François Houtart (Alai-amlatina), en "El escándalo de los agrocarburantes en los países del Sur", explica: "La idea de extender el cultivo de los agrocarburantes en el mundo y particularmente en los países del Sur es desastrosa. Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética. En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía. En el corto plazo es más fácil de utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir los agrocarburantes. Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la mas requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.

Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora, lo que los economistas llaman, las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales. Para contribuir con un porcentaje entre el 25 a 30% de la demanda, a la solución de la crisis energética, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone suficientemente de superficie cultivable. Se tendrá, igualmente según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras al menos 60 millones de campesinos. El precio de estas « externalidades » no pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso.

Los agrocarburantes son producidos bajo la forma de monocultivos, destruyendo la biodiversidad y contaminando los suelos y el agua. Personalmente, he caminado kilómetros en las plantaciones del Choco, en Colombia, y no he visto ni una ave, ni una mariposa, ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas. Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional. En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua. La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua. La contaminación de los suelos y el agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de « mar muerto » en las desembocaduras de los ríos (20 Km² en las desembocadura del Mississippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol).

La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.

El impacto de los agrocarburantes sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado. No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008. Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, el 85% del aumento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza ( lo que significa hambre), fue influenciado por el desarrollo de la agroenergía. Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de las Naciones unidas por el Derecho a la Alimentación calificó los agrocarburantes de « crimen contra la humanidad » y su sucesor, el belga Olivier De Schutter ha pedido una moratoria de 5 años para su producción.

La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia. En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores recalcitrantes de sus tierras. Miles de comunidades autóctonas, en América latina, en Africa y en Asia, son desposeídas de su territorio ancestral. Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra. El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.

Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores es bien bajo y las condiciones de trabajo generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad. La salud de los trabajadores es también afectada gravemente. Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América latina, realizada paralelamente a la Cumbre europea-latinoaméricana, en mayo del 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con mal formación, debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.

Decir que los agrocarburantes son una solución para el clima, está igualmente a la moda. Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmósfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado. En ciertos casos, se convierte en negativo en relación a la energía fósil.

Si los agrocarburantes no son una solución para el clima, si no lo son que de una manera marginal, para mitigar la crisis energética, y si ellos acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medio ambientales, tenemos el derecho de preguntarnos porqué ellos tienen tanta preferencia. La razón es que a corto y mediano plazo ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital.

Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan por el sector. Ellos tienen como socios al capital financiero ( George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural. Entonces, la función real de la agroenergía, es en efecto ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación.

En efecto, el «proceso agroenergético» se caracteriza por una sobreexplotación del trabajo, la ignorancia de las externalidades, la transferencias de fondos públicos hacia el privado, todo aquello permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto al Norte, todo aquello presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen "energía verde". En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.

Por lo tanto, la solución es de reducir el consumo, sobretodo del Norte y de invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente). La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital. En Ecuador, el Presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni. Esperemos que los gobiernos progresistas de América latina, del África y del Asia, tengan la misma firmeza. Resistir en el Norte como en el Sur, a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético. Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocarburantes en el Sur se constituye en un deber".

- François Houtart, Ex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro "La Agroenergía-Solución para el clima o salida de crisis para el capital?", Ruth Casa editorial y Ediciones Sociales La Habana, 2009

http://alainet.org/active/32913

Ecología social 10-9-09
 

En la revista Biodiversidad, sustento y culturas nº 61 (del 21 julio 2009) podemos leer "Plantaciones de árboles en América Latina" que redacta el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) donde hallamos:

Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles

"La actual expansión de los monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.

Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como “bosques” y desde entonces dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde de la “plantación de bosques”.
 

En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, FMI, BID, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.

Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación.

Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la “forestación” tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta.
 
Nuevos mecanismos de promoción. Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la “forestación” a gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” se constituye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.

A su vez, «el nuevo negocio de los agro-combustibles» constituye otro aliciente para la promoción de la “forestación” a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile.

La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas: el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil (Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en el uso de las palabra “floresta” o “forest” (bosque) en los propios nombres de los esquemas, incluido el término “forestación”. Es decir, que para estos esquemas de certificación las plantaciones son “bosques”. A partir de esa y otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el carácter destructivo de las mismas.

Plantaciones de palma aceitera

Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera —también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos.

Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona.

Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.

Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, como se constatado en particular en Colombia.

En casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.

Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.

Explotación y contaminación industrial. A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (muchas veces mujeres).

Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento.

Los motores del avance de la palma Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte.

Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector.

A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos, jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones.(...) Fuente: http://www.grain.org/biodiversidad/?id=439

Darío Aranda (COPENOA) nos aclara: "Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.

Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad. Industria poderosa.

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”

Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios. Provincia modelo.

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.

Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.

La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.

En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.

Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”,resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.” Argentina, capital forestal.

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibiloni, el secretario de Ambiente de Nación".  Fuente: www.argenpress.info / 3-8-09

En síntesis, el capitalismo toma posesión del planeta y sobre todo, de los continentes habitados por pueblos que menosprecia clasificándolos como subdesarrollados para sobreexplotar tanto a los trabajadores como a la naturaleza.

 

Por el contrario, la «reforma agraria integral» pone fin a los latifundios y al régimen de propiedad monopólica que les da derecho a desertificar los territorios o a expulsar las poblaciones, someterlas a sus abusos y atropellos. Pero desalambra para establecer el binomio de la sociedad con la naturaleza según el buen vivir y no para distribuir tierras a usarlas sin un acuerdo decidido entre todos los de abajo a lo largo y ancho del país.

En otras palabras, todo el mundo quedó sorprendido por la oposición que surgió el mismo día de la expulsión. Y nadie calculó los costos adicionales que la presión interna y externa para revertir el golpe de Estado tendría sobre los intereses económicos, políticos y militares, con el derrocamiento de Zelaya, indica Salomón; al punto que ella considera que los costos para los partidarios del golpe han aumentado más allá de lo tolerable; y no sólo financieramente.

En cuanto a los militares, cuya legitimidad en los últimos años -dice- rivalizaba con la de la Iglesia, Salomón vislumbra que todo su futuro podría estar en peligro, sobre todo como consecuencia de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado.

Por un lado, la eventualidad de que EEUU reconozca que hubo un golpe amenaza las aspiraciones de los nuevos oficiales o los oficiales más jóvenes en la institución, cuyo sueño ”es salir a los EEUU, participar en las actividades de la OEA o la ONU”. Ella considera que es principalmente la cúpula militar “que está empecinada” con el golpe, y “más por dignidad propia que por otra cosa”.

Pero considerando las graves violaciones de los derechos humanos que los militares y la policía han contribuido a perpetrar contra la oposición al golpe, que califica de absolutamente “inadmisible”, ella anticipa que se buscará reducir seriamente su papel, pues: “si esto lo hacen públicamente cuando había gente filmando, a la vista de todo el mundo, entonces obliga a trasladar la mirada hacia el interior de la policía y los militares”. Le lleva a considerar si será necesario “pensar en su reducción al mínimo aceptable o a su eliminación”, como en Costa Rica.

En el plano político, comenta, “Ya la legitimidad de los partidos políticos estaba por el suelo. Pero con esto, el rechazo a los dos partidos tradicionales ha crecido en una forma increíble en el país. Pueden hacer campaña, pero la campaña va dirigida más bien al ámbito urbano; en el ámbito rural no aceptan ninguna campaña. Te montan campañas, son expertos en montar campañas trayendo gente de otro lado, pero están los militares cuidándolos y protegiéndolos”.

La oposición al golpe de Estado rechaza la realización de elecciones sin el regreso del Presidente Zelaya, argumentando que éstas “legitimarían efectivamente la violencia militar”. A ello se añade ahora el anuncio de EE.UU. de que no reconocerá los resultados de las elecciones en las condiciones actuales, por lo cual la presión sobre estos políticos sigue en aumento.

Es más, según Salomón, la presión social no se acabará con las elecciones.

Ella atribuye la fuerza de la oposición actual al golpe de Estado a su capacidad de encontrar un terreno común entre los diversos sectores a través de esta misma oposición, más que en la adhesión a un partido o ideología en particular, y cree que se prolongará más allá del período actual. Con un sentido de esperanza, declara, “No importa quién gane las elecciones de noviembre. El próximo gobierno tendrá que lidiar con una fuerza social de envergadura que está en este momento, si quiere mantener una mínima gobernabilidad en el país”.

- Jennifer Moore, periodista canadiense independiente, reportó desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.

Fuente: http://www.dariovive.org/ LatinoAméricAhora/18-9-09