuestra Revolución de Mayo.

En aquella oportunidad estuve también para inaugurar una usina de energía, la General Güemes, porque también este NOA argentino, este NEA argentino, los del otro lado, recién los mencionaba cada uno de los hermanos, a Catamarca, a Jujuy, a La Rioja, a Salta, a Tucumán, a Corrientes, a Misiones, al Chaco, han crecido económicamente por sobre la media del país, porque este modelo político y económico inaugurado desde el año 2003, ha comenzado también a producir una redistribución del ingreso, no solamente en términos sociales, sino también en términos geográficos. Y esto está íntimamente vinculado (...)".

Fuente: http://www.presidencia.gov.ar/discursos/25278-inaguruacion-del-centro-federal-penitenciario-noroeste-en-salta-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

En consecuencia, mientras el modelo requiere una comunicación que estigmatice, silencie e invisibilice a los que luchan por otro destino que subordinarse a la conciliación con la patronal, que resignarse a formar cooperativas o aparatos clientelares en consonancia con la economía de exportación y el gobierno CFK respectivamente.

La planificación y realización de la «reforma agraria integral» requiere una comunicación social que facilite el cuestionamiento al capitalismo y el análisis de la vida cotidiana como potencial de protagonismo popular con voluntad de decidir sobre el destino común.

El modelo avanza por los gobiernos y el sistema político en las distintas jurisdicciones al servicio del poder económico que hoy pertenece a las transnacionales con socios menores en grandes grupos económicos transnacionalizados. De manera que la representación del pueblo de Argentina está en manos de quienes legalizan y legitiman tanto la entrega del país como el despojo de derechos a una creciente mayoría de nosotros. Tal usurpación encubierta de la soberanía popular tiene que ser considerada por la comunicación social en lucha emancipatoria. Es decir, la comunicación orientada por los ideales de soberanía alimentaria y buen vivir de la «reforma agraria integral» precisa facilitar el involucramiento de los diversos de abajo en la nacionalización de:

Patricio Narodowski y  Paula Garnero, en "Globalización y escala local: minería canadiense en San Juan", caracterizan: "Los proyectos, como todos los de la minería sanjuanina y al igual que en Catamarca, se orientan a la extracción de minerales metalíferos mediante minería a cielo abierto y para la exportación en bruto. Es decir, la minería se presenta como una actividad de enclave económico (Machado Aráoz, 2008).

La explotación de metales en gran escala avanza a pesar de las denuncias que pesan en niveles mundial y nacional. En primer lugar, el impacto socioeconómico ha sido mínimo: el escaso valor agregado de la actividad y la baja calificación de los recursos humanos así como la inexistencia de una red de servicios de gran escala y calidad han limitado los derrames en la economía del oasis. Por ejemplo, se calcula que actualmente no más de 30 familias viven del empleo directo en la mina. En cambio, se ha registrado un impulso en la demanda de servicios locales de gomería, mecánica, reparaciones, construcción, limpieza y otras actividades comerciales de baja calidad, aunque en la ciudad no se nota movimiento económico muy distinto al que se verificaba antes de 2005. (...)

Respecto al tema ambiental hay varios problemas. En primer lugar, debe decirse que se ha denunciado que en la explotación de Veladero se utiliza gran cantidad de cianuro por día.  A diferencia del antiguo método de túneles y socavones, las minas a cielo abierto operan con un sistema que consiste en dinamitar la montaña, moler las rocas y pasarlas luego por una composición química que separa el oro o el cobre de los escombros.  El proceso se realiza en grandes piletas cavadas en la misma montaña -los llamados diques de cola- que muchas veces tienen filtraciones difíciles de controlar en forma constante (los llamados derrames).

En la zona donde está el complejo nacen cursos hídricos que atraviesan los departamento bajo estudio, que pueden ser afectados por la contaminación. Por eso, en la zona ha aumentado la compra de bidones de agua, también la provincia está realizando obras para traer agua a la población de zonas alejadas. (...)

Se han detectado restos de cianuro superiores a los admitidos por el Código Alimentario ya que en el proceso se libera el azufre de las rocas, éste toma contacto con el oxígeno del aire o el disuelto en el agua y genera ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, a su vez, disuelve las rocas y arrastra los metales pesados que luego se acumulan en la flora y la fauna, pudiendo pasar luego al hombre ocasionándole daños irreparables.

Las mineras intentan demostrar que cuidan el medioambiente como en sus países de origen: Canadá ya hemos mostrado (en Narodowski 2009) que los problemas ambientales en dicho país no son menores y que el impulso al desarrollo económico de la zona minera es escaso. El problema se agrava si tenemos en cuenta el dudoso sistema institucional de nuestro país  y su incapacidad para realizar los controles.

Otro problema reside en que la zona es extremadamente sensible a los procesos de erosión y destrucción del suelo. Corren peligro los glaciares de la zona. Pero el impacto más fuerte es el resultante del uso intensivo de grandes cantidades de agua que dichos megaemprendimientos requieren, que produce un agotamiento de las fuentes de agua. Algo similar sucede con la electricidad, dado el perfil electrointensivo de la actividad (...)".

Concluyen que han tratado de mostrar en concreto la imposibilidad de: "emprender un camino de desarrollo sin generar una cierta ruptura de la actual estructura y sus formas políticas. La dificultad reside en que para modificar los perfiles productivos locales se requiere modificar una cadena de relaciones en las diversas escalas. Si se procede como hasta ahora, lo que sucede es la profundización de la dependencia de los espacios locales en relación con fuerzas globalizadas que no generan desarrollo loca. La minería es un caso claro y lo hemos mostrado. (...) Debe quedar claro que las contradicciones y problemas estructurales de San Juan se reproducen en muchas de las provincias argentinas" y esto debe incorporarse a los desafíos de otro desarrollo posible.

Fuente: revista Realidad Económica nº 251,abril/mayo 2010, editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)

http://www,iade.org.ar

Reportaje sobre pueblos afrodescendientes, sus luchas, esperanzas y

el Foro sobre acaparamiento de tierras y territorios en África y América Latina.

Perder nuestra tierra es perder nuestra madre y nuestra vida.

Por Giorgio Trucchi (Rebelión)

Con la resolución 64/169, Naciones Unidas proclamó 2011 como el “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Para celebrar la decisión tomada y analizar las condiciones socioeconómicas de estas poblaciones, el organismo multilateral promovió la realización de la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes en la ciudad de La Ceiba, al noreste de Honduras, confiando en el apoyo de organizaciones locales afínes al gobierno y abiertamente hostiles a los movimientos comunitarios. Definitivamente una decisión muy poco acertada.

Del 17 al 19 de agosto 2011, las comunidades de los pueblos negros hondureños se dieron cita en esa misma ciudad y celebraron una actividad paralela a la Cumbre. El objetivo no era solamente denunciar su exclusión del evento y la criminalización de la protesta social, sino también dar a conocer las verdaderas problemáticas que vive el pueblo afrodescendiente y que continúan siendo ocultadas por el cerco mediático que rige en el país.

Más de 700 delegados de las comunidades afrodescendientes hondureñas, en su mayoría garífunas, se reunieron en las inmediaciones del CURLA (Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico), sede de la Cumbre Mundial. Hombres y mujeres de las 53 comunidades garífunas de Honduras levantaron sus carpas, desplegaron sus mantas y banderas, desafiando la fuerte presencia militar y policial y las amenazas de detención. Finalmente, dieron paso al inicio del “Foro alternativo sobre el acaparamiento de tierras y territorios en África y América Latina”, convocado por OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), CNONH (Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Honduras) y la Alianza 2-14.

"Nos quisieron acallar, nos hostigaron y amenazaron. Nos dijeron que teníamos prohibido venir a La Ceiba. Pero aquí estamos las comunidades que fuimos excluidas de la Cumbre por querer denunciar la situación que estamos viviendo los afrodescendientes. Nos están despojando de nuestras tierras y nos estamos encaminando hacia el tercer destierro de nuestra historia. Tenemos que hablar de nuestros problemas reales y buscar soluciones, porque aquí hay un pueblo erguido y dispuesto a pelear por sus derechos”, dijo el médico garífuna y activista social Luther Castillo.

Una actividad que contó también con la participación de delegados de los pueblos indígenas, de las organizaciones campesinas y de los movimientos sociales y populares de Honduras. Una presencia importante “para seguir articulando la lucha ante problemáticas que son comunes, come el despojo de territorios, la inseguridad alimentaria, la invasión de los transgénicos y la exploración y expropiación de hidrocarburos”, insistió Castillo.

Otros de los temas que fueron abordados en las mesas de trabajo fueron la defensa del agua como derecho humano, la implementación de monocultivos, los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la construcción de las RED (Regiones Especiales de Desarrollo) o ciudades modelo, así como el cambio climático, con énfasis particular en las falsas soluciones de los mecanismos de compensación por servicios ambientales (MDL, REDD, REDD +), entre otros.

Palma depredadora
Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, explicó a ALBASUD que una de las principales problemáticas que están afectando a las comunidades de los pueblos afrodescendientes es el acaparamiento de tierras para la implementación de monocultivos, en especial de palma africana. “Las grandes extensiones de palma africana no se encuentran solamente en el Bajo Aguán, donde siguen asesinando a los campesinos organizados que exigen el acceso a la tierra. En la zona de Limón y de Iriona, por ejemplo, ya hay comunidades garífunas que están siendo desplazadas por los terratenientes, y hay planes para entrar con fuerza en la Mosquitia.

Son proyectos de muerte que, además de despojarnos de nuestros territorios y ocasionar violencia, represión y muerte, profundizan la inseguridad alimentaria. En la medida en que se privilegia producir palma africana en lugar de granos básicos, que son la base de la alimentación de nuestros pueblos, se nos está condenando a sufrir el hambre”, dijo Miranda.

Actualmente Honduras ha pasado de ser uno de los principales productores de granos básicos de Centroamérica, a producir la mitad de sus necesidades. Cada año hay un déficit de más de 10 millones de quintales de maíz, y tiene que importar 200 mil quintales de frijoles y 500 mil quintales de arroz. Mientras tanto, en 2009 el país producía más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma africana, casi el 70 por ciento destinadas a la exportación. Una planta que se cultiva en 120 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos norteños de Colón y Atlántida, y que sigue expandiéndose gracias a los nuevos proyectos de producción de biodiesel (casi 100 mil galones diarios).

Turismo y RED
El trabajo de análisis realizado en las 10 mesas temáticas evidenció que el despojo de territorios y el desplazamiento de comunidades es también el resultado de la implementación de megaproyectos turísticos - Los Micos Beach and Golf Resort en Bahía de Tela  y el  Proyecto Marbella en Triunfo de la Cruz - y del incipiente turismo residencial - Banana Coast en la Bahía de Trujillo -.

“En Triunfo de La Cruz nos están despojando pausadamente de nuestros territorios para implementar megaproyectos turísticos. Nos enfrentamos a la falta de justicia y de atención a nuestras demandas, porque las autoridades municipales están coludidas con empresarios, políticos y autoridades judiciales. Promueven patronatos paralelos, tratan de dividirnos, de individualizar la propiedad, irrespetando nuestro dominio pleno comunitario. Están violentando nuestros derechos como seres humanos, como pueblos, como mujeres”, afirmó Teresa Reyes, directiva del Patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de OFRANEH.

Durante las últimas dos décadas, Triunfo de la Cruz ha sido escenario de violencia y despojo de territorios. En 1994 el municipio de Tela decidió ampliar su radio urbano sin consultar a las comunidades garífunas de la zona, y pasando encima del título de dominio pleno otorgado a la comunidad garífuna. Empresarios se “adueñaron” de 80 manzanas de tierra comunitaria para construir el proyecto turístico Marbella y la resistencia garífuna sufrió represión y muerte. La gente vio amenazado su derecho a tener acceso a la playa, que es su fuente de vida

“Ahora están nuevamente levantando un muro de aproximadamente 500 metros de largo, en un terreno que tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Toda la comunidad goza de estas medidas, sin embargo el Estado de Honduras nunca se ha preocupado de implementarlas. Estamos viviendo momentos de zozobra, sin embargo seguimos derribando muros ilegales de concretos. No podemos permitir que se nos cierre el acceso a nuestros yucales, a la playa y al río”, aseveró Reyes.

Mientras las comunidades de los pueblos afrodescendientes definen estrategias para contrarrestar las políticas de despojo, otro peligro parece estar amenazando su existencia. En febrero de 2011, el Congreso Nacional ratificó el decreto 282-2010 que contiene la reforma de los artículos 304 y 329 constitucionales que crean la figura de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como ciudades modelo. Meses más tarde, los diputados aprobaron en primer debate el Estatuto constitucional que regulará las RED. Una vez aprobado el Estatuto en forma definitiva, la primera ciudad estará construida en un término de diez años.

Con esta decisión se hace efectivo un nuevo concepto de régimen territorial: las RED serán regiones autónomas con personalidad jurídica y con su propio sistema de administración pública, con una duración de 99 años. Además, “emitirán su propia normativa y tendrán su propio fuero jurisdiccional que podrá actuar en todas las instancias, incluyendo la defensa de las garantías constitucionales”, se lee en el artículo 4 del Estatuto. También autoriza a las ciudades modelos a tener su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de contratos que se extiendan al siguiente período de Gobierno, contratar sus propias deudas internas o externas, firmar tratados y convenios internacionales en asuntos relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia. Hasta podrán establecer su propia Policía y el sistema de seguridad.

Actualmente, el gobierno ha firmado un protocolo de entendimiento con el gerente de la empresa de capital coreano Posco, tercera empresa mundial en venta de acero, para el diseño, el estudio de factibilidad de proyectos y la revisión de fuentes de financiamiento para la construcción de la primera charter city.

“Todo se está manteniendo en secreto y la población no está siendo informada. Es difícil conseguir informaciones aunque es evidente que estamos ante la máxima expresión de la pérdida de soberanía. Se la estamos ofreciendo en bandeja de plata a las compañías transnacionales. Hasta lo están justificando diciendo que, cómo hay crisis económica, debemos entregar todos nuestros recursos a los inversionistas”, afirmó Miriam Miranda.

MDL, REDD, REDD +
Cambio climático y falsas soluciones impulsadas por los países altamente industrializados y los organismos financieros internacionales, fue otro de los tantos temas debatidos en el Foro de pueblos afrodescendientes. Honduras es uno de los países donde ya se están implementando proyectos del MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y se está tratando de preparar el terreno para los mecanismos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

“Deforestar y arrasar bosques para sembrar monocultivos y después impulsar proyectos del MDL no sólo no va a resolver el problema del cambio climático, sino que es una locura. Son falsas soluciones que por un lado no obligan a los países responsables del cambio climático a reducir su contaminación y por el otro, no benefician a las poblaciones que hemos venido cuidando a nuestros bosques desde hace siglos. Más bien, generan represión y despojo de territorios y benefician a las grandes empresas voraces”, aseguró la coordinadora de OFRANEH.

Los delegados de las comunidades afrodescendientes denunciaron que ya varias comunidades han desaparecido por los efectos climáticos y otras están a punto de serlo, como Batalla y Tocamacho. “Debemos volver a discutir el significado de la palabra ‘desarrollo’, porque con ese término han querido justificar la depredación inhumana que privilegia al capital y no al ser humano, la explotación irracional de los recursos y la violación de los derechos humanos. Para nosotros - continuó Miranda - significa poder seguir siendo lo que somos: un pueblo culturalmente diferenciado, en relación armónica con la naturaleza.  Este planeta está agonizando y necesita de respuestas responsables”, afirmó la dirigente garífuna.

Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), explicó a ALBA SUD que el departamento de Intibucá y el pueblo Lenca podrían ser las primeras “víctimas” del mecanismo REDD +.

“Han llegado personas ligadas a ONG y fundaciones extranjeras con la idea de privatizar cientos de hectáreas de bosque en la parte norte de Intibucá. Pretenden iniciar este negocio de los REDD + que sólo sirve a los países del norte y a sus empresas para quitarse la responsabilidad que tienen en cuanto al cambio climático y a la gran contaminación mundial”, aseguró Cáceres.

La dirigente indígena alertó sobre las maniobras adoptadas por estos personajes para dividir a las comunidades, ventilando esa opción como la gran alternativa al cambio climático y una ocasión de desarrollo seguro. “Han llegado hasta el punto de proponer la privatización de la Cordillera de Opalaca, otorgando a los alcaldes la autoridad de decidir sobre un territorio que les pertenece a las comunidades indígenas, y cuyo títulos comunitarios han costado tanta lucha. Son formas absurdas que quitan autonomía, privatizan el territorio, prohíben el acceso a su hábitat funcional y desplazan a las comunidades. La única forma para hacerlo es con la militarización, lo cual siempre acarrea violencia y represión. Rechazamos y denunciamos estos proyectos capitalistas y neoliberales que significan la privatización de los bosques.”, sentenció Cáceres.

Según informaciones del COPINH, otros proyectos similares ya se estarían gestionando en la zona de la Mosquitia, donde el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, estaría impulsando el cultivo de palma africana sobre 70 mil hectáreas de tierra pertenecientes a los pueblos Miskitos, Tawahca y Pech.

A ese propósito, el Foro alternativo contó con la presencia del presidente del MASTA (Unidad del Pueblo Miskito), Norvin Goff, quien exigió al gobierno el respeto de las decisiones que tomará el pueblo miskito con respecto a la implementación de medidas para enfrentar los embates del cambio climático.

“Nos reunimos los pueblos que integramos la Mosquitia hondureña y analizamos el tema de los REDD. Para nosotros no es aceptable que estos mecanismos sean promovidos y calados por el gobierno sin la participación directa y de derecho de nuestros pueblos en las decisiones. Lo que hemos planteado a la misma cooperación que apoya la estrategia REDD a nivel de Honduras - continuó Goff – es que como pueblos miskitos queremos formular una Propuesta Regional de Cambio Climático con un enfoque indígena, para que podamos decidir nuestra forma de administrar y manejar nuestros recursos, y vivir en nuestros territorios. No vamos a aceptar la municipalización del territorio”, concluyó el dirigente miskito.

Resistencia y acción
Después de dos días de intenso trabajo, las diez mesas temáticas presentaron sus análisis y propuestas. Horas más tarde, bajo una intensa lluvia, la asamblea de delegados aprobó por unanimidad la Declaración del Foro.

“Ha sido importante estar aquí porque es parte de un proceso que hemos iniciado hace muchos años. Estos sistemas de muerte nos han querido despedazar y mantenernos separados los pueblos negros, indígenas y campesinos, porque llevamos intrínseco un sistema de vida que es una propuesta concreta contraria al capitalismo. Debemos darle continuidad a este proyecto que hemos fortalecido con la resistencia contra el golpe de Estado, con la autoconvocatoria constituyente negra e indígena, forjando la unidad en acción”, consideró Bertha Cáceres.

Asimismo, Teresa Reyes se mostró convencida que la única forma para contrarrestar los proyectos de muerte es articulando las luchas de los pueblos. “La tierra es nuestra Madre y si la perdemos ya no somos nadie, porque un pueblo sin tierra es un pueblo sin cultura, sin raíces, sin vida. Estamos enfrentándonos a un ataque frontal contra los pueblos negros, indígenas y campesinos. Debemos unirnos porque solos no vamos a poder. Más articulamos nuestras luchas y más fuertes nos hacemos y más rápido vamos a buscarles soluciones a las problemáticas”, dijo.

“Ese Foro - concluyó Miriam Miranda - es un ejemplo de nuestra resistencia milenaria, para que nuestros hijos y hijas sigan pensando en garífuna y en la colectividad. Ser garífuna en Honduras significa resistir, luchar por la educación y la cultura diferenciada, pero también ser discriminado por el racismo institucionalizado. Es una lucha diaria para que no nos vean sólo como bailarines, cocineros y jugadores de futbol. Es una lucha diaria para rescatar nuestra historia, nuestro aporte a la independencia de este país”, afirmó la dirigente garífuna.

“Hoy, más que nunca, estamos en resistencia. Querían invisibilizarnos con la Cumbre Mundial y justificar el despojo. No hemos necesitado de hoteles de lujo, ni de dinero o de amplios salones con aire acondicionado para estar aquí a reclamar nuestros derechos, y no permitimos que se impusieran las voces disonantes de los que nos quieren dividir. Ésta ha sido una demostración del pueblo, de nuestra cultura, de nuestra dignidad, y vamos a defender nuestras tierras”, dijo Luther Castillo al clausurar el Foro.

Blog del autor: http://www.albasud.org/blog/es/218/perder-nuestra-tierra-es-perder-nuestra-madre-y-nuestra-vida

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134914  América Latina y Caribe/ 01-09-2011