I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Asociamos la lucha contra la «impunidad» a la valiosa e histórica que comenzaron las Madres de Plaza de Mayo y que libraron y libran los otros organismos de derechos humanos por Aparición con vida y por juicio y cárcel común a los militares, policías que dirigieron y ejecutaron el genocidio. A raíz de esta lucha, tenemos presentes a los 30.000 detenidos-desaparecidos pero que lo son por organizarse y luchar unos en procura de justicia social y otros de la emancipación nacional, social. Constituían las fuerzas populares contra la reestructuración socioeconómica y política, cultural e institucional del país que el capitalismo requería para progresar. Fue impuesta mediante conversión del Estado en terrorista y liderazgo de EE.UU.. Benefició en exclusivo a la alianza de las potencias imperialistas con todos los factores locales de poder. Implicó subordinación de Argentina al sistema financiero global y para ello, se implantó el sistema de la deuda externa pública.

Los principales responsables de que se llevara a cabo la planificación de la miseria al decir de Rodolfo Walsh y de la continuidad son los grandes capitales locales: Rocca (Techint), Franco Macri, Fortabat, Blaquier, Pérez Companc, Bulgheroni, Pagani, Arturo Acevedo...¿Por qué? Leamos los primeros párrafos del extenso artículo siguiente:

Deuda externa y valorización financiera en la Argentina actual.

Factores explicativos del crecimiento del endeudamiento externo y

perspectivas ante el proceso de renegociación (aquí) 

Por Matías Kulfas - Martín Schorr
Este trabajo desarrolla la idea de que el fenómeno de la deuda en la Argentina no puede ser circunscripto estrictamente a una problemática o contradicción restringida exclusivamente a un universo de acreedores externos e instituciones financieras internacionales por un lado, y al Estado nacional por el otro. Antes bien, el endeudamiento público externo juega un papel central en el proceso de valorización financiera que ha regido los patrones de la acumulación de capital en la economía local durante el último cuarto de siglo. Así, pues, la constatación empírica de la creciente acumulación de capital y la cooptación de los poderes públicos perpetrada por los sectores concentrados del capital local permiten confirmar que el proceso de endeudamiento argentino no debe ser visto como una conspiración internacional en contra del desarrollo argentino sino, antes bien, como una pieza fundamental a partir de la cual se ha estructurado el capitalismo argentino de fines del siglo XX.

I. Orígenes y naturaleza del endeudamiento externo argentino
El capitalismo argentino actual reconoce, en la última dictadura militar, un quiebre fundamental en los patrones centrales que hacen a la valorización del capital y la distribución del ingreso. Por su parte, las reformas económicas de los años noventa consolidaron y acentuaron los rasgos esenciales de la mencionada reestructuración. En dicho contexto, el endeudamiento externo del país comenzó a desempeñar un papel fundamental, no sólo como resultado de las transformaciones en el escenario internacional (el surgimiento de la denominada "globalización financiera", la aceleración de los flujos internacionales de capitales, etc.) sino también (y no menos importante) porque el endeudamiento externo ha operado como el elemento que ha hecho viables los procesos de valorización financiera de los sectores dominantes locales (...)

En otras palabras, la deuda externa no representa un fenómeno en sí mismo sino que constituye un engranaje dentro del capitalismo argentino; por ende, reestructurar la deuda sin alterar los patrones de acumulación y distribución parece ser una estrategia destinada al fracaso. Un razonamiento análogo cabe enunciar para la propuesta del repudio de la deuda.

La deuda externa encuentra su génesis histórica en la última dictadura militar. A mediados de los años setenta, la economía internacional presentaba elevados índices de liquidez, bajas tasas de interés y bancos ávidos de obtener nuevas plazas de colocación. De este modo, comenzaron a afluir al mercado doméstico (y a otros países de América latina) importantes corrientes de capitales. En el caso puntual de la Argentina, el ingreso de esos capitales asume inicialmente la forma de préstamos al sector privado. El marco contextual era una economía que había reducido drásticamente sus niveles de protección, a lo cual se agregó la reforma financiera concretada en 1977 que liberalizó la actividad financiera.

El negocio del endeudamiento externo consistía, esencialmente, en aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés locales e internacionales. Las divisas ingresaban al país, se cambiaban al apreciado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, operatoria que arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de la región que destinaron parte del endeudamiento a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina se inició una etapa en que la forma predominante de acumulación ha sido la valorización financiera ligada a la desindustrialización, la centralización del capital y la concentración de la producción y del ingreso.

Hasta fines de los años setenta se trataba esencialmente de una operatoria sesgada al sector privado (el endeudamiento público estaba asociado con las recurrentes crisis de balanza de pagos características del modelo sustitutivo). Finalmente, también el Estado comenzó a participar del endeudamiento, ejerciendo el papel de garante del mencionado proceso. Ante la magnitud que asumía el fenómeno, los bancos extranjeros comenzaron a exigir al sector privado local la apertura de depósitos bancarios que hicieran las veces de garantía para el funcionamiento de uno de los circuitos que por entonces formaba parte de la denominada "bicicleta financiera"(...)".

Por ocultar el país al servicio exclusivo de estas corporaciones locales e imperialistas (que se instauró mediante terrorismo de estado) y modelar el mito de identificarse con los 30.000 y de haber condenado a los represores en forma decisiva para el Nunca Más, el gobierno K se esmera en convencer de que: el proceso de imposición dictatorial es pasado; la democracia es cada vez mayor; y los tribunales ya han hecho lo suficiente para seguir en esa función. Este discurso puede tener éxito si:

Desparecidos, un crimen vigente en América Latina

Por Agencia Venezolana de Noticias

"Desde 1981 y a partir de una propuesta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefan) cada 30 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional del Desaparecido, una figura tristemente vigente en América Latina. Los ejemplos más recientes de este tipo de crímenes, realizados a través de la planificación estatal o paramilitar, son los falsos positivos en Colombia, los asesinatos llevados a cabo por el régimen dictatorial en Honduras y los crímenes derivados del conflicto con el narcotráfico en México.

Durante la jornada de este lunes, tanto Amnistía Internacional (AI) como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se pronunciaron sobre el tema.

Ambos organismos reclamaron a los gobiernos del mundo que “ratifiquen la Convención sobre Personas desaparecidas de Naciones Unidas para luchar contra esta práctica abominable”.“La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos cometida por los Estados o con su colaboración que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo, con casos registrados en más de 80 países”, explicaron desde AI. Para la organización de derechos humanos la mayoría de los casos de detenidos-desaparecidos “siguen sin investigarse”. Por su parte, el CICR señaló que “es preciso que más Estados se adhieran urgentemente a la Convención Internacional”, ya que hasta ahora sólo 83 países la han firmado y 19 se han adherido a la misma.

Los desaparecidos de hoy

Si bien en las décadas del setenta y ochenta los pueblos de América Latina sufrieron los mayores casos de desaparición de personas, principalmente por parte de las dictaduras militares, en estos días la problemática se mantiene como un hecho preocupante en varias naciones.

México

Según el diario La Jornada, México “es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas”. El periódico afirmó que “la lista aumenta vertiginosamente” y que en el sexenio del presidente Felipe Calderón ya ocurrieron 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.

Precisamente hace una semana fue hallada una fosa común con 72 cuerpos de migrantes, en el estado de Tamaulipas. Días después fue encontrado muerto Roberto Javier Suárez Vázquez, el fiscal del Ministerio Público que investigaba la masacre.

Colombia

Otro caso emblemático sucede en Colombia con asesinatos perpetuados por el Estado o por organizaciones paramilitares, que en su mayoría cuenta con impunidad gubernamental. En julio pasado, el Instituto de Medicina Legal (IML) reveló que en los últimos tres años la nación neogranadina sufrió 38.255 desapariciones de personas, víctimas del conflicto interno que vive el país hace más de sesenta años. De la cifra total, 18.236 casos se denunciaron en el último año, mientras que 15.696 corresponden a 2008 y 4.323 a 2007.

La directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asafades), Gloria Gómez, aseguró que estos hechos “necesariamente tienen que ver con funcionarios estatales que participaban directamente en las desapariciones”. Uno de los hallazgos más recientes se produjo a finales de julio pasado, cuando una delegación de ciudadanos colombianos y representantes internacionales certificó la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados, en la localidad de Macarena. Un mes después fue asesinada Norma Irene Pérez, una de las activistas de derechos humanos que integró la referida delegación.

Honduras

También el pueblo de Honduras sufre la desaparición forzada, sobre todo a partir del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Desde ese momento, primero con la dictadura de Roberto Micheletti y luego con el actual gobierno de facto de Porfirio Lobos, la represión ilegal contra la población sucede a diario.

Según la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva, la represión gubernamental trabaja en conjunto con el crimen organizado.

Oliva calificó la situación del país centroamericano como crítica, ya que el Comité recibe diez denuncias diarias de violaciones a los derechos humanos, desde asesinatos selectivos hasta acoso y amenazas de muerte a los miembros de movimientos sociales.

El hecho más reciente en Honduras fue el descubrimiento de una fosa común con más de cien personas asesinadas en los últimos meses.

Cuando las dictaduras reinaban en el Cono Sur

A partir de la década del setenta, las dictaduras militares irrumpieron en Suramérica con varios objetivos concretos, entre ellos: aniquilar a las organizaciones político militares que buscaban el triunfo de la revolución, eliminar a quienes figuraban en las listas de los promotores del anticomunismo y aplicar planes económicos diagramados en Washington, que serían el prólogo al neoliberalismo de la década del noventa.

Con el apoyo total del Departamento de Estado estadounidense y la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), los regímenes represivos aplicaron políticas sistemáticas de desaparición de personas como método principal.

El denominado Plan Cóndor es sólo un ejemplo de la coordinación de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay para intercambiar prisiones políticos y asesinarlos sin fronteras que entorpezcan. En Argentina, la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla cometió, desde 1976 A 1983, 30 mil desapariciones a través de una red de centros clandestinos de detención regada por todo el país. En Chile, el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) desapareció a 3 mil personas, mientras mantenía en calidad de detenidos-desaparecidos a otras miles en cárceles o centros clandestinos. Por su parte, la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fue la responsable de 200 desaparecidos, aunque la persecución política llevó a cientos de personas a las cárceles o al exilio. Según familiares de víctimas, en Brasil el régimen dictatorial que sufrió el país entre 1964 y 1985 tenía, para 1979, una lista de 339 desaparecidos, aunque sólo 144 eran confirmados. En Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue responsable de la desaparición forzada de 377 ciudadanos. En el caso de Bolivia, en 1971 Hugo Banzer encabezó un golpe de Estado para instaurar un régimen que persiguió a militantes de izquierda, al igual que en el resto del Cono Sur. Tras dimitir Banzer, en 1980 el general Luis García Meza da un nuevo golpe de estado con apoyo de paramilitares reclutados por el criminal nazi Klaus Barbie y el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, derrocando a la Presidenta constitucional interina Lidia Gueiler Tejada. El régimen de Banzer tuvo como saldo 3.600 exiliados y más de 10 mil perseguidos políticos y encarcelados, mientras que cifras oficiales revelaron que durante el período de García Meza hubo al menos 170 desapariciones forzadas.

Los desaparecidos de la IV República

Si bien Venezuela no tuvo una dictadura militar entre las décadas del setenta y ochenta, los gobiernos del período conocido como IV República (1958-1998) fueron responsables también de desapariciones de personas a través de métodos represivos. Antes de la irrupción de regímenes represivos en el Cono Sur y Centroamérica, en Venezuela se produjeron los primeros casos de este tipo de crímenes, justificados en el anticomunismo. El ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció que durante la IV República se produjeron más de mil desapariciones de personas y que se implementó la tortura aprendida en la Escuela de las Américas. Para el autor del libro La desaparición forzada en Venezuela, Agustín Arzola, a partir de 1964 “se activaron manuales de represión selectiva para América Latina que incluyen desde la tortura hasta la desaparición de opositores de izquierda, producidos por la castrense Escuela de las Américas en Estados Unidos”.

Centroamérica desaparecida

Las naciones centroamericanas que sufrieron con mayor intensidad el aparato represivo militar y, por ende, la desaparición de personas fueron Guatemala, Honduras y El Salvador. Guatemala ostenta en América Latina el triste récord de la mayor cantidad de desaparecidos políticos: 40 mil luego de treinta años de guerra interna hasta que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz. A finales de la década del setenta y durante 1980, las organizaciones revolucionarias guatemaltecas tuvieron un gran crecimiento y como consecuencia fueron víctimas de una fuerte política represiva por parte del Estado. El saldo de esta política oficial dejó 200 aldeas arrasadas en el campo, más de 300 mil muertos y más de 250 mil refugiados en México. Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en ese país las desapariciones forzadas se iniciaron en 1979, pero se practican con mayor intensidad a partir de 1981, dejando como saldo a 200 personas de quienes no se conoce su paradero. Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil entre las fuerzas estatales, apoyadas por Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Con métodos de represión aplicados en varios países, las fuerzas de seguridad salvadoreñas cometieron matanzas y aplicaron la tortura como método previo a la desaparición.

Una historia inconclusa

Un ejemplo para los latinoamericanos es el trabajo incasable de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, que nunca han desfallecido en la búsqueda de sus hijos y nietos, arrebatados por las dictaduras militares, asesinados, enterrados en lugares desconocidos, echados al mar o entregados en adopción a familias vinculadas o defensoras de esos regímenes, como la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien fue denunciada por apropiación de niños y ha obstruido el proceso para la identificación de Marcela y Felipe Noble Herrera.

La herida abierta en América Latina con las desapariciones forzadas impone a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas sostener e impulsar la lucha no sólo contra la impunidad de otrora sino también por develar las prácticas que se retoman hoy para acrecentar la larga historia de crímenes de esta naturaleza en nuestro continente".

Fuente original: http://avn.info.ve/node/14462

Fuente: www.rebelion.org / América Latina y Caribe / 01-09-2010

Ideología

Reflexionemos sobre lo que Ana Esther Ceceña señala: "Desde Irak hasta la Patagonia, los poderosos han puesto especial cuidado hoy en construir una legalidad que justifique sus acciones de intromisión. Ante una legitimidad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes antiterroristas que tienden a crear:

• por un lado, una complicidad entre todos los Estados y por esa vía van imponiendo políticas y juridicidades supranacionales y,

• por el otro, una paradójica situación de estado de excepción permanente en el que todos los ciudadanos serán rigurosamente vigilados porque todos son sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de qué. Generalmente de pretenderse sujetos.

El derecho se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindique democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a construir el panóptico que vigila desde todos los ángulos: con cámaras de video en los bancos, en los semáforos, en las calles transitadas; que permite la intercepción telefónica en casos que así lo ameriten; que permite la tortura cuando se trata de detenidos catalogados como terroristas sin ningún juicio previo y que admite la detención de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión previa, simplemente para investigar. Es decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una población que no podrá saber previamente a la detención si era sospechosa de algo, como medio para paralizar y disuadir de conductas terroristas o insurgentes. Los delincuentes comunes tienen construida toda otra red de relaciones que sólo casualmente son tratados de acuerdo a estas mismas normas". aquí

Relacionemos el análisis de Ceceña con lo que está sucediendo y sucedió en Argentina bajo gestión K:

◊La Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh difunde:  El Estado Argentino estaría próximo a “perfeccionar” la criminalización de la protesta, utilizando la Ley Antiterrorista, aprobada en el año 2006,  durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que pretenden profundizar, desde el parlamento, como herramienta de persecución y aniquilamiento de todas las luchas políticas y sociales.

Un claro ejemplo de las consecuencias de esta ley, las vemos hoy en una de sus manifestaciones más perversa, en Chile, con la feroz persecución a los Mapuches, los anarquistas y cualquier organización que se levante y cuestione el establishment.

Ley Antiterrorista – Segunda Parte

Por Fabiana Arencibia-Red Eco

Tiene estado parlamentario un proyecto de ley que avanza sobre la definición detallada de los delitos penales que podrían considerarse “actos de terrorismo”. Si se aprueba, las figuras con las que se persigue la protesta social serían consideradas “actos de terrorismo internacional”.

"En medio del debate y la pelea por el tema de Papel Prensa, ha pasado desapercibida la presentación de un proyecto de ley que, de aprobarse, también cercenaría una forma de libertad de expresión al calificarla como “acto terrorista”. El proyecto, que ingresó el 15 de julio pasado a la Cámara de Diputados de la Nación bajo el número de expediente 5179-D-2010con giro a las comisiones de Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tiene como firmante al radical  Ricardo Gil Lavedra y como cofirmantes a otros diputados de UCR, de la Coalición Cívica, del Pro, del GEN, del Peronismo Federal  y del Partido Socialista (1).

 (Nuevo proyecto de Ley Antiterrorista) Bajo el nombre de “Actos de terrorismo internacional. Tipificación. Organizaciones terroristas internacionales”, este proyecto avanza sobre la línea marcada por la de la Ley 26268 “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”, presentada en diciembre de 2006 con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner y aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras a mediados de junio de 2007 (2).

Aquella ley incorporó al Código Penal dos artículos (213 ter. Y 213 quater). Con el primero se definió cuándo una asociación ilícita es considerada “terrorista”. En el segundo se estableció como delito el financiamiento a una asociación ilícita terrorista o a un miembro de la misma. Este proyecto asocia taxativamente figuras delictivas contenidas en el Código Penal – dentro de las cuales, como decimos en el párrafo anterior, ya se encuentra la figura de asociación ilícita terrorista- a la definición de “actos de terrorismo internacional” (art.1).

De esta manera enumera 19 casos. Uno de ellos, el de Acciones contra los medios de transporte o comunicación, hace referencia a los artículos 191 y 194 del Código Penal (3). Este último tipifica como delito la acción de entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”.  Un corte de calles en el marco de una protesta es entonces un delito que para este proyecto se encuadraría como un “acto de terrorismo internacional” cuando haya sido dispuesto por una organización considerada como “organizaciones terroristas internacionales”.¿Y cómo define a este tipo de organizaciones? Su artículo 2º dice: “Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquellas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo (…) que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”.

Otros de los delitos tomados por el proyecto para encuadrarlos como “actos de terrorismo internacional” son el de Privación ilegal de la libertad (art. 141 a 143) y el de Atentado y resistencia contra la autoridad (art. 237 y 238).

En los fundamentos del proyecto se intenta poner en pie de igualdad las acciones que allí se detallan con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado imponiendo nuevamente la teoría de los dos demonios. Además, al definirlo como internacional habilita a abrir fronteras para perseguir a quienes considere como culpables (Estados extranjeros u organizaciones internacionales).

A nadie escapa que gran parte de las causas abiertas contra luchadores sociales se basan en estos delitos lo cual marca el peligro de que no haya trascendido la existencia de este proyecto y, lo que es peor, que tal como sucedió con la Ley 26268 sea aprobado en una sesión maratónica sin que tome estado público. Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer público la existencia de este proyecto.

 (1)    UCR: Gil Lavedra, Aguad, Tunesssi, Alfonsín. Coalición Cívica: Carrió, Bullrich, Vega, Pérez. PRO: Pinedo, Satragno. GEN: Stolbizer. Peronismo Federal: Solá. Partido Socialista: Cortina.

 (2)    Ver el trabajo de investigación de Red Eco “El Mismo Terror. El Terror Mismo” .

 (3)    Art. 191.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar

Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

 Fuente: www.agenciawalsh.org / 03-09-2010

◊Red Eco Alternativo
Agosto 2007- Argentina

La cultura del terror/El mismo terror

El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser
Eduardo Galeano - El libro de los abrazos

 Parte I: A imagen y semejanza

"A principios de julio de este año, luego de pasar velozmente por las dos cámaras del Congreso Nacional, fue promulgada en el país nuestra Ley Antiterrorista(*1). Son ocho artículos que modifican el Código Penal y extienden las facultades de la Unidad de Información Financiera (UFI)(*2), con el objetivo de incorporar a nuestra legislación la confusa figura de asociación ilícita terrorista.

A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos. La norma, disfrazada de ley antiterrorista, es un instrumento estratégico para el control de la protesta social, sancionada bajo presión y por orden del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI)

El GAFI es un organismo supranacional creado en 1989 en París, en la Reunión Cumbre del Grupo de los 7. Este grupo prevé dos sanciones para los países que no legislen en materia de financiamiento del terrorismo según las normas internacionales: declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas a esos país. Y el siguiente paso es la expulsión del país del seno de dicho grupo. Para Argentina el plazo se vencía el 23 de junio de 2007. Por eso, si bien el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de modificación del Código Penal a fines de diciembre de 2006, los legisladores lo aprobaron en mayo de 2007 y el 5 de julio fue publicado en el Boletín Oficial.

(*1)Ley no 26.268
(*2)Ley no 25.246 - Legisla sobre el Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y crea la Unidad de Información Financiera (UFI). Lo que hace la modificación es incorporarle como delito el del financiamiento del terrorismo para adaptarlo a la modificación del Código Penal. Resolución 54/109 del 9 de diciembre de 1999

Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores nacionales inventaron algo nuevo. Tomaron casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas, Estados Unidos estableció sobre quiénes son terroristas, cuáles son los actos terroristas, y qué es una organización terrorista.

La idea del terrorismo como enemigo de la humanidad no surgió en Estados Unidos a partir del atentando contra las Torres Gemelas. En 1996, Estados Unidos sancionó el Anti-Terrorism & Effective Death Penalty Act, modificando su primera definición de terrorismo, plasmada en el Acta de Inmigración y Nacionalidad, que regula la entrada de inmigrantes al país. Después del atentado a las Torres Gemelas, una nueva norma avanzó sobre la definición del terrorismo, la USA Patriotic Act(*3)El Acta del 96, cuyo propósito es frenar el financiamiento de organizaciones terroristas, amplía además las facultades de la Secretaría de Estado. Esta norma define que cualquiera que cometa actos contra la seguridad nacional es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, se encontrará que define seguridad nacional como la defensa, seguridad e intereses económicos de Estados Unidos. O sea que quien ataca de casi cualquier forma los intereses económicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista.

La Patriotic Act, entre otras cosas, amplía las facultades del presidente, de la justicia militar, y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, y tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales.

Bajo la conjunción de estas normas, cualquiera puede ser señalado a discreción por el presidente norteamericano como presunto terrorista, o sospechoso de tener relaciones con organizaciones probablemente terroristas, o aparentemente vinculadas a actividades que podrían tener como objetivo financiar actos terroristas. Dentro de Estados Unidos, puede ser juzgado por un tribunal militar, sin derecho a apelación.

Cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (*4), Estados Unidos ya había definido lo que considera financiamiento de organizaciones terrorista en el Acta de Inmigración y en el Acta de 1996. Estados Unidos marcó el rumbo una vez más dentro de la ONU. Por su política belicista e imperial, por el papel que juega dentro de Naciones Unidas y por ser uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se podría pensar que ha sido quien introdujo este debate para que la ONU comprometiera al planeta en su propagandizada batalla contra el terrorismo.

Convenio, Resoluciones y Recomendaciones

Para comenzar habría que decir que para los países existen normas internacionales que jurídicamente son vinculantes y otras que no lo son. Entre las primeras se encuentran las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y las Convenciones Internacionales de la ONU. Entre las segundas se encuentran las que se establecen entre grupos de países que actúan en forma conjunta. Ejemplo de esto son las Recomendaciones Especiales del GAFI. Sin embargo, en materia de financiamiento del terrorismo, todas las normas resultan en la práctica vinculantes y han sido tomadas por los países que han redactado nuevas legislaciones o han modificado sus códigos penales para incorporar a él la figura de terrorismo. Nos estamos  refiriendo a:

• El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

• La Resolución Nº 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU

• Las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo (…)

• Las Notas de orientación del GAFI, cuando hablan del congelamiento de fondos, definen a terroristas como “aquellos que financien al terrorismo y organizaciones terroristas”.

Tanto el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las Recomendaciones Especiales del GAFI omiten la mención del terrorismo de Estado que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo.

La única referencia a los derechos humanos está en el artículo 21 del Convenio que señala: “Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes”. Los mismos abogados del FMI afirman en el Manual que "En algunos países preocupó la posibilidad de que, por su amplitud, la definición genérica de actos terroristas establecida en el Convenio a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo fuera susceptible de abusos. Se temía en especial que determinadas formas de protestas públicas, legales o ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definición de actos terroristas. Esos países han procurado subsanar este problema agregando a la definición un texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo a menos que estén presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo". En la ley antiterrorista argentina, esta aclaración no está siquiera presente. La misma lógica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como "cualquier acto que tenga como finalidad... (...) "siempre que su propósito sea....

Respecto al delito de financiamiento del terrorismo, queda claro que la definición se basa no solo en si el hecho se comete sino en la "intención" y la "finalidad, aunque el acto que se pretendía financiar no se consume. Se penaliza la asociación y no el supuesto acto delictivo. La figura de "asociación ilícita" se utilizó para procesar a la inmensa mayoría de los presos políticos de 1974 a 1983 y se utiliza hoy para acusar a los protagonistas de las protestas sociales. La misma lógica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como "cualquier acto que tenga como finalidad... (...) "siempre que su propósito sea.... La sanción de leyes antiterroristas en los países de América Latina, bajo instrucción y presión directa de organismos internacionales que responden a los intereses estadounidenses, redactadas en base a las leyes de ese país, son un instrumento de control para sus objetivos estratégicos en el continente.

“Suponer que este tipo de legislación sirve para dar batalla al terrorismo es asumir las condiciones del “mundo al revés” que nos propone Bush. Es asumir la colección de mentiras de la estrategia imperial que, en nombre de las amenazas a la seguridad, pretende enrolar al mundo en la destrucción de la vida”(*5) Fuente: http://www.redeco.com.ar/opinion/terrorismo.html

Para peor, como dice Ana Esther Ceceña: desde 2004 "Brasil, Argentina, Uruguay y Chile  están a cargo del disciplinamiento y la represión al pueblo haitiano, de la destrucción de la organización política del pueblo haitiano en razón de su supuesta incapacidad para autogobernarse".Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó a las tropas argentinas a principios de 2008 y las felicitó.

Premisas e hipótesis

Partamos de repetir otra vez lo dicho por Ana Esther Ceceña en "La dimensión militar se impuso al mercado como eje ordenador" (2006):

a.

"Desde Irak hasta la Patagonia, los poderosos han puesto especial cuidado hoy en construir una legalidad que justifique sus acciones de intromisión. Ante una legitimidad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes antiterroristas que tienden a crear:

• por un lado, una complicidad entre todos los Estados y por esa vía van imponiendo políticas y juridicidades supranacionales y,

• por el otro, una paradójica situación de estado de excepción permanente en el que todos los ciudadanos serán rigurosamente vigilados porque todos son sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de qué. Generalmente de pretenderse sujetos.

El derecho se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindique democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a construir el panóptico que vigila desde todos los ángulos: con cámaras de video en los bancos, en los semáforos, en las calles transitadas; que permite la intercepción telefónica en casos que así lo ameriten; que permite la tortura cuando se trata de detenidos catalogados como terroristas sin ningún juicio previo y que admite la detención de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión previa, simplemente para investigar. Es decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una población que no podrá saber previamente a la detención si era sospechosa de algo, como medio para paralizar y disuadir de conductas terroristas o insurgentes. Los delincuentes comunes tienen construida toda otra red de relaciones que sólo casualmente son tratados de acuerdo a estas mismas normas".aquí

¿Cómo, en la Argentina de hoy, se construye la legalidad y legitimidad de políticas y juridicidades supranacionales y un estado permanente de excepción?

LOS MOTIVOS DEL VIAJE DEL HOMENAJEADO JUEZ REPRESOR

CORREPI (en Boletín informativo nº 571)

"Desde hace más o menos un mes, el gobierno argentino en pleno, y su camarilla de amigos y aliados, vienen rindiendo pleitesía al juez español Baltasar Garzón. La presidenta lo homenajeó en persona, con el secretario de DDHH y otros funcionarios, en un gran acto público. La DAIA lo presentó como invitado de lujo en el acto frente a la AMIA, en el aniversario del atentado. Junto con Néstor Kirchner y el fiscal Nisman, fue orador central en el 4º Encuentro del Foro de Parlamentarios Latinoamericanos que sesionó en el Hotel Panamericano, y, como frutilla del postre, esta semana tuvo a su cargo el cierre del acto de presentación del informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria en la ciudad de La Plata, cuyas autoridades lo distinguieron, además, como ciudadano ilustre.

El juez Garzón construyó su fama de “paladín de los DDHH” con las mediáticas causas de mediados de los ’90 contra represores extranjeros como Pinochet y Videla, a los que acusó por genocidio y tortura. En casi total soledad, CORREPI advirtió públicamente, por aquellos años, que confiar en el juez de la Real Audiencia y comprar el cuento de la “Justicia Internacional”, entrañaba un enorme peligro para los luchadores de todo el mundo. La máscara de apóstol de la lucha contra el terrorismo de estado, le servía –y cómo le sirvió- a Garzón para ocultar su propia condición de necesario engranaje en la maquinaria represiva del estado español.
 

Por la misma época en que Garzón llenaba las primeras planas de los diarios con su cruzada contra los crímenes de lesa humanidad, unos pocos nos desgañitábamos denunciando la persecución sistemática, los secuestros, las ejecuciones y las torturas... del democrático estado español. Garzón es un gran exponente de la doctrina que abrazaría con entusiasmo el kirchnerismo: cómo usar la “política de DDHH” como herramienta represiva, cooptando consenso a través del pasado, para legitimar la represión de hoy.

No es novedad –aunque no sea “noticia”- que en España, al amparo de jueces como Garzón, hay presos políticos sometidos a “técnicas de interrogatorio” y regímenes de aislamiento no muy diferentes a los de Guantánamo o las cárceles de la CIA; que hay bandas paraestatales como las GAL y sus continuadoras, y un compendio de leyes antiterroristas que dan “legalidad” a la persecución, al cierre de periódicos y al encarcelamiento de periodistas, de defensores de DDHH y de abogados de presos políticos.

Si es el pasado, podemos recordar la llamada “Operación Garzón” en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, cuando la Guardia Civil, actuando bajo las órdenes del gran juez, detuvo 30 personas vinculadas al movimiento independentista catalán. Los interrogaron a fuerza de submarino seco, golpes, picana, dificultación del sueño y simulacros de ejecución. Doce años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo –que no es precisamente un tribunal popular revolucionario- responsabilizó al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, don Baltasar Garzón, y condenó al estado español.

En 1997, un informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa confirmó decenas de denuncias de torturas a presos políticos bajo la vigilante mirada del juez Garzón. En lo que va del siglo XXI, son más de 700 los casos de muertes y torturas denunciados y acreditados por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, el Comité Contra la Tortura de la ONU y Human Rights Watch. Organizaciones que tampoco corren el riesgo de ser acusadas de revolucionarias, marxistas o defensoras de los independentistas vascos o catalanes.

Hace unos años, el juez Garzón ya anduvo de gira por Argentina. Esa vez, su objetivo real fue hacer campaña para Cristina Kirchner, mientras hacía lobby en defensa de los intereses de Repsol. Esta vez, el motivo de su viaje fue más visible todavía. Donde más claramente lo expresó fue en el Foro de Parlamentarios Latinoamericanos, un encuentro convocado, desde 2007, por el Congreso Judío Latinoamericano, brazo regional del Congreso Judío Mundial. Ahí, adelante de más de 50 parlamentarios de 7 países latinoamericanos, Garzón defendió la necesidad de incrementar, en todos los países, leyes antiterroristas con bases y fundamentos comunes, para potenciar la “lucha contra el terrorismo”...

Como Chirolita del Departamento de Estado yanqui, repitió el discurso que tan bien conocemos sobre la amenaza del terrorismo en la región y la importancia de elaborar herramientas legales para combatir este flagelo. Puso como ejemplos los "excelentes resultados" obtenidos en España y Colombia y enfatizó: “Si no hay un consenso internacional es muy difícil combatir eficazmente el terrorismo”.

Desde la tribuna, lo apoyó otro autodenominado defensor de los DDHH, celebrado como juez del juicio a las juntas, no casualmente elegido por el gobierno argentino como juez ad hoc de la Corte Interamericana de DDHH durante el trámite del caso Bulacio. Ricardo Gil Lavedra dijo: “Debemos continuar con la adecuación de nuestra legislación a los compromisos internacionales; seguir las recomendaciones de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las medidas que dictó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: inteligencia, coordinación y cooperación.”. A confesión de parte, relevo de prueba.

Y mientras le dure la plata que pusieron los que lo invitaron, Garzón seguirá haciendo campaña por más leyes antiterroristas, seguido por la cohorte de alcahuetes que lo candidatean para el Premio Nobel de la Paz. Total, si ya se lo dieron a Kissinger y Obama, ¿por qué no se lo podrían dar al juez torturador?".

Fuente: http://argentina.indymedia.org/ 18-08-2010
 

b.

Ana Esther Ceceña, en "La dimensión militar se impuso al mercado como eje ordenador" (2006), continúa: "Estas capas envolventes, que atañen a América Latina en su conjunto, van a estar focalizadas en tres áreas distintas en las que parecen atender a tres estrategias diferenciadas. Esas tres subregiones se caracterizan también por tres paradigmas distintos de dominación y sus diferencias geopolíticas son muy claras. En los tres casos, por diferentes razones, se trata de puntos estratégicos tanto por los recursos que albergan como por su posición geográfica específica.

La primera región es la constituida por Colombia y su área circundante. Yo destacaría dos elementos en este caso, relacionados con la estrategia contrainsurgente y de ocupación militar:

1. el experimento de la polarización para valorar hasta dónde es posible dominar, controlar e incluso hegemonizar a través de un esquema de polarización exacerbada, y

2.  hasta dónde es posible, a partir de asentamientos o de construcciones sociales como la colombiana, el control de la que Estados Unidos considera la mayor amenaza hoy en el continente, que es Venezuela, evaluando el carácter de las tensiones fronterizas que se desarrollan y la capacidad de control de la insurgencia venezolana desde Colombia.

La segunda subregión es la del Caribe y la cuenca del Golfo de México, extendida hasta Venezuela. El enclave paradigmático en este momento se localiza en el caso de Haití, aunque, evidentemente, con fuertes implicaciones para Cuba. Haití es un caso muy importante porque es donde se está ensayando otra manera de establecer la hegemonía a través de la complicidad casi obligatoria de todos los ejércitos del continente, sin olvidar la de Francia, que asegura tener ahí un conflicto de intereses. La ocupación de Haití, así sea por los llamados cuerpos de paz, es una ocupación militar, impuesta. Todos sabemos que la figura de cuerpos de paz fue creada como parte de los mecanismos de penetración contrainsurgente de la USAID en los momentos inmediatos posteriores a la Segunda guerra mundial. Aunque ahora esta figura esté sancionada por la ONU, la conformación latinoamericana de los ocupantes de Haití está involucrando una estrategia que hasta ahora no había tenido éxito, y es que los países de América Latina todavía no acaban de aceptar en el Consejo Hemisférico la construcción de la fuerza militar hemisférica, como fuerza multinacional, porque saben el riesgo que tiene en términos de pérdida de soberanía, y sin embargo ya les es impuesta a través de su participación en Haití; son Brasil, Argentina, Uruguay y Chile los que están a cargo del disciplinamiento y la represión al pueblo haitiano, de la destrucción de la organización política del pueblo haitiano en razón de su supuesta incapacidad para autogobernarse (...)".

"El otro eje del paradigma, el otro ensayo de estrategia, es el caso de Paraguay. Es un caso urgente dado que el país completo ha sido convertido en base militar, con implicaciones regionales de primera importancia. Por las características del convenio firmado, que ya está en práctica, se puede inferir la reactivación, sobre bases mucho más modernas, del siniestro Plan Cóndor. Simultáneamente, Paraguay es el corazón de una subregión que si bien ha sido escenario de acción de dictaduras militares que se significaron por su creatividad perversa en todo tipo de torturas y por ser máquinas implacables de desaparición y muerte, hasta ahora no tenía bases militares directamente de Estados Unidos. Los ejercicios conjuntos en Paraguay han sido sistemáticos pero el carácter de la ocupación militar actual no tiene precedente.

Esta subregión concentra una enorme porción del agua dulce del planeta en sus abundantes ríos y lagos, en los acuíferos subterráneos y en los glaciares del sur, además de minerales y otros recursos valiosos como petróleo y gas, particularmente en Argentina y Bolivia. Es en este sentido de una importancia indudable. El convenio con Paraguay, la insistencia en que la triple frontera (Paraguay, Argentina y Brasil) es lugar de refugio de terroristas, y la visita de Bush a Mar del Plata han acelerado la aprobación de leyes antiterroristas en los países sureños tan ambiguas como permisivas, casi cheques en blanco.

Y bien, volviendo a lo mencionado en un inicio, estamos en territorios en disputa. Los pueblos latinoamericanos están movilizados una vez más para defender la vida. Si algo se ha demostrado en los últimos diez años es que su acción ha detenido por lo menos una parte de lo que implicaba esta estrategia, diseñada por cierto antes del 11 de setiembre de 2001. Se ha detenido la instalación de algunas bases militares, se ha impedido la realización de algunos ejercicios; se ha parado la desapropiación de tierras, el envenenamiento de los ríos, la construcción de represas que dañan el medio ambiente y las posibilidades y modos de vida de los pueblos y comunidades (...)".

Fuente original: http://www.nuestraamerica.info/boletin/18.htm 
Fuente: http://alainet.org/active/10829&lang=es 2006-03-13

En Argentina se está desplegando la represión del sistema en forma de criminalización de la protesta social que:

 El mapa de la "judicialización" de la protesta social en Misiones

Por Sebastián Korol (Revista Superficie)

"No lo vamos a dudar. Recurriremos a la justicia cada vez que sea necesario para garantizar que quienes ejercen el derecho a reclamar no impidan  la libre circulación de los demás ciudadanos”.

 Jorge Franco, Ministro de Gobierno de Misiones

 “El poder público persigue penalmente a quienes participan en protestas sociales, en vez de ver estos hechos como un homenaje a la democracia. Son actos de heroísmo de personas que, con gran coraje cívico y a pesar de haber sufrido situaciones tremendas, se levantan y reclaman al Estado que cambie su actitud”.

 Roberto Gargarella, sociólogo, abogado constitucionalista

"Desempleo, precarización laboral, explotación, pauperización educativa, abandono sanitario, hambre. Las causas enumeradas obligaron a trabajadores (ocupados y desocupados), peones rurales, estudiantes, afectados por represas, padres y vecinos autoconvocados de diferentes puntos de la provincia de Misiones a tomar las calles, rutas, edificios públicos y plazas en reclamo de soluciones al gobierno del Frente Renovador. Las respuestas obtenidas: represión, persecución política, criminalización, judicialización.

La política de la mano dura se impuso como oficial en el Estado del “Crecer más, crecer en paz”. Prueba de ello es que en los últimos tres años se abrieron más de cuarenta procesos judiciales contra luchadores populares, de los cuales varios ya se encuentran en avanzada instancia, próximos a dictamen de sentencia.

La judicialización de la protesta social es una realidad que atraviesa a todo el territorio nacional. Según estimaciones del espacio “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” -integrado por más de 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles de todo el país- actualmente existen en Argentina cerca de 5.000 personas procesadas por participar de protestas sociales. 

Conforme a datos oficiales, la provincia con mayor incidencia de pobres (29,5%) y la segunda en indigentes (7,9%) del país es Misiones (Inti, 2009). Vastos sectores de la población misionera no disponen de los más elementales derechos: alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad social. En la tierra colorada también está vedado el derecho a la protesta. “El primer derecho”, como destaca el constitucionalista Roberto Gargarella, para quien el reclamo social constituye la base para la preservación de los demás derechos. “Si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”, advierte. 

Durante la década del 90 emergieron en Argentina nuevas formas de protesta, caracterizadas por la acción directa como el corte de ruta (piquete), el escrache (acción de repudio), los levantamientos comunitarios (estallidos sociales y puebladas), entre otros. El nuevo ciclo de protesta fue desplazando a repertorios tradicionales de acción colectiva, como la huelga y las grandes concentraciones políticas, propias de etapas anteriores. Y entre las nuevas modalidades se instaló con mayor fuerza el corte de ruta como herramienta de resistencia contra el neoliberalismo.

Siempre que algún piquete o movilización tiene lugar sobre rutas o calles de Misiones, los funcionarios del gobierno provincial, jueces, fiscales, políticos y periodistas levantan la voz casi al unísono para expresar que “los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro", en referencia al derecho a la “libre circulación”. 

Según entienden importantes juristas y doctrinarios, no es posible equiparar el derecho a reclamar con el derecho a transitar, ya que los actores o grupos sociales no se encuentran en la misma condición socieconómica. Quienes llegan al piquete u otra medida de fuerza (movilización, toma de edificio público, sentada, huelga, etc.) están en una situación de evidente desventaja, ya que agotaron las instancias formales y/o administrativas, las autoridades no los atendieron y tampoco tienen recursos para acceder a los medios de comunicación masiva. Es por ello que ven en el corte de ruta o calles la última salida para hacer valer los derechos que apuntan a la consagración de sus vidas.

Ante esta situación, el Estado ejecuta respuestas violentas, criminaliza a sus actores y los judicializa, en lugar de otorgarles una protección especial y una efectiva y rápida solución a los problemas que ponen sobre el tapete. 

Lista negra renovada 

“La persecución judicial a los luchadores sociales significa que el Estado represor está intacto y que no duda en desplegar toda la fuerza para acallar a quienes reclaman”, expresa desde Puerto Iguazú la docente y militante del Polo Obrero (PO) Ramona Romero, caso emblemático de la judicialización de la protesta social en Misiones. La mujer, junto con siete padres autoconvocados (Edgardo Landa, José Aquino, Evaristo Barroso, José Luis Suárez, Alberto Escobar, Santiago Galeano) y el sindicalista Angel Sosa) fueron procesados en agosto de 2008 por reclamar mejores condiciones educativas para las escuelas más pobres y abandonadas de la ciudad de las casi-maravillosas cataratas. “No sólo estoy en las puertas de un juicio oral, sino que durante los activos reclamos que llevaban a cabo los padres defendiendo la educación de sus hijos me han perseguido sistemáticamente con causas prefabricadas, presiones psicológicas por parte de las autoridades con acoso policial y separada del cargo de directora de la escuela 694 de modo totalmente ilegal”, señala.

Apoyar y solidarizarse con los históricamente hambreados y pisoteados tareferos (peones de la yerba mate) de Montecarlo fue motivo suficiente para que la justicia también imputara y procesara a Rubén Ortiz y Carlos Di Marco, integrantes de la mesa de conducción del Movimiento Social de Misiones (MSM). “En nombre del derecho a la libre circulación, que quizás en esta lucha la ponemos en juego, lo que se trata de tapar es el derecho a la alimentación. Cuando vamos a la ruta lo que estamos defendiendo es el derecho a la comida, el derecho a la vida. Creo que con esto de criminalizarnos están tratando de tapar la destrucción de trabajo y de vida y el hambre que genera el modelo productivo centrado en las pasteras y en los mega-aserraderos. Los criminales acá son los ministros de Agricultura y los gobernadores que afianzaron, de la dictadura en adelante, el modelo de la pastera. Esos son los criminales, los que deberían hoy rendir cuentas”, enfatiza Ortiz. Di Marco agrega: “Claramente es un intento de disciplinamiento del legítimo reclamo social de los sectores de mayor vulnerabilidad. Es como una espada de Damocles, de intentar mantener una presión contra algunos dirigentes para quitarles libertad de conciencia y de movimiento” . 

Desde Eldorado, el vocero de los docentes autoconvocados de esa localidad y también integrante del PO, Aníbal “Tato” Zeretzki, sostiene: “La escalada de procesos judiciales contra los que pelean es la expresión de la impotencia de este gobierno de los 'derechos humanos' ante el reclamo organizado por parte los diferentes sectores de trabajadores y movimientos sociales frente a la precarización de las condiciones laborales”. El dirigente acumula dos causas en su contra por luchar contra la designación del oficial de policía Darío Sarubbi como director de un colegio público; y en similar situación se encuentran los padres autoconvocados Francisca Duarte, Hilda González, Nancy Urbina y Jorge Mereles, y la docente Roxana Feierabend. Además, Zeretzki tiene otra causa por participar en un corte de ruta junto a trabajadores desempleados de la “Capital del Trabajo”. Sostiene que “la respuesta ante estos atropellos no puede ser otra que la solidaridad activa del conjunto de los trabajadores”.

María Antonella Scappini y Daniela Judith Fontana, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, fueron procesadas en abril de 2009 por participar junto a vecinos de una decena de barrios de Posadas de un corte en la Ruta Nacional 12, en reclamo de bolsones de comida, planes sociales y trabajo genuino. “El gobierno judicializa la protesta como un intento de tapar las problemáticas sociales. Llamativamente, se abren causas en un contexto de profundización de la lucha de sectores populares de diferentes puntos de Misiones: tareferos, desocupados, afectados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y trabajadores precarizados”, observa María Antonella.  

A finales de septiembre de 2009 se desató una feroz represión contra afectados por la represa de Yacyretá de la Capital provincial que intentaban cortar pacíficamente la ruta 12 a la altura del arroyo Zaimán. Dos personas fueron fuertemente golpeadas y detenidas y están procesadas por interrumpir el tránsito y desobedecer “a la autoridad”. Son Brígido Olivera, vocero de los afectados por la represa y Roberto Gutiérrez, técnico electricista del barrio Poujade. Desde hacía varias semanas los dirigentes resistían junto a decenas de vecinos, a los desalojos compulsivos que se venían ejecutando desde el ente binacional. Y reclamaban que el 51 por ciento de los ingresos por la venta de energía de la EBY se destine a acción social y al cuidado del medio ambiente. “Nosotros nos manifestamos en la ruta porque nos habían dejado sin nada. Nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, en defensa de los más elementales derechos humanos”, señala Gutiérrez.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la figura de su secretaria general Nora Dedieu, tiene dos causas abiertas por llevar adelante manifestaciones en calles y edificios públicos: Un reclamo y una acción frente al edificio de Hacienda en agosto de 2008 y otra movilización en el Ministerio de Salud, en demanda de mejoras en el tercerizado, precario y nocivo servicio de limpieza, que dejó en mayo de ese año tres víctimas fatales y siete intoxicados graves. La dirigente gremial considera que “la actitud del gobierno es totalmente repudiable, en vez de escuchar y abrir espacios de diálogo para dar una respuesta concreta y satisfactoria a las necesidades de la comunidad, lo que recibimos es la judicialización y la represión”. Por su parte, Norberto Godoy, delegado del gremio en la sede central del Registro de las Personas -que funciona en la Capital provincial- fue procesado días atrás por participar de una protesta pacífica en el edificio del organismo, en reclamo por las malas condiciones edilicias y laborales de los empleados de la institución. 

También en Posadas 25 dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se encuentran procesados por participar de manifestaciones callejeras y por supuestos delitos cometidos el 5 de marzo, luego de la feroz represión policial desatada contra mujeres y hombres desempleados. Los manifestantes, llegados de una veintena de barrios periféricos de la ciudad, acampaban desde hacía tres días en la coqueta Plaza 9 de Julio en demanda de fuentes de trabajo. Federico Padolsky, uno de los procesados de la organización, observa que la judicialización de la protesta “es una política que está llevando adelante el kirchnerismo a nivel nacional, es la nueva manera que tienen de perseguir políticamente. Ya no se es un dirigente social perseguido y judicializado, sino un delincuente común. Porque como tienen el verso de los derechos humanos, intentan mantener ese discurso. Pero acá hay una realidad: hay muy pocos genocidas de la última dictadura presos y hay más de 5.000 dirigentes populares procesados en el país por luchar”.

Derecho constitucional

El abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella, profesor de “Derecho Constitucional” en las universidades Torcuato Di Tella y la Nacional de Buenos Aires, reflexiona que la criminalización de la protesta social implica “pensar la protesta a partir del derecho penal y además pensarla dando una cierta respuesta que apunta al hostigamiento, la hostilidad institucional hacia la protesta. A mi me parece que los dos puntos están errados, primero porque la protesta merece ser pensada desde otro lado, sobre todo cuando hablamos de protestas vinculadas a derechos fundamentales sistemáticamente violados. Y segundo, y para aquellos que quieren pensar la protesta desde el código penal, lo que ya de por sí es un error, porque el código penal también prevé muchas herramientas y la selección de herramientas que se hace también es indebida”. 

Aunque no aparece expresamente consagrado en la Constitución nacional, el derecho a la protesta deriva del juego armónico de los artículos 33, 75 inciso 22 (convenciones y pactos de derechos humanos), 14 (el derecho a reclamar), artículos 14 y 32 (derecho a la libertad de expresión), artículo 14 (derecho de reunión), artículo 14 bis (derecho de huelga) y artículo 36 (derecho de resistencia).

“La protesta social es otra forma o medio de peticionar ante las autoridades, con el fin de hacer cumplir, exigir o hacer reconocer derechos, con la diferencia de que se trata de un medio informal, que no se agota en un mero pedido o solicitud a la autoridad, sino por el contrario implica otras cuestiones como la de reunión, libre asociación o participación social y política en el espacio público, la libertad de expresar y hacer saber sus opiniones”, se apunta en el manual de derechos humanos para organizaciones sociales “El derecho a tener derechos” (2009).  

Uno de los coordinadores de la citada obra, el abogado, sociólogo y docente en la Universidad Nacional de La Plata Esteban Rodríguez, sostiene que la criminalización de la protesta “es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales; de leer la realidad bajo la lupa del código penal”. Y advierte que se pretende despolitizar, "deshistorizar", y “sacar de contexto a los conflictos sociales, así como también emplazar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales”.

Asimismo, analiza que la violencia institucional “es la mano derecha del Estado, la manera que eligió el "Estado de malestar" para estar en una sociedad cada vez mas polarizada, segregada y compartimentada; pero también son las prácticas represivas que nunca se desandaron en la democracia. Estas prácticas constituyen una rémora de la última dictadura en el Estado y también en la sociedad en general. Porque sabido es que no hay represión sin ciertos niveles de consenso social”.  

El látigo procesal con el que se marca a quienes participan de protestas sociales en Misiones no hace más que agravar la acuciante situación de injusticia social. El Estado debería detener esta política persecutoria y criminalizadora, atender seriamente las problemáticas que originan las medidas de fuerza entre los sectores más postergados y ordenar, de forma inmediata, la suspensión de los procesamientos de todos los dirigentes sociales de la tierra colorada injustamente judicializados".

Sebastián Korol es Co-director de Revista Superficie: www.revistasuperficie.com.ar  Fuente: www.rebelion.org /Argentina/ 27-08-2010

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia manifiesta el 23 de julio de 2010: "Estamos nuevamente en esta Plaza para denunciar la creciente criminalización de la protesta social con la que el gobierno responde a las luchas populares que recorren la Argentina.

La criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan para exigir la resolución de sus necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.

Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de 5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.

A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.

La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores. Impulsan la entrega y extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos fundamentales al trabajo, a un salario y jubilación que se igualen al costo de la canasta familiar y a la defensa de educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.

Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.

Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.

Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos, por el gobierno, como defensores de una “causa nacional” a ser tratados como delincuentes. Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad, a los medios de comunicación y a la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular.

En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno nacional la situación es la misma. En Catamarca, el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. En la Ciudad de Bs. As. el machismo, con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos, expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.

Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.

La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.

Gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo dignas o enfrentan despidos y suspensiones, pretenden ser amedrentadas utilizando una justicia cómplice, que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.

Este es el caso del conflicto Kraft-Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores: Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario y otros delegados y activistas obreros, demostrando la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.

Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.

El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.

Los ferroviarios de la línea Sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Pero la persecución continúa: pesan sobre ellos otras causas.

Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP junto con militantes, que apoyaron solidariamente su lucha, contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco. Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.

Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente Pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete. En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.

Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores. Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA y contra diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también el caso de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft -Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.

Asimismo, recientemente Estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.

Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta. Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.

Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobisch en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Juan Carlos Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión, gracias a las gestiones de la Embajada Israelí y recientemente absuelto y de Rubén Saboulard, que continúa procesado. O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones contravencionales contra Christian Castillo.

Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Hoy exigimos la inmediata libertad de Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA.

En la madrugada de ayer fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno JUAN MANUEL ALISTE VEGA, en una maniobra entre el presidente chileno y Cristina Fernández que, violando la legislación nacional e internacional, entregaron al compañero para que sea juzgado por un tribunal militar.

Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales. Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.

La juventud no sólo sufre el gatillo fácil y la tortura sino la impunidad como en el caso de la masacre de Cromañón.Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.

Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.

Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo. Éste fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad de la que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.

La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.

El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.

Hoy nos movilizamos porque estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible que nuestro pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, vea amenazadas libertades básicas como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.

Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.

La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de DDHH se niegan a despenalizar la protesta.

Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo. La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.

No a la criminalización de la protesta social!

Libertad a los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba)

Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares!

Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios!".

http://30anios.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Documento22072010.doc

Fuente. http://www.anred.org/article.php3?id_article=2827 24-07-2010

Sobre la criminalización y judicialización de la protesta social
Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios

 La UAC/Unión de Asambleas Ciudadanas declara:"Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.

En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro "destino manifiesto". Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los «territorios», entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.

La represión y criminalización:

Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.

La violencia represiva:

Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.

Las víctimas:

Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo" de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.

Los medios informativos y la "invisibilización":

Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.

Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON parte del poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.

Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.

El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales:

De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.

La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general. Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

¿Quiénes son los terroristas?:

Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y -disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas. Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:

- La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de La Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.

- Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.

- Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero", perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.

- El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios.
De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

- Las intimidaciones y amenazas de que fueron objeto los compañeros y compañeras Raúl Martínez, Diola de Martínez, Ruth Vega, Carmen Chaile y Teresita Nieto, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, quienes, en el momento en que fueron citado/as a comparecer a la comisaría de Andalgalá, fueron "advertido/as" por el nuevo jefe de la policía y otros funcionarios policiales con estas palabras: "en realidad nosotros no queremos golpearlos, pero si no deponen su actitud con respecto al corte, la semana que viene vendrá la Guardia de Infantería y los vamos a desalojar por la fuerza y les vamos a pegar...". A estas amenazas policiales se suman las del intendente de Andalgalá, José Perea, quien en la FM "Z" -favorable a las empresas mineras- expresó que si es necesario MATARÁ a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica.

- El avance de los desmontes y la frontera agro sojera en zonas históricamente ocupadas por Campesinos dedicados a la ganadería, las hortalizas y los citrus en la localidad de Palma Sola, Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Este avance está avalado por un irregular Ordenamiento Territorial aprobado por decreto. Acentúa la situación de atropello, el desalojo compulsivo y la criminalización en la defensa de la posesión que vienen sufriendo sus históricos habitantes con el apoyo explícito de la policía local. Acusamos a CRAM S.A., cuyo presidente es René Macedo y cuyos apoderados son Horacio Macedo padre, Embajador argentino en Bolivia y Horacio Macedo Hijo, Secretario de Gobierno de la Provincia. En los campos donde estos empresarios avanzaron con la soja, los vecinos del "Barrio Nueva Esperanza" están padeciendo desde hace 2 años la fumigación de sus viviendas. La situación de conflicto mantiene en alerta a los pobladores y a organizaciones en apoyo que están presentes en el Territorio.

- Los hechos de Criminalización y Judicialización que sufren las/os compañeras/os de Autoconvocados del Valle Calchaquí en Cafayate, así como también Vecinas y Vecinos de la misma Localidad, Pcia. de Salta, por Defender el Territorio, la vigencia de Ordenanzas Municipales y el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano. Estos hechos se traducen en el requerimiento de Juicio Oral y Público por parte de la justicia salteña, a 11 Compañeras/os bajo Condena por Art. 194 del Código Penal, en base a una Denuncia Falsa presentada por el representante de una de las Empresas Transportistas contratada por Minera Alumbrera Ltda., por una acción colectiva iniciada en Cafayate en agosto de 2008 y continuada durante 60 días en Territorio de la Comunidad India Quilmes, Tucumán, a través de la cual se bloqueó el paso de camiones que transportaban insumos, sustancias tóxicas y maquinarias para Minera La Alumbrera Ltda. También son reiterados y se han vuelto costumbre los intentos de usurpación de Territorios, desalojos, persecuciones, asesinatos, pedidos de captura, intimidaciones, privaciones de la libertad, por parte de privados y fuerzas de seguridad, a Comunidades Originarias que Defienden sus Territorios Ancestrales ante el avance del Monocultivo, la Deforestación, los Negocios Inmobiliarios, la Minería, etc., violentando y negando así, una vez más, la Preexistencia de los Pueblos, sus Tierras, Culturas e Identidades.

Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.
Frente a este contexto represivo y criminalizador, damos nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de Uspallata, Mendoza, que se encuentran en plena movilización ante la inminencia de la puesta en marcha del megaemprendimiento minero San Jorge y nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas.

Comisión Prensa y Comunicación de la UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas
Febrero de 2010

Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/sobre-la-criminalizacion-y-judicializacion-de-la-protesta-social

- Actualmente nos enfocamos en varias áreas temáticas como ser la deuda externa, soberanía alimenticia, la democracia participativa y la integración que son los cuatro ejes que trabajamos. Dentro de PAPDA hay movimientos feministas, ambientalistas, movimientos de jóvenes, campesinos, tratando de complementar sus visiones, sus propuestas para realmente ir hacia un desarrollo participativo.

Intervenciones estadounidenses y explotación

- Es una lucha algo difícil porque estamos en un país donde desde el inicio del Siglo XX hay todo un proceso de control desde imperialismo, desde Washington muy directo, muy pesado y está traducido en tres ocupaciones militares desde 1915,1994, y actualmente 2004 las tropas norteamericanas y ahora vía paraguas Naciones Unidas con la MINUSTAH. Realmente es un peso muy importante del imperialismo aquí, una presencia muy fuerte que se tradujo desde los años ochenta en la imposición de las políticas neoliberales que fueron muy destructivas para la economía haitiana, muy destructivas de empleos, perdimos más de ochocientos mil empleos y creó una nueva dependencia frente al mercado de EE.UU. y tanto por ejemplo 52% de la canasta alimenticia del país desde EE.UU.; cuando son productos que el campesinado haitiano sabe producir así como la tradición de producir, y ahora está expulsado del mercado por esa liberalización y la penetración del mercado haitiano por las transnacionales.

- El proyecto de EE.UU. se traduce en la voluntad de aprovechar de la mano de obra barata aquí y aprovechando la consecuencia de la pauperización que somos víctimas y eso se traduce por eje de las zonas francas o sea las maquilas. Convertir el país en zonas francas, utilizando una mano de obra súper explotada con condiciones infrahumanas de trabajo; como se hace en la frontera con la Republica Dominicana en la zona que se llama CORIBI, donde hay una empresa que exporta productos textiles hacia EE.UU. pero pagando salarios de miseria y ése es el modelo que se quiere imponer a través de la destrucción de la producción agrícola lo que genera un flujo migratorio importante hacia las ciudades de gente muy pobre que busca trabajo y no encuentra, entonces están dispuestos a aceptar cualquier condiciones de trabajo.

Otro proyecto de país

 Así que la coyuntura actual esta marcada por sísmos del terremoto del 12 de enero 2010 y es una oportunidad para cambiar muchas cosas en el país para tomar conciencia de la violencia de las políticas dominantes y tratar de articular otra relación con el Estado, otro proyecto de país. Pero vemos también que hay una ofensiva muy fuerte desde EE.UU., desde las potencias para aprovechar el 12 de enero para empujar cambios estructurales que tratan de implementar en el país, y que se encontró con una resistencia muy fuerte a la privatización de las empresas publicas, desmantelamiento del sector social, privatización de la educación y la salud. También desmantelan el sector agrícola que está totalmente marginalizado, no recibe inversiones, tiene menos del 6% del presupuesto estatal cuando el 50% de la población vive de la tierra y suministra 52% de los alimentos.

- Nosotros estamos luchando con los campesinos, los trabajadores de la ciudad, las mujeres para cambiar la situación y realmente entrar en un proceso de redefinición, porque no aceptamos el proyecto de reconstrucción definido por las potencias, implementado con el Banco Mundial a través de mecanismos institucionales que son anticonstitucionales, inaceptables donde el país pierde toda soberanía, donde el pueblo haitiano está totalmente afuera de la escena y queremos construir otro proceso participativo que conlleva cambios estructurales que pueden romper con la tradición de dependencia, exclusión, romper con la tradición de un modelo extravertido, donde se invierte solamente en las exportaciones y no considera el mercado local como base de la acumulación nacional.

- Así que para nosotros esta lucha nos llevó a definir un proceso de construcción de una asamblea popular que queremos realizar en los próximos meses, que es una asamblea popular que va a tratar de dar una respuesta colectiva a la situación, una respuesta a la vez política y técnica definiendo los grandes rasgos del perfil que queremos construir; un país para todos y todas, un país que rompe con la dominación, un país libre y autónomo que se reconcilia con la lógica de los fundadores de la patria en 1804 cuando se alzaron en contra la esclavitud y decir que todos los hombres y mujeres son iguales sobre la tierra.

200 Aniversario de las independencias de América Latina

- Para nosotros 2010 es muy importante porque este año que es 200 aniversario de las independencias de América Latina, retomar esa tradición de rebeldía, de lucha esa tradición de no aceptar la indignidad y de sometimiento para realmente reconectar a Haití con el proceso de movilización y de lucha en América Latina. Porque una de las consecuencias y la respuesta de los Imperios a la revolución antiesclavista del inicio del siglo XIX fue aislar totalmente el país y todavía no hemos salido del aislamiento. Hay que invertir mucho para reconectarnos con los pueblos de América Latina.

- Puedo decir que el 12 de enero es una coyuntura favorable a pesar de esa inmensa tragedia pero vimos una movilización maravillosa de la ciudadanía mundial y específicamente a nivel del Caribe. Ellos se movilizaron mucho para ayudar a Haití, para ser solidarios y podemos subrayar el comportamiento ejemplar magnifico y extraordinario del pueblo cubano, de los venezolanos, del ALBA como espacio de integración alternativa pero también del pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Santa Lucia, de Trinidad, Barbados que se han manifestado de manera realmente increíble al lado del pueblo de Haití, y que entienden lo que se esta jugando y no solo el destino del pueblo de Haití, pero es el deseo de América Latina, la posibilidad de construir nuevas relaciones solidarias que escapan totalmente de la lógica del mercado y que rompen con la lógica de la dominación imperialista.

Cuatro elementos para salir la crisis

DE: Después del terremoto llegó el primer avión, que era venezolano, con ayuda. Media hora después venían los cubanos o sea todo el campo del ALBA. Eso mientras los norteamericanos enviaron 15 mil marinos. ¿Dónde está el pueblo organizado de Haití y los que no están organizados, cómo se podría involucrarlos en ese trabajo tan importante de crear justamente un Nuevo Haití?

CCh: - Es evidente que salir de la crisis actual porque para entender lo que pasó el 12 de enero hay que cuestionar las estructuras de la sociedad. La dimensión de la catástrofe se explica no solamente por el terremoto sino se explica fundamentalmente por las estructuras: sociales, de la explotación, polarización de las políticas estatales contra el pueblo de Haití.

- Específicamente cuatro ejes desde 1925 que se escogió un proceso de hiperconcentración alrededor de Puerto príncipe y eso fue una decisión de los ocupantes de EE.UU., porque por supuesto es mucho mas fácil de controlar un país de un punto y eso conllevó como consecuencia la parálisis de las energías y del dinamismo económico y social del resto del país. Hiperconcentración económica, política y eso también explica la dimensión de la catástrofe.

- El segundo elemento es el tipo de Estado que se construyó a partir de 1915, es un estado que funciona la violencia contra el pueblo a través de las Fuerzas Armadas en ausencia de políticas sociales, es decir un ceguera total, o sea no ven, ni escuchan nada, están sordos y ciegos, a pesar de que había esa explosión migratoria hacía Puerto Príncipe, nunca el Estado articuló una respuesta en términos de políticas sociales de vivienda.

- El cuarto elemento es el proceso de Modelo Económico intravertido donde realmente el centro es hacía las exportaciones. Eso tuvo como consecuencia una pobreza masiva de los campos y los campesinos no pueden vivir con sus tierras y vienen a ciudad con la esperanza de encontrar trabajo y no encuentran porque el modelo de las maquilas no puede resolver realmente la demanda de trabajo que existe en el terreno. Así es que hay una masa enorme de desempleados, una masa enorme de hambrientos y una masa enorme de gente totalmente que no tiene acceso a los servicios de base y que nutren las 39 favelas que teníamos antes del 12 de enero. Entonces para salir de esta crisis hay que responder a esos elementos estructurales.

La tenencia de la tierra

- Y uno de los elementos que nosotros privilegiamos es la ruptura con la cuestión de la propiedad, porque aquí hace falta una reforma agraria ya que a raíz de la crisis agrícola tenemos el problema de la tenencia de la tierra, donde los campesinos no tienen acceso a la tierra.

- La Constitución de 1987 tiene una provisión para la realización para una reforma agraria y absolutamente imprescindible una reforma agraria integral que conlleva cambios estructurales en la distribución de la riqueza, cambios estructurales en la organización de territorio. Eso tiene que organizarse con una reforma urbana, donde el Estado tiene que jugar su papel de regulación y organizar el espacio urbano de las zonas haciendo una zonificación racional para realmente tener una gestión que respeta los derechos básicos de la gente, derecho a la vivienda, a la comida, y derecho a la educación.

- Así que para avanzar hacía eso por supuesto, no solamente te hace falta una estructura estructurales pero hace falta también la construcción de nuevas fuerzas políticas y sociales, porque una de las tragedias del país es que tenemos una de clases políticas globalmente sumisa, totalmente a la lógica imperial y que se inserta dentro del proyecto de dominación sin tener una visión real de nación, están mirando mas Washington que hacía dentro del país, es decir que hay que favorecer el surgimiento de una nueva clase política con una nueva relación de articulación del pueblo.

Reflexión sobre el proyecto alternativo

- Por eso nuestra propuesta de construcción de una asamblea popular es clave y es espacio que va a permitir no solamente avanzar hacía un consenso de una nueva visión, un proyecto nacional alternativo, un proyecto nacional de ruptura lo que ha existido antes; un proyecto nacional en base a valores, principios experiencias que realmente ponen el pueblo al centro de las preocupaciones políticas.

- También creemos que esto es proceso de reflexión sobre el proyecto alternativo, de rehacer el terreno propicio para la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas en la ruptura con la clase política tradicional. No sabemos que perfil van a tener estas fuerzas políticas en la ruptura con la clase política tradicional. No sabemos realmente que perfil van a tener esas políticas, por supuesto el mandato que tenemos es crear ese espacio de encuentro de intercambio, ese espacio de redescubrimiento, cuestionamiento y de autocrítica que va permitir superar la enorme atomización del sector político y social que fue una de las respuestas al Imperio frente a la movilización popular de los años 1986 (. ..)".

Fuente: http://www.argenpress.info /09-09-2010

En consecuencia, al caracterizar de dictadura militar y genocida (a la de1976-1983) hacemos referencia a que el poder económico e imperialista extremó la violencia de su Estado para imponer el avance de la expropiación de bienes comunes y el despojo de derechos a las grandes mayorías. Es decir, se valió del terrorismo de estado para implantar el funcionamiento socioeconómico e institucional en beneficio exclusivo de los grandes capitales que, impunemente, realizaron acumulación de riquezas por empobrecimiento del país y su población. La realizan actualmente con el modelo productivo que es esencialmente extractivo y exportador. Sus devastaciones y expulsiones de familias y comunidades demuestran que el capitalismo no se encamina hacia la justicia social como los K y sus enfervorizados progresistas e izquierdistas nos quieren hacer creer. El capitalismo lleva a cabo una acumulación de riquezas y poder en su centro (EE.UU., Europa, Japón...) a costa de empobrecer y arruinar a la inmensa mayoría de los países sometidos a ser su periferia. Es un sistema mundial, hoy más que nunca, cuyo progreso se da generando esa polarización que, en la actualidad, implica una desigualdad social e internacional sin precedentes en la historia.

 

La construcción de consenso es insuficiente para que siga el enriquecimiento ilimitado de transnacionales, bancos y de Techint, Macri, Pérez Companc, Pagani...los Grobocopatel, Elsztain, Roberto Urquía con las consiguientes depredación, exclusión social, desmantelamiento del sector público, etc. Aumenta, entonces, la criminalización de la pobreza y de la protesta social, ésta se agrava con las leyes anti-terroristas.

II.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Estamos convencidos que la democracia desde 1984 hasta hoy es incompatible con el estado terrorista que imperó desde 1976 a 1983. Es una creencia inculcada desde los gobiernos de turno y los grandes medios. Pero la realidad desmiente este mito.

Susana R. y Adolfo B., en "Crisis de representación y el discurso de la Trilateral", nos aclaran: "(...)Con el discurso fundacional del modelo neoliberal: el documento de la Comisión Trilateral ( escrito a fines de los 70, presentes las heridas por la derrota de Vietnam, el agotamiento de las dictaduras militares en América Latina y la crisis del Estado de bienestar) se produce la apertura "democrática" en América Latina que se consolida bajo el gobierno de Reagan, como una estrategia para desmontar el estado en lo económico y abrir una ficción de juego electoral que justifique una nueva forma de dominación.

¿Qué entiende por democracia y representación ese documento?

Crítica al estado de bienestar

Para la Comisión la extensión del igualitarismo implicado en el modelo socialdemócrata que se había impuesto en la posguerra se presentaba como anomia. Las críticas eran:

 La igualdad y el individualismo han llevado a la pérdida de legitimidad y confianza en el liderazgo.

• El aumento de la participación y compromiso político de los ciudadanos ha sobrecargado la actividad del gobierno, aumentando las tendencias inflacionarias (la inflación como la enfermedad económica de la democracia).

• La inflación puede ser exacerbada por una política democrática y es un problema que difícilmente puedan resolver con eficacia las sociedades democráticas.

• La intensificación de la competencia política, ha llevado a la disgregación de intereses, declinación y fragmentación de los partidos políticos.

En definitiva, el exceso de participación y de actividad política de los ciudadanos disminuyen el orden y la jerarquía necesarias para la reproducción del sistema.

¿Qué respuesta debe dar el establishment frente a esto?

Dicen: "A pesar de la decadencia, desconfianza e insatisfacción de las instituciones de la democracia parlamentaria, no hay alternativas a la misma. Las propuestas alternativas no encuentran consenso en ningún grupo social significativo (hasta los partidos comunistas en Francia e Italia se han adaptado al juego democrático)."

Pero ¿qué forma de funcionamiento "democrático" proponen ?.

Una donde se mantengan los liderazgos y las jerarquías. En efecto, para ellos la democracia parlamentaria de fines de los 70 ha perdido sus propósitos y prioridades y aparecen los conflictos de intereses. Esto se debe evitar a toda costa.

La democracia parlamentaria para ellos es demasiado deliberativa y debe tener limitaciones. Entonces, la cuestión es fortalecer los liderazgos. Para el caso de EEUU y Europa se trata del liderazgo presidencial. El líder agrega intereses, genera consensos que permiten la gobernabilidad. En el corazón del problema está el manejo de presupuesto: el control de la burocracia es esencial, porque ésta pone trabas a las decisiones del ejecutivo; la oposición entre burocracia y ejecutivo es fuente de criticas al estado. La disminución de la burocracia que controla al ejecutivo, se enmarca en las criticas al exceso de gasto público; se trata de desmontar el estado de bienestar, que fue de alguna manera el resultado de la crisis del sistema y su cuestionamiento por las masas. Keynes después de su viaje a la URSS, decía que "nosotros (occidente) lo podemos hacer mejor".

¿Cuáles son los "límites" de la democracia?

A partir del cuestionamiento de la «autoridad» en sindicatos, escuelas, universidades, iglesia, empresarios, etc. el espíritu democrático puede ser una amenaza a las bases de la sociedad; si ese espíritu se hace más nivelador y homogeinizador, puede ser una amenaza intrínseca. El descrédito del liderazgo debilita la gobernabilidad de la sociedad civil a nivel nacional. Ejemplo: si se cuestiona la autoridad de los jefes sindicales, se desorganizan los sindicatos, esto puede llevar a huelgas salvajes y fuertes demandas, que terminan por debilitar la autoridad del gobierno porque no se impone una política nacional de salarios. Para la Comisión, la gobernabilidad se basa en autoridad política y disponibilidad de recursos materiales por los gobiernos para resolver las demandas y necesidades: las demandas y la necesidad que se le plantean a los gobiernos.

El corazón de la debilidad de los gobiernos democráticos, está en la contradicción entre los conceptos de democracia y gobernabilidad, conceptos que están en conflicto: un exceso de democracia significa un déficit en la gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente, por lo que se debe restaurar la relación entre autoridad gubernamental y el control popular. Hay que equilibrar la distribución del poder con la responsabilidad: el mayor poder de los medios de comunicación, los intelectuales, los sindicatos y los tecnócratas, deben usar su poder con responsabilidad.

 ¿Qué papel les cabe a los partidos políticos?

La función primaria de la política es promover propósitos comunes, crear consensos detrás de iniciativas y líderes; para ello se agregan intereses comunes, utilizando la negociación y el compromiso dentro del gobierno y con los partidos, junto con la competencia electoral. A partir de esto se ubica el consenso como el centro de la política democrática, en el sentido que las decisiones políticas deben tener el apoyo tácito de la mayoría de los afectados. Los términos compromiso y consenso se articulan con el interés común, junto con la diferenciación y defensa de otros intereses; así, en una democracia los más altos líderes políticos trabaja para agregar intereses. La descomposición del sistema de partidos políticos, la disminución de su apoyo y el aumento del movimiento antipartido, fue adverso a la capacidad de gobernar, a la gobernabilidad. El sistema de partido permite organizar al electorado, simplificar las elecciones, seleccionar líderes, agregar intereses y dar forma a las políticas y prioridades. En los partidos tradicionales, de notables, se pone más énfasis en la agregación, pero la mantienen restringida y no preparan a los ciudadanos en la participación real; es una política de los secretos y los acuerdos a puertas cerradas. En la sociedad industrial la pregunta es sobre la viabilidad de un gobierno democrático sin partidos o con partidos muy debilitados.

Hoy los partidos deben proporcionar información, tal que permita percibir el mundo, interpretar los eventos, seleccionar y filtrar información, y simplificar alternativas.

Las dos funciones indispensables, aunque conflictivas que deben cumplir los partidos para satisfacer las necesidades del electorado, son reflejar los intereses y las necesidades de los grandes grupos de interés y fuerzas sociales, como también ser de alguna manera independientes de los intereses particulares y capaz de agregarlos y sintetizarlos en compromisos más amplios entre ellos.

Conclusiones:

a) Se busca el fortalecimiento del liderazgo en desmedro de los mecanismos deliberativos.

b) El aumento en la capacidad de gobernar, pasa por la fortificación del sistema de partidos, generando un sistema de partidos políticos que minimicen el debate y manipulen las decisiones.

Estas para los países desarrollados. El modelo importado a los periféricos parece una caricatura – los gobiernos post proceso mostraron lo patético de la imitación".
Fuente: http://www.cordobanexo.com.ar/crisis_de_representai.htm

Ideología

Comencemos por tomar distancia de la agenda pública que instalan quienes nos 'enseñan' a interpretar la realidad como comportamientos de los falsos polos alternativos y a comprometernos con la política que designan 'correcta'. Busquemos averiguar significados e implicancias de la recolonización de Argentina en avance constante desde mediados de los setenta. Veamos:

Modelo alternativo de dominio
La estrategia del "poder blando" en América Latina

Por Manuel Freytas* Informe especial (IAR Noticias) Desde hace más de 20 años, en  América Latina la democracia de mercado (el "poder blando") convive con la cadena de bases y el Comando Sur cuya misión es preservar la hegemonía militar norteamericana en la región (el "poder duro"). Se trata de una estrategia de "dos caras" orientada a preservar el dominio geopolítico y militar  del imperio norteamericano en su histórico Patio Trasero.
El término "poder blando" (soft power)  fue acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph Nye, en su libro de 1990 Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, que luego desarrollaría en 2004 en Soft Power: The Means to Success in World Politics. El valor del término como teoría política, aunque discutido, ha sido aceptado por un amplio abanico de analistas del sistema capitalista para diferenciar el poder sutil de las ideas y de la diplomacia  expresadas en "democracia" frente a formas más violentas del llamado "poder duro" expresado en la acción militar del dominio o la conquista, o en la acción coercitiva de la presión económica.

Nye es autor de un famoso libro llamado "La paradoja del poder americano", cuya tesis fundamental es no negar el rol hegemónico de EE.UU., pero afirmar que éste debe ser ejercido usando sus recursos culturales, económicos, de cooperación, diplomáticos (poder blando),y no tanto sus recursos militares (poder duro).

En resumen, la teoría "dualista" de Nye propone cambiar la imagen "militarista" del imperio estadounidense por un rostro mucho más amable y conciliador, y de esa manera conseguir que el mundo camine de acuerdo a sus intereses pero utilizando la persuasión y no la fuerza como estrategia de dominio.

El "proyecto democracia"

De alguna manera, la teoría de Nye abrevó en la propia estrategia del Departamento de Estado de EE.UU. que en la década del 80 ya había lanzado en América Latina el "Proyecto Democracia", acuñado por los estrategas de la Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller y  liderada  intelectualmente por Zbigniew Brezezinsky.

El "proyecto Democracia", o el "poder blando", encarnado en ideales "liberales"  fue presentado como alternativa sustitutiva (o complementaria) del "poder duro" militarista encarnado por los halcones conservadores del viejo Estado Nacional norteamericano.

En los finales de los 80, salvo en Colombia, los militares de la "seguridad nacional" ya habían terminado con la izquierda revolucionaria y la resistencia armada en América Latina, ya casi había desaparecido la URSS como punto de referencia logística y organizativa de los movimientos revolucionarios, y Washington resolvía imponer un orden regional de dominio basado en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos.

En los 90, tras la desaparición de la URSS y de la Guerra Fría por áreas de influencia en América Latina, Washington terminó de implantar el nuevo sistema de control político y social que se situaba en las antípodas del anterior (basado en gobiernos y dictaduras represivas), y que explotaba el consenso masivo que despertaba la apertura de procesos constitucionales después de largos años de dictaduras militares con supresión de elecciones y parlamentos.

Paralelamente, y en el plano político, en la década del 80 los gobiernos "democráticos" (el "poder blando") fueron sustituyendo en América Latina a los viejos y gastados gobiernos militares (el "poder duro") mediante elecciones, procesos constitucionales, y banderas de defensa de los derechos humanos.

La nueva estrategia de dominio -sustitutiva del "viejo orden militar"-, a su vez,  impuso la "guerra contraterrorista" como nueva lógica de control geopolítico político y social en la región. Ya sin hipótesis de conflicto "subversivo" los ejércitos de "seguridad e inteligencia" privados fueron sustituyendo más eficientemente en el control social y político a las vetustas y desmovilizadas tropas de los ejércitos represores latinoamericanos que ya habían perdido vigencia con el ingreso de las democracias made in USA en los 80 y los 90.

El modelo de recambio

Con una Latinoamérica domesticada por la democracia del "poder blando" y los gobiernos dependientes (por derecha y por izquierda), la lógica del control social y político ya no la ejercen los militares y los tanques, sino los nuevos ejércitos de dominación: los medios de comunicación que nivelan a las mayorías desposeídas y a sus dirigentes en la doctrina de la resignación, haciendo realidad aquel precepto de máxima: la paz es el negocio del dominador.

Con la desaparición de la guerra por áreas de influencia con la URSS , las viejas consignas "anticomunistas" de las dictaduras militares formadas en la Escuela de las Américas fueron sustituidas gradualmente por las banderas de la lucha contra el terrorismo, las drogas y el crimen organizado con las que hoy EE.UU. justifica su injerencia intervencionista militar en la región latinoamericana.

Con el "poder blando" como alternativa de dominio,  la estrategia geopolítica  imperial norteamericano desarrolla simultáneamente -a nivel complementario- la estrategia del "poder duro" con despliegue militar-nuclear y bases desplegadas por todo el planeta, además de tropas listas para actuar allí donde la situación lo requiera.

De esta manera, en América Latina, la democracia de mercado norteamericana convive con la cadena de bases y la Cuarta Flota cuya misión es preservar la hegemonía militar norteamericana en la región y rodear las grandes fuentes de energía, agua potable y biodiversidad que un futuro podrán asegurar la supervivencia del Imperio USA.Con la "guerra contraterrorista" como hipótesis de conflicto continental, el Comando Sur sitúa un teatro de operaciones con el "poder duro" e intervención militar desde Centroamérica hasta el Cono Sur.

La democracia con elecciones periódicas (el "poder blando")  no es incompatible con la estrategia de la "guerra contraterrorista" que nuclea a ejércitos y policías regionales en  adiestramientos y ejercicios en toda América Latina.

Mediante  los acuerdos de cooperación con los gobiernos regionales  las corporaciones del complejo militar norteamericano venden armas  y sistemas de vigilancia y espionaje, y brindan permiso para la instalación de bases militares estadounidenses desde Centroamérica y el Caribe, hasta el Sistema Andino y el Cono Sur.

De esta manera, lo que en la década del 90 Nye presentó como "nueva teoría política" (el "poder blando"), ya estaba  plasmado como estrategia alternativa en la realidad geopolítica del dominio del imperio norteamericano en la región.

La estrategia del control político y social por medios militares (de las dictaduras militares de la doctrina de seguridad nacional), fue sustituida gradualmente por administraciones civiles, poderes ejecutivos, parlamentos y cortes de justicia totalmente maleables a los intereses y objetivos de Washington y las trasnacionales capitalistas en la región.

Ese sueño que los bancos y las trasnacionales imperiales no pudieron concretar con las dictaduras y los golpes militares diseñados en el Departamento de Estado, empezó a cumplirse con la aceptación pasiva del sistema capitalista como "única alternativa", modelada masivamente en los cerebros por los sacerdotes de las grandes corporaciones mediáticas que han sustituido a los curas y a los maestros en la orientación de conducta social.

Paralelamente, y potenciado por la democracia del "poder blando", la  misión funcional del aparato mediático, cultural y publicitario consistió en imponer y legitimar a la sociedad de consumo capitalista basada en la propiedad privada de los medios de producción, como modelo aceptado y nivelado universalmente por la "globalización".

El capitalismo con EE.UU. a la cabeza había eliminado a la URSS y se había quedado solo.

Pero, y al contrario de de lo que sostiene el halcón Fukuyama, no terminó con las ideologías, sino que impuso por medio del control mediático-cultural-publicitario a su ideología como "modelo único" de civilización aceptada universalmente. Los medios de comunicación y el aparato publicitario (mensaje y mercado) imponen los parámetros del consumo, los valores sociales y las vanguardias de la moda. Nivelan un pensamiento único (cosmovisión) acorde con los intereses de las trasnacionales planetarias que controlan la sociedad de consumo capitalista impuesta como "modelo único".

En este universo del "poder blando" como estrategia de dominio imperial, la estructura económico-productiva del país dominado se controla con el aparato económico trasnacional presentado como si fuera una "economía nacional".  .

La "gobernabilidad" del país sometido se controla con el  aparato político que diseña periódicamente las "elecciones democráticas" para elegir el  nuevo gobierno del estado privado capitalista. El control político y social ya no se realiza con el poder militar, sino con el  aparato de la información que moldea y manipula los cerebros de acuerdo a los intereses consumistas de los bancos y trasnacionales que controlan la estructura económica-productiva de los países sometidos.

La imposición sutil de los valores y parámetros de conducta social (adecuados a los intereses de mercado de las trasnacionales) está a cargo del  aparato publicitario y del  aparato cultural, que legitiman y otorgan  escala de prestigio a la "ideología del consumo" capitalista vigente y presentada como modelo a imitar.

Los emergentes sociales del "poder blando"

La función más elemental y clave que cumplieron en América Latina ambas estrategias --la "militar" (dura) y la "democrática" (blanda)-- consistió en eliminar los dos factores que impedían la "gobernabilidad en paz" del sistema capitalista en la región: la lucha armada, primero, y la resistencia social y sindical, después.

Si se analiza el actual escenario socio-económico y político de América Latina, se puede verificar cuatro fenómenos emergentes y concatenados:

1. Funcionamiento a pleno de las llamadas "instituciones" con elecciones periódicas y continuidad del sistema de "gobernabilidad democrática".

2. Ausencia total de huelgas generales y de conflictos sociales por reivindicaciones generales de la sociedad (sólo existen conflictos atomizados por reivindicación sectorial), y ausencia de dictaduras militares y de lucha armada (salvo Colombia).

3. Crecimiento constante (y sin excepción) de las economías capitalistas regionales, acompañadas de ganancias siderales para los bancos y empresas que hegemonizan el control económico-productivo de los países,  y crecimiento desmesurado de los activos empresariales y fortunas personales.

4. Crecimiento sostenido y sin interrupción de la llamada "pobreza estructural" (falta de trabajo estable, vivienda y seguridad social) que ya afecta a más de la mitad de la población del continente, cuya mayoría permanece sometida a políticas "asistenciales" y a empleos temporarios y en negro (contratos basura).

Hay crecimiento sostenido de las ganancias y de los activos de la economía capitalista porque se mantiene la "gobernabilidad democrática" y no hay huelgas ni conflictos armados. Esto a su vez permite que el sistema de concentración de riqueza capitalista (posibilitado por la explotación de mano de obra barata con salarios africanos, apropiación de recursos naturales y control hegemónico de todo el sistema económico productivo) genere como contrapartida: pobreza, desocupación y exclusión social en masa en toda América Latina.

Como resultante social y producto final de este cóctel interactivo (donde cada eslabón se retroalimenta con los otros) según la ONU, la CEPAL y otras instituciones del sistema, en América Latina hay más de 200 millones de "pobres estructurales" y 100 millones de indigentes que carecen de los elementos esenciales para sobrevivir. Como contrapartida, y también a modo de emergente y "producto final" de la explotación capitalista sin resistencia armada, social o sindical, en América Latina se verifica el mayor crecimiento estadístico de las ganancias y los activos empresariales y de las fortunas personales ( por ejemplo, el mexicano  Carlos Slim, está considerado como el segundo hombre más rico del mundo).

Como se puede apreciar acabadamente a través de los números y estadísticas sociales emergentes de la dominación imperial con el "poder blando" (la democracia made in USA), la teoría de Nye (que deslumbra a los académicos alienados de América Latina) no inventó nada.

El "poder blando" (la democracia imperial) estuvo expresado, mucho antes, en los documentos del "Proyecto Democracia" difundidos por el Departamento de Estado en sustitución de las dictaduras y golpes de Estado militares (el "poder duro"). Y lo que pasa es que la mayoría de los intelectuales y académicos del sistema no leen los documentos del Departamento de Estado ni analizan sus emergentes en la realidad concreta de América Latina. Solamente leen ideologías disfrazadas de teorías políticas de moda,  que siempre compran con atraso en las librerías del sistema.

(*) Manuel Freytas

( manuelfreytas@iarnoticias.com ) es periodista, investigador y analista, especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web

Fuente. http://www.iarnoticias.com/2008/secciones/contrainformacion/0066_poder_blando_estrat_20may08.html 21-Mayo-08

Premisas e hipótesis

Analicemos el proceso de entrega de nuestro país y de despojo derechos a nosotros: los de abajo. Está teniendo lugar en medio de luchas que concretan organizaciones sociales y mientras las mayorías son desinformadas por instalación de debates que desacreditan la resistencia al modelo extractivo o la enfocan como asignatura pendiente. Veamos cómo: