Descubrimos que organizar y controlar el funcionamiento territorial en acuerdo con necesidades e intereses populares y respetuoso del binomio indisoluble de sociedad-naturaleza implica:

Guido Proaño A. desde Quito (Ecuador), en "A propósito del concepto de soberanía", relata:

"La transnacional petrolera Exxon Mobil enjuicia al gobierno venezolano por su decisión de establecer como mínimo en 60% la participación accionarial del Estado en las empresas mixtas. El juicio se ventila en tribunales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda y la demanda asciende a 12 mil millones de dólares. Venezuela ejerce soberanía y la petrolera quiere burlarla.

En 1996 se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones, CIADI. Surgió como un órgano dependiente del Banco Mundial, al que los gobiernos entreguistas se sometieron para resolver conflictos jurídicos entre los estados y las multinacionales. Esos gobernantes pisotearon la soberanía para servir al capital extranjero.

Cuando Saddam Hussein era juzgado por el tribunal que lo sentenció a muerte, cuestionó la validez y legalidad de esa Corte y juicio, alegando además que tenía otro fuero; el argumento más contundente que encontró el presidente de ese tribunal fue muy simple: "somos un país ocupado". Los Estados Unidos impusieron su soberanía en Irak.

En febrero de 1997 se produjo en nuestro país un gran levantamiento popular que echó de la Presidencia de la República a Abdalá Bucaram; acontecimientos similares se produjeron para destituir a Jamil Mahuad y a Lucio Gutiérrez. El pueblo ejerció su soberanía. El ejercicio de esa soberanía está en marcha en el trabajo de la Asamblea Constituyente, pero la oligarquía desconoce esa capacidad, cuestiona su actividad y actúa para recusar sus resoluciones. Chocan concepciones ideológicas y políticas y uno de los puntos de contradicción es, precisamente, la concepción de soberanía. No hay homogeneidad conceptual y no puede haberla en ninguna sociedad clasista y en un mundo en el que un puñado de potencias imperialistas ejercen el dominio del planeta.

Los Estados Unidos pregonan el concepto de soberanía ‘extraterritorial’ para escudar el intervencionismo político y militar en donde a su juicio corrían peligro sus intereses. En base a ello se justificaron las guerras ‘preventivas’ que se desenvuelven en base a la siguiente lógica: yo te aniquilo, acaso tú estés pensando hacerlo conmigo. Como guerras ‘preventivas’ se calificaron las invasiones a Afganistán e Irak. La soberanía ‘extraterritorial’ de los Estados Unidos no reconoce un marco legal internacional; sus funcionarios, sus tropas no pueden ser sometidos a esas leyes. Son, como alguien lo dijera, "excepción soberana".

Para los países dependientes quedó la soberanía limitada, la soberanía funcional que justificó el servilismo y el sometimiento al capital extranjero, a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CIADE y más. No pocos defensores de esa concepción, con cinismo y torpeza, argumentaban que "de la soberanía no se come".

Lo que ahora se vive en el Ecuador expresa un momento en el que el pueblo ha podido conquistar elementos de soberanía, y existen condiciones para que ésta se amplíe y profundice conceptualmente. Reivindicar para el pueblo el derecho y la capacidad de autodeterminación, de autogobernarse –fustigando cualquier acción contraria de parte de potencia imperialista alguna- no puede asumirse como una declaración formal; su ejecución plena tiene una connotación trascendente en un país dependiente del imperialismo, históricamente dominado por círculos terratenientes y burgueses en uno y otro momentos.

Esa nueva concepción sustenta el rol protagónico de los pueblos en la construcción de su propia historia; propugna la salvaguardia de nuestro territorio, de los recursos naturales estratégicos que deben ser controlados y explotados por el Estado; alerta la necesidad de proteger y promover las identidades culturales de la nación ecuatoriana, de las nacionalidades y pueblos indígenas y del pueblo negro. Compromete, a su vez, a respetar el derecho a la autodeterminación de los otros pueblos, a condenar y luchar en contra de toda forma de colonialismo y neocolonialismo, a ser solidarios con quienes luchan por la libertad y el progreso.

La soberanía, más que un concepto, es una concepción integrada al tipo de sociedad que queremos construir". Fuente: http://www.voltairenet.org/article155884.html /11-3-08

Biodiversidad en América Latina y El Caribe da a conocer "Por la defensa y soberanía territorial y ambiental de los Páramos de Colombia" donde DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y POPULARES señalan que "Los: indígenas, campesinos, afros, habitantes párameros y sector urbano de Colombia, reunidos en el espacio propio para estas comunidades, en el marco del Congreso Nacional de Páramos, en la ciudad de Paipa (Boyacá), los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2.009, presentamos el siguiente documento de Pronunciamiento y Exigencia al gobierno nacional.

Nosotros las comunidades que hemos vivido y convivido por hace mucho tiempo con los páramos, conocemos sus lagunas porque en ellas nos refrescamos; son ecosistemas de hábitat de muchos animales y plantas que nos ayudan a mantenernos en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás, por eso nos interesa su preservación por que igualmente pensamos en nuestros hijos y en su futuro.

La pervivencia de los páramos, es fundamentalmente la permanencia de la naturaleza, ella nos puede continuar dando el alimento espiritual y material que necesitamos o no lo puede quitar todo y dejarnos morir de hambre y sed, si no la escuchamos y no la respetamos. La naturaleza no es una parte, es un todo y los paramos hacen parte de ese todo como el lugar más frágil, por eso son espacios de mucho respeto, de secretos invaluables, de agua; es allí donde conjugan toda una gama de elementos que por nada del mundo se pueden cambiar, pues son la vida.

Hemos cuidado y seguiremos cuidando los páramos, hemos vivido como parte de ellos, conocemos y reconocemos que para unos son ecosistemas y para otros son territorio, que aún se conservan en buen grado; que “su importancia radica en la gran biodiversidad, el intercambio de genes y ser refugio de especies emblemáticas como el cóndor, el puma, el oso y la danta” y aún más en su función hidrológica que presta como el mayor regulador de la alta montaña y que no decir de sus paisajes que expresan ese carácter solemne y sagrado que viene de nuestros antepasados

Son estas y muchas otras razones por las cuales nos permitimos pronunciarnos en este espacio del Congreso Nacional de Paramos 2.009 y manifestar lo siguiente:

1.No permitiremos que los páramos sigan convirtiéndose en objeto mercantil, con la vía de la privatización del agua, plateando que se busca mejorar la calidad y disponibilidad para todos, cuando ya está demostrado en otros países y regiones donde se ha concesionado el agua, que las comunidades marginales han terminado sin soluciones de agua potable, porque a las compañías privadas lo que le interesa es maximizar el beneficio reduciendo el gasto.

2. Ratificamos nuestra posición frente al contenido original del Referendo por el agua votado por más 2.000.000 de colombianos y colombianas del cual hacemos parte y reiteramos de manera categórica los principios fundamentales del referendo en el siguiente sentido: el agua potable como derecho fundamental, el reconocimiento del agua como bien común y publico, la responsabilidad del Estado a garantizar el mínimo vital gratuito a toda la población, el agua jamás podrá ser de apropiación privada y el agua en los territorios indígenas y afrocolombianos es parte integral del territorio. Por lo tanto rechazamos la versión sustitutiva, aprobada y manipulada en el primer debate de la Cámara de Representantes.

3.Nos oponemos a que declaren nuestros páramos como reservas en territorios ancestrales indígenas, a su militarización y al desalojo de las comunidades. Conocemos que el avance de la frontera agrícola es una realidad a la que debemos hacerle frente, sin embargo para esto es necesario y urgente que el Estado cumpla con los compromisos de la adquisición y entrega de las tierras necesarias para las comunidades, haciendo una verdadera reforma agraria; pues es la carencia de tierras productivas y la falta de políticas, que empujan el avance de la frontera agrícola.

4.Exigimos que los predios adquiridos o en proceso de adquisición por el Estado, deberán ser entregados a las comunidades de base a través de las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Grupo de Trabajo en Paramos y Juntas Administradoras de Acueductos).

5.Exigimos que antes de implementar planes, programas y proyectos en los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, se debe agotar los espacios de la Consulta Previa y la concertación, de acuerdo a sus respectivas visiones de manejo territorial (Planes Departamentales de Agua, Ley de Paramos, Manejo Forestal, explotación minera).

6.Que el Ministerio del Medio Ambiente y todas sus dependencias, de manera obligatoria faciliten y coloquen a disposición los recursos económicos, financieros y técnicos, para la implementación y construcción de un Plan de Gestión Ambiental e Integral (indígenas, campesinos, afros y urbanos).

7.Exigimos que en un corto plazo el Ministerio del Medio Ambiente y de manera conjunta con las comunidades, se construya un Plan de Contingencia Económica para las comunidades que habitamos en las zonas de páramo y en las zonas de interés hídrico dado que somos quienes realmente podemos garantizar la supervivencia de los recursos.

8.Exigimos a la institucionalidad del Estado la legitimidad del ejercicio de la Autoridad Ambiental de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Declaración Universal de estos, de manera vinculante a las otras comunidades parameras. Es necesario que las comunidades campesinas de páramo sean reconocidas en las misma medida en que son reconocidas las demás comunidades por la ley.

9.Exigimos al gobierno nacional que a través de sus dependencias afines, se prohíba la actividad minera donde afecte los ecosistemas estratégicos (páramos, cuencas y selvas tropicales).

10.Convocar a una mesa de dialogo a las corporaciones regionales, Empresas Prestadores de Servicios de Agua y a las hidroeléctricas, para que con las comunidades se concerte y se operativice unos planes integrales de contingencia alternativos, como mecanismos para mitigar la ampliación de la frontera agrícola de los indígenas y campesinos.

11.Se solicita a las instituciones del Estado, aunar esfuerzos para que inicien el proceso de saneamiento y legalización predial, sin costo alguno, que garantice a los campesinos poseedores de tierra en áreas de páramo tener su propio titulo; y que las áreas de comuneros, propias de los llamados derechantes, sean administradas por ellos mismos, en función de la conservación, es decir conforman su propia área protegida comunal.

12.Recuperar y mantener los saberes y conocimientos tradicionales de las comunidades, para la producción orgánica y promover e incentivar su consumo, evitando la introducción de los transgénicos que alteran los ecosistemas y perjudican la salud de los seres vivos, en base a que somos un país mega biodiverso.

13.Que sea un compromiso de las comunidades indígenas, campesinas, afros, urbanos, con ingerencia en las zonas de páramo, generar un espacio propio de discusión, análisis y concertación sobre un plan de acción a corto, mediano y largo plazo en busca de la protección de los paramos, es decir el próximo Congreso Nacional que se convocará se denominará ENCUENTRO NACIONAL DE GENTES DE PARAMO.

14.Se declara la conformación de la Red Nacional de Paramos, como un mecanismo de comunicación, seguimiento, control y evaluación del Plan de Acción del trabajo en Páramos de las comunidades y obviamente de las instituciones.

Para constancia se firma por los participantes en este espacio, a los 29 días del mes de mayo de 2.009".

Nación Yanakuna

Fuente: www.biodiversidadla/ 19-6-09

Biodiversidad en América Latina y El Caribe da a conocer "Uruguay: derecho a la alimentación versus soberanía territorial" de

RAPAL Uruguay que marca:

"Nuestro planeta produce alimentos suficientes para alimentar adecuadamente a toda su población. Sin embargo millones de personas diariamente no tienen alimentos o si los tienen no son suficientes para satisfacer sus necesidades. Otros millones de personas comen mucho más de lo que realmente necesitan y miles de toneladas de alimentos se desperdician diariamente. Esta situación es a todas luces injusta. Para profundizar aún más este modelo, ahora el gobierno impulsa y promueve la producción agrícola para agrocombustibles. Frente a este nuevo proceso, nada se dice sobre el derecho que tiene cada persona a la alimentación y que este derecho se hipoteca más cada día con la ocupación de tierras para la producción de agrocombustibles.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. El tema del Día Mundial de la Alimentación para 2007 es "Derecho a la alimentación".

El derecho a la alimentación es un derecho humano inherente a toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente de dónde vivan en el planeta.

Nuestro planeta produce alimentos suficientes para alimentar adecuadamente a toda su población. Sin embargo millones de personas diariamente no tienen alimentos o si los tienen no son suficientes para satisfacer sus necesidades. Otros millones de personas comen mucho más de lo que realmente necesitan y miles de toneladas de alimentos se desperdician diariamente. Esta situación es a todas luces injusta.

En la Cumbre Mundial sobre Alimentación, celebrada en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” . Asimismo, se comprometieron a implementar este derecho en su totalidad y a realizarlo de manera gradual con el fin de garantizar la seguridad alimentaria para todos.

Lamentablemente estas declaraciones van en sentido totalmente contrario con la realidad que mundialmente estamos viviendo: los alimentos suben de precio y cada vez menos personas tienen acceso a ellos y si logran tenerlo en muchos casos no son NI SANOS NI NUTRITIVOS como la declaración lo formula.

La mayoría de los alimentos producidos mundialmente vienen acompañados con el paquete tecnológico de fertilizantes, agrotóxicos y en los últimos diez años se han incorporado las semillas manipuladas genéticamente, diseñadas para ser usadas con herbicidas e insecticidas y en algunos casos con ambos. A esto se agrega que muchos de los alimentos procesados tienen como ingrediente soja y/o maíz manipulado genéticamente. ¿No será tiempo de discernir si estos alimentos son sanos y nutritivos?

La producción de alimentos se ha convertido en una industria más, donde el derecho a la alimentación no es tomado en cuenta: lo que importa es producir para ganar. Con este concepto se esta promoviendo a nivel mundial el cultivo de alimentos para producir agrocombustibles, o sea que nuestras tierras en vez de producir alimentos para las personas producirán alimentos para alimentar automóviles. ¿Será éste un nuevo derecho firmado por los Jefes de Estado y de Gobiernos para proteger la industria automotriz y los agronegocios?

Derecho a la alimentación en nuestro país

El 40% de la población infantil vive bajo la línea de la pobreza y sufre algún grado de desnutrición. Sin embargo, en estos últimos años la producción de alimentos ha aumentado sustancialmente, y junto a ella aumenta la exportación a los países del norte. La industria agropecuaria cada vez está más dirigida a producir para exportar y el consumir alimentos como la carne se convierte en un privilegio para pocos. Parece insólito que esto esté ocurriendo en un país como Uruguay, productor de carne y que hasta hace pocos años atrás ésta era parte central de la dieta diaria de l@s uruguay@s.

La producción agrícola se ha expandido notoriamente con la soja transgénica, que cada día ocupa más espacio desplazando a otros cultivos y ocupando tierras que se encontraban con pasturas naturales, tal como también ha pasado con el modelo forestal. Estas dos industrias han funcionado bajo el mismo modelo, resultando en la extranjerización y concentración de la tierra, en la contaminación de aguas, en degradación de suelos y en una sociedad rural empobrecida y expulsada de sus tierras.

Para profundizar aún más este modelo, ahora el gobierno impulsa y promueve la producción agrícola para agrocombustibles. Frente a este nuevo proceso, nada se dice sobre el derecho que tiene cada persona a la alimentación y que este derecho se hipoteca más cada día con la ocupación de tierras para la producción de agrocombustibles.

El derecho a la alimentación requiere de medidas concretas: protección de nuestros suelos, agua, semillas y la salud de nuestra gente. Solo así se podrá cumplir con este derecho humano que es la alimentación. Es rol del estado impedir que nuestra soberanía alimentaria se vea afectada y ello requiere en primer lugar que nuestras tierras y aguas no sean vendidas al mejor postor.

Nuestras tierras no nos pertenecen; las hemos tomado prestadas de nuestros hij@s y si creemos que el derecho alimentación es un derecho humano debemos de protegerlas.

Invitamos a las autoridades y a la sociedad en general a tomar conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales. El Derecho a la Alimentación sólo será posible si nuestra Soberanía Territorial está protegida y si suelos, agua, semillas y trabajo son destinados a la producción de alimentos. El Derecho a la alimentación sólo será real si se trabaja por él".

15 de octubre 2007

Fuente: www.biodiversidadla/ 18-10-07

Biodiversidad en América Latina y El Caribe da a conocer "Colombia: Declaración final del pre-encuentro nacional de tierras y territorios"

"Los y las 150 participantes del Preencuentro Nacional de Tierras y Territorio reunidos en Bogotá del 6 al 8 de agosto del 2009, en representación de 113 organizaciones de víctimas del desplazamiento, de mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos reunidos para analizar las experiencias e iniciativas de las comunidades en torno al derecho humano a la tierra y territorio, de la recuperación y protección de los territorios, declaramos:

1. El desplazamiento forzado como política de estado, tiene el objetivo fundamental del abandono seguido de despojo de las tierras y los territorios que entrañan riquezas de biodiversidad, culturales, históricos-sociales, que representan para el gobierno, políticos y empresarios una mercancía a negociar. En este sentido, las tierras y territorios despojados son utilizados para la implementación de proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales, con la acción y omisión de lo militar, lo político y legislativo, que evidencia la permanencia de un Estado de cosas inconstitucional.

Durante el encuentro se identificaron casos de despojo ubicados en los departamentos de: Magdalena Medio, Vichada, Casanare, Meta, Norte de Santander, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Cesar, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Atlántico, Chocó y Boyacá.

2. Esta política ha provocado entre otras cosas, la destrucción del modelo agropecuario para la producción alimenticia propia y de la economía campesina; una grave crisis humanitaria y en la actualidad significa más de 4,6 millones de hombres y mujeres desplazadas y la pérdida de por lo menos 10 millones de hectáreas de tierras que pertenece a campesinos y campesinas, hombres y mujeres colonos, indígenas, afrodescendientes, que están siendo ocupadas por otros, cambiando de legales y legítimos poseedores y propietarios, cambiando su uso, vocación, en el desarrollo de un reordenamiento territorial basado en una contra reforma agraria.

3. La contra reforma agraria expresada en el despojo de tierras y territorios, ha sido antecedida por la perpetración de crímenes de Lesa Humanidad por parte de acciones militares y paramilitares, quienes luego en complicidad con empresarios, terratenientes, políticos, apropian ilegalmente las tierras y territorios para sus intereses. Para ello se amparan en la legislación existente en materia agraria, impuesta por un Congreso influenciado por los perpetradores del despojo. En las Notarias y Oficinas de Registro Público que avalan las falsedades de documentos que legalizan lo despojado. Las invasiones empresariales sobre los territorios que destruyen para sus proyectos. El despojos realizado por el narcotráfico. Las acciones administrativas del INCORA, la UNAT y el INCODER, que favorecen el despojo. La negación del gobierno a los regresos y retornos, diseñando una política de atención a la población desplazada para mantenerse en la ciudad y no en los territorios propios.

4. Lo despojado, no ha sido restituido y no será restituido. Nos preguntamos los participantes en este encuentro de Tierras y Territorios, por qué el gobierno no ha iniciado la devolución de tierras que ha entregado los jefes paramilitares y las que han sido declaradas en extinción de dominio o en las que existe orden judicial o administrativa de restitución; y por el contrario se están entregando en subasta a nuevos propietarios, testaferros o empresas transnacionales, en muchas ocasiones de manera gratuita con la única condición de su explotación agroindustrial.

5. Durante estos días escuchamos el relato de más de 150 casos entre abandonos, despojos, apropiación ilegal de tierras y Territorios, donde las comunidades han desarrollado múltiples experiencias propias de retorno, regreso y protección de los territorios recuperados, a través de la resistencia y liberación de la madre tierra, de mecanismos como zonas humanitarias, espacios humanitarios, campamentos de refugio, zonas de reserva campesinas; las tomas de predios en extinción de dominio. El reconocimiento de estas experiencias, deja claro que existe una decisión de recuperar lo despojado a través de estos retornos propios y regresos a los territorios, que las políticas gubernamentales no están orientadas a promover. Por tanto, es necesario que las comunidades potenciemos todas las iniciativas en pro de favorecer la defensa de la tierra y el territorio.

6. Los participantes del preencuentro exigimos al gobierno nacional el desmonte del INCODER y de la Dirección Nacional de Estupefacientes por considerar que estas instituciones son foco de corrupción y han amparado el despojo de tierras y territorios. En su lugar demandamos la creación de un programa nacional de restituciones con participación determinante en su cuerpo directivo de las organizaciones de víctimas, indígenas, campesinos, afrodescendientes y mujeres, que haga posible y rápido la restitución de predios y titulación a poseedores, tenedores, ocupantes, y a los reales propietarios.

7. Solicitamos a la Corte Constitucional la necesidad de convocar a una audiencia campesina donde estemos juntos afrodescendientes, indígenas y campesinas y campesinos mestizos, con el fin de que escuchen nuestra propuesta de política agraria desde cada una de nuestras realidades étnicas y regionales. Para ello, formalmente estamos enviando una comunicación los participantes de este encuentro a los Magistrados de la Corte Constitucional que hacen seguimiento a la T-025.

8. Igualmente, nos proponemos elaborar un listado de beneficiarios de los despojos violentos donde se incluyan terratenientes, militares, transnacionales, congresistas, políticos y otros, para difundir y denunciar esta información que permita conocer los verdaderos responsables del desplazamiento forzado y despojo. Para ello, ya hemos elaborado un informe parcial de 21 casos de despojos y apropiación ilegal que anexamos a esta declaración.

9. El preencuentro de tierras propone impulsar de manera conjunta un plan nacional de restitución directa, a través del cual los propietarios/tenedores, desarrollen acciones paras recuperar sus predios, a partir de los bienes entregados de paramilitares y narcotraficantes, además de los declarados de extinción de dominio.

10. Los asistentes hemos afirmado la necesidad de rescatar los valores culturales, sociales y económicos que entrañan el modelo de economía campesina; así como los modelos de organización de comunidades indígenas y afrodescendientes. En este sentido el encuentro hace un llamado a la sociedad colombiana a defender la soberanía alimentaria como un derecho fundamental.

11. Rechazamos la estigmatización de las y los campesinos, indígenas y afrodescendientes, las judicializaciones por intentar recuperar lo que por derecho nos pertenece. Por ello exigimos que se cierren las investigaciones que se adelantan actualmente contra los hombres y mujeres campesinos, afrodescendientes e indígenas y que se han abierto por recuperar legal y legítimamente la tierra y el territorio despojado por paramilitares, políticos, empresarios, narcotraficantes.

12. Llamamos a consolidar proceso de convergencia y coordinación de iniciativas, pues es la manera más eficaz de enfrentar el proyecto de despojo e impunidad. EL gobierno elude su responsabilidad con las víctimas y no las repara adecuadamente y sólo se limita a pagar unas irrisorias indemnizaciones que en ninguna manera restablecen a las víctimas en sus derechos vulnerados. Igualmente rechazamos los lineamientos de la política pública de restitución de tierras que recientemente se formuló porque ella se limita a la restitución de la propiedad, sin ocuparse del patrimonio y no se considera la totalidad de bienes que fueron despojados.

13. Reconocemos que actualmente se impulsan varias iniciativas en procura de exigir el derecho a la tierra y el territorio. En este sentido llamamos a las organizaciones a acompañar a las comunidades que resisten y luchan en recuperación de predio, liberación de la madre tierra, zonas de reservas campesinas, zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, retornos y regresos a las regiones; las cuales exhortamos a multiplicar por toda la geografía nacional.

14. Los participantes de este preencuentro consideramos muy importante salir a promover encuentros regionales y zonales que preparen la cumbre nacional por la defensa del territorio que proponemos se realice en el mes de julio de 2010, que convoca organizaciones que defienden la tierra y el territorio.

15. Finalmente, el encuentro exhorta y felicita a las comunidades que luchan y resisten en la defensa del derecho a la tierra, al territorio, al Soberanía Nacional y actualmente han logrado estar en sus tierras y territorios nuevamente".

Agosto 8 de 2009. Bogotá

Agencia Prensa Rural / Domingo 9 de agosto de 2009

Fuente: www.biodiversidadla/ 14-8-09

Biodiversidad en América Latina y El Caribe difunde "La deuda ecológica necesita de justicia ecológica"

"Los cristianos tienen la "profunda obligación moral de promover la justicia ecológica", afirmó el comité central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Para ello es necesario que tomen en cuenta "las deudas que existen hacia las personas y pueblos más afectados por la destrucción ecológica y a la tierra misma" .

“La actual era de la globalización de los mercados ha utilizado el trabajo humano, los recursos, las propiedades y otros tipos de vida para producir riqueza y confort para unos pocos a expensas de la vida y la dignidad del resto”, sostuvo el comité en una "Declaración sobre ecojusticia y deuda ecológica" aprobada en su reunión del 26 de agosto al 2 de septiembre.

La deuda ecológica se refiere en primer lugar a la que los países industrializados del Norte deben a los países del Sur, a cuenta del saqueo histórico y actual de recursos, la degradación ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero así como desechos tóxicos.

La declaración subraya la complicidad de las iglesias en modelos de consumo no sustentables. La teología del dominio de la humanidad sobre el resto de la creación, que ha servido para justificar la explotación de la tierra, debe ser reemplazada por una teología de la humildad y del compromiso basada en la ética ecológica.

La degradación del medio ambiente está provocando situaciones trágicas en distintas partes del mundo. Geraldine Varea, de 26 años, la miembro más joven del comité central del CMI, señaló que varias islas del Pacífico como las de Tuvalu y de Kiribati, están despareciendo bajo las aguas por el efecto invernadero y los cambios climáticos.

“Se erosiona la tierra fértil y comienza a filtrarse agua salada en los pozos de agua que abastecen a las aldeas”, señaló la joven representante de la iglesia Metodista de Fiji y Rotuma. “¿Qué haremos si ya no tenemos agua dulce para beber ni para regar nuestros sembrados?”

“En el Pacífico ya existen poblaciones que emigran por la catástrofe ambiental que provoca la crecida del mar y la desaparición de las islas”, continuó Varea. “Australia y Nueva Zelanda están dispuestos a aceptar a estos inmigrantes, pero mantienen cupos de 75 personas por año, lo que le dificulta a muchos planear su futuro.”

Según Varea, los jóvenes en la región del Pacífico piensan "que las iglesias tienen que desempeñar un papel importante en esta lucha, creando conciencia sobre el problema dentro de su propio ámbito y en la sociedad, e involucrándose en los foros internacionales para llevar la voz de los habitantes de las islas”.

Para el argentino Lic. Elías Abramides, “trabajar para cambiar las reglas de juego en los países industrializados en torno al cambio climático y la deuda ecológica exige solidaridad con los que están sufriendo las consecuencias y enfatizar la responsabilidad ética que tenemos en común por preservar los bienes que Dios ha creado”. Abramides es miembro del Patriarcado Ecuménico y jefe de la delegación del CMI ante las Conferencias de Partes en torno a la Convención sobre Cambio Climático de la ONU.

En su declaración, el CMI hace un llamado a sus iglesias miembros para que insten a los gobiernos, instituciones y corporaciones del Norte para que tomen iniciativas que reduzcan drásticamente la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, dentro de los parámetros establecidos por la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, y aún superando los mismos.

También exige la cancelación de todas las deudas financieras ilegítimas de los países del Sur, siendo las más urgentes las de los países más pobres, como parte de una reparación social y ecológica y no como asistencia oficial para el desarrollo. Finalmente, llama a las iglesias a continuar profundizando sus campañas sobre cambio climático y su demanda de que se pague la deuda ecológica con los países del Sur".

Consejo Mundial de Iglesias, Internet, 3-9-09

Fuente: www.biodiversidadla/ 11-9-09

Víctor Ramiro Fernández, en "¿Qué desarrollo regional para qué desarrollo nacional?", establece que la reproducción de las condiciones de vida y trabajo de toda la población se debe fundar sobre "una mayor integralidad e inclusión/equidad económica social".  Define a la «Integralidad» como

• "conexión del crecimiento con el desarrollo, a través de una redistribución de los resultados del crecimiento sostenido que asegura el acceso a bienes (vivienda, infraestructuras/ espacios públicos) y servicios (salud, educación, capacitación)";

• condiciones sociales tendientes a conformar los entornos de aprendizajes e innovación promotores del patrón de acumulación -endógeno y descentralizado- que da sostén a ese crecimiento en el tiempo.

"Ahora bien, tanto la integralidad como el crecimiento sólo tienen perdurabilidad en el caso de que estén acompañados por un adecuado nivel de inclusión y equidad económico-social:

♠«Inclusión económica» implica un aumento de la incorporación de las PyMES informales en los encadenamientos productivos formales, una permanente mejora de las mismas en las porciones más dinámicas de esas cadenas y un mayor involucramiento de la fuerza de trabajo en esos encadenamientos (aumentando sus niveles de formalidad, ingresos y calidad productiva).

♠«Inclusión/ equidad social» contempla una extensión de los elementos que forman la integralidad (en la forma de provisión de bienes y servicios) al conjunto de la población por medio de:

• Un sistema de coberturas universales de bienes y servicios a través del Estado, financiado por el conjunto de la población en función de su participación del producto social (ver sobre la dimensión fiscal).

• Una articulación creciente entre los procesos productivos formales y las distintas formas de organización -estatales, ONGs, fundaciones, institutos, etc.- destinadas a cualificar las condiciones de vida (educación, capacitación, viviendas comunitarias, etc.)".

Víctor Ramiro Fernández explica el crecimiento sostenible en el tiempo:"a partir de un patrón de acumulación que garantice una subordinación de las formas financieras de valorización a las formas productivas de valorización y que asuma un perfil de reproducción más sofisticado, descentralizado y endógeno.

♦Subordinación de las formas financieras de valorización implica la sujeción de la rentabilidad y expansión del capital financiero a su actuación como soporte efectivo de los proyectos productivos.

♦Sofisticado significa que supere la estructura dominantemente primaria del sistema económico, a partir de sumar, dentro de los ámbitos nacionales, las funciones más dinámicas (de mayor expansión y contenido de conocimiento) y de más alta valorización de los encadenamientos productivos, colocando la cooperación público/privada para el desarrollo de aprendizajes e innovación en el centro de las estrategias de largo plazo.

♦Descentralizado y endógeno refiere a una reversión de las tendencias concentradoras y transnacionalizadoras, apelando a una mejora constante del posicionamiento y las

funciones de los actores PyMES de base nacional y emplazamiento regional en esos encadenamientos; así como a un condicionamiento de los actores concentrados y transnacionales que habilite lo antes indicado".

Al revés de la actualidad en que se "focaliza los procesos de acumulación y redistribución selectivamente en un grupo determinado de aglomeraciones o áreas locales que operan como "islas de prosperidad" en un escenario de consolidación de los procesos de desigualación territorial". Procura "un desarrollo territorial integrador que extienda el patrón de acumulación y de reproducción social (en los términos indicados) al conjunto de los territorios y sus actores económico-sociales. Ello supone una descentralización -no aisladora sino nacionalmente articulada- orientada a extender y cualificar las conexiones económicas e institucionales intra e interregionales que habilitan:

• La inclusión no subordinada de los actores económicos -de base PyME- de las regiones periféricas/rezagadas en los segmentos de actividad más dinámicos de los encadenamientos productivos.

• El desarrollo de puentes retroalimentarios entre los actores económicos regionales formalizados y las actividades que mejoran las condiciones de reproducción social".

Víctor Ramiro Fernández propone "Pensar los desafíos del desarrollo posneoliberal desde una perspectiva regional y multiescalar". Señala:

"Es tan posible como pertinente posicionarse  desde las regiones para contribuir sustantivamente a una estrategia sostenida en un patrón de acumulación sofisticado, descentralizado y endógeno y una reproducción social más cualificada, basada en la integralidad y la inclusión, sostenida en una dinámica territorial menos asimétrica y más integradora. (...)

¿Por qué ? Se necesita:

"(...) El impulso de procesos de procesos de acumulación y regulación institucional de "abajo hacia arriba" que se valen de la proximidad territorial para permitir a aglomeraciones de empresas regionales -esencialmente PyMES- configurar a partir de su asociación economías de escalas, reducir costos de transacción (ventajas estáticas por asociación) y desarrollar formas colectivas de innovación y aprendizaje (ventajas dinámicas por aprendizajes colectivos).

El complejo cuerpo de experiencias internacionales que da crédito a estos procesos, primero en los países centrales y luego en la periferia, ha contado con una "plataforma común" sustentada en concebir y analizar las regiones y localidades como instancias cuya organización y desempeño no se fundamentan sobre las estrategias individuales de los actores institucionales y económicos ni en las dimensiones estrictamente comerciales de sus relaciones, sino en la capacidad cooperativa de esos actores, así como de la fusión retroalimentaria de las dimensiones socioeconómicas e institucionales a nivel territorial.

El desarrollo de una cooperación interempresaria e interinstitucional en los ámbitos regional y local y la orientación a cualificar los aspectos vinculados con las mencionadas ventajas estáticas y dinámicas es esencial para dar un salto hacia delante en los procesos territoriales de acumulación y en los de reproducción social, así como en la articulación de éstos logrando convertirse en un aspecto fundamental para enfrentar los desafíos y lineamientos sugeridos (...)".