Enfoque
((VOLVER))
De la
incompatibilidad del Estado-nación con el 'nuevo
desarrollismo'
Lo que se denomina «nuevo desarrollismo» atiende a
la creciente concentración-desnacionalización tanto económica como territorial
en beneficio de transnacionales y grupos locales transnacionalizados de modo que
la función gubernamental -de ganar amplio consenso- consiste en inducir la
creencia mayoritaria de que el crecimiento económico es del país y no, de ese
polo de privilegio.
Intenta modelar un imaginario
social en que la conciliación de los trabajadores con los grandes capitalistas reproducirá los
tiempos del primer gobierno de Perón y lo hace mediante designación falsa del proceso
de recolonización que se origina y se implanta mediante terrorismo de estado en
los setenta.
Pero, también, aprovecha el concepto equivocado o anacrónico de progreso.
En confrontación, los de abajo debemos
analizar orientaciones básicas de la construcción -por nosotros- del «Estado-nación»
hacia:
1. El apoderamiento por la diversidad popular de bienes y destino en común
Eduardo Paz Rada
(Rebelión), en
"Bolivia: colonialismo mental y estado nacional",
explica:
"Los dos años y medio del
gobierno del presidente Evo Morales marcan el nuevo ritmo de la relación entre
sociedad, política y economía en Bolivia, en un contexto latinoamericano y
mundial en el cual han retornado importantes procesos de transformación
antiimperialista, el mismo que se proyecta hacia la mayor unidad de los pueblos
de la Patria Grande.
A pesar de los discursos de
algunos de los ideólogos del gobierno, particularmente aquéllos que mantienen
una fuerte dependencia con la categorías y concepciones procedentes de los
centros imperiales, que impulsan la formación de 36 naciones en el estado
boliviano, o que consideran que el Estado Nacional es una entidad fuera de la
historia, en un mundo postmoderno que, suponen, ha dejado atrás todas las formas
modernas de cultura, sociedad, política y vida humana, el proceso boliviano
avanza con firmeza.
Lo anterior ocurre, pese a
que desconocen, incluso frente a sus propios actos, que la contradicción
fundamental es la que enfrenta al imperialismo, que continua con su estrategia
de dominación de las naciones oprimidas, de los pueblos oprimidos que -en la
construcción de su integración y unidad- enfrentan las presiones de
las poderosas
transnacionales aliadas a Estados Unidos, la Unión Europea, los grandes medios
de comunicación, los Organismos Internacionales como el FMI, BM, OMC y ONG de
distinto tinte.
Principales definiciones
El proceso objetivo de la emancipación
de los pueblos sometidos en Bolivia y América Latina y el Caribe está en la
consecuente lucha contra la
dominación
imperialista y en el fortalecimiento del Estado Nacional, que es
la única institución que puede concentrar las fuerzas populares y nacionales que
se unen para controlar y generar hegemonía precisamente sobre el conjunto de la
sociedad y de los aparatos que permiten el control de las orientaciones
históricas del país y de la región.
Las definiciones fundamentales puestas
en práctica en la gestión de Evo Morales están precisamente en el
control estratégico, de parte del Estado, de los recursos naturales de la
patria, con la nacionalización de los hidrocarburos (a pesar de las concesiones
a las petroleras a través de los nuevos contratos), de las fundiciones mineras,
de las telecomunicaciones, del transporte de gas y petróleo, de los proyectos de
energía hidroeléctrica, de la construcción y control de las carreteras e
inclusive en la entrega de bonos a ancianos y niños y de donaciones a los
municipios del país. La política de soberanía estatal sobre las tierras para
sanearlas legalmente y luego repartirlas entre los campesinos sin tierra
corresponde a esta perspectiva.
El control
territorial sobre zonas antes abandonadas por los gobiernos
liberales y coloniales es también parte de esta estrategia de
fortalecimiento del Estado Nacional, enfrentando los poderes locales
de las oligarquías que pretenden continuar succionando las riquezas
naturales y los excedentes económicos con fines particulares, a
partir del principio constitucional aún vigente, cuya continuidad se
debe defender, de que las riquezas y los recursos tierra, agua y
otros son de dominio originario de la Nación Boliviana.
Baste comparar los datos de
la economía. Hasta los años ochenta, la mayor parte del proceso económico y
especialmente la producción de bienes y servicios era generado por empresas
nacionales, con predominio estatal, desde los noventa esto cambio con la
generación mayoritaria del producto nacional por transnacionales que exportaban
multimillonarios recursos, especialmente de los hidrocarburos, la minería, la
banca y el comercio. Hoy, precisamente como resultado del proceso de
recuperación nacional, nuevamente es el Estado el que asume el control
mayoritario de la capacidad productiva del país y, a partir de esto, es posible
generar políticas sociales y sectoriales que benefician tanto la actividad
económica, como la redistribución social de los excedentes.
Pensamiento propio
Los hacedores de la historia,
los movimientos populares definidos por su origen, posición y prácticas
sociales, económicas y culturales
tienen en común su
condición de bolivianos,
situación que permite la real unificación de fuerzas,
no solamente contra las oligarquías locales antinacionales, antibolivianas, sino
contra la dominación imperialista.
El intentar aplicar de
manera mecánica y obsesiva las categorías de los teóricos del capitalismo
decadente de Europa o Estados Unidos, como lo hacen algunos seguidores de Evo,
está a contra flecha de lo que realmente ha construido el pueblo boliviano desde
el año 2000 y especialmente desde la insurrección de octubre de 2003, hito
histórico que derrumbó todo el sistema político dominante, la ideología
difundida por los medios y a los ideólogos que la sostenían. El colonialismo
mental es tanto o más pernicioso que el colonialismo material que nos oprime y
explota secularmente.
El
nacionalismo popular latinoamericano o el populismo antiimperialista
que han sido estigmatizados por los intelectuales de la dominación
imperialista y de las clases dominantes como "anomalías
históricas", son en realidad las manifestaciones más legítimas y
autenticas, más endógenas de las fuerzas populares y nacionales que
buscan la autodeterminación nacional en el contexto del
fortalecimiento del Estado Nacional, convertido en el único escudo
defensivo frente a la intromisión de las potencias capitalistas.
Fortalecer el Estado Nacional es lo que precisamente hace el
gobierno de Evo Morales cuando enfrenta la ingerencia de la política
de Estados Unidos en Bolivia o cuando denuncia y nacionaliza a las
transnacionales que intentan mantener privilegios que les beneficia
millonariamente o cuando fortalece las Fuerzas Armadas de la Nación
o la Policía Nacional.
Peligro
de balcanización
La idea de las 36 naciones con derechos
políticos, económicos, jurisdiccionales, sobre los recursos naturales, así como
las autonomías indígenas, departamentales o regionales, contemplados en el
proyecto de nueva Constitución,
está a contracorriente con los procesos de
liberación nacional del siglo veintiuno o el socialismo latinoamericano
porque
- en lugar de unificar,
divide,
- en lugar de generar
una estrategia común, fragmenta las fuerzas favoreciendo al imperialismo,
- en lugar de conquistar
y desarrollar un proyecto propio, endógeno de desarrollo nacional, tiende a
enfrentar y frenar las energías revolucionarias.
Las fuerzas objetivas y
subjetivas de los pueblos de América Latina y el Caribe, en el contexto de los
procesos mundiales de formación de bloques (EU, UE, China, Rusia, Mundo Árabe),
se orientan hacia la realización de un destino común sobre la base del proyecto
bolivariano de la plena emancipación americana, actualmente encarnado en los
procesos venezolano, boliviano, ecuatoriano y cubano.
"Todos somos bolivianos"
dice la publicidad oficial. Ésta debe ser la consigna en la hora actual, cuando
precisamente las oligarquías y el imperialismo, a través de algunos Prefectos,
Comités Cívicos, Embajada de Estados Unidos, algunos medios de comunicación,
transnacionales petroleras, mineras y financieras, pugnan por generar las
condiciones de división por distintas vías, como las autonomías que buscan
fragmentarnos y dividirnos en departamentos federales, naciones indígenas,
regiones independientes, buscando debilitar, en última instancia, el aún frágil
avance de la recuperación del Estado Nacional. Es la estrategia de la
yugoslavización de Bolivia.
Unidad boliviana y latinoamericana
Los Toni Negri, aquel
teórico del fin del imperialismo y el capitalismo o los Boaventura de Souza
Santos, quien divulga el discurso de la división tribal e indígena, favorecen
directamente las estrategias de la fragmentación no solamente al interior de
Bolivia, sino en América Latina, en un momento trascendental de la construcción
de un proyecto de unidad de la Patria Grande a partir de las coincidencias
antiimperialistas.
La mejor manera de derrotar
al colonialismo mental, aun dominante en algunos centros intelectuales de
Bolivia, incluidos los del gobierno, es fortalecer aún más la unidad nacional
con la toma y el control del Estado por las fuerzas de la sociedad boliviana,
pero sobre todo
rescatar el pensamiento de la unidad latinoamericana y boliviana y la
cosmovisión indoamericana de la armonía del hombre, la naturaleza y el cosmos.
La hegemonía del
nacionalismo indígena en el proceso de la construcción del gran movimiento
nacional y popular debe evitar, por sobre todas las cosas, caer en las
provocaciones que se manifiestan en aislar las fuerzas, dejando de lado a las
importantes poblaciones mestizas, con todos sus matices, que son prácticamente
extrañadas en el proyecto de Constitución Política del Estado".
Fuente: www.rebelion.org/Bolivia/
5-9-08
A su
vez, Carlos
Rivera Lugo
(Claridad especial para ARGENPRESS.info) destaca:
"El proyecto
actual de Constitución Política del Estado boliviano reconoce
expresamente
el carácter pluralista de la nación, la
sociedad y la cultura, además de reconocer formas de democracia
directa y comunitaria más allá de la
forma
representativa clásica.
En cuanto a
la
gestión político-administrativa, reconoce cuatro tipo de autonomías:
departamental, regional, indígena-campesina y municipal. De esta
manera, supera el enfoque estatista clásico recogida en la propuesta
de los prefectos y los cívicos de la llamada "media luna" que
se limita al reclamo de una autonomía estrictamente departamental, a
modo de mini-estados confederados entre sí. El gobierno actual ha
insistido en que esta opción sólo sirve para reproducir el
centralismo político-administrativo que tanto se critica, aunque a
otro nivel. Además, excluye el apoderamiento democrático de todos
los componentes de la vida nacional, incluyendo a las comunidades,
para decidir sobre la más justa y equitativa distribución de la
riqueza nacional".
Fuente:
www.argenpress.info/ 2-9-08
2. La armonía de
desarrollos socioeconómicos por la diversidad
popular
Mayra Paula
Espina Prieto, en "Conclusiones para una plataforma de debate sobre el
Estado y sus roles en la eliminación de la pobreza",
plantea:
a)
"Ya
no es posible imaginar opciones alternativas en forma de un camino único de
progreso, guiado por la inevitabilidad histórica y como misión de una sola clase
social, la clase obrera, tal como pensó el marxismo primigenio; ni tampoco que
la solución al vasto abanico de problemas y contradicciones sociales podría
provenir, linealmente, de la solución a la contradicción
trabajo-capital.
Una
concepción compleja de la historia y del progreso, que ha sido sometida a la
prueba de los acontecimientos del siglo anterior y a la obvia capacidad del
capitalismo para innovar y encontrar solución a sus propias crisis, nos lleva a
aceptar la no linealidad, la intervención del azar y la trascendencia de lo
constructivo en el curso de la historia, como el modo más adecuado para
comprender y actuar sobre sus leyes-tendencias.
Por otra
parte, la clase obrera ya no es aquella industrial, conglomerada en enormes
colectivos productivos, disciplinada y con grandes posibilidades de cohesión. No
lo es ya en el mundo central, en una producción informatizada, con regímenes de
trabajo flexibles y nunca lo fue en la periferia.
La contradicción
trabajo-capital está fragmentada, combinada, articulada, refiltrada y
multiplicada en otras innumerables contradicciones, relaciones de explotación y
actores que la desbordan y complejizan.
Por ello, no puede pretenderse que dicha contradicción las englobe y solucione
por derrame o mecánicamente, que las explique a través de nexos deterministas, sin
hacerlas visibles en su singularidad, sin construir agendas que las enlacen a
todas, pero sintetizándolas y particularizándolas simultáneamente.
b)
La
globalización ha intensificado los procesos de multiculturización a
escala planetaria, volviendo más evidente que nunca el hecho de que la
diversidad sociocultural es una cualidad esencial de la existencia y un
componente del desarrollo. Por esta razón,
ninguna idea de soluciones homogéneas podría tener éxito, como agenda de
convocatoria ni como instrumento efectivo de una política de
transformación social profunda.
Pensar en el
socialismo hoy, es pensar en un modelo de coordinación económica, política y
social multicéntrico, de pluriactores, como múltiple es el sujeto de cambio que
hoy podríamos imaginar, sustentado en la participación auto transformadora
radical en todos los sectores de la vida, así como en la socialización de
la propiedad sobre los medios de producción acudiendo a vías de cogestión, a la
gradualidad y las variantes que cada caso exija, alejado del modelo
hiperestatalista como variante única y universal.
Una agenda
socialista actual implicaría dar cuenta de la multiplicidad de actores que son
expresión del polo de desventaja, de las más disímiles relaciones de desigualdad
y de la diversidad socioeconómica y cultural global, asumiendo el
multiculturalismo emancipador, aquél que considera que el derecho a la
diferencia debe ser articulada con el derecho a la igualdad a través de la
redistribución de la riqueza y responder a la viabilidad económica con un
criterio de sustentabilidad.
Pero reconocer la vigencia de una opción socialista en la contemporaneidad no
significa que entendamos esta opción como rumbo directo o único, que descalifica
otras variantes de enfrentamiento a las desventajas sociales. (...)
c)
La tarea
de alteración de constricciones estructurales no puede, obviamente,
recaer en actores aislados, que impulsan desde escenarios
limitados
sus agendas particulares, pues acciones como esas
difícilmente puedan modificar estructuras de desigualdad.
Ello nos
conduce directamente a otro punto de debate básico en esta
plataforma, una vez más,
al Estado y su rol en la atención a
la pobreza.
Considero que
esta investigación ha acumulado suficientes evidencias teóricas y empíricas para
entender, al menos, que no es ésta una cuestión cerrada. Sociedades cambiantes,
sistemáticamente diferenciadas, inmersas en procesos de articulaciones
complejas, requieren estructuras flexibles y cambiantes, sistemáticamente
diferenciadas que puedan hacerse cargo de esa complejidad y que,
eventualmente, puedan preparar su propia desaparición o transformación.
Pero en el
punto momento-espacio en que nos encontramos en la historia social (mejor, en
las confluentes y conflictivas historias sociales plurales),
no ha cristalizado una estructura de coordinación social alternativa al Estado
que asegure negociaciones entre actores antagónicos que respeten un mínimo de
equidad y una estrategia integradora de la multiplicidad de sujetos sociales en
las escalas territoriales aún existentes (la nacional incluida, naturalmente),
donde los sujetos populares sean objeto de derechos universales. (...)
d)
Se trata de un Estado cuestionado, controlado y presionado
sistemáticamente por la sociedad civil, particularmente por los sectores
populares desfavorecidos que se convierten, también, en actores
extranacionales, en una perspectiva emancipadora y movilizante de reto
constante a la dominación clasista.
El mismo Estado se
hallaría en capacidad de ser el depositario de la garantía de una
«política social de integración», definida a través de fórmulas participativas
de cogestión entre actores de gobierno y extraestatales que, superando los
enfoques residuales, incluya la lucha contra la pobreza en un encuadre amplio,
de alteración de las bases estructurales de la exclusión en los límites en que
esto sea posible en las circunstancias concretas. (...)
Entre
los presupuestos básicos de una política de inclusión
para el manejo de la pobreza podríamos colocar los siguientes:
-
Universalización efectiva de los derechos sociales.
Incorporación de los excluidos a los circuitos de ciudadanía a través de la
construcción de redes universales, permanentes, estables y de cobertura
total de servicios públicos de calidad y sin discriminación, a los que pueda
accederse con independencia del nivel de ingresos.
Garantía de igualdad en un nivel adecuado de satisfacción de las necesidades
básicas para todos los ciudadanos por responsabilidad inalienable e
intransferible del Estado en la ejecución, control, regulación,
fiscalización y asignación de recursos en todas las acciones de interés
social prioritario, que incluye el despliegue de una gestión social
participativa y multicéntrica.
Eliminación de la dualidad en el acceso a los servicios y beneficios de una
política social que ha creado una división entre un sector público
desfinanciado para pobres y un sector privado de mayor calidad para quien
puede acceder a estos bienes a través de su distribución mercantil.
Calidad de la opción pública de acceso al bienestar del mismo nivel que la
privada, lo que podría hacer prescindible la última, incluso para las capas
medias y altas de la estratificación social.
-
Máxima prioridad de la gestión social y el control
democrático social para la subordinación del desarrollo económico al social
y la gravitación ética de la política social. Amplia
participación social cogestiva en todos los momentos de la formulación y la
ejecución de las políticas sociales, incluyendo la organización de
asignaciones presupuestarias. Empoderamiento de los sectores populares y
desfavorecidos a través de acciones de reforzamiento y formalización de su
presencia organizada en la sociedad civil y de las vías de colocación de sus
demandas, como parte sustancial de las acciones de coordinación del Estado.
Aumento significativo de los gastos sociales, sobre la base de un aumento de
la proporción del PBI que se destina a la esfera social pública, de la
renegociación del pago de la deuda externa y de una reforma tributaria que
grave proporcionalmente y no regresivamente los ingresos de los diferentes
grupos sociales, elevando la contribución de los más ricos al bien común.
Combinación de acciones preventivas, redistributivas y compensatorias, con
primacía de las primeras. Énfasis en acceso a empleo de remuneración
adecuada, salud y educación como responsabilidad pública.
-
Prioridades macroeconómicas de la política social
enfocadas al desarrollo y la unicidad e integración de la política social.
Articulación de la gestión descentralizada de programas sociales y de la
multiplicidad de posibles acciones locales, grupales y sectoriales en una
unitaria política social, definida por un
proyecto
estratégico de desarrollo nacional que sintetiza la diversidad de
necesidades sociales de los diferentes grupos que componen el espacio
nacional.
Articulación sinérgica de escalas (nacional, regional, territorial, local),
de acciones sectoriales y de instrumentos de centralización y
descentralización. Fortalecimiento de la capacidad de auto transformación de
los sectores vulnerables. Fomento de acciones para el apoyo a micro y
pequeñas empresas, cooperativas u otras asociaciones y emprendimientos
económicos de los sectores más pobres, para la ampliación de las
posibilidades de empleo y de adquisición de activos, así como de todas
aquellas acciones que den acceso a la propiedad sobre medios de producción
(en formas individuales y colectivas, de economía popular y solidaria) y
permitan una desconcentración del poder económico (...)".
Fuente: Le Monde diplomatique/ el
Dipló/ septiembre 2008 (www.eldiplo.org)
publicó nº 11 de Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano iniciativa
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Sin embargo,
no basta esclarecer objetivos y
actores socioeconómicos de la organización del nuevo Estado-nación porque, una
vez más, el «progresismo» intenta tomar la dirección política e ideológica
desviando a la diversidad popular de la autogestión y el autogobierno.
Ricardo
Forster nos aclara sobre el nuevo empeño de ese
renovado paternalismo que viene a salvarnos y termina entregándonos cada vez más
en brazos del poder económico e imperialista. Desde el diario privilegiado por
pautas publicitarias del gobierno K, escribe:
"Es un alto
en el camino que nos permite ejercer el trabajo de la reflexión crítica, el
desplazamiento indagatorio hacia lo realizado y lo pensado, hacia lo acontecido
y lo vivido, hacia lo abierto inesperadamente y, también, hacia lo clausurado y
tal vez irrevocable. Una hora en la que en tanto actores del presente nacional
nos debemos la obligación de interrogar/nos por esas jornadas y sus
consecuencias con el ánimo puesto en lo por venir, de aquello que sigue a la
espera de su acontecer.
Es siguiendo esta
perspectiva que la emergencia de «Carta Abierta» debe ser leída en el interior
de lo inesperado, o, para expresarlo con otras palabras, lo que vino a romper
con su aparición fue una cierta linealidad política, un movimiento previsible de
una realidad imprevisible en sus zigzagueos que arrojó sobre la escena un
acontecer al menos sorprendente, de esos que ponen en cuestión lo anunciado y lo
esperado, que quiebran las “normalidades” y los cálculos para colocar lo
nuevo y distinto, aquello que desvía irremediablemente el curso de los sucesos
introduciendo el trazo de lo azaroso y lo repetido, como si en esa alquimia se
cociera una novedad imprevista".
En vez de una plataforma de tareas concretas
para poner en debate y encontrar soluciones por intercambio con las
organizaciones de la diversidad popular, ensalza la emergencia del espacio
intelectual y su coraje-clarividencia única para enfrentar a las fuerzas que
pretendían impedir la prosecución del 'giro notable de la vida económica y
política'. Es decir, tampoco evalúa la continuidad del proceso acelerado
de concentración-desnacionalización tanto económica como territorial y el
consecuente crecimiento de la desigualdad social.
Coincide
con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que la cuestión no es resolver
la realidad conflictiva sino saber interpretarla, claro, como ambos nos quieren enseñar,
por ejemplo, debemos ver el Estado mirando a proteger a los más débiles y no:
subsidiando, defendiendo y promoviendo -hasta en Sudamérica- a los grandes
grupos locales y las transnacionales.
Sigamos
leyendo la nota:
"Entre
esos gestos destituyentes que se articulaban con el deseo de
impedir el
desarrollo de un proceso político que venía impulsando, aunque con dificultades,
un giro notable en la vida económica y política argentina intentando, entre
otras cosas, recuperar el papel fundamental del Estado en la protección de los
más débiles y en el impulso de programas distribucionistas, lo único distinto
que vino a salir al paso de tanto gesto bravucón y de tanto prejuicio fue el
espacio de «Carta Abierta», allí donde salió a expresar no sólo su apoyo al
gobierno de Cristina Fernández sino a señalar la magnitud destituyente del
proceso inaugurado por la rebelión campestre en asociación con los medios
concentrados de comunicación pero lo hizo, al mismo tiempo, planteando las
deudas y los problemas del propio Gobierno, asumiendo una dimensión autónoma y
crítica que no solamente se encargó de destacar la significación de la ofensiva
del complejo agromediático sino, también, de hacer visibles las escasas
disposiciones del kirchnerismo por ampliar efectivamente la base de sustentación
social impulsando otros modos de lo político democrático, modos sin los cuales
difícilmente se pueda avanzar en un proceso genuino de transformación social y
de
recuperación del Estado nacional en beneficio de los más necesitados y del
conjunto del pueblo.
Pero lo hizo rompiendo el frente de las clases medias que parecían enteramente
capturadas por el discurso mediático;
recogiendo, en su decir atípico, las tradiciones populares y emancipatorias en
medio de su intento de expropiación por parte de ese frente destituyente que no
dudó en vaciar de contenido y de especificidad esas tradiciones para ponerlas al
servicio de su ideal restaurador.
«Carta
Abierta» abrió las compuertas del lenguaje para desafiar a los lenguajes
embaucadores, descolocó la lógica dominante que se desplegaba soberana sobre el
conjunto de la sociedad, despojó de sus falsas vestimentas a los representantes
de los ideales rentísticos y regresivos que se camuflaron en relatos populares y
democráticos; pero lo hizo sin caer en simplificaciones al uso ni haciendo
concesiones al sentido común de la antigua y algo demudada progresía. Sintiendo
que la hora argentina exigía no sólo elevar la voz para defender a un gobierno
popular de una amenaza poderosa y persistente en nuestra historia, sino, de un
modo quizás más decisivo y significativo,
exigiendo y exigiéndose una verdadera interpelación a la ciudadanía, a sus
núcleos más oscuros, a sus prejuicios, a sus dislates dogmáticos que incluían a
izquierdas enfebrecidas y a progresismos travestidos en neoconservadores,
intentando,
no sin dificultades, construir un puente entre los mundos intelectuales y
culturales con la escena público-política, sabiendo que ese proceso suponía y
supone enfrentarse a prejuicios enquistados desde siempre en nuestra sociedad,
pero reclamando con firmeza la necesidad de asumir, cuerpos e ideas mediante, un
compromiso con la democracia y con los ideales de la emancipación, aquellos que
suponen el entramado de república e igualdad.
Producto de esa anomalía argentina y, en un sentido más amplio y
profundo que por espacio no puedo desarrollar, del extraordinario giro
sudamericano que parece recuperar la memoria de los ideales populares y
democráticos después de la noche neoliberal de los ’90, «Carta Abierta»
es, a su vez, un intento por sostener el debate de ideas en medio de la
sequía cotidiana y del bombardeo brutalizador y simplificador del
lenguaje mediático.
Un
espacio que busca pensar la democracia, sacarla de su asfixia
burocrática, descolocarla de su pura repetición para asumirla como una
invención permanente. Tal vez por eso ha sido y sigue siendo un ámbito
libertario en el que una multitud de ciudadanas y ciudadanos insisten
con reunirse para debatir, en distintas ciudades del país, cómo aportar
a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más
democrática".
Fuente: Página 12/
7-9-08
Es hora de no
delegar a nuestra voluntad de cambio en «el progresismo».
Porque, desde el comienzo de las democracias
restringidas, nos ha embaucado con el
posibilismo primero, luego con el pragmatismo, después con la lucha contra la corrupción
y ahora, nos promete liberarnos de ser marionetas de los grandes medios, de los egoísmos
de productores y de capas medias y de izquierdas enfebrecidas (o
siniestras al decir del ministro de 'justicia, seguridad y derechos
humanos', ¡vaya sadismo su designación para el cargo!).
Siempre los dirigentes progresistas
soslayaron
esmerarse por posibilitar la igualdad de oportunidades para que los de abajo
hacedores de la vida cotidiana se conviertan en autores de transformarla en acuerdo
con sus necesidades e intereses.
Pero hoy ese bloqueo a la deliberación y toma de
decisiones de los de abajo
(sobre el desfinanciamiento y la privatización encubierta del sector público o
sobre las reivindicaciones sectoriales) se agrava cuando fuerzas progresistas e
izquierdistas ponen en sospecha a todos los que desenmascaramos al matrimonio Kirchner
y su gabinete.
En efecto, Stella Calloni sostiene:
"lo
que buscan es debilitar al
gobierno, ahora están preparando otra ofensiva, por eso pienso que es
importantísimo que nos comencemos a reunir para ver a fondo qué hay detrás de
cada uno de estos movimientos, porque están en todas partes como están en
Bolivia, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son todas esas fuerzas que
componen esta ofensiva de la derecha y ver cómo les cortamos el camino".
Su tesis es que "hay un plan geoestratégico
de recolonización que está avanzando en nuestra región y no nos podemos hacer
los distraídos porque corremos el riesgo de manejarlo como un problema de la
economía doméstica...". Y "tenemos que caracterizar las cosas como son y
saber cómo operar":
se están aplicando elementos de la guerra de baja intensidad o de guerra
contrainsurgente que, en la Argentina, "lo vivimos cuando comenzaron el paro por
tiempo indefinido". ( Nuestra Propuesta/ 4-9-08)
Discrepo:
La «recolonización» avanza desde la dictadura cívico-militar que
instauró la Ley de Entidades Financieras y el endeudamiento público externo
-todavía en vigencia plena- para viabilizar la acumulación de los grandes
capitales en la economía de casino de la globalización y el sometimiento del
país a proveer al avance del capitalismo central que, durante las
democracias restringidas, se apoderó de las empresas estratégicas para
desintegrar el tejido productivo y succionar riquezas e ingresos.
El gobierno K-F:
Ha
proseguido perfeccionando esa impunidad del poder económico e imperialista
no denunciando al sistema formado por los acuerdos bilaterales de inversión
y el CIADI; prorrogando concesiones y licencias hasta convertirlas en
entregas definitivas y amplificadas en extensión espacial; actualizando el
negocio de los bancos en las AFJP, etc.
Garantiza la nueva etapa del sistema
capitalista mundializado de ocupación total del territorio continental con
los proyectos de la mega minería, de la explotación de hidrocarburos y de
los agro negocios hoy mirando hacia los agro combustibles e infraestructura
correspondiente.
Los de abajo debemos reunirnos
sí, pero no para una especie de caza de brujas.
Debemos comenzar por generar
espacios de entendimiento mutuo entre la diversidad de implicados en el
funcionamiento de ámbitos cotidianos y de responsabilidades sociales:
escuelas, universidades, hospitales y administración del Estado,
transportes, barrios...para luchar por
democratizarlos o acordarlos con las necesidades e intereses populares.
Pero,
entonces, iremos chocando con el imperativo de politizar esos conflictos con
el bloque dominante que mira sólo por convertir en negocios suyos a nuestros
derechos humanos.
Esa senda la ejemplifican:
▪Organizaciones de los trabajadores de la educación pública que han comenzado a
instalar la voluntad de recuperación del carácter nacional de CTERA y de sus
principios rectores en la etapa inicial.
▪Trabajadores del INDEC que, pese a la política gubernamental de represalias de
todo tipo e intimidaciones, se esmeran por restablecer el funcionamiento
indelegable del Estado de confeccionar datos e indicadores ciertos en
materia económica y social.
▪
Trabajadores del Teatro Colón que luchan contra la expropiación (disfrazada de
democrática) que lo destina al negocio con el turismo internacional como
parte de la enajenación de toda la ciudad de Buenos Aires para lucrar con el
boom turístico e inmobiliario en el mercado global.
▪Profesionales de la salud pública y músicos independientes que han constituido
y constituirán, respectivamente, sus federaciones...
Por supuesto, la «nación» como democracia directa e indirecta exige la
multiplicación de los espacios de comprensión mutua entre los distintos
autores de los ámbitos cotidianos y áreas del quehacer social que vaya
encaminando esas nuevas relaciones sociales hacia la constitución de la
unidad de voluntad de la diversidad popular de poner en práctica a las
reivindicaciones convertidas en causas nacionales y al país mirando por
necesidades e intereses populares.
Organización
((VOLVER))
De la continuidad del crecimiento en concentración,
desnacionalización y desigualdad socio-económicas
Lo que se denomina «nuevo desarrollismo»
puede proseguir ocultando su verdadero carácter pese al cada vez más evidente
proceso de recolonización por
1. El discurso y la
movilización mistificadores de la realidad bajo gestión K
La Confederación General del Trabajo de la
República Argentina (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el
espacio Carta Abierta defienden la reestatización de Aerolíneas
Argentinas declarando:
-
Es un país y una
sociedad que intentan reencontrar su memoria social, política, cultural,
federal y solidaria.
-
"Es aquélla que nos
recuerda un tiempo en que el Estado fue capaz -y esto está inscripto en
nuestra conciencia- de construir y administrar y desplegar una empresa como
lo fue Aerolíneas Argentinas que durante décadas representó el interés nacional uniendo no sólo
el país con el mundo, sino integrando nuestro territorio".
-
Es necesario recuperar
una empresa desmantelada por las políticas privatizadoras llevadas adelante
desde los años 90 y bajo la ideología del neoliberalismo "que erosionaron el
papel de lo público, imponiendo la lógica del mercado, del negocio privado y
de la rentabilidad como dios supremo, por sobre funciones indelegables del
Estado".
-
Es responsabilidad y
potestad del Estado intervenir en la defensa del interés público, de la
soberanía nacional y de la protección del derecho de los trabajadores y
puntualiza que los que defienden otro proyecto de país, enraizados en el
discurso y la práctica privatista, sostienen propuestas quiméricas que sólo
ofrecen como alternativa la quiebra de Aerolíneas Argentinas y su reemplazo por una empresa
inviable, "un proyecto así daría cuenta de sus verdaderos objetivos:
destituir la responsabilidad del Estado en la administración de lo público,
que incluye la reestatización de aquellos bienes malversados por las
políticas privatizadoras, como también en su rol de garante de la justicia
social.
Por todo lo señalado, la recuperación del patrimonio nacional de Aerolíneas A
constituye un hito en la búsqueda y construcción de un país más solidario,
más integrado, más democrático y más justo".
En búsqueda de no quedarnos en las palabras y
acciones tergiversantes cuyo resultado es enfrentar falsamente y desviar el eje de
la discusión que permita
resolver los problemas en común,
tratemos de analizar:
a) La realidad de despojo y maltrato
Proyecto Sur – Córdoba,
en
"Por un sistema nacional integrado de transporte",
resume:
"Nuestro país no cuenta con un sistema de transporte
integrado a nivel nacional. La red ferroviaria fue destruida por el menemismo
con la consigna de guerra “ramal que para, ramal que cierra”, y su sector de
cargas fue cedido a grupos monopolistas como Aceitera Gral Deheza (Nuevo Central
Argentino), Amalita Fortabat (Ferrosur), Techint (Ferroexpreso Pampeano), etc."
Relata:
"La
aeronavegación fue entregada primero a Iberia y actualmente a Marsans, con los
33 aeropuertos privatizados en manos del grupo Eurnekian, quien nunca pagó el
canon correspondiente. El transporte naval argentino no existe, ni siquiera se
aplica la reserva del 50 por ciento para la bandera nacional prevista por las
leyes internacionales.
En suma,
sólo queda el transporte caminero, alentado por el imperialismo norteamericano
desde los ´60, cuando intentó aplicar el plan Larkin con el objetivo de levantar
miles de km de vías férreas.
La inversión yanqui en terminales automotrices,
industria del plástico, la petroquímica, etc., alentaba ese plan antinacional.
La
concentración del tránsito civil y comercial en las rutas ha elevado el número
de accidentes fatales, con un trágico récord de 8.100 muertos en 2007.
Privada de
un sistema integrado de transporte, la Argentina pierde miles de puestos de
trabajo en sectores de la industria y centenares de pueblos siguen
incomunicados.
Además, es
una situación lamentable donde se pierde dinero, pues el Estado sigue
financiando con subsidios a empresarios de la calaña de Sergio Taselli, a quien
hubo que retirarle las concesiones del ramal Roca y el San Martín luego de
accidentes y pésimo servicio, pero durante muchos años fue beneficiado con
millonarios subsidios.
Actualmente los ramales ferroviarios en manos privadas le cuestan al Estado
argentino tres millones de dólares diarios en subsidios estatales,
más que lo que requerían cuando los trenes eran estatales.
La
diferencia es que
antes daban empleo a 95.000 trabajadores y mantenían operables a 36.000 km de vías férreas, mientras
que actualmente son 14.000 y 8.000, respectivamente. Por su parte, a las
empresas de colectivos privadas se las premió con subsidios por 2.700 millones
de pesos en 2007.
Este
desastre fue ocasionado por el gobierno de Menem y los que lo continuaron,
incluyendo al actual de Cristina Fernández de Kirchner. Con el fogoneo del Banco
Mundial y el FMI beneficiaron a las empresas citadas al principio, a las que
podríamos agregar las brasileñas de América Latina Logística (ALL), Benito
Roggio (Metrovías y Urquiza, Trenes de Buenos Aires TBA), Macri (Belgrano
Cargas), Transportes Metropolitanos (Sergio Taselli), etc.
En
esta obra depredadora ha colaborado la burocracia sindical,
casos de José Pedraza de Unión Ferroviaria, al que Menem entregó con subsidios el Belgrano Cargas, y Omar
Maturano de La Fraternidad, etc. Estos traidores entregaron los puestos de
trabajo de sus propios afiliados a cambio de prebendas personales y de
camarillas.
El resultado
es que, amén de lo comentado en cuanto al achicamiento de la planta de
personal, los pocos trenes de pasajeros que funcionan lo hacen aumentando sus
tarifas y con pésimos servicios, donde la gente viaja como ganado, con
accidentes, descarrilamientos, cese del tren cartonero, etc.
Semejante
panorama no se revertirá con la licitación del llamado “tren bala”, por parte
del gobierno de CFK y la francesa Alstom, con Macri, Emepa y la española Isolux
Corsan, como socios menores en el consorcio Veloxia. Se trata de un
emprendimiento faraónico que como bien ha criticado el presidente de Proyecto
Sur, Pino Solanas, implica un gasto extraordinario de 3.600 millones de dólares
para una dudosa iniciativa que no contempla las reales necesidades del pueblo y
mucho menos del interior del país.
Por todo
esto, Proyecto Sur Córdoba denuncia ese proyecto favorable a los monopolios
extranjeros y nacionales e insiste en su propuesta de un sistema nacional
integrado de transporte, sin tarifazos ni endeudamiento externo como los que ya
se están viviendo. Si este gobierno está comprometido a pagar 14.000 millones de
dólares de deuda externa a lo largo de 2008 (Clarín, 27/1), eso aumentaría
dramáticamente de prosperar el proyecto Alstom.
Nuestra alternativa popular está basada en
la suma de Astilleros Río Santiago (Ensenada) y Tandanor, la reactivación de la treintena de talleres ferroviarios como los de
Cruz del Eje y de la fábrica Forja, la reestatización de Materfer (hoy en manos
del grupo Taselli), de la ex Fábrica Militar de Aviones (privatizada a favor de
la Lockheed Martin) y de Aerolíneas Argentinas, junto con la recuperación de los
10.000 kilómetros de rutas nacionales donde debe eliminarse el peaje para
ponerlos bajo la égida de Vialidad Nacional, más las rutas provinciales y
accesos concesionados.
Este
sistema estatal dará oportunidad de
crecimiento y
desarrollo también a fábricas recuperadas por los trabajadores,
cooperativas, pequeñas y medianas empresas, como lo demuestra la reciente
fabricación de dos coches motor realizada por una empresa local, para ser
exportadas a Perú.
Con un
sistema como el que proponemos,
se
articularán las distintas regiones del país
contribuyendo a su desarrollo proporcionado y su eficaz comunicación, dará más
empleo y comercio justo, desarrollará la industria en diversos rubros con
oportunidades para nuestros obreros, empleados,
profesionales-científicos-técnicos; ahorrará muchas miles de vidas hoy
segadas en las rutas y ahorrará también muchas divisas.
Esto
último incidirá en la situación fiscal para beneficio de los argentinos de
menores recursos pues no habrá negociados que pesen sobre el presupuesto
nacional y habrá más plata para invertir en planes productivos que promuevan
empleo genuino para millones de desocupados y subocupados".
Fuente:
www.proyecto-sur.com.ar/ infosur/
4-3-08
b) Las
razones para estar alertas
El
diputado
Claudio
Lozano
expone su
posición
acerca de
la reestatización de
Aerolíneas
Argentinas:
"El
acta acuerdo que el ministro De Vido y el secretario Jaime establecieran con el
grupo Marsans
ponía en
verdadera situación de debilidad al Estado argentino, porque desde el inicio
fijaba una paridad entre el Estado y un grupo que tenía evidentes
irregularidades y que había vaciado la aerolínea de bandera.
-
Debilidad porque se fijaba en el acta un tercer árbitro al cual había que
acatar;
-
debilidad porque no resultaba claro quién terminaba definiendo la operación;
-
debilidad por un método de valuación absolutamente insensato que proponía
valuar la empresa en función de las ganancias futuras de una empresa
saneada;
-
debilidad porque, además, el proyecto
(que
nos proponían)
avalaba esa acta acuerdo.
Ante todo,
quiero dejar en claro que no hay lugar para las sorpresas: no es extraño que
hayamos recibido esto así.
Esto viene de la mano de alguien que desde que ocupa la
Secretaría de Transporte no ha dado un solo paso en dirección a
resolver el colapso que atraviesa el sistema de transporte público en la
Argentina. Se
trata de un funcionario oscuro, responsable de la asignación de
subsidios multimillonarios respecto de los cuales nadie percibe qué efectos
prácticos tienen, un funcionario que en nombre de recuperar el ferrocarril ha
comprado chatarra en el exterior, que no ha dado dos pasos mínimamente
razonables encaminados a la reconstrucción del sistema ferroviario y el
replanteo del modelo general de transporte que la Argentina necesita y cuya
propuesta más genial ha sido la de una fuga en velocidad, una suerte de
revival de los 90, con la propuesta del tren bala.
El gobierno
debería reflexionar –creo que algo se ha dicho por allí-, porque la verdad es
que desafectar a
Jaime de la conducción de este proceso mejoraría en gran medida la credibilidad
sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Debe quedar en
claro que en tanto esto no se haga la mejor de las intenciones va a estar
plagada de sospechas. En tal sentido, a este gobierno le cabe el mismo problema
que tiene con Moreno: en tanto no lo desafecte va a ser difícil recuperar la
credibilidad en el INDEC. Del mismo modo va a ser difícil que se crea en la
reestatización de Aerolíneas Argentinas si no desafectan a Jaime de esta
responsabilidad.
En nombre
del hecho histórico de recuperar el patrimonio público –a lo cual hacía
referencia mi compañero, el diputado Ariel Basteiro‑, la renuncia de Jaime en
este contexto sería un aporte sustancial.
Dicho esto
quiero dejar en claro, desde que lugar nosotros nos ubicamos – y digo “nosotros”
porque en este tema venimos trabajando de manera conjunta con los compañeros del
bloque del SI y, en mi caso particular, expresando la posición de Proyecto Sur‑,
de que modo nos paramos para debatir la recuperación de Aerolíneas Argentinas y
Austral. Para nosotros esto se inscribe en una estrategia mayor que se debería
discutir y que no lo estamos haciendo. Se trata de la recuperación del monopolio
regulado del cabotaje en la Argentina, asociado a la posibilidad de asumir la
perspectiva de los vuelos internacionales en el marco de un acuerdo regional en
integración con otros países como Brasil, Venezuela, entre otros.
Lo
hacemos convencidos de que el negocio no es la aeronavegación sino que ella
es parte de una estrategia mayor que supone el sostén de la industria del
turismo, con todo lo que eso implica y que ha sido explicado por parte de
otros diputados. También porque sabemos que de la mano de la aeronavegación
hay posibilidad de diseñar palancas industriales, concretamente la
reconstrucción de la industria aeronáutica. Hay una Fábrica Nacional de
Aviones muerta de risa en Córdoba que podría ser parte de una estrategia en
sociedad, por ejemplo, con Embraer, la fábrica de aviones que tiene Brasil.
Por lo tanto, para
nosotros este debate no es abstracto ni se circunscribe a un problema particular
sino que tiene que ver con un modelo más general de
desarrollo de país
y desde el cual lo estamos dando. Como bien decía mi amigo
Raimundi, no hay una sola manera de decir que sí ni un solo modo de decir que
no. El problema es que sí y no significan sí y no, pero nosotros decimos sí o no
en función de convicciones y proyectos concretos, y lo que estoy blanqueando es
desde dónde formulamos nuestro planteo.
En este sentido,
estamos absolutamente en contra de lo que ha sido la política de cielos
abiertos, que casualmente el mismo Jaime impulsó permitiendo el ingreso de LAN.
También
discrepamos con aquellos que sostienen la creación de una línea de bandera y al
mismo tiempo una política de cielos abiertos, como lo hizo lo Unión Cívica
Radical por intermedio del senador Gerardo Morales. Tenemos otro
tipo de planteo para discutir este tema.
Tampoco
estamos de acuerdo con aquellos que creen que hay que discutir el tema de la
aeronavegación desde la perspectiva del mercado (como el PRO). La desregulación
y el mercado aplicado a este tipo de experiencias dan como resultado lo que el
mercado efectivamente hace corrigiendo por vía de la caída de empresas. Lo que
sucede es que en este caso lo que se produce es la caída de aviones. Por lo
tanto, es un
absurdo pensar desde la perspectiva del mercado este servicio público que se
sostiene en todos lados con intervención y regulación estatal.
Nosotros
discutimos esto desde otro lugar:
-
Creíamos
y creemos que hay que rechazar el acta acuerdo.
-
Opinamos
que la intervención no debió haber sido consensuada con Marsans sino que se
debió haber decidido de modo unilateral en el marco de la ley de
abastecimiento. Esto debió haber sido acompañado –todavía hay tiempo para
hacerlo‑ por un Estado que respalde en los ámbitos local e internacional las
acciones judiciales para establecer la responsabilidad patrimonial que cabe
a Marsans y poner en cabeza de ese grupo la deuda que le corresponde, como
asimismo reclamar e iniciar conversaciones con el Estado español sobre
aquellos recursos que Marsans recibió y que no llegaron al destino que le
dio el Tesoro español. Consecuentemente, todavía hay cosas por hacer.
-
Creemos
que el diseño de empresa tiene que ser otro, no sociedad anónima sino
sociedad del Estado. Esta empresa debe tener presencia nacional, un
componente federal con representación provincial y representantes de los
trabajadores y de la comunidad a través de los usuarios y consumidores.
-
Estamos
de acuerdo con el bloque socialista respecto de la necesidad de impulsar la
creación de una comisión bicameral que investigue lo que ha sido esta
experiencia de “curro” sistemático y permanente de los últimos
dieciocho años sobre Aerolíneas Argentinas, que se ha traducido en el
desfalco patrimonial que todos conocemos.
-
Estamos
seguros de que resolver esto implica recuperar el control estatal sobre el
servicio público de aeronavegación y sobre nuestra aerolínea de bandera.
Asimismo esto significa no dilapidar recursos públicos y hacerse cargo de
resolver los problemas de los 9.300 trabajadores que por negligencia oficial
o especulación empresaria, una y otra vez están expuestos a la situación que
hoy estamos discutiendo.
-
Somos
conscientes de que si todavía estamos evaluando la posibilidad de recuperar
una aerolínea de bandera es porque los trabajadores fueron los que en todo
momento confrontaron tanto con la privatización en el caso de Iberia, como
con American Airlines y Marsans. Ese es el activo con el cual hay que
sostener cualquier discusión en serio respecto de la política que se quiere
llevar adelante en relación con Aerolíneas Argentinas: sus trabajadores.
Al
comenzar decíamos
que hemos recibido un mamarracho y estamos devolviendo una herramienta.
La primera
diferencia es que nos habían enviado una propuesta de rescate, de absorción de
deuda y reprivatización, y esperamos que hoy el oficialismo proponga un artículo
como planteamos en la comisión, por el que efectivamente se garantice que bajo
ningún concepto se puede alterar la mayoría accionaria en manos del Estado ni la
capacidad de decisión estratégica y de veto. Si esto se incluye, por primera vez
este proyecto estará hablando de reestatización.
Por otra
parte, este texto que estamos considerando no valida el acta acuerdo.
Comparto con
los compañeros del resto de los sectores de la oposición que dicen que sería
mejor que se rechace. Sería mejor y no dejaría ningún lugar a dudas, pero este
proyecto no la valida, y eso es lo objetivo. No hay en él ninguna frase que
valide el acta acuerdo.
Es más, hay
artículos que modifican el acta acuerdo y por lo tanto, frente a un acta
administrativa y una ley está claro que prima la ley.
En este
sentido es cierto que hay un solo tribunal –no hay tres‑, y es cierto que el que
va a terminar decidiendo es el Congreso Nacional y por lo tanto nuestra última
opinión en cuanto a lo que el gobierno haga la daremos en ese momento, porque
todavía no sabemos lo que el gobierno terminará haciendo.
En
definitiva, estamos dando una herramienta para que se mejore lo que se ha venido
haciendo hasta ahora.
En tercer
lugar proponemos otra modificación para que el oficialismo explícitamente diga,
antes de la votación en general, que modificamos la propuesta de valuación que
estaba en el acta acuerdo y se exprese con toda claridad que la tasación será al
momento de la intervención, momento en el que una empresa en concurso y cesación
de pagos, en situación de quiebra, tiene valor negativo y por lo tanto no hay un
peso que poner.
Es más, hay
que discutir vía juicio de responsabilidad cómo Marsans se hace cargo de la
deuda que le corresponde.
Obviamente,
también hay otras cosas. Nosotros creemos que hay que avanzar judicialmente, y
sería importante que esto se agregara en el proyecto que estamos discutiendo.
Algunos diputados del oficialismo me dijeron que no era elegante hacerlo; no es
mi propósito ser elegante con Marsans. Pero acepto –algunos plantearon el
convite‑ que todo el Parlamento nacional le pida a la Procuración General de la
Nación que el Estado se presente en las causas locales e internacionales en
relación con la situación de Marsans. Esto es algo que hay que llevar adelante.
Por otra
parte, considero muy importante no tocar el gasto social. Es algo innecesario
que genera irritaciones que no corresponden; sin hacerlo igualmente se puede
avanzar. Estamos frente a una oportunidad y hemos trabajado bien.
El segundo
gran eje que planteamos de entrada es que la mirada sobre este tema había que
hacerla dejando de lado por un momento el debate oficialismo-oposición. En este
sentido, respeto todas las posturas, pero no es cierto que lo que hoy estamos
votando es lo mismo que lo que llegó.
Es cierto
que podría haber sido mejor; sin duda alguna. Pero con esto el gobierno tiene
herramientas –si quiere; para eso es el que maneja el Poder Ejecutivo‑ para
hacer las cosas de otro modo. También está claro en el proyecto que nosotros
tenemos la posibilidad de evaluar lo que el gobierno haga en una segunda
instancia.
Bajo la
consigna de que Aerolíneas Argentinas es y debe ser del Estado –pero la deuda
no‑, consciente de que hay mejoras sustantivas, esperando que los compañeros del
bloque oficialista efectivamente agreguen las cosas que dijeron que iban a
incorporar y sobre la base de entender que la garantía para todo este proceso no
radica en el secretario Jaime sino en los trabajadores que han puesto el cuerpo
defendiendo una y otra vez la sobrevivencia de nuestra aerolínea de bandera,
desde ese lugar es que nosotros vamos a acompañar en general este proyecto,
manteniendo nuestras observaciones en particular. Por supuesto, mantenemos
también la posibilidad de juicio final en cuanto a la operatoria que el gobierno
nacional lleve a cabo en relación con lo que todavía falta realizar".
Publicado por
Actividad SigloXXI
http://actividadentrerios.blogspot.com/2008/08/claudio-lozano-proyecto-sur-y aerolneas.html
c) La
historia abreviada del gobierno K-F con la aeronavegación comercial
Ø
"Luego del cierre de LAPA y
DINAR y con del objeto de “conservar las fuentes de trabajo afectadas”, el
Estado decidió crear LAFSA, una empresa autónoma sujeta al régimen de derecho
privado, por el decreto 1238/03 del 21 de mayo de 2003. Duhalde destinó a la
empresa 40 millones de pesos en momentos de su creación y Kirchner gastó 80
millones más para sostenerla. El ingeniero José Alberto Bidart (uno de los
operadores del ministro Julio De Vido) fue designado presidente y el cargo de
vice fue ocupado por el brigadier Jorge Eduardo Baravalle, consuegro del
entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Nicolás Scioli, hermano del
vicepresidente de la Nación, fue uno de los primeros miembros del directorio: el
único que percibía sueldo, según informó Alberto Fernández al Congreso.
Según un informe del Centro para la Transparencia en la Gestión Pública y
Privada del ARI, la firma LAFSA se presentó ante la Secretaría de Transporte a
solicitar rutas internacionales, las que constituirían, en algunos de los casos
descriptos en los manuales de riesgo de narcotráfico, como virtuales rutas de
distribución de drogas ilegales.
LAFSA firmó entonces un acuerdo con Southern Winds (la empresa de las
narcovalijas) de “cooperación empresaria”: LAFSA se comprometía a pagarle el
salario a 1.000 ex empleados de LAPA y DINAR, de los cuales 578 prestaban
servicios en SW y a entregar, además, $ 3.200.000 semanales en combustible.
En un discurso pronunciado en el Aeroparque antes del despegue del primer avión
con la identificación “LAFSA-Southern Winds”, dijo el presidente Kirchner:
“Apostamos a un buen resultado, sabemos que los escépticos van a estar esperando
que fracase, pero nosotros estamos convencidos de que la calidad empresaria y la
calidad de los trabajadores permitirán que esto pueda funcionar”. El ministro De Vido expresó entonces que “estamos asistiendo a un hecho trascendente del
transporte aéreo nacional”. También se encontraban presentes el secretario de
Transporte, Ricardo Jaime; el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli; y el diputado y dirigente gremial Ariel Basteiro, hoy miembro del
directorio de Aerolíneas.
Todos coincidieron en anunciar que en el último
trimestre del año (2003), se incorporarían nuevos aviones y que LAFSA-SW
cubrirían alrededor de treinta rutas de cabotaje (...)".
INVESTIGACION: JL / ROMINA MANGUEL/ LUCIANA GEUNA http://www.psicofxp.com/forums/politica-economia-sociologia.146/424312-lafsa-sin-aviones-de-jorge-lanata.html
6-3-08
Ø
El 21 de Marzo de 2005:
"Los trabajadores de LAFSA estamos llevando adelante una lucha contra el
siniestro plan de la Secretaría de Transporte a cargo del Sr. Ricardo Jaime, que
resulta ser un grave peligro para nuestra fuente laboral y condiciones de
trabajo. Todas las privatizaciones han incluido miles de despidos,
flexibilización laboral y pésimas condiciones para los usuarios, por lo que es
nuestra responsabilidad alertar a la sociedad entera.
El gobierno ha elegido
para esta entrega a LAN CHILE, socia de American Airlines, una empresa que
mantiene en condiciones de explotación a sus trabajadores con los salarios más
bajos de la actividad y cuyos dueños están ligados a Pinochet.
Todo comenzó hace dos años con
un acuerdo mafioso, que en principio duraría tres meses. Mientras trabajábamos
para SW, denunciamos impetuosa y periódicamente cada una de las irregularidades
de este acuerdo que sólo beneficiaban a Maggio y a la Secretaría de Transporte.
Queda claro que el gobierno escribe con la mano y borra con el codo, y que
nosotros, los trabajadores, somos los únicos que tenemos las manos limpias pero
vamos a pagar, con este plan de entrega. Hoy el gobierno decidió “militarizar”
aeroparque para intimidarnos pero vamos a continuar pese a las amenazas de
represión. Nuestra lucha es la de todos los aeronáuticos por eso promovemos la
unidad con los trabajadores de Aerolíneas, que sufren la explotación por parte
de su patronal, tan leonina para los empleados y abusiva para con los usuarios
como LAN CHILE. No confiamos en ningún empresario, sólo en los trabajadores.
¿Qué proponemos?
Los trabajadores de LAFSA estamos convencidos que es necesario que nuestra línea
aérea sea una empresa estatal al servicio de la comunidad para que el transporte
aéreo sea accesible a todos los sectores. Los trabajadores proponemos ejercer el
control de: los aspectos de seguridad de los aviones, de los gastos de fondos
del estado, para garantizar que no ocurra lo que sucedió con las empresas de los
80, que fueron vaciadas adrede, para llevarlas a la privatización. Para que se
terminen de una vez y para siempre la corrupción y los accidentes aéreos.
LAFSA tiene hoy toda la
estructura para funcionar, sólo nos faltan los aviones, que el gobierno
prometió, para que de una buena vez empecemos a hacer lo que todos queremos y
sabemos. Es nuestra intención TRABAJAR, VOLANDO para brindar un servicio
público.
Llamamos a toda la comunidad a
apoyarnos en esta lucha en cada una de las acciones a las que llamaremos en
nuestro plan de lucha.
¡Por una gran Línea Aérea
Estatal al servicio de la comunidad!
¡No a la privatización de
LAFSA!
¡No a los cielos abiertos!
¡Basta de empresas privadas
que explotan trabajadores y abusan de los usuarios! ".
Trabajadores de LAFSA
http://nexos.unq.edu.ar/
Ø
18 de marzo de 2005.- Los trabajadores aeronáuticos
protagonizaron una ruidosa protesta en el aeroparque metropolitano, donde
rechazaron la llegada de LAN Chile al mercado argentino, amenazaron con parar en
Semana Santa y reclamaron la renuncia del secretario de Transporte, Ricardo
Jaime.
La protesta de los gremios aeronáuticos -que cobró otra dimensión luego de que
la cuestionada Southern Winds (SW) pidió a la Justicia su concurso preventivo-
provocó demoras en la salida y en la llegada de los vuelos del aeroparque Jorge
Newbery, durante unas tres horas de la mañana de ayer.
El diputado nacional Ariel Basteiro advirtió que las medidas de fuerza
seguramente se extenderán a todo el transporte aerocomercial, inclusive durante
Semana Santa, que es un período con mucha actividad.
La movilización comenzó pasadas las siete, con un bloqueo a los mostradores de
las compañías SW, Austral y Aerolíneas Argentinas. Los manifestantes, de
distintos gremios y empresas, desplegaron una enorme bandera argentina y
pancartas, al tiempo que realizaron una batucada.
Tránsito cortado
Luego, los manifestantes salieron de la aeroestación y cortaron la avenida
Costanera, lo que generó inconvenientes en el tránsito. La manifestación
concluyó con una asamblea, en la que se dispuso levantar la protesta, aunque no
se descartó reiterarla.
Durante las tres horas en que se desarrolló la manifestación sufrieron demoras
los vuelos programados, ya que no se realizó el check in de pasajeros. En el
hall del Aeroparque se formaron largas colas de usuarios, que aguardaban la
reprogramación de los vuelos. Los dirigentes sindicales exigieron también,
después de la sorpresiva protesta, la creación de una aerolínea estatal para que
compita con los demás operadores, y pidieron la renuncia de Jaime, por su
actuación en el escándalo de las “narcovalijas” y por su desempeño en el
tratamiento de la crisis de la actividad aérea. (DyN)
Jaime rechazó las críticas
El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, salió a asegurar ayer
que la protesta de los trabajadores fue injustificada y dijo que fue llevada
adelante por un reducido grupo de empleados de distintas empresas de aviación.
De hecho, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) afirmó que la
protesta fue un lock out patronal destinado a presionar al Gobierno frente a la
creación de LAN Argentina. “La protesta tuvo un solo fundamento y es que el
Estado tenga una aerolínea. Esa no es la posición del Gobierno. Nuestra
obligación es preservar las fuentes laborales y esto es lo que estamos
haciendo”, remarcó Jaime, según un cable de DyN".
http://www.lagaceta.com.ar/vernota.asp?id_nota=1077729
Ø
13 de Marzo de 2005, se crea LAN Argentina y tomará el control de LAFSA.
Directivos trasandinos acordaron con el Gobierno operar las
rutas de la línea estatal. El convenio también incluye a SW
El gobierno nacional anunció el viernes la articulación de
un acuerdo entre la aerocomercial chilena LAN, la privada local Southern Winds y
la estatal LAFSA según el cual se garantizan por al menos los próximos noventa
días la continuidad de los servicios de cabotaje e internacional de SW, y de la
ocupación del personal de esta compañía y también de los 850 empleados de LAFSA.
Tras ese plazo, LAN y SW (envuelta en una grave crisis económica y por el
tráfico de drogas que investiga la Justicia) podrán resolver la continuidad o no
del convenio, afirmó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en una
conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, junto con directivos de LAN.(...)
Esa línea aérea usará el nombre de LAN Argentina, y será parte de la alianza
LAN".
Fuente:
www.infobae.com
A partir de 2007 forma parte de la
alianza Oneworld.
2. El
viraje de progresistas e izquierdistas
Jorge
Marchini
(especial
para ARGENPRESS.info), en
"Pago
al Club de París… pero al fin: ¿Quiénes son los enemigos del
pueblo?",
explica:
"La noticia
del pago total de la deuda pendiente de Argentina por U$D 6.700
millones con el Club de París utilizando reservas del Banco
Central ha sido inesperada, y de allí la importancia de tratar
de interpretar sus significados y derivados.
La
Presidenta Cristina Kirchner afirmó que “este pago pone a
todas las empresas que pueden obtener financiamiento en los
países que integran el Club de París en una pole position, que
hasta ahora no tenían inversores tanto nacionales como
extranjeros, con inversiones radicadas aquí”
(EL CRONISTA,
3/09/08),
reflejando la ilusión que el gesto intempestivo es un acto de
afirmación de independencia, generará tranquilidad en los
mercados, reducirá tasas de interés y permitirá el acceso a
nuevos fondos del exterior .
Seguramente
con mucho mayor realismo que el discurso presidencial, el
influyente diario financiero internacional Financial Times
interpretó inmediatamente que la medida “no hará nada para
mejorar el acceso a los mercados financieros internacionales
(3/09/08),
en nota con el muy indicativo título: “Vuelta en U de
Argentina en el pago de deuda”). Por su parte, el gobierno
de EEUU, país que recibirá el 7% del pago anunciado, afirmó
estar “complacido”, pero señaló que se trata de “un
primer paso”. Esperando trabajar con Argentina en la
“normalización con todos los acreedores externos y con la
comunidad financiera internacional”
(LA NACION, 3/09/08).
Siendo tan directas y sin eufemismos las opiniones
de voceros de la banca mundial y Washington,
resultan entonces llamativas opiniones desde ámbitos
del campo progresista, tales como las de Alfredo
Zaiad en su articulo “La Confianza” (Página
12, 3/09/08),
al suponer que la medida estaría justificada y hasta
podría llevar a “ganar espacio para retomar el
control de la política monetaria”.
Las líneas argumentales utilizadas por el reconocido
columnista son sorprendentes, ya que pueden dar
sustento no sólo a conclusiones equivocadas, sino, y
mucho más serio, a generar aún más confusiones en la
mayor parte de los argentinos que sólo escuchamos
hablar de miles de millones de dólares, pero que
intuitivamente, y creo que con razón, suponemos que
el anuncio de pagar sin expectativa previa alguna y
sin discusión una cifra gigantesca – equivalente a
más del 12% del gasto público nacional presupuestado
para el año 2008-, no es el primer paso para “frenar
el embate de organismos, consultoras y bancos
internacionales”, sino todo lo contrario.
Por lo
pronto, resulta evidente sólo con leer declaraciones que el
establishment local y externo aplaudió la acción de pagar y sólo
ha opuesto críticas de forma y, sí requiere ahora mayores
ajustes y “previsibilidad a los mercados “ . Entre los
adherentes se incluyeron ogros habituales de diatribas
presidenciales como el FMI o el mismísimo Domingo Cavallo, el
mayor endeudador con el Club de París en la locura especulativa
de 2001 como ministro de Fernando de la Rua . De todas formas,
el analista se anima a interpretar que el apoyo condicionado y
las mayores demandas de los sectores conservadores serían
provocados por “una herida en el alma narcisista” al
haber sido decidido el pago millonario por “un gobierno de
peronistas ‘populistas’ aliados de Hugo Chávez”.
Sin duda la
psicología puede dar campo a variadas interpretaciones, pero al
menos reconozcamos que en relación al Club de París estamos
hablando de dinero y no de sentimientos. El mismo gobierno K
argumentó durante años que era primero preciso atender otras
prioridades de un país que había quedado “devastado por la
crisis financiera”, y ahora ya ni siquiera se negocia un
refinanciamiento a plazos de deudas en su mayor parte
cuestionadas, sino que decide pagar sorpresivamente todo lo
adeudado ya que “puede permitirse destinar el 14 por ciento
de las reservas” ¿pero quién cambió el comportamiento? ¿el
gobierno o los acreedores? ¿Plantea el columnista entonces el
reflotamiento de un famoso argumento del imborrable ministro
Juan Carlos Pugliese, pero esta vez al revés: le pagamos con
dinero a sus bolsillos y ellos nos responden con su corazón
?
Aun más
remarcable es el análisis critico de Zaiad a quienes denomina el
“ progresismo que se siente cómodo en la oposición“. El
reconoce que el dinero podría “haber tenido un destino más
justo que pagar la deuda externa”, pero inmediatamente
afirma que la cuestión “es más compleja que la demagogia”.
Pondera en primer lugar una descalificación por antecedentes,
seguramente con la mira de Claudio Lozano y varios sectores que
tuvieron posiciones de apoyo o al menos confusión en la disputa
en los últimos con el campo. Señala con certeza que en el
reciente duro conflicto con el campo podría haberse también
implicado la atención sobre un “programa de
reindustrializacón o mejorar la redistribución de la riqueza”,
pero que los mismos referentes que hoy critican votaron contra
el aumento móviles de derechos de exportación ”.
Por lo
pronto, estoy seguro que somos muchos los que tomamos una
posición de defensa de los tributos que “intervenían en
rentas extraordinarias” y ahora, y no en forma
contradictoria, criticamos la decisión del gobierno de dar un
nuevo viraje para responder a más presiones Sin duda, se
equivocaron quienes en la larga disputa de los últimos meses se
ubicaron junto con la Sociedad Rural o creyeron que era
irrelevante lo que ocurría a nivel popular por tratarse sólo de
un confrontación entre sectores dominantes : la derrota no fue
sólo del gobierno y a no dudar, generó el fortalecimiento de una
tónica más reaccionaria. El propio gobierno aportó confusión en
el conflicto con el campo y también lo hace ahora con el Club de
París-, al clamar principios en discursos, para luego justificar
hacer lo contrario por “realismo ” .
Zaiad
presenta una perspectiva muy llamativo cuando caricaturiza a
quienes creen que hay otras prioridades más urgentes que el pago
total al Club de París, al endilgar que “no evalúan, por
ejemplo, el impacto negativo en el frente monetario y en los
precios si se inyectara semejante cantidad de recursos en el
mercado doméstico de una vez”.
Resulta
notorio que acompaña el argumento otra vez en boga, más afín al
tradicional pensamiento neoclásico (neoliberal), que el aumento
de precios tiene base central en presiones de la demanda por el
mayor consumo. Pero más allá que, la inflación debiera dar lugar
a otro debate especial, sobre todo ahora que en el gobierno se
asienta también la idea que los salarios son causales centrales
de mayores costos y carestía : ¿realmente cree Zaaid que el
único uso posible para las reservas cuando no existe
contrapartida presupuestaria es el pago a acreedores? . Ya
técnicamente: ¿cómo puede pensarse que, a excepción de los giros
sin respaldo a acreedores la utilización de divisas sólo puede
generar monetización?
La
polémica no quita entidad al planteo actual que no tiene
ni sentido ni prioridad alguna usar reservas del Banco
Central a las disparadas para hacer un pago ni siquiera
previsto por los acreedores sólo a base de una ilusión
errada . Este paso ya ha provocado inmediatamente más
exigencias y fragilidad, sobre todo en en un contexto
mundial tan frágil, como bien describe Zaiad, de la
“peor crisis bancaria desde el crac del 29”.
Es preciso
señalar claramente que con en este nuevo pago por enojo, a la
manera como también se hizo con el FMI a fines de 2006, es el
mismo gobierno que “abonó el terreno para la embestida de la
ortodoxia y de bancos de Wall Street junto a calificadores de
riesgo” y que paga un muy caro lastre que, aún en el mejor
de los escenarios, le hará sobrevivir cada vez con mayor
deterioro y no podrá “aflojar la presión”. Ya en forma
inmediata los tenedores de bonos “hold-outs”, es decir
quienes no aceptaron en su momento la quita de deuda renegociada
luego de la crisis, han tomado este nuevo antecedente para
fortalecer sus demandas.
A no dudar
que la situación política y económica de Argentina es muy
compleja. En todo caso, si coincidimos que las disputas por
delante son difíciles pero seguimos confiando que los verdaderos
procesos políticos y económicos deben ser populares, es
necesario demandar que un analista inteligente como Alfredo
Zaiad no ayude a introducir más confusión". Fuente:
www.argenpress.info/ 8-9-08
3. El
pensamiento maniqueo y unilateral de científicos
Alejandro Rofman,
investigador
del Conicet, escribe:
"Finalmente, celebraron, cantaron, se abrazaron, pero lo que
quedó como sanción legislativa a partir del voto decisorio del
vicepresidente de la República les resultó, en resumidas
cuentas, una sanción para ellos. El colmo fue que al sector con
el que ellos se aliaron para la derogación de la Resolución 125
les vino como anillo al dedo. Salieron ganando. Se trata, en
primer término, de la Federación Agraria Argentina, que asumió
el papel de defensores de los “pequeños productores”
sojeros y, en segundo lugar, a los integrantes de la burguesía
media y alta del sector agrícola pampeano, representados por la
Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas,
que aparecieron como los únicos y reales beneficiados de esa
decisión legislativa.
¿Qué es lo
que sucedió? Muy sencillo. Antes de la Resolución 125 los
derechos a la exportación de la soja alcanzaban el 35 por ciento
del valor de su comercialización para todos los productores,
cualesquiera sea su tamaño productivo y su ubicación geográfica.
Es decir, tal nivel de imposición tanto al pequeño como al
mediano o al gran productor. La citada Resolución 125, con sus
ulteriores modificaciones, beneficiaba a los pequeños
productores de menos de 500 toneladas de producción de soja por
campaña y, adicionalmente, beneficiaba a aquellos ubicados en
zonas marginales del área productiva sojera del país,
localizados fuera de la pampa húmeda. Así, los derechos
respectivos se fijaban en un 30 por ciento al que había que
agregar la devolución de un monto equivalente a los fletes que
debía abonar por enviar su producción desde el predio propio
hasta el centro de exportación. Para los productores de entre
500 y 1500 toneladas parte de estas ventajas se mantenían, de
modo que su situación se diferenciaba netamente del resto de los
dueños de predios que cultivaban soja. Para éstos –medianos y
grandes productores– regía el sistema móvil, que suponía
incrementos de los derechos de exportación por arriba del 35 por
ciento a partir de una escala ascendente. Es decir, entre el
antes y el después de la sanción legislativa, el pequeño
productor perdió en torno de un 10 por ciento de sus beneficios,
aunque terminó con una ganancia neta, dado que el precio
internacional de la soja entre marzo y julio del año 2008 creció
cerca del 30 por ciento.
Al mismo
tiempo, los medianos grandes y grandes productores vieron
incrementados sus ingresos netos al retrotraer los derechos de
exportación al 35 por ciento, y además se vieron beneficiados
con el alza de los precios internacionales.
Entonces no
se explica la euforia de los dirigentes de la Federación Agraria
Argentina, que lucieron muy alegres en la televisión la
madrugada del 18 de julio. Objetivamente, se podría afirmar que
el “tiro les salió por la culata”. Ellos perdieron con el
voto negativo del Senado, mientras que los más grandes ganaron.
Pero, ¿qué razón o razones tienen que haber existido
para que hayan celebrado Eduardo Buzzi y Alfredo De
Angeli?
Aquí se abre un territorio de conjeturas. ¿No será que
el objetivo central de la protesta no era discutir
porcentajes mayores o menores de derechos de
exportación, sino políticas de captación de rentas
extraordinarias?
En otras
palabras, al segmento de pequeños y medianos productores
representados por la Federación Agraria Argentina es altamente
probable que lo que más les interesaba era adherirse al bloque
de poder agrario histórico que con su accionar pretende que
–como siempre lo ha hecho– no se discuta en el país la
redistribución de la riqueza. Esta puja entre el segmento de
mejor desempeño económico de los últimos años y el Gobierno, que
pretendió ampliar la imposición sobre la renta extraordinaria,
tuvo más un escenario de disputa política que de discusión sobre
más altos o más bajos porcentajes de derechos de exportación.
Resulta claro que para los poseedores de la renta extraordinaria
de la tierra pampeana es preciso marcar la cancha en momentos en
que se ha puesto, en el centro del debate, la cuestión de la
redistribución de la riqueza. Es decir, la cuestión del Poder.
En estas circunstancias, los agentes económicos que otrora
enfrentaban a los grandes propietarios de las tierras –ahora
acompañados por el capital financiero destinado a la explotación
sojera– se han acercado a sus antiguos oponentes, pues su modelo
de producción y de gestión se ha ido asimilando cada vez más al
de sus antiguos contrincantes. La puja contemporánea se
constituye, así, en el preludio de otras disputas a futuro y, en
ellas, las semejanzas entre pequeños productores capitalistas
enriquecidos y la vieja estructura concentrada de la tierra
pampeana, con sus recientes aliados, prevalecen sobre las
diferencias.
Al borrarse
las fronteras entre los intereses del que fuera pequeño
productor cerealero de la pampa húmeda y los que siempre
sostuvieron los dueños de la gran propiedad de la tierra rural,
el fenómeno de la convergencia en las respectiva acciones
reivindicatorias se fortalece. Esto se confirma con la elevada
proporción de pequeños propietarios rurales que arriendan sus
predios, incorporándose hoy como arrendadores afortunados (de
300 a 400 dólares la hectárea por campaña), cuando antes fueron
arrendatarios de los que ahora son sus nuevos socios. Dejaron de
ser modestos productores que trabajaban de sol a sol para
convertirse en rentistas, con residencia urbana, o productores
con el modelo tecnológico y la rentabilidad de los grandes.
Entonces, verse “perjudicados” en el proceso de cambio de
la legislación sobre derechos de exportaciones es un mal menor
en aras de integrarse plenamente al campo de los ganadores de
siempre. Además, el sistema de diferenciación de porcentuales de
derechos de exportación implicaba la “formalización” de los
productores favorecidos con los porcentuales reducidos, proceso
que iba a dejar en descubierto todas las prácticas de evasión
tributaria y la presencia de trabajo asalariado no registrado.
Entonces,
el tiro no salió por la culata, sino que, por el contrario,
resultó ser una decisión congruente con el objetivo real de la
alianza social en marcha:
consolidar un proyecto regresivo y conservador que alerte a la
sociedad sobre los límites del proceso de redistribución de la
riqueza".
Fuente:
Página 12/9-9-08
No entiendo
como quien estudió economías regionales, pueda deslizarse a
reflexiones tan orientadas a justificar su posicionamiento a
favor del gobierno K-F o del proceso de acumulación actual de las transnacionales y
sus socios locales.
Norma
Giarracca, Miguel Teubal y Tomás Palmisano, en su extenso
artículo "El conflicto agrario",
sostienen sobre la resolución 125:
"afectó a
productores capitalistas que juegan un papel subordinado dentro
de la cadena agroindustrial sojera y no a los que la pivotean:
empresas exportadoras, fondos de inversión, corporaciones de
semillas y agroquímicos. Sólo gravando y limitando la expansión
y concentración de esos sectores habría, a nuestro juicio,
transformaciones democratizadoras en el complejo oleaginoso
argentino y en el agroindustrial en general.
El gobierno
se jugó a dos operaciones políticas: polarizar la sociedad y
simbolizar en la Sociedad Rural Argentina al actor poderoso, al
mayor responsable de la captación de ganancias y rentas, dentro
de una vieja consigna de los setenta "la vieja oligarquía".
Trató hasta último momento de sacar de escena a estos otros
grandes actores, verdaderos esquilmadores de nuestras riquezas y
del trabajo incorporado en ellas".
Fuente: Realidad
Económica Nº 237/ julio-agosto de 2008 /www.iade.org.ar
La actual etapa de recolonización que se designa como neo- desarrollismo
tiende a confluir con la política de seguridad democrática en
Colombia, donde el terrorismo de estado se da bajo gobierno constitucional
de Álvaro Uribe y economía e infraestructura regidas por las transnacionales
de los agro negocios, las petroleras, las mineras; el voto mayoritario se da
por creencia en la paz debida a la militarización del territorio y en la
modernidad con origen en el crecimiento económico y el fomento
turístico.
El peligro de afirmación del avance de esas mismas transnacionales en
Argentina hacia el modelo colombiano proviene de la manipulación política e
ideológica del progresismo y algunas fuerzas de izquierda que se
esmeran en:
▪encubrir o soslayar la importancia del incremento constante de la
ocupación territorial y económica por transnacionales junto con sus socios
locales y de la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta
social;
▪confrontar y denunciar toda reacción o movimiento en contra del
gatopardismo K o del Estado de impunidad señalando que se está
obrando a favor de la derecha.
Están
operando -independientemente de sus intenciones- para el acostumbramiento a
la degradación de la vida y el trabajo en nombre de estar un poco mejor que
en la recesión neoliberal.
Pero, además, están bregando por que se confíe en las tramposas medidas
del gobierno F-K y por lo tanto, se profundice la recolonización.
De ahí el imperativo de constituir un frente cultural-político
que promueva espacios de entendimiento mutuo para la auto conciencia, la
auto confianza en el poder de la diversidad popular de organizar otra
sociedad, otra economía, otro Estado y otra unificación con los pueblos
latinoamericanos y planetarios.
Unidad
((VOLVER))
De la diversidad popular que diseña la propuesta del
Movimiento Indígena de Colombia
El proceso de recolonización
continental tiene su cabecera de playa en Colombia y pese a esta cruenta guerra
de conquista, hay voluntad de lucha por cambios radicales que nos enseña:
Encuentro
de Cabildos Nasa y Misak de Colombia presenta
la introducción de la propuesta de unidad:
"Los pueblos indígenas nos encontramos
hoy ante la amenaza de perder nuestros derechos alcanzados con enormes
esfuerzos, con el invaluable apoyo solidario de sectores populares y personas
concientes del pueblo colombiano y de amigos de la comunidad internacional.
Hoy, la
oscura alianza tejida entre los restos de los terratenientes tradicionales,
narcotraficantes y paramilitares, las tras y multinacionales, grupos
monopolistas criollos y políticos de diferentes corrientes con su política de
"seguridad democrática", ha llevado la guerra contra el pueblo colombiano y los
pueblos indígenas a niveles aterradores.
El gigantesco
despliegue publicitario para promover la guerra contra el "terrorismo" impuesta
por el imperio norteamericano y acogida por esa oscura alianza y su jefe
político, el señor Uribe Vélez, no es más que una cortina de humo para masacrar
pueblos como en Palestina, el Líbano, Irak, Afganistán, Colombia y otros.
La
persecución al narcotráfico y a la insurgencia son sólo pretextos de los que se
han servido el estado y gobiernos para cerrar toda posibilidad de lucha por la
defensa de los derechos de nuestros pueblos, en nuestro caso.
Quienes hemos
soportado los horrores de esta guerra, hemos sido el pueblo colombiano y los
pueblos indígenas.
Los
movimientos políticos y sociales, liquidados unos, apabullados otros;
acorralados, desvertebrados, descabezados en sus dirigentes, aterrorizados y
dispersos todos; sentimos, ahora más que nunca, la necesidad de reconstruir las
relaciones, de reencontrarnos y unirnos en la resistencia común por la defensa
de nuestros derechos.
A pesar de la
profunda crisis social, política, institucional y moral en que se debate esa
alianza de los sectores más reaccionarios de la sociedad colombiana, todavía el
gobierno de Uribe se da el lujo de pisotear con arrogancia a quienes continuamos
resistiendo y buscando una salida política, y con dignidad, de la terrible
situación en que nos encontramos.
Por boca del
mismo Uribe, hemos sido testigos de la declaratoria de guerra contra nuestros
pueblos y nuestro movimiento al decir: "ni un peso, ni un centímetro de tierra
más para los indígenas", "no más creación de cabildos y resguardos"; que "la
recuperación de tierras y la defensa de nuestros territorios es una estrategia
de los terroristas de las FARC" y que "eso sólo ha servido de cobertura para los
terroristas". y para rematar, ofreció a los participantes en el consejo de
gobierno en Popayán el día 15 de marzo de 2.008, "promulgar un decreto para
constituir un fondo de recompensas con destino al pago a quienes den información
de los dirigentes que promuevan las recuperaciones de tierras". Mejor
declaración de guerra no podíamos esperar.
Con todo lo
que hemos soportado en estos últimos años y con esa declaración de guerra no se
ha golpeado ni se está golpeando a una u otra organización indígena en
particular. Se está golpeando a todo el movimiento político y social de nuestros
pueblos, al movimiento en su conjunto, a todos nuestros pueblos, al último
bastión de la resistencia contra el autoritarismo, el despotismo y el terrorismo
de estado que ha cobrado miles y miles de víctimas en el país.
Hoy están
amenazados nuestros territorios, todos nuestros derechos alcanzados con tanto
esfuerzo, nuestra vida comunitaria y colectiva, la posibilidad de prolongación
de nuestra existencia como pueblos y culturas y de hecho la diversidad cultural
del país. Y es esto precisamente lo que crea la imperiosa necesidad de unidad de
nuestros pueblos y de todo el movimiento indígena.
¿Porqué unirnos entonces?
Porque:
-
las tras y
multinacionales, grandes empresarios criollos, terratenientes tradicionales, narcos, paramilitares, políticos reaccionarios con el estado y gobiernos
colombianos y su legislación reciente (código de minas, leyes de aguas, páramos,
bosques, de desarrollo rural, reforma política, de justicia y paz, de
ordenamiento territorial, de cuencas, y resoluciones sobre comercialización de
productos de origen agropecuario) amenazan gravemente nuestros resguardos y
territorios y nuestra vida comunitaria y colectiva.
-
esa
legislación impuesta y aprobada o no, por un congreso ilegítimo, amenazan
nuestra existencia como pueblos y culturas diferentes y la diversidad cultural
del país.
-
nuestros
derechos consagrados en la constitución política de l.991 y en la legislación
internacional nos están siendo arrebatados y violados, entre ellos el del
carácter especial de nuestras instituciones, legislación interna y jurisdicción
propias.
-
la
desaforada privatización de los frutos del trabajo, de los recursos naturales
renovables y no renovables, los servicios públicos y hasta la vida misma,
destruye nuestra vida comunitaria y colectiva, base fundamental de nuestras
culturas.
-
el
conocimiento ancestral, patrimonio colectivo de nuestros pueblos, esta en vías
de privatización con las patentes de las tras y multinacionales.
-
si no les
basta el terrorismo de las fuerzas militares y paramilitares, el chantaje de los
altos funcionarios del estado y la confusión sembrada por los medios de
comunicación a su servicio, nos quieren dividir internamente en las comunidades
con programitas engañosos como "familias guardabosques", "familias en acción" y
otros.
-
estamos
perdiendo los fundamentos y principios de nuestra resistencia social, política y
cultural como son el derecho mayor, autoridades, autonomía y la vida comunitaria
y colectiva.
-
nuestra
mayor aspiración que es la reconstrucción económica, social y cultural para
prolongar nuestra existencia como pueblos, han avanzado muy poco.
-
la
dispersión y la división que, si bien es cierto pueden haberse justificado
antes, hoy ya no las podemos seguir justificando con la autonomía mal entendida,
con la "independencia" de las organizaciones ni con decisiones y acciones cada
uno por su lado.
-
en los
últimos años hemos caminado más hacia la intermediación con el estado y gobierno
colombianos y a convertirnos en ejecutores de sus políticas privatizadoras, que
hacia la defensa de nuestros derechos.
-
la
participación electoral y la representación en órganos legislativos o ejecutivos
no nos han dado los resultados que esperábamos.
-
política y
socialmente, quienes tenemos más elementos comunes que nos identifican y nos
unen, somos precisamente los pueblos indígenas, a pesar de que las
organizaciones existentes nos movemos con criterios distintos, tenemos muchas
diferencias de pensamiento, de actitud ante el estado y gobierno colombianos y
en muchos otros aspectos de metodología y operatividad, lo cual debemos
discutirlo con franqueza y decisión para fortalecer la unidad.
-
nuestros
pueblos y comunidades reclaman con urgencia la unidad para fortalecer la
resistencia y los procesos comunitarios y de alguna manera lo vienen haciendo,
independientemente de las organizaciones a las que pertenezcan. esta legítima
aspiración y búsqueda son factores vitales que crean un ambiente favorable para
construir la unidad, pero pueden ser fatales si los dirigentes y las
organizaciones no asumimos conscientemente el compromiso de encausar y ayudar a
construir esa unidad, pues eso puede derivar en una mayor frustración y
dispersión de la que existe.
-
y en fin,
porque en las últimas luchas realizadas, sobre todo en el cauca, se advierte un
grave peligro y es un cierto aislamiento del resto del movimiento indígena y de
amplios sectores populares del pueblo colombiano. este es un riesgo muy grande
que estamos corriendo. muy bien sabemos que el estado y gobierno colombianos
vienen haciendo una labor sistemática de desprestigio del movimiento, de
confusión y engaño en amplios sectores sociales del pueblo colombiano para
volcarlos en contra nuestra y que esta sucia y reaccionaria política no la
podemos contrarrestar sino con unidad, con claridad y acciones sociales
comunitarias muy contundentes. acciones sociales comunitarias no solo de
nosotros o de algunos de nosotros sino en conjunto con amplios sectores
populares del pueblo colombiano para que puedan tener realmente peso, fuerza y
contundencia".
2. Bases y principios
del poder y del deber de unirse
Encuentro
de Cabildos Nasa y Misak de Colombia prosigue
la propuesta de unidad:
"¿Sobre qué
bases y principios podemos y debemos unirnos?
Creemos que
el elemento central que nos unifica a los pueblos indígenas, y sobre todo en el
momento actual cuando nos encontramos frente a graves amenazas, es la defensa de
nuestros territorios. Al menos, tenemos que defender lo que hemos recuperado, lo
que tenemos hoy. La defensa territorial está legitimada por nuestro derecho
mayor o ley de origen. Somos originarios de este continente. Antes de que
llegaran los invasores europeos, y antes de que se crearan las repúblicas,
estados y gobiernos de los criollos que hoy existen, miles de años antes,
existíamos nosotros.
El derecho
mayor nos concede la legitimidad para poseer nuestros territorios y la facultad
para designar nuestras autoridades y gobiernos, para hacer uso de los recursos
de acuerdo a nuestras costumbres, pensamiento y culturas; para organizar nuestra
vida comunitaria y colectiva y para construir nuestro propio futuro.
Fuimos y
seguimos siendo pueblos.
Antes que
"grupos étnicos", "minorías étnicas" o "comunidades atrasadas", comunidades
tribales como nos presentan algunos "civilizados", fuimos y seguimos siendo
pueblos con organización social e identidad cultural; idiomas propios, con
autoridades y gobiernos propios; con saberes y explicaciones propias del mundo;
con economía y tecnología propias.
Fuimos
conquistados y sometidos, destruidas la mayor parte de nuestras culturas,
despojados de nuestros territorios, arrinconados y acorralados en chiqueros
llamados resguardos y obligados a trabajar para los invasores y usurpadores.
Por
centenares de años hemos resistido y luchado en defensa de nuestra libertad,
territorios y autoridades.
Hoy, aunque
reducidos y diezmados, seguimos resistiendo porque la guerra física, social,
política y cultural contra el indio en Colombia no ha terminado ni terminará
pronto. Somos pueblos, sujetos de derechos sociales, políticos y culturales.
Territorios.
Como pueblos
originarios de este continente, poseíamos nuestros territorios. por eso,
defendemos lo que nos perteneció y nos pertenece hoy. Sin ellos, nuestros
saberes, nuestra vida comunitaria y colectiva y culturas, desaparecerían por
completo.
Sin la
relación con nuestros territorios, toda nuestra existencia pierde su razón de
ser. nos volveríamos personas o individuos, "ciudadanos", y peor aún, nos
convertiríamos en usuarios y consumidores de bines y servicios, relacionados
individualmente con el estado, como quiere la sociedad individualista actual.
Por eso, los derechos que defendemos y reclamamos, son derechos colectivos como
pueblos.
Todas las
leyes que hemos mencionado antes, aprobadas o no por ese congreso ilegitimo,
amenazan gravemente la seguridad jurídica que nos ha sido reconocida sobre
nuestros territorios.
Autoridades
Como pueblos
organizados con nuestros sistemas de trabajo, economía, saberes, idiomas propios
y culturas, teníamos nuestras propias autoridades. Los caciques, los consejos de
ancianos y los médicos tradicionales, eran nuestras autoridades.
Al destruir
nuestros pueblos, destruyeron también estos sistemas de gobierno. Sin embargo,
conservamos los cabildos y otras formas de gobierno tradicional y administración
interna en nuestras comunidades. Conservamos aún los médicos tradicionales y en
muchos casos, los consejos de mayores como guías y conductores que nos señalan
el camino que debemos recorrer en nuestras luchas en defensa de nuestros
derechos.
Estas
autoridades se han debilitado últimamente porque las nuevas formas organizativas
que hemos creado en las comunidades tienden a reemplazarlas. Es por eso que
necesitamos discutir y evaluar muy bien lo que nos esta sucediendo y enderezar
el camino antes de que sea demasiado tarde.
Autonomía
Somos pueblos
y culturas diferentes, aún entre nosotros mismos. Tenemos y defendemos nuestros
territorios. Tenemos y defendemos nuestras autoridades y gobiernos.
Hemos
conquistado el reconocimiento de estos derechos. Por eso, tenemos autonomía.
Autonomía para gobernarnos. Autonomía para decidir sobre nuestro futuro.
Autonomía para usar y administrar los recursos naturales a nuestra manera en los
territorios. Autonomía para decidir sobre lo que nos conviene y lo que no nos
conviene. Y también tenemos capacidades para diferenciar entre lo que nos
beneficia y está de acuerdo con nuestros derechos y lo que nos perjudica y está
en contra de los mismos.
Reconstrucción económica, social y cultural de nuestros pueblos
Como pueblos
invadidos, aniquilados, destruidos económica, social y culturalmente, tenemos el
derecho a exigir que se nos reconozca la deuda histórica por el despojo que se
nos hizo de nuestros territorios y riquezas, las cuales sirvieron para
engrandecer a los países opulentos y en parte para enriquecer a los opresores de
la sociedad colombiana. Esos países opulentos que dominan el mundo y los ricos
de la sociedad colombiana tienen esta gran deuda con nuestros pueblos. por
tanto, no les estamos pidiendo limosnas. Exigir el pago de esa deuda es una
cuestión de dignidad de los pueblos indígenas.
La
prolongación de nuestra existencia como pueblos no la podemos asegurar y
garantizar si no hacemos grandes esfuerzos por retomar, recuperar, discutir y
operativizar la orientación de reconstrucción económica, social y cultural de
nuestros pueblos, construida en las luchas anteriores de los años 70 y 80 del
siglo pasado. Esta orientación no surgió de algún especialista en indiologia, o
de ingeniosos investigadores externos. Esta orientación la construimos en la
lucha de recuperación de nuestras tierras, al empezar a discutir qué debíamos
hacer con las tierras recuperadas y, sobre todo, a discutir, ya desde ese
momento, cómo el mercado nos ponía-y ahora con mayor razón- a producir para
vender afuera y no para nuestra supervivencia.
Hoy existe un
acumulado de experiencias buenas, regulares y malas en la producción y
comercialización interna y externa de productos agrícolas, pecuarios,
piscícolas, de artesanías y otros; en la operación de programas sociales de
salud, educación, artísticos, atención de niños, ancianos, desplazados, etc., en
el manejo de recursos del sistema general de participaciones (sgp)
(transferencias), en iniciativas de aplicación de la jurisdicción especial y en
muchos otros renglones específicos.
Particularmente en el campo productivo, existen muchas iniciativas en marcha y
experiencias pero todas aisladas unas de otras, aún dentro de cada pueblo; no
pocas de ellas, impregnadas de pensamientos extraños o ajenos a los principios y
fundamentos de nuestras luchas; respondiendo en algunos casos más a los
intereses de las agencias gubernamentales o de la cooperación internacional que
a las necesidades sociales y políticas de nuestros pueblos y nuestro movimiento;
a los afanes y urgencias de los lagartos de proyectos que se mueven como abejas
alrededor de los cabildos, de los dirigentes y de los responsables de las áreas
donde se manejan los proyectos.
Es urgente
que el movimiento en su conjunto, haga una evaluación minuciosa, rigurosa y real
de todo este caudal de experiencias. recoger todo lo positivo de ellas. Corregir
y aprender de lo negativo de las mismas. Promover más la relación y el
intercambio entre los grupos y organizaciones que vienen haciendo esas
experiencias. Animarlos a que aprendan más unos de otros. a que se solidaricen y
apoyen unos a otros. Pero lo más importante es que todos caminemos con la
orientación clara hacia la reconstrucción económica, social y cultural de
nuestros pueblos.
Los
anteriores, constituyen algunos de los principios fundamentales, alrededor de
los cuales podemos y debemos construir la unidad del movimiento indígena.
Principios que deben ser rescatados del discurso en que se convirtieron para que
vuelvan a iluminar el camino y la marcha de las comunidades en la lucha por la
defensa de nuestros derechos. De esta manera podemos fortalecer la unidad
interna, por lo menos en la mayoría de nuestros pueblos y entre todos ellos.
Pero además,
es necesario buscar algún mecanismo organizativo que nos agrupe a todos,
independientemente de las organizaciones existentes. Para ello, proponemos la
creación del …
Consejo de
pueblos indígenas en Colombia".
3. Imperativo de unirse
entre todos los de abajo
Encuentro
de Cabildos Nasa y Misak de Colombia concluye
la propuesta de unidad señalando:
"Esta
propuesta ya fue hecha en el foro por la paz realizado en Bogotá en 2.003 y
acogida por todos los participantes en ese momento.
¿Qué pasaría
con las organizaciones que ahora existen en caso de dar ese trascendental paso
de creación y construcción del Consejo de Pueblos Indígenas en Colombia?
Por ahora
pueden seguir existiendo. No hay necesidad ni tampoco estamos planteando que se
acaben. en adelante, los mismos pueblos indígenas lo definirán.
Lo importante
es que mediante la discusión, entendamos que el consejo debe ser un espacio
libre, sin personerías jurídicas y ataduras del estado, en el cual se reúnan los
pueblos indígenas a debatir y tomar decisiones sobre los problemas que los
afectan y sobre su futuro.
De hecho,
esto ya se viene haciendo. las cuatro organizaciones más representativas del
movimiento indígena se reúnen en las mesas de concertación con el estado. Aunque
este ejercicio hasta ahora está dado para ese propósito, en adelante no sería
solo para concertar con el estado sino principalmente para unir a todo el
movimiento indígena y construir una política propia de resistencia para todos
los pueblos indígenas.
Unidad de
los pueblos indígenas y el pueblo colombiano
Si bien es
cierto, la unidad del movimiento indígena es ahora de suma importancia por las
amenazas a las que estamos enfrentados y porque tenemos más elementos comunes
que nos ayudan a fortalecerla, también es cierto que, aún logrando la unidad de
nuestros pueblos y del movimiento, no podremos seguir resistiendo solos.
Es necesario
recordar además que, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sectores sociales
y políticos concientes del pueblo colombiano nos dieron un invaluable apoyo, el
cual nos permitió fortalecer las luchas por la recuperación de las tierras que
nos habían arrebatado y la resistencia en defensa de nuestros derechos.
Los
campesinos organizados en la asociación nacional de usuarios campesinos (ANUC),
organizaciones sindicales de trabajadores, estudiantes, organizaciones
barriales, algunos movimientos políticos y especialmente los grupos de
solidarios, dieron un aporte invaluable a nuestra lucha.
Desde hace
varios anos, ese apoyo se ha debilitado considerablemente, por una parte, debido
a que nos hemos concentrado mas en las actividades electorales, las cuales no
nos han servido para fortalecer el movimiento sino para perder credibilidad, que
a la lucha por la defensa de nuestros derechos y, por otra parte, a la agresiva
campana que viene haciendo el gobierno para sembrar confusión y volcar sectores
sociales del pueblo colombiano en contra nuestra.
Por tanto,
estamos obligados, y ahora más que nunca, a fortalecer la unidad con el pueblo
colombiano (campesinos, afro descendientes, sectores populares urbanos,
estudiantes, intelectuales y sectores políticos democráticos).
Creemos que
hay la necesidad de construir la unidad con los campesinos y afro descendientes
para la defensa territorial, pues la alianza de las tras y multinacionales y los
viejos y nuevos terratenientes narcos y paracos para masacrar, despojar y
desplazar a millones de campesinos, negros e indígenas nos ha golpeado y nos
seguirá golpeando a todos. Nos une también la exigencia de una verdadera y real
reforma agraria y la lucha para enterrar el estatuto de desarrollo rural, ley
nefasta para todos, lo mismo que la reparación a todas las víctimas del
terrorismo oficial y paramilitar.
Con todo el
pueblo colombiano nos une en este momento la lucha contra las normas impuestas
por la organización mundial del comercio (OMC) y que en Colombia se traducen en
las resoluciones sobre comercialización de productos de origen agropecuario que
amenazan a toda la economía campesina, piscícola y artesanal de pequeños y
medianos productores y a los millones de consumidores de los sectores populares
urbanos. ¿Para qué tratados de libre comercio (TLC) con la emisión y aplicación
de esas normas y resoluciones?
Ante la
profunda crisis social, política, institucional y moral a la que ha llevado al
país esa alianza reaccionaria con todas las monstruosidades que ha cometido y
gobernando de manera completamente ilegitima, debemos unirnos con todo el pueblo
colombiano para exigir con más fuerza el acuerdo humanitario (liberación de los
rehenes de la guerrilla), preparar condiciones para la solución concensuada del
conflicto social y armado interno y por la construcción de un consenso político
lo mas amplio posible con todas las fuerzas sociales y políticas democráticas
que obligue mediante la mas basta movilización social a la conformación de un
gobierno provisional que restituya la estabilidad política nacional y los
derechos del pueblo colombiano y los pueblos indígenas, por la defensa de la
soberanía nacional y contra la política guerrerista de la "seguridad
democrática".
Cómo
construir la unidad que tanto necesitamos
Todos debemos
convertirnos en trabajadores y constructores incansables de la unidad. ante la
amenaza de perder nuestros territorios y todos los derechos que hemos
conquistado, estamos obligados a hacer a un lado los intereses personales, de
grupo o de organización y poner por encima los intereses de nuestros pueblos,
destacando lo común que nos une.
En todo
nuestro trabajo, debemos ser profundamente respetuosos de las decisiones de las
comunidades y de nuestros pueblos, así tengamos discrepancias en todo o en
parte. podemos y debemos ser respetuosos sin abandonar la critica sobre los
errores y lo que no estemos de acuerdo.
La discusión
entre las directivas de las organizaciones es importante y necesaria pero no
suficiente. No podemos contentarnos con ponernos de acuerdo sólo entre las
cúpulas, las directivas de las organizaciones.
La unidad debe ser asunto de
todas nuestras comunidades desde sus bases.
La unidad hay
que construirla desde las comunidades, desde las bases de las organizaciones y
en la lucha por la defensa de nuestros territorios y derechos. (Etnias de Colombia)
Fuente:
Biodiversidad en América/
http://www.biodiversidadla.org/29-8-08
"La unidad debe ser
asunto de todas nuestras comunidades desde sus bases...Construirla en la
lucha por la defensa de nuestros territorios y derechos" destacando lo común
que nos une.
En consecuencia, el frente cultural-político debe:
▪tener
bases de origen en las organizaciones sociales en lucha contra el saqueo de
los poderes establecidos y por la vida mayoritaria;
▪trabajar mediante colectivos en incesante vínculo recíproco con las
distintas poblaciones e identidades del país;
▪procurar elaborar la socialización de todas las experiencias en torno a
hacer posible el principio
“trabajo, dignidad y cambio social”
que crearon las organizaciones de piqueteros.