Contextos

Septiembre 2009

I / II / III

 

El Capitalismo es el problema porque

Impone el modelo de soja como motor de la recolonización de sudamérica

I. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la primera hipótesis

El capitalismo es el problema  porque funciona en acuerdo con el apoderamiento imperialista del planeta y de los adelantos científico-técnicos por parte de oligopolios cuyo objetivo es extraer cuanto sirva para su acumulación acelerada de riquezas y poder sin importarles hambrear o desnutrir a casi la mitad de la humanidad ni destruir tanto a las sociedades como a la naturaleza.

 

Walter Alberto Pengue nos sitúa en: "la paradoja de una Argentina exitosa agroexportadora y por otro lado, desnutrida  no es tal".Veamos cómo

el ingeniero agrónomo Walter Alberto Pengue, en el "Resumen de Producción agro exportadora e (in)seguridad alimentaria: El caso de la soja en Argentina", advierte: "Durante los noventa, la producción agropecuaria argentina presentó importantes transformaciones, que sosteniéndose en un modelo tecnológico intensivo contribuyó a un perfil de país, que creyó encontrar en la creciente especialización productiva ventajas comerciales importantes.

 

El paradigma de la eficiencia y la incorporación tecnológica de cultivares de soja transgénica adaptados a muchas de las eco-regiones argentinas facilitó el desplazamiento de variados sistemas, no sólo en la Región Pampeana sino en las zonas extraPampeanas, ricas en biodiversidad. Por otro lado, la disponibilidad y riqueza de alimentos para la población argentina (ricos y pobres) disminuyó drásticamente poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país, que al igual que muchas otras naciones sudamericanas facilitaron la transnacionalización de su agricultura y han perdido el rumbo. Es importante definir políticas agrícolo ambientales y la implementación de instrumentos de regulación, como las retenciones ambientales. A la lucha por los recursos (suelo, agua potable y biodiversidad) Argentina, Sudamérica y el mundo se envuelven hoy en un nuevo debate, la Batalla por la Proteína de mayor calidad entre el Sur y el Norte.

 

1. Tecnoeficiencia y Tecnopatogenias del modelo transgénico 

 

La paradoja de una Argentina exitosa agroexportadora y por otro lado, desnutrida  no es tal para el frío análisis comercial en un mundo global, ya que sólo confirma la tesis – comprobada históricamente con el café, el azúcar, el caucho, el banano, el tabaco o el quebracho - que son muchas las naciones que han enriquecido con sus bienes y recursos a corporaciones foráneas y sus contrapartes locales, subsumiendo a sus compatriotas en el hambre más criminal.

Argentina, no escapa a esta consideración. El otrora granero del mundo puede llegar a hipotecar los recursos del país detrás de la renta económica inmediata y enfrentarse a una pérdida casi total de su Soberanía Alimentaria. Hace menos de una década que se ha permitido la liberación comercial de semillas de soja transgénica que junto con una fuerte adopción tecnológica y profundas transformaciones sociales y económicas han cambiado, en un sentido u otro, el perfil productivo del campo argentino (Pengue,2000), de una forma mucho más intensa, que el propio proceso previo generado por la recordada Revolución Verde. 

En el caso de la BioRevolución o Segunda Revolución Verde, el primer tipo y camada de la tecnología ADN recombinante – básicamente semillas de soja, maíz y algodón - que se expande en el país, responde a un paquete intensivo en el uso de insumos promovido durante la última década y que fuera conocida como la década del insumo. 

 

Esta intensificación agrícola de la década pasada y actual, presentada como una única alternativa productiva en el marco de un modelo de pensamiento único y hegemónico, ha generado transformaciones importantes tanto en la estructura agraria pampeana como extrapampeana:

Es incuestionable que la soja (Gráfico Nº 1) se ha convertido en el cultivo más importante de Argentina, pero con costos y externalidades devenidos de la monocultura, crecientes pero poco evaluados. La evaluación del riesgo tecnológico, de la prudencia necesaria frente a una tecnología tan poderosa no ha sido considerada. Las tecnopatogenias (Eguiazu y Motta, 1997) asociadas tampoco. Sobre la actual campaña agrícola - 70.000.000 de toneladas – el cultivo representa más del 50 %, mostrando por una parte un interesante techo productivo tecnológico, pero por el otro, la manifiesta debilidad del país, dependiente de un producto que básicamente apunta a la agroexportación y que no es componente importante en ninguna cadena alimenticia ni dietaria argentina.

 

En los noventa, el doble cultivo trigo-soja, ha permitido mejorar la rentabilidad de la empresa agropecuaria, manejar su flujo financiero y endeudarse por nuevos productos y maquinarias. La siembra directa, desde hace diez años, ha sido la tecnología propuesta para disminuir el daño por erosión, basada en la no-remoción del suelo y la aplicación de herbicidas. 

 

Podríamos preguntarnos si más allá de la búsqueda por el incremento en los rendimientos, muchos agricultores o el gobierno analizan o conocen los perjuicios que manejos altamente intensivos pueden generar sobre la base de recursos del país. Es posible que sí. Es muy probable que para muchos, especialmente los pequeños y medianos productores, vean año tras año, que sus bolsillos se engrosan con atrayentes pagos por arrendamiento y que sus propios campos, muchos de ellos ya administrados por terceros, se degradan cosecha tras cosecha. El aumento de la escala, detrás de esta economía monoproductiva y sojaexportadora, es una realidad incontrastable. Además de los herbicidas (en una década, pasamos de un consumo de 1.000.000 de litros de glifosato a más de 150.000.000), la soja utiliza una batería de agroquímicos para el control de sus principales plagas y enfermedades, y también ahora fungicidas y curasemillas, de alto costo y la mayoría importados.

 

El riesgo 

Los efectos e interacciones que los organismos genéticamente modificados, especialmente la soja transgénica, están teniendo sobre el medio ambiente y la sociedad, no se encuentran aún en la agenda de discusión que la República Argentina se debió y no cumplió aún. Una agenda abierta que amplíe no sólo el debate científico sino también la participación y opinión de todos los actores de la sociedad. Estas nuevas tecnologías, por su poder de transformación y sus potenciales impactos no pueden ni deben dejarse sólo en las manos de intereses mercantiles o sectoriales. Son procesos que por supuesto no sólo responden a un determinado desarrollo tecnológico sino que lo trascienden ampliamente y pueden tener una relación directa con los posibles y devastadores efectos de la privatización de la ciencia y la tecnología. Las equivocadas dependencias, alineamientos o complacencias que pueden poner en peligro la independencia de la ciencia nacional y su destino futuro. Puede haber beneficios pero los riesgos también pueden ser enormes, si no se evalúan en el ámbito y con la amplitud debida. La participación social y su juicio se hace obligatoria en el desarrollo e implementación de una ciencia postnormal (Funtowicz y Ravetz, 1994).

 

Es necesario entonces agrandar el foco de análisis e incorporar nuevos elementos e instrumentos como los aportados por la economía ecológica, la ecología productiva, la teoría del riesgo tecnológico y el principio de prudencia.

El país pasó a formar parte de un gran engranaje mundial que lo alejó de la sustentabilidad ambiental y social para encauzarse en un camino de "subdesarrollo sustentable" (Cavalcanti,2000) sólo útil para las economías del Norte y ciertos sectores específicos y concentrados, los nuevos enclaves, del Sur. Jonathan Swift (1667-1745) decía que "cualquiera que pueda hacer que crezcan dos espigas de cereal o dos hojas de hierba en un suelo donde antes solamente crecía una, merecerá mayor agradecimiento de la humanidad y hará mejor servicio a su país que toda la raza de políticos juntos". Una loable actitud, que apuntaba a la radical importancia que siempre tuvieron los alimentos para la Humanidad.

Doscientos cincuenta años después, el objetivo productivo sigue presente pero la distorsión y el dominio posterior de lo generado se monopoliza en muy pocas manos que no contemplan los impactos sociales y ambientales que sus prácticas generan. Aquí nuevamente las definiciones de una política estratégica para el manejo racional de los recursos vuelve a tener la trascendencia de la comprensión e importancia que la política como tal tiene como marco regulatorio de una tecnología fuertemente transformadora. La pérdida de los necesarios instrumentos y organismos técnicos de regulación durante los noventa, sumado a importantes cambios en los procesos productivos facilitó una expansión sin control hacia pocos cultivos sólo del interés de los mercados externos.

 

Durante más de diez años, el país venció récord tras récord sus agroexportaciones y esto en ningún momento demostró la más mínima mejoría del entorno social. Por cierto la "teoría del derrame" no se cumplió, sí la de la concentración. La agricultura no es un tema menor en la agenda de los países, y es fácil comprender como cada uno de ellos, ricos y pobres, defienden sus posiciones hasta el extremo. Argentina debe recuperar el terreno perdido y evitar que la política del sector le sea marcada de antemano. Muchas veces, las invisibles manos del mercado, deben tener quién las oriente (Pengue, 2000), que hoy luego de observar lo ocurrido con el manejo discrecional de nuestros recursos, se reafirma totalmente. 

Este proceso no es intrínseco de la Argentina, sino que responde a una estructura mundial de dominio del mercado mundial de alimentos por parte de compañías norteamericanas y europeas, que especialmente después de la segunda guerra mundial, facilitó el hecho que decenas de países que antes eran autosuficientes comiencen a depender de fuentes distantes en cuanto a la provisión de materias primas y las formas de consumirlas. La fuerte impronta monopólica de los traders cerealeros, las agroquímicas y las compañías de semillas continúa con su marcha silenciosa. Es muy notable, y difícil de comprender el cómo estas compañías pudieron deslizarse a través de la historia con tanta discreción como lo hicieron (Morgan, 1979). En la última década existe además una fuerte aceleración hacia una mayor concentración y alianza de corporaciones en todas las áreas de semillas, farmoquímica y traders, que dominan la cadena en todas sus etapas (Morales, 2002). Las cinco compañías más 5 importantes a escala global y que por supuesto operan en la Argentina, son Dupont, Monsanto (que incluye a Cargill y Dekalb), Syngenta, Aventis y Dow Chemical. 

 

2. La pampeanización de la Argentina 

La intensificación agrícola de la década pasada y actual promovida por la globalización monopólica de los alimentos, ha generado algunos beneficios sectoriales pero también cambios relevantes en la estructura agraria. Todo este proceso ha llevado a una acelerada agriculturización o más bien a una sojización del modelo que eliminó el planteo mixto y transformó, especial pero no únicamente a toda la Región Pampeana, en un área eminentemente de monocultura sojera. Sí en cambio, el fuerte desplazamiento hacia la monoproducción, pone en tela de juicio la sustentabilidad de todo el sistema productivo nacional, dado que con las nuevas variedades de soja transgénica, las prácticas de cultivo se han extendido por doquier, avanzando sobre nuevos ambientes, hacia en Noroeste, el Noreste y el Oeste del país, generando una "pampeanización" de sistemas ecológicos altamente frágiles.

El proceso alcanza ya al Oriente boliviano, el Paraguay, sur del Brasil y el Uruguay, que utilizarán a la Hidrovía Paraguay-Paraná para la salida de toda esta producción. Un proyecto de dudosas consecuencias ambientales que intenta profundizar el dragado del río a lo largo de 3.400 kilómetros del sistema fluvial y emprender otros trabajos de ingeniería que contribuirán a la salida de cada vez más grandes volúmenes de materias primas. Nuevamente, la falta de una política adecuada  que detenga los desmontes para la siembra de soja, de ricas áreas en biodiversidad como Las Yungas o el Monte Chaqueño, dejan una estela preocupante y un enorme pasivo ambiental en una historia que antes se produjo con el quebracho para la producción de tanino (Martínez Alier, 2003).

 

Velozmente se desmontan hoy mismo, cientos de hectáreas de bosques y montes nativos que tardan mucho tiempo en desarrollarse. Cuando se elimina el bosque se reduce en forma notable la retención del agua de lluvia y aumentan la evaporación y los procesos erosivos (hídrica y eólica), se acentúa la amplitud térmica del ambiente, disminuye drásticamente la biodiversidad nativa, se suspenden el aporte de materia orgánica y nitrógeno y se interrumpe el desarrollo de suelos. El impacto que ejerce el hombre sobre los ecosistemas naturales queda perfectamente reflejado en la situación actual del Parque Chaqueño, donde desaparecen casi hasta la extinción el quebracho colorado, el quebracho blanco, los algarrobos blanco y negro, el guayacán, palo mataco, palo cruz, mistol, brea, chañar y otras maderas de ley.

 

Los bosques se eliminan y son reemplazados aceleradamente por cultivos de soja, caña de azúcar, cítricos, algodón, tabaco, porotos y otros que avanzan constantemente por un proceso que está "incentivado por una política de expansión de la frontera agropecuaria que aporta facilidades crediticias, incluyendo desde el desmonte hasta la adquisición del equipamiento y agroquímicos. El desmonte, que viene efectuándose a una tasa de 30.000 hectáreas por año, continúa. Las facilidades crediticias también se destinan a la reforestación con otras especies exóticas de crecimiento más rápido para la producción de papel y maderas de baja calidad"(Atlas Argentino, 2003).

 

La deforestación es muy notable en las provincias que actualmente están permitiendo una gran superficie de sus territorios a los nuevos avances de las sojas transgénicas, como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes o Entre Ríos en un notable proceso de desmonte legal o ilegal, observándose además un incremento muy fuerte de las superficies afectadas por incendios, muchos de ellos intencionales en las áreas involucradas con no sólo el quemado de arbustales sino en algunos lugares la quema directa del bosque nativo (Cuadro Nº 1).

 

La situación de la Selva de Yungas, no deja de ser un ejemplo paradigmático de lo acontecido primero con el avance de la caña de azúcar y hoy en día directamente con la fuerte presión por sistematización de campos para soja. Aproximadamente un tercio de la superficie de las Yungas responde a la selva pedemontana, la de mayor riesgo frente a este avance. De casi 2.100.000 de hectáreas, el 75 % del total, es decir alrededor de 1.500.000 hectáreas ya han sido transformadas para la producción agrícola. Sólo en el área pedemontana, son más de cien las especies de árboles las que viven, de las cuales, 40 son exclusivas y 10 son de interés forestal actual, lo que implicaría la posibilidad de una explotación forestal racional y certificada, que no ameritaría su destrucción definitiva. 

 

El pasivo ambiental generado en tantas áreas del país se suma, como veremos, a la degradación y pérdida de estructura y nutrientes de muchos de los suelos más ricos del mundo, aquellos alojados en Pampa Argentina, y que fueron la base de su riqueza, que si bien siempre mal distribuida, permitió ciertos procesos de expansión y progreso del país en épocas pasadas. La fuga de materiales - resultado de la erosión - sumado a una extracción minera de nutrientes por parte de la agricultura y el abandono de las rotaciones con ganadería, está planteando que estos suelos se vean obligados a ser fertilizados masivamente, con agroinsumos sintéticos, en poco tiempo. Degradación, erosión y desertificación tienen una directa consecuencia ambiental, escasamente perceptible hasta su materialización en la imposibilidad productiva, lo que se manifiesta en algo aún más terrible: el aumento de la pobreza, la devaluación económica de los recursos y el aumento del costo social. La enfermedad ecológica nacional más grave de un país agroexportador como el nuestro, está vinculada al proceso de desertificación y a su manifestación más evidente hasta en los climas superhúmedos: La erosión (Morello y Pengue,2001).

 

3.  La sobreexplotación y subvaluación de los recursos

 

 La Deuda Ecológica que crece. Pareciera ser que "la gran aspiración de esta ‘nueva agricultura’, sería un verdadero salto cuantitativo de la producción actual, liderada por la monocultura sojera, de real peligro para la diversidad biológica y la regeneración de los suelos"(INTA, 2003). "En la Argentina, hay alrededor de 60 millones de hectáreas con algún grado de erosión que equivale a la superficie de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (en conjunto una superficie mayor a la de Francia). Tenemos las tres cuartas partes del territorio con procesos de aridez y semiaridez. El costo anual de esta erosión es de mil millones de dólares y si se toma solamente a la Región Pampeana, el calculo alcanza los 600 millones. Esas pérdidas se duplican, si contabilizamos los daños a la infraestructura (redes ferroviarias, viales, puentes, embalses)" (Casas, 2003). Por supuesto, estos costos se incrementan más cuando valorizamos las externalidades y la exportación de nutrientes, sin reposición natural, que se van con los cultivos (otros 900 millones de dólares con la cosecha actual) (Pengue, 2003).
 

La sobreexplotación exportadora, sostiene al gobierno de la mano de las retenciones agropecuarias (alcanzan el 22 % de la exportación de granos), garantiza la continuidad en el pago de los servicios de la Deuda Externa y por otro lado incrementa día a día la Deuda Ecológica. Los beneficios alcanzados por algunos sectores, no pueden disimular los daños ya claramente identificados: 

 

4.  El camino hacia la Soberanía Alimentaria

 

Es evidente entonces, que la política agropecuaria no sólo debe contemplar el producir materias primas para sus mercados externos. En la búsqueda productivista y muchas veces acallado por la recuperación de impuestos y retenciones, el Estado Argentino ha desatendido, una situación básica, cabalmente comprendida por la mayoría de las naciones desarrolladas: Su Soberanía Alimentaria. "La Soberanía Alimentaria es un derecho de la Nación a definir su propia política agraria, de empleo, pesquera, alimentaria y de tierras de manera tal que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para sí y sus condiciones únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a las formas de producirlo, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades"(Cepa, 2002). Implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de los alimentos de la población a partir de la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural. El fortalecimiento del tema o la debilitación del mismo en determinados tiempos históricos o frente a los nuevos acuerdos comerciales como el NAFTA (Luzzani, 2003) donde "su política agraria sumada a la negligencia gubernamental hizo perder a México su Soberanía Alimentaria" o el ALCA tienen implicancias no sólo alimentarias sino sociales, económicas, culturales y que pueden poner en riesgo la supervivencia misma de un Estado. 

 

No sólo Argentina, sino también muchos países de la región, como el Brasil, aparentan intentar comenzar a revisar su propia política agropecuaria e inmediatamente se encuentran con serios escollos y presiones para definir una decisión soberana en este sentido. Tanto como sucede ya en la Argentina, también a Brasil comienzan a ejercer presión para la liberación de organismos transgénicos (especialmente la soja), que hoy en día componen alrededor de casi 8.000.000 de toneladas de soja OGM y que ese país no sabe como justificar, dado que su producción en tierras brasileñas no estaría permitida. La estrategia de inundar ilegalmente el sur del país con OGMs ha dado sus frutos a las corporaciones y actualmente el gobierno brasileño se encuentra frente a la disyuntiva de exportar una producción sojera por la que se le analizará en cada puerto la tipología de su contenido y se le requerirá el pago del royaltie correspondiente a la compañía Monsanto, o dársela a los pobres (¿!). El paso siguiente es el que se vislumbra y que con semejante volumen generado, las corporaciones reclamarán posteriormente la liberación comercial de OGMs en ese país. El no considerar seriamente las cuestiones de Soberanía Alimentaria, y sólo paliativos impacta por igual a los dos colosos del Sur. En ambos países, sea la campaña Fome Cero en Brasil o las medidas encaradas en Argentina, representan esquemas voluntaristas y clientelares que no atacan el corazón del problema y pobremente han demostrado resolver hasta ahora los serios problemas de acceso a los alimentos y desigualdades cada vez mayores de más de 46.000.000 de brasileños o del 57 % de la población argentina. 

La discusión en ambos países debe pasar por el rescate de la soberanía alimentaria y el asegurar, además del necesario fortalecimiento y control independiente sobre las exportaciones y el pago adecuado por los correspondientes impuestos, el apoyo a las economías regionales por sector y por producto, el sostener al productor en el campo rescatando el concepto de multifuncionalidad de la agricultura, el considerar con amplitud los impactos por nuevas liberaciones de OGMs y por cierto, el reconstruir un sistema productivo que mire también hacia el mercado interno (Winck,2003). La convivencia de distintas formas de producción que apunten al desarrollo sostenible de los pequeños, medianos y grandes productores, que acerquen divisas genuinas al país, que mejoren el acceso y dominio del mercado nacional y fortalezcan las economías locales, rescaten del olvido a las economías regionales, y de una vez por todas permitan a nuestros pueblos asegurar la Soberanía Alimentaria que tuvieron desde antes y durante la llegada de nuestros inmigrantes, es uno de los principales desafíos. La producción agroecológica, en el ámbito local, es una alternativa productiva, viable, económica y validada técnicamente que puede favorecer un nuevo sistema de producción que pone nuevamente en manos del productor, las decisiones sobre el qué y cómo producir. 

 

5. La Batalla por la "Proteína" 

 

Además de la sobreexplotación de los recursos naturales para hacer frente a una creciente demanda mundial de los países más desarrollados de materias primas y la subvaluación del precio de las mismas, al no incluirse las externalidades ambientales producidas que deberían ser internalizadas e internacionalizadas, los países del Sur, especialmente los de América Latina, se enfrentan a una importante batalla, más sutil pero que transformará el futuro de sus próximas generaciones:

Además de la pérdida de su soberanía alimentaria, el sometimiento al cambio de las dietas y la pérdida de la calidad nutricional de sus alimentos, básicamente de las calidades de las proteínas que se ingieren. Mientras por una parte se favorece como en Argentina, una especialización productiva que demanda una creciente cantidad de nuevas tierras para la producción de soja, se desplaza y disminuye la disponibilidad ganadera y los amplios espacios naturales para su producción, se fomenta el cambio cultural y de la dieta histórica que alimentó a generaciones con proteínas de alta calidad (carnes, leche, huevos) por aquella de menor calidad (basadas en la soja y en las supuestas bondades de la "leche de soja" o "carne" del mismo tenor). 

Estos cambios favorecidos por las corporaciones internacionales y por organizaciones nacionales, impulsan campañas como las de "Soja Solidaria" que pretenden alimentar a la población más pauperizada con una dieta casi exclusiva de productos derivados de la oleaginosa, sin considerar los consabidos riesgos de alimentar a los niños más pequeños, especialmente los menores de cinco años, con los derivados del cultivo (Políticas Sociales, 2002). Hoy en día, cada argentino consume actualmente alrededor de 10 kilogramos menos de carne vacuna al año con relación al 2002. El nivel más bajo en la historia se alcanzó a principios de este año con un consumo de 51 Kg. anual por habitante (Federación Agraria Argentina, 2003).

 

La caída promedio de carnes es del 16,4 % respecto de los 61,4 kilogramos por habitante que se consumían en marzo de 2002. El precio de los cortes vacunos aumentó un 86,3 desde la devaluación. Mientras el mundo consume carnes de cerdos, y los países europeos alimentan a sus animales con la proteína de soja proveniente de la Argentina, este país con las mejores condiciones naturales para la producción de animales sanos ha perdido el 37,2 % del stock porcino, pasando en la última década de 6.000 reproductores porcinos a 1.200. La capacidad ociosa de las plantas de faena porcina alcanza el 70 %. En el sector lácteo, se produce el mismo proceso, donde desaparecieron el 27,3 % de los tambos entre 1996 y el 2000. Entre 1999 y 2002 la producción de leche se redujo de 10 mil millones de litros anuales de leche a 8.000 millones señalando que el consumo promedio de leche por habitante disminuyó desde los 230 litros de 12 leche anuales a 180. Además del serio riesgo de pretender alimentar a la población más pobre con "leche de soja" en reemplazo de la leche verdadera, se deben considerar los impactos socioeconómicos producidos contra cada uno de los sectores. Por ejemplo el sector lechero empleaba alrededor de 70.000 trabajadores. 

 

6. Consideraciones Finales

 

 Argentina ha favorecido un proceso de especialización agroproductivo, centrado en la monocultura sojera, expandido a importantes eco-regiones del país, con una fuerte demanda por nuevas tierras y produciendo un intenso impacto ambiental y degradación de recursos, tanto naturales como humanos. Existe una sobreexplotación de los recursos nacionales y una concentración en el negocio agrícola que ha pasado rápidamente en las últimas décadas a manos de corporaciones internacionales que, operando a escala global, dominan todos los puntos de la cadena de agroalimentos. Los buenos precios internacionales y el modelo de reducción de costos de la soja transgénica, ha facilitado un proceso de producción, altamente dependiente de los valores y vaivenes del commodity a nivel mundial. Esta oscilación ha facilitado un intenso desplazamiento de otras producciones diferenciadas y de productos de demanda de consumo interno.

 

En poco tiempo, el país presenta serios signos de afectación en su soberanía alimentaria. La demanda por materias primas, fuertemente subvaluadas en el mercado internacional, la imposibilidad del país por comercializar productos con mayor valor agregado – situación repetida en muchos otras naciones del Sur -, las barreras paraarancelarias y los fuertes subsidios de las economías desarrolladas, obligan a una explotación cada día mayor de los recursos y la generación de pasivos ambientales que se suman a los impactos sociales y económicos relacionados con la desaparición de economías y producciones regionales y locales. La obligatoriedad por el incremento cada vez mayor de estas exportaciones sin valor agregado, para seguir cubriendo los intereses de la deuda externa es otro factor importante de esta degradación.

 

La deuda ecológica del Norte sigue creciendo. La pérdida de calidad nutricional y alimenticia a lo que hoy en día se somete a una buena parte de los argentinos, refleja el cambio de paradigma alimenticio, donde los países más ricos consumirán productos con una carga y riqueza proteínica superior, sustentado en el consumo de carnes de distinto tenor, mientras los países menos desarrollados, se someterán a una pérdida de su diversidad alimenticia. La batalla por la proteína de calidad está en ciernes. Los daños ambientales y la pérdida de soberanía alimentaria reflejan los perjuicios generados en un país que no ha sabido poner límites a un modelo de producción minero, generar las políticas agropecuarias y ambientales adecuadas y utilizar los instrumentos económico ecológicos existentes, que faciliten el ordenamiento y el aprovechamiento regional y sustentable de su territorio frente al embate del "tecnodesarrollo" internacional impuesto. El cambio hacia prácticas productivas, sustentables en todas sus aristas y que emergen de situaciones locales, puede asegurar la recuperación de productos y consolidación de mercados sociales, que ponen nuevamente en las manos de los productores, los instrumentos y las formas de producción, especialmente para el rescate de los pequeños y medianos agricultores, que son quienes en el marco del verdadero concepto de multifuncionalidad de la agricultura, implementan y desarrollen sistemas agroecológicos ambientalmente amigables".
Fuente: http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Deute_ecologic/SojaPengue.pdf  /18-4-06

 

 En consecuencia, erradicar la impunidad de condenar a todo el Cono Sur a ser territorios en poder de los agronegocios y vaciados de biodiversidad y vida, nos exige dejar de interpretar al modelo de soja transgénica en el marco del conflicto gobierno-Mesa de Enlace.

 

 

 

II. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la segunda hipótesis

El capitalismo es el problema porque implanta los intereses lucrativos de los oligopolios sobre la vida de los pueblos mediante:

 

 

1. Formación universitaria para el desarrollo de los agronegocios

 

Colectivo desde el pie, en "El modelo agropecuario actual y la biotecnología (II de II)", discute:"El papel de la comunidad científica
Recién en marzo de 2009, a partir de las declaraciones en un diario del Dr. Andrés Carrasco (deslegitimadas inmediatamente por el ministro Barañao), tomó estado público el aspecto relacionado con el impacto del herbicida glifosato (sólo uno de los cientos de agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria) respecto al ambiente y en especial a la salud humana. Nos llama la atención la inacción de la mayoría de la comunidad científica frente a las denuncias permanentes a lo largo de los últimos 13 años de habitantes de regiones afectadas por la aplicación de agroquímicos. En lugar de responder a las necesidades de la población, que sostiene con sus impuestos la formación de los científicos y gran parte de su labor de investigación, la comunidad científica en su mayoría continuó a lo largo de este período con su trabajo cotidiano como si esas denuncias no existieran. Esta situación toma particular interés cuando los reclamos ante las distintas instituciones gubernamentales son rechazados por éstas con la excusa de que no hay “estudios serios” que demuestren los efectos negativos de los agroquímicos.

 En lo que sí trabajó la comunidad científica es en el desarrollo de políticas e investigación en biotecnología y de materias que imparten conceptos fundamentales para el desarrollo de los bionegocios y el éxito empresarial. Algunos ejemplos:

· La CONABIA, creada en 1991, es el organismo responsable de dar el marco regulatorio y desarrollar la primer normativa para la introducción experimental y liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). Está constituida por representantes de los sectores público y privado involucrados en la biotecnología agropecuaria. Algunos de los científicos que forman o formaron parte de la CONABIA tienen o han tenido alguna vinculación con empresas del sector, mostrando un claro conflicto de interés a la hora de analizar el impacto de la nueva tecnología.vi.

· Se está por inaugurar el Instituto de Agrobiotecnología Rosario, en el predio del Centro Científico Tecnológico Conicet – Rosario, donde la empresa Bioceres e Investigadores del CONICET desarrollarán una tecnología nacional al servicio del modelo agroexportador y los agronegocios.

· En la Facultad de Agronomía de la UBA existen posgrados en agronegocios y alimentos, además de trabajos conjuntos con Bayer para estudiar la cadena de la soja con el objetivo de “encontrar oportunidades en el sector” y promover “alternativas superadoras a partir de ventajas competitivas sustentables” vii.

· En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA hay profesores que trabajan con las empresas del agronegocio y se encargan con empeño de promover y defender dicho modelo en sus clases y por mails a toda la facultad. En esta misma casa de estudios, se está intentando hace años crear una carrera en biotecnología.

 El ascenso que ha tenido la rama de la biotecnología, o mejor dicho los bionegocios, responde al modelo que se ha venido impulsando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o desde la actual gestión de la FCEyN y que coincide con los lineamientos de la Ley de Educación Superior (LES) menemista y su continuación kirchnerista: una facultad, una Universidad y un sistema científico al servicio del mercado o de la empresaviii. Así, del agronegocio por ejemplo, se remarca su importancia para nuestro país –con argumentos insostenibles como que resuelve problemas de hambre o derrama bienestar- y se apunta a promoverlo como un beneficio para la sociedad, sin tener en cuenta (y sin querer mostrar) sus trágicas consecuencias ya descritas.

Insistimos, es difícil pensar a la ciencia como una actividad neutral considerando estos antecedentes. De hecho, creemos que actualmente el sistema científico aporta a profundizar el modelo vigente, con todo lo que ello implica.

En muchas carreras de la FCEyN, el modelo que ha prevalecido es el de la ciencia básica con una importante presión por “publicar o perecer”. En la superficie, ciencia básica y ciencia aplicada, publicar o patentar, el paper o la empresa, pueden parecer modelos opuestos. Pero en realidad creemos que no lo son. Son sólo dos extremos de un mismo proceso productivo. En ambos casos, hoy en día, se trabaja bajo una lógica de producción capitalista, con trabajo precario, en muchos casos generando la necesidad (mercado de consumo) de una competencia por prestigio o por dinero. En ambos casos, se logra enajenar al científico (no a todos por suerte) para estar siempre corriendo atrás de una zanahoria (que hoy por hoy ya es transgénica seguramente) y no poder hacer otra cosa que dedicarse a sí mismo y a la propia auto-perpetuación del sistema que no logra cuestionar.

Rara vez, entonces, encontramos una práctica científica verdaderamente crítica que haga un aporte a las necesidades sociales. Claro, esto sólo puede ir de la mano del pasaje de un modelo para la exclusión, la explotación, la opresión a otro con valores de igualdad, justicia y libertad. Sin embargo, hoy por hoy el modelo es el primero, y quienes financian en buena parte la ciencia actual son los mismos que lo imponen. Con estas ideas en mente, si bien cuesta creerlo, nos parece que es más fácil entender otros hechos, como que la actual gestión de la FCEyN-UBA y el consejo superior de la UBA acepten con entusiasmo los fondos manchados de muerte del negocio de la megaminería.

 Algunas reflexiones más
La biotecnología es una herramienta muy poderosa que tiene muchos campos de aplicación además de la producción de cultivos GM con características de interés agronómico. Por ejemplo, la terapia génica en humanos para curar cierto tipo de enfermedades, la biorremediación de ambientes contaminados utilizando microorganismos o vegetales GM, el desarrollo de vacunas en plantas de acelga o lechuga entre muchas otras, la producción de medicamentos en bacterias, hongos, animales y plantas transgénicas, etc.

Si bien no negamos lo anterior, creemos que el argumento que se desprende de esto debe darse vuelta. Desde nuestro punto de vista, trae serios inconvenientes primero desarrollar ciencia y tecnología y luego ver qué problemas se pueden resolver con su uso y potencial aplicación. Debería ser al revés, primero definir los problemas sociales legítimos a resolver y luego planificar qué líneas de investigación desarrollar con el objetivo de ayudar a resolverlos.

Los cultivos GM y la biotecnología en general son producto del sistema capitalista actual. Suponiendo que se prohibiera la utilización de glifosato y soja transgénica, no creemos que se acabaría la problemática. Los problemas que traen los cultivos transgénicos son similares a los que pueden traer los monocultivos sin ser transgénicos y los mismos que observamos en el caso de la megaminería. En todos estos casos se utiliza a la innovación científico-tecnológica para la explotación de recursos naturales sin otro objetivo que la maximización de ganancias. Creemos que es un problema, entonces, estructural, no aislado y que, como comunidad científica, nos toca especialmente de cerca.

 Preguntas que nos surgen

¿Por qué un reclamo es legítimo cuando lo realiza un científico, y no lo es cuando lo hacen distintas organizaciones sociales o individuos afectados. ¿Por qué se crea un comité para estudiar los riesgos del glifosato recién ahora que aparece la denuncia mediática de un científico, y no se pensó en ello cuando aumentaban las denuncias por malformaciones, cáncer, abortos espontáneos, etc. en los últimos 13 años? ¿Vale más la palabra de un científico que la de cientos de personas?

¿Qué sociedad queremos? Considerando nuestra especificidad, ¿qué ciencia queremos? ¿Cómo se deben definir las líneas de investigación a desarrollar? ¿Cómo puede aportar la ciencia al cambio hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre? http://www.colectivodesdeelpie.blogspot.com/ 17-9-09
 

 

2. Servicio de la universidad pública a empresas petroleras, químicas o mineras como una práctica cotidiana

 

Posición de ADIUNSA frente a los fondos provenientes de la minera Bajo la Alumbrera

Por: COPENOACOPENOA

 

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales: "¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

 

Ante el tratamiento que dará hoy el Consejo Superior a la recepción de fondos de la Mina La Alumbrera , ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) hizo llegar a COPENOA su posición: "En vista de la polémica a nivel nacional en torno a la recepción de los fondos provenientes de la Mina La Alumbrera –YMAD por parte de las universidades nacionales, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa considera imprescindible y necesario fijar una posición al respecto.

 

Nuestro Consejo Superior, en su sesión del 30 de junio pasado, luego de un encendido debate en el que ADIUNSA claramente expresó su rechazo a la aceptación de los fondos, en coincidencia con agrupaciones estudiantiles, de Derechos Humanos y ambientalistas que se encontraban presentes en la ocasión, decidió encomendar a una comisión ad-hoc, la tarea de reunir todos los antecedentes sobre las utilidades del YMAD giradas a las universidades nacionales. Desde un análisis interdisciplinario esta comisión elevó un informe con una serie de recomendaciones específicas, para que los consejeros tengan información que les permita tomar las decisiones más justas en el espinoso tema que se trataba.

 

Habiendo analizado muy detenidamente el texto redactado por dicha comisión y atentos a las cinco recomendaciones principales a las que llegan sus miembros, nos consideramos en la obligación de insistir muy firmemente y hasta las últimas instancias posibles en el debate, nuestra unánime decisión de rechazar sin condicionantes la totalidad de los fondos que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional y en base a lo legislado por la ley 14.771, ha decidido distribuir entre las universidades nacionales.

 

Desde nuestra asociación de trabajadores de la educación universitaria consideramos, a diferencia de lo esgrimido por la comisión ad-hoc y por numerosos consejeros en oportunidad del debate, que el eje fundamental de esta polémica es esencialmente ético y político, y para nada debe limitarse al aspecto jurídico, justificación principal en la que se apoya el grueso de los argumentos de aceptación de los fondos.

 

Es desde la más sólida convicción que nuestro gremio solicita a los señores consejeros y a la comunidad universitaria toda, que el dinero proveniente de la explotación de la mina de oro Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, no sea aceptado bajo ninguna condición.

 

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) en congreso realizado el pasado 3 de julio de 2.009 rechazó por amplia mayoría la incorporación al presupuesto universitario de los fondos previstos por la Ley Nº 14.771 y el intento de cooptación que suponen. Esta posición se enmarca en el cuestionamiento a la política de “fondos propios para la universidad” que impulsa este gobierno (e impulsaron gobiernos anteriores) y que supone en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla.

 

Sumamos igual posición de los Consejos Directivos de la Facultad de Humanidades de la UNSa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de las facultades de Psicología, de Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y un Consejo Consultivo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

 

Para sostener esta posición hemos tomado perspectiva y observado el camino de nuestra universidad en el seno de la comunidad regional durante sus 36 años de joven historia. Esta institución ha sabido acompañar, más en algunas épocas que en otras, el derrotero de nuestro pueblo, y lo ha hecho sumándose como un colectivo obrero en la búsqueda de desarrollo, libertad y emancipación social y cultural de la región.

 

La UNSa se crea en 1973 como cristalización de un viejo anhelo sentido por muchos docentes, estudiantes y familias salteñas; es justamente en ese año ,en el contexto de un efímero pero intenso proyecto de liberación social nacional y latinoamericano, que nuestra casa de estudios, entonces dirigida por el poeta y abogado Holver Martínez Borelli, se suma de la manera más solidaria y militante posible a la lucha de los sectores más desposeídos de la región, y prueba de ello es la larga lista de trabajadores universitarios y estudiantes que han sido asesinados o permanecen aún desaparecidos, que fueron cesanteados o que debieron exilarse durante la oscura noche de la más cruel de las dictaduras.

 

Es desde esta posición ética y política que el Gremio de los Docentes e Investigadores de la UNSa hace la lectura crítica sobre los fondos generados por YMAD. Y no podría ser otra manera porque se trata de dinero proveniente de un proceso de saqueo y expoliación del recurso nacional minero, aquél recurso al que apuntaba la ley 14.771 de 1958, elaborada en el marco de una política nacionalista-desarrollista, en tiempos en que ningún legislador y político avizoraba la entrega del patrimonio nacional de manos de los Chicago Boys primero, durante el latrocinio de Martínez de Hoz y asociados, y luego magnificada por el menemisno como la expresión más violenta del asalto al Estado.

 

No pocas voces se han alzado, insistiendo en que al tratarse de un impuesto proveniente de una ley nacional, es simplemente dinero público sin manchas. Por el contrario, y en base a los preceptos de la autonomía universitaria y desde la trayectoria de transparencia y honestidad que muchos sectores de nuestra universidad han mostrado durante estos 36 años, es que decimos que no, que no podemos aceptar ese dinero porque está sucio de sangre y miseria, porque al aceptar esos fondos simplemente estaríamos siendo cómplices, no por acción sino por omisión, de la larga lucha que vienen sosteniendo muchos pueblos catamarqueños y tucumanos, pero también nuestros comprovincianos cafayateños por defender su vida frente a la embestida de una transnacional que sólo tiene entre sus objetivos la fuga rápida de capitales a cualquier costo. Inútil sería detallar cifras y anécdotas que hasta la saturación han sido publicados: familias desalojadas, enfermos, intoxicados, animales muertos y plantaciones destruidas, agotamiento de agua potable, consumos de energía desproporcionados, etc., etc., sin olvidar por otra parte que las tres empresas que forman el consorcio explotador de La Alumbrera (Yamana Gold Inc., Barrick Gold Corporation y Gold Corp Inc.) llevan en su pedigrí incontables denuncias internacionales, algunas de ellas gravísimas, como las del asesinato de al menos dos docenas de activistas indígenas y abogados de las comunidades donde opera Xstrata, en la zona selvática de Tampakán . Filipinas. (Fuente: Mineral Policy Institute y www.minesandcommunities.org) .

El rechazo de ADIUNSA a este dinero, que en el contexto político-económico argentino actual no es más que un soborno disfrazado a la Academia, como modo de comprar voluntades y colaborar en el apagado de voces díscolas, es completamente coherente con el debate, impulsado por este gremio desde la década de los noventa a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, sobre el crecimiento lento pero constante de un financiamiento privado encubierto a través de servicios a terceros y convenios de cooperación con grandes empresas multinacionales.

 El caso La Alumbrera resulta así un disparador de una discusión aún más extensa, pero igualmente urgente, sobre la política que la Universidad Nacional de Salta deberá fijarse en cuanto a la aceptación y uso de fuentes de financiamiento privado, habida cuenta que existen en nuestras facultades sectores de investigación que desde hace más de una década han hecho del servicio repetitivo a grandes empresas petroleras, químicas o mineras una práctica cotidiana, amparados por el marco jurídico vigente.

 

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales:

 

Expediente: 1475/73 Resolución: 471/73 Firmas: Dr. Holver Martínez Borelli, Rector Normalizador; Dr. Enrique Santos Delgado, Secretario Académico

 

Considerandos:

Que es necesario establecer las fórmulas que deberán ser pronunciadas en el acto de entrega y de recepción de los documentos mencionados; Que las mismas deben sintetizar la filosofía que orienta los fines y objetivos de la Universidad, su vocación regional y latinoamericana y su compromiso de servicio a la comunidad dentro del proceso de liberación nacional, regional y latinoamericana elegido por el pueblo;

 

El graduado completa esa fórmula pronunciando el siguiente texto: “…ser consciente de que el titulo que se me otorga es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de mi profesión estará al servicio de la justicia social y del Proceso de Liberación Nacional, Regional y Latinoamericano. Juro ser fiel a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y luchando por la unidad de nuestro pueblo y de los países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesionalista. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá mi honor”.

 

Incluso ahora, cuando las fórmulas de juramento de graduados fueron aggiornadas a los tiempos que corren, y donde la palabra liberación causa cierto escozor, se mantienen aún algunas palabras que comprometen éticamente a los graduados, y que deberían iluminarnos a la hora de evaluar sobre la aceptación de los fondos en cuestión.

 

"¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

 

Por todo lo expuesto es que la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta mantiene firmemente su postura de no aceptar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación de la Mina de Bajo la Alumbrera por parte del consorcio internacional Minera Alumbrera Limited.

 

Por las mismas razones detalladas en este documento es que solicitamos formalmente a los Sres. Consejeros Superiores, a los Sres. Decanos y a la Sra. Rectora de la U.N.Sa, que se expidan unánimemente por el rechazo absoluto de dichos fondos.
Fuente: www.argenpress.info / 21-9-09

 

3. Encubrimiento y ninguneo gubernamental sobre desapariciones forzadas

 

Desaparición y encubrimiento: López, Arruga, González, Torres, Rocío y

600 chicas

Por: Oscar Castelnovo (AGENCIA RODOLFO WALSH)

 

"En diversas ciudades del país se realizaron marchas por la Aparición con vida de Jorge Julio López, el pasado viernes 18 de setiembre, cuando se cumplieron tres años de su segunda desaparición a manos de las fuerzas de seguridad bajo el mando de los Kirchner.

 Sin embargo, ningún balbuceo del Ejecutivo se escuchó. Ningún juez habló de los avances de la investigación, sencillamente porque ésta se halla cajoneada y, por ahora, descansa en paz. Es decir: el gobierno que clama públicamente su desgarrada pertenencia a los defensores de los derechos humanos y los jueces que debieran administrar justicia encubren, con empeño, a los desaparecedores de López.

 

Tampoco sabemos dónde están Luciano Arruga, Rocío Marini, ni los dos desaparecidos en Chubut: Luciano González e Iván Torres. Ni conocemos adónde se hallan más de 600 chicas desaparecidas en la constitucionalidad, aunque sí sabemos que fueron conducidas a ejercer la esclavitud sexual.

 

Como se aprecia, sin esfuerzos, el mejor logro de este régimen es la autoponderación. Pero los hechos son contundentes en la desmentida: cada cuarenta horas muere asesinado un pibe, pobre, por el gatillo fácil. Los Kirchner superan a cualquier gobierno pos dictatorial en número de militantes presos y también en los asesinatos perpetrados en lugares de encierro por sus hombres, quienes se especializan eficazmente en crímenes diversos desde los servicios penitenciarios.

 

En su primera desaparición, en 1976, Julio López fue secuestrado y llevado a varios centros clandestinos de tortura durante la dictadura militar. 30 años más tarde sus declaraciones fueron decisivas para enviar a la cárcel al ex comisario Miguel Etchecolatz. También Julio narró ante el Tribunal su pasado como colaborador de la organización Montoneros, contó cómo había sido torturado por el propio Etchecolatz y relató además lo que sucedió con Patricia Dell’Orto y su esposo Ambrosio De Marco, en el Pozo de Arana (uno de los centros clandestinos de detención bonaerenses). López describió cómo los torturaron, refirió a la violación de Patricia y sostuvo que cuando ella imploró: “No me maten, quiero criar a mi nenita”, la callaron a balazos en la cabeza. Y también a su esposo.

Militantes de distintas organizaciones políticas, sociales y humanitarias exigen al gobierno de los Kirchner la “Aparición con vida de Julio López”. El silencio, la mentira o la burla fueron la respuesta que hasta ahora protege a los desaparecedores. Por caso, Aníbal Fernández, quien tuvo bajo su mando a las fuerzas llamadas de seguridad no investigó entre sus propios uniformados ni utilizó a fuerzas nacionales para indagar en la Maldita Bonaerense. Le pareció más apropiado acudir al verdugueo de los desesperados solicitando la intervención de Dios y de la Virgen María.

 Pero se sabe, la memoria activa de una parte del pueblo argentino nunca bajó los brazos. No olvidó ni perdonó. Buscó justicia en las calles del país y del mundo -sin pausa- por décadas. Encanecieron los cabellos, se arrugaron los rostros y se vencieron algunas piernas de tanto andar. Pero otros luchadores -jóvenes y nuevos- se sumaron con gargantas más potentes. Y así seguirá la batalla contra los desaparecedores, asesinos y encubridores. Les llegará el peso de la inexorable justicia del pueblo. Porque ha de existir el día en que cada cosa sea llamada por su verdadero nombre: el pan, pan, y el que mata, asesino. Y cuando ese momento llegue, no creemos probable que tengan ánimo para la burla ni que Dios o la Virgen María los protejan". Fuente: www.argenpress.info / 21-9-09

 

En consecuencia, la impunidad del capitalismo está comenzando a quebrarse por la lucha de organizaciones y de quienes se compenetran de la digna rabia que los apasiona por llevar a cabo los cambios sociales en favor del buen vivir de los de abajo.


 

 

III. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la tercera hipótesis

El problema es el capitalismo porque gobiernos y estados imponen el orden de la libertad sólo para los grandes capitales.

 

La Agencia de Noticias Red Acción nos permite conocer documentos de organismos de derechos humanos desenmascarando al Estado en su función de:

 

1. Represor de los trabajadores para privilegiar a gran empresa alimentaria de EE.UU.

 

Difunde: Declaración del Encuentro Memoria Verdad y Justicia por represión en KRAFT FOODS/TERRABUSI

 

NO A LA REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES. FUERA LA BONAERENSE DE KRAFT FOODS/TERRABUSI

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que nuclea a decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas saluda y se solidariza con la lucha de las y los trabajadores de Terrabusi/Kraft por la reincorporació n de 164 despedidos. Esta empresa multinacional que viene obteniendo jugosas ganancias busca amedrentar a los trabajadores y acabar con la organización sindical -comisión interna y cuerpo de delegados- dentro de la planta. Junto a esto aterrorizar a quienes durante la epidemia de gripe A hicieron legítimas medidas de fuerza ante la negativa de esta empresa de garantizar las más mínimas condiciones de seguridad e higiene.

 

El lunes 7 de agosto la planta de Kraft Foods / Terrabusi de la localidad de General Pacheco amaneció cercada por centenares de efectivos de la Policía Bonaerense con el único fin de actuar como brazo armado de una multinacional norteamericana que desconoce en forma flagrante las leyes de nuestro país: impedir el ingreso a la planta de los despedidos reincorporados por una Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación dictada el 18 de agosto.

Pese al descomunal despliegue represivo -que incluyó bastonazos y balas de goma- los despedidos, cumpliendo su legítimo y legal derecho, lograron ingresar a la planta con la ayuda de sus compañeros. Capataces, gerentes y personal de seguridad privada iba marcándoles a los efectivos de la Bonaerense quiénes eran los despedidos para que éstos actuaran intentando expulsarlos violentamente fuera del predio de la empresa. La represión no tardó en volver: la policía disparó dentro del comedor de los trabajadores. La unidad de los trabajadores impidió que los efectivos lograran su objetivo. Personal de seguridad rompió y clausuró el local sindical que funciona dentro de la planta.

En estos momentos dentro de la planta hay 8 micros y 5 camionetas de la policía bonaerense. Afuera hay carros hidrantes. El predio de la empresa está rodeada por cuatro cordones de infantería de la Bonaerense.

La Bonaerense vuelve una vez más a actuar al servicio del poder económico. Hace casi tres años secuestraban y desaparecían a nuestro compañero Jorge Julio López por haber testimoniado justamente contra el accionar de esta nefasta fuerza y sus jefes como Miguel Etchecolatz durante la última dictadura en la que actuó como una verdadera maquinaria de terror estatal secuestrando, torturando a miles de compañeras y compañeros que hoy continúan desaparecidos. En 2003 fueron los ejecutores de la masacre del Puente Pueyrredon que costó la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Miembros de esta fuerza cometieron más de 1.400 casos de gatillo fácil desde el advenimiento del régimen constitucional. Son los responsables de la desaparición del joven Luciano Arruga en una destacamento de Lormas del Mirador desde el pasado 31 de enero. La ligazón de la Bonaerense con las mafias del crimen, el narcotráfico, la trata de personas, etc., no es secreto para nadie.

Repudiamos al gobernador Daniel Scioli por ordenar o avalar el accionar de la Policía Bonaerense al servicio de un accionar ilegal de la empresa Kraft Foods / Terrabusi.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia repudia este accionar policial contra los trabajadores al servicio de una multinacional. Exigimos al gobierno nacional el retiro inmediato de todas las fuerzas represivas de la planta de Kraft Foods en General Pacheco y que se obligue a esta patronal extranjera a que cumpla la Ley y se reincorpore inmediata e incondicionalmente a todas y todos los despedidos.

El próximo viernes 18 de septiembre nos movilizaremos nuevamente en el tercer aniversario del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, para denunciar tres años de impunidad y encubrimiento, exigirle al gobierno su aparición con vida Ya! y el castigo a los responsables de su secuestro.

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Fuente: www.anred.org / 9-9-09

 

 

2. Garantizador de la impunidad de la bonaerense

 

Reproduce fragmentos del documento leído frente a la Gobernación en La Plata con motivo de cumplirse tres años de la desaparición forzada del testigo del caso Etchecolatz durante la movilización convocada por Justicia Ya! y la Coordinadora de Lucha por Julio López,

 

Tres años de la desaparición de Jorge Julio López
Tres años de encubrimiento
Tres años de impunidad

A tres años del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López nuevamente como en el primer día volvemos por estas calles a esta misma plaza para exigir al gobierno nacional y provincial la inmediata aparición con vida del compañero y el juicio y castigo a los culpables de su nueva desaparición.
Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio. No nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes. Porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.

 

Jorge Julio López sufre la impunidad de ayer y la de hoy

Quienes lo torturaron en Arana en 1976 caminan libres por las calles, libres e intocados por la justicia casi todos y excarcelados por la Cámara de Casación Penal los pocos, muy pocos, que alguna vez fueron procesados. Quienes lo secuestraron y desaparecieron hace tres años siguen amparados por la impunidad y el encubrimiento.
Julio López fue un militante, un luchador de los 70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio a sus setenta y pico volvió a ser un militante un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención, hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales.

 

La causa López es un monumento al encubrimiento y la impunidad

Monumento en el que los jueces responsables de la misma, Dres. Corazza y Blanco pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ellos saben desde el primer día que a Julio lo secuestró la policía y aceptaron, acordaron, que los autores quedaron impunes a cambio de la "gobernabilidad de la bonaerense".
Decíamos hace 6 meses: luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año para que la Procuración designara personal para la causa. Un año y medio para apartar a la Policía Bonaerense de la investigación. Dos años para que el expediente pase a una Secretaría especial para delitos de lesa humanidad y que, por fin algún funcionario judicial lea la causa completa y siga las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares. Entonces, cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, el juez Corazza se excusa de seguir actuando, Blanco, el nuevo juez, aparta a la Secretaría especial y otra vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo.
Hoy agregamos: la causa siguió paralizada durante 6 meses más y la Cámara de Casación acaba de ordenar que continúe con la investigación el fiscal Franco, que ya dijo que no quiere hacerlo.

 

Y nosotros, como venimos haciendo desde hade 3 años, seguimos marchando, luchando, denunciando, exigiendo SU APARICION CON VIDA Y EL JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
En estos años el colectivo Justicia Ya ha presentado centenares de escritos y reclamos al Poder Judicial y desde la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada junto a otros nucleamientos realizamos más de 40 marchas y todos hemos recibido por única respuesta por parte de este gobierno, que se dice de los derechos humanos, el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Hoy somos miles los que nso movilizamos en distintos puntos del país. En este mismo momento los compañeros del Encuentro Memoria Verdad y Justicia marcharon desde Plaza Congreso y llegaron a Plaza de Mayo con la misma exigencia. En el exterior, en Roma, Barcelona y otras ciudades también hay actos enarbolando este reclamo.

 

La impunidad de ayer y hoy garantiza la impunidad de mañana

Seguimos exigiendo juicios a todos los genocidas por Centro Clandestino de Detención. Siguen respondiendo con juicios a cuentagotas y a unos pocos por sólo algunos compañeros. Como en Tucumán, donde la justicia kirchnerista de Alperovich "condena" al genocida Bussi a vivir en un country.
En Mar del Plata los jueces platenses Esmoris y Jarazo absolvieron al Coronel Duret y condenaron a Mansilla a prisión domiciliaria. Para hacerlo DESESTIMARON el testimonio de los familiares del desaparecido Labollita y de los sobrevivientes, dejando en claro que empieza a conformarse una especie de "obediencia debida judicial" donde sólo se condene a los altos mandos militares.
En Campo de Mayo, se produjo el primer juicio, por UN SOLO caso, el del Negrito Avellaneda. Más de 5000 compañeros pasaron por ese centro clandestino. Durante tres meses y como precio para lograr un puñado de condenas, los sobrevivientes y familiares tuvieron que soportar interrogatorios feroces y un maltrato constante por parte de los jueces, que mereció una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
No se abrió ni un solo archivo de la represión de la dictadura genocida. En nuestra ciudad intentan llevar a juicio a lo que ellos llaman la comisaria 5º sólo son nueve represores de los 142 que actuaron en ese CCD y por 60 compañeros de los cientos que han pasado por allí.

El Destacamento de Arana, se convirtió en diciembre de 2008 en el primer Centro Clandestino de Detención del país donde se hallaron restos óseos de detenidos desaparecidos. Sin embargo no se tomó ninguna medida para retirar a la fuerza policial del lugar. Arana fue el primer Centro de Detención donde Jorge Julio López permaneció secuestrado. Su testimonio, entre otros, permitió la identificación de las fosas comunes que se han hallado. El juez Corazza, que también en ese momento era responsable de la investigación de la desaparición del compañero, lo suprime de esta causa haciéndolo desaparecer nuevamente.
Con la lucha expresada en cada una de nuestras movilizaciones y fundamentada jurídica y políticamente en cientos de escritos desde Justicia Ya logramos la unificación de las causas que investigan los hechos sucedidos en los CCD Brigada de Investigaciones y de Arana. Tal unificación permitirá avanzar en un persistente reclamo de los organismos, sobre la necesidad del juzgamiento unificado del denominado Circuito Camps, conformado por más de 30 centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires.

Compañeros:

Con la entereza y decisión con la que López señaló a los genocidas nos encontramos nuevamente en las calles enarbolando las mismas banderas que sostuvieron Darío, Maxi, Fuentealba, Víctor Choque, Teresa Rodríguez y tantos otros, las mismas por las que lucharon los 30.000 detenidos desaparecidos, banderas que por ellos guiados más tarde o más temprano llevaremos a la victoria.

APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ
APARICION CON VIDA YA DE LUCIANO ARRUGA
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICION
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS
JUICIO POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION
RESTITUCION DE LA IDENTIDAD A LOS MAS DE 400 NIÑOS, HOY JOVENES, APROPIADOS DURANTE LA DICTADURA
INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO DESPROCESAMIENTO O AMNISTIA A TODOS LOS LUCHADORES POPULARES
LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLITICOS
NO A LAS LEYES ANTITERRORISTAS
NINGUN PIBE NACE PARA CHORRO BASTA DE GATILLO FACIL NO A LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD
JUSTICIA POR SANDRA AYALA GAMBOA. NI UN FEMICIDIO MÁS
QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO SALARIO MINIMO IGUAL A CANASTA FAMILIAR
REINCORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE TERRABUSI. NO A LA MILITARIZACION DE LA FÁBRICA
ABAJO EL GOLPE EN HONDURAS
FUERA YANKIS DE AMERICA LATINA
FUERA INGLESE S DE NUESTRAS MALVINAS

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS ¡¡PRESENTES!! ¡¡AHORA Y SIEMPRE!!
Fuente: www.anred.org / 19-9-09

 

 

En consecuencia, la impunidad de ayer y hoy está al servicio del clima de súper negocios del poder económico en manos de oligopolios imperialistas.