Porque es la plataforma común para construir democracia. Sintetiza las reivindicaciones vitales de quienes se asumen sujetos de derechos y autonomía. Al unificarlas proyecta un programa político que los involucra en desarrollar la autogestión y el autogobierno del territorio local, provincial, nacional, continental hacia otro orden mundial.

En efecto, la «reforma agraria integral» implica reestructuración socioeconómica e institucional. Ésta parte de erradicar la concentración y desnacionalización tanto económica como territorial que el sistema capitalista implantó en forma de crecimiento constante desde los setenta mediante terrorismo de estado y que, encima, carece de perspectivas al financiarse por aprovechamiento de las ventajas comparativas de la Pampa Húmeda que está destruyendo. Considera que la forma de apropiación de la tierra fue decisiva en la concreción de ▪la estructura social de poder, ▪la subordinación de las clases dominantes al imperialismo hegemónico y ▪el modo de acumulación capitalista en el país-continente latinoamericano. Evalúa que esta realidad continúa y se ha profundizado. La Argentina está siendo  fragmentada en economías de enclave exportador de commodities para los oligopolios imperialistas y sus socios locales, en barrios cerrados, en latifundios extranjeros y megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. De ahí la importancia para la emancipación de convertir la tierra en bien social y recuperar la soberanía  sobre los bienes comunes, también la de los sectores estratégicos.

 

La puesta en práctica de la «reforma agraria integral» convoca a poner fin a la impunidad de la conculcación de nuestros derechos por la democracia restringida en forma de seguridad jurídica a los que oficializa como inversores extranjeros. La siguiente nota plantea:

 

Seguridad jurídica, ¿para quién?

Por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (Revista Pueblos)

 

 

“Reglas de juego claras, con garantía jurídica, estabilidad reguladora y fortaleza institucional”. Una y otra vez, los directivos de las grandes empresas españolas insisten en que los países en los que tienen sus negocios han de cumplir estas condiciones. Pero, en realidad, ¿a qué se refieren con todo esto de la “seguridad jurídica”? ¿Por qué este concepto se vuelve recurrente cuando las corporaciones transnacionales ven peligrar el crecimiento de sus beneficios en algún país? Así, según las multinacionales y los gobiernos que las apoyan en su expansión por todo el planeta, ¿qué derechos son los que deben protegerse de manera prioritaria? (...)

 

Asegurando los intereses de las multinacionales

En la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado se aprobó a principios de este año -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recoge una clasificación de los países de la región en base al “grado de seguridad jurídica”: entre los más seguros, México, Perú y Colombia; entre los inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y, a la vez, en el informe se agrupa también a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la Inversión Extranjera Directa que ofrecen, dándose el hecho de que son los países con mayor seguridad jurídica los que, precisamente, brindan las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas.

Con todo ello, parece claro que esta utilización del concepto de seguridad jurídica únicamente hace referencia a un nuevo Derecho Corporativo Global, que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI. De este modo, sólo parece entenderse la idea de seguridad jurídica en el marco de esta lex mercatoria, ya que su único fundamento resulta ser la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales.

Sin embargo, no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la seguridad jurídica. Y es que no tiene mucho sentido argumentar, por un lado, que los conceptos jurídicos y los usos y principios internacionales universales -como los de equidad, buena fe y enriquecimiento injusto- sólo pueden contribuir a regular las relaciones entre Estados y no las de los negocios privados, mientras, por otro, los tribunales internacionales de arbitraje -como el Centro Internacional de Arreglo sobre Diferencias de Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial-, que se crearon para dirimir conflictos entre Estados, sí son utilizados para resolver contenciosos entre Estados y empresas transnacionales.

Además, se hace una interpretación a conveniencia del principio de pacta sunt servanda (lo pactado obliga), en tanto que sirve de base para blindar los contratos firmados en el pasado por las empresas transnacionales. Como ejemplo de ello, y volviendo al caso de Bolivia, basta comprobar lo que decía un editorial del periódico El Mundo en mayo de 2006: “Morales, con su apresurada, populista y contraproducente medida, ha violado un acuerdo internacional sin reparar en las consecuencias”.

Al mismo tiempo se obvian las cláusulas rebus sic stantibus (lo establecido en los contratos lo es en función de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración), con lo que se insiste en que los acuerdos suscritos por gobiernos anteriores deben ser respetados en aras de la seguridad jurídica. Así, siguiendo con el mismo ejemplo, se llega a afirmar que el decreto de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia “dinamita la libertad económica, un concepto ya de por sí muy devaluado en el país andino. ¿Con qué seguridad invertirá a partir de ahora en Bolivia una empresa extranjera sabiendo que sus negocios pueden evaporarse en sólo unas horas?”. Se ignora que el aplastante triunfo electoral de Evo Morales iba ligado a un programa que incluía las nacionalizaciones, así como que existía un importante cuerpo normativo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Trabajo ratificado por ese país. Una vez más, el intento de modificar las reglas neoliberales por parte del nuevo Gobierno puso de manifiesto la férrea armadura jurídica que tutela las reglas e intereses de las corporaciones multinacionales.

 

¿Y la seguridad de los derechos humanos?

Vale la pena insistir en que, en todo caso, la seguridad jurídica es un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del nuevo Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico.

El caso boliviano -Venezuela y Ecuador también han tomado medidas similares- debe servir para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Todo ello por imperio de la nueva Constitución y del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones. Y es que no puede olvidarse que la defensa del interés general y de la soberanía nacional es una obligación vinculada a todo Estado de Derecho.

Por todo ello, no parece muy adecuado ampararse reiteradamente en este concepto para justificar que se antepongan los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Así pues, resulta preocupante que se considere como ejemplos en materia de seguridad jurídica a Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo; a México, donde varios dirigentes sociales han sido asesinados en los últimos meses, y a Perú, con una fuerte represión del Gobierno a las organizaciones indígenas. Y qué decir, en esta misma línea, de lo ocurrido tras el golpe de Estado en Honduras: ¿dónde han quedado las protestas diplomáticas y las retiradas de embajadores ante los atropellos cometidos cuando lo que ha estado en juego ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica?

En este sentido, con objeto de evidenciar la asimetría que existe entre la protección de los negocios de las compañías multinacionales y la falta de seguimiento de los impactos socioambientales que han sido originados por estas mismas corporaciones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha venido analizando durante los últimos cinco años los casos de medio centenar de empresas transnacionales presentes en América Latina. En sus diferentes audiencias, numerosas mujeres y hombres que representan a las comunidades afectadas y a cientos de organizaciones sociales europeas y latinoamericanas, han demandado que se haga efectiva la protección de la seguridad jurídica. Pero, eso sí, con la premisa de que lo que resulta necesario defender son los intereses del conjunto de la ciudadanía.

En el camino hacia la superación del sistema capitalista, acotar el poder de las corporaciones transnacionales e invertir la pirámide normativa internacional -de manera que en su vértice se sitúen los derechos de las mayorías sociales en vez de los de las minorías que hoy prevalecen- son reivindicaciones que se antojan impostergables. Y es que el actual encuadramiento jurídico de las empresas transnacionales pone en evidencia la diversidad, heterogeneidad, fragmentación y a veces contradicción de las normas vigentes del Derecho Internacional. Por ello, se hace necesario establecer una cierta coherencia en las mismas, que debería sustentarse en situar a los derechos humanos en la cúspide de la pirámide normativa.

Junto a esta idea fuerza, podrían asimismo formularse otras propuestas: que el marco normativo de las relaciones internacionales esté presidido por la soberanía de los pueblos y el derecho de autodeterminación, que el derecho a la alimentación y la salud queden fuera de las transacciones comerciales, que se limite y se someta al interés general el derecho a la propiedad, que se vinculen de manera imperativa y efectiva las normas sobre inversiones y comercio al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Todas ellas cobran sentido para que, como dice Alejandro Teitelbaum, podamos «reflexionar acerca de cómo los seres humanos, que “nacen libres e iguales en dignidad y derechos” recuperan, en el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos» , y poder lograr así, en definitiva, evitar la vulneración de los derechos humanos que sufren las mayorías sociales del planeta".

Juan Hernández Zubizarreta, miembro de Hegoa y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

Notas (...)

Fuente original: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1957

Fuente: www.rebelion.org /América Latina y Caribe/ 18-09-2010

 Veamos otras impunidades que la «reforma agraria integral» erradicará:

1.La contradicción del capitalismo con el ecosistema social del planeta

El capitalismo e imperialismo amenaza de extinción a la humanidad entera debido a estar destruyendo la habitabilidad de la Tierra. Comprobemos:

Por Ignacio Sabbatella (Voces en el Fénix)

 "América latina tiene por delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos profundos suscitados en la región, los gobiernos progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo. Es necesario volver a discutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender los problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto, incompatible con la acumulación ilimitada de capital.

En este artículo intentaremos exponer brevemente algunos de los desafíos que afronta América latina en materia ambiental. A tal fin, comenzaremos analizando los factores estructurales de la crisis ecológica global. Luego, expondremos lo que hemos denominado desigualdades ambientales, las formas que asumen y los conflictos que pueden albergar. En último lugar, haremos referencia al comportamiento y a las estrategias políticas que los gobiernos latinoamericanos llevan y pueden llevar a cabo.

La humanidad enfrenta una crisis ecológica de gran magnitud y con tendencia a agravarse. Sus manifestaciones pueden agruparse en dos grandes problemas, íntimamente relacionados. En primer lugar, la degradación ambiental, la cual envuelve la contaminación del aire, de los cursos de agua (superficiales y subterráneos) y del suelo. El denominado cambio climático se ha vuelto su cara más visible hoy en día. Y en segundo lugar, el progresivo agotamiento de bienes naturales, esenciales para la vida humana: agua dulce, minerales, tierra fértil, fuentes de energía. Las estadísticas de la World Wide Fund For Nature (WWF) indican que la demanda mundial sobre los recursos biológicos del planeta supera en un 30 por ciento la capacidad de regeneración de la naturaleza.

Es posible ubicar temporalmente la acelerada degradación ecológica en las últimas cuatro décadas, período que coincide con la implementación de las políticas neoliberales. Adjudicar la responsabilidad a la acción del hombre de modo abstracto, como suele hacerse en análisis ligeros o intencionados, oculta la forma histórica en la cual está inserta esa acción.

Tampoco nos conforma adjudicarla en el conjunto de ideas propias de la modernidad, es decir, la fe en el progreso indefinido de las fuerzas materiales. No nos dice nada acerca de cuál es la forma en la que el hombre se apropia de la naturaleza en un momento determinado dado el régimen de producción y reproducción material dominante.

Es necesario volver a discutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender los problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto, incompatible con la acumulación ilimitada de capital.

Capital contra naturaleza

Dada la estructura atomizada y caótica del capitalismo, la forma predominante en la cual el hombre se vincula con la naturaleza es a través de la apropiación privada y la mercantilización. El hombre se encuentra alienado respecto del mundo natural y el capital "fetichiza" la naturaleza.

El Estado aparece mediando entre el capital y la naturaleza, regulando su acceso y su explotación. Sin embargo, las políticas de privatización de empresas públicas, desregulación de los mercados y apertura económica del neoliberalismo desarmaron los mecanismos estatales que resguardaban en gran medida la naturaleza.

El capital aceleró, por ende, su dominio sobre el mundo natural en función de la producción de plusvalía. Es un proceso simultáneamente extensivo e intensivo. Extensivo porque el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza, ampliando las fronteras de extracción como continuidad de la acumulación originaria. E intensivo porque cada vez precisa una mayor cantidad de bienes naturales y un mayor sometimiento de las fuerzas naturales.

Asimismo, podemos observar que el debilitamiento de las regulaciones estatales también acelera los procesos de contaminación ya que deja librado a los capitales individuales deshacerse de desechos sólidos, líquidos y gaseosos sin tratamiento alguno. La lógica de la maximización de ganancias señala que el cuidado del medio ambiente no entra en los gastos productivos del capital.

Desigualdades ambientales

Habiendo analizado las características específicas del modo de producción capitalista en lo que hace a su relación con la naturaleza, ahora veremos cuáles son sus impactos sociopolíticos. Así como estamos acostumbrados a hablar de desigualdad social o económica, consideramos pertinente introducir el concepto desigualdad ambiental para dar cuenta de las relaciones de poder que se reproducen también en el ámbito ecológico.

Existen dos formas en las que se manifiesta la desigualdad ambiental: la desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano. La primera forma se refiere a las asimetrías de poder existentes para disponer, aprovechar, utilizar bienes esenciales para la vida, tales como agua, tierra y energía. La segunda forma está relacionada con la protección del medio ambiente y con las asimetrías de poder en la distribución de la degradación ambiental derivada de actividades productivas.

En el caso de la actividad extractiva de la minería y de los hidrocarburos se conjugan ambas formas de desigualdad, ya que en todo el mundo son apropiadas por poderosos capitales transnacionales en detrimento del acceso de poblaciones locales, que además sufren desplazamientos territoriales, y se realiza con bajos costos económicos y altísimos costos ecológicos, dada la utilización de grandes cantidades de agua, contaminación con químicos, quema de gases, etc. También resultan peligrosas estas actividades en su transporte, sea por la rotura de mineraloductos, oleoductos y gasoductos o las pérdidas en barcos petroleros.

La persistencia o la magnitud de las desigualdades ambientales son generalmente condición de posibilidad de conflictos socioambientales: se trata de disputas por la apropiación y/o mantenimiento de los bienes naturales y por el acceso a un ambiente sano o por la protección del medio ambiente, a escala local, nacional o internacional. Al mismo tiempo atraviesan distintos tipos de desigualdad social que generan nuevos conflictos o disputas en viejas relaciones desiguales, como el clásico intercambio desigual entre los países del Norte y los países del Sur. En los primeros se ubican los grandes centros de demanda, consumo y contaminación, mientras que los países más pobres quedan relegados a meros proveedores de bienes naturales. Un dato que ilustra: el 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático pertenece al 20 por ciento de la población mundial, concentrada en Estados Unidos, Europa y Japón.

Se reedita la división internacional del trabajo, donde las regiones con grandes riquezas naturales que escasean en otras partes del mundo se tornan apetecibles para la apropiación capitalista. Las riquezas de América latina la convierten nuevamente en un proveedor de materias primas, alimentos y energía para las economías industrializadas. A su vez, los países más ricos intentan trasladar el costo ambiental de las industrias más sucias. El ejemplo más cercano son las plantas de celulosa, siendo la pastera UPM (ex Botnia) la que generó más conflictos y cobró mayor notoriedad.

Dentro del ámbito nacional, también existen desigualdades ambientales que se superponen con desigualdades de otro tipo. En condiciones normales de acumulación, la apropiación capitalista restringe progresivamente el acceso a los bienes naturales y genera una distribución de los efectos de la degradación ambiental en mayor medida sobre pobres, negros, indígenas, campesinos, etcétera. En tiempos de crisis, sea económica o ecológica, la brecha de la desigualdad ambiental también se agranda porque el capital está dispuesto a salvar su propio pellejo a cualquier precio, transfiriendo los costos hacia otros sectores sociales.

Del extractivismo al neoextractivismo

En el contexto de las desigualdades analizadas, América latina tiene por delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos profundos suscitados en la región en la última década, los gobiernos progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo y en algunos casos lo han profundizado.

Países como Venezuela y Bolivia han tenido un destacable rol a nivel internacional como sucedió en Copenhague en diciembre pasado, responsabilizando al mismo sistema capitalista en relación con el cambio climático. Asimismo, cabe enfatizar la importancia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático impulsada por el presidente boliviano Evo Morales y que tuvo lugar en Cochabamba en abril último.

Sin embargo, son numerosas las tareas pendientes en el marco interno. Si en la etapa neoliberal predominó una política extractivista con respecto a la naturaleza, la última década es caracterizada por el investigador uruguayo Eduardo Gudynas bajo el rótulo de neoextractivismo.

El término extractivismo se refiere al predominio de actividades económicas basadas en la remoción de grandes volúmenes de bienes naturales, que no son industrializados o se hace limitadamente, con el objetivo prioritario de destinarlos a los mercados internacionales. En la historia de América latina no resulta una novedad ya que podríamos remontarnos a los inicios de la colonia misma. Pero sí es interesante observar cómo las políticas neoliberales de la década de los noventa profundizaron el perfil primario exportador de las economías latinoamericanas a partir de una legislación favorable a capitales transnacionales.

A pesar de una retórica crítica del neoliberalismo, en las políticas de los gobiernos progresistas persiste buena parte de los componentes de aquel extractivismo combinados con nuevas características. El neoextractivismo promueve un estilo de desarrollo basado en la explotación intensiva y extensiva de la naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de la inserción internacional como proveedores de bienes naturales. Los altos precios internacionales redoblan las exportaciones petrolera, minera y de monocultivos. El componente más novedoso es que el Estado adquiere un rol más activo en esos sectores, buscando fundamentalmente la captación de una mayor renta que le permita una redistribución de ingresos a través de políticas sociales. En muchos casos, los gobiernos logran una legitimación importante hacia el conjunto de la población pero se avizora como una política con límites muy definidos. Además de los impactos negativos sobre la naturaleza, se agrandan las desigualdades ambientales en las regiones donde abundan riquezas. No casualmente sino causalmente, se multiplican los conflictos ambientales donde es común encontrar poblaciones locales, campesinas e indígenas enfrentadas a transnacionales petroleras y mineras o resistiendo el desplazamiento que imponen los monocultivos.

Difícilmente los gobiernos latinoamericanos cambiarán el rumbo en el corto plazo y todo hace suponer que las tensiones sociales seguirán presentes en los próximos años. Si bien Gudynas nota las diferencias entre países de acuerdo con el tipo de intervención del Estado y el desenvolvimiento de las economías extractivas, creemos necesario enfatizar aún más estas diferencias.

En algunos casos se mantiene el control privado de aquellos sectores, como claramente podemos notarlo en la Argentina. La explotación de hidrocarburos sigue en manos del capital a pesar de la brusca caída de reservas y la crisis energética que acecha la economía desde hace unos años. Los megaemprendimientos de minería a cielo abierto se multiplican por decenas pese a las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas. La soja transgénica sigue ampliando su frontera, a costa de poner en riesgo la soberanía alimentaria nacional y a costa de la contaminación con agroquímicos.

Por otro lado, hay países que avanzan en el control estatal de las economías extractivas, como es el caso de Venezuela. A través de una profunda reforma en la legislación y la renegociación de contratos, el Estado logró alzarse con el control mayoritario de los pozos petroleros. Ciertamente los impactos ambientales de la explotación de hidrocarburos no desaparecen simplemente por un cambio en la forma que se asume el control. Pero sí nos interesa destacar el control estatal como un paso necesario para, posteriormente, avanzar hacia el control social de la actividad y sus impactos.

La transformación política y social es condición ineludible hacia la planificación democrática de la explotación de los bienes naturales y del cuidado del medio ambiente. Ello requiere también una transformación cultural que estimule una democracia cada vez más participativa. Finalmente, aun con buenas intenciones, la transición a una sociedad ecológica es una utopía si no se cuestionan y trastocan los fundamentos de la producción y reproducción capitalista".

Ignacio Sabbatella es becario Conicet, Instituto Gino Germani (UBA)
Fuente original: http://www.vocesenelfenix.com/sabbatella2.html

Fuente: www.rebelion.org/Ecología social / 18-09-2010

Por Elba Stancich

"Desde principios de la década del noventa venimos alertando sobre los potenciales impactos del proyecto Hidrovía sobre los ríos Paraguay y Paraná y sus humedales asociados.

Ante la afirmación que "la meta de producir 150 millones de toneladas de granos que propone el Plan Agroalimentario Nacional no es una utopía" y que el proyecto Hidrovía va a facilitar el transporte de los mismos, cabe recordar que lo que facilita la hidrovía es el modelo sojero, que se llevó puesto bosques, nutrientes, agua y ahora los cada vez más evidentes impactos sobre la salud de la población.

Documentos oficiales, dan cuenta que los análisis realizados indican que la soja y sus derivados son los productos más importantes en volúmenes a transportar por la Hidrovía, seguidos por el hierro y los combustibles. La hipótesis media para las proyecciones globales para 2020 indica un total de 50 millones de toneladas, de los cuales unos 40 millones se atribuyen al complejo soja. El tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de cuatro veces más. El tráfico de mayor importancia de subida es el de combustibles (80% del total).

El proyecto remozado implica realizar dragados de apertura y mantenimiento en 92 pasos –desde Santa Fe a Corumbá (Brasil)-, de los cuales 22 se consideran críticos, y seis en el río Paraguay requieren derrocamientos. Varios especialistas coinciden en que los derrocamientos provocarán cambios irreversibles de gran impacto sobre el sistema de humedales interconectados y para la biodiversidad, los que se acentuarán en períodos de aguas bajas, ya que cumplen un rol dentro del ciclo hídrico de los ecosistemas húmedos ribereños. El volumen de rocas a extraer es mayor que el que proponía el proyecto de 1996.

Si bien el tramo que se acaba de inaugurar -Santa Fe a Confluencia- no implica modificaciones en el río que signifiquen impactos ambientales severos, la Secretaría de Ambiente de la Nación sigue sin intervenir ni hacer estudios ambientales en todo lo relacionado al dragado del Paraná.

Si es cierto que en esta nueva etapa se ha incorporado la preocupación ambiental, un gesto en ese sentido sería una Declaración de los Países de la Cuenca del Plata con respecto a descartar definitivamente obras de derrocamiento en el lecho del río Paraguay. Pero esto sólo no sería suficiente ya que ríos “sanos” dependen de cuencas “sanas”, y hoy la cuenca del Plata sufre una degradación ambiental que se ha acelerado a causa de la voracidad del modelo agroexportador, al que es funcional la Hidrovía. No resulta creíble tal preocupación ambiental". Taller Ecologista www.tallerecologista.org.ar             Fuente: www.ecoportal.net / 15-09-10

2.La contradicción de la producción agropecuaria del capitalismo con la soberanía alimentaria

Por Dra. Graciela Gómez

Lo bio, orgánico, sano jamás podrá coexistir rodeado de monocultivos transgénicos al igual que las casas, escuelas y cursos de agua. Una manzana podrida pudre al resto, la contaminación es inevitable. ¿Qué debemos hacer para que se den cuenta? Sembrar amaranto alrededor de cada huerta como zona de resguardo ambiental? ¿Alambrar escuelas, rutas y ríos como las plazas cárceles de Capital Federal? ¿Enviar todas las colmenas al planeta Marte para preservar las pocas abejas que nos quedan?

"Lejos de los deseos e iniciativas de países como Canadá y la Unión Europea, Argentina sólo piensa en destruir más, envenenar más y regalar más recursos en detrimento del futuro del país. Mientras los wordshops de los envenenadores se multiplican, los agroshopings se destacan por los insultos que desde los palcos propinan sus mayores exponentes, sin esconder que sus deseos son menores retenciones y más subsidios para sus vacas obesas de feedlot sin regulación. Lo bio y lo magro para ellos es una utopía de soñadores y el estado el enemigo. Cada campo es una nación un estado aparte donde todo se puede. En este sentido experimentar con la genética, regar de químicos, desviar cursos de agua, inundar, desforestar, y principalmente matar al vecino. El verde dólar es la finalidad a toda costa y algunos gobiernos los acompañan con un guiño en un ojo y un látigo en la mano.

Una especie de encuentro sadomasoquista del granero del mundo. Las complicidades, omisiones y falta de programas sustentables sumergen las palabras de la primer mandataria al olvido y a carteras que deambulan. Crear insumos y milanesas de soja con pesticidas difícilmente puedan pasar los controles de cualquier organismo serio y mucho menos llegar al puerto.

Pero el soplo bio se está haciendo oír con más fuerza. El Sector biológico de Quebec en Canadá, desea que la producción se eleve a las 50.000 hectáreas cultivadas de modo biológico al 2013. Para ese año se quiere no sólo duplicar la oferta de productos bio, sino estimular la confianza de los consumidores y disminuir los riesgos de contaminación por los organismos genéticamente modificados (OGM). También ambicionan crear "cadenas de valor", a la imagen de la que se desarrolló en el trigo bio, transformado en harinas, luego en panes y en pastelerías. Una decena de productos a alto valor añadido podría ser desarrollada así, según Alain Rioux, director general bio del Sector, cuyas oficinas están situadas en Lévis. Los productores bio de Quebec colman apenas el 30% de las necesidades interiores, los grandes minoristas, que tendían a privilegiar la cantidad más bien que la calidad, están ahora en la búsqueda activa de productos locales sanos. El primer plan de acción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAQ) se conoció a finales de julio. Los objetivos son aumentar en casi un 20% las zonas sin abonos químicos ni plaguicidas y en un 26% el número de empresas agrícolas debidamente certificadas en 2013 para superar las 50.000 hectáreas y 1.300 empresas ecológicas.

En la Argentina sucede otra cosa. “La Nación no está formada por una sola realidad, sino por un conjunto de diversidades que debemos priorizar”, señaló el titular de Agricultura Julián Dominguez. “El desafío es lograr mayor producción con más productores en los campos, por eso el rol de las economías regionales resulta fundamental”. Linda frase, tardía para mi gusto, cuando las economías regionales han casi desaparecido o mutaron al poroto estrella.

Seguramente al decir la frase no pensó que lo bio, orgánico, sano jamás podrá coexistir rodeado de monocultivos transgénicos al igual que las casas, escuelas y cursos de agua. Una manzana podrida pudre al resto, la contaminación es inevitable. ¿Qué debemos hacer para que se den cuenta? Sembrar amaranto alrededor de cada huerta como zona de resguardo ambiental? ¿Alambrar escuelas, rutas y ríos como las plazas cárceles de Capital Federal? ¿Enviar todas las colmenas al planeta Marte para preservar las pocas abejas que nos quedan?

Los productores de ésos países esperan controles más severos de las semillas para evitar perder mercados de exportación tan lucrativos como rigurosos. Para realizarlo el Sector biológico de Quebec podrá contar con un presupuesto de 250.000 dólares anuales destinado por el MAPAQ por los tres próximos años.

Dado que esta aplicación depende de la confianza del consumidor en la designación orgánica, la organización tiene la intención de darla a conocer.

Ningún pasquín local publicó que el 26 de agosto pasado en Ginebra, se añadieron nueve nuevos productos químicos en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) sustancias bioacumulativas y tóxicas químicos que se encuentran en algunos productos de consumo común en la actualidad. "La inclusión de estos 9 COPs del Convenio de Estocolmo demuestra que los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a reducir y finalmente eliminar los productos químicos en toda la comunidad mundial, a fin de impulsar la salud pública, contribuir al desarrollo sostenible y aumentar las ganancias de la economía verde", dijo el Sub-Secretario General y Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner.

El Convenio de Estocolmo determinó que son los plaguicidas y productos químicos industriales los que pueden matar a personas, dañar el sistema nervioso e inmunológico, provocar cáncer y desórdenes reproductivos e interferir con el normal crecimiento de los bebés y alterar el desarrollo infantil.

Los nueve nuevos productos químicos enumerados en los anexos A, B y C del Convenio de Estocolmo son: hexaclorociclohexano alfa (un subproducto del lindano, potencialmente cancerígena para los humanos y fauna silvestre); beta hexaclorociclohexano (comparte las características de alfa hexaclorociclohexano); clordecona (un plaguicida clasificado como un posible carcinógeno humano tóxico para los organismos acuáticos); hexabromobifenilo (clasificado como un posible carcinógeno humano); hexabromodifenilo éter y éter de heptabromodifenilo (éter de octabromodifenilo de calidad comercial); lindano (un insecticida usado en semillas, suelo, tratamiento de la madera utilizado en forma farmacéutica para el tratamiento de la pediculosis y la sarna); pentaclorobenceno (muy tóxico para los organismos acuáticos); el ácido sulfónico de perfluorooctano, sus sales y fluoruro de sulfonilo perfluorooactane (usado en componentes eléctricos y electrónicos, imágenes fotográficas, fluidos hidráulicos y los textiles), éter de tetrabromodifenilo y éter de pentabromodifenilo (éter de pentabromado-difenil) (producto químico industrial, tóxico para la vida silvestre).

Recientemente, en Bruselas, la Comisión Europea trató de hacer caso omiso de lo que se ha demostrado en varias ocasiones: la abrumadora oposición de la población de la Unión Europea a la propagación de organismos genéticamente modificados (OGM) en su agricultura.

Antes de que las cosas vayan demasiado lejos, sería bueno examinar más de cerca los OMG. Allí, los cultivos transgénicos están muy lejos de ser beneficioso. Es más bien lo contrario. Contrariamente a los mitos de las relaciones públicas dadas en su propio interés por los gigantes de la alimentación, no hay una semilla de OMG que proporcionan un rendimiento superior a los cultivos convencionales, o que tiene menos necesidad de herbicidas químicos tóxicos. Por esta sencilla razón, no hay posibilidad de obtener beneficio.

El Dr. Mae-Wan Ho, es un genetista y biofísico de renombre. Según el Dr. Ho, la bomba de tiempo ecológico asociado con los OMG está a punto de estallar. Tras varios años de constante aplicación de herbicida glifosato patentados, como el famoso Roundup de Monsanto, la naturaleza ha respondido desarrollando “super malas hierbas" resistentes a los herbicidas, lo que exige mucho más y no menos, a los herbicidas. ABC Televisión, ha producido un nuevo documental titulado "El súper de los pobres no puede ser destruido. "y Marie Monique Robin anuncia su nuevo documental sobre COPs para fin de año.

Como detalla el libro "Semillas de destrucción" de F. William Engdahl, los cultivos transgénicos y las semillas se han patentado y desarrollado en los años 70, gracias al importante apoyo financiero de una organización pro-eugenesia, la Fundación Rockefeller, principalmente por las empresas químicas, productos químicos de Monsanto, DuPont y Dow Chemicals. Los tres estuvieron implicados en el escándalo del altamente tóxico Agente Naranja usado en Vietnam, y las dioxinas en los años 70. Al ser interrogado, el director de desarrollo técnico para Monsanto Rick Cole, dijo que esos problemas eran "manejables". Aconsejó a los agricultores usar diferentes marcas de herbicidas producidos por Monsanto y anima a los agricultores a mezclar el glifosato con otros herbicidas como el 2,4-D, prohibido en Suecia, Dinamarca y Noruega por sus vínculos con el cáncer, daños reproductivos y neurológicos. 2,4-D es un componente del Agente Naranja producido por Monsanto para su uso en Vietnam en los años 60.

Por tal motivo muchos gobiernos de la UE aconsejan a los agricultores a volver a los cultivos tradicionales no modificados genéticamente. Según el Ministerio de Agricultura, los alimentos orgánicos han aumentado de 3,6 mil millones de dólares en 1997 a 21,1 mil millones dólares en 2008. El mercado es tan floreciente que las fincas orgánicas están luchando para proveer una oferta adecuada ante el rápido aumento de la demanda de consumo que conduce a la escasez periódica de los productos ecológicos.

Un estudio reciente de la Universidad de Iowa y el Departamento de Agricultura, para evaluar el rendimiento de las explotaciones agrícolas durante los tres años de transición necesarias para pasar de la producción convencional a orgánica certificada, demostró los enormes beneficios de la agricultura orgánica por sobre las OMG. El experimento que duró cuatro años, mostró que, aunque los rendimientos fueron menores al principio, a partir del cuarto año la cantidad producida por cultivos orgánicos fueron superiores.

Por otra parte, la Evaluación Internacional de Ciencia y Tecnología Agrícola para el Desarrollo (IAASTD) después de tres años de deliberaciones de 400 participantes científicos y representantes no gubernamentales de 110 países concluyeron que la agricultura ecológica es la manera en pequeña escala para hacer frente al hambre, las desigualdades sociales y los desastres ambientales.

América del sur no escapa a los resultados cada vez más beneficiosos de la agricultura tradicional, que no es fomentada ni desde el gobierno ni desde las altas casas de estudios que sólo promueven el agronegocio. Un dato revelador me lo brinda el Dr Ingeniero agrónomo Walter Pengue: “El Instituto de Mato Grosso de Economía Agrícola de Brasil, demuestra que el coste de producción de la soja convencional en Mato Grosso para la cosecha 2010/11 es de 4,0% menor que la de soja transgénica. En promedio entre los distintos municipios, el IMEA estima una diferencia de R $ 60.88/ha a favor de la soja convencional".

Un dato que nuestros científicos venidos a menos, nuestras Universidades promotoras del agrocidio y el Senasa que hace las veces de ñoqui de un Estado, donde todos observan pero nadie actúa, deberían tener en cuenta. Es un resultado de agosto 2010, un mes concluido, para dar lugar al genocidio de los próximos meses, cuando se abren las puertas de la cámara de gas a cielo abierto y donde lo único importante será la cosecha record".
http://ecos-deromang.blogspot.com:80/ Publicado y enviado por ECOS DE ROMANG

Fuente: www.ecoportal.net/ 08-09-10  

Por David Sánchez Carpio (Revista 'Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas')

"Cuando las multinacionales lanzaron las semillas transgénicas parecía que su avance sería imparable. Sin embargo, una gran reacción social alertada por sus riesgos y peligros potenciales puso a esta tecnología en cuestión. La nueva amenaza no era ninguna broma, se estaban, y se están, liberando nuevos seres vivos a la naturaleza, saltando las barreras naturales entre especies.

Desde el movimiento ecologista se ha demostrado a lo largo de estos años el incremento brutal en el uso de agrotóxicos que ha supuesto la introducción de los transgénicos y sus impactos sobre la biodiversidad. O lo extremadamente peligroso que es introducir en el medio ambiente nuevos seres vivos que no hay forma de controlar.

Mientras, desde el ámbito agrario se ha denunciado de forma sistemática la dependencia que plantea el modelo de agricultura transgénica, basado en patentes sobre la vida, que criminaliza la práctica de guardar e intercambiar semillas y cierra el círculo de explotación del productor por parte de las multinacionales. O la imposibilidad de proteger la agricultura convencional y ecológica frente a la contaminación genética. Multitud de problemas a añadir al ya de por si duro contexto de globalización neoliberal, que excluye y castiga a los campesinos y campesinas de todo el mundo.

Han levantado la voz también las organizaciones de consumidores, alertados por los riesgos para la salud de estos nuevos alimentos. Por su presencia generalizada en nuestra dieta sin que en muchas ocasiones estén etiquetados y tengamos la oportunidad de elegir. Y en general por esta deriva hacia un modelo de alimentación que no entiende de salud pública o de derecho a la libre elección de las personas consumidoras, sino de los requerimientos del mercado global.

También los movimientos de solidaridad con el Sur, las ONGD, se han movilizado al comprobar que una tecnología que se anunció como la solución contra el hambre en el mundo no trae más que nuevas desigualdades, injusticia y pobreza. En sintonía, eso sí, con la nueva “revolución verde” que promueven las grandes instituciones financieras internacionales, a golpe de semillas patentadas, y más químicos.

Una de las grandes victorias de la lucha contra los transgénicos es haber generado un movimiento de resistencia global, que ha sido capaz de frenar una expansión que se daba prácticamente por segura. Los transgénicos se han extendido, sí, pero en unas proporciones muy reducidas, y siguen aún confinados a unos pocos cultivos, en unos pocos países.

Pero sin duda alguna, otro de los aportes de esta lucha es la confluencia de distintos movimientos sociales que ha generado una amplia alianza a nivel global y local. Una alianza que se ha ido fraguando a través de los años mediante acciones de protesta y reivindicaciones comunes, y que en el Estado tuvo su máximo exponente en la manifestación celebrada en abril del 2009, con más de ocho mil personas de todo el territorio exigiendo en Zaragoza una agricultura y una alimentación libre de transgénicos. Colectivos hasta hace un tiempo casi antagónicos, como agricultores y ecologistas, junto a consumidores y otros colectivos, en una movilización conjunta.

Y sin embargo, esta alianza va mucho más allá de la lucha contra los transgénicos. Tenemos claro a lo que nos oponemos, quienes son los enemigos. Pero también nuestras reivindicaciones comunes: una agricultura social y respetuosa con el medio ambiente, una alimentación sana y de calidad, un mundo rural vivo o una sociedad más justa y solidaria. En resumen, estas alianzas confluyen en la defensa de un modelo basado en la Soberanía Alimentaria.

David Sánchez Carpio de Amigos de la Tierra

Fuente original: http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2010/05/09/lucha-contra-los-transgenicos/

Fuente: www.rebelion.org /Ecología social / 18-09-2010

3.La criminalidad del capitalismo

"La actual especulación sobre la alimentación mundial"

Por Juan Hernández Vigueras (ATTAC)

"Durante este verano de 2010, los precios mundiales del trigo, el maíz y la cebada han experimentado incrementos tremendos del 50 %, en los que los observadores han detectado signos similares a los de la otra crisis alimentaria de 2008, que trajo hambrunas y motines desde Bangladesh hasta Haití pasando por África. En la actualidad, la peligrosa situación del mercado mundial de los alimentos demuestra que, a pesar de las lecciones aprendidas desde entonces, se ha hecho muy poco para prevenir nuevas crisis.

Lo decía el pasado mes el director del Centro de la Universidad de Berlín para la Investigación del Desarrollo, Joaquín von Braun (Ft, 9/8/2010), destacando que sigue sin abordarse el mal funcionamiento de los mercados del grano y que eso es un fracaso. Precisaba, entre otros aspectos, que entre las fuerzas que concurren en la fijación de los precios de los alimentos, sobresale el creciente papel de los especuladores.

Según datos publicados, los contratos de futuros del trigo para septiembre 2010 mostraban el mayor y más rápido incremento en los precios desde 2008. En esta como en otras materias primas alimenticias, la explicación la encontraban dos especialistas del Financial Times, en los comportamientos de las grandes corporaciones de la alimentación que procuran asegurarse precios futuros ante la incertidumbre de estos mercados agrícolas mundiales (Hedging helps foodmakers through uncertainty in august 2010. Ft.com, 12/8/2010 )

Por un lado, el detonante de ese alza actual de los precios de materias primas alimenticias han sido las reducidas expectativas de las cosechas en Rusia, Ucrania y algunas zonas del Europa occidental; y particularmente, la prohibición rusa de exportación de trigo, que afirman que ha acelerado el riesgo de un pico en los precios, socavando la confianza mundial en la estabilidad de precios y suministros el comercio de alimentos.

Y las multinacionales de la alimentación se han apresurado a incrementar los contratos que garanticen sus suministros ante el temor de ver desabastecidos los escaparates de los supermercados; han adelantado los contratos llamados de futuro que fijan cantidades y precios para fechas anticipadas. Una modalidad de la especulación que acompaña a los mercados a escala brutal. Y así, recientemente aparecen las grandes multinacionales fabricantes mundiales de alimentos como Tyson Foods, Anheuser-Busch InBev, General Mills, Kellogg y Kraft, como cooperadores necesarios de los especuladores financieros.

Porque a la evolución de la especulación tradicional, se ha añadido la irrupción de especuladores puramente financieros, un nuevo tipo de especulador que es descrito en un informe reciente de la ONG holandesa SOMO. Son especuladores que después de haber definido un cierto precio en el contrato de derivados deciden pasar el riesgo a otros; es decir, convierten el contrato de suministro futuro en un producto comercializado en los mercados financieros mediante esos contratos de derivados, cuyo valor deriva del precio de la materia de referencia o subyacente.

De este modo, el producto subyacente (el trigo, la cebada, el maíz, etc.) se convierte en producto financiero con el cual especular y trasladar el riesgo del suministro y precios futuros a otros participantes. Esta especulación ajena a los mercados reales, desestabiliza los precios de la materia prima agrícola. Son los nuevos especuladores que entran en el juego de casino desde el año 2002.

De entrada digamos que los principales operadores de los derivados sobre materias agrícolas no son ahora los grandes terratenientes como antaño sino la gran banca financiera. Actualmente, los grandes negociantes de derivados de materias primas forman parte de los grandes bancos que están muy activos en muchos mercados financieros. Porque disponen de mayor capitalización y solvencia para ser contrapartes en esos contratos de derivados, gracias a las ayudas financieras que han recibido de los contribuyentes. Por supuesto, son ellos quienes saben del negocio.

Son, sobre todo, un pequeño número de conglomerados financieros que domina el negocio de los derivados y servicios conexos; y están fuertemente interconectados por las relaciones comerciales que mantienen entre ellos. Los tres mayores “dealers” en derivados de Wall Street son Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of América, que ahora son propietarios de Merrill Lynch, Citigroup y Morgan Stanley. Y entre los europeos, los mayores actores en los mercados de derivados son Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank y UBS.

A finales de 2009, eran parte del 96% de las operaciones de derivados OTC realizadas por los holdings de 25 bancos estadounidenses y que son valoradas en 293 billones (trillion). La continuación de la crisis durante el año 2009, no fue obstáculo para que los bancos estadounidenses ganaran un mínimo de 28,000 millones de dólares en el negocio de los derivados.Las ganancias de los conglomerados referidos salen de los derivados financieros de las materias primas de maneras muy variadas, entre otras de la especulación como negociantes de swaps por su propia cuenta, diseñando contratos y haciendo de intermediarios por una comisión, prestando asesoramient por una comisión, operando en bolsas y cámaras de compensación por una comisión y ofreciendo servicios relacionados con índices bursátiles por una comisión. Siempre ganan. Además, sacan provecho de los intereses de los préstamos a otros especuladores. Los enormes beneficios que obtienen de estos negocios de derivados les llevan a promover este comercio financiero así como a pagar elevadas retribuciones variables (bonus) a sus directivos y a su personal. (The commodity bubble. Financing Food Financialisation and Financial Actors in Agriculture Commodity Markets. Documento de divulgación de SOMO, Abril 2010)

Y, mientras tanto, las tecnocracias internacionales fortalecidas por sus consensos con la banca, tienen listos los borradores de próximos acuerdos en Seúl que “regulen” la banca global sin perturbar su funcionamiento. Pero para que entren en vigor no antes de 2019".

Fuente: http://www.acordem.org/2010/09/18/la-actual-especulacion-sobre-la-alimentacion-mundial/

Fuente: http://www.rebelion.org/Economía/ 20-09-2010