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PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
La Presidenta elogia el modelo señalando que genera coincidencia de intereses y erradica la antinomia del capital con el trabajo. Pero lo cierto es que el crecimiento económico se centra en el extractivismo de petroleras, agroexportadoras, mineras, constructoras de IIRSA, empresas turísticas e inmobiliarias. De modo que se concreta mediante la superexplotación de los trabajadores y de la naturaleza, además lo hace mediante acumulación por desposesión que desaloja y expulsa hasta pueblos enteros. Este orden social de la seguridad jurídica (de los oficializados como inversores cuando, en verdad, son saqueadores) se establece mediante manipulación de la opinión pública y de sectores populares; y mediante un Estado policial militarizado. De ahí que la 'progresista' Nilda Garré otorgue papel principal a la gendarmería con escuelas infantiles en empobrecidas localidades provinciales.
Raúl Zibechi (Conferencia dada en el Encuentro de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama - 21 de junio del 2011) nos advierte:
“(…) En primer lugar:
No hay
extractivismo, no hay
minería, no hay soja, no hay monocultivos, sin militarización de la sociedad… Esto no es que sea un error,
la
militarización, es parte de modelo. No hay minería a cielo abierto, mega minería, sin militarismo. Uno
puede no verlo en la ciudad donde vive, si vive en la ciudad, pero si se
acerca un poco verá un entorno cada vez más militarizado. Y en paralelo a la
militarización, va la criminalización de las protestas, qué les voy a decir
a ustedes aquí, que tienen, creo, alrededor de 200 personas criminalizadas
por defender la tierra y defender la comunidad.
En segundo lugar genera una creciente polarización social y económica. Esto es muy perverso porque la minería, o la soja, los monocultivos, como sea la cara del modelo en los diferentes países, siempre genera esta polarización social. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada más pobres. Y esto es muy perverso y muy terrible. Los gobiernos, sobre todo los llamados progresistas, intentan aminorar o contener esa polarización con las políticas sociales, No es casualidad que sólo en Brasil haya cincuenta millones personas que reciben el Plan Bolsa Familia, el Plan Hambre Cero. ¿Por qué? Porque no hay extractivismo sin políticas sociales, sin dar migajas a los pobres para evitar el estallido social. No es que detrás de estas políticas sociales haya un interés en justicia social, en hacer un reparto de bienes, en que la desigualdad sea menor, no. Lo que hay es solamente un interés en que la gente tenga lo mínimo para que no se rebele. Por eso las políticas sociales siempre van acompañadas con una enorme carga de publicidad, de discurso, para aminorar la protesta. Y cuando hay protesta, criminalización. Estamos entrando en una fase en varios países, yo diría en casi todos los de Sudamérica por lo menos, en la cual ni siquiera las políticas sociales y la criminalización que van juntas son capaces de frenar la protesta. Entonces creo que, en los próximos años, vamos a ver un repunte de la protesta, ya hay algunos elementos de eso (…)”. Fuente: http://www.luchaindigena.com/2011/07/extractivismo-segunda-fase-del-neoliberalismo /
De resultas del extractivismo se consolida la transnacionalización o recolonización tanto económica como territorial. Comprobamos que este capitalismo mundializado avanza mediante procesos de:
1. Despojo a millones de familias y pueblos de sus tierras por la asociación entre gobiernos y la de empresas privadas con gobiernos en distintos países
No hay justificaciones para el acaparamiento de tierras
GRAIN | 19 July 2011 | Biodiversidad - Jul 2011
En febrero de 2011, el Foro Social Mundial en Dakar retomó la inquietud que desde hace años expresan las comunidades, las organizaciones y diferentes grupos de investigación y organismos de la sociedad civil en relación al acaparamiento de tierras, una tendencia mundial de compra, renta y asociación entre gobiernos, o entre empresas privadas y gobiernos, para apoderarse de tierras en diferentes países con el fin de producir alimentos a nivel comercial y obtener enormes ganancias. Esto socava la soberanía nacional de los países que aceptan este tipo de arreglos comerciales.
Por otra parte, desde el 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, prominentes organizaciones campesinas, de pastores, de pescadores artesanales, de derechos humanos y de investigación cuestionaron al Banco Mundial, a tres agencias de Naciones Unidas y a varios gobiernos, por promover inversiones agrícolas que tienen como resultado acaparamientos de tierra en escala masiva, mediante el documento: Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de “responsabilidad”.
Entre el 18 y el 20 de abril, inversionistas, funcionarios de gobierno y personal de los organismos internacionales se reunieron en Washington DC para la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. Discutieron cómo operacionalizar un marco de trabajo conocido como Principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR). Formulados por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), los principios de “inversión agrícola responsable” son siete principios que los inversionistas pueden decidir obedecer o no cuando realicen adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala.(...)
Mientras los ministros de agricultura de los 20 países más ricos del mundo discutían qué hacer con la volatilidad de los precios de los alimentos y la creciente crisis alimentaria, millones de hectáreas de tierra fértil, junto con sus respectivos recursos de agua, son acaparados. Se despoja a millones de familias campesinas y otros pueblos rurales e indígenas que son expulsados de sus tierras quedando privados de su sustento.
En el Llamamiento de Dakar, entregado al gobierno francés que preside el G20, se urge a los gobiernos a detener de inmediato los acaparamientos de tierras y a devolverle a las comunidades las tierras robadas. Por el momento, el G20 favorece el acaparamiento de tierras y respalda los “principios de inversión agrícola responsables”.
Las organizaciones instaron al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas a rechazar definitivamente los mencionados principios, que son ilegítimos, y que no pueden aportar equidad a ningún acaparamiento de tierras. Que no son directrices obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierra y que no respetan ni protegen los derechos de los pueblos ni las personas, especialmente el derecho a la alimentación.
Presentamos en la página siguiente el documento Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no darle una fachada de “respetabilidad”, que se hizo público en abril con motivo de la reunión del Banco Mundial con un grupo de cerca de 200 inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de gobierno y servidores públicos internacionales.
Este documento fue suscrito en un primer momento por FIAN International, Focus on the Global South, Amigos de la Tierra Internacional, Global Campaign on Agrarian Reform, GRAIN, La Vía Campesina, Plateforme Régionale Paysanne de l’Afrique Centrale, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest, World Alliance of Mobile Indigenous Peoples y World Forum of Fisher Peoples.
¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y algunos gobiernos muy involucrados insisten en intentar que estos negocios con tierras funcionen mediante “inversiones agrícolas responsables”?
Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de “responsabilidad”
Los acaparamientos de tierra de hoy se pactan a gran velocidad. Se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener a la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo —cantidad suficiente para alimentar a 50 millones de familias en la India— se le han transferido de los agricultores a las corporaciones en los últimos años, y a diario se unen a esta carrera más inversionistas.1 Algunos de estos negocios son presentados como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para lograr alimentar a sus poblaciones, tales como Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de negocios y nuevas oportunidades de hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y las corporaciones privadas. Las firmas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro muy cercano.2 (...)".
Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4332-no-hay-justificaciones-para-el-acaparamiento-de-tierras Biodiversidad julio 2011
2. Destrucción casi irreversible de las condiciones de vida y trabajo de los desposeídos, a la vez, usados para justificar el neoextractivismo
La vida por el metro cuadrado
Por Colectivo Editorial Crisis y Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
"(...)Hoy son
20 millones las hectáreas afectadas al monocultivo;
si los planes de prosperidad
anunciados se cumplen, la cantidad de hectáreas sojizadas pasará a ser de 30
millones en el año 2016, lo que implica el territorio entero de las provincias
Córdoba y Santa Fe sumadas.
Por otro lado, suele escucharse que al invertir en la explotación de bienes
locales apetecidos en el exterior, se fomenta el desarrollo regional de quienes
vivieron históricamente relegados de los circuitos productivos. Pero una y otra
vez se constata que la actividad extractiva expulsa a los pobladores y estimula
las migraciones hacia las principales ciudades, reforzando así su centralidad.
También es cierto que buena parte de los ingresos fiscales dependen del aporte
del campo, la minería o la explotación del crudo, y que una porción de tales
beneficios
financia los planes sociales y permiten un aumento del consumo masivo. Sin
embargo, ese mercado interno en crecimiento está a duras penas sostenido por
enormes masas de subsidios que el Estado nacional aporta a los sectores
concentrados de la industria alimenticia para que los precios mínimos de la
canasta básica
no se disparen.
Estamos
atascados por un tipo de crecimiento económico esencialmente injusto,
cuya promesa redistributiva nunca terminará de concretarse. Porque mientras
mayores son las riquezas de que dispone el país, más se consolidan las
jerarquías sociales y sus articulaciones de poder. Basta dar cuenta de la
influencia que
tiene este modelo de desarrollo en dos elementos fundamentales para la vida de
las mayorías populares: la comida y la vivienda.
De un lado, el avance sin límites de la industria agroexportadora permite que la
producción de alimentos quede bajo control de las grandes trasnacionales del
rubro.
La extranjerización de la propiedad de la tierra que se pretende limitar
por ley, se fomenta sin embargo en la dimensión productiva y en el uso de los
suelos. Se subordina así la soberanía alimentaria a los criterios que impone el
mercado mundial. Y perdemos la posibilidad siquiera de determinar el acceso y la
calidad de
nuestra propia alimentación. Por el mismo motivo, el control de la inflación en
los productos básicos para la subsistencia es hoy una tarea imposible.
En su afán de volverse invulnerables, los granos no sólo apelan a la genética y
a los temibles insecticidas utilizados en la fumigación de los campos; además se
trasmutan en ladrillos con los que se levantan montañas de concreto sub
habitadas; y se expresan en millones de votos, para que una nueva derecha
neoliberal se perfile como opción en las elecciones del 2015.
Por último, el
festival rentístico no es sólo un fenómeno rural. Penetra también en las
ciudades, bajo la forma de una voraz especulación inmobiliaria, que presiona
para elevar los precios de las propiedades y convierte a las mayorías urbanas en
inquilinos a perpetuidad. En paralelo, los desarrollos inmobiliarios diseñan
espacios de hostilidad para los pobres, desplazados permanentes sin origen ni
destino, sin tierra ni vivienda. Con la misma propensión con que las áreas
rurales y sus recursos se abren al arribo de los flujos monetarios globales, las
metrópolis se blindan con cordones de seguridad frente a la llegada de los
flujos migratorios regionales. Se trata de una lógica que engulle territorios y,
al mismo tiempo, una manera de gestionar el dinamismo de las poblaciones,
manteniéndolas siempre disponibles y subordinadas.
El avance incontenible de este capitalismo extractivo y neodesarrollista genera
cada vez mayores tensiones. Según las últimas cifras disponibles, de 2005,
existen más de 13 millones de personas imposibilitadas de acceder al suelo, y
más de 5 millones con “graves problemas dominiales, sin títulos de propiedad ni
seguridad de tenencia de sus viviendas o tierras”. En el interior la disputa se
dirime por cada metro cuadrado de territorio, entre campesinos, indígenas y
pobres urbanos contra las trasnacionales y sus socios locales. En las periferias
urbanas, las ocupaciones de terrenos son una posibilidad siempre latente, en la
Capital o en el Conurbano, en la Patagonia y en Jujuy, porque las potencias
populares siempre desbordan los estrechos límites fijados por
la propiedad y el confinamiento pretendido por los planeamientos urbanos
excluyentes. La maquinaria judicial casi en su totalidad está al servicio de la
especulación
rentística. Las mediaciones políticas saltan como fusibles, o sólo atinan a
responder en el lenguaje de la Seguridad, con el correspondiente saldo de
muertes. Un nuevo tipo de conflicto social se asoma. Y su aspecto es salvaje".
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=1926 11.Sep.11 :: El Sakeo - Argentina
3. Mercantilización de la naturaleza disfrazada de economía verde y acuerdos de 'libre' comercio con Israel y con la Unión Europea
Declaración de la Comisión Política Continental de la CLOC-Vía Campesina
Desde Viotá, vereda Puerto Brasil, Colombia, tierra de heroicas luchadoras y luchadores agrarios como Juan de la Cruz Varela, Víctor Julio Márchan y Raúl Valbuena que ofrendaron sus vidas por las causas campesinas, sociales y populares en contra de los permanentes y salvajes ataques del capital y del imperio, las y los miembros de la Comisión Política Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, CLOC- Vía Campesina, nos juntamos los días 28, 29 y 30 para reflexionar y debatir en torno a la coyuntura de nuestro continente. En ese contexto, el objetivo central de nuestro encuentro fue evaluar y dinamizar los acuerdos políticos y líneas de acción emanadas de nuestro V Congreso Continental de CLOC- Vía Campesina, realizado en Ecuador en Octubre de 2010. Asimismo, consolidar acuerdos a nivel continental que servirán de insumos para la reunión de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía campesina que se desarrollará en septiembre en la Escuela Nacional Florestán Fernández de Brasil.
Desde la CLOC-VC vemos con preocupación cómo el capital adopta nuevas y diversas formas para seguir reproduciéndose cínicamente, fortaleciendo así, su modo de dominación y explotación, mediante un nuevo modelo de acumulación que favorece el extractivismo, la expansión del capital trasnacional, y que en términos ideológicos se expresa a través de la criminalización de la lucha social.
En ese sentido, presentamos algunas de las principales reflexiones y compromisos que asumimos como CLOC-VC:
- Continuamos fortaleciendo los procesos en torno Plan de Acción: articulando las acciones y movilizaciones locales y nacionales en lucha por la tierra y contra de las transnacionales y el agronegocio. Profundizando las acciones en torno a la Campaña por la no violencia contra las mujeres, Campaña Global por Reforma Agraria y la Campaña Continental contra los Agrotóxicos que será lanzada oficialmente el próximo 3 de diciembre junto a una gran movilización continental - Afinamos detalles para la realización del XII Campamento Latinoamericano de Jóvenes de la CLOC-VC que se efectuará en Argentina en Octubre de 2011, este espacio reunirá a más de 1500 jóvenes del campo de todo el continente.
- Valoramos el trabajo realizado en las áreas de formación y comunicación. En formación, buscamos posicionar nuestra línea de Soberanía Alimentaria mediante los Institutos de Agroecología y los demás procesos de formación de las organizaciones en el continente. En Comunicación nuestro reto es consolidar la Articulación de Comunicación con militantes que hagan frente a la dictadura mediática de las clases dominantes. Los medios de masas son, al momento, los principales aparatos ideológicos de la globalización, cuyo papel es el de reproducir la dominación de los grandes intereses financieros y oligárquicos mundiales. Convocaremos a nuestra I Escuela de Comunicación Popular el próximo mes de noviembre en Nicaragua.
- Reflexionamos sobre la nueva ofensiva del capital global, ahora encubierto detrás de una economía verde con el que se pretende terminar de mercantilizar los bienes naturales, profundizar el saqueo, principalmente, exterminando así al campesinado en nuestro Continente. Desde la CLOC-VC consideramos que son las falsas soluciones que el capital propone frente a la crisis climática. Debido a eso, continuaremos desarrollando y potenciado nuestra capacidad de movilización y resistencia, organizando luchas en las regiones y países, en el marco de Río +20. En Brasil, principalmente, concentraremos acciones con el objeto de desenmascarar el circo creado en torno a Río +20 , donde el capital, tal como lo hizo hace 20 años detrás de la concepto de “economía sustentable” ahora disfraza su estrategia de acumulación de los bienes naturales detrás del nombre de “mercado verde o economía verde”, mediante las cuales intentan mercantilizar la vida. No hay posibilidad de Soberanía Alimentaria dentro de la “economía verde”.
- Analizamos y evaluamos consolidar el proceso del ALBA de los Movimientos en nuestras regiones ratificando la necesidad de construir una articulación continental de los movimientos sociales del campo y la ciudad de manera de poder construir un Proyecto Popular Continental Alternativo al capitalismo y un plan de acción continental. Consideramos que es primario fortalecer, desarrollar y profundizar la lucha de la clase oprimida para generar los cambios trascendentales en el mundo en vías de consolidar un modelo socialista.
- Expresamos nuestra preocupación frente al encuentro de la Unión Europea y América Latina que se llevará a cabo en Chile y que es una nueva forma de colonialismo y que es una muestra del avance de tratados comerciales bilaterales entre la unión europea y países americanos, estos proyectos económicos de hecho repercutirán sobre nuestros pueblos saqueando nuestros bienes naturales, expulsando a las y los campesinos de sus territorios, provocando así pobreza y miseria.
- Expresamos nuestro saludo y solidaridad a todas y todos los jóvenes de Chile, España y Medio Oriente que se están movilizando, tomando plazas, calles, avenidas, desarrollando su capacidad de indignación y rebeldía frente al modelo. - En ese sentido, también nos solidarizamos con las y los campesinos del Bajo Aguan en Honduras y en las riveras del Polochic en Guatemala, quienes están siendo continuamente perseguidos y asesinados. Apoyamos y respaldamos la lucha incansable por la Reforma Agraria en Colombia. Reiteramos nuestra exigencia para que la ONU ponga fin a la ocupación militar de Haití. Seguiremos exigiendo la liberación de los 5 presos cubanos. Denunciamos las prácticas de la OTAN en Libia que son fuerzas que buscan el exterminio de los pueblos. - Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino que se enfrenta a un genocidio liderado desde el imperialismo. Exigimos el reconocimiento de Palestina como una nación libre y heredera histórica de su territorio. Como CLOC-VC seguiremos fomentando el internacionalismo por lo que conformaremos una Brigada de Solidaridad para que pueda acompañar la Lucha en Palestina. Vamos a sumarnos a la cosecha de los olivares, árbol sagrado de la Paz y de la Dignidad, del pueblo palestino. - Finalmente, salimos con la tarea de convocarnos a nuestra I Asamblea Continental de la CLOC- VC en octubre de 2012, instancia donde se evaluará y continuará la discusión y los lineamientos de nuestro V Congreso rumbo a la VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Desde ya, esta actividad está llena de mucha mística pues celebraremos los 20 años de la creación de la CLOC y de la Vía Campesina. En este marco de celebración, tenemos mucho que conmemorar dentro de nuestra unidad latinoamericana, la solidaridad internacionalista, la lucha y el enfrentamiento contra el neoliberalismo y la resistencia de los pueblos latino-americanos.
Viotá, Colombia 2 de Septiembre de 2011 Contra el saqueo del capital y del imperio Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos ¡América lucha!
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=1917 10.Sep.11 :: LatinoAméricAhora
4. Ejecución del Plan Colombia como militarización de la hegemonía de EE.UU. en América Latina y el Caribe
En lucha contra genocidio, encarcelamiento, desplazamientos masivos y guerra de baja intensidad:
Se reafirma el carácter agrario del conflicto social y armado
Encuentro de Barrancabermeja: un paso adelante para el movimiento popular
Por José Antonio Gutiérrez D. (Rebelión)
“El Gobierno dice que los campesinos iniciaron la violencia. Los campesinos dicen que fue el gobierno. En Francia intelectuales de todas las corrientes, después de haber investigado, dicen que los campesinos tienen la razón (…) Sabemos que la similitud del desembarco de los ‘marines’ en Santo Domingo con los desembarcos del ejército colombiano, dirigidos por la misión militar norteamericana en las ‘repúblicas independientes’. Estos desembarcos continuarán. Ayer, en Río Chiquito, mañana Sumapaz, pasado mañana el Ariari y los Llanos. El ejército empieza con la acción cívico militar y acaba con los bombardeos, empieza sacando muelas y acaba metiendo bala. Los campesinos ya saben que los militares llevan una mano adelante con el pan y otra atrás con el puñal. La ‘república dependiente’ de Colombia seguirá obedeciendo a los norteamericanos para que destruya a sangre y fuego las otras repúblicas de colombianos independientes. Así lo ha decretado la Cámara norteamericana. Nuestros campesinos, ya saben a que atenerse. Ya saben para qué se tienen que preparar. Ellos no se lanzan a una aventura pero no rehúyen la lucha.” (Camilo Torres, Frente Unido, 7 de Octubre de 1965. Re-publicado en “Cristianismo y Revolución” Ed. Era, 1972, 2ª ed., pp. 541-544)
Desde el día 12 hasta el
15 de Agosto se juntaron en Barrancabermeja (Santander) entre 20.000 y 30.000
delegados y representantes de una infinidad de movimientos populares,
campesinos, indígenas y afrocolombianos, a discutir la apuesta de los
sectores
populares ante la agudización del conflicto social y armado. Este encuentro,
convocado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
(ACVC), reviste la mayor importancia y marca un importante punto de inflexión
política en el país por varias razones.
Primero que nada, porque el tema de la solución política al conflicto
social y armado vuelve a instalarse en la agenda política del país.
Si
bien podrá decirse que tal cosa no ha ocurrido aún de manera hegemónica ante la
“opinión pública”, sí se ha instalado de manera decidida en el movimiento
popular, y de manera creciente en otros sectores sociales, que se han dado cita
para discutir soluciones de fondo y de carácter estructural que se encuentran en
la base del conflicto. La vía militar como solución única se ha ido agotando,
por una parte, ante la reactivación de la conflictividad social en varias
franjas del pueblo, y por otra parte, por una creciente capacidad de respuesta
militar de la insurgencia a la enorme presión militar impuesta desde la
implementación del Plan Colombia, demostrando una vez más la capacidad de la
insurgencia de readecuar tácticas y dar golpes al establecimiento. En
definitiva, es cada vez más evidente, desde fines del período de gobierno de
Uribe, el límite de una respuesta puramente militar a un conflicto que, ante
todo, tienes hondas raíces sociales. Lo cual no significa que la oligarquía
renuncie a la victoria militar directa (tipo Sri Lanka) o indirecta
(desmovilización tipo M-19 o Guatemala); de hecho, mientras
Santos
habla de su
disposición al diálogo, pone condiciones imposibles a la vez que
profundiza la
guerra, los bombardeos indiscriminados sobre comunidades enteras, como
recientemente ocurrió en la vereda de Chaparral, Tolima, y pone precio sobre la
cabeza de los comandantes insurgentes en la mejor tradición del Lejano Oeste. El
evidente agotamiento de una solución militar solamente significa, desde el punto
de la oligarquía, que ésta buscará abrir, en paralelo, ciertos procesos
políticos que buscarán más bien la cooptación de sectores populares para así
imposibilitar la consolidación de un bloque popular que incorpore a todos los
sectores sociales subalternos y oprimidos que pueda, en un determinado momento,
materializarse en un eventual proceso de negociación política y en la
movilización para presionar este escenario.
Segundo, porque se reafirma el carácter fundamentalmente agrario del
conflicto social y armado. Por más que la oligarquía trate de tender
cortinas de humo que desvirtúen la naturaleza del conflicto asociándolo a
delincuencia común o formas de neo-bandolerismo, o “narcotizándolo” en el
tratamiento mediático, los movimientos populares reafirman el íntimo vínculo
existente entre el problema de la “tierra” y del “territorio” (este último
concepto usado fundamentalmente para expresar la dimensión de soberanía y
autodeterminación que incorporan los actores afrocolombianos e indígenas) con el
conflicto, así como la lucha de amplios sectores populares con un determinado
modelo económico-social de “desarrollo” expresado hoy en día en el Plan de
Desarrollo Nacional y de Desarrollo Rural. Esto vuelve
el debate sobre la solución del conflicto al punto clave en el cual la
oligarquía se ha mostrado completamente inflexible en seis décadas: la reforma
agraria.
Pese a que es indudable que el conflicto se ha vuelto crecientemente complejo,
no creemos que una solución política pueda ignorar este tema ni postergarlo para
un incierto futuro.
La solución al problema del latifundio y de un modelo de
explotación ligado al gran capital agroexportador y agroindustrial, así como a
la explotación intensiva de los recursos naturales, mineros y energéticos (con
los problemas derivados de la expropiación violenta del campesinado por medio
del terror, la violencia y el desplazamiento forzoso), así como
las propuestas para una reforma agraria que han venido siendo elaboradas por
organizaciones campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes,
constituyen la solución a la raíz del conflicto. Soluciones como las que se han
buscado en procesos de desmovilización (que no de negociación) previos, que
tocan solamente aspectos superestructurales, como meros cambios
jurídico-constitucionales o cuotas de participación en el Estado
oligárquico-paramilitar, solamente pueden allanar el camino para nuevos ciclos
de violencia ya que son por definición acuerdos excluyentes.
Tercero, en este sentido, es importante leer el rechazo de los asistentes al
encuentro a las actuales políticas gubernamentales en lo relativo a la ley de
víctimas y 'restitución de tierras', porque mientras en el discurso
se plantean como respuesta histórica a las demandas del campesinado, no son más
que una manera de ignorarlas, en una tradición propia del “despotismo
ilustrado”, para así legalizar el despojo, garantizar el blanqueamiento de cara
del actual modelo económico que seguirá intacto, y bloquear institucionalmente
cualquier debate serio sobre la reforma agraria. Este pronunciamiento es aún más
importante, porque ante toda la presión que ha puesto el actual gobierno para
cooptar a sectores del movimiento popular (tarea en la cual han tenido indudable
éxito con ciertos movimientos indígenas y sindicales, o al menos con sus
elementos superestructurales, que hoy representan el triste rol de correa de
transmisión de la “buena voluntad” del gobierno), vemos que se perfila con
claridad un sector del movimiento popular que reclama su derecho a la autonomía,
a desarrollar sus propios procesos de elaboración política de forma
independiente (en un sentido tanto político como de clase), de ser actor en
derecho propio y no subordinado al
Estado sofocante que ha pretendido
criminalizar y aniquilar a todo movimiento social que se posicione frente o en
contra a él. Aún cuando muchos dirigentes opten por la cooptación y el
colaboracionismo de clase con la oligarquía paramilitar, las bases no
necesariamente los siguen en ese camino. Y eso, tomando en cuenta todos los
horrores de la guerra sucia, significa mucho.
Cuarto, porque el movimiento popular reunido en Barrancabermeja ha tenido la
claridad de plantear el problema de la paz y la solución al conflicto en
términos inequívocos al Estado, que, mientras se deshace exigiendo
condiciones imposibles a la insurgencia, no ha sido capaz de hacer un sólo gesto
de buena voluntad hacia una solución política, demostrando que apuesta
indudablemente a una solución militar y a una paz de “vencedores y vencidos”,
pese a la retórica un tanto menos beligerante, si se le compara al gobierno
anterior, de Uribe Vélez. Las formulitas cursis y complicadas de Santos de que “las
llaves de la paz no están tiradas, pero la puerta está cerrada y solamente yo
puedo abrirla” deben ser rechazadas de manera inequívoca. La presión
fundamental por una salida política debe ser exigida al Estado, pues el Estado
es el que inició la guerra sucia contra el conjunto del pueblo, y es quien la
mantiene, mediante el modelo de “desarrollo” por despojo violento, mediante los
tentáculos paramilitares que sofocan cualquier manifestación de oposición y
mediante la guerra como modo normal de funcionamiento de la economía. Exigir
temas como el cese “bilateral” al fuego es de la mayor trascendencia, pues
abandona ese odioso unilateralismo en el que había caído el discurso
“humanitario” en Colombia, incluidas las epístolas de Colombianas y
Colombianos por la Paz que recientemente solamente ponían exigencias a la
insurgencia, obviando que hay dos partes en este conflicto.
Quinto, porque el manifiesto del encuentro demuestra la comprensión de que la
solución política, debido a la naturaleza fundamentalmente social, más que
armada, del conflicto colombiano, no pasa solamente por el diálogo entre las
partes involucradas en la contienda militar. Sin una participación decidida
del conjunto del pueblo, con su multiplicidad de resistencias y expresiones
orgánicas, no se podrá superar de raíz el conflicto. Quienes quieren reducir el
conflicto a la negociación entre los llamados “actores armados”, desconocen la
naturaleza del conflicto y por lo mismo, carecen de visión para resolverlo. Sin
embargo, creemos necesario insistir en que la línea divisoria no es entre
“armados”, por un lado, y “civiles”, por otro. Esta dicotomía, en realidad,
es engañosa y ha sido un legado muy pesado de la oenegización de los
movimientos populares colombianos y la incorporación de discursos “civilistas”
que pretenden imponer conceptos de neutralidad o “fuego cruzado” que obscurecen
la real naturaleza social del conflicto y la extracción de quienes participan
directa o indirectamente en él.
Es necesario reconocer que existen intereses muy claros de clase en el conflicto, y que con todas las contradicciones internas que se puedan presentar en el bloque popular, sea por cuestiones políticas o tácticas, éste representa un grupo claramente definido frente al bloque en el poder. En el bloque popular existen tradiciones de resistencia y lucha popular diversas, que van desde la insurgencia hasta las formas de resistencia no violentas. Es importante no permitir que las diferencias tácticas se impongan como un muro frente a la identificación del interés común y la construcción de un proyecto político alternativo colectivo, que represente de la mejor manera posible, en sus términos generales, los intereses históricos del bloque popular y subalterno. Esto no significa, insistimos, desconocer las diferencias internas o aún las querellas intestinas que ciertamente existen y que son legítimas, sino que comprender que, ante un bloque en el poder que tiene sus intereses claramente definidos más allá de diferencias formales o tácticas, la división en el seno del pueblo irá en detrimento de todos los sectores populares.
Sin lugar a dudas, el encuentro representó un importante paso adelante para el
movimiento popular, sobretodo a la luz de los indudables intentos de cooptación
del gobierno así como de los intentos por desvirtuar su carácter por parte de
ciertos sectores políticos y de los medios, mediante una serie de declaraciones
audaces hechas con anterioridad al encuentro.
Sin embargo, sabemos que la ruta hacia la resolución política del conflicto es
ardua, pues la oligarquía carece de voluntad política y de generosidad para
aceptar las soluciones de raíz que permitan superarlo. Ahí surgen una serie de
interrogantes para ir explorando el camino hacia el diálogo político sobre la
relación entre las formas de resistencia, cómo construir este proyecto
alternativo colectivo, qué tan radicales y profundos serán los cambios en la
estructura política en el entendido que Colombia no cambiará de un plumazo, etc.
Pero este encuentro ha sido, indudablemente, un paso hacia la materialización de
ese espacio amplio de convergencia en la lucha, en la resistencia y en la
construcción de una sociedad más humana que se precisa para que el futuro sonría
a las nuevas generaciones de colombianos y colombianas.
Dejamos como anexo, el Manifiesto del encuentro así como el marco para una ley
agraria alternativa de las organizaciones campesinas. Esperamos que ambos sirvan
de insumo al debate que en estos momentos dan los sectores populares, al calor
de las luchas, de la rearticulación del movimiento popular y de la maduración de
iniciativas políticas con perspectivas de transformación social.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135009 http://www.rebelion.org/Colombia/ 03-09-2011
En consecuencia, como sostiene el Movimiento Nacional Campesino Indígena el crecimiento económico es esencialmente injusto. Es que el capitalismo se desarrolla profundizando y ensanchando la desigualdad entre países centrales y periféricos y entre las elites locales y los diversos de abajo. Acumula no sólo por explotación laboral sino también por desposesión de bienes sociales y naturales.
El proyecto de «reforma agraria integral» requiere lo que formula la CLOC-Vía Campesina: "consolidar el proceso del ALBA de los Movimientos en nuestras regiones ratificando la necesidad de construir una articulación continental de los movimientos sociales del campo y la ciudad de manera de poder construir un Proyecto Popular Continental Alternativo al capitalismo y un plan de acción continental".
La «reforma agraria integral» tiene contenidos y sentidos de buen vivir a construir por los diversos de abajo. Es decir, exige convertir en sujetos de derechos a todos nosotros y a la Madre Tierra. En cambio, el modelo significa imposición del Mercado en favor de las transnacionales sobre la vida y la dignidad de los pueblos.
La Presidente convoca ahora a “industrializar la ruralidad”:
Paradójicamente y debido a que, los intelectuales K aderezan las nuevas dependencias con contrabandos conceptuales y relatos encubridores, el Plan agro alimentario, dice proponerse la Soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Una vez más, se nos plantea la desnaturalización de los conceptos y una difícil disputa en el campo semántico, ya que estamos convencidos que las propuestas son absolutamente antagónicas a la construcción de Soberanía Alimentaria, y aún peor todavía, a la seguridad nutricional que dicen proponerse. Se trata entonces, una vez más, de luchar por poner en claro la naturaleza del simulacro que ellos instrumentan, así como las verdades que nos motivan a quienes definitivamente proponemos otro país. Penosamente, no solo en el plano del discurso, arriesgamos que se extravíe el significado de la Soberanía Alimentaria. Debemos reconocer que, si bien las diez millones de hectáreas que se propondrían sumar a los actuales monocultivos de exportación, inevitablemente barrerán con gran parte de los bosques subsistentes, como consecuencia de extenderse de manera impiadosa la frontera agrícola, es posible que se tomen recaudos para privilegiar a bolsones de agricultura familiar y pequeñas producciones a las que se asistencializa desde la Secretaría de desarrollo rural y Agricultura familiar. Esa secretaría dependiente de la ingeniera Carla Campos Bilbao sostiene a esos sectores, en algunos casos de izquierda, como tropa propia, al menos para que continúen legitimando el modelo extractivo agro exportador, a la vez que alimentando las políticas de representación que caracterizan al régimen K y que le dan el sustento electoral que necesita. Diversas posiciones en los medios, equívocas cuando no de franco apoyo al Plan anunciado, por parte de líderes campesinos y de las pequeñas producciones, nos permiten sospechar este tipo de complicidades y de probables nichos acordados para asegurar la continuidad de ciertos respaldos. Ayuda mucho en esas connivencias, la creciente fragmentación social, la exacerbación de diferencias e intereses, la voluntad del modelo instalado de aceptar ciertas regulaciones ambientales que lo maquillen, la extendida entelequia de que cada cuál puede salvarse sin el resto, el asistencialismo que baja las defensas y predispone a la claudicación, y muy especialmente la certeza instalada de que el kirchnerismo es invencible en las urnas y que se mantendrá cuanto menos hasta el año 2016.
Lo hemos dicho más de una vez y ahora lo repetimos: somos una
generación acostumbrada a impulsar desde la voluntad y desde las propias
militancias, las contradicciones que motivaban y provocaban los cambios sociales
y políticos. Las luchas revolucionarias que nos precedieron no eran sino eso, el
resultado del esfuerzo y el sacrificio de algunos por acelerar los procesos y
modificar las condiciones subjetivas y objetivas que predisponían a los cambios
institucionales y de relaciones de Poder. Es muy posible que esas sean también,
situaciones que la Globalización y los cambios climáticos hayan modificado. Hoy
los límites los pondría la Naturaleza, las nuevas condiciones que provocan
cambios, provienen de los colapsos ambientales y de las crisis energéticas
producidas por la voracidad del Capitalismo global, las nuevas circunstancias
revolucionarias surgen del desplome de los mercados globales y de las
catástrofes ecológicas que abren camino a procesos desesperados y sin porvenir
alguno por delante, que no sean los de alcanzar la supervivencia y recuperar la
felicidad de los pueblos en procesos de recobrada simplicidad. Basta entonces
con que, tal como lo venimos haciendo, continuemos preparándonos para lo
imprevisible que está siempre a la vuelta de los días o de los meses próximos.
El sueño progresista de los que persisten en industrializar lo rural y buscar
crecimientos ilimitados basados en las tecnologías, ya no es un sueño sino una
pesadilla. Nuestro deber es despertarnos y salir de ella.
Fuente: http://www.pararelmundo.com/opinion/industrializar-rural-sueno-pesadilla/
Como en el caso de los límites a la extranjerización de tierras y en la industrialización de la ruralidad, los verdaderos objetivos del desarrollo capitalista mundializado son ocultados mediante justificaciones falsas de planes y prácticas. Así en nombre de:
1. Paliar el hambre en el mundo y en Argentina se destruye la soberanía alimentaria, se desertifica y se somete el país a las transnacionales
Expansión de la soja transgénica en la Argentina
En el año 2009 Miguel Teubal se refiere a:"(...)El boom sojero Desde los años setenta el cultivo de la soja ha crecido sostenidamente en la Argentina. La producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 10,8 en 1990/91 y a 35 en 2002/03. En la campaña del 2006 alcanzó 40 millones de toneladas. Se estima que en 2007 fueron sembradas 16,5 millones de Has para producir unas 49 millones de toneladas y así “responder a las expectativas internacionales”. Esto significó que la soja pasó de representar 10,6% de la producción de cereales y oleaginosas en 1980/81 a 28,4% en 1990/91 y a más del 50% en el período 2002/03. Otro tanto ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, pues en 1980/81 representaba el 9,1% del total del área cultivada con cereales y oleaginosas, en la campaña 1990/91 pasó al 24,8%, y en 2002/03 a más del 46%. En la actualidad los 16,5 millones de Has que ocupa la producción de soja constituyen más de la mitad de la superficie que se destina a la producción de granos en el país. (véase Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005 y datos oficiales recientes). Asimismo, la casi totalidad de la producción sojera es transgénica y se destina a exportación. En 2005 las exportaciones del complejo sojero representaron 8.460 millones de dólares (24,5% del total nacional). La mayor parte de estas exportaciones fueron harinas y otros subproductos de la soja, destinados fundamentalmente al consumo del ganado de los países europeos, ya que después de la crisis de la “vaca loca”, la soja se transformó en uno de los alimentos balanceados más apetecibles para alimentar los pollos, las vacas y los cerdos del antiguo continente. Ciertamente no es un cultivo que por definición contribuye a paliar el hambre en el mundo y, menos aún, en Argentina, como sostienen sus defensores. Estas tendencias se han dado en detrimento de la producción ganadera, de otros cereales tradicionales, de los tambos (productores de ganadería lechera) de las explotaciones que producen frutales y los tradicionales cultivos industriales del interior del país. En efecto, entre las campañas agrícolas de 1997/98 y 2004/05 la producción sojera aumentó casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz 0,5 millones y la de maíz se mantuvo más o menos constante. En la provincia de Córdoba el auge de la soja fue acompañado por la pérdida del 17% de las cabezas de ganado. A nivel nacional, de 1988 a 2003, la cantidad de tambos pasó de 30.141 a aproximadamente 15.000 establecimientos. Estimaciones recientes plantean que en la actualidad los productores de lácteos no superan los 11.500 productores. También cayó la producción de frutales y de los cultivos industriales tradicionales (por ejemplo el algodón) del interior del país. En los últimos años el auge de la soja también ha desplazado a frutas y hortalizas producidas en los entornos de las grandes ciudades, incidiendo en el alza de los precios de productos básicos de consumo popular, como el tomate y la papa. La soja transgénica arrasa: de haber sido uno de los “graneros del mundo” la Argentina se ha transformado en una “república sojera”. Rápidamente la economía se ha “reprimarizado” (retornado a actividades primarias), y más que en cualquier otra época de la historia del siglo XX, depende de un sólo producto de exportación, con todo lo que ello significa en términos de vulnerabilidad externa. Es más, tal como lo señalan los defensores del modelo, el auge de la producción de biodiesel y otros biocombustibles, así como la demanda sostenida que parece generarán China y la India en el futuro, podrían darle nuevo oxígeno al modelo sojero.
Constituye un modelo que tiende a menoscabar la tradicional agricultura familiar. Entre los censos de 1960 y 1988 desaparecieron 51.000 explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 –en plena era neoliberal– desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron fueron fundamentalmente las de menos de 200 Has (75.293 explotaciones) mientras que en el estrato de 200 a 500 Has, desaparecieron 7.561. En cambio, aumentaron las de más de 500 Has, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500 Has. Se fue ejecutando inexorablemente la propuesta de los funcionarios públicos del “menemismo” (seguidores del ex Presidente Menem) en el sentido de que indefectiblemente debían desaparecer 200.000 productores agropecuarios, considerados “ineficientes” por naturaleza. El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores, ya que las explotaciones que desaparecieron fueron principalmente las medianas y las pequeñas(Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005).
Los productores que han logrado sobrevivir y mantenerse en el sector se ven sujetos más que nunca a las pautas impuestas por las transnacionales que proveen no sólo la semilla, sino también el paquete tecnológico involucrado en el modelo. Por tanto, el qué, cómo y con qué tecnología producir tienden a ser cuestiones dictaminadas cada vez más por estas empresas. En definitiva, algunas de las consecuencias de estos procesos son: la desaparición de la agricultura familiar, la transformación del sector en una agricultura sin agricultores, la creciente dependencia del productor agropecuario de las transnacionales, y la pérdida de soberanía alimentaria (dejar de producir los alimentos básicos de consumo popular masivo).
Efectos ambientales del modelo
El modelo trajo
aparejada una serie de consecuencias en la biodiversidad, en los ecosistemas
naturales y en las especies vegetales y animales que son parte de ellos, todos
esenciales para sustentar la vida humana ganado de los países europeos, ya que
después de la crisis de la “vaca loca”, la soja se transformó en uno de los
alimentos balanceados más apetecibles para alimentar los pollos, las vacas y los
cerdos del antiguo continente. Ciertamente no es un cultivo que por definición
contribuye a paliar el hambre en el mundo y, menos aún, en Argentina, como
sostienen sus defensores. Estas tendencias se han dado en detrimento de la
producción ganadera, de otros cereales tradicionales, de los tambos
(productores de ganadería lechera) de las explotaciones que producen frutales y
los tradicionales cultivos industriales del interior del país. En efecto, entre
las campañas agrícolas de 1997/98 y 2004/05 la producción sojera aumentó casi 20
millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz
0,5 millones y la de maíz se mantuvo más o menos constante. En la provincia de
Córdoba el auge de la soja fue acompañado por la pérdida del 17% de las cabezas
de ganado. A nivel nacional, de 1988 a 2003, la cantidad de tambos pasó
de 30.141 a aproximadamente 15.000 establecimientos. Estimaciones
recientes plantean que en la actualidad los productores de lácteos no superan
los 11.500 productores. También cayó la producción de frutales y de los cultivos
industriales tradicionales (por ejemplo el algodón) del interior del país. En
los últimos años el auge de la soja también ha desplazado a frutas y hortalizas
producidas en los entornos de las grandes ciudades, incidiendo en el alza de los
precios de productos básicos de consumo popular, como el tomate y la papa. La
soja transgénica arrasa: de haber sido uno de los “graneros del mundo” la
Argentina se ha transformado en una “república sojera”. Rápidamente la economía
se ha “reprimarizado” (retornado a actividades primarias), y más que en
cualquier otra época de la historia del siglo XX, depende de un sólo producto de
exportación, con todo lo que ello significa en términos de vulnerabilidad
externa. Es más, tal como lo señalan los defensores del modelo, el auge de la
producción de biodiesel y otros biocombustibles, así como la demanda sostenida
que parece generarán China y la India en el futuro, podrían darle nuevo oxígeno
al modelo sojero. Constituye un modelo que tiende a menoscabar la tradicional
agricultura familiar. Entre los censos de 1960 y 1988 desaparecieron 51.000
explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 –en
plena era neoliberal– desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto
es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron fueron fundamentalmente las de menos
de 200 Has (75.293 explotaciones) mientras que en el estrato de 200 a 500 Has,
desaparecieron 7.561. En cambio, aumentaron las de más de 500
Has, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500 Has. Se fue
ejecutando inexorablemente la propuesta de los funcionarios públicos del
“menemismo” (seguidores del ex Presidente Menem) en el sentido de
que indefectiblemente debían desaparecer 200.000 productores agropecuarios,
considerados “ineficientes” por naturaleza. El agro argentino se fue
transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores, ya
que las explotaciones que desaparecieron fueron principalmente las medianas y
las pequeñas. (Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005). Los productores que han
logrado sobrevivir y mantenerse en el sector se ven sujetos más que nunca a las
pautas impuestas por las transnacionales que proveen no sólo la semilla, sino
también el paquete tecnológico involucrado en el modelo. Por tanto, el qué, cómo
y con qué tecnología producir tienden a ser cuestiones dictaminadas cada vez más
por estas empresas. En definitiva, algunas de las consecuencias de estos
procesos son: la desaparición de la agricultura familiar, la transformación del
sector en una agricultura sin agricultores, la creciente dependencia del
productor agropecuario de las transnacionales, y la pérdida de soberanía
alimentaria (dejar de producir los alimentos básicos de consumo popular
masivo)".
Fuente: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh4Teubal.pdf
2. Desarrollar inversiones agrícolas responsables se acapara tierras y agua bloqueando el presente y futuro de los pueblos
No hay justificaciones para el acaparamiento de tierras
GRAIN | 19 July 2011 | Biodiversidad - Jul 2011
"(...)Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. Discutieron cómo operacionalizar un marco de trabajo conocido como Principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR). Formulados por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), los principios de “inversión agrícola responsable” son siete principios que los inversionistas pueden decidir obedecer o no cuando realicen adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala.
Los principios de “inversión agrícola responsable”
(siete principios para un acaparamiento de tierras donde “todos ganen”):
1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales.
2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la seguridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán.
3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la tierra y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas.
4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material serán consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en efecto.
5.Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de la ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado valores compartidos duraderos.
6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad.
7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y se tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al tiempo de minimizar y mitigar los impactos negativos.
Los principales promotores de los PIAR
(desde 2009): Unión Europea, FAO, G8, G20, FIDA Japón, Suiza, UNCTAD, Estados Unidos, Banco Mundial
¿Qué son los Principios de Inversión Agrícola Responsable? Con gran nerviosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos y organismos internacionales, de Japón al G-8, decidieron sugerir criterios que pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el documento promovido por el Banco Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos (conocido por las siglas IAR). Los principios de “inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO).3 Son siete principios que los inversionistas pueden suscribir voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala (véase recuadro). Es notable que los principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometido a la aprobación de los órganos de gobierno de las cuatro instituciones promotoras.
En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios de “inversión agrícola responsable”. Su declaración dejó en evidencia que los principios IAR son una maniobra para legitimar el acaparamiento de tierras, y afirmó que facilitarle el control a las corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin importar qué lineamientos se sigan.4
Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más grupos y movimientos sociales de todo el mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es lamentable que, en vez de ponernos a la altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más sustentable social y ambientalmente, actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera conseguirse de manera responsable”.5
En septiembre de 2010, el Banco Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de tierras a gran escala. Tras dos años de investigación, el Banco no pudo hallar ejemplos convincentes de “provecho” para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir información con el Banco Mundial acerca de sus inversiones en tierras de cultivo, por lo que éste tuvo que confiar como fuente de información en el sitio electrónico (farmlandgrab.org), pu-blicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR.
Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés) en octubre de 2010 debatió si respaldar o no dicha iniciativa. Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Japón, estuvieron en favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica, y Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una fuerte oposición debido a la ausencia de un proceso adecuado de consulta. Una coalición de movimientos sociales y organizaciones publicaron una crítica detallada del marco de operación de los principios IAR antes de la reunión del CFS.6 Esto catalizó a los movimientos sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un llamado al CFS para que rechazara el documento de principios de IAR. Al final, el CFS no respaldó el citado documento y acordó únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de IAR.
A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras socialmente responsable donde “todos ganen” estaba a punto de naufragar. Entretanto, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios. En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron a compartir experiencias y consolidar sus luchas contra el acaparamiento de tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron un llamado público —que continúa ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento.7
Pero los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse.
Actualmente, la dirección del CFS prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente de consulta en torno de las IAR.8 El borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que se opondrá a un proceso cuyo foco principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones de tierras en gran escala. En cambio, argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión agrícola responsable” son la respuesta a los problemas en el terreno y luego reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la agricultura se necesita para remontar el hambre y apoyar a los agricultores en pequeña escala, en particular a las mujeres. El CIP recomendó que el CFS dejara de utilizar el nombre actual (IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras, no con las inversiones. Pero las cuatro agencias que promueven los principios de IAR siguen presionando. Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia anual en torno a tierras y pobreza en su sede de Washington DC.9 Los principios de IAR están en el centro de la discusión. Su objetivo central ahora es comenzar a operacionalizar las IAR a partir de experiencias de otros mecanismos de “responsabilidad social corporativa” (RSC), como las Mesas Redondas sobre Soya Sustentable y Biocombustibles, o la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.10 Entretanto, los gobiernos nacionales luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en que “ambas partes ganan” comienza a sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Nueva Zelanda comienzan a responder con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades de los extranjeros para adquirir tierras de cultivo nacionales. Otros, como Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta para suprimir la oposición local. En la campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición, Le Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), solicitó que el presidente de la república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron en la región conocida como Office du Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el gobierno de Khartoum por haberles arrebatado sus tierras.
Qué está mal con los principios de “Inversión Agrícola Responsable”. Las IAR no tienen que ver con facilitar inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de que el acaparamiento de tierras puede continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esta ilusión es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades con el fin de que los acaparadores de tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando vender o arrendar sus tierras.
El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro por indígenas campesinos, pastores, pescadores artesanales y nómadas, lo que amenaza seriamente sus derechos a la alimentación y al sustento seguro. El acaparamiento de tierras también captura todos los recursos de agua que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo que de facto es una privatización del agua. La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras, debido a que se llevan a cabo expulsiones por la fuerza, se silencia y se reprime a los críticos, se introducen modelos no sustentables de agricultura y del uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas. Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y estas realidades. No pueden tampoco adaptarse para ser presentados como políticas públicas o regulación estatal.
El acaparamiento de tierras que tiene por objetivo darle a los inversionistas una tasa de ganancia del 20% es, lisa y llanamente, una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento de tierras es totalmente incompatible con la seguridad alimentaria: la producción alimentaria únicamente arroja ganancias de entre 3 y 5%. Lo único que logra el acaparamiento de tierras es enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo.
Hay quienes creen que promoviendo transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún modo, conducir a resultados donde “ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”, la transferencia de vastas porciones de tierra, bosques, áreas costeras y fuentes de agua a grupos de inversionistas, de todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente de proteger la tenencia de la tierra de los campesinos y otros productores en pequeña escala, y muchos movimientos sociales han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos agrarios durante muchos años. Los principios de “inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta la fecha en pos de un reforma agraria, en pos de derechos territoriales.
Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro de sus triunfos de sus mecanismos de “responsabilidad social corporativa”, un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán confiando en tratados comerciales y de protección de inversionistas, en los resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros de riesgo político (proporcionados por las instituciones internacionales que promueven los principios de IAR), que los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera.
El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil hectáreas del acuerdo de Malibya en el Office du Niger en Mali, a las 320 mil hectáreas que el Grupo Beidahuang pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar la ausencia de legitimidad haciendo que los inversionistas se adhieran a unos cuantos principios es una estafa.
Invirtamos en soberanía alimentaria.
Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes están rompiendo las cadenas de viejos regímenes para recuperar su dignidad y el espacio de la autodeterminación, necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo.
Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras; no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros;11 rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada e ilegalizar el acaparamiento de tierras. Los gobiernos deben también dejar de oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad a los activistas detenidos.
Reiteramos las exigencias que han hecho una y otra vez los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de 2006 —el referente multilateral consensuado y de mayor autoridad en relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. De igual modo llamamos al CFS a que adopte los Lineamientos de la FAO en relación a la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales que tienen fuertes raíces en las leyes de derechos humanos, con el fin de que se utilicen efectivamente para proteger y cumplir con los derechos a la tierra y a los recursos naturales de todas las poblaciones rurales y urbanas a nivel nacional e internacional.
Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo un amplio consenso en relación con las soluciones reales para el hambre, la crisis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son:
* la agricultura campesina, la agricultura familiar, la pesca artesanal y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas que se basan en métodos ecológicos, y en mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan los medios de garantizar el sustento.
* los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad de carga de la tierra.
* reemplazar los regímenes neoliberales, verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala.
* deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.12
Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando y pugnando por este camino junto con muchos aliados por todo el mundo.
Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4332-no-hay-justificaciones-para-el-acaparamiento-de-tierras Biodiversidad julio 2011
En consecuencia, el modelo está subordinado a un capitalismo organizado en un sistema global de agroalimentación y agroindustria que es incompatible con la agricultura campesina e indígena y por lo tanto, con la soberanía alimentaria.
La puesta en práctica de la «reforma agraria integral» es por lucha de emancipación del capitalismo e imperialismo. De esta manera demuele la estructura latifundista y neoextractivista que genera pobreza y hambre. Pero, en forma previa, es crucial la multiplicación de los espacios deliberativos sobre cómo son posibles rumbos decididos entre todos para concretar la justicia social y las felicidades colectivas e individuales.
La «reforma agraria integral» se contrapone con el modelo porque éste arraiga en:
1. Los ajustes estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía argentina y sufridos por los diversos de abajo
Expansión de la soja transgénica en la Argentina
En el año 2009 Miguel Teubal reflexiona acerca del:"(...)
Neoliberalismo y sistema agroalimentarioLos ajustes estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía argentina incidieron no sólo sobre el sector agropecuario sino también sobre el agroalimentario en su conjunto. Las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de lograr “una mayor integración a la economía mundial”, repercutieron de forma considerable sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios del sector. También incidieron sobre el sector agropecuario las transformaciones del sistema agroalimentario, es decir, el procesamiento industrial, la comercialización y la distribución final de alimentos, orientados tanto al mercado interno como a las exportaciones, así como el sector de provisión de insumos (en particular, el semillero).
Los ajustes estructurales originaron cambios en el sistema agroalimentario con incidencia sobre el sector agropecuario. Se produjeron procesos de concentración y centralización de capital en la agroindustria y la distribución final de los alimentos (por ejemplo, el denominado “supermercadismo”) y en la provisión de semillas y otros insumos a los productores agropecuarios (un número muy limitado de empresas se ocupa de ello casi con exclusividad). Estas tendencias se dieron junto a una fuerte extranjerización en estos sectores a partir de fines de los noventa.
Como consecuencia de la intensificación de los procesos de integración vertical, fueron modificándose notablemente las articulaciones en el interior de los complejos que integran el sistema agroalimentario (Teubal y Rodríguez, 2002; Teubal y Pastore, 1995). Creció la agricultura de contrato y otras formas de articulación “agroindustrial” y adquirieron mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con relación a los medianos y pequeños productores agropecuarios, quienes comenzaron a perder significativamente su autonomía de decisión. Lo mismo ocurrió en la industria semillera, pues el medio agropecuario rápidamente se transformó en un sector cautivo de las grandes y pocas empresas proveedoras de la semilla transgénica. Los procesos de liberalización, apertura y desregulación les brindaron a las grandes empresas el marco propicio para expandir su control sobre distintas áreas del sistema agroalimentario y obtener así una posición dominante en lo referido al almacenaje, procesamiento, comercialización, producción y provisión de semillas e insumos para la actividad agrícola. Estas innovaciones facilitaron la consolidación de oligopsonios y oligopolios en segmentos clave de diversos complejos agroindustriales. Por ejemplo, en el complejo lácteo siete compañías –entre las que se destacan SanCor y Mastellone (La Serenísima)– controlan el 80% del mercado; el 90% de las ventas de aceite refinado de girasol es manejado por apenas seis empresas lideradas por Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En panificación, Fargo, Bimbo y La Veneciana acumulan el 85% de las ventas; en el negocio de galletitas, la francesa Danone (Bagley), la estadounidense Nabisco (Terrabusi, Mayco, Capri y Canale) y Arcor concentran el 80% del mercado (“Cash”, suplemento económico de Página/12, 6/6/2004). Recientemente se han fusionado Arcor y Danone. En otros casos, la concentración y centralización del capital facilitó la captura de negocios altamente rentables, como es el caso de la cuota Hilton, donde cinco empresas (Swift Armour, Quickfood, Friar, Gorina y Finexcor) dominan el 55% del mercado (si se toma a las diez primeras empresas del sector, el control asciende al 77%).
Al
analizar el caso de las empresas multinacionales dedicadas a la exportación de
cereales, se observa que siete empresas (Cargill, Bunge, Nidera, Vincentín,
Dreyfus, Pecom-Agra y AGD) concentran el 60% del volumen de granos exportados.
En consonancia con lo anterior, también se observa que creció la concentración
en el mercado de insumos (dependencia de las semillas y del “paquete
tecnológico” de Monsanto en la producción de soja y maíz). A su vez, creció la
concentración de la comercialización con el auge del “supermercadismo”, y se
introdujeron nuevas dinámicas en los sistemas agroalimentarios. En el sector
oleaginoso, fundamentalmente sojero, también hubo una creciente concentración
del capital. El complejo oleaginoso es el segundo más importante del país
después del cerealero, pero se ha transformado en el principal grupo exportador.
Sin embargo, el sector del procesamiento industrial de oleaginosas genera muy
poco empleo, menos aún que el tabacalero (Teubal y Rodríguez, 2002: 70/71). Un
dato central a considerar referido al complejo sojero tiene que ver con la
concentración que se ha dado a nivel de las empresas exportadoras, tanto de
aceite como de harinas de soja. En efecto, para describir el grado
de concentración se toman las cinco firmas más importantes que dominan el
mercado de la harina de soja o bien, las ocho más importantes. Las cinco
primeras pasaron de exportar el 50% del total de exportaciones de harina de soja
en 1990 al 79% en 2002. Tomando las ocho primeras se constata que pasaron de
exportar el 67% en 1990 al 92% en 2002. Otro tanto ocurrió con las exportaciones
de aceite de soja: en 1990 las cinco y ocho primeras exportaron el 53% y el 72%
respectivamente del total de ese rubro, en tanto que en 2002 lo hicieron 80% y
92% (CIARA, 2004). 
En conclusión, los cambios profundos que se han dado en el sistema agroalimentario del país han cercenado la capacidad de decisión del productor agropecuario sobre su producción y han incidido sobre los insumos utilizados y las técnicas productivas desarrolladas. A ello se suma una merma de la capacidad de negociación del precio de venta que tiene el productor frente a la industria o al acopiador y, en el caso de los transgénicos, frente a su proveedor de semilla. Se agrega también la imprevisión que genera la gran variabilidad de los precios agrícolas internacionales, que afectan directamente al productor agropecuario a partir de la desregulación y apertura externa. El aumento de la concentración del capital en cada uno de los complejos que integran el sistema agroalimentario hizo que, a partir del Decreto de Desregulación de 1991, quedara eliminada, entre otros factores, toda reglamentación que establecía un precio mínimo o sostén para los productores agropecuarios. Ello le permitió al polo integrador de cada complejo agroindustrial incrementar su rentabilidad y reducir los precios agropecuarios percibidos por los medianos y pequeños productores, así como imponer condiciones de calidad, presentación y traslado del producto e incluso de la variedad del cultivo y de los insumos que debe usar el productor. La situación se hizo más grave aún a partir de la introducción de los transgénicos (véase Teubal y Rodríguez, 2002: cap. 6 y 7; Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005).
Impactos sobre la estructura agraria y otras consecuencias
Desde mediados de los años setenta, potenciado por el cambiante marco institucional que refleja el Decreto de Desregulación y las demás disposiciones legales, surgió un nuevo régimen de acumulación y de política económica, denominado de “apertura”, reforzado por los “ajustes estructurales” aplicados cada vez con mayor severidad en el país. A partir de entonces son los agro-negocios los que influyen en forma destacada sobre el sector agropecuario. Operan mediante la provisión de insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial y la comercialización de la producción local, tanto para el mercado interno como para la exportación. Una parte importante de este vasto sistema que hemos denominado “de agro-negocios” (Giarracca y Teubal, 2008) se manifiesta en función de la primacía que adquiere la producción sojera y el paquete tecnológico que la acompaña. Las grandes empresas semilleras, combinadas con las que venden los agrotóxicos –introducidos en forma creciente en el sector– adquieren una preeminencia inusitada en el sistema agroindustrial de Argentina, en gran medida potenciada inicialmente por las denominadas revoluciones tecnológicas de los híbridos (la “Revolución Verde”) y, más recientemente, por la revolución biotecnológica (transgénicos). Son grandes empresas que se conectan con el sector financiero, formando los denominados “pools de siembra”, transformando al sector en un negocio financiero. Algunas veces compran tierras, otras operan con “contratistas” que arriendan tierras y proveen la maquinaria, el equipo y los agroquímicos necesarios para impulsar la producción de los commodities requeridos por el mercado (fundamentalmente externo). El agro se transforma cada vez más en productor de commodities y cada vez menos en medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente para los familiares. Asimismo, tal cual ya se destacó, el país va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van conformando los denominados complejos agroindustriales, con grandes empresas que extienden su poderío “hacia adelante” y “hacia atrás” en la cadena agroindustrial, integrándose verticalmente, sea en forma directa o mediante alguna forma de agricultura de contrato. (Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005). (...)
Reflexiones finales
En este trabajo se ha mostrado cómo la expansión del modelo sojero puede considerarse en gran medida un caso paradigmático del crecimiento de los agro-negocios en Argentina. La consolidación de este modelo va acompañada por la difusión de los denominados “pool de siembra” no sólo a grandes propietarios, sino también, en gran medida, a campos pertenecientes a medianos y pequeños productores agropecuarios. El sector se transforma cada vez más en un negocio de unos pocos, perdiendo su capacidad histórica de constituirse en un medio de vida para vastos sectores sociales: rápidamente se transforma en una agricultura sin agricultores. Son múltiples las consecuencias de este modelo. Se constata cómo el país va perdiendo su capacidad para producir los alimentos básicos de consumo popular masivo, o sea, va perdiendo su soberanía alimentaria. Por otra parte, están sus efectos medioambientales de largo plazo altamente perjudiciales como el avance de la soja hacia la yunga, su impacto sobre la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, etc. Puede incluso señalarse su impacto sobre otros aspectos (por ejemplo, las inundaciones en vastas regiones de Santa Fe y Salta, entre otras provincias). Se señala también que la soja enmarcada en la “siembra directa” genera una capa impermeable sobre el suelo que hace escurrir el agua hacia los ríos en vez de que sea retenido. Todo ello contribuye significativamente a que se produzca el aumento inusitado de los caudales de los ríos en el Norte del país. Simultáneamente la deforestación impulsada por la expansión sojera contribuye a un acrecentamiento de sequías en diversas regiones del país. En lo esencial el cultivo de la soja transgénica se asemeja cada vez más a la explotación minera a cielo abierto con cianuro, o a la que involucra a las papeleras en el país, actividades que son altamente contaminantes, que no guardan respeto por el medio ambiente, y que han generado importantes protestas de vecinos y ambientalistas. Son estas protestas las que han incidido, aunque sea en mínima medida, sobre una cierta conciencia ambiental en el país. Si bien ésta no estuvo en general presente a lo largo de la historia nacional –siempre se pensó que Argentina era un país con enormes recursos naturales y que no importaba si la explotación de algunos de esos recursos fuese altamente contaminantes– esta perspectiva ha ido cambiando en los últimos tiempos, quizás como consecuencia de las múltiples protestas y nuevos movimientos sociales surgidos en el país. Sin embargo, cabe destacar que la protesta referida a la expansión de los cultivos transgénicos en general, y de la soja transgénica en particular, es mucho más débil que las realizadas en contra de las papeleras, o las mineras en el interior del país. Cabría preguntarse acerca de las perspectivas que tiene el modelo para seguir impulsándose en el futuro.
Existen dos factores que señalan elementos “auspiciosos” para el modelo y los intereses involucrados en su expansión continua:
a) la nueva “revolución” que se impulsa en América Latina en torno a los biocombustibles debido al interés de Estados Unidos y demás potencias mundiales de sustituir su dependencia del petróleo por otras fuentes energéticas. No cabe duda de que podría constituirse en un elemento externo adicional que tendería a apuntalar el modelo tal como se viene desarrollando en la actualidad, o sea, podría darle un nuevo aire o impulso;
b) el papel que comienza a ejercer China en el panorama mundial. A medida que este gran país va adoptando una serie de pautas productivas para ir transformándose en una potencia mundial, su sistema económico y productivo (incluyendo su agro y sistema agroalimentario) también sería transformado substancialmente. No es difícil de percibir que China va a tener nuevas necesidades y demandas a medida que su economía vaya creciendo a tasas exorbitantes, y que, como consecuencia, va a ir pautando en la economía mundial una creciente demanda de commodities, entre ellos la soja. Es probable que ello incida significativamente sobre la demanda futura de soja y otros recursos naturales de la región. No cabe duda de que si se concretan estas tendencias se va a acrecentar la conflictividad manifiesta entre el modelo de los agro-negocios, los grandes intereses vinculados a los recursos naturales en general, y los del campesinado, productores agropecuarios y vecinos y ambientalistas. Es importante que se extienda lo más posible el debate en torno a las características esencialmente contradictorias que manifiestan ambos modelos. Se trata de una cuestión que va más allá de lo meramente “sectorial”.
Tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades y la forma de convivencia que se establezca (si es posible) entre ellas en el futuro. Sin embargo, los efectos negativos del modelo también se manifiestan en forma creciente. Recientemente ha impactado significativamente sobre la opinión pública la difusión de los resultados de una investigación bio médica que muestra que el glifosato incide directamente sobre la formación de malformaciones en anfibios. Dada la difusión masiva del glifosato y de otros agrotóxicos se ha tomado consciencia de que, contrariamente a lo que sostienen oficiales de gobierno e investigadores de que se trata de un agro-tóxico esencialmente inocuo, se lo vislumbra con un factor que ha generado enormes perjuicios sobre la salud humana. (Véase Página 12, 13/05/09, Domínguez y Sabatino).
Fuente: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh4Teubal.pdf
2. El extractivismo o empobrecimiento estructural y su encubrimiento con la incorporación al Estado de demandas populares
Eduardo Gudynas, en "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual", nos explica:
"(...)El extractivismo
contemporáneo 
A pesar del cambio sustancial que representa la llegada del progresismo a estos gobiernos, e incluso de las diferencias entre ellos, en todos los países se mantienen las prácticas extractivistas. En efecto, no sólo persisten los clásicos emprendimientos extractivistas, sino que además se ha intentado profundizarlos. El caso pionero tuvo lugar en Chile, donde a la salida de la dictadura militar, los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia mantuvieron la arquitectura básica del sector minero, alentaron su ampliación a partir de emprendimientos privados, y los intentos de diversificación productiva no han tenido mucho éxito (véase por ejemplo Folchi, 2003, y en el presente volumen).
Por lo tanto, se presenta como primera tesis que a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales. En efecto, desde la Venezuela de Hugo Chávez al moderado Lula da Silva en Brasil, persiste la apuesta a sectores como minería y petróleo (véase la Tabla 1). Podría sostenerse que esto es parte de una “inercia” que proviene de las anteriores administraciones, y que resulta iluso o descabellado postular desandar ese camino. Esta posición no cuenta con evidencia empírica, ya que los gobiernos progresistas no han intentado una reconstrucción del extractivismo clásico, y por el contrario, vienen apostando a aumentarlo. Es así que en varios gobiernos progresistas están implementando planes y apoyos para profundizar los sectores convencionales como también para ampliarlos a nuevas áreas. Por ejemplo, los nuevos gobiernos de Brasil y Venezuela favorecen aún más la exploración y explotación de hidrocarburos, y en Bolivia se tomaron medidas en ese sentido, aunque sus resultados son contradictorios. Pero en un hecho destacable, estos gobiernos también promueven nuevos sectores extractivos: este es el caso con la minería bajo la administración Correa en Ecuador, el apoyo de una nueva minería del hierro en Bolivia, el fuerte protagonismo estatal en promover el crecimiento minero en Brasil y Argentina, mientras que la izquierda uruguaya se aventura en la prospección petrolera en su costa. Bajo Lula da Silva, Brasil se está convirtiendo en una potencia minera: se estima que al año 2013, este país duplicará la producción de aluminio, y triplicará la de cobre, poniendo en marcha nuevas minas y procesadoras (USGS, 2008). Al inicio de la administración del Partido de los Trabajadores y sus aliados, en 2003, la producción de cobre fue de 264 millones ton, y creció a 370 millones ton en 2008; IBRAM, 2009); las exportaciones provenientes de minas y canteras que superaban los 6 mil millones de dólares en 2003, treparon a más de 21 mil millones de dólares en 2007 (CEPAL, 2009).
Argentina, bajo los gobiernos Kirchner, sigue el mismo camino, promocionando activamente la minería, especialmente en la zona andina, incluyendo la reciente aprobación del megaemprendimiento de Pascua Lama compartido con Chile, apuntando a ser el segundo productor de oro continental. También se debe señalar que, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, se ha alentado un cambio sustancial en la agricultura orientándola a monocultivos de exportación. Estas nuevas prácticas representan un extractivismo agrícola. Se la observa especialmente en el cultivo de soja, basado en variedades transgénicas, alto uso de maquinarias, herbicidas químicos, escaso o nulo procesamiento, y exportación como commodity. Son prácticas que se han expandido y reforzado con el beneplácito, e incluso apoyo, de las administraciones Kirchner, Lula da Silva y Vázquez. Otro tanto sucede con los monocultivos forestales, que cubren amplias superficies, y están volcados a elaborar pasta de celulosa. Por lo tanto, el extractivismo goza de buena salud bajo el progresismo, y en algunos casos se ha acentuado. En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional, buena parte de esos mismos países enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza y limitaciones en el acceso a la alimentación (con la excepción de Chile; véase Tabla 2). En varios casos, una mayor incidencia de los sectores extractivos, se da la mano con bajos indicadores sociales, y la abundancia en esos recursos naturales no genera bienestar sino que alimenta la “maldición de la abundancia” (analizada en detalle para Ecuador por Acosta, 2009).
Un extractivismo de nuevo tipo
A pesar de la persistencia del estilo extractivista, no debe asumirse que éste es idéntico al que se observaba bajo gobiernos conservadores. No puede afirmarse que los nuevos gobiernos progresistas, mantuvieran intocados sectores como la minería o los hidrocarburos. Por ejemplo, la llegada al gobierno de Evo Morales y el MAS en Bolivia, rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado, recientemente, a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero. Más allá de los aspectos positivos o negativos que esas medidas pudieran tener, se debe reconocer que el protagonismo y las medidas tomadas sobre los sectores extractivos han cambiado. Por lo tanto, la segunda tesis que se defiende en este análisis es que bajo los gobiernos progresistas se está generando un nuevo estilo de extractivismo. Es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista. Es importante reconocer este hecho para evitar caer en dos extremos opuestos que impiden un análisis adecuado. Por un lado, no puede sostenerse que los gobiernos de izquierda nada han hecho, y que los regímenes de manejo de sectores como la minería o petróleo son iguales a los observados en las décadas de 1980 o 1990. Pero por otro lado, tampoco puede defenderse una postura ilusionada en que estos nuevos gobiernos han modificado sustancialmente el extractivismo, y que están resolviendo sus impactos sociales y ambientales, bajo una transición a otro estilo de desarrollo que no depende de las exportaciones de materias primas como cobre o petróleo. Si se acepta esta situación, la cuestión clave es caracterizar de la mejor manera posible los atributos de este neo-extractivismo progresista. Esta es una tarea urgente, tanto desde el punto de vista del nuevo papel del Estado en esos sectores y sus implicancias político – partidarias, como desde el punto de vista de la sociedad civil. Recordemos que en casi todos los países, bajo este nuevo extractivismo se siguen desenvolviendo las más diversas reacciones y oposiciones sociales, y persiste como uno de los frentes más conflictivos. En las secciones que siguen se examinan algunos puntos destacados de este neo-extractivismo progresista. Esa caracterización ha sido dividida en distintos temas, en algunos casos en forma arbitraria pero necesaria para la explicación, y debe tenerse presente que estos aspectos están estrechamente entrelazados.
A. El papel del Estado
El extractivismo convencional, y en especial aquel propio de las décadas de 1980 y 1990, bajo las reformas de mercado, se caracterizaba por el acotado papel del Estado, transfiriendo al mercado la marcha de los emprendimientos y las interacciones entre sus actores. Las empresas mineras o petroleras disfrutaban de un contexto de liberalización de flujos de capital (tanto la recepción de inversiones, como la toma de ganancias), flexibilización o reducción de las regulaciones laborales, ambientales y territoriales. Como consecuencia, en especial las corporaciones transnacionales, se expandieron en estos países. Bajo ese contexto de Estado mínimo, los gobiernos concedían licencias o títulos para acceder a un recurso, y esas decisiones respondían a varios factores, que iban desde el acceso a parte de la renta que se generaría, a lograr apoyo político, sin dejar de olvidar más de un caso de simple corrupción. Por lo tanto, las reglas de acceso y concesión eran opacas, su aplicación era discrecional, y eran parte de una red de favores político-empresariales. En el neo-extractivismo, el Estado es mucho más activo, con reglas más claras (independientemente si éstas sean buenas o no), y no necesariamente orientado a servir a “amigos” del poder político. En algunos casos, los nuevos gobiernos renegociaron los contratos, elevaron las regalías y tributos, y potenciaron el papel de sus empresas estatales. Posiblemente sea en Bolivia donde tuvieron lugar los cambios más notables en este terreno, ya que la administración Evo Morales en 2006 impuso la renegociación de contratos con las empresas petroleras, elevó las regalías y tributaciones al 50%, e intentó potenciar la petrolera estatal YPFB. En Venezuela, la administración Chávez ha desandado muchas medidas privatizadoras de los gobiernos anteriores, incluyendo la imposición de una propiedad mayoritaria de PDVSA (la petrolera estatal) en los emprendimientos con privados (aceptado por algunas empresas extranjeras, mientras que otras se retiraron - ConocoPhillips y ExxonMobil), aunque aumentan las negociaciones con empresas estatales de otros países (como China, India o Rusia). En Ecuador se sigue la misma línea, y por ejemplo, el gobierno Correa ha ajustado la imposición tributaria y se ha volcado a nuevos contratos petroleros como servicios prestados al Estado. En Brasil se discute una nueva reglamentación para el sector, con la creación de una agencia estatal de nuevo tipo sobre los recursos petroleros. Por lo tanto, se presenta como tercera tesis un papel más activo del Estado, con intervenciones tanto directas como indirectas, sobre los sectores extractivos. Esta marcha tiene diferencias entre países, donde es más acentuada por ejemplo en Venezuela y Bolivia, y menor en Chile o Brasil, pero incluso en esos casos aparece el Estado. La presencia estatal se expresa de muy diversas maneras, tal como se verá más abajo; en unos casos es muy directa, incluyendo las empresas estatales, y en otros, se expresa por medio de apoyos y subsidios (por ejemplo en Brasil, bajo las acciones del banco estatal de desarrollo BNDES).
B. Inserción internacional, comercio mundial y flujo de capitales
Los actuales gobiernos progresistas valoran positivamente las exportaciones de materias primas. Su aumento es presentado como uno de sus éxitos, y defienden activamente medios para incrementarlas aún más. Incluso en el presente contexto de crisis, en varios países se ha sostenido que uno de los remedios a las restricciones económicas actuales es promover un nuevo salto en las exportaciones de commodities. Por lo tanto, las metas de exportación se han convertido en un factor promotor clave del mantenimiento y expansión del extractivismo. El éxito exportador, junto a la búsqueda de inversiones extranjeras, se han convertido en los dos pilares claves de las estrategias económicas del progresismo.
Mientras que el viejo extractivismo apuntaba a las “exportaciones” o al “mercado mundial”, los gobiernos progresistas reemplazaron ese discurso por uno que apunta a la “globalización” y la “competitividad”. El cambio no es menor, ya que el uso contemporáneo del concepto de “globalización” encierra un conjunto más amplio y complejo de ideas, que incluyen tanto aspectos comerciales clásicos (como las exportaciones), como las nuevas reglas sobre los flujos de capital, la ampliación del concepto de mercadería, la extensión de los derechos de propiedad, compras gubernamentales, etc. Además, todo esto se expresa bajo una institucionalidad comercial global más densa que en el pasado, que descansa sorbe todo en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y los acuerdos comerciales internacionales.
Por lo tanto, los gobiernos progresistas aceptan esa nueva institucionalidad comercial global y se mueven bajo sus reglas (incluso usan los mecanismos de resolución de disputas dentro de la OMC). Pero esto a su vez significa aceptar un papel subordinado en los mercados globales, donde las naciones sudamericanas son tomadoras de precio, dependen fuertemente de los intermediarios y brokers comerciales internacionales, y sus decisiones domésticas quedan acotadas a las oportunidades comerciales.
En efecto, los cambios en los precios internacionales o las oportunidades de exportación, pasan a desempeñar papeles claves en las decisiones productivas nacionales. A su vez, esta subordinación comercial significa aceptar las reglas de liberalización del capital, y en la práctica desemboca en una sorda competencia entre los países sudamericanos en atraer inversión extranjera. Podría plantearse que los gobiernos progresistas no tienen otra opción que aceptar estas reglas globales comerciales y financieras. En parte es cierto que una ruptura abrupta y total con ese entramado sería altamente costosa, y posiblemente inviable. Pero también es cierto que existen muchos mayores márgenes de maniobra (como lo demuestra la desvinculación del FMI llevada delante de distinta manera por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela; o los intentos ecuatorianos y venezolanos por otras arquitecturas financieras). No debe olvidarse que la transición desde relaciones comerciales internacionales amparadas solamente en un tratado multilateral (el acuerdo general sobre comercio y aranceles, GATT), a una institucionalidad formal (OMC) y sus varios acuerdos (GATT, y los acuerdos sobre servicios AGCS, y propiedad intelectual ADPIC), tuvo lugar a principios de la década de 1990, bajo los anteriores gobiernos latinoamericanos. Pero las nuevas administraciones progresistas no han cuestionado esta nueva arquitectura comercial, y por el contrario, varios de ellos la han acentuado, incluyendo reclamos de una mayor liberalización comercial global (donde los ejemplos más claros son Argentina y Brasil). Es impactante advertir que en el pasado los gobiernos sudamericanos apoyaban también otras instituciones internacionales que buscaban caminos alternativos para el comercio global. Desde 1965 a los inicios de la década de 1990, se creó y apoyó la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), para promover el comercio sur-sur, contribuir a mejorar los términos de intercambio frente a los países industrializados, y generar otras regulaciones comerciales. A su vez, desde la UNCTAD se fundó el Fondo Común para los Commodities (CFC – Common Fund for Commidities), que entró en vigor en 1989, cubriendo varios productos agropecuarios y mineros, apuntando a desarrollar nuevos mercados y aliviar la pobreza. A su vez, la UNCTAD y el CFC crearon los llamados Organismos Inter na - cionales en Bienes Primarios (ICBs - Internacional Commodity Bodies), con la finalidad de regular los mercados y el comercio global, entre otros aspectos. Entre ellos varios abordan productos de los sectores extractivos: ICSG (Internacional Copper Study Group), sobre el cobre, creado en 1992; ILZSG (Internacional Lead and Zinc Study Group), sobre plomo y zinc, instalado en 1959; y el INSG (Internacional Nickel Study Group) sobre el níquel, de 1990. Esta situación deja en claro que los gobiernos progresistas disponían de varias alternativas de institucionalidad global y comercial a las cuales apelar. Por ejemplo, revitalizar el papel de la UNCTAD frente a la OMC, o inyectar nueva energía en los ICBs. Lo impactante es que esto no ha sucedido. Entretanto, la administración Lula da Silva, de la mano de un activo canciller, Celso Amorim, ha terminado fortaleciendo el papel de la OMC (desde promover su propio candidato a su dirección, a las más recientes declaraciones a favor de una reactivación de la Ronda de Doha). Estos aspectos permiten presentar como cuarta tesis que el neo-extractivismo es funcional a la globalización comercial – financiera y mantiene la inserción internacional subordinada de América del Sur. (...)
C. Propiedad y procesos productivos
Frente al viejo extractivismo se disputaba la propiedad de los recursos. Los anteriores gobiernos otorgaban su propiedad, o generaban normas de cesión y acceso a recursos como la minería o el petróleo, que en la práctica resultaban muy similar a lograr la propiedad sobre ellos. Esa tendencia desembocó en una fuerte transnacionalización de los sectores extractivos y un papel cada vez menor de las empresas estatales. En el neo-extractivismo, como vimos arriba, existe un mayor protagonismo estatal, y por lo tanto se redoblan los controles sobre el acceso a los recursos, en casi todos los casos se insiste en que estos son propiedad del Estado. A su vez, se han resucitado o creado empresas estatales (por ejemplo la potenciación en Bolivia de la YPFB, o la creación de un ente estatal para el gas y energía, ENARSA, en Argentina). Bajo el neo-extractivismo el control de los recursos a extraer es más variado, incluyendo el estatal, cooperativo, mixto o privado. En este contexto, sea los Estados, como las empresas estatales, se apunta al éxito comercial, y por lo tanto repiten estrategias empresariales basadas en la competitividad, reducción de costos y aumento de la rentabilidad. De esta manera, el desempeño de empresas estatales (como PDVSA de Venezuela), mixtas (como Petrobrás de Brasil) o privadas (como Repsol YPF en Argentina), se asemejan cada vez más a las conocidas prácticas de las viejas empresas transnacionales, como Exxon o British Petroleum. Por ejemplo, la performance social y ambiental de las empresas petroleras estatales es pobre y muy discutible. A modo de ejemplo, se puede recordar que esto ha sucedido con las prácticas de Petrobrás en países andinos, mientras que en Uruguay, la estatal ANCAP sigue muy atrasada en los temas ambientales. Por lo tanto, como sexta tesis se postula que bajo los gobiernos progresistas cobra una especial importancia reconocer que, más allá de la propiedad de los recursos, se repiten reglas y funcionamientos de los procesos productivos orientados a ganar competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos, incluyendo la externalización de impactos sociales y ambientales. En otras palabras, incluso en aquellos casos en los cuales la actividad extractiva está en manos de empresas estatales, se reproducen prácticas empresariales convencionales.
O bien, reforzando la propiedad nacional sobre los recursos, de todas maneras se pasa a contratos de asociación, sociedades o “joint ventures”, que generan una privatización de hecho en los procesos productivos, como sucede actualmente en Bolivia (véase el reporte de CEDLA, 2009, reproducido en este volumen). Las implicancias de esta cuestión son muy importantes. Entre ellas se destaca que, además del debate sobre la propiedad de los recursos y los medios de producción, se debe promover una discusión mucho más profunda sobre la estructura y dinámica de los procesos productivos, tanto en manos del Estado como en manos de otros actores. Esos procesos productivos determinan los impactos sociales y ambientales, y las relaciones comerciales y económicas.
D. Impactos socio-ambientales y conflictos ciudadanos
Los enclaves extractivistas han estado en el centro de muchas polémicas por sus severos impactos sociales y ambientales. Estos van desde acentuar las desigualdades locales a los casos de contaminación o pérdida de biodiversidad. La evidencia empírica que se ha acumulado en los últimos años es variada y contundente, y deja en claro que la situación convencional es aquella donde se externalizan los efectos sociales y ambientales. Una de las cuestiones más llamativas bajo la nueva izquierda es que no se observan mejoras sustanciales en lidiar con estos impactos, y en especial en el terreno ambiental podría sostenerse que han existido retrocesos en algunos países. En efecto, en todos los gobiernos progresistas se observan marcadas resistencias frente a las cuestiones ambientales, y a modo de ejemplo se pueden enumerar las siguientes: En Argentina, se vetó una ley de protección de los glaciales andinos para permitir emprendimientos mineros, y en especial la explotación de oro en Pascua Lama; en Brasil se apunta a una “flexibilización” de la regulación y permisos ambientales; en Bolivia, el área ambiental fue desmembrada y aunque recientemente se la reorganizó en un nuevo ministerio, persiste su debilidad; y en Uruguay, el gobierno del Frente Amplio continúa con su práctica de otorgar permisos ambientales para atraer inversiones en celulosa y papel. Consecuentemente, se plantea como séptima tesis que en el neoextractivismo se mantienen, y en algunos casos, se han acentuado los impactos sociales y ambientales, y que las acciones para enfrentarlos y resolverlos todavía son inefectivas, y en ocasiones se han debilitado. Bajo los gobiernos progresistas el debate sobre los efectos sociales, ambientales y territoriales se vuelve más opaco. En cuanto a la dimensión ambiental, en varias ocasiones se niega su existencia o se los minimiza, y en otros casos se rechaza que sean ambientales y se los presenta como cuestiones de otro tipo, por ejemplo peleas por intereses económicos, confrontaciones en materias de ordenamiento territorial, o expresiones de ocultas agendas político partidarias. Una dinámica de este tipo aparece, por ejemplo, en Argentina; véase Svampa y Antonelli (2009) y Rodríguez Pardo (2009). Pero también se postula que esos impactos deberían ser aceptados como “sacrificios” a cambio de mayores beneficios para toda la nación. Por ejemplo, en la Venezuela de Chávez se ha denunciado que el estado de Zulia se ha convertido en una “zona de sacrificio minero petrolero” (García-Gaudilla, 2009). En cuanto a la dimensión social, los conflictos sociales desencadenados por el extractivismo están presentes en todos los países bajo gobiernos progresistas: oposición a la minería y denuncia de contaminación petrolera en Venezuela, Ecuador y Bolivia, protestas contra explotaciones mineras en Argentina y Chile, denuncias sobre los monocultivos de soja y forestales en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, etc. Los gobiernos rechazan esas protestas sociales, se niegan a reconocer sus causas o las minimizan, o se acusa a sus líderes de encubrir otros intereses, y no falta los que reclaman aceptar esos impactos a cambio de beneficio mayor para toda la nación. En particular se combate a los grupos indígenas y campesinos acusándolos de “impedir” el desarrollo y generar perjuicios para todo el país (véase por ejemplo Bebbington, 2009). Incluso en países que supuestamente disfrutarían de la tranquilidad de carecer de esos conflictos, un examen atento muestra otro panorama. Por ejemplo, en Brasil, durante el primer mandato de Lula da Silva los conflictos rurales crecieron sustancialmente, y si bien en el Se observa entonces una relación peculiar, ya que el Estado busca captar excedentes provenientes del extractivismo, y al usar parte de éstos en esos programas sociales, logra que esa legitimidad social también pueda ser usada para defender actividades extractivas. En otras palabras, si bien esos gobiernos podría decirse que se alejan de la izquierda clásica por su apoyo al extractivismo convencional, regresan a ella y logran justificarse como progresistas por esos programas sociales. Pero esas acciones sociales a su vez necesitan un creciente financiamiento, y por lo tanto esos mismos gobiernos se vuelven dependientes del extractivismo para captar recursos financieros. Esto se convierte en uno de los factores de explicación del apoyo a esas actividades y la persistente búsqueda de inversión extranjera. Por lo tanto, se plantea como octava tesis, que bajo el neoextractivismo el Estado capta una mayor proporción del excedente, y que una parte de éste es destinado a programas sociales que generan una legitimación, tanto para los gobiernos como para los emprendimientos extractivistas, y que esto contribuye a apaciguar las demandas sociales locales. Los programas sociales progresistas, como los enumerados arriba, contienen acciones que, entre otros efectos, compensan algunos de los impactos negativos de las estrategias extractivistas que esos mismos gobiernos alientan y promocionan. Se amortiguan las demandas sociales y se pacifica la protesta social. En el caso de Brasil, ya se está acumulando evidencia sobre estos efectos. De Oliveira (2009), muestra la paradojal situación donde si bien el gobierno Lula abandonó las metas de reforma agraria y no brinda más tierras a colonizadores y sin-tierra, el número de personas envueltas en esas luchas está en caída. En su análisis, este “reflujo de los movimientos de masas y el flujo de los recursos financieros gubernamentales canalizados para las políticas compensatorias (paquetes de ayuda de todo tipo y estilo, etc.), están apaciguando a aquellos que lucharon enérgicamente por la reforma agraria en los últimos 30 años. Todo indica que los dos procesos se intercambian” (de Oliveira, 2009). Como consecuencia de esta nueva situación, cambian los argumentos esgrimidos en las discusiones sobre el extractivismo, y cobra un mayor protagonismo el debate sobre cómo usar los excedentes que provienen del extractivismo.
En lugar de discutir, por ejemplo, los beneficios o perjuicios de las explotaciones mineras, o si éstas genuinamente sirven al desarrollo, o cómo se manejarán sus impactos ambientales, se cae en discusiones sobre quiénes se apropiarán de parte de esos recursos financieros, o cuál será el porcentaje que le toca a cada uno. De esta manera, se generan reclamos por porcentajes mayores, o por su destino (si se usarán en construir escuelas, puestos de salud o un nuevo edificio para la alcaldía, por ejemplo). Incluso pueden existir exigencias territoriales distorsionadas, donde una comunidad local reclama un derecho ancestral sobre un territorio pero como un medio para asegurarse un porcentaje mayor de captación de esos excedentes. Buena parte de estas discusiones y sus claroscuros son entendibles ya que muchas comunidades locales han padecido durante décadas los impactos negativos del extractivismo sin percibir beneficios directos. Por lo tanto, es comprensible que sus demandas también busquen lograr una tajada mayor del dinero que allí se genera. Pero el problema es que bajo el neo-extractivismo no se avanza en un análisis más profundo sobre ese estilo de desarrollo, y la izquierda por lo tanto renuncia a esa posibilidad, con lo cual legitima y refuerza las situaciones actuales. En algunos casos, se llega hasta conflictos entre distintos grupos locales, y de ellos frente al Estado, disputándose diferentes tajadas de las supuestas ganancias del extractivismo.
Por un lado, esto refuerza el papel del Estado como árbitro en esas discusiones, ya que decidirá finalmente cómo se usarán los financiamientos públicos. Podrá premiar a algunas comunidades o líderes locales, con ayudas financieras, pero también puede negarles a otros grupos esos beneficios.
Se refuerza entonces un papel de control y encauzamiento de las demandas sociales. Pero por otro lado, también hay casos donde se refuerza el protagonismo de las empresas extractivistas frente a las comunidades locales. Algunas grandes transnacionales mineras o petroleras, negocian directamente con las comunidades locales y construyen centros de salud o escuelas, y por lo tanto terminan reemplazando al propio Estado. Este problema se mantiene, y en algunos casos se ha agravado, ya que ese tipo de acciones ahora son llevadas adelante por las propias empresas estatales. Siguiendo estos caminos, las discusiones sobre el extractivismo se distorsionan, desplazadas a cómo usar sus excedentes, dejando en segundo lugar un análisis crítico sobre el papel que desempeñan en las estrategias de desarrollo.
La validez del extractivismo actual no se cuestiona, ni los problemas básicos de la inequidad que conlleva, y bajo la prédica progresista de una recuperación del poder estatal, el debate reside en cuestiones donde muchas de ellas son instrumentales. (...)".
Extraído del libro "Extractivismo, política y sociedad"
25-06-2010
Fuente: www.lahaine.org/index.php?p=46478&lhsd=1
En consecuencia, el sistema de agronegocios y el neoextractivismo prueban qué significa el elogio de la Presidenta de que el modelo consolide la armonía del Estado con el Mercado, que es el de las transnacionales.
La disposición de los diversos de abajo a programar y poner en práctica la «reforma agraria integral» será facilitada en la medida en que podamos superar la desinformación, el discurso y el pensamiento único, la falsa polarización del progresismo con la ultraderecha en cuanto al modelo de las transnacionales. Lo conseguiremos sobre todo haciendo visible lo ocultado, amplificando lo silenciado y descubriendo los porqué de la estigmatización, de la discriminación.
