Qué País

Julio 2018

Con alianza en contra del pueblo de Honduras en resistencia.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Indaguemos la realidad tal cual sucedió para ir más allá de discursos y de la institucionalización de reivindicaciones de algunos sectores que dieron impulso a sus respectivos empoderamientos. Lo cierto es que Chávez apoyó a los opresores y represores del pueblo de Honduras cuando éste había creado autoorganización contra el golpe de estado. Reflexionemos sobre qué Patria Grande avizoraba y su fraude al bregar por incorporar a la OEA en el siguiente artículo:

 

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)

Por qué Santos y Chávez nos quieren “reconciliar” con el Lobo.

12 de abril de 2011

 

Por Tomás Andino Mencia

La población resistente de Honduras aun no sale de su asombro del giro inesperado que ha tomado la política internacional relacionada con el Golpe de Estado en nuestro país, no tanto por el ya conocido cinismo de la oligarquía hondureña que hoy bendice  a quien ayer satanizaba como el peor demonio del mundo, sino por el reconocimiento político y el apoyo que le ha brindado el Presidente Hugo Chávez al régimen sucesor del golpismo, tanto para su retorno a la OEA como para beneficiarse de las ventajas de PETROCARIBE.

 

En mayo 2010, durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Presidente Chávez anuncio que no asistiría si participaba el Sr. Porfirio Lobo Sosa, por ser un gobierno “ilegítimo”;  once meses después el mismo Presidente Chávez expresó en Cartagena de Indias, Colombia, "Con mucho gusto he conocido al presidente Lobo (...) y los resultados son muy positivos”, y explico que "nosotros hemos hecho gestiones para tratar de ayudar a que Honduras se reintegre a todos los organismos internacionales y a los programas de cooperación con nuestros países"[1] ,en una clara referencia a la reincorporación del Estado de Honduras a la OEA y a normalizar las relaciones comerciales interrumpidas con el Golpe de Estado. Acto seguido, aparece sonriente en una fotografía estrechando la mano del verdugo del Pueblo hondureño.

Pero además del rol del Presidente venezolano, llama la atención que un país como Colombia se interese por la situación de Honduras. De hecho, el Presidente colombiano confesó que le ha dedicado tiempo a este asunto: “Desde hace algún tiempo hemos venido haciendo una diplomacia discreta para tratar de normalizar la situación de Honduras en el hemisferio, para que vuelva a reintegrarse a la OEA y para que su situación sea reconocida por todos los países como una situación normal[2]

¿De qué se trata el juego? Según fue anunciado, en las próximas semanas los gobiernos de Colombia y Venezuela facilitaran un proceso de “diálogo” y “reconciliación” en Honduras que persigue “normalizar” la situación nacional y lograr que Honduras vuelva a ser aceptada en el sistema interamericano de cara a la próxima cumbre de la OEA a realizarse en junio en San Salvador, o de repente antes.

El Coordinador General del FNRP, quien no fue invitado a la cita y a quien, según dijo, se le llamó por teléfono en el momento, reacciono “con aprehensiones” (desconfianzas) y anuncio estar “vigilante” del proceso, dando a entender que no participo en el diseño de esta jugada de altos vuelos. Es difícil creer que Mel no supiera nada de lo que se cocinaba desde hace ya bastante tiempo, pero si tomamos su palabra, resulta inaceptable que dos gobiernos se pongan de acuerdo sin tomar en cuenta la opinión de la Resistencia Hondureña pues no es el futuro de Venezuela o Colombia el que está en juego, sino el futuro del pueblo de Honduras. Esa actitud despreciativa hacia el FNRP podríamos esperarla de un gobierno peón de Estados Unidos, como es el Gobierno colombiano, pero ha resultado difícil de digerir proviniendo del gobierno de Hugo Chávez, quien se suponía era nuestro aliado.

¿Ganaría algo la Resistencia con esa jugada?  En diferentes espacios, se nos vende la idea de que, como consecuencia de esos acuerdos, la Resistencia tendría los siguientes beneficios: 

a) Que se liquidarían los juicios que penden sobre el Ex Presidente Manuel Zelaya, viabilizando su retorno como parte del acuerdo; no obstante, persistiría siempre el riesgo de que, una vez en el país, le abran de nuevo los juicios porque el golpismo seguirá vivo y coleando en el sistema de (in) justicia;

b) Que se podría cambiar a los recalcitrantes funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no significa necesariamente una ganancia pues con ello solo se castigaría a “chivos expiatorios” y no a los verdaderos responsables del Golpe de Estado; además, no podemos esperar de Juan Orlando y Pepe Lobo que los sustituyan por gente progresista;

c) Que se podría castigar a los responsables del Golpe de Estado, sin embargo Arturo Corrales Alvares, uno de los artífices de esta maniobra en Honduras, desde ya aclara que al igual que se promoverá la absolución de  Manuel Zelaya, se haría lo mismo con los demás implicados en aras de la “paz” y la “reconciliación”; y,

d) Que gracias a ese acuerdo la Resistencia podrá participar en las próximas elecciones generales y que entonces “tomaremos el poder”, algo ilusorio pues la oligarquía no va a ceder ni un ápice en sus intereses, como lo demostró en la reciente huelga magisterial, mucho menos para pensar que entregara el Poder a la Resistencia popular.

 

En otras palabras, los supuestos beneficios son más hojas que tamal.

En cambio, los beneficios de la clase dominantes son más contundentes:

a) Tendría un fuerte beneficio económico porque se estaría gestando un jugoso negocio con PETROCARIBE que sacaría las castañas del fuego a la oligarquía y al régimen golpista hondureño, dado que los altos precios de los combustibles asfixian a sus negocios en medio de una difícil situación económica; no por otra razón el empresario Adolfo Facusse se lame los bigotes de felicidad soñando con esa oferta del gobierno venezolano y desde ahora se adelanta a recomendarla. 

b) Tendría un triunfo diplomático al abrírsele las puertas al mundo a un régimen heredero de un Golpe de estado, en un momento en que era despreciado por la comunidad interamericana, lo cual mejoraría la confianza de organismos de financiamiento internacionales y de las transnacionales para animarse a invertir en el país.

c) Tendría un éxito político a lo interno del país porque saldría en “caballo blanco”, fortaleciendo su desgastada imagen y su discurso demagógico, mientras masacra a palos y a tiros a la heroica resistencia popular.

Entonces, en el fondo esta jugada no parece diseñada para beneficiar a la Resistencia sino a la oligarquía golpista, en un ajedrez típico del Departamento de Estado de Estados Unidos, muy similar a la que hizo en San José, Costa Rica, cuando su peón Oscar Arias actuó de intermediario para hacer que Manuel Zelaya Rosales aceptara sentarse a negociar con un dictador que acababa de derrocarlo del Gobierno.

¿Cómo se explican estos hechos y hacia qué escenario conducen?  Para contestar esa pregunta indaguemos en las motivaciones que han tenido actores tan disímiles como los Presidentes Santos y Chávez para coincidir en este tamal.  

             

1.      Los motivos de Juan Manuel Santos

Sabemos que Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, es un peón del ala dura de los militares norteamericanos y del lobby Israelí. Siendo Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, Santos fue clave en la instalación de las bases militares norteamericanas que se construyeron en territorio colombiano, con el propósito de agredir a Venezuela; bases que Santos siguió construyendo a pesar de una prohibición de la Corte Suprema de Colombia. Fue, además, responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos. La siguiente cita, extractada de una larga y macabra biografía del Presidente Santos, en los tiempos en que fue Ministro de Defensa y después Presidente de Colombia, nos revela el tipo de funcionario que está alentando la “reconciliación” en Honduras.

“En noviembre de 2005, el ministerio de defensa (Juan Manuel Santos) aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por "rebeldes caídos en combate" que llamaron "falsos positivos". La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogadictos. Cuando Santos llegó al ministerio, en julio de 2006, se registraron 274 casos de “falsos positivos”. Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Aunque poco se menciona, se estima que 250.000 personas han sido “desaparecidas” por las fuerzas de seguridad y sus paramilitares. Tan sólo en los últimos cuatro años lo fueron casi 40.000 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en la mayor fosa común de Latinoamérica, hallada detrás de un cuartel del Ejército a 200 kilómetros al sur de Bogotá: más de 2.000 cadáveres... Hay que subrayar también la estrecha relación de Santos con las autoridades de Israel y sus servicios de seguridad. En octubre de 1997, Manuel Santos ya había demostrado su falta de escrúpulos. Se reunió con los tres principales cabecillas paramilitares, para proponerles de participar en un golpe de Estado contra el presidente liberal Ernesto Samper (propuesta que también hizo a las guerrillas FARC y ELN)... En septiembre de 2008, el periodista venezolano José Vicente Rangel dijo de Santos: “Es el hombre del Pentágono en la política colombiana. Ha venido cobrando fuerza a la sombra de Uribe, y hoy es posible decir que rebasa al propio Uribe”  (“Juan Manuel Santos: de Halcón a Paloma”, ALAINET. http://alainet.org/active/45049).

Sin embargo, el Presidente Santos es un experto en camuflarse, como el camaleón. Hoy día ha abandonado su discurso confrontativo y se ha convertido en una figura latinoamericana que rivaliza con Lula y Chávez en América del Sur por su audacia diplomática y política.[3]

Pero ¿Qué mueve al gobierno colombiano a preocuparse por Honduras?

Su interés tiene que ver con cuatro cuestiones.

Primero, Colombia firmó en agosto de 2007 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y a partir de ese año forma parte también del Plan Mesoamérica, un plan de masivas inversiones en hidroeléctricas, represas, energía renovable, etc., lo que la involucra de manera directa en la vida económica del istmo. En el caso de Honduras el TLC entró en vigor el 27 de marzo de 2010. Como nunca antes, existe un gran interés de empresas colombianas para invertir masivamente en Honduras, especialmente en los rubros de generación eléctrica, ingeniería, prendas de vestir, metalmecánica, autopartes y materiales de construcción.[4] Por ahora, ese mercado se ha desarrollado en El Salvador donde las empresas colombianas han invertido más de 1 mil millones de dólares.[5] Pero la situación actual de Honduras, de ser un estado ilegal, no favorece el clima de inversión que necesitan los capitalistas colombianos.

Segundo. Colombia tiene una frontera común con Honduras y por otro lado con Nicaragua (Isla de San Andrés) en el Caribe, por cierto en disputa limítrofe desde 1999. Nicaragua siempre ha denunciado de la alianza entre Honduras, Colombia y Costa Rica para atentar contra su soberanía. Ese conflicto casi lleva a la confrontación armada a Colombia con Nicaragua en 2004. Una ganancia para Santos con este trato puede ser contar con el apoyo de Honduras en la disputa limítrofe contra Nicaragua, porque también Honduras disputa el paralelo 17 con Nicaragua y sus límites con Colombia afectan a aquel país. Un escenario perfecto de alianzas para crearle un conflicto internacional a los sandinistas.

En ese sentido, es de interés del gobierno ultraderechista colombiano contar con Honduras como Estado aliado para fortalecer su posición en el triángulo norte centroamericano,  y un buen gesto en ese sentido es promover su retorno a la OEA.

Tercero. Lo anterior coincide con el interés del gobierno norteamericano de promover el retorno de Honduras a la OEA. Recuérdese que Estados Unidos ha lanzado este año una ofensiva diplomática en Latinoamérica, dirigida a moderar la recalentada América Latina, al punto que el mismo Barack Obama hizo una histórica gira en persona a tres países de la región:  Brasil, Chile y El Salvador.  Pues en el marco de esas entrevistas oficiales, Obama se reunió también con Juan Manuel Santos en territorio norteamericano a principios de abril.

No dudo que con todos ellos el mandatario gringo trato el caso de Honduras, a fin de lograr su reingreso a la OEA en la próxima cumbre a realizarse en El Salvador. Para ello ha debido convencer a sus homólogos de que Pepe Lobo ha hecho casi todo lo que se le ha pedido para cumplir las condiciones de ser reintegrado, siendo el retorno de Manuel Zelaya Rosales lo único que tiene pendiente de cumplir. Por consiguiente su estrategia consiste en presionar diplomáticamente para posibilitar un retorno controlado del ex Presidente.

Cuarto. Santos ya es parte del conflicto interno en Honduras y no precisamente del lado pacifista. Recordamos que Colombia fue el primer país en reconocer al régimen de Porfirio Lobo Sosa.  Por otro lado, existen evidencias de que el Presidente Santos tiene tiempo de hacer pactos con Porfirio Lobo Sosa en materia de "seguridad", asesorando a la policía hondureña, supuestamente en la lucha contra el narcotráfico, lo que la ha convertido en la nueva meca de los esbirros de Oscar Álvarez y compañía. Peor aún, el periodista Dick Emanuelsson  ha revelado evidencias que muestran la operación de miembros de Fuerzas especiales del ejército colombiano en Honduras, denominadas “GAULAS” al servicio de Porfirio Lobo Sosa, tomando como base la denuncia de la misma prensa colombiana.[6]

Es claro entonces que los motivos de Santos no son nada pacíficos ni desinteresados.

 

2.      Los Motivos de Hugo Chávez

En cuanto al Presidente Hugo Chávez, queda descartada la hipótesis de que fue “sorprendido” como ingenua paloma por el frío y calculador Presidente colombiano, pues en sus declaraciones Chávez confirmó que viene haciendo esfuerzos hace algún tiempo y que los seguirá haciendo para abogar por el retorno de Honduras a la OEA.

Si fue intencional y de común acuerdo con el Presidente Santos, uno podría pensar que el paso dado por el mandatario venezolano tiene motivos de corte progresista, en virtud de la trayectoria de solidaridad mostrada por su gobierno con el gobierno del Presidente Zelaya y, después del Golpe, con la Resistencia hondureña. Pero aunque he buscado esos motivos progresistas, no los encuentro por ningún lado. En cambio, la información disponible apunta en la dirección contraria:

  1. Toda la intencionalidad del proceso es lograr el ingreso de Honduras a la OEA, darle una salida electoral a la crisis y restablecer negocios con la dictadura mediante PETROCARIBE, lo cual beneficia al régimen golpista y a la estrategia norteamericana, como vimos párrafos atrás;

  2. La orientación política que aplica el Presidente Chávez es diametralmente opuesta a la decidida por la Asamblea Nacional del FNRP del pasado 26 de febrero, que decidió apostar por un proceso de Refundación del Estado hondureño mediante un proceso de Auto Convocatoria Constituyente, a fin de construir Poder popular y sacar al golpismo del Estado.

  3. Ningún órgano directivo de la Resistencia hondureña fue informado oficialmente de la maniobra con antelación y, en cambio, el régimen golpista estaba bastante enterado y fue tomado en cuenta en la operación. 

Si lo que quería el Presidente Chávez era ayudar al pueblo hondureño y a la reconstrucción de la democracia en Honduras, lo primero que debió hacer era consultar con la Resistencia popular, a través de su Coordinador Nacional, y a su vez, éste consultar con los organismos de conducción internos para tomar una decisión  colegiada sobre el proceso, y no imponerlo como un hecho consumado desde afuera.

Duele decirlo pero las evidencias disponibles, apuntan en el sentido de que el gobierno bolivariano ha decidido entenderse con nuestro enemigo, el régimen golpista, además de fortalecerlo económicamente, en base a intereses que no son los de nuestro Pueblo. Aquí no veo cómo puede haber beneficio para la duda.

¿Cuál es la lógica de esta conducta política del Presidente Chávez?¿Qué intereses hay de fondo en esa conducta?  La siguiente es una hipótesis a partir del estudio del contexto  y de algunos antecedentes.

 

Las razones económicas del giro venezolano hacia Colombia

Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas y comerciales en julio de 2010 tras que el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusara a Venezuela ante la OEA de apoyar a la guerrilla de las FARC y el ELN, en momentos en que desarrollaba una ofensiva para su desarticulación. Previo a eso ya existía un ambiente tenso por la incursión militar colombiana que destruyó un campamento de las FARC en Ecuador y por la firma en octubre de 2009 de un Convenio con Estados Unidos por el cual se autoriza la construcción de siete bases militares en territorio colombiano.

La ruptura de relaciones produjo una difícil situación económica para las burguesías de ambos países, pues las exportaciones de Colombia a Venezuela cayeron de 6 mil millones de dólares en 2008 a 1.5 mil millones en 2010,[7]además de problemas de no pago de las transacciones comerciales a colombianos por un monto de casi 800 millones de dólares y la suspensión de importantes obras de infraestructura petrolera y portuaria que resultan estratégicas para la economía venezolana, como la construcción de varios oleoductos y un canal seco con salida al océano pacifico, a ser usados para el comercio con los países suramericanos y asiáticos. A su vez, proyectos similares planificaba Colombia para beneficio de su oligarquía hacia el Caribe.

A lo anterior hay que sumar que la economía en Venezuela tuvo serios problemas en 2010 por la caída de los precios del petróleo, las consecuencias de la crisis financiera internacional, una crisis energética causada por una aguda sequía, la nacionalización de 12 instituciones bancarias y la corrupción.[8]

Asimismo, la ALBA como proyecto de integración de países políticamente afines, parece haber disminuido su perfil desde 2010 ante el surgimiento de UNASUR, un marco de integración más amplio que involucra no sólo a países con identidad ideológica progresista (como el ALBA), sino una pluralidad de países entre los que se encuentra regímenes de derecha, como Colombia, y regímenes de centro izquierda, como Brasil, que lo lidera. A su vez, importantes eventos políticos influyeron para que los gobiernos de países del ALBA volvieran más su mirada hacia sus intereses políticos nacionales que hacia afuera, como venía sucediendo desde 2004. Estos acontecimientos políticos fueron, por un lado, las amenazas constantes de golpes de Estado en Bolivia y Ecuador, así como el golpe consumado en Honduras; el avance de la oposición derechista en Venezuela en 2010 así como una serie de desastres naturales en varios países.

En ese contexto se produjeron importantes replanteamientos políticos en Colombia y Venezuela que han llevado a ambos países a priorizar su integración económica por sobre otros procesos.[9]

Sin embargo, si bien con ese curso se han distendido las malas relaciones diplomáticas y económicas con Colombia que afectan la estabilidad económica interna en Venezuela, aun pende como amenaza la presencia militar norteamericana en aquel país.

 

Giro en lo político a colaborar con regímenes de derecha

Presionado por el cerco militar que implican las bases norteamericanas en Colombia, la estrategia internacional del gobierno bolivariano ha consistido en eliminar la imagen que ha construido la derecha latino y norteamericana que lo hace percibir como líder de procesos de desestabilización de “democracias” oligárquicas y promotor de cambios revolucionarios en el continente. Para lograrlo se ha mostrado dispuesto a tomar medidas que antes habrían sido impensables de su parte, sobre todo a un año del próximo proceso electoral. Una expresión de esa voluntad conciliadora con la derecha es su afán por demostrar a Colombia, a la OEA y al mundo que apuesta por las elecciones y que no fomenta la lucha armada.

En esa línea el gobierno de Hugo Chávez se ha mostrado dispuesto a colaborar cada vez más con su homólogo colombiano en materia de represión política a la izquierda insurgente. A partir del año 2010, ambos países firmaron un convenio de “seguridad” por la cual se comprometieron a capturar militantes de izquierda, o “subversivos”, en ambos lados de la frontera. De esa forma, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) también de ese país, son capturados en territorio venezolano y luego se los entrega, nada más ni nada menos que al gobierno más represivo de América (Colombia), donde les espera cárcel, tortura o muerte.  [10]

Se puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la opción armada de estos movimientos, pero no existe una justificación válida para capturar y entregar a un gobierno fascista como el colombiano a activistas políticos de izquierda que no causan daño en Venezuela.

No me cabe duda que la incursión militar de la OTAN en Libia y recientemente en Costa de Marfil, han potenciado los temores del gobierno venezolano a una potencial intervención militar desde Colombia y desde otras bases en la región, lo que lo ha llevado a profundizar su estrategia de limpiar su imagen apostando por un liderazgo componedor a nivel internacional, como quedó evidenciado en su gestión como mediador en el conflicto libio.

Esto explica lo fácil que Chávez fue embarcado por el gobierno colombiano en esta estrategia “normalizadora” en Honduras, lo cual es un lamentable resultado de la política norteamericana de enseñar sus colmillos a través de sus bases, los Golpes de Estado y la reactivación de su IV Flota.

Resumiendo, los motivos del Presidente venezolano respecto al caso hondureño serian:

1.     Modificar la imagen de promotor del conflicto hondureño que ha propagado la derecha latinoamericana y el Departamento de Estado USA sobre su gobierno, colaborando con su aliado estratégico colombiano, con la UNASUR y la OEA en la pacificación (“normalización”) de Honduras para reincorporarla al sistema interamericano, coincidiendo con la estrategia norteamericana en la región. En esa línea, fomentará condiciones políticas en Honduras que permitan una salida electoral a la crisis, evitando las posibilidades de una salida insurreccional y la auto convocatoria a una Constituyente que han sido definidas por el FNRP.

2.     Generar confianza en el régimen oligárquico hondureño para que este acepte hacer negocio con empresas como PetroCaribe y de la ALBA, en condiciones de competitividad, con vistas a reposicionarse económicamente en Honduras y fortalecer su presencia en Centroamérica.

 

3.     Los motivos del imperio USA

Colombia y Venezuela, independientemente de sus propios motivos, contribuyen al juego que ha sido diseñado por el Departamento de Estado Norteamericano. ¿Cuál es ese juego?

En el contexto latinoamericano, Honduras no es un país de mayor importancia económica; pero si política e integracionista. Es el único país latinoamericano donde hubo un Golpe de Estado que no pudo ser revertido y en donde existe un movimiento de resistencia popular que ha definido como ruta un planteamiento de ruptura con el régimen oligárquico existente y de refundación del Estado mediante un proceso constituyente. Por eso, en un contexto regional en el que los Golpes de Estado están en la agenda del Estado norteamericano, Honduras se convierte en un referente peligroso porque sus niveles de movilización son fuente de inspiración de otros movimientos sociales en el mundo.

En el plano económico, Honduras tiene tres fronteras con países vecinos y a pesar de nuestra debilidad económica, es poco viable hablar de integración centroamericana, de un TLC y de un Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) exitosos sin nuestro país.

Por tanto, para el imperio norteamericano, es importante que:

1.      El caso hondureño constituya un modelo de legitimación de un Golpe de Estado y de reconversión de la resistencia popular en un movimiento electoral por el cual se incorpora como oposición dentro del Estado oligárquico, alejando el espectro de la Revolución.

2.      Se incorpore a Honduras a la OEA, para consolidar los procesos de integración capitalista del Plan Mesoamérica y del Tratado de Libre Comercio, y anime la inversión capitalista en los enclaves transnacionales(Ciudades Modelo, maquilas, minería, petróleo, biocombustibles, etc.)

Para lograr lo anterior, el lobby del Departamento de Estado norteamericano ha conjuntado un abanico de fuerzas que van desde la ultraderecha colombiana (Santos) y la centroizquierda salvadoreña (Funes) para lograr aquel propósito, sin necesidad de quemarse como ocurrió en las negociaciones del Pacto de San José.

Pero esta estrategia no puede funcionar si no se persuade a Manuel Zelaya Rosales y a la Resistencia para colaborar, algo que solo se puede lograr con la intervención del Presidente Hugo Chávez, dado su prestigio en estas esferas. Tal intermediación se hace teniendo como “argumento” de peso una atractiva oferta en PetroCaribe, la cual sacaría de apuros al régimen oligárquico en momentos en que vive una dura crisis económica y cuando desata una furiosa ofensiva neoliberal y represiva contra la Resistencia popular.

 

Una necesaria rectificación

Mientras los hechos no digan lo contrario, todo indica que el Presidente Chávez ha sido arrastrado a este vergonzoso rol por el matrimonio que hoy lo une con uno de los regímenes más reaccionarios y represivos de América.

Resulta contradictorio que combatiendo a las fuerzas insurgentes o haciendo de bombero de los procesos insurreccionales de América Latina, está debilitando al largo plazo su propio proyecto bolivariano, pues su “mejor amigo” no es el fascista gobierno colombiano, el cual en el momento menos esperado le asestara una puñalada por la espalda, sino los movimientos de liberación de los pueblos latinoamericanos, los únicos dispuestos a entregar su sangre por la defensa de la revolución venezolana.

Es nuestro deseo que el Presidente Chávez rectifique cuando todavía está a tiempo de hacerlo, en consideración a la trayectoria que tuvo antes, la cual fue consecuente con los intereses de la Resistencia popular. Pero de no suceder esa rectificación, es nuestra potestad como Pueblo soberano no prestarnos a esa intención que solo beneficia a los enemigos del cambio en Honduras, y continuar el curso definido por nuestra Asamblea Nacional del FNRP “Campesinos Mártires del Aguan” por la Refundación de nuestro país.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. el 12 de abril de 2011


[1]Colombia y Venezuela extienden reglas comerciales. Ven a Honduras”, Reuters – sáb, 9 abr 2011, disponible en: http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-y-venezuela-extienden-reglas-co...

 

[2]Ídem.

[3]Diario El Tiempo de Bogotá dice: “En menos de 8 días, Santos y Holguín se habrán sentado a manteles con cuatro líderes internacionales, estratégicos para los intereses nacionales: Barack Obama, presidente de Estados Unidos; Hugo Chávez, presidente de Venezuela; José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno español; y Ángela Merkel, jefa del gobierno alemán. En el último mes, Colombia se hizo a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Guillermo Fernández de Soto, ex canciller y ex embajador en Europa, destacó que ya no hay una "política exterior solo con Estados Unidos, sino de contenido universal". Y aseguró que Santos "entendió que una política exterior de cooperación es más rentable que una de confrontación”. Otro ex canciller, Camilo Reyes, subrayó la "recuperación de las relaciones con la región, su consolidación con la Unión Europea, la apertura de nuevos espacios con Asia, sin poner en peligro su trato con Estados Unidos". (“Política Exterior, en un momento estelar”, El Tiempo, 10 de abril 2011, disponible en: http://m.eltiempo.com/politica/politica-exterior-en-un-momento-estelar/9...

 

[4] Centralamericadata, “Empresarios hondureños visitan Colombia”, 25 de mayo 2010, disponible en:http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Empresarios_hondurenos...

 

[5] Long Island al Día New York, “Colombia está pisando fuerte en El Salvador; inversiones superan  los 1 mil millones de dólares”, 7 de febrero 2011. Disponible en: http://lialdia.com/2011/02/colombia-esta-pisando-fuerte-en-el-salvador-i...

[6] Ver su reportaje “El ejército Colombiano ya está en Honduras”, disponible en;  ver reportaje de Dick Emmanuelson enhttp://www.albatv.org/El-ejercito-colombiano-ya-esta-en.html

 

 

[7] “El deterioro de las relaciones entre los dos países impactó fuertemente la economía, sobre todo la colombiana, que según el DANE, en el 2007 exportó al país vecino 5.000 millones de dólares y en el 2008 la cifra estuvo por encima de los 6.000. Sin embargo, poco a poco el gobierno venezolano tomó decisiones que afectaron la balanza comercial al punto de que, según lo estiman los gremios, este año las exportaciones comerciales probablemente no lleguen a los 1.500 millones de dólares.” (EFE, “Colombia y Venezuela: El Lanzamiento de una nueva relación”, 11 de agosto 2010, disponible en;http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=Colombia+y+Venezuela:+El+Lanz...)


 

[8]“Fue un año de grandes dificultades. Comenzamos con una verdadera crisis eléctrica, que nos obligó a tomar severas medidas. Incluso estuvimos a punto de un colapso eléctrico. Gracias al pueblo y al Gobierno que dio la cara, nos sobrepusimos a la crisis eléctrica, que ha podido ser hasta una catástrofe” (Hugo Chávez, Mensaje a la nación del 1 de enero 2011. Ver:http://www.correodelorinoco.gob.ve

/economia/venezuela-supero-dificultades-2010-y-retoma-senda-crecimiento-economico)

[9]En el caso de Colombia, la burguesía industrial y comercial desplazo del poder al sector terrateniente representado por Uribe, caracterizado por una práctica y un discurso confrontativo y militarista que volvía inviable la reapertura de relaciones comerciales y la integración capitalista; por ello fue llevado a la presidencia Juan Manuel Santos, un empresario derechista que, como fue dicho, fue ministro de defensa aunque con un discurso “conciliador” y pragmático, proclive a la distensión con Venezuela, según lo aconsejaban los nuevos tiempos. Desde entonces, Santos ha desarrollado una agenda de ampliar relaciones con otros países que lo ha llevado a una intensísima actividad diplomática internacional. Por su parte, el gobierno venezolano decidió priorizar su relación integracionista con Colombia incluso por encima del proceso de integración que venía gestándose en la ALBA. Al poco tiempo de haber tomado posesión el Presidente Santos en agosto 2010, se produjo la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y el inicio de un proceso de integración para retomar los proyectos paralizados e incluso constituir inversiones mixtas colombo-venezolanas. Eso tendera a aliviar la difícil situación económica y social que atravesó el país en 2010 y le permitirá contar con mejores condiciones para su reelección en el año 2012.

[10]  “El 25 de diciembre, pocos días para cerrar el año 2010, NilsonAlbín Teran Ferreira (Tulio), un líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue capturado por la policía de Venezuela y entregado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Casi en la misma fecha en otra parte de Venezuela, el ejército capturo a Luis Ferney Saavedra Benavides (Oscar Nobles) otro revolucionario colombiano. También fue entregado a la policía del vecino país. Nilsson vivía en Venezuela, y en Colombia está condenado a 40 años de prisión por sus actividades subversivas.  .. En noviembre pasado del 2010 Venezuela capturo y deporto a Bogotá a otros dos integrantes del ELN y a un alto dirigente de las FARC, Nilson Navarro (ELN), Priscila Ayala (ELN) y Oswaldo Espinoza (FARC), fueron las primeras víctimas del acuerdo entre el gobierno de Chávez y el régimen de Colombia firmado en agosto pasado para colaborar en asuntos de seguridad y medias antisubversivas. Hay que recordar también que el 28 de marzo de 2010, el gobierno de Chávez apreso en el aeropuerto a Walter Wendelin, un activista político del movimiento Vasco. Este fue impedido de ingresar a ese país, detenido en Maiquetia, fue trasladado a un cuartel del Servicio de Inteligencia, y después fue expulsado a Francia.” (Arce Borja, Luis. “Chávez: ¿Antiimperialista o el judas de los revolucionarios?”, El Diario Internacional, tomado de La Haine del 4-1-2011).

Fuente: https://www.alainet.org/es/active/45785

 

En consecuencia, la Patria Grande del progresismo es un fraude para nosotros: los diversos de abajo sin fronteras. Nos conviene tener presente que los gobiernos con esa identidad política tan ambigua han preferido y prefieren el crecimiento de negocios por sobre la autodeterminación de los pueblos porque son capitalistas.

 

Cuando Chávez apoya a Porfirio Lobo se suma a las fuerzas reaccionarias de Honduras y del mundo contra el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Un famoso periodista de internacionales del progresismo argentino también expresó que el FNRP debía retirarse y aceptar volver al trabajo. En vez de esforzarse por la solidaridad internacionalista tendió a inculcar en la audiencia al orden de Perón: "de la casa al trabajo y del trabajo a la casa".

 

Así como el gobierno de Cristina Fernández posibilitó el de Macri, Hugo Chávez participó de la implantación del régimen criminal que se desplegó en Honduras y recordamos a Berta Cáceres. Sin embargo no han vencido al pueblo hondureño que nos ilumina el imperativo de unión ante todo anticapitalista, antipatriarcal y antirracista para rumbear hacia buenos vivires, convivires de los diversos de abajo sin fronteras.

 

Examinemos:

 

Golpe de estado y resistencia popular en Honduras
23 de junio de 2010

Por Renán Godofredo Valdez Salgado

El golpe de Estado, político-militar y religioso, producido el 28 de junio de 2009 en Honduras, el país más pobre de América Latina tras Haití y Nicaragua, generó un poderoso movimiento de repudio en la comunidad internacional e impulsó en el país un capítulo inédito alternativo popular y masivo de organizaciones sociales y del pueblo no organizado. Sus acciones sumaron creatividad, beligerancia, unidad, enormes cuotas de sacrificio y, sobre todo, un espontáneo arrojo de valentía y determinación colectiva para meter al país en una nueva historia que polariza a la sociedad entre la oligarquía golpista y la resistencia popular, hoy convertida en el nuevo sujeto político de Honduras.

Más o menos acostumbrados a la estigmatización acerca de la aparente abulia e indiferencia de los pueblos frente a las injusticias sociales y a los desmanes de caciques y dictadorzuelos de toda laya, Honduras asiste a este escenario en pleno comienzo del tercer milenio cuestionando esa misma hipótesis: la historia registra con puntualidad la rebeldía siempre activa de un pueblo frente al surgimiento y establecimiento de dictaduras.

 

Dictaduras y golpes de Estado

La dictadura más significativa se materializa en los 16 años que se mantuvo en el poder el general Tiburcio Carías Andino (1933-1949). Durante ese tiempo se conformaron movimientos populares de gran envergadura, entre los que destaca el dirigido por el Frente Democrático contra la Dictadura, que adquiere mayor beligerancia en el primer lustro de la década de 1940.

Como símbolo de estas luchas populares destaca la manifestación que organizó este Frente el 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula, en la que se conformó un comité de huelga que aglutinaba a diversos sectores sociales.

 

Alrededor de las cuatro de la tarde del 10 de julio, una manifestación que se realizaba de manera silenciosa fue atacada duramente desde diferentes puntos estratégicos. Fueron asesinadas cerca de 140 personas, entre las que se contaron muchas mujeres, ancianos y hasta niños. Hubo además 150 heridos. Los asesinos utilizaron ametralladoras Thompson. Esta masacre no pasó inadvertida para la comunidad internacional, pues fue denunciada por grupos de exiliados en México, El Salvador, Costa Rica y otros países. La dictadura se ganó el repudio de la comunidad democrática a nivel continental.

Los golpes de Estado instituidos formalmente en el seno de las Fuerzas Armadas tienen su génesis el 19 de septiembre de 1957, fecha en que la Asamblea Nacional Constituyente le concedió a éstas “autonomía militar”. Ramón Villeda Morales tomó posesión de su cargo el 21 de diciembre de 1957. Dos años después fue víctima de una intentona golpista liderada por el coronel Armando Velásquez Cerrato, que reafirmaba por esta vía su interés de llegar al poder. El golpe fracasó, pero Villeda Morales estaba condenado a no terminar su período presidencial: el 3 de octubre de 1963, el general Oswaldo López Arellano dio un golpe  de Estado porque, en su opinión, el gobierno estaba siendo “filtrado por el comunismo”.

 

Más tarde se producirían tres asonadas golpistas más. Oswaldo López Arellano volvió a romper el orden constitucional en 1972, extendiendo su mandato hasta 1975. Ese año fue depuesto por otro golpe, dirigido por Juan Alberto Melgar Castro bajo la excusa de que el gobierno estaba “caminando hacia el populismo”. Durante el nuevo periodo, con Melgar en el poder, se producen matanzas de campesinos en lucha por la reforma agraria. Pero Melgar será derrocado por otro golpe, justificado esta vez, irónicamente, por la vocación “reformista” en que había caído el gobierno. Era el año 1978. Lo sustituye hasta 1980 un triunvirato militar presidido por el general Policarpo Paz García.

Como siempre, EE UU marca las pautas. Los golpistas hondureños de 1978 garantizaron plena libertad electoral en toda la República (el 20 de abril de 1980 fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente). A Honduras se le obligará a desempeñar el triste papel de contrainsurgencia en la región por toda una década, bajo el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.

 

Orígenes del golpe de 2009

En diciembre de 2006, Miguel Facusse y unos treinta influyentes empresarios de todo el país convocaron al mandatario a una sesión en la localidad de Farallones (propiedad de  Facusse), en la zona atlántica del país.Querían presentarle un plan de inversión para cuyo financiamiento el Estado debería aportar una suma millonaria de lempiras, aprovechando el balance favorable de las reservas acumuladas en el Banco Central de Honduras. Miguel Facusse es uno de los principales actores del sistema político hondureño, convertido en poderoso con la protección del Estado: es uno de los mayores beneficiarios de los recursos financieros de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), recursos de la deuda externa que nunca se pagaron.

El gobierno de Zelaya impuso límites a contratos que producían muchos privilegios, condiciones que el gobierno anterior (Ricardo Maduro), había mantenido con importadoras y productoras de químicos farmacéuticos. Esto incluía la compra de productos farmacéuticos caducados, con el consiguiente  riesgo para la salud de las personas consumidoras. A principios de 2009, el gobierno de Zelaya intentó crear un convenio de compra de genéricos a Cuba, según los acuerdos de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Esta iniciativa provocó la oposición de las transnacionales farmacéuticas, manifestada mediante una campaña mediática y la oposición del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras.

 

La economía hondureña es dependiente del exterior en muchos rubros, entre los que destaca la importación de petróleo y derivados. En este sentido, aunque los precios están marcados por la Comisión Administradora del Petróleo, cuatro empresas transnacionales importadoras, constituidas en oligopolio, ejercen su dominio en esta rama de la economía con ganancias mayores al 21 por ciento por galón importado.

Zelaya pretendía reducir el costo de la intermediación importadora que, por convenio de 1992, realizaban cuatro empresas transnacionales de productos energéticos. Suscribió un convenio con PDVSA, como parte de los acuerdos del ALBA, y uno con Petrocaribe a partir de 2008, lo que provocó la reacción de la empresa privada y la Embajada de EE UU.

La iniciativa del gobierno de recuperar el aeropuerto de Palmerola, donde funciona la base militar estadounidense Soto Cano, provocó la oposición de InterAiports, propiedad de Fredy Nasser, yerno de Miguel Facusse y relacionado con otros empresarios y políticos.

La subida decretada del salario mínimo, que incrementaba las retribuciones de 3.428 a 5.500 lempiras en las zonas urbanas y a 4.500 en las actividades primarias, representó un 38 por ciento. Teniendo en cuenta que en los últimos doce años la tasa promedio de ajuste salarial había sido de un 15 por ciento, este incremento provocó más ira en la burguesía. A través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Cámara de Comercio e Industrias, la burguesía impugnó esta decisión y, aunque la corte falló en contra, no se aplicó la decisión.

El COHEP impulsó el golpe de Estado.  Este Consejo agrupa a las familias que controlan el poder en Honduras, entre otras: Canahuati, Ferrari, Maduro, Callejas, Flores Facusse y Facusse Barjum. Quienes ejecutaron el golpe fueron el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, con la complicidad y la participación directa del Pentágono y la CIA.

Con su estrategia Hard Power (golpe  inteligente), los Estados Unidos han pretendido crear un laboratorio en Honduras para poner en práctica nuevas estrategias que le permitan confrontar los procesos emancipatorios de América Latina. Recordemos la Doctrina Monroe, América para los americanos.

Creada en 1823, podemos comprobar su aplicación a través del número de bases militares estadounidenses instaladas en el continente. El número de éstas en el mundo es alarmante: 872. Este poderío militar se encuadra en una concepción de dominación de espectro completo, basada en el poderío militar  de los EE UU para derrotar de forma unilateral o en combinación con fuerzas multinacionales cualquier adversario o controlar cualquier gama de fuerzas militares que atenten contra sus intereses.

 

Nuevos escenarios de lucha

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) ha generado una capacidad de convocatoria que moviliza gente en todas las regiones del país. El aumento y la afirmación de la conciencia colectiva en el movimiento popular no tienen precedentes, y el número de asistentes a las marchas del 5 de julio y el 15 de septiembre de 2009, así como del 27 de enero de 2010, no tiene parangón en la historia centroamericana. En contraste, el régimen de facto de Micheletti y el de Pepe Lobo (que surgió de un proceso electoral espurio), controlado por el tolete y el fusil de los militares, está deslegitimado por la sociedad hondureña y la comunidad internacional.

El Frente ha logrado concienciar a la gente del impacto profundo que ha producido el golpe político, militar y religioso en la mayoría de la población. Tanto los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como Amnistía Internacional ponen en evidencia la situación de los Derechos Humanos después del golpe de 2009.

Estos organismos coinciden en que las principales violaciones de los Derechos Humanos consistieron en el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado, en el enorme número de detenciones y en la conculcación de los principios  de legalidad, necesidad y proporcionalidad mediante la imposición de restricciones a derechos fundamentales,  así como en la aplicación selectiva y discriminatoria de la legislación nacional.

Los organismos citados pudieron constatar también cómo a partir de la ruptura del orden constitucional se han producido graves violaciones de los Derechos Humanos de la población. Entre éstas se incluyen: muertes, declaraciones arbitrarias del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias  de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, malas condiciones de detención, severas restricciones del derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.

Actualmente la resistencia popular se enfrenta a una estrategia de asesinatos selectivos de miembros  de diferentes sectores. En los últimos días han sido asesinados siete periodistas, la mayoría vinculados al Frente Nacional de Resistencia Popular.

 

Pese a las intenciones y maniobras del gobierno de Pepe Lobo por conseguir el reconocimiento nacional e internacional, el FNRP define su estrategia organizativa para lograr la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El FNRP se define como  un instrumento de construcción depoder popular integrado por movimientos populares, organizaciones sociales e instancias políticas que buscan la transformación social del país.

Como conclusión planteamos algunas enseñanzas que nos deja el golpe de Estado.

  • El conflicto nos revela con meridiana claridad que los sectores dominantes de la oligarquía jamás abandonarán sus posiciones hegemónicas en la economía, la política y la cultura sin una disputa a muerte con los sectores populares de la población. No debe sorprendernos cómo estos grupos, responsables del atraso, se han aglutinado graníticamente en una sola posición política para defender sus intereses con el apoyo de la oligarquía internacional.

  • En esta lucha del golpe de Estado han invertido todos sus recursos fundamentales sobre todo el poder político y las fuerzas represivas. Cuentan además con la prensa internacional. No es casualque durante el conflicto se hayan cruzado por nuestro país personalidades de la posición más reaccionaria del Partido Republicano de los EE UU y activistas de los grupos políticos terroristas cubano-norteamericanos, famosos difusores del ideario neoliberal.

  • Hace unos pocos años la lucha de los pueblos concitó la movilización de la derecha. Hoy, cuando el fenómeno de la globalización conecta al instante al mundo entero,  esa movilización se vuelve más dinámica y avasalladora, a veces sutil pero no por ello menos letal para nuestros pueblos.

  • La capacidad de lucha expresada en las calles por parte de la resistencia revela que en Honduras los partidos tradicionales no podrán seguir manteniendo el control de una población que, de manera dócil, acudía a las urnas para votar y validar sus privilegios. La sociedad  hondureña está bien definida  ahora entre las fuerzas oligárquicas conservadoras y una resistencia  popular que plantea la refundación del país, la democracia participativa y el respeto a la soberanía popular.

  • La solidaridad internacional de  movimientos sociales, gobiernos, medios de comunicación y organismos de Derechos Humanos y, sobre todo, el pueblo (con su capacidad  de organización y movilización, el arte popular y la unidad en toda su diversidad), han desmontado el proyecto de imposición de la dictadura burguesa. Les será difícil ejecutar su plan y visión de país, quedarse 28 años más en el poder, porque la resistencia está proponiendo también a la nación un plan para la transformación económica, social y política de Honduras.

 Renán Godofredo Valdez Salgado es el coordinador de la Escuela Metodológica Nacional Profesor Wilfredo Lara. Forma parte de la de la Comisión de Formación del Frente Nacional de Resistencia Popular. Es sociólogo, con experiencia en desarrollo rural y formacion y experiencia en Derechos Humanos.Este artículo ha sido publicado en el nº 42 de la revista Pueblos,junio 2010.
Fuente:
 
http://www.revistapueblos.org/blog/2010/06/23/golpe-de-estado-y-resistencia-popular-en-honduras/

 

 Crisis civilizatoria

 

Evaluemos que Chávez se opuso a la autodeterminación del pueblo de Honduras pero también a la del pueblo de Colombia. Analicemos lo que Hugo Chávez no desconocía acerca del:

Imperialismo y violencia en Colombia

13 de junio de 2012

Por James Petras (Rebelión)

Texto escrito a pedido de la conferencia nacional sobre "Multinacionales, Violencia, Libertad Sindical y Democracia en Colombia", organizado por el sindicato internacional SINALTRAINAL en su 30º aniversario, 26 de julio 2012, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá. Traducido por Silvia Arana para Rebelión.

Introducción

La intervención militar de EE.UU. en Colombia constituye la guerra de contra-insurgencia más larga en la historia mundial reciente. Comenzó cuando el Presidente John F. Kennedy creó en 1962 los "Boinas Verdes", y se intensificó en el nuevo siglo con el programa militar de siete mil millones de dólares del Presidente Clinton (Plan Colombia) iniciado en el 2001 y que hoy continúa con Obama con el establecimiento de siete nuevas bases militares. La guerra que EE.UU. libra en Colombia ya lleva 50 años. Diez presidentes estadounidenses, 5 demócratas y 5 republicanos, liberales y conservadores, se han alternado para llevar adelante una de las más brutales guerras de contra-insurgencia jamás registradas en América Latina. En términos de matanza de civiles, de sindicalistas y de activistas de derechos humanos, de desplazamiento de campesinos, la oligarquía apoyada por EE.UU. tiene la dudosa distinción de figurar en los primeros puestos de la lista de gobernantes tiranos.

Para entender la sangrienta historia de la intervención imperial de EE.UU. en Colombia es necesario examinar varios aspectos clave de la relación en un contexto histórico comparativo que resalte las especificidades de la clase dominante de Colombia y la importancia geo-política estratégica del país para la hegemonía de EE.UU. en el hemisferio.

Colombia: Una clase dominante tras la hegemonía

La violencia es endémica en una sociedad regida por una clase gobernante 'cerrada' a través de partidos oligárquicos del siglo XIX (y sus facciones rivales) durante la mayor parte del siglo XX y XXI. Colombia difiere de la mayor parte de países latinoamericanos, en los que a principios del siglo XX, se expandió la representación de diversos partidos de clase media. En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y especialmente durante la Depresión del 30, América Latina presenció el surgimiento de partidos socialistas, comunistas y nacional populistas al igual que de regímenes tipo Frente Popular. Sin embargo, Colombia permaneció congelada en el tiempo en un sistema político cerrado dominado por dos partidos oligárquicos, compitiendo con balas y votos.

En el periodo inmediato posterior a la II Guerra Mundial emergió la figura nacionalista y populista de Jorge Eliécer Gaitán, éste fue asesinado y el país entró en una etapa de baño de sangre que cubrió a toda la sociedad llamada la "Violencia". Facciones de las oligarquías conservadora y liberal financiaron bandas armadas para asesinarse los unos a los otros, dando como resultado más de trescientos mil muertos. Las oligarquías terminaron la guerra interna firmando un acuerdo de alternancia en el gobierno, el llamado "Frente Nacional" que consolidó más aún el control del poder impidiendo que cualquier nuevo movimiento político alcanzara cualquier tipo de representación significativa.

Incluso cuando emergió una seudo alternativa, bajo el mando del populista de derecha, Rojas Pinilla, las masas urbanas y los pobres del campo fueron sometidos por los ejércitos privados de los terratenientes, mientras que el movimiento obrero urbano fue brutalmente reprimido por los militares y la policía. Los disidentes demócratas integraban en general una facción del Partido Liberal; mientras que los activistas obreros se congregaban en torno de los sindicatos militantes y del clandestino o semi legal Partido Comunista o de pequeños partidos socialistas.

La Guerra Fría y la penetración imperialista de EE.UU.

Con el inicio de la Guerra Fría, Washington halló en la alianza oligárquica bipartidista un cómplice muy bien dispuesto, especialmente después de la eliminación de Gaitán y de la salvaje represión de los militantes sindicalistas que trabajaban en los complejos agrícolas controlados por EE.UU. Comenzando con los acuerdos militares anticomunistas bilaterales y multilaterales de principios de los 50, la política colombiana quedó congelada en un patrón de subordinación y colaboración con Washington, mientras EE.UU. expandía su poder imperial desde América Central y el Caribe hacia el resto de América Latina.

Las similitudes entre los sistemas políticos bipartidistas de Colombia y de EE.UU. y la exclusión de cualquier oposición efectiva en ambos países, facilitó la continuidad y colaboración. Como resultado, la oligarquía colombiana no enfrentó los desafíos que surgieron de tanto en tanto en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

La Revolución Cubana y la alianza entre EE.UU. y Colombia

La Revolución Cubana, especialmente la transición hacia el socialismo y la multiplicación de movimientos guerrilleros en América Latina, marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre EE.UU. y Colombia. Colombia se transformó en un país central para la estrategia contrarrevolucionaria de Washington. Fue como un "laboratorio" de EE.UU. en la lucha contra el auge revolucionario de los 60.

Colombia fue una suerte de trampolín desde el que Washington lanzó una contra- ofensiva apuntalada en regímenes militares para establecer un imperio de países dependientes-clientes, abiertos a los intereses económicos de EE.UU. y obedientes a los dictados de la política exterior de Washington.

Imperialismo estadounidense y nacionalismo latinoamericano: Imposiciones y adaptaciones

El imperio estadounidense no surgió completamente formado a fines de la II Guerra Mundial. Tuvo que confrontar y vencer muchos obstáculos y desafíos internos y externos. Internamente, a fines de la II Guerra Mundial, después de cinco años de guerra, la mayoría de los ciudadanos de EE.UU. exigían una desmovilización militar (1945-1947) lo que debilitaba la capacidad de intervención contra los nuevos gobiernos progresistas en Guatemala, Chile, Argentina y otros países. Sin embargo, con la Guerra Fría y la "guerra caliente" en Corea, EE.UU. se rearmó y se lanzó en pos de la hegemonía mundial. Gobiernos progresistas y social democráticos y sus líderes fueron expulsados del poder y encarcelados en Venezuela, Guatemala y Chile. A lo largo de la década del 50, Washington apoyó la primera (pero no la única) "Era de Dictadores y Libre Mercado". En ella se incluyen Odría en Perú, Pérez Jiménez en Venezuela, Ospina y Gómez en Colombia, Trujillo en República Dominicana, Duvalier en Haití, Somoza en Nicaragua, Armas en Guatemala, Batista en Cuba.

Entre 1948 y 1960 el imperio estadounidense dependió completamente de la fuerza bruta de los dictadores y de la complicidad de las oligarquías agro-minera locales para establecer su dominación.

El Imperio, basado en dictaduras de derecha, no duró más de una década. Comenzando con la victoria del Movimiento 26 de Julio en Cuba, una década (1960-1970) de insurrecciones revolucionarias a lo largo del continente desafiaron el poder imperial y a los colaboradores clientes del Imperio.

El imperialismo estadounidense, ante la extinción de sus clientes dictatoriales, se vio forzado a adaptarse a la nueva configuración de fuerzas compuestas por partidos electorales reformistas de clase media , a una nueva generación de radicales y a un movimiento revolucionario de intelectuales, campesinos y obreros inspirados por el ejemplo de Cuba.

En 1962 Washington lanzó una nueva estrategia llamada "La Alianza para el Progreso" (AP) para dividir a los reformistas de los revolucionarios: la AP les prometía a los regímenes reformistas de clase media tanto ayuda económica como asesores militares, armas y fuerzas especiales para destruir a los insurgentes revolucionarios. Es decir, la violencia imperial se hizo más selectiva : estaba dirigida contra los movimientos revolucionarios independientes e involucraba una mayor participación militar directa en los programas de contra-insurgencia de los regímenes elegidos por voto.

Colombia, la excepción: Represión con reforma

En contraste con el resto de América Latina, donde reformas agrarias, democráticas y nacionalistas se desarrollaron a la par de los programas de contra-insurgencia (Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela) en Colombia la oligarquía siguió en el poder, bloqueando el surgimiento de una alternativa reformista-democrática y dependiendo completamente de una estrategia de militarización total y de polarización política entre revolución y reacción .

En Colombia, el Imperio estadounidense no tuvo que elegir entre un régimen reformista de clase media y un movimiento revolucionario porque el sistema oligárquico bipartidista dominaba la arena electoral. EE.UU. no necesitó combinar el "palo con la zanahoria" sino que concentró todos sus esfuerzos en fortalecer el poder militar de la oligarquía dominante.

La clase gobernante de Colombia descartó cualquier tipo de "reforma agraria" a diferencia de Chile, Perú y Ecuador por la razón obvia de que ellos eran la élite terrateniente. La oligarquía colombiana no tuvo ninguna presión del nacionalismo militar para nacionalizar las industrias estratégicas, como en Bolivia (estaño y gas) y Perú (petróleo y cobre) porque los militares estaban bajo el mando de EE.UU. y estrechamente vinculados a la emergente narco-burguesía.

Hacia fines de los 60, Colombia se convirtió en la pieza clave (el "modelo") de la política de EE.UU. para América Latina. La región pasó del reformismo al nacionalismo radical y al socialismo democrático a principios de los 70, especialmente los países andinos y el Caribe.

Colombia era la anomalía en la región andina gobernada por nacionalistas como Guillermo Rodríguez en Ecuador, Juan Velasco Alvarado en Perú, J J Torres en Bolivia y socialistas democráticos como Salvador Allende en Chile. La clase gobernante colombiana funcionaba como el "contrapunto" de EE.UU. en el lanzamiento de su segunda y más brutal ofensiva contrarrevolucionaria que comenzó con el golpe de estado de 1964 en Brasil.

A continuación EE.UU. invadió y ocupó la República Dominicana en 1965/66 y apoyó el derrocamiento de Allende, Rodríguez, Torres, Velasco Alvarado en los países andinos. Luego, EE.UU. apoyaría golpes militares en Argentina (1976) y Uruguay (1972).

El Pentágono organizó escuadrones de la muerte mercenarios en El Salvador y Guatemala matando cerca de trescientos mil campesinos, obreros indígenas, maestros y otros ciudadanos. EE.UU. organizó desde Honduras un ejército mercenario (los "Contras") para destruir la revolución Sandinista.

La clase gobernante de Colombia, con el apoyo de expertos en contra-insurgencia de EE.UU. e Israel, trató de seguir el liderazgo contrarrevolucionario de EE.UU. involucrándose en una "política de tierra quemada" para derrotar a la insurrección popular. Pero los narco-presidentes Turbay, Betancur, Barco, Gaviria y Samper solo obtuvieron éxitos parciales -destruyeron la Unión Patriótica, una organización legal y popular, pero incrementaron el tamaño, alcance y cantidad de miembros de la insurgencia armada.

La segunda ola de "Dictadores y Libre Mercado" (1970-1980) -incluyendo Pinochet (Chile), Videla (Argentina) y Álvarez (Uruguay)- llegaron a tener presión popular y a enfrentar crisis irresolubles causadas por la deuda externa a principios de la década del 80. Una vez más el imperialismo estadounidense enfrentaba un desafío y una disyuntiva: o continuar con los dictadores y la crisis financiera aguda o instrumentar una "transición democrática" que permita preservar el estado y una economía neoliberal.

La era dorada del imperialismo... Neoliberalismo y elecciones, 1990-2000 (excepto Colombia)

La década del 90 fue testigo del mayor saqueo de las economías latinoamericanas desde la época de Pizarro y Cortés. Los presidentes Menem en Argentina, Salinas y Zedillo en México, Cardoso en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia y Fujimori en Perú privatizaron y desnacionalizaron -en general vía decretos presidenciales- más de cinco mil empresas, minas, recursos energéticos, bancos y redes de telecomunicación pertenecientes al estado valuados en más de mil billones de dólares. En la década de 1990, más de 900 mil millones de dólares salieron de América Latina en forma de ganancias, royalties y pagos de intereses a corporaciones multinacionales, bancos y especuladores. En Colombia, el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de ganancias mientras la oligarquía tradicional se unía a la "narco-burguesía" en el lavado de miles de millones de dólares vía cuentas " correspondence " en los principales bancos de EE.UU. en Miami, Wall Street y Los Ángeles.

La transición de dictaduras militares a sistemas neoliberales autoritarios elegidos por voto, en Colombia fue la transición de un estado oligárquico a un narco-estado . Los escuadrones de la muerte paramilitares y los militares saquearon a millones de campesinos y enfrentaron a la insurgencia armada. No hubo ninguna "transición democrática", ¡la oposición democrática fue asesinada! Entre 1984 y 1990 fueron asesinados más de cinco mil miembros de la Unión Patriótica.

Los imperialistas de EE.UU. consideraban al neoliberalismo latinoamericano de los 90 como el "modelo" de expansión a escala mundial. La fórmula consistía en combinar el saqueo con la privatización en América Latina y la apropiación militar en Colombia.

La crisis del modelo militarista-neoliberal del Imperio, 2000-2012

Las bases de la supremacía imperial de EE.UU. en América Latina fueron construidas en su totalidad sobre cimientos frágiles : pillaje, saqueo y corrupción condujeron a una profunda polarización de clases y una crisis económica que culminó con las insurrecciones populares que derrocaron a los regímenes apoyados por EE.UU. en Argentina, Bolivia y Ecuador. En Brasil, Uruguay y Venezuela los presidentes neoliberales en el gobierno fueron derrotados por partidos de centro-izquierda y partidos nacional-populistas.

En Colombia, el rechazo masivo al gobierno neoliberal y narco-burgués se expresó mediante la abstención electoral masiva (por encima del 75%): el crecimiento exponencial de la influencia y la presencia de la insurrección armada en más de un tercio de las municipalidades y la retirada táctica del Presidente Pastrana, quien aceptó una zona desmilitarizada para la paz directa en negociaciones con las FARC-EP.

Colapsaron las bases del dominio imperial de EE.UU. construidas sobre el colaboracionismo de los regímenes neoliberales-clientes. Entre 2000 y 2005 los movimientos populares sociales derrotaron al golpe contrarrevolucionario y al paro patronal (lock-out) en Venezuela (2002-2003). Un Presidente Chávez victorioso aceleró y radicalizó el proceso de cambio socio-económico y profundizó la política exterior antiimperialista de Venezuela. Argentina, Brasil y Uruguay rechazaron los acuerdos de libre comercio de EE.UU.

Una vez más Colombia iba en contra de la ola progresista de la región. La narco-burguesía y la oligarquía optaron por la militarización total para bloquear el surgimiento de los movimientos populares democráticos presentes en el resto de América Latina. La respuesta de Colombia-EE.UU. a la revolución democrática en la región fue el "Plan Colombia" financiado por los gobiernos de EE.UU., Colombia y la Unión Europea.

Plan Colombia: La respuesta imperialista al movimiento democrático de América Latina

El Plan Colombia fue la respuesta de EE.UU. a la propagación de la revolución popular democrática a través de América Latina. Representa el mayor programa de ayuda militar de EE.UU. en toda la región y fue diseñado para cumplir con varios objetivos estratégicos:

  1. Cercar a Colombia del "contagio" de la revolución anti-neoliberal, que debilitaba el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas propuesto por EE.UU.

  2. Desarrollar la capacidad de Colombia para amenazar y presionar al gobierno antiimperialista de Venezuela y proporcionar a EE.UU. múltiples bases militares desde donde lanzar una intervención directa contra Venezuela si ocurriera un golpe "interno".

  3. Importantes funciones políticas y económicas de carácter interno. Fue diseñado para militarizar la sociedad y vaciar el campo: 300.000 soldados junto a 30.000 fuerzas paramilitares de los escuadrones de la muerte forzaron a millones de personas a abandonar los territorios controlados por la guerrilla. Los guerrilleros perdieron recursos de inteligencia y apoyo logístico pero ganaron nuevos reclutas. Como resultado de la política de "tierra quemada" de Uribe/Santos y la violencia masiva, nuevos sectores económicos, especialmente mineros, petroleros y del agro, recibieron inversiones extranjeras, sentando las bases en 2012 para el acuerdo de libre comercio firmado por Obama y Santos.

  4. Hay una conexión directa entre el Plan Colombia (2001), la militarización del estado, la represión indiscriminada y la desposesión (2002-2011), la profundización de la liberalización neoliberal y el acuerdo de libre comercio (2012).

  5. Colombia tiene un rol geo-político estratégico en la militarización del imperio estadounidense.

En el Medio Oriente, Sur de Asia y Norte de África, EE.UU. ha usado el pretexto de la "guerra contra el terrorismo" para invadir y establecer un imperio de bases militares en alianza con Israel y la OTAN. En América Latina, EE.UU. en alianza con Colombia y México con el pretexto de la "guerra contra las drogas" ha construido un imperio de bases militares en América Central, el Caribe y de manera creciente en el resto de América Latina. Actualmente, EE.UU. tiene bases militares en Colombia (8), Aruba, Costa Rica, Guantánamo (Cuba), Curaçao, El Salvador, Honduras (3), Haití, Panamá (12), Paraguay, Perú, República Dominicana y Puerto Rico (varias).

 

EE.UU.: Un imperio militarizado

Debido a la declinación relativa del poder económico de EE.UU. y al incremento del militarismo, hoy el imperio estadounidense es, en gran parte, un imperio militar en guerra perpetua. Los estrechos vínculos de Washington con Colombia reflejan la similitud de características estructurales del estado fuertemente inclinado hacia las instituciones militares y de la economía sesgada hacia políticas neoliberales y de libre mercado.

Una vez más, Colombia representa una anomalía en América Latina. Casi diez años después de que América Latina rechazara el neoliberalismo y ocho años después de que los gobiernos de centro-izquierda rechazaran un acuerdo de libre comercio con EE.UU., Colombia bajo el mando de Uribe-Santos acepta el neoliberalismo y un acuerdo de libre comercio con Washington.

Para hacer frente a dos iniciativas económicas principales de Venezuela, el Plan Caribe y ALBA, que desafían la hegemonía estadounidense en el Caribe y la región andina, Washington estrecha sus vínculos con Colombia mediante el acuerdo de libre comercio.

 

Conclusión

El imperio estadounidense depende de regímenes colaboracionistas en todo el mundo para defender su dominio militar. En América Latina, Colombia es su aliado primordial y más activo, especialmente en la región del Caribe y América Central.

Al igual que EE.UU., el estado colombiano militarizado no encaja con la situación de América Latina. EE.UU. carece de nuevas iniciativas económicas para ofrecerle a América Latina, ha perdido una influencia significativa mientras se produjo una disminución en el comercio, la inversión y la participación en el mercado. Debido a que Colombia, como estado neoliberal militarizado complementa el proyecto global de EE.UU., se ha convertido en un receptáculo especial de ayuda militar masiva de EE.UU. -precisamente para evitar que se una al nuevo bloque de estados independientes progresistas y que esto genere un mayor aislamiento de Washington.

La creciente dependencia colombiana de la economía de EE.UU. a través del acuerdo de libre comercio significa el sacrificio de un amplio sector de productores agrícolas y manufactureros pero incrementa las oportunidades para la oligarquía y los inversores extranjeros en minería, petróleo y finanzas. El acuerdo de libre comercio aumentará las oportunidades de la burguesía narco-financiera que lava más de 20 mil millones de dólares anuales en ganancias de las drogas a través de los principales bancos de EE.UU. y la Unión Europea.

Colombia es el "estado modelo" del imperio estadounidense en América Latina. Es un país gobernado por una triple alianza de la narco-oligarquía, la burguesía neoliberal y los militares. El régimen de Santos depende cada vez más del influjo a gran escala del capital extranjero, orientado hacia la producción destinada a los mercados externos. Los gastos militares, el terror indiscriminado del régimen de Uribe, el aislamiento político de los poderes económicos regionales (Venezuela, Brasil, Argentina) y las limitaciones de una economía estadounidense estancada son serios obstáculos para el modelo neoliberal. El Presidente Santos trata de reconciliar estas "contradicciones internas". Santos ha reemplazado el terror indiscriminado con los asesinatos selectivos de activistas clave de los sindicatos y de los movimientos sociales y de derechos humanos. Se ha enfocado en cooptar a los políticos electoralistas y en enfocar las actividades de los paramilitares hacia la eliminación de los opositores populares en las nuevas áreas mineras y de inversión. Ha combinado la firma de acuerdos económicos importantes con Venezuela con la profundización de los vínculos militares con EE.UU.

Los acuerdos de Santos con la Casa Blanca y la estrategia de diversificar la dependencia y el libre mercado se apoyan en cimientos domésticos y globales muy frágiles. La represión del disenso, los impuestos regresivos, la depresión de los estándares de vida, los millones de desposeídos rurales han conducido a un vasto crecimiento de las desigualdades , a la demanda masiva reprimida y a una creciente presión popular. Los compromisos militares con EE.UU. imponen un pesado costo económico sin compensación económica. El costo del militarismo fomentado por EE.UU. perjudica los esfuerzos comerciales colombianos para expandirse en los mercados regionales. La economía de EE.UU. está estancada, EE.UU. está en recesión y los pronósticos para 2012 no son alentadores, especialmente para una economía abierta como la colombiana.

 

Con el inicio del siglo XXI los países de América Latina enfrentaron una situación similar: crisis de los regímenes neoliberales, decadencia de la economía de EE.UU. y una clase gobernante incapaz de crecer externamente y sin voluntad de desarrollar el mercado interno. Esto dio como resultado revoluciones democráticas que condujeron a la ruptura parcial con la hegemonía estadounidense y el neoliberalismo. Una década después, Colombia enfrenta una situación similar. La cuestión es si Colombia seguirá al resto de América Latina terminando con el militarismo imperial y emprendiendo un camino nuevo de desarrollo. Ha llegado el momento de que Colombia deje de ser una "anomalía política", deje de ser un cliente del imperialismo militar. Los movimientos populares colombianos, como lo demuestra Marcha Patriótica, están preparados para hacer su propia revolución popular democrática y antiimperialista y emprender su propio camino hacia el Socialismo del siglo XXI.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151269&titular=imperialismo-y-violencia-en-colombia-

 

 

Comprobamos que "Colombia es el 'estado modelo' del imperio estadounidense en América Latina. Es un país gobernado por una triple alianza de la narco-oligarquía, la burguesía neoliberal y los militares. El régimen de Santos depende cada vez más del influjo a gran escala del capital extranjero, orientado hacia la producción destinada a los mercados externos".

 

 Tiene un ejército unificado y entrenado militarmente por las potencias imperialistas; un bipartidismo que para "evitar realizar las necesarias trasformaciones sociales implícitas en el conflicto, lo alimentan y lo reproducen, logrando de contramano eludir su responsabilidad social e histórica como clase gobernante, para endosársela a la guerrilla bajo la pérfida sindicación de que éstas no desean ninguna paz y mienten, cuando hablan de paz". 

 

 

Del Estatuto de Seguridad Nacional a la solución política del conflicto interno colombiano

16 de abril de 2016

Por Alberto Pinzón Sánchez (Rebelión)

Ponencia leída el 09 de abril del 2013 en la Universidad del País Vasco. Bilbao

Voy a hacer un corto recorrido, sobre los principales intentos de paz que se han dado en Colombia, tratando de hallarle una solución al largo e histórico conflicto social y armado, para intentar sacar algunas conclusiones que, permitan continuar avanzando hacia la Solución Política de la grave crisis generalizada en la que actualmente se debate nuestro país.

Lo primero que debemos considerar es que Colombia, como parte del globo terrestre, quiéranlo o no los Dominantes colombianos, está también inmersa en la crisis global civilizatoria actual. Colombia no es ninguna isla paradisiaca aislada del resto del mundo, habitada por los buenos salvajes que describieron los colonizadores europeos, sino una excepcional y muy rica esquina geoestratégica de Suramérica, a la cual también ha llegado el gigantesco vendaval socioeconómico originado en el centro de las tres grandes potencias del capitalismo desarrollado, USA, Europa y Japón, hoy expandida por todo el mundo. 

Y como segunda consideración se debe tener en cuenta que Colombia tiene una particularidad muy propia, determinada por su historia: Después de la grandiosa batalla de Ayacucho en la que nuestro Padre Simón Bolívar, junto con el mariscal Sucre derrotaran al poderoso Imperio español y, como consecuencia de la descomposición del régimen colonial, fue convertida por la oligarquía de esclavistas, terratenientes y exportadores que salió triunfante de la guerra de liberación, en un permanente campo de batalla, en el cual durante el siglo XIX se dieron 9 grandes guerras civiles (un promedio de una guerra a cada diez años, la última prolongada hasta 1902), todas ganadas por los santanderistas y que asolaron al país y lo hincaron ante el gobierno de los EEUU para que lo desmembrara y se apoderara de la estratégica provincia de Panamá. 
 

En el Siglo XX, Colombia ya convertida en un enclave imperialista para la explotación bananera y la extracción petrolera minera; continuó siendo el campo de batalla del siglo anterior, pero esta vez, con un ejército unificado y entrenado militarmente por las potencias imperialistas. Entonces, la lucha tomó otra dirección; ya no se dio entre las fracciones de la oligarquía por definir su hegemonía y usufructo del dinero público, sino contra los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, quienes recibieron el bautizo de sangre relatado en Cien años de Soledad, en la inolvidable masacre de la zona bananera de Macondo de 1928, cuando más de tres mil trabajadores de la empresa bananera Yunai Fruit company fueron ametrallados por el ejército Colombiano al mando del general Cortes Vargas.


Igual bautizo de sangre, recibieron poco después los trabajadores petroleros de la tropical oil company en Barranca, los braceros y bogas del rio Magdalena, y los campesinos especialmente los jornaleros de la región andina que pedían reformas en el campo y que nunca llegaron. Por el contrario, cada solicitud popular fue respondida con las armas y el endurecimiento represivo de los gobiernos bipartidistas, hasta desembocar en 1946, en la dictadura liberal conservadora del falangista Ospina Pérez, quien como parte integrante de la naciente política norteamericana de la guerra fría contra el comunismo, inició el ciclo de la violencia bipartidista, cuyo momento culminante es la ejecución en Bogotá por parte de los servicios secretos de los EEUU, del gran dirigente popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Fecha desde entonces convertida, en un símbolo imborrable de la movilización popular y social en Colombia. 
Este ciclo de violencia bipartidista se prolongó hasta 1957,c77uando el liberal maltusiano Lleras Camargo y el falangista conservador Laureano Gómez, firmaron el pacto de Sitges en Cataluña, para detener aquella orgía de sangre y despojo, pero sólo cuando ya se había logrado el objetivo maltusiano de eliminar más de 300 mil pobladores agrarios y se había realizado el despojo de cerca de 14 millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia, para dedicarlas a la renta parasitaria de la ganadería extensiva, con el ideal de que cada vaca debía tener una hectárea de tierra para pastar, y bajo la consigna eficiente de que sin guerra no hay tierra.
 

Sin embargo, una crisis tan gigantesca que se intentó resolver con un pacto en las alturas del Poder bipartidista, continuó sus efectos arrasadores en la base social, y aquella violencia sectaria entre el pueblo raso dividido arbitrariamente entre liberales y conservadores, hizo brotar en él la conciencia de clase, tornándose en una lucha de resistencia al exterminio ejercido desde el Poder central contra los trabajadores, especialmente agrarios. Entonces la guerra sectaria entre pobladores liberales y conservadores, se trasformó en una guerra oficial contra el pueblo trabajador, revestida de guerra contra el comunismo, azuzada y apoyada abiertamente por el Pentágono estadounidense. 

Así fue como los bombardeos masivos, iniciados en 1954 por el dictador conservador Rojas Pinilla contra algunas regiones agrarias como Villarica y el Sumapaz, donde existía alguna influencia del partido comunista; diez años después, en 1964, dieron paso a los bombardeos del Plan Lasso ( Latin American Security Operation) elaborado en la embajada de los EEUU en Bogotá, con el objetivo militar de exterminar las imaginarias “republíquelas independientes” de Marquetalia, Riochiquito, el rio Pato y Guayabero señalizadas por el hijo de Laureano Gómez y que para capricho de la historia, daría origen al movimiento de resistencia campesina que un año después, en 1965, se convertiría en las hoy conocidas FARC-EP; mientras que simultáneamente surgirían en la región del Carare el ELN, y en el alto Sinú el EPL. 

Desde entonces hasta hoy, abril de 2013,cada uno de los gobiernos bipartidistas de Colombia no ha intentado resolver el conflicto así gestado, sino más bien, ha utilizado una política invariable de obligar por las armas la insurgencia guerrillera a que negocie su rendición, mientras administra el conflicto armado y lo usa para expandir el llamado mercado nacional por toda la geografía del país, es decir para desarrollar y ampliar el capitalismo dependiente, mediante el lucro producido por el despojo y la acumulación permanente de capital multinacional, incluso introduciéndole desde la década de los 70 del siglo pasado, los gigantescos capitales ilegales provenientes de las bonanzas del narcotráfico.


Por ejemplo, con la llamada ventanilla siniestra en el banco de la república de los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala, o en 1994 eligiendo presidentes financiados por este capital narco. Pero fundamentalmente, para aumentar la dependencia de todo tipo y en especial la dependencia militar al Imperialismo norteamericano, que en la actualidad posee 9 grandes bases militares en territorio Colombiano, con el fin geoestratégico de continuar adelantando, bajo otros disfraces y con otros nombres,
el Plan Colombia /Iniciativa Regional Andina. 

La palabra DDR, aquí ya no significa la malhadada experiencia europea de la Deutsche Democratische Republik, sino la política de Desmovilización Desarme y Reinserción de la guerrilla, que como una obsesión política invencible, ha tenido la clase dominante y dirigente de Colombia durante los últimos 35 años de conflicto, pues en los 14 años que van de 1965 a 1978 , no se utilizó por los gobiernos del llamado Frente Nacional ninguna estrategia de paz diferente al control militar del Orden Publico, reforzado con la estrategia paramilitar recomendada por escrito en 1960, por la misión del US Army en Colombia, comandada por el general Yaranborough, como bien lo ha documentado el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

Demos entonces una mirada a vuelo de pájaro, de los llamados procesos de paz realizados por los sucesivos gobiernos de Colombia a partir de 1978, hasta hoy, para entender cómo,
la política de paz implementada por la clase dominante y dirigente del Estado colombiano, categorizada con el concepto sociológico de oligarquía latifundista y financiera trasnacionalizada; ha consistido simplemente en desarrollar ex profeso, un modelo inflexible e ineficaz de resolución de conflictos sociales, que se reduce a la elemental táctica política de anteponer frente a las organizaciones guerrilleras, un laberinto insoluble de aparatos burocrático jurídicos de Estado, encaminados únicamente a lograr su Desmovilización Desarme y Reinserción o (DDR), con el fin de evitar realizar las necesarias trasformaciones sociales que son la base del conflicto, lo alimentan y lo reproducen, logrando de contramano eludir su responsabilidad social e histórica como clase gobernante, para endosársela a la guerrilla bajo la pérfida sindicación de que estas no desean ninguna paz y mienten, cuando hablan de paz. 

1978-1982. Gobierno de Julio César Turbay Ayala 

Por recomendación del ex presidente liberal Lleras Restrepo, Turbay Ayala, conocido como el presidente del estatuto de la seguridad nacional, instaló a fines de 1981 un Comité de Paz ad hoc, conformado por monseñor Revollo a nombre de la Iglesia católica, el comandante de las Fuerzas Militares Forero Delgadillo, y representantes del poder presidencial como Agudelo Ríos, para que estudiara la situación de orden público y formulara recomendaciones con el fin de aclimatar la paz y crear un ambiente favorable para que los guerrilleros se acogieran a la constitución colombiana. El presidente Turbay rechazó las recomendaciones de esa comisión argumentando que desmoralizarían al Ejército y, la comisión se desintegró con pena y sin gloria 

1982.1986. Gobierno de Belisario Betancur Cuartas 

Belisario quien subió a la presidencia criticando las torturas militares y demás excesos represivos de su antecesor Turbay, cometidos al amparo del estatuto de la seguridad nacional; inició una política “social-conservadora” de una paz idealizada e improvisada, sin contar con la quinta columna existente dentro de su gobierno, a quienes se limitó a llamar “enemigos ocultos de la paz”, pero quienes al final resultaron triunfadores. En septiembre de 1982 instaló una comisión de paz asesora del gobierno nacional con 40 celebridades colombianas, entre quienes se destacaba la ascendente estrella de Noemí Sanín, quien hoy, 31 años después, ostenta orgullosa un pasaporte del Estado español. 

Dicha comisión tenía como principal “presentar al ejecutivo y demás ramas del poder público, las alternativas de acción dignas de estudio, para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria, que los espera”. 

4 meses después, Betancur nombró 4 altos comisionados de paz, uno de la iglesia católica, otro de las fuerzas militares, un tercero del gobierno y el último del sector empresarial privado, además de una consejera de asuntos de paz, con el fin de que sirvieran de canales de comunicación entre él, y la comisión asesora de paz.

Pero más pronto de lo esperado, brotaron las típicas contradicciones de los dominantes colombianos por el dinero para la clientela electoral, y el director de la comisión Morales Benítez debió aclarar que: “la comisión no maneja dineros, no realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de la rehabilitación; quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de rehabilitación son los altos comisionados; ellos son los gerentes de paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante”.

Pese al avance de la estrategia paramilitar del Estado que se venía implementando desde 1960, tres meses después Morales Benítez debió hacer aquella dramática y conocida declaración de “los enemigos agazapados de la paz, quienes por fuera y por dentro del gobierno tratan de impedir la paz. Contra esas fuerzas reaccionarias que en otras épocas lucharon como hoy con sutileza contra la paz y lograron torpedearla”. Pese a esta dificultad, el gobierno Betancur, en marzo de 1884, logró firmar con las Farc los acuerdos de la Uribe, que un año después darían origen al partido político Unión Patriótica. Y para darle cumplimiento a los acuerdos, un mes más tarde crea otra comisión nacional de verificación. 

El nuevo aparato burocrático para la DDR, continuó en expansión a pesar del ambiente de zozobra e incertidumbre creado por la quinta columna enemiga de la paz, y entre julio de 1984 a noviembre de 1985, fecha en que el grupo guerrillero M-19 se tomó el palacio de justicia de Bogotá. Entonces se creó otra nueva comisión nacional para negociar con el M19, el EPL y el ADO, junto con más diez 10 subcomisiones de dialogo nacional, y se conformó otra comisión de paz, dialogo y verificación como remplazo de las demás comisiones que venían funcionando. 

Con la quema del palacio de justicia en noviembre de 1985, los enemigos agazapados de la paz endurecen su oposición a las iniciativas del gobierno Betancur, y la ofensiva exterminadora contra los desmovilizados y militantes de la UP adelantada por aquellas fuerzas reaccionarias ocultas, pero ya estructuradas como una herramienta paramilitar del Estado, se configura una sin salida. Sin embargo, Betancur insiste y logra mejorar un poco el ambiente político en favor de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985, con dos destacamentos del ELN y la prórroga de los acuerdos de marzo del 86 con las FARC. Finalmente la comisión empieza a desgranarse como una mazorca de maíz con la renuncia paulatina de sus miembros, y el 5 de agosto de 1986, el presidente debe oficializar la desintegración de la misma.

1986-1990 Gobierno de Virgilio Barco Vargas 

Durante los 4 años del gobierno liberal de Virgilio Barco, se dan dos hechos fundamentales: uno, se desarrolla gran parte del plan de la inteligencia militar llamado Baile Rojo con el que se exterminó a la Unión Patriótica y dos, los narco-para-traficantes hacen irrupción pública. Sin embargo, la política de DDR de Barco, aunque fue bastante más simple que la de su predecesor, también fue rica en aparatos jurídicos y comisiones. 

El ministro del interior Cepeda Ulloa, aclaró el trabalenguas presidencial de la siguiente manera: “el presidente Barco dijo, no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz. No creemos en esa ilusión, aquí lo que vamos es a lograr normalizar la situación”. En efecto, en agosto del 86 se conforman dos aparato jurídico políticos paralelos denominados, consejería para la reconciliación normalización y rehabilitación, y el plan nacional de rehabilitación. Pardo Rueda, actual ministro de trabajo del gobierno Santos, en aquel entonces director de esa consejería, complementó la sutil política oficial de paz de Barco de la siguiente manera: “Se trata de omitir la palabra paz y reemplazarla por tres largos conceptos: reconciliación, normalización y rehabilitación, desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla solo con diálogos con la guerrilla”.

1990-1994 Gobierno de César Gaviria Trujillo 

César Gaviria, antiguo ministro de gobierno del gobierno Barco, dio continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz del anterior gobierno, con una ligera modificación: el modelo DDR negociado con el M–19 y concluido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se convirtió en el ejemplo inflexible a seguir durante toda la administración Gaviria. Por ejemplo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes (9 de diciembre de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon “casa verde”, lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por la vía militar cualquier posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con los demás que aún formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo dos nuevos aparatos burocráticos se conformarían para enfrentar la reacción guerrillera: la consejería presidencial para la defensa y la seguridad nacional a cargo del ascendente burócrata Rafael Pardo Rueda, y la consejería presidencial para Medellín a cargo de la luminosa María Emma Mejía.

En 1991, después de un accidentado proceso político a favor de un dialogo por la paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; el gobierno Gaviria se vio forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz en Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (Méjico). Como respuesta administrativa, Gaviria nombró como responsable de las mismas a Jesús (chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de 1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien 4 meses después y de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, dio por terminadas las conversaciones de paz. 

Durante el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno Gaviria conformó como complemento la comisión consultiva para el Orden Público, y el famoso carrusel burocrático de la paz liderado por Bejarano, conformado por una pléyade de asesores oficiales, todos hoy vigentes como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary, Gonzalo de Francisco, Eduardo Díaz Uribe y José Noé Ríos, entre otros.

Para fines de 1991, el gobierno Gaviria logra acuerdos de DDR con el EPL, el PRT y el Quintín Lame, y para vincular al empresariado privado en tal gestión, creó en septiembre 1991, otra comisión asesora de reinserción dirigida por el actual miembro del equipo negociador de Santos Ricardo Santamaría, para que articulara con el propio presidente Gaviria, el aporte privado a la reinserción. 

En noviembre de 1993, se restructura la consejería para la paz a cargo de Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria hasta el final de su mandato, concretando acuerdos de DDR , con la Corriente de Renovación Socialista, las milicias de Medellín, y el Frente Francisco Garnica del EPL. La política gubernamental de la DDR, había obtenido un claro aunque parcial triunfo al haber desintegrado la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y reinsertado gran parte de sus integrantes. Solo continuaron resistiendo en armas las Farc –EP, el ELN y una pequeña fracción del EPL. 

1994.1998 Gobierno de Ernesto Samper Pizano 

El gobierno de Samper Pizano, da otro desarrollo burocrático de la DDR. Buscando aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo del financiamiento electoral por el narcotráfico llamado proceso ocho mil, Samper nombró a Carlos Holmes Trujillo, conocido jefe político de la derecha liberal como alto comisionado para la paz, debiendo aclarar posteriormente en otro decreto presidencial, que este cargo estaba dentro de la consejería presidencial para la paz bajo la dirección de José Noé Ríos. 

Además, conformó otra instancia de carácter consultivo: la comisión de acción para la paz, encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su gestión; la cual ampliaría y dejaría establecida a través de la Ley 368 de 1997y reforzaría con la creación del fondo de programas especiales para la paz, o cuenta del departamento administrativo de la presidencia, destinado a apoyar financieramente las funciones del alto comisionado para la paz.

Samper, considerando insuficiente todo el anterior aparataje DDR, estructuró en julio de 1995, una nueva comisión facilitadora de paz para la reinserción del pequeño residuo del M-19 llamado Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador Arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de gobierno del Cauca, el rector de la Universidad Libre de Cali, junto al ex-combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de los cuenta-chistes en televisión, Alfonso Lizarazo. 

Y para a agosto del 95, con participación de la iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación, organizó otra nueva comisión de conciliación nacional, integrada por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos y representantes de los medios de comunicación para que ayudaran en el asunto de la paz.

Por si fuera poco, en Julio de 1998, luego de la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, Samper creó el comité operativo preparatorio de una posible convención nacional con el ELN, y junto a este comité operativo, actuó el comité nacional de paz.

Por último, en abril de 1995, el presidente Samper creó la comisión facilitadora de paz de Antioquia, por decisión de la gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este hecho, porque esa fue la primera iniciativa DDR de tipo regional en la que el gobierno central daba autorización a una gobernación departamental, y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría 10 años después, con la DDR de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.

1998-2002 Gobierno de Andrés Pastrana Arango 

Sin grandes variaciones, Pastrana continuó la lógica de los aparatos burocráticos jurídicos para la DDR, nombrando a Víctor Gumersindo Ricardo, como alto comisionado para la paz en la consejería presidencial para la paz, junto a Camilo Gómez Alzate como su secretario privado y poniendo en funcionamiento el consejo nacional de paz, junto con el comité nacional de paz.

Pastrana con el compromiso hecho al presidente de los EEUU Bill Clinton, para adelantar el Plan Colombia elaborado en 1997 en EEUU, y en pleno auge del narco- paramilitarismo, pasó de la fase exploratoria con la guerrilla de las FARC –EP, a iniciar el proceso de diálogo y negociación que denominó “negociar la paz con las FARC medio de la guerra”. Decretó en noviembre de 1998, la denominada zona de distensión del Caguán y concentró los esfuerzos presidenciales e institucionales en la constitución de la mesa nacional de diálogo y negociación y en un comité temático nacional. 
El 7 de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos, designó como negociadores gubernamentales a Víctor Gumersindo Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola. Y bajo la coordinación del gobierno, conformó el comité temático nacional con reconocidos narco- para políticos como Pomárico y Pinedo Vidal. 

El 4 de julio de 1999, cambió el equipo negociador inicial para conformar un segundo, con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del 2000, Pastrana aceptó la renuncia de Víctor Gumersindo Ricardo y nombró en su remplazo, como nuevo alto comisionado para la paz, a su secretario privado Camilo Gómez Alzate. Sin embargo, después 4 meses de difíciles diálogos, el 6 de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC EP lograron firmar y protocolizar los 12 puntos de la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado en Colombia, se firmaba y legalizaba por ambas partes el primer documento de Estado: una Agenda y básica para una salida política al conflicto interno de Colombia. 

El proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y militares de todo tipo, y en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer equipo para las negociaciones con participación del partido liberal y la Iglesia católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa. En noviembre de 2000, se crea como órgano asesor y consultor del gobierno, el frente común por la paz y contra la violencia, integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa Uribe, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, y los actuales encarcelados Ciro Ramírez, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

Después de varios congelamientos, a inicios de 2001, Pastrana y Marulanda lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos, reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, e invitar a la comunidad internacional. Además de común acuerdo conformaron la comisión de personalidades (también conocida como de los notables) con el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. 

En abril del mismo año Pastrana creó la comisión de países facilitadores para el proceso de paz, integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y en abril, se inician en el Caguán las denominadas audiencias públicas. Finalmente, el 3 de junio de 2001, el Gobierno Pastrana anunció un nuevo y cuarto equipo negociador con las FARC-EP nombrando a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al alto comisionado Camilo Gómez y un nuevo comisionado adjunto para la paz Luis Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase del proceso del Caguán, y cuyo accidentado desarrollo en medio de la guerra, terminó con su rompimiento el 20 de febrero de 2002, motivado por uno de esos hechos de guerra y sin haber desarrollado ningún punto de los pactados en la agenda de 1999.

2002-2010 El octienio de Álvaro Uribe Vélez 

Desde antes de su elección como presidente y una vez posesionado en 2002, Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los llamados por él “grupos armados ilegales”. Ninguna insurgencia aceptó una rendición, solo aceptada por los narco paramilitares de las AUC, con quienes se venía negociando como se dijo desde 1995, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia.

El extraño aparato burocrático jurídico para la DDR de los narco paramilitares, legalizado con la ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y paz, fue conducido por el hoy prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, pero siempre estuvo orientado directamente por el presidente Uribe Vélez y, tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó únicamente a extraditar a los EEUU a los principales jefes narco para militares, acusados no de crímenes de Estado sino de narcotráfico, sin estructurar una política gubernamental de paz para todo el país.

2010 a la fecha. Gobierno de Juan Manuel Santos 

Apoyado por el apabullante aparataje político militar y mediático, creado por el gobierno estadounidense con el Plan Colombia, durante el octienio de Uribe Vélez, su ministro de defensa J M Santos resultó elegido en 2010. En su discurso de posesión Santos plantea una política DDR ambigua, insinuando que él tenía en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un eventual proceso de paz con las guerrillas, y dando a entender que había centralizado totalmente bajo su responsabilidad inmediata, el asunto de la paz en Colombia, sin delegaciones en comisiones nacionales ni otros aparatos burocrático jurídicos de Estado como los que se venían creando en las administraciones precedentes. Después de haber dado muerte a dos miembros del secretariado, jubiloso anunció la cárcel o la tumba, como únicas condiciones que tenía la guerrilla para su rendición, desmovilización y reinserción. 

Mientras en paralelo y haciendo honor al legalismo santanderista característico de su clase social hasta aquí expuesto, empeñó todos sus recursos políticos en llevar al congreso de la república los principales lineamientos de su “locomotora neo-liberal para la paz”; que resultó convertida en una cascada de leyes presentada como Marco jurídico integral para la paz, y que contiene la reforma a la justicia, la justicia transicional, el fuero para el estamento militar, el código penal, el código minero, la reforma política, la reforma a la salud y, la ley de restitución de tierras; aspecto este último, que le ha granjeado la oposición radical del sector del rentismo latifundista y ganadero pre-moderno, ligado al narco paramilitarismo, opuesto visceralmente a cualquier proceso de dialogo con la insurgencia.

Como todo parece indicar, la guerrilla de las FARC- EP logró superar los golpes militares recibidos en el secretariado y adaptarse a la nueva situación fluida de guerra contrainsurgente tecnológica. Este hecho, sumado a los cambios democráticos y progresistas dados en América latina y el Caribe, junto a la creciente y masiva movilización popular en el interior de Colombia, han hecho recapacitar, parcialmente, al gobierno Santos en su empeño de DDR y, considerar seriamente una posibilidad distinta a la solución militar de exterminio de la insurgencia, tradicionalmente compartida por toda su clase social. Lo cual ha aumentado el encono en contra suya, por parte de los enemigos agazapados de una paz para Colombia. 

Con esto, el 04. 09.2012, Santos comunicó oficialmente, que después de 6 meses de contactos discretos con la dirección de las Farc –EP, había logrado firmar un acuerdo para la terminación del conflicto colombiano, conocido como la agenda de la Habana. Proceso actualmente en desarrollo en medio de la criminalización de la protesta social y el creciente accionar paramilitar, y enmarcado dentro del erróneo concepto pastranista de adelantarlos en medio de la guerra. No obstante, ambas partes anuncian haber logrado acuerdos sustanciales en cuanto al primer punto, es decir el problema agrario colombiano, verdadera madre del cordero. 

Pero, también hay que decirlo. Tal como lo venimos relatando, tantos años de guerra contrainsurgente y de terrorismo de Estado vigente e impune, han sumido a Colombia en una tremenda y casi insuperable crisis humanitaria, semejante a la de Sudán, pero potenciada por los efectos de la crisis civilizatoria global. Claro que como también se ha dicho, Colombia no está en el desierto del Sahara, sino en una rica esquina geoestratégica de Suramérica y el Caribe.

Terrorismo de Estado actuante, vigente, sonante, e impune, implementado consiente y planificadamente por un Estado reconocido legalmente por la comunidad mundial de naciones, que no puede igualarse jurídicamente con los crímenes cometidos en medio de la guerra por cualquiera organización ilegal perseguida por ese Estado. Y que de no superarse inmediatamente, continuará siendo como ha sido advertido por múltiples organizaciones humanitarias, una gran amenaza para la paz en Colombia y de la región, pues de no desmontarse completamente la paz será peor que la guerra. 

Dada la trascendencia que este engendro tiene para el futuro de Colombia; voy a referirme así sea someramente, dando algunas de las pocas cifras oficiales que se pueden entresacar de entre la maraña estadística existente y que ha tornado caótica su comprensión.

Cifras oficiales que todos sabemos están “pordebajiadas” (como decimos los colombianos) pero que alcanzan a mostrar el tamaño del engendro, gestado y construido a conciencia, desde hace más de medio siglo por la clase dominante y dirigente de Colombia con la ayuda invaluable del pentágono estadounidense. 

El 01 de enero de este año, la fiscalía de Colombia informa que ha logrado documentar, entre junio del 2005 y diciembre del 2010, es decir durante el octienio de Uribe Vélez; 39. 546 acciones criminales del Terror del Estado, realizadas con la complicidad de 1.124 políticos. 1.023 militares y 393 servidores públicos, y que arrojan los siguientes datos macabros: 173. 181 fusilamientos. 1597 masacres. 34. 467 desapariciones forzadas. 3.9 24 fosas comunes exhumadas, con 4.809 cadáveres. 74.990 desplazados que se suman a los (6) seis millones de desplazados internos existentes. 3.000 (tres mil) falsos positivos la mayoría en la impunidad, y 12. 000 militares investigados por la justicia, para quienes se aprobó una ley de fuero militar. Y en las mazmorras del régimen se pudren 8. 000 prisioneros políticos.

Pero no es solo en el gobierno de Uribe Vélez. El colectivo por la paz con justicia social, informa que, durante el primer año del actual gobierno de Juan Manuel Santos, es decir entre agosto del 2010 y agosto del 2011, se ha logrado establecer el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios de la restitución de tierras, 28 sindicalistas de la CUT, y 50 opositores políticos. 

Datos que como lo dije, confirman la tendencia gubernamental para criminalizar la protesta social opositora y, lo más importante, que la estrategia paramilitar del terror del Estado, llámese Convivir, Autodefensas Unidas de Colombia, o Bandas Criminales Bacrim, sigue actuando impunemente, y frente a lo cual, los convoco desde ya con el más amplio sentido internacionalista de Simón Bolívar, a desplegar una ilimitada solidaridad militante para que el pueblo trabajador colombiano logre definitivamente una Solución Política al histórico conflicto social armado y pueda construir una verdadera paz democrática, con justicia social y soberanía, de la cual deben formar parte esencial e insustituible las otras dos insurgencias del ELN y del EPL. 

Muchas gracias y discúlpeme el haber abusado de su paciencia.


(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166799&titular=del-estatuto-de-seguridad-nacional-a-la-soluci%F3n-pol%EDtica-del-conflicto-interno-colombiano-

 

Advirtamos que en medio de tanta guerra del bloque dominante contra los trabajadores y pueblos de Colombia las elecciones parecen traer la paz y el equilibrio. Pero:

 

 

Frente a la crisis institucional que se ha acumulado…

Diálogo nacional y acuerdo sobre lo fundamental

29 de junio de 2018

Por Fernando Dorado (Rebelión)

Los resultados de las elecciones en Colombia muestran un panorama bastante particular y paradójico. Las cifras obtenidas (10,4 millones de votos para Duque y 8 millones para Petro) crean la apariencia de una gran fuerza, pero si se observa en detalle, la debilidad y precariedad es evidente, mucho más en el campo del “ganador” pero también en el del “perdedor”.

 

 

Duque sabe que no tiene la fuerza y legitimidad moral para encabezar a la Nación y que ganó con un mandato basado en detener a Petro. El candidato de la Colombia Humana es consciente que no es la única cabeza de la oposición y que la fuerza acumulada es para impedir la dictadura (“legal”) de Uribe. El primero no puede gobernar con fluidez mientras el segundo se puede diluir siendo solo oposición. En tanto, la gente sufre las consecuencias de la crisis institucional que vive el país a todos los niveles. Muchos se preguntan… ¿No hay nadie que piense en grande?

Las fuerzas corruptas y guerreristas están acorraladas pero tienen la capacidad de conducirnos a un infierno como siempre lo han hecho; las “ciudadanías libres” los derrotaron en la primera vuelta (27-M) pero no construyeron la cohesión para derrotarlos de verdad en la segunda (17-J).

Duque acogió obligado las principales propuestas de Petro y ahora no sabe cómo “bajarse” de ellas. La continuidad del fin negociado del conflicto armado y la consulta contra la corrupción lo tienen contra la pared. No sabe cómo satisfacer el hambre de venganza de los uribistas extremos, no puede defender de frente a los corruptos, y está comprometido en garantizarle impunidad a su “jefe” (Uribe). Ya imagina los innumerables conflictos que va a tener cuando incumpla todas sus promesas. Está sentado en una “vaca loca” que puede incendiar este país en cualquier momento.

Petro en forma forzada tuvo que bajarse de algunas de las propuestas que iban a “cambiar la historia de Colombia”; entre ellas, la de la “Constituyente Territorial” que convocaría a amplios sectores de la sociedad colombiana excluidos de la participación política y que no creen en el establecimiento oficial. Tiene el reto de mantener la dinámica de movilización popular logrado en la campaña electoral y, por ello, apoya la consulta anti-corrupción, debe diseñar un modelo de oposición que unifique a los sectores alternativos y ayudar a conquistar numerosas alcaldías y gobernaciones que –supuestamente– serán fundamentales para la disputa presidencial de 2.022.

Lo grave para la Nación es que la cantidad de problemas acumulados no dan tiempo. La reincorporación de los ex-combatientes tiene grave problemas; crecen las áreas de cultivos de uso ilícito; los grupos armados ilegales siguen asesinando dirigentes sociales y a desmovilizados; la situación fiscal del Estado no es la mejor; el “proceso de paz” está hecho trizas, y a pesar de los resultados electorales, no hay credibilidad ni confianza entre la sociedad en su conjunto. Santos destruyó los acuerdos a punta de remiendos y se requiere un acuerdo nacional para poder avanzar. Es decir, es hora de negociar con Uribe, único camino para construir reconciliación.

La ley de perdón y olvido (o de “borrón y cuenta nueva”) que nadie quiere reconocer para no hacerle trampa de frente a la Corte Penal Internacional, va a tener que ser sacada de debajo de la mesa con el visto bueno de las víctimas de todos los colores y de los diversos estratos sociales. En la práctica ya está allí detrás de los acuerdos pero cada quien quiere obtener más garantías y seguridad porque desconfía de los detalles o de quién administre la justicia especial.

 

Por eso hay que coger el toro por los cuernos, llamar a todas las fuerzas políticas y sociales a hacer el “Acuerdo sobre lo Fundamental” planteado por Álvaro Gómez Hurtado en 1990 y que fue retomado recientemente por Gustavo Petro, si no queremos seguir en un tire y afloje que no trasnocha a la gente en general pero que preocupa y nos distrae de los problemas que quedaron planteados en la campaña electoral que tienen que ver con el cambio de matriz productiva, generación de empleo, cambio climático, salud y educación, reforma política y judicial, etc.

 

Es decir, existen todas las condiciones para plantear la convocatoria y realización de un Diálogo Nacional, reviviendo la idea planteada por Jaime Bateman Cayón en 1980.

 

Hay que enviarle un mensaje positivo a la Nación, mostrar que hay gente pensando en avanzar, no pretender construir la reconciliación hasta que se logre la presidencia. No se puede desaprovechar el esfuerzo realizado por tanta gente que apoyó a Duque, Petro, Fajardo, Claudia López, Robledo, De la Calle, Vargas, y todas las fuerzas y personas que participaron en la pasada campaña electoral. No podemos seguir pensando en “ellos” y “nosotros”, hay que romper los esquemas y sorprender a crédulos e incrédulos. Hay que mostrar madurez, generosidad y grandeza, sacudir el tapete y demostrar desde ahora el respeto al otro a pesar de las diferencias.

Hay que enterrar el estilo de Santos (que fue el gran derrotado de las pasadas elecciones) que a pesar de su aparente buena voluntad era obligado –por su naturaleza vacilante y las condiciones políticas reales– a echar la basura debajo de la alfombra para poder ganar el Nobel de la Paz pero nos dejó un verdadero tierrero acumulado. Hay que acabar con la falsa polarización sobre un tema que nos tiene a todos cansados y que de no resolverse nos puede conducir a una guerra más desgastante y cruel que la que ya hemos sufrido (“mexicanización” de Colombia). ¡Ya es hora!

Un diálogo nacional que permitiría convocar a todos los sectores sociales y étnicos, academia, gremios, cortes, fuerzas políticas, grupos armados y desarmados, a buscar soluciones a los temas más urgentes y destrabar el camino de la paz y la democracia. Llegó el momento de hacer las paces entre todos, incluyendo a las FARC y al ELN. En la práctica es una forma de reconocer el “empate técnico” existente que no se va a resolver a corto plazo si no dialogamos y cedemos.

La forma de convocarlo y desarrollarlo es un tema importante pero secundario. Si hay voluntad política lo haremos. Y no puede ser para solucionar todos los problemas de una vez; se requiere creatividad para construir las mínimas condiciones de la paz y la democracia. Ese es el verdadero mandato que acaba de enviar nuestro pueblo, incluyendo el problema de la corrupción.

Si nos lo proponemos, lo lograremos. Que despierten y se reactiven quienes recibieron el apoyo de la ciudadanía colombiana. No es hora de esquivar responsabilidades.

 

Blog del autor: https://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2018/06/dialogo-nacional-y-acuerdo-sobre-lo.html#.WzJuotJKjDc

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243508&titular=di%E1logo-nacional-y-acuerdo-sobre-lo-fundamental-

En consecuencia, como en la Argentina actual, en Colombia se pretende la conciliación con quienes han asesinado y condenado a mal vivir a las grandes mayorías sólo para la acumulación gran capitalista. Situémonos en "los países concebidos por la lógica global capitalista como meras ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día más con los recursos planetarios". Es perentorio que reflexionemos sobre:

 

“Capitalismo depredador, guerra y paz” (I)

Guerra y acumulación capitalista:

Semántica, cosmética y genocidio

12 de junio de 2012

Por Azalea Robles (Rebelión)

 

La paz con justicia social es un anhelo de los pueblos del mundo: sumidos en la miseria, la explotación y la represión que constituyen una guerra permanente contra el desarrollo social y la vida digna. El sistema capitalista, cuya lógica es monopolizar las riquezas en pocas manos en detrimento de las mayorías, constituye en sí mismo una forma de guerra permanente. El gran capital implementa la guerra contra los pueblos; una guerra económica que asesina cada día a 57.000 personas por hambre , el 90% de ellas son niños. Según el PNUD 10 millones de personas mueren cada año debido al hambre o las enfermedades derivadas de la malnutrición; hay en el mundo más de 925 millones de personas que pasan hambre; y se produce comida más que suficiente para todos los seres humanos [1].

Jean Ziegler expresa la dimensión de esta guerra contra la humanidad: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día. 1.000 millones de personas son gravemente invalidadas o sufren secuelas graves por desnutrición. La agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias a 12.000 millones de personas, y sólo somos 7.000 millones. No existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. El problema no es la producción sino el acceso, los precios. El hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo." [2] 

En algunos puntos del planeta esta guerra económica implementada contra las mayorías despojadas y empobrecidas alcanza su paroxismo más atroz: son los lugares en que el gran capital acelera la fase de despojo y saqueo, ejerciendo la piratería más arrolladora, respaldada por la violencia de estados que le son funcionales, por la violencia de ejércitos mercenarios, de guerras de ocupación. Este paroxismo capitalista se plasma en países como Libia, el Congo, Irak o Colombia, por nombrar algunos. En esta serie de textos trataré de plantear algunas líneas de fondo para el necesario debate que es camino hacia una paz verdadera, con justicia social. Parto desde la premisa de que el hambre es guerra; la justicia social es paz. 

1. Breves consideraciones sobre semántica y cultura de ‘aceptación del saqueo’ disfrazada de ‘cultura de paz’ 

En momentos en que las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la especie y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, y en que el complejo militar-industrial necesita cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso -y por ello las fomenta a escala planetaria-, aparece como un imperativo ético y político el análisis de las guerras de manera medular: no podemos ya contentarnos con las explicaciones postizas y seudo antropológicas de “son guerras tribales” o bien “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya naturaleza destila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios basados en esas premisas cosméticas e indolentes a ojos de la cruenta realidad de la guerra que arrastra al sufrimiento a millones de seres humanos. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de la misma, financian estos tanques de pensamiento. Sería digno de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente” financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en enseñarles a becarios provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc., la manera de ser más ‘pacíficos’, de ‘resolver los conflictos desde la civilidad’ y de ‘desarrollar una cultura de paz’, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de ‘cultura de paz’. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras neocoloniales y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la cultura de paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos y por el posicionamiento geoestratégico, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas. Sería digno de risas en una representación de teatro grotesto, pero en la realidad y para las víctimas, es algo indignante. 

Los apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘ señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta. 

Los países concebidos en la lógica global capitalista como meras ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día más con los recursos planetarios. 


2. ¿Por qué debería interesar el caso colombiano a los pueblos del mundo? 

El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: como una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema imperante. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de realidad virtual de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.  

La realidad colombiana expresa al capitalismo en su rostro más desnudo: en ella se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. Por esta razón es fundamental su conocimiento y análisis para los pueblos. Por ello también urge la solidaridad internacional en acompañamiento al pueblo colombiano. Urge el estudio de la realidad colombiana por motivos que atañen al devenir de la región, por motivos estratégicos para los pueblos en la lucha por su supervivencia, y por motivos éticos ante el gravísimo drama humanitario: cada día crece el crimen de Lesa Humanidad ante el cual el planeta no puede seguir impasible, legitimando un régimen de terror. En Colombia es tangible la fase más descarnada de la acumulación capitalista, y las estrategias represivas son acicateadas en ese laboratorio del horror. La experiencia en estas estrategias del terror, alimentada por formadores estadounidenses e israelíes, e implementada en la carne del pueblo colombiano, es asimismo exportada como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación social y contrainsurgencia a países de la región (Honduras, México, Venezuela).  Las cifras son elocuentes: los niveles de represión estatal se expresan en la existencia de 9.500 presos políticos [3]; en la eliminación física de todo un partido político: La Unión Patriótica (más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, consta ante la CIDH como genocidio político)[4]. 

El exterminio contra la oposición política se expresa en que más de la mitad del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia, denuncia la CUT: "En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical”[5].  En mayo 2012, el Tribunal Sindical Mundial condenó al estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical” [6]. La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria o campos de refugiados [7] . El despojo continúa aceleradamente ya que el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos de la minería multinacional; de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin [8]. 

El genocidio se plasma en unos niveles de desaparición forzada alarmantes: El 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [9]. El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia"en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (Medicina legal) [10]. Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado, sin embargo: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones”[11]. 

En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe [12]: tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de tan solo 5 años. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [13]. A noviembre 2011 el Registro Nacional de Desaparecidos, reportaba un total de 50.891 casos de personas desaparecidas [14]. En Mayo 2012, Yaneth Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista, ‘señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca’ [15] .   


El observatorio de DDHH de la coordinación Colombia-Europa-EEUU, expresa en mayo 2012 que hay un  continuo aumento de los casos en el país (…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. (…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país ”[16]. Hay un esfuerzo estatal para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “ El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial(…) muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)[17]. A lo anterior se suma la iniciativa del Gobierno del presidente Santos que está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.”   [18] 

La represión y exterminio contra la oposición política se plasma en el hallazgo de la mayor fosa común de Latinoamérica, detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omegadel Plan Colombia, fuerza que goza de estrecha ‘asesoría’ estadounidense [19] . 

Colombia sufre el ejércíto más enorme de la región: éste es campeón mundial en recepción de ayuda militar estadounidense, junto con Israel. La barbarie militar queda retratada en que al menos 3.345  niños y jóvenes civiles han sido asesinados por los militares para disfrazar sus cadáveres y utilizarlos en montajes militaro-mediáticos destinados a la guerra sicológica y la inyección de terror, en los mal llamados ‘falsos positivos’. Estos crímenes de estado, incentivados desde el ministerio de defensa de Juan Manuel Santos por mecanismos de recompensas, continúan en la actualidad [20]. 

La herramienta paramilitar, funcional al gran capital, sigue su accionar en coordinación con las fuerzas oficiales. Bajo el gobierno de Santos ha gozado incluso de un rebautizo con la finalidad de perpetuarla; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (BACRIM). La persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual.”[21]   

Es en base al terror que se perpetra el saqueo de los recursos con su correlativo empobrecimiento. Lo que hoy sufre el pueblo colombiano es la aplicación de un modelo extractivista minero energético, un modelo de latifundios para la agricultura industrial -principalmente destinada a agrocombustibles-, que esteriliza los suelos, envenena las aguas y extermina poblaciones. Un modelo que se basa en el despojo, y que por consiguiente genera empobrecimiento y su lógico descontento social. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 3er país con más desigualdad social del mundo [22]. Más de la mitad de la población colombiana sobrevive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres [23]. Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición [24]. 

El movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa en 2012: “ Ante la magnitud del despojo de las tierras (más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contra-reforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar. (…)   El 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57% de la gente tiene menos del 2% de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras .” [25] 

En los siguientes capítulos ahondaremos en la tenencia de tierras a nivel mundial y la escalada de compra de tierras por multinacionales, ahondaremos en la ingerencia estadounidense, con un recuento histórico, y veremos cómo las bases militares se siguen instalando pese al fallo de la Corte Constitucional, con contratos multimillonarios ya firmados de adecuación para las instalaciones. Ahondaremos en geoestrategia, planes de saqueo multinacional, infraestructuras de extracción de recursos (IIRSA); analizaremos la forma en que se le da continuidad a la estrategia de terrorismo de estado y a la herramienta paramilitar con la finalidad de la adaptación territorial a los intereses del gran
capital. Abordaremos otros puntos de ‘semántica y cosmética’ claves en la perpetuación del genocidio que viabiliza el expolio. 

NOTAS : 

Guerra y acumulación capitalista: Semántica, cosmética y genocidio 
* Este texto es la Parte I de la serie: “Capitalismo depredador, guerra y paz” 

Para acceder a las notas completas, en caso de no encontrarlas en esta publicación :  
www.azalearobles.blogspot.com


[1] 2010, PNUD: en el mundo 925 millones de personas pasan hambre. El FMI señaló que la crisis económica mundial ha motivado un retroceso en el cumplimiento de las MDM. De aquí a 2015 –año en que deberían cumplirse las MDM– es probable que aumenten en 1.200.000 las muertes de niños menores de cinco años por falta de alimento. http://www.fao.org/docrep/013/i1683s/i1683s.pdf

http://www.fao.org/news/story/es/item/45291/icode/ http://no-mas-hambre.blogspot.com.es/2012/01/fao-augura-mas-hambre-en-2012.html 
[2] 'Destrucción Masiva. Geopolítica del Hambre' , Jean Ziegler, 2012 “El hambre no es una fatalidad , es un asesinato", Jean Ziegler, ex relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y actual miembro del comité Consultivo de Derechos Humanos"el hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo" que se extiende día tras día. Diez sociedades multinacionales controlan el 85 por ciento del comercio alimentario del mundo. 
http://no-mas-hambre.blogspot.com.es/2012/05/el-hambre-como-tragedia.htmlJean Ziegler: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. Son 57.000 personas las que mueren de hambre cada día. Al menos 1.000 millones de personas son gravemente invalidados o sufren secuelas graves por la desnutrición. Los informes que dan cifras, localización y edad de las víctimas dicen que la agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias 12.000 millones de personas. Sólo somos 7.000 millones. (…) Ahora no existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. El problema no es la producción sino el acceso, los precios. En las barriadas periféricas, en Lima, Sao Paulo, Manila… donde viven 1.600 millones de personas, según el Banco Mundial en estado de extrema pobreza, las madres deben comprar con muy poco dinero la alimentación. Debido a la especulación alimentaria de los dos últimos años que hizo explotar los precios de los alimentos, el maíz aumentó un 63%, la tonelada de arroz de Filipinas un 94%, y la tonelada de trigo ha duplicado su precio. La consecuencia son los beneficios astronómicos de los hedge funds que han migrado de los mercados financieros, tras las inmensas pérdidas de los años 2008 y 2009, a las bolsas de materias primas, especulando descaradamente y legalmente con el maíz, el trigo, el aceite de palma… Y la otra consecuencia es la extensión de la miseria en el mundo. La muerte, la desnutrición progresa muy rápidamente en los barrios más pobres del mundo.”  http://www.lavanguardia.com/libros/20120527/54300351384/jean-ziegler-hambre-espana-generacion-debiles.html http://www.20minutos.es/noticia/1487418/0/ziegler/entrevista/hambre/http://www.youtube.com/watch?v=vCyHsDMJaVY [3] 9.500 presos políticos http://www.azalearobles.blogspot.com.es/2012/05/presos-politicos-entre-torturas-e.html 
[4] Exterminio física del partido político Unión Patriótica: más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, el genocidio consta ante la CIDH Plan “Baile Rojo”. Documental 
http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv 
[5] CUT: "En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” Informe CUT, 2011: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921 Informe febrero 2012, CUT:"las estadísticas no dejan de agregar muertos al triste y deshonroso récord que ocupa el país en la materia de más de 3.000 asesinatos de sindicalistas desde la creación de la CUT en el año 1986." http://cut.org.co/pdf/subdirectivas/valle/reaccionessindsuizos2012/informeddhh.pdf Renan Vega Cantor,¡Sindicalicidio! Un cuento (poco imaginativo) de Terrorismo Laboral , 2012 :   http://www.rebelion.org/docs/147552.pdf

http://www.es.lapluma.net/images/stories/documents_periodicos_app/147552.pdf Enero 2012, Alberto Vanegas, CUT: “Colombia es el país más peligroso para el ejercicio sindical. Pero también lo es para los líderes desplazados que exigen restitución de tierras, para defensores de derechos humanos y los líderes estudiantiles. Persisten las masacres, el año anterior se aumentó el 30% la incidencia de masacres en Colombia”.http://www.anthoc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3700&catid=6&Itemid=21   Informe PNUD 2011- 2012: 2.800 sindicalistas han sido asesinados desde 1984 en Colombia, la Escuela Sindical Mundial advierte que esta cifra estaría incluso sub-evaluada, y presenta otros datos. http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article34980 Hoja de ruta de asesinatos, gobierno Santos:'1 activista asesinado cada 3 días, los hechos pesan más que las palabras' lista compilada por Justice For Colombia: http://www.justiceforcolombia.org/downloads/killing-sheet-June-2011.pdf Encuentro Nacional del Departamento De Derechos Humanos de la CUT I Semestre de 2012: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1457:encuentro-nacional-del-departamento-de-derechos-humanos-de-la-cut-i-semestre-de-2012&catid=48:departamento-derechos-humanos-y-solidaridad&Itemid=112 Workers Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:workers-uniting-rechaza-asesinatos-a-sindicalistas-colombianos&catid=48:departamento-derechos-humanos-y-solidaridad&Itemid=112 Jean Ziegler. El hambre no es una fatalidad, es un asesinato: 
[6] Mayo 2012: Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad sindical, El Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al estado colombiano 
http://www.parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/sentencia-condena-al-estado-por.html “El TSM  resuelve:   Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.”   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150464&titular=el-tribunal-mundial-de-libertad-sindical-condena-al-estado-colombiano- Convocatoria del Tribunal Mundial Sindical y demanda contra el Estado colombiano: http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=523:tribunal-mundial-de-libertad-sindical-colombia&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94 TSM condena al Estado colombiano: La libertad sindical en Colombia, una farsa http://parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/informe-especial-tribunal-mundial.html
 
[7] Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos. Según CODHES más de 5 millones de colombianos son desplazados. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos- http://www.codhes.org/ 
"5,195.620 millones de personas (1039.124 hogares) han sido desplazadas a la fuerza en Colombia." En promedio cada año, unas 208.000 personas son desplazadas forzadamente. El 11,42 % de la población colombiana se encuentra desplazada de manera forzada. Más de 280 mil desplazados y 176 asesinatos selectivos en 2010: CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (20-06- 2011)
http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf 
[8] El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725&titular=las-venas-abiertas-de-colombia- 
[9] El 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá.  
 http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/tag/cifran-en-mas-de-57-mil-las-desapariciones-forzadas-en-colombia/ http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=290853&Itemid=1 http://www.argenpress.info/2011/05/escalofriante-cifra-de-desaparecidos-en.html
[10] El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, informe Medicina Legal:. 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765-NN/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/ Tribunal Internacional de Opinión; “La DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” Veredicto. Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article568 
[11] “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala un reporte de 2011 de la US office on Colombia: 
http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf 
[12] Informe Fiscalía, enero 2011: 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: 
http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120461&titular=cifras-alarmantes-de-cr%EDmenes-cometidos-por-la-herramienta-paramilitar-de-estado-y-multinacionales- 
[13] Estimación: en 20 años 250.000 personas desaparecidas; Piedad Córdoba, Madrid, mayo 2010 "Hay 250.000 desaparecidos en Colombia en los últimos años": 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106344&titular=%22hay-250.000-desaparecidos-en-colombia-en-los-%FAltimos-a%F1os%22- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104558&titular=piedad-c%F3rdoba-denuncia-la-pasividad-internacional-y-pide-que-se-condicione-el-tlc-con-europa- Desaparición, crimen del Terrorismo de Estado en Colombia: http://justiciaypazcolombia.com/50-000-personas-desaparecidas-en 
[14]. A noviembre de 2011, el Registro Nacional de Desaparecidos -órgano gubernamental- , reportaba un total de 50.891 casos (24% mujeres y 17% niñas y niños). De ese total, se presume que al menos 16.907 corresponden a desapariciones forzadas . L os demás casos inscritos no teniendo aún investigación suficiente. Los medios han manipulado la información haciendo aparecer que sólo 16.907 casos son desapariciones forzadas, cuando esa cifra revela los casos para los cuáles ha habido información concerniente a los perpetradores, los demás casos permaneciendo en la insuficiencia investigativa. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), cifras noviembre 2011. El total del Registro Nacional de Desaparecidos, reporta 64.564 víctimas, de las cuales se restaron 11.215 personas aparecidas con vida y 2.458 personas aparecidas muertas. 
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares. Fundación Nidia Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia: La desaparición forzada no es un crimen del pasado, Bogotá, mimeo, diciembre, 2011. 
[15]   En Mayo 2012: Yaneth Bautista , de la Fundación Nidia Erika Bautista,  señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca” ’,según reporta Caracol. 
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/familiares-de-los-desaparecidos-ya-no-necesitaran-dos-anos-para-adelantar-tramites-legales/20120525/nota/1694613.aspx 
  [16] Mayo 2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’, Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos: “ Presenta la situación actual de la desaparición forzada en Colombia, mostrando el continuo aumento de los casos en el país, así como la persistencia de los patrones de persecución política y control social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de oposición o de cuestionar el orden político existente .”  
http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf 
 
[17] Subregistro de la cantidad de personas desaparecidas en Colombia. Hay un esfuerzo por parte de estado para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “ El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por múltiples razones, entre ellas, la mala administración de justicia, la ineficacia de los canales y mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)” 
http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf 
El impedimento para conocer la amplitud del drama de la desaparición forzada en Colombia, tiene obvias causalidades. Además del temor de los familiares de denunciar a las fuerzas paramilitares o a la misma Fuerza Pública ante entidades estatales comprometidas con la estrategia del terror e impunidad, hay una inoperancia sistemática de la ‘justicia’ en estos casos, obstaculizando investigaciones y procesos, hay fallas repetidas en la recolección de datos, pruebas forenses, inhumaciones, testimonios… hay temor, desidia, negligencia y obstaculización. “Esas fallas se hicieron aún más evidentes en mayo de 2011, cuando el Ministro del Interior dio a conocer los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil y ese Ministerio, con el fin de cruzar las huellas dactilares tomadas a cadáveres de personas no identificadas, con las huellas de los documentos de identidad del registro nacional del estado civil. Los resultados son tan impresionantes como tristes. En total, se procesaron 22.689 necrodactilias (huellas de cadáveres) y se lograron identificar 9.968 personas, que estarían actualmente inhumadas como personas sin nombre en cementerios de distintas regiones. De ese total, tan sólo 440 personas figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los resultados fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, que se encargó de hacer cotejos dactiloscópicos, depurar los listados y oficiar a las autoridades judiciales con el fin de ubicar expedientes y los lugares de inhumación de las personas identificadas (…) en los registros de Medicina Legal sólo pudieron encontrarse 3.779 personas pues, en un número muy importante de casos, la información es confusa o inexistente, y hay fallas estructurales en la organización de los cementerios que impiden ubicar los restos de las personas enterradas sin nombre. En total, de las 9.968 personas identificadas mediante el cruce de huellas, sólo fue posible ubicar y entregar los restos de 49 personas enterradas en distintos cementerios del país.”[Ibíd.]
 
[18] Impunidad y Fuero militar impulsado por Santos: 
http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf   La ley 1448 de 10 de junio de 2011, conocida como ley de víctimas, excluyó expresamente de la definición de víctima a los “miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Eso significa que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o supuestos) que hayan sido víctimas de desaparición forzada, no serían considerados como tales y sus familias estarían privadas de los derechos a la reparación y la verdad. (…) La ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, establece una serie de previsiones que debilitan los controles sobre la acción de la Fuerza Pública y que, en la práctica, podrían facilitar la comisión de desapariciones forzadas.(…) 
El Gobierno colombiano se rehúsa a reconocer su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometen diariamente en el país. Al contrario, mantiene una posición de injerencia indebida en las decisiones judiciales, particularmente cuando afectan la responsabilidad de altos mandos militares o de altos funcionarios gubernamentales.(…)  
 
Preocupan las iniciativas legislativas del Gobierno que pretenden sustraer de la justicia a los más altos responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, de un lado, mediante la persistente propuesta gubernamental de reforma a la justicia penal militar y, de otro lado, mediante el llamado Marco Jurídico para la Paz. (…). Los fuertes cuestionamientos realizados desde distintas instancias internacionales en relación con la propuesta [de Fuero Militar] , motivaron que el Gobierno decidiera retirarla a cambio de una nueva. La actual es aún peor pues, ya no sólo reforma el fuero militar sino todo el sistema de justicia penal militar: crea una defensoría técnica militar adscrita al Ministerio de Defensa, incluyendo un fuero carcelario y la ampliación del fuero militar para instalar un fuero policial. 
[19] La mayor fosa común de Latinoamérica, ubicada detrás del batallón militar de la fuerza estrella del Plan Colombia , la Fuerza Omega, en la Macarena, departamento del Meta. 
http://www.publico.es/internacional/288773/aparece/colombia/fosa/comun/cadaveres 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99507   Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado colombiano busca alterarla: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100898 “Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009, y cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119299 [20]‘falsos positivos’: son asesinatos de civiles perpetrados por el ejército, civiles desaparecidos cuyos cadáveres son presentados como“guerrilleros abatidos en combate” en montajes militares. Estos asesinatos son denominados en la jerga militar ‘falsos positivos’, porque los militares reportan como ‘positivo’ al cadáver del opositor insurgente, y en estos casos usan a civiles que previamente secuestran. De esta manera se implementa la guerra sucia y sicológica contra la población colombiana: a través de la exhibición incesante de cadáveres en los medios masivos, la mayoría de las veces en condiciones degradantes (en bolsas negras, alineados en el piso al pie de las botas). Para que siempre hayan cadáveres a exhibir, la directiva 029 impulsa a los militares a la presentación de los cadáveres a través de un mecanismo de recompensa por cadáver presentado. Degradando la humanidad del opositor, y con la permanente exhibición de cadáveres se busca la ‘disuasión por el terror’: hay al menos 3.345  casos documentados de estos asesinatos de civiles a manos de militares; y en la actualidad se siguen produciendo estos crímenes de estado. Más de 3.000 civiles inocentes fueron asesinados por la Fuerza Pública entre 2002 y 2008. Informe sobre los falsos positivos: La guerra se mide en litros de sangre , FIDH y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos , 31-05-2012 http://www.rebelion.org/docs/150547.pdf http://falsos-positivos.blogspot.com/ Documental ‘Falsos positivos-Crímenes verdaderos’ http://www.youtube.com/watch?v=YJvLVm4l8fc&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=2wahvXNIMO8&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=nN-2HXQH7HM&feature=player_embedded CINEP, mayo 2011, informe señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Informe especial Falsos Positivos, El Cinep afirma que aumentaron las víctimas de asesinatos de civiles a manos de militares http://www.rebelion.org/docs/128090.pdf 
Mayo 2012, Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos, ‘Desapariciones forzadas en Colombia’, ‘Falsos positivos’: 
http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf “Entre 2002 y 2008, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo a gran escala en todo el territorio nacional siguiendo un patrón específico de acción. Las víctimas fueron en su mayoría personas campesinas (…) En la gran mayoría de los casos, las personas fueron sacadas a la fuerza de sus casas por el Ejército, incluso teniendo como testigo a los familiares. Siempre que se acercaron a las bases militares a preguntar por la víctima, el Ejército se negó a entregar información sobre su paradero. No obstante, el cuerpo de la persona solía aparecer posteriormente reportado como guerrillero muerto en combate, sin documentos de identidad y a menudo, en un municipio distinto.(…) La manera coordinada en que actuaron las fuerzas militares en los casos de falsos positivos, denota el carácter deliberado de los crímenes cometidos. (…) De acuerdo con los datos de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales del Observatorio de la CCEEU, se estima que entre 2002 y 2008, se cometieron 3.345 ejecuciones extrajudiciales, siguiendo este patrón. Muchos de estos cuerpos continúan enterrados como N.N. en diferentes cementerios del país, y en la práctica, se encuentran desaparecidos para sus familiares. :
 
[21] Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (BACRIM). 
http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=487:movice-anuncia-acciones-contra-encubrimiento-a-reingenieria-paramilitar-&catid=64:nacionales&Itemid=48 
[22] Colombia: 3er país con más desigualdad social del mundo 
http://www.semana.com/nacion/desigualdad-extrema/153207-3.aspx 
[23] 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres. El estudio de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo (MESEP), Pobreza y Desigualdad 2009, contabilizó ocho millones de colombianos en la indigencia y 20 millones de pobres. En las zonas rurales, de cada 100 hogares 65 son considerados pobres y 33 viven en la indigencia.  
 http://www.abpnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244... 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/informe_sobre_pobreza_e_... Colombia tiene 20 millones de pobres, el 70% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza y miseria http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso200984-colombia-tiene-20-millones-de-pobres La nueva perla del Gobierno Nacional: en Colombia aquel trabajador que gane $190.000 al mes, ya no es pobre por arte de magia en la nueva medición de la pobreza. El Colectivo de Economía de la Universidad Nacional, se propone recoger las voces de aquellos afectados directamente por esta medida. Nuevo Umbral de Pobreza en Colombia: http://www.youtube.com/watch?v=b5dd5fzkJyM   Crece polémica por fórmula para medir la pobreza en Colombia, septiembre 14 de 2011http://www.portafolio.co/economia/crece-polemica-formula-medir-la-pobreza-colombia ‘Con la vieja metodología, el ingreso máximo para ser considerado pobre era 281.384 pesos mensuales; para ser considerado indigente, era de 120.588 pesos’, ahora, por arte de magia de la nueva medición los que ganan menos de 281.384 ya no son considerados pobres, solo quien gana menos de 187.079 mensuales es hoy considerado pobre . ‘ Con la nueva medición el gobierno reduce la cifras oficiales: Los 16,4 millones de colombianos clasificados como pobres tuvieron el año pasado (2011)un ingreso individual máximo mensual de 187.079 pesos, cifra que se reduce a 83.581 pesos para los 5,4 millones considerados indigentes. Las líneas de pobreza se redujeron en aproximadamente la tercera parte con respecto a las arrojadas en el 2009 con la metodología previa.’ Las nuevas cifras excluyen a millones de colombianos del registro, invisibilizan sus carencias: ‘Señalan que el año pasado la pobreza cubrió al 37,2 por ciento de los colombianos y la pobreza extrema, al 12,2 por ciento’, obviamente cifras muy inferiores a las mediciones con la metodología anterior. "Esa cifra y ese mensaje es una verdadera ofensa para la gente pobre; y a esos asesores yo estoy dispuesto a regalarles los 190.000 pesos para que nos vayamos a Corabastos o a cualquier supermercado para ver si hacemos un mercado para cuatro personas para un mes", dijo Garzón. 2012 Pobreza en Colombia: Cifras y realidades. Cambiar la medición de la pobreza para eliminar la pobreza de las estadísticas, mientras crece en la realidad. Otro 'Falso positivo' del Santismo para mostrar buen gobierno mientras empobrece al país con la entrega de los recursos a las multinacionales y continúa el exterminio sindical y contra la oposición política. ¿ Combatir la pobreza. o esconderla? El cambio de metodologías para la medición de pobreza no soluciona la realidad de los colombianos. http://www.youtube.com/watch?v=7SaExPWWEjA 
[24] En Colombia mueren anualmente más de 20.000 niños menores de 5 años por desnutrición aguda, de cada 100 madres desplazadas gestantes 80 padecen desnutrición crónica, UNICEF
 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_

/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_.asp http://colombia.indymedia.org/news/2009/09/106455.php 

http://alainet.org/active/33960 ⟨ =es 

http://colombia.indymedia.org/news/2009/09/106455.php

Colombia, pobre entre los pobres: http://alainet.org/active/33960⟨=es

[25] El movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa en 2012: “ Ante la magnitud del despojo de las tierras (más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contra-reforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar. (…)   El 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57% de la gente tiene menos del 2% de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras .” http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:colombia-territorios-despojado-y-encarcelado&catid=50:6-de-marzo&Itemid=554 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151193&titular=guerra-y-acumulaci%F3n-capitalista:-sem%E1ntica-cosm%E9tica-y-genocidio-

 

 

Posicionémonos en " que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia."

 

 

Colombia: Declaración política de la Cumbre Agraria campesina, étnica y popular

21 de mayo de 2014

Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.

 

La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.

 

La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

 

La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.

 

Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

 

La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.

 

En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.

 

La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.

 

El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.

 

El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.

 

Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.

 

Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.

 

Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.

 

El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el sector rural.

 

El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.

 

La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.

 

La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.

 

La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.

 

Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de bloque popular.

 

Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.

Vía Campesina

Leer

 

 

Nos distinguimos de los gobiernos progresistas porque luchamos contra los extractivismos o ecocidios doblados de genocidios. Atendamos: "La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta por la actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la disminución de su tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. Estamos ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de nuestras tierras y territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera que nuestras comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy nuestros campos son utilizados para la extracción intensiva de petróleo, carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel, etc.). Para ello el gobierno implanta una infraestructura destinada a la circulación del capital al servicio de la inversión transnacional. Asimismo, se han promulgado leyes que favorecen la extranjerización de las tierras. Incluso se han conculcado aquellas que la propia legislación agraria, que tiene muy pocas cosas que benefician a nuestras comunidades, nos servían. En la actualidad el campesinado ni siquiera puede acceder a los baldíos de la nación, que eran la única posibilidad que teníamos para usar algunas tierras. Los territorios colectivos de nuestras comunidades afrodescendientes han sido invadidos por el gran capital financiero y agro-industrial".

 

 

Colombia y el Paro Agrario:

“El mundo debe comprender que

no hay paz posible sin justicia social”.

25 de mayo de 2016

A lo largo y ancho del territorio de Colombia se realizará el Paro general de la Cumbre Agraria Nacional, Campesina, Étnica y Popular desde la mañana del 30 de mayo de 2016. Para conocer sus propósitos y expectativas nos entrevistamos mediante una conexión en línea entre Santiago de Chile y Bogotá con el miembro de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos y delegado de esa organización en la Cumbre Agraria colombiana, Eduardo León.

 

Por Andrés Figueroa Cornejo

-¿Qué es la Cumbre Agraria? ¿Qué persiguen?

-La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es un proceso relativamente nuevo donde se articulan corrientes indígenas, de negros, campesinos y populares de una larga trayectoria de historia de lucha social en Colombia. Surgió en las movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 que tuvieron como objetivo confrontar a una serie de políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista actual que se expresa en el extractivismo agroexportador. Ese modelo despoja los bienes comunes de la naturaleza en los territorios históricos y ancestrales de nuestras comunidades negras e indígenas. Frente a nuestras movilizaciones, el gobierno de Juan Manuel Santos respondió con una propuesta de ‘pacto agrario’ que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras comunidades y prosiguió la agenda del saqueo. Esto nos llevó a la necesidad de avanzar de una manera más audaz y decidida en la unión y articulación popular que cuajó en una Cumbre Agraria donde convergen los procesos más importantes y grandes del país.

 

-¿Cuáles son los principales puntos que construyen la unidad de la Cumbre Agraria?

-Transformar la relación entre el campo y la ciudad en la cual existe una asimetría feroz a favor de las urbes. En nuestro campo sufrimos un atraso estructural en todos los aspectos: en la participación política, en el desarrollo económico, en materia de exclusión social. Esa brecha ha generado graves problemáticas sociales que podrían resumirse en que existe una evidente subordinación del campo a la ciudad. La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta por la actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la disminución de su tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. Estamos ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de nuestras tierras y territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera que nuestras comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy nuestros campos son utilizados para la extracción intensiva de petróleo, carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel, etc.). Para ello el gobierno implanta una infraestructura destinada a la circulación del capital al servicio de la inversión transnacional. Asimismo, se han promulgado leyes que favorecen la extranjerización de las tierras. Incluso se han conculcado aquellas que la propia legislación agraria, que tiene muy pocas cosas que benefician a nuestras comunidades, nos servían. En la actualidad el campesinado ni siquiera puede acceder a los baldíos de la nación, que eran la única posibilidad que teníamos para usar algunas tierras. Los territorios colectivos de nuestras comunidades afrodescendientes han sido invadidos por el gran capital financiero y agro-industrial. Igual cosa sucede con los resguardos indígenas que, no obstante contar con una mayor protección legal, no han dejado de sufrir el embate neoliberal. Todo ello configura un conflicto que porta causas históricas y culturales que la administración de Santos se niega a reconocer.

 

EN COLOMBIA EXISTE UN CONFLICTO INTEGRAL”

-El gobierno de Santos habla de paz para Colombia…

-Que la paz es sólo la terminación de la guerra es la idea que el gobierno insiste en vender internacionalmente, cuando el conflicto armado en Colombia tiene orígenes sociales, políticos y económicos.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde el mundo social.

 

-Paz con justicia social, desde Chile por ejemplo, no tiene relación con el relato gubernamental colombiano y el discurso del poder que pareciera dibujar una suerte de larga guerra civil restringida exclusivamente entre el Estado y las insurgencias (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – EP (1) y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (2)), como si no existiera un pueblo y una sociedad organizada distinta a las fuerzas político-militares de las FARC-EP y el ELN…

 

-Efectivamente, el movimiento social y popular colombiano caracteriza el conflicto en nuestro país como social, político y económico. Esto es, un combate estructural e histórico. Las insurgencias armadas sólo son una expresión de ese conflicto, más allá de que las causas que provocaron las insurgencias sean las mismas que nos movilizan a nosotros/as. A partir de esa consideración profunda, pensamos que el modelo de paz planteado por el gobierno de turno se trata de una paz ideada para crear las condiciones propicias sólo para una superior inversión extranjera y facilitar la depredación de nuestros recursos.

 

-¿Cómo describe la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos a la forma y el contenido del Estado colombiano?

-Como a un Estado corporativo, un Estado al servicio del gran capital y de las gigantes multinacionales que están presentes en el país. En consecuencia, aunque respaldamos las negociaciones y los diálogos entre la insurgencia y el gobierno que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las FARC-EP, y con las que se iniciarán en su fase pública en Quito, Ecuador, con el ELN, nosotros consideramos que la paz no es simplemente la terminación de la guerra.

 

LA FÓRMULA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS

-¿Qué significa la paz para ustedes, entonces?

-Reconocer que en Colombia existe un conflicto integral y que, por tanto, los movimientos sociales y populares somos un sujeto social y político que es preciso tomar en cuenta a la hora de construir una solución política a la crisis. Por eso varias organizaciones de la Cumbre Agraria estamos exigiendo nuestra participación directa, vinculante y decisoria con el gobierno.

 

-¿Como una tercera mesa de negociación y diálogo con la administración-Santos?

-No nos gusta mucho que se hable de una ‘tercera mesa’, porque pareciera que hubiera una especie de jerarquización. Preferimos hablar de un espacio complementario al de las mesas que se están adelantando entre las insurgencias y el gobierno. Nosotros nos referimos a una complementariedad autónoma respecto de las mesas de diálogo y negociación ya en curso. O sea, esa complementariedad no implica mutua dependencia.

 

-¿Y cómo han prefigurado ese espacio complementario independiente?

-Como una Mesa Social para la Paz donde se pueda instalar una agenda que permita debatir y arribar a acuerdos en torno a aspectos estructurales.

 

-¿Qué significa precisamente justicia social para la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos?

-Paz con Justicia Social significa que no es posible pensar en una paz por la que hemos luchado siempre, si no hay cambios sustanciales que nos emprendan hacia la democratización del país. Ello quiere decir varias cuestiones. Significa que se reconozca que las comunidades agrarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas podemos tomar y poner en la práctica nuestras propias visiones alternativas al sistema capitalista. En ese sentido, tenemos nuestros propios planes de vida y nuestras propias relaciones sociales, ambientales y económicas en nuestros territorios. Relaciones económicas que hoy están subordinadas al imperio del capital. Significa que abogamos y exigimos una democracia participativa y directa, donde se reconozcan nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias autoridades. En la actualidad hay decisiones que se toman a nivel gubernamental que impactan en contra de nuestras comunidades. Por ejemplo, no se respeta el derecho a la consulta previa (Convenio 169 de la OIT) ni los mecanismos de participación ciudadana y consultas populares contemplados en la Constitución.

 

-¿Qué ocurre con la soberanía alimentaria?

-No obstante, que nuestras economías propias están bastante diezmadas, podrían garantizar la mayoría de los alimentos para el país. O sea que Colombia está en condiciones de auto-alimentarse. Pero del 60 al 80 % de los alimentos son importados en el marco de los tratados de libre comercio. Una de nuestras reivindicaciones fundamentales es la soberanía alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria. Al respecto, uno de nuestros objetivos es que los alimentos sean producidos por nuestras propias comunidades. Colombia tiene una geografía y biodiversidad tan ricas, que es capaz no sólo de producir el alimento para todos/as los colombianos, sino que incluso podríamos contribuir en la alimentación de otros países, empezando por los pueblos hermanos de NuestraAmérica. Lo anterior se transforma en una disputa de proyectos de desarrollo en torno a cómo se organiza el territorio. El gobierno privilegia el extractivismo y los agro-negocios, mientras que nosotros postulamos un ordenamiento territorial fundado en la agro-ecología, la protección del medioambiente y de los recursos vitales para la humanidad como el agua. Colombia todavía es uno de los grandes productores de agua y cuenta con cuencas hidrográficas extraordinarias, aunque hoy están en grave riesgo de desaparecer debido a la explotación minera.

 

EL ESTADO COLOMBIANO EN VEZ DE CAMINAR HACIA LA PAZ, MUY POR EL CONTRARIO, ESTÁ PROFUNDIZANDO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO”

-¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido por parte del Estado corporativo colombiano respecto de sus demandas centrales?

-Desde el 2014 hemos presentado un pliego y acordado una agenda con el gobierno nacional, en el contexto de una Mesa Étnica Nacional (lugar de interlocución y negociación). Allí también pusimos un punto ligado a la construcción de confianzas alrededor de la financiación de algunas obras de infraestructura y proyectos productivos para el fortalecimiento de nuestras organizaciones, entre otros temas. Se trata de aspectos que si el Gobierno Nacional hubiera tenido la voluntad política, ya se habrían cumplido. Por ejemplo, acordamos la dotación de $1.500 millones de pesos (600 mil dólares) por año desde el 2014, pero al 2016 ni siquiera ha sido aprobado el presupuesto del 2014. Ello ilustra claramente cómo el gobierno incumple sus compromisos. De hecho, nosotros nos movilizamos y paramos desde el 30 de mayo próximo por 8 puntos bien definidos (3), y que consideran temas sustantivos que han sido sistemáticamente no cumplidos.

 

-He visto las imágenes de la implacable represión policíaco-militar en contra de las movilizaciones que ustedes han desarrollado en los últimos años (4)…

-El gobierno, al igual que lo hace con las insurgencias, ha implementado una estrategia de invasión y desgaste para hacerle el vacío a la Mesa Étnica Nacional. Asimismo, el gobierno no está dispuesto a discutir ninguna de nuestras demandas que toquen siquiera de manera mínima las estructuras del modelo neoliberal. Por ello es que hemos resuelto efectuar el Paro Agrario.

 

-¿Cuáles son las características del Paro Agrario que se inicia el 30 de mayo?

-Es de carácter indefinido y con fines políticos muy concretos. Queremos reponer nuevamente sobre la mesa las reivindicaciones que llevan incumplidas más de dos años. La administración de Santos lo único que nos ha dicho es que el modelo no va a cambiar hasta que no se cambie el gobierno. Y así pasa que los pocos bienes públicos que quedan ya están en la lista para ser privatizados; la educación dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. Lo mismo ocurre con la salud y otros derechos sociales y económicos. En consecuencia, el desenvolvimiento del proyecto capitalista del Estado colombiano en vez de caminar hacia la paz, muy por el contrario, está profundizando las causas del conflicto. En general, también perseguimos concitar la solidaridad nacional e internacional con nuestra causa para que la administración de Santos comprenda la urgencia de abrir canales de negociación, diálogo y participación con el movimiento social y popular.

 

-Y los Derechos Humanos en Colombia…

-Todo arranca desde la concepción ‘por arriba’ de la ausencia de inclusión social, económica, política y ambiental. Los efectos de la exclusión son devastadores en materia de Derechos Humanos en el país. Por abajo hay asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, judicializados por ejercer el derecho a la protesta. Muchos dirigentes y dirigentas han sido acusados falsamente de ejercer terrorismo sólo por haber impulsado los paros que realizamos el 2013 y el 2014. En este sentido, la situación de los DDHH en Colombia bajo el gobierno de Santos no es sustancialmente distinta a la que sufrimos durante los 12 años de la administración del ex presidente Álvaro Uribe. Entonces Santos busca desmovilizar la insurgencia no sólo armada, sino también al movimiento social a través de su negación reiterada de acceder a un cese del fuego bilateral solicitada tanto por el pueblo movilizado, como por la insurgencias armadas. Esto contrae un grave problema para nuestras comunidades porque bajo el supuesto del gobierno de combatir a las insurgencias armadas, se viola flagrantemente por el lado de las fuerzas estatales el Derecho Internacional Humanitario. Por eso, en tanto el relato oficial dice que estamos prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia, desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH; que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra.

 

-La lucha del pueblo colombiano se ofrece en medio de una ofensiva brutal del imperialismo norteamericano en contra de otros pueblos de NuestraAmérica, como son los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, sólo por nombrar los más trágicamente visibles. ¿Cómo evalúan semejante coyuntura?

 

-Nuestra suerte como pueblos de Colombia, es la misma suerte de varios países de NuestraAmérica. Sin duda que los gobiernos progresistas y populares del continente están padeciendo una embestida impresionante por parte del capital imperialista. Pero por otra parte y por la misma causa, también la resistencia de los pueblos se multiplica. Sin una pizca de pretensión, los pueblos colombianos estamos en pie de afirmar que hoy podemos aportar en la resistencia popular a escala continental. Por eso solicitamos la solidaridad internacional. Probablemente nuestra lucha y paro serán bloqueados mediáticamente y sólo contaremos con la compañía de los medios alternativos e independientes. Desde ya les aseguramos que la movilización que comienza el 30 de mayo tendrá estatura histórica. Vamos a lograr varios de los objetivos que nos hemos impuesto. El movimiento social y popular colombiano se está reactivando y radicalizando, llegando al punto de poder exigir.

Notas
1. 
http://www.pazfarc-ep.org/
2. 
http://www.eln-voces.com/
3. 
http://www.resumenlatinoamericano.org/...
4. 
http://kaosenlared.net/...

Fuente: http://www.anred.org/?p=56515

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Recordemos la negociación de Chávez con Santos para la aceptación del gobierno de Honduras surgido por golpe de estado y para la reincorporación de Honduras a la OEA. Es situarnos en qué democracias rigen sobre Nuestra América con independencia de si son gobiernos progresistas o neoliberales. Esto explica que los presidentes de UNASUR considerasen como par a Álvaro Uribe primero y luego a Juan Manuel Santos de Colombia.  

 

Cuando Chávez aísla al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) uniéndose a Juan Manuel Santos y a Porfirio Lobo estaba:

 

 

La segunda fase del Plan Colombia en acción

29 de marzo de 2008

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

Es muy probable que el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantesco presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Colombia.

Más allá de las declaraciones, todo indica que la segunda fase del Plan Colombia no estará dirigida hacia lo que declaran sus promotores, como ya sucedió con la primera fase. Un buen ejemplo es lo que viene sucediendo con los cultivos de coca. Es cierto que el volumen de cultivos parece haber disminuido en Colombia, pero se mantiene estable en los últimos años, y en una década las exportaciones de cocaína a Estados Unidos no han decrecido y registraron un récord en 2007. Según diversos análisis, lo que está sucediendo es una difusión de los cultivos a otras regiones y a otros países. Más aún, las técnicas de los exportadores se vienen perfeccionando con la construcción de decenas de semisubmarinos que pueden transportar hasta 12 toneladas de cocaína cada uno. La Guardia Costera estadunidense informa que este año espera capturar hasta 120 submarinos de los narcos frente a los 23 capturados en los últimos años. La proclamada guerra contra las drogas es un fracaso inocultable.

Por otro lado, la prensa colombiana informa estos días que los paramilitares están de retorno luego de unas breves vacaciones. El grupo más activo se denomina ahora Águilas Negras. Cuenta con unos 4 mil efectivos procedentes de paramilitares que no se acogieron a la desmovilización auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe y por nuevos efectivos reclutados por los narcotraficantes, con los cuales estos grupos tendrían especial afinidad. Días atrás lanzaron amenazas de muerte contra los movimientos sociales convocantes de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo. Una parte considerable de esos grupos actúa cerca de la frontera con Venezuela.

Respecto de la guerrilla, aunque debilitada está lejos de ser derrotada, y aunque ha sido duramente golpeada en varias regiones, su principal retaguardia, en las selvas del sur, se mantiene intacta. Ahí fracasó estrepitosamente el Plan Patriota, que pretendió desalojar a las FARC de una región que conocen y controlan hace tiempo. En resumidas cuentas, el Plan Colombia I consiguió algunos resultados, pero está lejos de ser un éxito, por lo menos en función de los objetivos declarados. Sin embargo, tanto el Plan Colombia I como su segunda fase están dando muy buenos resultados en dos aspectos no declarados y ni siquiera mencionados lateralmente en la propuesta: los negocios marchan viento en popa y la desestabilización de la región ha escalado varios pasos.

En efecto, el llamado “clima de negocios” que se respira en las principales ciudades del país, que se resume en las inversiones extranjeras directas, revela que Colombia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Hoy se coloca sólo detrás de México, Brasil y Chile en su capacidad de captar inversiones. Se asegura que la mayor seguridad es lo que explica esta afluencia de capitales. En realidad, gracias a la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia hay ya 4 millones de desplazados, 10 por ciento de la población del país, que están siendo expulsados precisamente de aquellas zonas apetecidas por el negocio multinacional. Puede decirse que la política del desplazamiento forzado es funcional, y necesaria, para el aterrizaje de las multinacionales.

El Plan Colombia II pretende actuar de modo decisivo sobre las dos fronteras calientes: Venezuela y Ecuador, además de profundizar la penetración en la región del Cauca, donde opera el movimiento indígena colombiano, el único actor social capaz de plantarle cara a la guerra y a las multinacionales. Ello augura un futuro inmediato más que complejo para el subcontinente. La acción militar del primero de marzo puede ser apenas la primera de una serie destinada a desbordar la guerra interior más allá de las fronteras, siguiendo los pasos de los cultivos de coca. No se trata de una desviación sino de un efecto deseado. La política hegemónica de Washington pasa por la desestabilización de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero también por acotar las iniciativas provenientes del Mercosur. De ahí la reciente propuesta de Brasil de crear un Consejo de Seguridad de Sudamérica, que incluye sólo a los 10 países de la región.

Según el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, se trata de una iniciativa brasileña que de forma explícita excluye a Estados Unidos. La iniciativa comenzó a ser diseñada durante la crisis militar entre Ecuador, Venezuela y Colombia y se propone el control de las fronteras, la lucha contra grupos ilegales y la posibilidad de participar en operaciones de paz como las que encabeza Brasil en Haití, en la que participa un amplio contingente militar de la región. Otras versiones aseguran que la creación del Consejo de Seguridad regional fue pactado en la reciente visita de Condoleezza Rice a Brasil, ya que Washington seguiría interesado en que el país de Lula modere los ímpetus de Venezuela y Bolivia.

Aún es pronto para saber cuál de las dos lecturas es la más cercana a la realidad. Sin embargo, ya sabemos que la segunda fase del Plan Colombia está destinada a barrer con aquéllos que desde los movimientos y los gobiernos se oponen, aun parcialmente, a la política de “dominio de espectro total” diseñada por las multinacionales y el imperio.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=65259

 

 

Estamos en una agudización de la opresión y represión capitalista a los pueblos y a la naturaleza. Equivocamos el camino emancipador si seguimos restringiendo nuestro enfrentamiento al gobierno de Macri y al neoliberalismo e imperialismo de EE.UU. . El regreso del kirchnerismo será hundirnos cada vez más en la devastación de los extractivismos que es el capitalismo en Nuestra América.

 

 

América Latina en el cambio de época:

¿normalizar el estado de excepción?

23 de marzo de 2018

 Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida

  

Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina

Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.

 

 

Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

 

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

 

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

 

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.

En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

 

·         Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

 

·         Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

 

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?

El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.

A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

 

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

 

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

 

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

 

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

 

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

 

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

 

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

 

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

 

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

 

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

 

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

 

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales – como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

 

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

 

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

 

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

 

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?

Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

 

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

 

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

 

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

 

·         Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.

·         Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

 

Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

 

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

 

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

 

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

 

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.

Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.

Caracas, marzo de 2018

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.

Notas

[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[2] Pardo, Daniel. Qué es la "nueva doctrina" de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434

[3] Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html

[4] http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Extraordinaria-6298-Extension-Estado-Excepcion.pdf

[5] Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-asesinados

[6] http://pmop.ffaa.mil.hn/

[7] García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html

[8] Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal - informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&LangID=S

[9] EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terroristas-joh-barcelona-

[10] Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html

[11] Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-San-Lorenzo-tras-explosion-20180127-0030.html

[12] Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado-de-excepcion-en-morona-santiago/

[13] AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion-en-ecuador-por-mineria-ilegal-130826

[14] El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apurimac-evitar-actos-violencia-noticia-450779

[15] El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo

[16] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html

[17] Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/ ; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no-es-shock-es-el-trauma-lo-que-se-ha-estado-explotando/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239373

 

Advirtamos en qué se convierte la clase política o 'nuestros' representantes. Cristina Kirchner alardeando de haber dado origen del desarrollo de Vaca Muerta . Frente a los de Cambiemos se enorgullece de la  expansión del fracking sin importarles ecocidio-genocidio. También  "mientras se suceden declaraciones del Ministro de Hidrocarburos, sobre que Bolivia poseía una cantidad astronómica de gas shale o esquisto, la cual sobrepasaría la cantidad de reservas del yacimiento argentino de Vaca Muerta y la respuesta del ministro argentino Juan José Aranguren, ambos pensando en la competencia por el mercado brasileño; las poblaciones afectadas en el vecino país por el mega emprendimiento de Vaca Muerta en Neuquén, viven la conversión de sus hogares en zonas altamente industrializadas, perforadas, invadidas por el constante paso de camiones de alto tonelaje, y contaminadas por los químicos que usa el fracking".

 

Descubramos cómo los gobiernos progresistas coinciden con un gobierno neoliberal e impulsor del sometimiento de nuestro continente al imperialismo de EE.UU. mediante el Plan Colombia. También atendamos a alternativas desde abajo.

 

 

 

El fracking y la profundización extractivista en Colombia

8 de septiembre de 2017

 

Por medio del modelo económico extractivista por despojo que propone el gobierno nacional, el conflicto social se ve intensificado, ante la prevalencia del gran capital internacional.

 

Por Sebastián Guzmán García El acuerdo de paz firmado y en etapa de implementación con las FARC -EP es sin duda alguna un gran paso para el país, así como un beneficio para todas las personas de las regiones quienes han sufrido en mayor medida los estragos de la guerra. Sin embargo, dicho acuerdo no corresponde a la idea total de paz, no solo porque siguen existiendo múltiples actores armados, que van desde las insurgencias (guerrillas) como el ELN hasta los grupos armados como el Clan del Golfo -sin echar de menos el auge del paramilitarismo-, sino también porque por medio del modelo económico extractivista por despojo que propone el gobierno nacional, el conflicto social se ve intensificado, ante la prevalencia del gran capital internacional.

 

1. Introducción:

Junto con todo este escenario y ante la escasez internacional de petróleo, el fracking como técnica de explotación de hidrocarburos no convencional, comienza a erguirse como una alternativa para el autoabastecimiento energético del país y para la financiación del post-acuerdo -todo esto desde el discurso del gobierno central- para lo cual se han empezado a adoptar una serie de medidas jurídicas para la implementación de la técnica en el país, ante el desconocimiento total de las repercusiones de dicha técnica.

 

2. ¿Qué es el fracking? [1]

La fracturación hidráulica (fracking) es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencional que consiste en la inyección de aguas, arenas y químicos a las rocas con presencia de hidrocarburos, con el objetivo de romper esta y generar así permeabilidad que permita que la extracción pueda darse. Es decir, la extracción que se hace en un pozo convencional consiste simplemente en la perforación de la roca mediante el trépano de forma vertical y producto de la fuerza de gravedad, el petróleo saldrá de manera casi que instantánea. Por otro lado, para el caso de no convencionales, el fracking es mayormente utilizado en un tipo de formaciones rocosas conocidas como shale que básicamente es una roca generadora o roca madre, en donde los hidrocarburos se encuentran alojados, pero de forma aislada, es decir, sin comunicación o permeabilidad, de tal forma que, aunque exista petróleo o gas en dicha roca, este no podría extraerse por vía convencional dado la imposibilidad de comunicación (Ver imagen 1)

Siendo así, en un primer momento la perforación que se hace es de manera vertical al igual que para los convencionales, llegando así a un punto conocido como KOP (Kick of point) a partir del cual la perforación empieza a realizarse de forma horizontal, con el objetivo de llegar a la roca madre. Posterior a la perforación, se insertará la cañería por la que después se inyectarán los elementos y saldrá el respectivo hidrocarburo, sellándola mediante cemento, con el objetivo de que no existan fugas de ningún tipo, aunque en la realidad es que dicha capa de cemento no llegue al total de la perforación.

Luego de esto, la cañería será punzada para que así la roca pueda ser perforada con la inyección de los materiales. Una vez se inyecta el agua y los demás materiales, esta se abrirá paso por las aberturas de la cañería y romperán así la roca, de tal modo que dichas perforaciones servirán para que posteriormente mediante la activación de bombas de presión, los hidrocarburos salgan a superficie y se finalice así la explotación.

 

3. Impactos socioambientales del fracking.

La descripción que dimos con anterioridad corresponde a una explicación ilustrativa de lo que es el fracking, esto con el fin de poder entender en este apartado el porqué de las consecuencias ambientales y sociales de esta técnica, dado que el discurso utilizado por los empresarios y el Gobierno, suele carecer de dichos impactos, arguyendo que mediante la técnica y la minería bien hecha, todos estos serán totalmente mitigables, lo cual hace que la técnica sea posible de realizar en cualquier lado independientemente de sus condiciones geológicas, ecosistémicas, sociales y demás.

La utilización del fracking tiene varias consecuencias que podríamos catalogar como ambientales y sociales, pero que se encuentran directamente relacionadas. Dentro de las consecuencias medioambientales se encuentran: i) la contaminación de aguas subterráneas (acuíferos) y de aguas superficiales y; ii) la contaminación del aire, dado la cantidad de material particulado que sale producto de la explotación y la relaciones que hay con el aumento de movimientos telúricos.

Producto de lo mismo el fracking es una técnica que genera graves conflictos sociales ya que se disputa los recursos hídricos con otras actividades económicas y de vida como la agricultura o el pastoreo, además de que conlleva a trascendentales afecciones de salud para las poblaciones que se encuentran en la zona de explotación. A continuación, explicaremos de manera breve pero sustentada algunas de estas consecuencias con ejemplos reales, todo esto para tratar de advertir lo que podría pasar de implementarse la técnica en el país y de seguir profundizando en ella como lo estamos haciendo en la región.

3.1 El agua – un problema de abastecimiento.

El fracking al igual que la explotación convencional, sin duda alguna es un problema para el agua dado sus características intrínsecas. En primer lugar, porque entra a disputar las fuentes de agua a otro tipo de actividades económicas de la región como la agricultura, la pesca, el pastoreo y demás, tal como es el caso de Vaca Muerta en donde la mayoría de cultivos de uva se han secado motivo de la explotación.

Además de esto, el fracking representa una grave amenaza dado que contamina las fuentes de agua subterráneas, denominadas como acuíferos y las aguas superficiales con fugas de metano. Aunque se arguya que todo el proceso es altamente controlado, lo cierto es que la fracturación es imposible de controlar, por lo que los productos químicos pueden tomar rumbos distintos que desafortunadamente pueden llegar a aguas subterráneas, que como es el caso de Colombia, representan una gran cantidad del abastecimiento.

En 2010 la Universidad de Duke y la Universidad de Pomona, realizaron un estudio denominado “proceedings of the natural academics science” desarrollado en el estado de Pensilvania, en la formación Marchelus Shale, encontrando que la utilización de la técnica había causado la contaminación de aguas subterráneas, a tal punto que habían logrado contaminar también las aguas superiores o superficiales. De igual forma, la Universidad de Cornell, también realizó un estudio de ello con un enfoque de salud pública, enfatizando que la utilización de la técnica en un escenario de incertidumbre sería un atentado contra la salud humana. Además de estos dos casos sustentados y con acceso a ellos, existen consecuencias mucho más pragmáticas como las evidenciadas por Josh Fox en su documental “Gas land” en donde muestra como habitantes de Dimock en Pensilvania, prenden fuego al agua que sale por la llave del lavado, producto de la contaminación de esta con metano de explotaciones cercanas.

Por último , vale destacar que dada la ausencia de un verdadero mapa geológico y de aguas en el país, que nos permita saber a ciencia cierta en donde se encuentran los acuíferos y en donde sería un ecocidio la práctica del fracking, dicha técnica debe prohibirse con base al principio de precaución, dado que por nuestra geología y retomando al geólogo Julio Fierro, nuestras aguas subterráneas no se encuentran a una distancia uniforme en todo el territorio sino que su presencia ronda desde los 200 metros de profundidad a inclusive los 1500 metros [2].

3.2 El fracking y los sismos

La relación que hay entre el fracking y el aumento de los movimientos telúricos es uno de los puntos más álgidos de debate, y sobre los cuales no se ha podido llegar a una conclusión acertada, lo cierto es que una vez más la realidad nos muestra indicios que si bien como sostengo siguen estando en disputa si nos dan luces de lo que puede ser el fracking en este aspecto.

Para dar muestra de ello nuevamente nos referimos a los Estados Unidos, dado su papel de pionero en el asunto. El estado de Arkansas es una región geológicamente estable, pero que con posterioridad a la iniciación del fracking, ha sufrido cerca de 1200 temblores con un promedio de 4.9 de intensidad, y que con posterior a la finalización de la técnica dichos movimientos se redujeron en gran cantidad. [3]

3.3 Material particulado y cambio climático

Esta es una de las consecuencias menos estudiadas, pero con mayor repercusión social y ambiental. La primera y tal vez la más grave es la cantidad de emisiones de metano que produce la técnica y la contribución que esto hace al calentamiento global, dado que la técnica no solo contribuye por la constante dependencia de combustibles fósiles, sino que durante el proceso libera una cantidad de gas metano (en especial) mucho mayor que los convencionales, lo que hace que su efecto sea aún más dañino tal como lo expresa la siguiente tabla:

Además de ello, otro grave problema que trae el fracking, es que el agua que fue inyectada para la fracturación es posteriormente devuelta a la superficie producto del bombeo que se hace para la extracción del gas. Dicha agua en la mayoría de los casos y ante la falta de vigilancia por parte de la inoperancia estatal, no es manejada de forma adecuada, utilizándose para labores tan agrestes como regar las vías de acceso a la explotación, lo cual es un grave problema para la salud de la población cercana, dada la cantidad de material particulado que generó con un sinnúmero de contaminantes, que afectan gravemente la salud de los habitantes y sus animales deteriorando así la calidad de vida. Además de esto, dicha agua puede contaminar aguas superficiales, como pozos, fuentes, ríos, etc.

3.4 Fracking. despojo y conflictividad social.

Además de las consecuencias ambientales que ya hemos destacado, el fracking representa otro grave problema y es el modelo sobre el que se desarrolla. Si bien es cierto que las consecuencias ambientales serían tal vez las mismas si el fracking lo desarrollara el gobierno y no los privados (neo extractivismo), tampoco podemos entrar a defender el modelo actual sobre el que se sustenta no solo el fracking sino toda la explotación de recursos naturales, modelo que ha sido denominado como extractivista financiarizado por despojo y que como lo hemos venido evidenciando da primacía al capital trasnacional por sobre los intereses locales.

Dicho modelo, otorga un papel en la economía internacional a los países del sur, que consiste en la provisión de materias primas para el consumo de los países del norte o que podemos denominar (también bajo su lenguaje) como desarrollados, de tal forma que se genera una relación de subordinación económica y dependencia ligado la posición que se desarrolla en el mercado.

A su par, se le da un papel preponderante al capital trasnacional, al cual deben otorgársele todo tipo de gabelas fiscales, tributarias, ambientales, laborales etc., para que realicen su inversión en países del sur y puedan así extraer los recursos naturales de forma irrestricta.

Financiarizado, porque existe una relación directa entre lo que es la explotación de recursos y la especulación en torno a los mismos en aras de la mayor ganancia, y por despojo, dado que no existe un interés por aquellos quienes habitan el territorio, sino que en aras del “desarrollo” se abusan de los derechos de cada una de las comunidades, violentando sus formas de vida históricas, sus formas de subsistencia, así como sus lazos culturales y afectivos con el territorio.

Dicho modelo, además de permitir el saqueo de riquezas, no genera ningún tipo de compromiso real de las empresas con el Estado, a tal punto que lo dejado por concepto de impuestos o regalías es muy poco sin tener en cuenta elementos tan importantes como los pasivos ambientales, entre muchas otras cosas.

El auge del conflicto social, además de la violación de derechos humanos y asesinato [4] a los defensores del medio ambiente, hacen que la implementación del fracking sea una medida que profundice dichas lógicas tal como ya lo hemos visto en el departamento del Cesar, en San Martín, en donde las fuerzas represivas del estado (ESMAD) han desalojado por la fuerza a pobladores que lo único que han hecho es hacer resistencia al fracking que propone realizar la Conoco Phillips y la Canacol Energy [5].

 

4. Fracking para la paz – la reglamentación de la actividad

En Colombia la implementación del fracking ya es un hecho, para lo cual se ha empezado a adoptar el marco jurídico necesario para su incursión en el país, a la par de que se han otorgado seis bloques para exploración y explotación en proyectos como Ronda Colombia 2010 o 2014, en regiones de vital importancia para el abastecimiento de agua y alimentos como Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Santander y por supuesto el Meta como el departamento tradicional de explotación de yacimientos convencionales.

En este sentido, el ministerio de minas y energía ha venido desarrollando toda una serie de legislación que lo que busca es dotar de validez y eficacia la técnica de tal modo que las empresas que quieran realizar la explotación tengan un marco jurídico que las sustenten en caso de tener que acudir a instancias judiciales, todo esto enmarcado en la seguridad jurídica, que explica en gran parte también la desarticulación del conflicto armado.

 

Desarrollando lo dictado por el Conpes 3517 de 2008 en donde se recomendaba a la ANH y al MME la consolidación del marco normativo para la exploración y explotación de hidrocarburos, el ministerio expidió la resolución 180742 del 16 de mayo del 2012 en donde estableció los procedimientos para la explotación de no convencionales, y por ende la utilización del fracking, aclarando de manera tangencial que al igual que con los yacimientos convencionales, esta debía estar sujeto a todo tipo de reglamentación ambiental relacionada con las licencias otorgadas por la ANLA, desconociendo por completo los efectos del fracking sobre el ambiente, arguyendo simplemente la normatividad ambiental como un requisito a cumplir.

Sin embargo, dicha resolución aún se quedaba corta en el asunto, dado que, primero no otorgaba una definición de no convencional y además no establecía los lineamientos técnicos para la utilización de la técnica, por lo que se dictaminaron dos textos más, siendo el primero de estos el Decreto 3004 de diciembre de 2013, y el segundo, la resolución 90341. El primer decreto desarrolla de forma concreta que es un no convencional y nos da una definición concreta como lo es:

La anterior definición concuerda totalmente con lo que en la primera parte describimos paso a paso como la técnica de la fracturación hidráulica, e incluso se hace referencia a las formaciones de shale, dada la importancia de las mismas, resaltando que en el decreto no se hace referencia a la palabra “fracking” dado el carácter simbólico que esta tiene y las repercusiones que tendría de estar allí.

 

A lo anterior podríamos añadirle la resolución 0421 de 2014, y por supuesto la reglamentación (reglamentación que solo busca limitarla) que se está planteando a las consultas populares, esto con el fin de que sea el Gobierno central quien decida sobre el uso del subsuelo y así las empresas tengan seguridad jurídica, un escenario que las consultas populares han puesto cada vez más a prueba.

 

5. San Martin, Cesar: ¿La punta del iceberg?

San Martín es un pequeño municipio en el departamento del Cesar, en donde se pretende y ya se otorgaron contratos, para hacer la primera explotación no convencional de hidrocarburos en Colombia, para así posteriormente darle paso a nivel nacional.

En dicha región, de ecosistema de ciénaga, las trasnacionales Conoco Phillips (EE. UU.) y posteriormente Canacol Energy (Canadá) pretenden realizar explotación de no convencionales, gracias al contrato firmado con la ANH para el bloque VMM-3. Sin embargo, y gracias a las denuncias de la Corporación para la defensa del agua y el territorio (CORDATEC) la explotación se ha visto frenada en gran parte, aunque la Conoco Phillips haya intentado seguir con el proceso.

Lo cierto es que San Martín puede convertirse, o en un foco de resistencia (aunque en realidad ya lo es) o en el hito del fracking en Colombia, y esto es de vital importancia ante proyectos como el bloque Cor 4 y COR 33, que comprende la región del páramo del Sumapaz y ante el cual se han manifestado en contra recientemente el municipio de Arbelaez.

 

6. Conclusión:

Las consultas populares [6] se han convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno Nacional, dado que en todas se ha expresado el rechazo de las comunidades a la actividad minera ya sea de metales, hidrocarburos y con mayor razón al fracking. La desarticulación del conflicto armado junto con la profundización del extractivismo sin duda alguna nos muestra que si bien la paz era y es una necesidad para el país , los intereses que corren tras de si pueden llegar a ser mucho más perversos que la misma confrontación armada, y que desarticular a las guerrillas no implica necesariamente que las poblaciones de la región dejen de ser violentadas, ya que ahora no lo serán por el conflicto armado, sino por un modelo económico basado en el despojo y la primacía del capital trasnacional por sobre los intereses locales.

Profundizar en el extractivismo en un escenario en donde se busca la paz, es sin duda alguna una contradicción no sólo por la intensificación del conflicto social y todo lo que hemos venido destacando, sino porque busca profundizar un modelo extractivista, en un escenario de crisis económica causada por el bajonazo del precio de los hidrocarburos [7].

El costo ambiental y social que tendríamos que pagar por la utilización del fracking, en Colombia es bastante alto, por lo que debemos actuar desde diversos frentes para que dicha técnica de extracción de hidrocarburos no sea implementada, para que la extracción en San Martín cese, todo ello con miras a lograr que toda Latinoamérica y los demás países del sur, sean un territorio libre de fracking, buscando avanzar así a un modelo de energía limpia basada cada vez menos en energías fósiles, contribuyendo a la solución o mitigación del cambio climático , aun cuando no seamos grandes contribuyentes en dicho aspecto.

7. Bibliografía

Bernal, A., Roa , T., & Herrera , H. (2017). Colombia. En Ultima frontera : politicas publicas, impactos y resistencias al fracking en America Latina. (págs. 60-68). Bogota.: Alianza Latinoamericana en cotnradel fracking - Amigos de la Tierra- Heinrich Boll Stiftung.

Bertinat , P., D´elia, E., Observatorio , P., Ochandino, R., Svampa, M., & Viale, E. (2014). 20 mitos y realidad del fracking . Buenos Aires: El colectivo.

Fierro, J. (9 de Febrero de 2017). Fracking: las necesarias discusiones ambientales. SEMANA SOSTENIBLE. Obtenido dehttp://sostenibilidad.semana.com/...

Fox, J. (Dirección). (2010). Gas Land [Película].

Heinrich Boll Stiftung. (2017). El fracking en America Latina. Bogota : Heinrich Boll Stiftung.

Ministerio de Minas y Energía (26 de diciembre de 2013). Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. [Decreto 3004 de 2014]. Recuperado de :http://wsp.presidencia.gov.co/...

Ministerio de Minas y Energía (16 de mayo 2012). Por medio del cual se establecen los procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. [Resolución 180742]. Recuperado de :https://redjusticiaambientalcolombi...

Notas

[1] En este apartado se pretende explicar qué es el fracking desde una mirada técnica o procedimental, para posteriormente develar los devastadores de dicha práctica.

[2] “(…) las licencias ambientales para proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos omiten los aspectos de recarga o descarga de acuíferos como criterios de zonificación ambiental, así como la caracterización de acuíferos someros que son de gran importancia socioambiental, con lo cual se ponen en grave riesgo de contaminación las aguas subterráneas. (Fierro, 2017)”

[3] “El departamento del interior de los Estados Unidos señala que desde que comenzaron los registros en 1776, el pueblo de Youngstown, Ohio, nunca había experimentado movimientos sísmicos pero que, a partir de enero de 2011, se registraron 109 temblores y que nuevas investigaciones relevan que pueden ser consecuencias de la explotación de hidrocarburos no convencionales (Estrada, 2013)”

[4] Informe Global Witness Defender la tierra. https://www.globalwitness.org/en/ca...

[5] https://noticias.caracoltv.com/...

[6] Para mas información sobre consultas populares consultar: http://www.cadtm.org/...

[7] Vale aclarar que se habla de un bajonazo en los precios del petróleo que se encuentra relacionado mucho más a dinámicas financieras y de seguridad en los mercados, mas no por una baja en la producción ya que inclusive y como lo hemos venido mencionando, países como Estados Unidos aumentaron sus reservados y producción gracias a la utilización del fracking. Dichas razones serán expuestas de forma más detallada en un artículo siguiente a este como continuación del mismo.

Agencia Prensa Rural

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/El_fracking_y_la_profundizacion_extractivista_en_Colombia

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Informe “Alternativas al fracking”

9 de abril de 2018

 

Argentina atraviesa una situación preocupante: más del 90 % de las fuentes primarias de energía que utiliza la componen gas y petróleo, es decir, se trata de una de las matrices energéticas más fósiles de América Latina. La situación se vincula con el pasado reciente y tiene implicancias mundiales.

 

Por Pablo Bertinat y Jorge Chemes

 

Por un lado, la exportación desmedida en la década de 1990, sumada a la falta de exploración y a la nula diversificación de la matriz energética en un contexto de creciente demanda de hidrocarburos, han ocasionado la pérdida de autoabastecimiento. Desde 2011 es necesario importar energé- ticos, con la consecuente pérdida de soberanía y recursos económicos. Por otro lado, al crecer el consumo de energía y ser fundamentalmente fósil, nuestro país en lugar de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, las incremente año a año. Ante este escenario, el descubrimiento y la incipiente explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales –con Vaca Muerta a la cabeza– se presenta para los decisores de políticas como una alternativa para alcanzar el autoabastecimiento sin modificar significativamente las características estructurales que antes mencionamos. También se pretende ir más allá: para algunos esa estrategia incluso permitiría convertir al país en una futura potencia exportadora. Frente a estas estrategias, reconocemos la necesidad de establecer límites al incremento en el consumo total de gas y petróleo, sobre todo bajo el paradigma no convencional. Entendemos que esta es no solo la única alternativa para superar el desafío que representa el proceso de cambio climático global, sino, además, una que fundamentalmente evita la depredación de los territorios. Por eso enfatizamos que el fracking no es la alternativa, que hay otros senderos posibles para emprender la transición. En estas líneas que siguen pretendemos describir la utilización de hidrocarburos en nuestro país, en particular, el rol de los no convencionales, para luego presentar algunas opciones entre las muchas disponibles. En este camino las medidas que aquí se proponen se encuentran asociadas a la posible transformación de los escenarios energéticos futuros Informes como este deberían ser un ejercicio constante y sostenido de los ámbitos públicos. Sus resultados podrían ser un elemento central de discusión social sobre los caminos a elegir. Nuestra perspectiva apunta a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y, para ello, dejar los no convencionales en la tierra es un primer paso. Con el presente trabajo pretendemos demostrar que, además de deseable, es posible.

Diciembre 2017, Argentina 
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental 
Taller Ecologista - Observatorio Petrolero Sur

Descargue el informe (PDF) a continuación:

Informe “Alternativas al fracking” (2,09 MB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Informe_Alternativas_al_fracking

 

 

Consideremos que toda esa destrucción casi irreversible y/o irreversible de las condiciones tanto de vida como de trabajo se hace por pocos años de rentabilidad gran capitalista. Entonces:

 

 

¿A qué nos enfrentamos?

Ya nada será igual:

Venezuela y la crisis de la civilización petrolera

29 de mayo de 2018

Por Emiliano Teran Mantovani

 

Consumadas ya las elecciones presidenciales, es necesario nuevamente subrayarlo: independientemente de cuánto tiempo dure Nicolás Maduro como primer mandatario; independientemente de si las élites que gobiernen en los próximos meses o años, sean militares, empresarios, derechas, izquierdas, populistas, tecnócratas, socialistas, neoliberales, blancos, azules o rojos; finalmente todos tienen y tendrán que enfrentar al desmoronamiento de los viejos pilares de una economía, una sociedad, una nación que fueron construidas en torno a un petróleo altamente rentable, fluido, abundante y estable. Eso está llegando a su fin.

 

Y si sirve la metáfora del Titanic para pensar nuestro rumbo actual, entonces agreguemos que en nuestro caso el barco no navega en aguas tranquilas (como aquél), sino que está siendo sacudido por la tormenta de la crisis energética global. Todo es parte del mismo proceso mundial. Si usted está buscando una de las más claras expresiones de la crisis de la civilización petrolera, pues ponga sus ojos en Venezuela.

 

¿A qué nos enfrentamos?

 

a.                  No estamos en capacidad de predecir el rumbo de los precios internacionales del crudo: Durante el boom de precios del petróleo en la década pasada, e incluso con el repunte que se dio después de la debacle de 2009, numerosos analistas planteaban que estos marcadores se mantendrían altos, debido a las necesidades de elevados ingresos para cubrir los costosos proyectos de hidrocarburos no convencionales que venían en auge –tales como los petróleos de esquisto o las arenas bituminosas–, mientras que los crudos más rentables aprovechaban la renta diferencial.

 

Este fue uno de los principales argumentos sostenidos por analistas, asesores y propagandistas para justificar las alucinantes metas de extracción petrolera para la Venezuela del futuro (recordemos los 6 millones de barriles diarios para 2021, basado principalmente en 4 millones sólo en la Faja Petrolífera del Orinoco - FPO), lo cual sería la base para llevarnos a ser una “Potencia Energética Mundial”.

 

Lo que planteamos no es una tajante afirmación de que el petróleo se mantendrá en valores discretos, o bien afirmar, ahora que vienen subiendo los precios, que logrará mantenerse en niveles altos, sino que la propia volatilidad se está convirtiendo en la normalidad. Si la economía venezolana depende completamente del petróleo –y esto también es el resultado de haber orientado una política de expansión del extractivismo– esto implica que el propio proyecto político y la estabilidad social se volatilizan con el vaivén desenfrenado de los precios del crudo.

 

b.                  Un horizonte extra-pesado: chicos, el negocio ya no es tan rentable como antes: el progresivo declive de los crudos convencionales de las cuencas petroleras tradicionales, junto con particulares intereses en el desarrollo de la FPO nos han llevado a que la actual composición de los crudos extraídos en Venezuela sean ya en su mayoría pesados y extra-pesados (casi el 60% del total).

 

Es necesario recordar que este tipo de hidrocarburos son los más difíciles de extraer, difíciles de procesar, por tanto más caros, generan mayores impactos socio-ambientales, requieren mayores niveles de energía por unidad extraída y procesada, y en general son económicamente menos rentables y representan inversiones más inestables.

 

Lo que nos parece más significativo de este asunto, es que el problema va más allá del propio negocio petrolero y la salud económica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por el enorme significado que tiene esta industria para el país, estamos hablando de una afectación estructural de la rentabilidad del factor dinamizador por excelencia de la economía nacional, y por tanto un límite histórico del modelo de acumulación dominante, del capitalismo rentístico. Esto, además, impacta determinantemente en las estructuras de poder construidas en torno al Petro-Estado e incluso en todas las instituciones sociales, políticas y económicas alimentadas por la renta petrolera.

 

Basado en estos y otros factores, en el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’ propusimos en su momento una crítica al proyecto de la FPO y sus dimensiones faraónicas, debido a la sensible relación entre el enorme nivel de inversión requerida en pocos años –más de 240 mil millones US$–, los límites del modelo de acumulación y gestión centralizada del Petro-Estado, la inestabilidad y financiarización del mercado petrolero internacional y los peligros de potenciar un nuevo ciclo de endeudamiento público (externo) y posterior proceso de acumulación por desposesión. Todo esto en el marco de un proyecto país de proyección de mediano y largo plazo, basado en una alta concentración del rol de los sectores extractivos (más extractivismo). Hasta ahora las tendencias han apuntado dramáticamente hacia la agudización de estos procesos críticos señalados.

 

No bastará la contra-propuesta de los tecnócratas que anuncian que el problema se resuelve re-organizando la industria sobre la base únicamente de criterios de eficiencia y rentabilidad. El petróleo es un asunto político, en la medida en la que ha sido la base material de la gobernabilidad en la Venezuela contemporánea, el factor posibilitante del sueño de riqueza y progreso nacional. Así que en realidad, al volver a plantear que el trozo de la torta para la población debe ser más pequeño, reavivará viejos conflictos, atizará los actuales y creará otros nuevos.

 

c.                  Se modifica el mapa de actores en el mercado energético mundial: es importante recordar el rol internacional que desde décadas atrás ha jugado Venezuela, por ejemplo, en el nacimiento de la OPEP en 1960. Su influencia internacional contemporánea ha estado fundamentalmente determinada por su papel como un importante exportador de crudos y su capacidad de construir coaliciones geopolíticas en torno al petróleo. En este sentido, conviene resaltar dos factores: el primero, es que la afectación estructural del proceso de acumulación de capital doméstico tiene impacto en el rol político del Petro-Estado venezolano y por tanto afecta su influencia internacional y su capacidad de negociación (elemento muy estudiado por Bernard Mommer en ‘La cuestión petrolera’). El segundo factor, es que los cambios en el mercado energético internacional han modificado el conjunto de los grupos y bloques de poder que se configuran en torno a los hidrocarburos, resaltando la pérdida de influencia geopolítica de la OPEP, el crecimiento de algunos grandes productores no-OPEP a partir de sus reservas no convencionales (como los mismos Estados Unidos) o el incremento de la importancia de los sectores financieros en el negocio.

 

d.                  No estamos en capacidad de saber cómo se comportará la brecha entre oferta y demanda mundial de crudos en el futuro: Uno de los factores clave de la crisis energética global es la brecha que se va configurando entre la demanda y la oferta mundial de crudos. La demanda se proyecta en los próximos años a un incremento en términos absolutos y por las crecientes necesidades de energía es claro que tiene una base que a pesar de los factores de crisis y volatilidad se mantiene invariable. Mientras tanto el mantenimiento de la oferta se enfrenta no sólo a las limitaciones físico-geológicas del declive de las fuentes convencionales, sino también a crecientes necesidades de inversión para mantener el ritmo expansivo de la demanda.

 

Dichas inversiones se ven limitadas o ralentizadas por la crisis económica global, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y las tendencias anuales al incremento de los costos de producción de los crudos a nivel mundial. La brecha entre demanda y la oferta podría crecer. Esto supone una situación determinante y excepcional que tiene y tendrá enormes repercusiones en todas las economías del mundo.

 

Esto obliga a re-evaluar el rol relativo del petróleo en un mundo que podría apuntar al incremento proporcional de la importancia de otro tipo de energías (sin que esto implique decir que el petróleo deje de ser un commodity de gran importancia). Las presiones para impulsar políticas ante el agravamiento del cambio climático o las expectativas e iniciativas económicas (oportunidades de negocio) hacia otros mercados energéticos refuerzan estas tendencias.

 

Al mismo tiempo, lo que ocurre en Venezuela (incluyendo la actual debacle de la operatividad de PDVSA y las cuotas de “producción” diarias) es también expresión de los factores que provocan este desacoplamiento energético oferta-demanda, y las limitaciones que va teniendo la propia industria petrolera. Además hace evidente una reflexión crítica sobre la viabilidad de las inversiones en la ampliación del extractivismo en la FPO (ej. tener que competir con crudos convencionales en un contexto de severa crisis económica global y tendencias al crecimiento estacionario), y amarrar la economía nacional a este tipo de proyectos.

 

Mientras tanto, antes de la actual situación de emergencia para tratar de recuperar anteriores niveles de “producción” (cuando se mantenían en alrededor de 3 millones de barriles/día), el Gobierno nacional se ha tambaleado en la esquizofrenia discursiva de anunciar recortes de la misma para favorecer el incremento de los precios internacionales –acuerdos con productores mundiales y OPEP–, al tiempo que declara que el proyecto de la “Venezuela Potencia Energética” se basa en el incremento de la producción hasta 6 millones de barriles diarios (emulando además la propuesta neoliberal de los años 90).

 

e.                  La larga crisis del capitalismo rentístico es también una crisis de los propios mecanismos correctivos del sistema: el petróleo no sólo ha generado renta; también ha constituido las estructuras de poder del Petro-Estado, ha formateado las instituciones republicanas, y ha impactado determinantemente en las esferas societales. Por lo tanto, una crisis del modelo no es sólo económica: es también sistémica, integral y multidimensional.

 

En este sentido, la debacle de los circuitos del negocio petrolero, y por tanto de los procesos de acumulación, van socavando las propias capacidades para la captación, centralización y retención de la renta petrolera, y por tanto la capacidad de respuesta del Petro-Estado (y las élites gobernantes) para enfrentar la crisis y poner en marcha políticas coherentes para salir de la misma. Podríamos decir que la historia de Venezuela de los últimos 40 años es también la de la relación entre la crisis del modelo de acumulación y la crisis de hegemonía.

 

Por estas razones, es imperioso mencionar que el incremento de la conflictividad política nacional ha potenciado estas dinámicas, llevando la resolución de las crisis al plano de la confrontación por medidas de fuerza. Las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA y, en general, bloqueando operaciones financieras con Venezuela, atacan estas vulnerabilidades descritas, al tiempo que buscan ser detonantes de un colapso de amplia escala.

 

Es en todo este marco crítico en el cual la corrupción hace metástasis, y aparece como uno de los principales mecanismos de captura y distribución de la renta, motorizada por una relativamente desordenada disputa de intereses particulares para apropiarse de los excedentes rentísticos. Al mismo tiempo, esta precariedad de la economía formal, le ha dado cabida a un extraordinario auge de las economías informales. Estos factores representan la emergencia de múltiples puntos de fuga fragmentados para confrontar la crisis, que antes que rasgos cooperativos, parecen ser fundamentalmente competitivos.

 

f.                   Ecología política y economía ecológica del petróleo: los “daños colaterales” del desarrollo rentista se han vuelto sencillamente insostenibles: la historia del desarrollo del capitalismo rentístico es también la historia del progresivo socavamiento de los medios ecológicos de vida de los y las venezolanas, principalmente al norte del río Orinoco. Esta zona septentrional ha sido altamente degradada (ej. un 50% de su superficie ha sido deforestada) y la población va sintiendo cada vez más la sensible precariedad que se ha establecido en la distribución ecológica (veamos por ejemplo la grave situación actual del agua). El proyecto de la FPO tendría consecuencias ambientales devastadoras –como lo explicamos detalladamente en “El Fantasma de la Gran Venezuela”– y mucho más si los dispositivos para la recuperación de la tasa media de ganancia apuntan a la radicalización de las externalizaciones ambientales. Una proyección de mediano y largo plazo de este extractivismo petrolero es simplemente irrealizable en términos ecológicos y constituye un salto al vacío.

 

Buscar alternativas: las bases materiales de una coalición popular contra-hegemónica

 

Los nuevos escenarios del petróleo y los hidrocarburos marcarán la geopolítica global, los patrones energéticos, y en especial a las economías estructuradas en torno a los crudos. Marcará a Venezuela y al propio desenlace de la crisis actual, como ya lo está haciendo en la actualidad. Debemos prepararnos y tratar de trascender los delirios retóricos o económicos del extractivismo.

 

Lamentablemente los líderes de los principales grupos políticos hacen caso omiso de esta situación, poniéndonos en una condición sumamente crítica y vulnerable. No es sólo el gobierno de Nicolás Maduro, sino también los delirios extractivistas que tuvieran Henrique Capriles Radonski –“Petróleo para tu progreso”– o Leopoldo López –“Petróleo en la Mejor Venezuela”– como modelo de país para el futuro. Todos comparten la misma receta expansiva.

 

Preocupa la consciente evasión para generar debates públicos, inclusivos y verdaderamente vinculantes de temas tan medulares como estos, que en cambio no se discuten, o se tratan con slogans y superficialidades. También inquieta la permanente desestimación y omisión de alternativas que surgen desde diferentes actores políticos y sectores de las organizaciones sociales. Por ejemplo, las posibilidades de invertir en la recuperación secundaria en pozos convencionales que aún tienen en promedio una vida de 60 a 70 años, suficiente tiempo para financiar una transición de modelo; el aprovechamiento de la capacidad instalada para la producción económica y generación de energía; relanzamiento productivo de tierras ociosas y el incentivo a las iniciativas productivas existentes (en vez de ser atacadas); una política fiscal que cargue a los sectores económicamente más poderosos; entre muchas otras.

Estamos ante una situación de cambios significativos y esto supone la activación de novedosos mecanismos políticos, sociales y epistémicos para enfrentarla. Planteamos que, un camino diferente, productivo, inclusivo y participativo, y ecológicamente sustentable, no será impulsado desde las élites políticas y económicas del país, sino que tendrá que venir como propuesta impulsada y peleada desde las bases sociales, sobre todo las más organizadas.

 

Sabemos que esta crisis ha impactado notablemente el campo popular, sus horizontes, sus energías, sus tejidos, sus esperanzas. No queda más que comenzar a crear a partir de lo existente, reinventarnos, reencontrar las potencialidades de un pueblo que ha sabido ocupar las calles por sus demandas, que ha sabido ser torbellino, enjambre, épica. Pero debemos insistir: necesitamos otros códigos, otros sentidos comunes, otras valoraciones, otras subjetividades. Esta crisis está también sostenida por los paradigmas epistémicos y antropológicos de la cultura del petróleo.

 

Más allá de la retórica, creemos que es posible orientar una coalición popular contra-hegemónica a partir de dos de los factores materiales fundamentales que rigen la organización de la vida: la distribución económica y la distribución ecológica. Es decir, para nuestro caso, la confluencia entre demandas por mayor justicia en la distribución de la renta petrolera y las luchas contra el extractivismo en los territorios.

 

Respecto a la primera, creemos que un factor que puede nuclear movilizaciones de grupos muy diversos tiene que ver con la creación e impulso de una amplia plataforma para una auditoría de todas las cuentas públicas: asignación de presupuestos y partidas, inversiones en proyectos, adquisición de deuda pública (en especial la externa o externalizada), y un largo etcétera. Este tipo de propuesta ha sido impulsada en otros países y en Venezuela se ha promovido desde organizaciones como la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana y el Capítulo Venezuela del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA). Lo ideal es lograr formas variadas de participación popular en dichas auditorías, así como poder impulsar la formalización de mecanismos permanentes de contraloría social de las cuentas públicas, como los llamados “Gobiernos electrónicos o “e-gobiernos”.

 

En relación a la distribución ecológica, es fundamental hacer visible que la propia existencia y distribución de la renta está determinada por los diferentes proyectos extractivistas, que suponen impactos territoriales, socio-ambientales, culturales y, en general, económicos negativos. Esto supone vincular directa o indirectamente a las organizaciones y bases movilizadas por las auditorías públicas con los diferentes conflictos y movilizaciones que se producen en el país en torno a la defensa de los bienes comunes y de la justicia ambiental (piénsese en las múltiples protestas por el acceso al agua que se desarrollan en el país), y poder evidenciar tanto el origen de la cadena de desigualdades, explotación y pobreza, conocer el conjunto de las injusticias que genera el modelo de desarrollo, así como la necesidad de una integralidad de las luchas por la reproducción social de la vida.

 

Se trata inclusive de un proceso altamente pedagógico para el propio campo popular, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos en los últimos años, en torno a la coalición de diversas luchas económicas, políticas y ecológicas.

El Arco Minero del Orinoco, mega-proyecto propuesto por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis estructural del modelo rentista petrolero, revela tal vez con mayor claridad la confluencia de muchos de los factores críticos descritos: el impulso de falsas soluciones (salir de la crisis creada por el modelo extractivista, con más y nuevo extractivismo), la opacidad de los convenios y acuerdos, el respaldo de la deuda asumida irresponsablemente con la mercantilización de la naturaleza de nuestros territorios, y los múltiples impactos socio-ambientales que conllevará el proyecto.

Estos factores materiales son uno de los más sensibles a la población y constituyen tanto algunas de las urgencias inmediatas para confrontar la situación con justicia social y ambiental, como la apertura de más espacios para discutir y confrontar los temas medulares que tienen que ver con el propio modelo de sociedad que queremos y que no queremos. Es apenas una propuesta más para empezar a nuclear voluntades.

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Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/193171

En consecuencia, como advierte Emiliano Teran Mantovani para su país, Venezuela, pero es válido para la unión entre los diversos de abajo de la Argentina. Concretarla en base a las luchas por la dignidad de vida implícita en erradicar las injusticias social y ambiental del capitalismo. Nuestra autodeterminación como pueblos nos desafía a unirnos no bajo la conducción de la clase política que nos subsumió en el subdesarrollo sino partiendo de considerar que:

Estamos ante una situación de cambios significativos y esto supone la activación de novedosos mecanismos políticos, sociales y epistémicos para enfrentarla. Planteamos que, un camino diferente, productivo, inclusivo y participativo, y ecológicamente sustentable, no será impulsado desde las élites políticas y económicas del país, sino que tendrá que venir como propuesta impulsada y peleada desde las bases sociales, sobre todo las más organizadas.

A diferencia de Venezuela, los gobiernos K consolidaron el proceso de la gran burguesía local de arrasar la soberanía alimentaria por expansión del sistema imperialista de agronegocios cuyo paradigma es la soja transgénica. Pero articularon este refuerzo del capitalismo dependiente con el crecimiento de los otros extractivismos. Como en Venezuela lo hicieron posible mediante embaucamiento masivo de que nos estábamos emancipando. La realidad actual es la profundización del modelo K por el neoliberalismo del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la oposición de las elites políticas nos quiere confundir con restringirnos a que es cuestión de derrotarlo y sustituirlo. Hasta ahora hemos optado por este facilismo, hoy escuchemos a Emiliano Teran Mantovani:

 

Sabemos que esta crisis ha impactado notablemente el campo popular, sus horizontes, sus energías, sus tejidos, sus esperanzas. No queda más que comenzar a crear a partir de lo existente, reinventarnos, reencontrar las potencialidades de un pueblo que ha sabido ocupar las calles por sus demandas, que ha sabido ser torbellino, enjambre, épica. Pero debemos insistir: necesitamos otros códigos, otros sentidos comunes, otras valoraciones, otras subjetividades. Esta crisis está también sostenida por los paradigmas epistémicos y antropológicos de la cultura del petróleo.

 

Más allá de la retórica, creemos que es posible orientar una coalición popular contra-hegemónica a partir de dos de los factores materiales fundamentales que rigen la organización de la vida: la distribución económica y la distribución ecológica. Es decir, para nuestro caso, la confluencia entre demandas por mayor justicia en la distribución de la renta petrolera y las luchas contra el extractivismo en los territorios. Leer

 

Prosigamos escrutando el análisis del sociólogo y ecologista político de Venezuela:

 

Las espirales del debate sobre extractivismo

y los nuevos tiempos

11 de septiembre de 2014

 Emiliano Teran Mantovani 

Hay claros indicios de que estamos frente al agotamiento de un ciclo político en América Latina, y en el tránsito hacia otra fase que nos enfrenta a una serie de amenazas de diferentes grados para los pueblos de la región. Es importante destacar que los diversos procesos de lucha social latinoamericanos suelen estar, en buena medida, atravesados por el carácter cíclico de nuestras economías, que influye poderosamente en las movilizaciones sociales, en la legitimidad del sistema político, en la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, y en la composición política del Estado en un momento determinado. Esto evidentemente ha marcado las dinámicas de transformación de los últimos años, y marcará las que vendrán en el futuro.

 

Los debates sobre extractivismo toman aún más importancia en la actualidad debido a varias razones, de las cuales destacamos dos:

 

a) Después de 10-15 años de estos procesos de transformación política, social y cultural en la región, lo que tenemos como saldo es, junto a un robustecimiento de nuestro carácter primario-dependiente, una gran expansión de las fronteras extractivas, avanzando en muchas ocasiones sobre territorios “vírgenes”, o que habían sido muy poco impactados por la modernización capitalista. Este avance extractivista se incrusta en nuestros territorios no sólo por la vía de infraestructuras, sino también mediante varios acuerdos de mediano y largo plazo con empresas transnacionales, al tiempo que se siguen explorando y negociando nuevos enclaves de extracción, muchos de ellos de fuentes no convencionales.

 

Si mapeáramos los diversos proyectos de explotación de la naturaleza en los países latinoamericanos, podríamos advertir con gran preocupación cómo cada vez más territorio es comprometido, hipotecado y/o ocupado por la lógica de despojo y depredación del capital, tanto si hablamos de gobiernos francamente neoliberales (donde destacan Colombia [1] [2], Perú [1] [2] y México), hasta llegar a los denominados “progresistas” (como por ejemplo los casos de Ecuador [1] [2] [3], Bolivia y Venezuela [1] [2]). Ya se ha subrayado en otros momentos las crecientes consecuencias económicas, ambientales, políticas, geopolíticas, sociales y culturales de profundizar el carácter extractivista de nuestros modelos de sociedad.

 

b) Al parecer, una segunda fase del nuevo extractivismo (neoextractivismo) en América Latina se configura entonces sobre la base del desgaste, ralentización y estancamiento de los procesos de transformación recientes en la región, con una tendencia progresiva a la mutación del perfil social reivindicativo que han tenido buena parte de los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, hacia formas híbridas y más complejas de acumulación por desposesión ‒esto es, lo que hemos llamado el «neoliberalismo mutante»‒, que podrían apuntar a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo. Un “cambio de época” como este para América Latina, supondría que los dispositivos de dominación que se desprenden del extractivismo sería más tenaces y agudos.

 

La configuración de nuevos tiempos y escenarios para la región ha hecho al mismo tiempo brotar nuevas espirales en el debate sobre extractivismo, a la vez que la necesidad de enfrentar futuros desafíos exige intentar caracterizar los flujos y corrientes de poder político y epistemológico que se desprenden de ellos.

 

Aquí proponemos 7 hipótesis de trabajo para la discusión sobre viejos y nuevos tópicos que se han vinculado a los debates sobre extractivismo en América Latina.

 

1) Pensar el extractivismo como proceso metabólico y un tipo de régimen de reproducción de la vida.

Buena parte de los debates sobre extractivismo plantean un enfoque en el cual parece que se está discutiendo únicamente sobre un “modelo económico”, o bien un tipo de perfil o gestión estatal. La cuestión es que el extractivismo no es sólo esto, sino que en su esencia es un tipo de metabolismo [1] del sistema capitalista que atraviesa, permea e interviene sobre los propios procesos de producción de vida, para adaptarlos a su función específica en la División Internacional del Trabajo, y en el caso del ordenamiento territorial interno de los países, a lo que hemos llamado la «División Nacional de la Naturaleza» [2] , que producen los Estados extractivistas.

 

En este sentido, se trata de una reivindicación del análisis del extractivismo desde la transdisciplinariedad, enriquecido primordialmente desde la geografía crítica y la ecología política, que haga que, por un lado, reconozcamos que el extractivismo es un sistema transterritorial, y por el otro un régimen biopolítico, en el cual la territorialidad no puede ser solo entendida como una sociabilidad posada en un espacio inerte, sino que se trata de la reproducción biosocial de la vida, una simbiosis que es indivisible.

 

El sistema extractivista genera pues territorialidades, ordenamientos geográficos, que se ven articulados jerárquicamente en torno a procesos hegemónicos de acumulación de capital; genera poder sobre los cuerpos; genera configuraciones narrativas y culturales funcionales a estas dinámicas; reproduce un proceso metabólico particular sobre la naturaleza y la producción de energía. Se hegemoniza no sólo al establecer una estructura organizada, transnacionalizada y corporativa de extracción/producción de energía y materia para el mercado mundial, sino también al intentar configurar los procesos productivos moleculares y territoriales haciendo que se deriven de ésta.

 

La temporalidad y la velocidad del metabolismo biosocial de un país como Venezuela, sus particulares ritmos de procesamiento del consumo y el movimiento, no están solo determinados por la disposición de tecnología que tiene para ello, sino en primera instancia por cómo la lógica del capital ha generado históricamente un sesgo que se hace cada vez más brutal en su territorialidad ‒piénsese que el 96% del monto de sus exportaciones son petroleras, y el porcentaje de importación del total del consumo nacional de alimentos ha crecido enormemente [3] ‒, por cómo el extractivismo petrolero venezolano configura un ordenamiento geográfico donde los sujetos han sido progresivamente desterritorializados de sus ecosistemas originarios, de sus metabolismos tradicionales, para que sus procesos de producción/consumo/vida se adapten a la específica relación espacio-temporal que genera el dinero de la renta petrolera, con sus particulares formas de producción de subjetividad, de corporalidades, su tipo de representación de los imaginarios sociales, sus intensivos procesos energéticos per cápita.

 

Al analizar los denominados “recursos minerales estratégicos”, haciendo un mirada especial sobre el litio, uno de los metales que ha creado mayores expectativas en vías a nuevos proyectos y ejes extractivos en Suramérica, vemos que sus principales usos están dirigidos a las cadenas de producción de electrodomésticos, como televisores pantalla plana, teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras de video o de fotografías, y otros similares. Este metabolismo depredador transterritorial que determina los «modos de vida imperial» (U. Brand), puede alimentar guerras o conflictos de orden geopolítico, o bien el robustecimiento del carácter extractivista del Estado boliviano ‒país donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo‒, una reconfiguración de su ordenamiento territorial, así como la desterritorialización subjetiva de los afectados por estos nuevos proyectos extractivos, todo para alimentar procesos de acumulación de capital de estas ramas de la producción industrial transnacional, y los consumos suntuarios de un fragmento “privilegiado” de la población mundial.

El sistema extractivista pues, interviene “de arriba hacia abajo” sobre procesos socio-bioproductivos populares, que pueden tener un carácter autónomo, autosuficiente y de escala molecular, desestimando socialmente los valores que produce, subordinándolos a su modo de acumulación, o bien destruyéndolos ‒externalizando costos hacia los trabajadores, pobladores y la naturaleza‒. Se conforman así, las rutas metabólicas del sistema, un patrón energético piramidal que a partir de una serie específica de productos, materias y energías funcionales al capital, alimentan una cadena que llega hasta la cotidianidad de hombres, mujeres y niños.

Creemos entonces conveniente, analizar la lógica de dominación de los sistemas extractivistas más allá del proceso extractivo en sí, más allá de sus dinámicas estructurales, o bien que trasciendan una visión puramente “económica”, o política (centrada en el Estado), etc. Poder hacer visibles las derivaciones metabólicas que se originan de un tipo de régimen de reproducción de la vida que opera transterritorialmente, es decir, que sobrepasa el territorio donde se produce la extracción de naturaleza, en el sentido en que articula en torno a su modo de acumulación, múltiples espacios geográficos, subjetividades, funciones sociales, que pueden ser muy diversos unos de otros, pero que están subordinados a las zonas donde se masifican los «modos de vida imperial» (puede ser países como Suiza, Suecia o Canadá, o bien, zonas privilegiadas de Johannesburgo, Santa Cruz de la Sierra o Buenos Aires). Esto por supuesto, tiene implicaciones en la ampliación de los objetos y sujetos que se analizan desde la crítica al extractivismo.

 

2) Extractivismo, soberanías y neoliberalismo mutante

La muy promovida socióloga peruana Mónica Bruckmann afirma que: El acceso, la gestión y la apropiación de los recursos naturales abre un amplio campo de intereses en conflicto en América Latina, evidenciando, por lo menos, dos proyectos en choque: la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y, por otro lado, la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente que encuentra en los tratados bilaterales de libre comercio uno de sus principales instrumentos para debilitar el primero [4] .

 

Es importante resaltar que una disputa fundamental que se desarrolla en torno al debate del extractivismo es la que tiene que ver con la soberanía, la cual parece ser entendida casi unánimemente como un problema de Estados-nación o sistemas interestatales. Esto oculta otros actores ‒en realidad los actores constituyentes de los procesos políticos‒ y los territorios que están en disputa tanto contra el capital, como contra el Estado, para evitar procesos de explotación y despojo, y la imposición de proyectos extractivos.

 

Sobre la base de una diferenciación política regional y una reivindicación de las soberanías popular-territoriales, proponemos no dos, sino cuatro proyectos en disputa en América Latina, que marcarán nuestra dinámica geopolítica en los próximos años. Esta propuesta por supuesto no es rígida, sino que dichos proyectos son porosos, agrietados, se pueden solapar, en cierta forma articularse, o bien coexistir, negociar, o disputarse unos con otros en un espacio político determinado, que puede ser incluso un mismo país. Son, como ya hemos dicho, hipótesis de trabajo:

 

· El Uribismo como proyecto regional : se trata de un proyecto neoliberal delincuencial y paramilitar, orientado a un extractivismo expansivo, abierto y flexible al capital transnacional, con esquemas de acumulación franca y abiertamente antipopulares, que opera bajo la égida de los Estados Unidos y que gira en torno a la «Alianza del Pacífico». Los Estados de México y Colombia son dos claros.

 

· El Lulismo : es un proyecto corporativo/extractivista en franca expansión, de perfil mixto (Estado y empresas TNs) que puede distribuir de una forma un poco más justa la renta de la tierra captada internacionalmente, pero que ejerce procesos sostenidos de despojo y mecanismos de acumulación de capital híbridos (neoliberalismo mutante). En la medida en la que el ciclo expansivo de los commodities comience a contraerse, estos procesos de acumulación por desposesión se proyectan a agudizarse. Su alianza geopolítica gira en torno a los emergentes, principalmente China, y se orientaría en torno a la unión UNASUR-MERCOSUR. Brasil tiene franca influencia en este proyecto regional.

 

· El Socialismo del siglo XXI : tiene rasgos programáticos que proponen generar algunas transformaciones profundas y mayores reivindicaciones populares primordialmente desde el Estado, con vínculos con movimientos sociales, y que tienen como base material primordialmente la renta internacional de la tierra, planteando una expansión del modelo extractivista. Sus alianzas giran primordialmente hacia los emergentes, principalmente China y Brasil, y los proyectos ALBA, PetroCaribe y Unasur-Mercosur. Este proyecto se encuentra en franco retroceso, al menos en sus aspectos más radicales, decoloniales y anticapitalistas, y puede mutar o interrumpirse para tomar formas “lulistas” o “uribistas”. Aún mantiene una fuerza electoral importante.

· Un proyecto popular pluricomunista a escala regional : se trata de un proyecto multiterritorial, pluricultural, alternativo, nivelador, contrahegemónico, con rasgos nuestroamericanos fuertes. Lucha en general en torno a la defensa del territorio y de los bienes comunes, como una fuerza de resistencia antidespojo, pero que al mismo tiempo busca reconfigurar su realidad territorial alrededor de lo común. Lamentablemente, y a pesar de la difusión de un imaginario latinoamericanista, son luchas normalmente atomizadas y poco articuladas unas con las otras en términos regionales, a pesar de algunos esfuerzos que resaltan en los últimos años.

Hay sobre estas interpretaciones que hemos propuesto, un factor clave en el debate sobre extractivismo, que tiene que ver con la importante distinción entre lo común, lo público y lo privado. La defensa de lo común, de nuestros comunes, se vuelve imperiosa ante el avance permanente de la acumulación por desposesión, sobre todo tomando en cuenta que tres de los cuatro proyectos en disputa mencionados, con sus diferencias, se proponen expandir el modelo y las fronteras del extractivismo. De la emergencia epistemológica de lo común se desprenden toda una serie de ideas no sólo sobre nuevas subjetividades y premisas ontológicas, así como diferentes formas de resistencias desde el territorio, sino incluso algunas bases para pensar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas en las cuales los pueblos ejerzan un tipo de gobernanza y tengan una soberanía directa por medio de formas de autogobierno y autogestión sobre sus territorios y bienes comunes.

Podemos, en efecto, evaluar el papel del Estado, tratando de salvar un teórico nexo fundamental y productivo entre lo común y lo público, sobre todo en los gobiernos denominados “progresistas”. UNASUR se ha propuesto crear el Instituto de Altos Estudios de la unión, alrededor del cual ya giran algunas intelectualidades como Theotonio Dos Santos y Mónica Bruckmann, que sostienen que esta “ afirmación de la soberanía” nacional se da sobre la base de estados fuertes que a partir de sus “recursos naturales”, planifican su uso sustentable para el provecho de la mayoría de los actores sociales [5] . El “desarrollo nacional” se alcanzaría ahora por la vía de una industrialización de la naturaleza.

Sin embargo, y sin poder profundizar mucho más sobre las apreciaciones de los teóricos de la UNASUR, es importante resaltar lo profundamente problemático que es el supuesto vínculo “progresivo” entre nacionalismo energético y la defensa de los comunes (en términos de mantener la soberanía de los pueblos en sus territorios y conservar la naturaleza de la degradación expansiva), y más bien consideramos fundamental demarcar claramente la diferencia entre el ámbito de lo común y el de lo público. Esto es así por dos razones.

  • La primera es que la intensificación progresiva del extractivismo y la lógica desarrollista en América Latina están en profunda relación con la paulatina distensión de los vínculos que los gobiernos en esta era de perfil “progresista”, han tenido con los movimientos populares que los llevaron al poder, y le dieron sentido a su proyecto político; están también en relación con la pérdida de la composición radical que ha tenido este “bloque político del descontento” y el retroceso de las prácticas alternativas que han dado vida al impulso transformador de los proyectos de estos gobiernos; y a su vez con la progresiva desmovilización de los pueblos y la burocratización de dichos procesos de cambio social. A estas alturas creemos que es evidente que los Estados de orientación popular y progresista han podido hacer más de lo que finalmente han hecho, en términos de iniciar transiciones post-extractivistas; y el hecho de lesionar los vínculos con sus bases populares organizadas, debido al no reconocimiento de que la fuerza constitutiva de estos proyectos de cambio profundo está en ella, ha traído consecuencias, evidentes en la situación de estancamiento político que se vive actualmente en la región.
     

  • La segunda razón tiene que ver con las enormes presiones que ejerce la crisis del sistema capitalista mundial sobre los Estados, principalmente los periféricos o los del Sur Global, para que tengan un carácter político y administrativo cada vez más flexible y abierto a los flujos del mercado, lo que a su vez provoca una gran presión de los Estados sobre los territorios, en busca de procesos de acumulación por desposesión. De ahí las preocupaciones de Eduardo Gudynas sobre el anclaje del progresismo con la globalización [6] .

 

La UNASUR se propone mapear todos los recursos naturales de la región mediante el Servicio Geológico Suramericano (SGSA), insertarse de una manera repotenciada al mercado global capitalista ‒aquí no se habla en ningún sentido de post-desarrollismo, post-extractivismo, ni mucho menos post-capitalismo‒, así como impulsar toda una red de infraestructuras territoriales para la integración multimodal: ferrovías, hidrovías, carreteras, puertos y aeropuertos [7] , bajo la lógica del COSIPLAN (antiguo IIRSA). Los peligros de que la hibridación que impulsan las formas mutantes del neoliberalismo, por las diversas razones antes mencionadas, termine configurando una política masiva de acumulación por desposesión son muchos. La profundización del extractivismo, con sus crecientes necesidades expansivas de flujos de capital y de conexiones globalizadas abre aún más estos riesgos.

 

¿Cómo seguir las pistas de este proceso? Tal vez preguntándonos: ¿hacia dónde están apuntando actualmente las políticas estatales respecto al enfoque del rendimiento económico en las exportaciones directas; a la actitud ante la apertura a la inversión extranjera directa y la inserción en el mercado mundial; al tipo de trato y relacionamiento interno que se da con los inversionistas extranjeros; a las políticas cambiarias; al tipo de ejercicio soberano que pone en práctica el Estado ante los grandes capitales respecto a sus “recursos naturales”; a la manera cómo intermedia respecto al acceso popular a los bienes comunes para la vida; a la manera cómo estructura los procesos redistributivos domésticos y la composición de quiénes son los sectores más favorecidos por estos; a cómo opera y qué alcance tiene la voluntad de protección que posee el Estado ante los sectores históricamente excluidos de la sociedad? [8]

 

3) Extractivismo, «capitalismo delincuencial» y guerra mundial por los recursos

 

El impresionante despliegue de diversas formas de violencia y guerras a lo largo y ancho del planeta en la actualidad, hacen parte, o se encadenan, a un mismo conflicto geopolítico de orden global, que responde no sólo a la propia crisis mundial del sistema capitalista, sino a una guerra por los llamados “recursos”, que determina la hegemonía o la supervivencia, siendo uno de sus objetivos centrales el control del territorio. En este sentido, no sólo hablamos de una progresiva ampliación de la militarización de los territorios, sean de origen estatal o formas privadas paraestatales; del establecimiento de mecanismos policiales de represión y satanización social de la protesta ‒todos podemos ser potenciales sospechosos de “terrorismo”‒; sino también de la forma en la que la política tradicional se ha articulado creciente y alarmantemente con formas delincuenciales instituidas y en expansión; de cómo las disputas y soberanías territoriales que desbordan a los Estados son afrontadas por complejas corporaciones mafiosas transnacionalizadas que tienen cada vez más incidencia en estas dinámicas de poder y dominación del espacio geográfico.

Como ya lo hemos expuesto en otro momento, el modelo de acumulación de capital en el siglo XXI va tomando la forma de un capitalismo delincuencial, como lo ha planteado Ana Esther Ceceña. Dispositivos como estos en México y Centroamérica, Colombia y muy evidente en tiempos recientes en Venezuela, Brasil y en muchos territorios de toda la región, dan cuenta de una estrategia sumamente preocupante, que podría apuntar a una intensificación de la relación entre extractivismo y violencia, apuntando a la expansión de formas de extractivismo delincuencial, o bien de delincuencia extractiva articulada a redes más amplias de poder.

Estas tendencias suponen que la crítica al extractivismo no se dirigiría únicamente al poder de los Estados y las compañías transnacionales, sino a todo un entramado corporativo profundamente mafioso que puede reconfigurar la forma tradicional como se constituyen las correlaciones de fuerza y las disputas políticas en las luchas territoriales. Creemos que es importante analizar bien esta situación, y preguntarnos qué supone este escenario de feudalización mafiosa en la resistencia de los pueblos ante el extractivismo.

4) Ciudades y extractivismo urbano

El grueso de los debates sobre extractivismo ha centrado, con toda justificación, su mira geográfica en áreas rurales y semi-rurales, zonas campesinas, territorios indígenas, así como áreas de reserva natural. Sin embargo, y como hemos propuesto, es necesario reconocer el proceso metabólico transterritorial del extractivismo; esto es, que los rasgos más intensivos de este proceso se reproducen en las ciudades; que la conformación y/o expansión de un enclave urbano, de la masificación de los «modos de vida imperial», suponen al mismo tiempo la implantación y/o extensión de las «zonas de sacrificio» que sostienen ese “desarrollo”, sea de forma directa, por la vía de “importar” de manera creciente bienes comunes como agua, cultivos, entre otros; o primordialmente de forma indirecta por la vía de la intermediación del capital: su transformación en dinero, que retorna al Estado en forma de renta o ingresos transferidos como petrodólares y luego se distribuye para la modernización. En la medida en la que este patrón de poder se ejerce metabólicamente, entonces este proceso sólo podrá ser trascendido metabólicamente.

 

Ahora bien, lo que se suma a esta importancia de un análisis transterritorial del extractivismo, es el impacto de las transformaciones socio-espaciales que se han dado en América Latina en los últimos 15 años. La oleada de modernización en la región que se sigue del boom de los commodities a partir de la década de 2000, tiene un correlato directo con la expansión cuantitativa y cualitativa de los enclaves urbanos en nuestros países. Esto a su vez, hace que la incidencia política, económica, social y cultural de la cuestión urbana se haga aún más compleja y problemática de lo que ya era.

 

Si revisamos los últimos años vemos que buena parte de las movilizaciones políticas determinantes fueron de origen urbano: por ejemplo las movilizaciones por las tarifas del transporte público en São Paulo del año pasado y en general las protestas contra el mundial en Brasil en este año; movimientos estudiantiles en Chile y Colombia, así como el movimiento «Yo soy 132» en México; los diversos saqueos por el conflicto policial en distintas provincias en Argentina en 2013; y las diversas manifestaciones, con una fuerte carga contrainsurgente, en Venezuela en 2014. En este sentido, la territorialidad urbana, tanto como fenómeno particular de un sistema extractivista, como un objeto esencial de políticas post-extractivistas, toma una importancia completamente fundamental. Piénsese en qué suponen los debates sobre extractivismo en una Venezuela que tiene casi 90% de la población viviendo en ciudades.

 

Es esencial pues, comunicar y conectar espacios que aparecen desvinculados, luchas que parecen divorciadas ‒la lucha contra el extractivismo y la lucha por el derecho a la ciudad‒, no sólo porque la explotación del trabajo en las zonas urbanas, tiene su base material en la extracción masiva de naturaleza en el campo, sino también porque en este período neoliberal, de predominio de la acumulación por desposesión, las operaciones de extracción (S. Mezzadra) también se producen en las ciudades. Más allá de la explotación social del trabajo, el «extractivismo urbano» (E. Viale) [9] apunta también a la desposesión social de bienes comunes en las urbes, como lo vemos permanentemente en numerosas ciudades de América Latina, y de manera muy grosera y reciente en la Brasil del Mundial de Futbol [10] . Esta es una faceta del extractivismo sobre la que creemos hay que profundizar.

 

5) Extractivismo y el papel de China en América Latina

El avance de China en el mundo, y su vertiginoso posicionamiento en América Latina, que comienza a expandirse desde la década de 2000, ha abierto el debate sobre el papel geopolítico que tiene esta “potencia emergente” respecto a procesos soberanos y de “liberación” de los países de la región. Las dramáticas huellas que ha dejado y sigue dejando el imperialismo estadounidense en la historia latinoamericana, ha provocado una especie de justificación para que algunos países se cobijen cálidamente en los robustos brazos del gigante asiático.

Para Mónica Bruckmann, China retomaría el espíritu de Bandung de 1955 [11] ‒un espíritu anticolonial y de movimiento de países no alineados‒ y junto a la emergencia de los BRICS, abriría el camino para un proyecto de coexistencia global que nos llevará a un profundo cambio de paradigmas: del «choque de civilizaciones» hacia un nuevo enfoque de «alianza de civilizaciones» [12] . El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del país que tiene los nexos relativos más estrechos con China en toda la región, ha dicho que “por primera vez en la humanidad surge una nueva potencia no imperialista, ya eso es mucho” [13] .

Esta matriz de opinión de una «potencia no imperialista» o de la formación de un imperialismo amable, oculta cuatro factores fundamentales: a) no es posible ser una potencia en el sistema capitalista sin impulsar procesos de explotación y despojo a escala mundial, dado que el carácter intrínseco del capital es de naturaleza polarizante; b) la crisis sistémica global del capitalismo tensiona cada vez más a que los capitales mundiales hegemónicos (como los chinos) masifiquen formas de acumulación por desposesión ‒de ahí el carácter “correctivo” del neoliberalismo‒; c) el imperialismo no sólo opera por la vía militar, sino que cuenta con un muy diverso y sofisticado aparato biopolítico para garantizar sus procesos de control territorial y acumulación capitalista, incluyendo claro está el capital financiero [14] ; y d) habría que no sólo recordar los procesos de acumulación por desposesión que se dieron en la propia China, sus esquemas políticos domésticos, sus formas de externalización de costos sobre la naturaleza, que impulsaron el muy notorio crecimiento de su economía desde los 90; sino también los actuales mecanismos geopolíticos de posicionamiento de sus capitales a lo largo y ancho del mundo, para tener una idea de cómo opera la reproducción de esta potencia capitalista en auge, y si es posible que sea considerada un amable naciente imperio.

 

La repotenciación del extractivismo en América Latina tiene también la marca de China. La presión que ha ejercido el gigante asiático dirigiendo sus inversiones en muy buena medida hacia la extracción de materias primas, atenazándonos por la vía financiera, posicionando sus mercancías en nuestros vulnerables mercados [15] , y disputándose nuestros territorios geopolíticamente, ha tenido una poderosa influencia en las nuevas dimensiones de los sistemas y metabolismos extractivos de la región. El problema no es sólo con quiénes generamos alianzas estratégicas, sino tal vez primordialmente qué tipo de alianzas y bajo qué modelos las hacemos. Probablemente esta visión romantizada de algunos sobre nuestra relación con China sea, con el tiempo, cada vez más difícil de sostener.

 

6) Persiste el falso dilema desarrollo-ambiente

Un argumento que sigue teniendo fuerza para desacreditar la crítica al extractivismo es la supuesta oposición entre “desarrollo” y “ambiente”. Por supuesto, la forma como son presentadas estas dos variables, de manera cosificada y trascendental, oculta un patrón de poder biosocial. Lo que aparece como un problema de orden temporal ‒“en América Latina debemos llegar al estadio superior del desarrollo”‒, y que supondría un inevitable sacrificio de la naturaleza para alcanzar tan “ansiada” meta es, en términos de dominación geopolítica, un problema de orden geográfico.

La depredación sostenida del ambiente se justifica en el sentido de decir que se trata de una reivindicación de progreso para la gente en detrimento de la naturaleza, pero eso que se ha instrumentalizado como “ambiente”, en realidad es una relación ecosistémica de vida que además de “naturaleza”, implica al mismo tiempo la existencia de tierra y territorio. Por eso, en este proceso de dominación geográfica no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.

En verdad no se trata de que la gente se enriquece en detrimento de un empobrecimiento de la naturaleza. La real polarización no es la de “desarrollo-ambiente”, sino una polarización colonial constitutiva que rige la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, y la división social y racial del trabajo (A. Quijano). Cuando hablamos de una dominación de orden geográfico, nos referimos a cómo el capital controla, administra y/o coopta el proceso metabólico de un territorio, que implica la síntesis indivisible de devastación ambiental y polarización social, en beneficio de una coalición de oligarquías globalizadas que por supuesto genera utilidades a las élites nacionales y a las burocracias de nuestros Estados extractivistas. Esta es la verdadera polarización a la que hay que atender. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece.

 

A esto hay que agregarle algo. El desarrollo de los capitalismo extractivos convierte a la naturaleza en renta, en dinero captado internacionalmente ‒algunos dicen que es la riqueza de las naciones‒, y el dinero capitalista es un mecanismo de dominación porque, entre otras cosas, genera una intermediación, que resaltamos en dos sentidos: a) configura una nueva territorialidad que gira en torno al mercado mundial, en el cual se va destruyendo o cooptando el vínculo directo que hay entre el trabajo, el territorio y el acceso a los bienes comunes, lo que obliga a la gente a requerir de la intermediación del dinero para acceder al consumo (que generalmente compra naturalezas procesadas de los despojos de otras partes del mundo); y b) en términos del sistema-mundo, la conversión de los bienes comunes territoriales en dinero, hace que la riqueza fluya acorde a los inmensamente desiguales mecanismos de distribución y transferencia de capital a nivel mundial [16] . El nivel máximo de este proceso internacional de despojo es la crisis de la deuda externa. En ambos sentidos de la intermediación, resalta la relación entre pobreza y dependencia. El extractivismo es un problema económico porque es un problema ecológico y geográfico también.

 

7) Extractivismo y producción de subjetividad

Poco se trabaja la dimensión cultural del extractivismo, el impacto que tienen estos sistemas, sus modelos políticos, en la producción de subjetividad. Venezuela es un buen ejemplo de cómo en la medida en la que el metabolismo biosocial de todo un país está más determinado por el extractivismo, éste genera fuerzas muy influyentes en la producción de subjetividad, que incluso, como ha pasado en la Revolución Bolivariana, atentan contra los cambios de modelo y los procesos de transformación.

El antropólogo venezolano Rodolfo Quintero había nombrado desde principios de los años 70 a este proceso de producción de subjetividad en la Venezuela petrolera, la «cultural del petróleo», para hacer referencia a los diversos recursos materiales e inmateriales que producían este patrón de vida que “crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas” [17] . A partir de ahí muy poco se ha trabajado esta importante relación en la literatura política del país.

 

Desde este análisis metabólico que proponemos, un lugar común como la idea de que para superar nuestros principales males sociales hay que impartir una mejor educación, debe ser problematizada. Si se generaran tales procesos “educativos”, manteniéndose todos los procesos metabólicos propios de los capitalismos extractivos, que reproducen las formas culturales de estas subjetivaciones rentistas, difícilmente se podrían alcanzar tales objetivos ‒nuevamente, Venezuela es un buen ejemplo de ello‒. Por citar un ejemplo, los fenómenos de reprimarización de las economías latinoamericanas, producto de la abundante captación de la renta internacional de la tierra desde mediados de la década de 2000, con sus efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el ensanchamiento artificial de los mercados internos por la vía de las importaciones, están en profunda relación con la necesidad de redimensionar este tipo de subjetivación cultural rentista. Se trata de un requerimiento metabólico de estos modos de acumulación extractivos respecto al ámbito cultural, que tiene sus modalidades territoriales en las zonas de los proyectos extractivos ‒en contra de culturas campesinas ancestrales, de pueblos indígenas‒, y en los complejos enclaves urbanos.

Los signos de un cambio de época en América Latina, los peligros de procesos masivos de despojo territoriales y degradación de la naturaleza en la región, y el impulso de teorías ad hoc para justificar la expansión del extractivismo, hace de estos debates espacios necesarios para el diálogo y la reflexión, en pro no sólo de insistir en la creación de caminos alternativos, sino de defender los comunes. Lo único que nos queda.

 

Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – CELARG.La Paz, septiembre de 2014

Fuente: Rebelión, 09/09/2014.

 

Fuentes consultadas

·          AMÉRICA Latina en Movimiento. Recursos y desarrollo: estrategias en la unión suramericana. 488. Quito, Septiembre 2013. Año XXXVII, II época.

·          BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, 2013.

·          CAMACHO, Carlos. Operación “Dagong”: Argentina, Chávez, China, default y Venezuela. Hinterlaces. 05 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.hinterlaces.com/analisis/economia/operacion-dagong-argentina-chavez-default-y-venezuela .

·          GUDYNAS, Eduardo. Izquierda y progresismo ante la integración y la globalización. ALAI, América Latina en Movimiento. 2014-02-19. Disponible en: http://alainet.org/active/71415 .

·          MARTÍNEZ Alier, Joan. Argumentos económicos contra el extractivismo. La Jornada. Sábado 21 de junio de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/opinion/014a1pol .

·          QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. Siglo Veintiuno editores. Necaxa, México. 1976.

·          SOCIEDAD de Economía Política Radical. Guía rápida para comprender el ajuste que está y el ajuste que viene. Rebelión. 22-08-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188728
.TERAN Mantovani, Emiliano. Las coordenadas urbanas del conflicto político actual en Venezuela . Rebelión. 31-05-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185393 .

·          TERAN Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina . Rebelión. 06-02-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450 .

·         ZIBECHI, Raúl. Extractivismo en las grandes ciudades . La Jornada. Viernes 3 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/03/opinion/027a2pol .

·          ZIBECHI, Raúl. El capital financiero saquea Río de Janeiro . Viernes 27 de junio de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/opinion/021a1pol


Notas:

1.       A diferencia de István Mészáros, cuando hablamos de metabolismo nos referimos al proceso biosocial que es la base donde se reproduce la vida, el cual se constituye como un tipo específico de régimen de territorialidad; de formas de procesamiento y asimilación de energía; de intercambios, consumo y producción biosociales; de tipos de narrativas y construcciones socioculturales; y de tipos de ocupación y ordenamiento territorial; determinados por factores geográficos y ecosistémicos, y estructuras de poder en las organizaciones humanas. El metabolismo hegemónico del sistema capitalista, jerarquiza al humano (principalmente al hombre occidental) por encima del resto de las especies de un ecosistema, alterando significativamente los ritmos y procesos de recuperación de la naturaleza.

2.       Cf. TERAN Mantovani, Emiliano. Las coordenadas urbanas del conflicto político actual en Venezuela .

3.       Los pocos datos existentes sobre el tema agrario en Venezuela no permiten arrojar a ciencia cierta una cifra, pero es innegable que este sesgo importador se ha agudizado en los últimos años, con rasgos que en algunos rubros como leguminosas, cereales, grasas, carne, huevos y leche ha alcanzado niveles muy peligrosos que podrían rondar entre 60 y 80%.

4.       “Recursos naturales, biodiversidad y medioambiente en UNASUR: una visión estratégica”, en: AMÉRICA Latina en Movimiento. Recursos y desarrollo: estrategias en la unión suramericana. p.9

5.       BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. p.53

6.       Cf. GUDYNAS, Eduardo. Izquierda y progresismo ante la integración y la globalización.

7.       Véase: Rodríguez Araque, Alí. “UNASUR: una estrategia integral”, en: AMÉRICA Latina en Movimiento. Op.Cit. p.5

8.       En este sentido, y para el caso de Venezuela, recomendamos de la SOCIEDAD de Economía Política Radical. Guía rápida para comprender el ajuste que está y el ajuste que viene.

9.       Cf. ZIBECHI, Raúl. Extractivismo en las grandes ciudades .

10.   Sobre esto véase: ZIBECHI, Raúl. El capital financiero saquea Río de Janeiro .

11.   Cf. BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. pp.131-135

12.   en: AMÉRICA Latina en Movimiento. Op.Cit. p.7

13.   En: AGENCIA Venezolana de Noticias (AVN). Maduro: Relación Venezuela-China ha alcanzado el nivel más avanzado de su historia .

14.   Nos preguntamos para el caso de Venezuela, ¿cómo leer, por ejemplo, que la calificadora de riesgo china Dagong Global Credit Rating Company, propiedad del Banco del Pueblo de China (una especie de banco central del país), rebajara en julio 2014 la calificación de deuda soberana de Venezuela de BB+ a BB- con “panorama negativo”, siendo el país al que más plata le prestan los bancos de desarrollo chinos en la región y uno de los países que más petróleo le vende al gigante asiático? Cf. CAMACHO, Carlos. Operación “Dagong”: Argentina, Chávez, China, default y Venezuela.

15.   Cf. TERAN Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina .

16.   Sobre esto, véase: MARTÍNEZ Alier, Joan. Argumentos económicos contra el extractivismo.

17.   QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. p.46

Leer 

 

 

Apreciemos la lucha campesina en contra de la Venezuela extractivista que tiende hacia la seguridad alimentaria en vez de hacia la soberanía alimentaria.

 

 

 

Ley de Semillas de Venezuela

26 de junio de 2018

 

El objetivo general de la presente Ley es preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla, así como la promoción, investigación y certificación, distribución y comercialización de la misma en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva agroecológica socialista, a fin de consolidar nuestra seguridad y soberanía alimentaria, de conformidad con el artículo 305 de la Constitución.

 

Decretada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Esta ley promueve el desarrollo de un sistema de producción de semillas: moderno, contrario a la producción y uso de organismos vivos modificados (OVM) y organismos genéticamente modificados (OGM) y contrario a las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla, de calidad, soberano, democrático, participativo, corresponsable y solidario, haciendo especial énfasis en la valoración de la semilla originaria y campesina, que beneficie a la diversidad biológica y ayude a la preservación de la vida en el planeta. Como elemento de la biodiversidad, organismo vivo y parte de la madre tierra; cada semilla encierra siglos de evolución, modulada por la especie humana generación tras generación, en los cuales fue transmitiéndose el código genético que determinó su esencia, su reproducción y su riqueza.

En el presente, grandes corporaciones mundiales desde los centros hegemónicos amenazan la interrupción de ese ciclo natural, con el criterio mercantil de modificaciones biológicas, que alteran su naturaleza, composición genética y sus características esenciales, perjudicando la relación armónica mantenida durante millones de años. Los procesos industriales de modificación genética de la semilla, alteran el ciclo natural de la vida y ponen en riesgo los intereses superiores de la humanidad. Asimismo, una de las avanzadas de los grupos corporativos se dirige hacia la privatización de la semilla como mecanismo de control en la producción nacional, en detrimento de la soberanía de nuestros pueblos y la preservación de la biodiversidad.

 

Por otra parte, las grandes corporaciones biogenéticas trasnacionales están llevando una ofensiva productiva y comercial que busca sumir a nuestros pueblos en la dependencia agraria, genética, económica, política, tecnológica y alimentaria, con la finalidad de alejarnos cada vez más del desarrollo Agro-Rural sostenible y respetuoso del ecosistema, por lo que urge implementar este instrumento legal para combatir en forma efectiva estos grupos e incentivar los intereses que, sobre la materia tiene el Estado Venezolano. Por otra parte, se debe destacar que el neoliberalismo promueve una falsa y nueva revolución verde, que coloca a la semilla en el centro del debate mundial, utilizando supuestos negados que destacan la semilla genéticamente modificada mediante la biotecnología moderna o cualquier otro medio, como la panacea para combatir el hambre a nivel mundial. El modelo del agro-negocio promueve la utilización de este tipo de semilla, con la promesa incumplida de mayor producción y menor afectación del medio.

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LEY DE SEMILLAS, LEY DE TODOS (5,83 MB) Leer

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VENEZUELA: Movimiento Campesino,

en acción unitaria toma pacíficamente INTI Barinas

26 de junio 2018.

 

Resumen Latinoamericano*

Barinas Se Levanta: Acción unitaria del Movimiento Campesino toma pacíficamente #IntiBarinas Contra las #MafiasAgrarias, por un Plan Nacional De Urgencia Productiva, Contra el Sicariato y la Impunidad, En defensa del Legado Agriario de Chávez

*¡Pueblo campesino de Barinas se levanta en Defensa del Legado Agrario de Hugo Chávez!*

Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y política resultado, por un lado, del ataque inclemente que el imperialismo estadounidense ha desatado contra nuestra economía, y por otro, por errores cometidos dentro del proceso revolucionario, debido a  medidas que no se han tomado, acciones que no se han emprendido, ineficiencia, ineficacia y corrupción. Una de las expresiones centrales de esta coyuntura es el desabastecimiento de alimentos y el alto costo que estos han ido alcanzando.

En ese contexto, el pueblo campesino hemos estado en la primera línea de batalla, produciendo gran parte de los alimentos que está consumiendo hoy en día el país. El desabastecimiento no ha afectado en lo más mínimo productos de origen campesino como frutas, tuberculos, musaceas, raices, leguminosas, granos, verduras y hortalizas. *Es un hecho incuestionable que la base alimentaria producida por el esfuerzo de las mujeres y hombres del campo constituyen hoy día el principal sustento de nuestra gente y la principal alternativa ante el boicot en torno a los productos agroindustriales* como el maíz, el arroz, el azúcar, el Aceite, Carne, Pollo.  El costo especulativo con el que se comercializa la producción campesina es producto de las mafias del transporte y la distribución, que no han sido efectivamente combatidas por las autoridades competentes. De esa especulación el campesinado no se beneficia en lo absoluto, al contrario, es enormemente perjudicado por la dictadura comercial de estas mafias.

A pesar de estas contundentes demostraciones de productividad y lealtad patriótica y revolucionaria, *el pueblo campesino hemos venido siendo golpeado impunemente por las mafias agrarias* conformadas por la vieja élite latifundista y por la nueva surgida en revolución, por jueces y juezas agrarias, fiscales y fiscalas del Ministerio Público, cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios y funcionarias de las instituciones de Tierras y Agrarias, *que nos criminalizan y pretenden restaurar el latifundio en el país* y retroceder a los tiempos del modelo agrario anterior a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del Comandante Hugo Chávez.

*Decenas de desalojos arbitrarios y violentos con severas violaciones a Derechos Humanos, manipulaciones jurídicas, trabas y dilaciones procedimentales* para la entrega de tierras,  cientos de campesinos y campesinas judicializados con regímenes de presentación y libertad parcial, amenazas, amedrentamientos y asesinatos, han venido sucediéndose sin que hasta ahora se haya investigado y castigado a ninguna de las personas responsables de estos hechos.

A esto se suma la espera de miles de familias campesinas organizadas en cientos de Consejos Campesinos y Cooperativas que hoy se encuentran en lucha por la tierra, disputando predios ociosos e improductivos a terratenientes sin recibir acompañamiento del Estado ni respuestas eficaces, efectivas y contundentes respecto a la activación y concreción de esos rescates de tierras. Para esto, *se requieren señales claras de la Dirección de la Revolución y decisión firme del Presidente Nicolás Maduro de tomar medidas excepcionales de Libertades Plenas para todas y todos los campesinos en el País que están injustamente en régimen de presentación y con medidas cautelares por luchar por tierra y están siendo criminalizados por producir alimentos*, y esto último no es cuento, en todos los desalojos arbitrarios han sido destruidas miles de Hectáreas de alimentos sembrados por el esfuerzo de Campesinos bajo la consigna zamorana “Tierra Ocupada Tierra Trabajada”, mientras a Terratenientes se les entrega Medida de Protección Agroalimentaria y Certificación de Finca Productiva cuando son claras a la vista tierras en total ociosidad.

Esas medidas de protección de los tribunales se basan en la envenenadas e interesadas Certificaciones Inti. No dudamos en decir que corrieron  millones de billetes para adquirirlas. El resultado decenas de desalojos, judicialización y criminalización de las luchas por las tierras.

*Con dolor, hay que referenciar el sicariato de Jesús León y Guillermo Toledo*,  compañeros que pertenecían al rescate de tierra del predio “Palo Quemao”, en manos de delincuentes enviados por el presunto dueño del mismo, *Carlos Pardi*, ocurrido el 12 de Mayo del presente año en el municipio Arismendi. Es necesario resaltar que este hecho ocurre *luego de meses de acoso y de inacción por parte del Ministerio Publico quien había recibido una oportuna denuncia el día 13 de noviembre del año 2017 bajo el expediente número 3772*. Actualmente hemos venido coordinando con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en Caracas para avanzar en ello; hasta ahora sin resultados.

Hoy, en el marco del nuevo período presidencial del compañero Nicolás Maduro Moros, y en el contexto específico de la necesidad de un nuevo comienzo y un diálogo profundo y sincero con los sectores productivos del país, el movimiento campesino  hemos venido planteando la necesidad impostergable de que se active un Plan Nacional de Urgencia Productiva que implique la solución de las graves problemáticas que impiden el levantamiento de la producción de alimentos que pueda enfrentar la actual coyuntura de crisis interna y agresión externa imperialista*. Ese Plan De Urgencia Productivo implica financiamiento, semillas, insumos, y seguridad jurídica, personal y material en el campo,  que pasa por la incorporación directa a la Planificación productiva con quienes producimos los alimentos.

*Desde el movimiento campesino nos declaramos en movilización permanente en defensa del legado agrario del Comandante Chávez*, para lo cual se viene conformando un Plan General de Lucha, que implica la realización de asambleas a todo lo largo y ancho de nuestros campos, en Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Mérida, Táchira, Apure, Zulia, etc y que avanzará hacia contundentes movilizaciones y acciones políticas unitarias, a lo cual queremos *desde la tierra del Comandante Chávez hacer el llamado a la Clase Campesina a sumarse a las jornadas de Lucha y a quienes desde los principios revolucionarios se solidaricen con estas causas justas*, *porque solo en Unidad podemos lograr defender las conquistas Históricas que como pueblo campesino hemos conquistado con la revolución Bolivariana que son las verdaderas bases para nuestra Soberanía Alimentaria.*

Luego de lo antes expuesto, el movimiento campesino de Barinas exige:

1) *Exigimos respuestas concretas, inmediatas y definitivas sobre los predios en rescate en el Estado Barinas*. Es necesaria la entrega de documentación firme de la entrega de estas tierras con Rescates Conclusivos a los consejos campesinos, llámese Carta Agraria, Carta de Adjudicación.

2) *Exigimos Justicia para los Campesinos asesinados en Arismendi* del Predio Palo Quemao, Jesús León y Guillermo Toledo.

3) Revisión de todos los Certificados de Finca Productiva otorgadas otorgadas bajo interés por el Inti.

4) *Investigación de los bienes y propiedades de funcionarios* que tuvieron o tienen responsabilidades nacionales y regionales del Inti.

5) *Cambio del Directorio Nacional del Inti* y la incorporación de vocerias electas por los  campesinos.

6) *Exigimos mayor eficiencia a la Comisión de la ANC designada para investigar los casos de Desalojos arbitrarios* que violentaron los Derechos Humanos de los campesinos y que se haga Justicia como pidió el Presidente Nicolás Maduro, *Cárcel para los Culpables.*

7) Que el Inti adjuduque el Fundo La Victoria en Zulia, a los campesinos y *el Presidente del Inti haga público el nombre del chivo político que lo presiono para que ese rescate se paralizara.*

8) Financiamiento ditecto del Plan Campesino de Siembra de Alimentos y distribución directa de insumos.

9) Solicitamos la INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL por parte de la ANC,  pues es desde ahí donde se cuadran todos los negocios que perjudican al campesinado.

10) *Reestructuración y Reorganización del Inti* con participación directa del campesinado.

11) Definir, con participación del movimiento campesino, un *plan nacional de democratización de la tierra*, con metas a corto, mediano y largo plazo.

12) *Libertad plena a los campesinos y campesinas* con  medidas cautelares y regímenes de presentación derivadas de su lucha por la tierra.

13) *Compromiso estatal con el plan productivo de cada predio*, en función de la conformación y desarrollo de un nuevo modelo económico para el campo venezolano.

14) Plan concreto de financiamiento, Dotación y facilitación de maquinaria para el pequeño y mediano productor.

15) Exigimos que *Agropatria y la cadena de Distribución de Insumos Agricolas para la Siembra estén al servicio de los Campesinos y Campesinas* y se les garanticen el acceso a los mismos de manera directa, Así como revisión a fondo de Agropatria para combatir las mafias Bachaqueras.

16) Formación política y técnica para el Pueblo Campesino.

17) *Respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo campesino en lucha por la tierra*; esto implica: cese de criminalización, a los atropellos, amenazas y amedrentamientos y no más encarcelamientos ni asesinatos de líderes y lideresas de la lucha campesina.

18) *Nos sumamos a la convocatoria al diálogo con los sectores productivos* planteado por el compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Ese diálogo debe darse *primordialmente con las bases campesinas organizadas*, con el pequeño y mediano productor y con el  movimiento campesino venezolano.

19) *La lucha contra el latifundio debe ser sin cuartel y así la asumimos*.

*¡Por el legado agrario del Comandante Chávez!*

*¡Plan de Urgencia Productiva ya!*

*¡No a la Criminalización de Campesinos y Campesinas!*

*¡No a la Impunidad, Ni un campesino más asesinado,

Cárcel a los Culpables materiales e Intelectuales!*

*¡Democratización definitiva de la tierra!*

*¡UNIDAD PARA LUCHA!* *¡UNIDAD PARA VENCER!*

Consejos, Cooperativas y Colectivos de Campesinas y Campesinos en Lucha de Barinas

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora

Movimiento Revolucionario Tupamaro

Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora

Movimiento Campesino Antiimperialista Combatientes de Zamora

Plataforma de Luchas Campesinas

*Estado Barinas 25 de Junio 2018*

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/26/venezuela-movimiento-campesino-en-accion-unitaria-toma-pacificamente-inti-barinas/

 

 

 

Coincidimos con Emiliano Teran Mantovani que enfoca lo central de las luchas desde abajo y plantea que:  "Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia".

 

Ese desafío de todos los pueblos de Nuestra América tiene en el de Venezuela un paradigma de desarrollo actual.  En efecto:

 

 

 

 

El Maizal y las preguntas sobre las Comunas

2 de marzo de 2018

 

 

Por: Marco Teruggi

La Comuna El Maizal se convirtió en centro de gravedad del debate comunero. Las razones son tres: la realidad productiva y política que ahí existe, la vocación de crecimiento, y la respuesta del poder constituido ante esa situación. Están concentradas variables de manera nítida, con tal evidencia que se produjo un movimiento de solidaridad de organizaciones, individuos y comunas en torno al conflicto que emergió a finales del año pasado.

Qué es lo que se defiende en lo concreto del caso: el reconocimiento de la victoria de Ángel Prado, vocero de la comuna, como alcalde ganador del municipio. Ángel, constituyente electo, no fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral ni la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a presentarse como candidato para las elecciones del pasado diez de diciembre. Las razones en lo legal para impedirle presentarse fueron poco sólidas, en cuanto a lo legítimo nunca tuvieron con qué sostenerse. En términos sintetizados, le impidieron presentarse, consiguió hacerlo, y le quitaron los votos que le daban la victoria.

La traducción en términos políticos es que el poder constituido le cerró violentamente las puertas al poder constituyente, un poder con la legitimidad de la construcción comunal y el liderazgo genuino.

Sería necesario darle contenido al concepto de “poder constituido” en el cuadro del proceso revolucionario. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es ese poder? Si se lo ve en términos de dirección lo es, en particular porque esa misma dirección es quien está en los principales puestos de gobierno. Si se lo ve en términos de las bases del partido, que hacen vida política en los territorios, resulta difícil afirmar lo mismo. ¿La ANC es el poder constituyente? En su proceso de emergencia lo es, en su composición también, en las lógicas de su funcionamiento se aleja de ese sentido. Se pueden complejizar estas respuestas, el asunto es que las ideas de poder constituido y poder constituyente son flexibles y complejas en un proceso donde lo constituyente pasa a ser constituido y cuestionado por un nuevo constituyente.

En este caso el constituyente es El Maizal, que se propuso no solamente conformar una experiencia productiva y de gobierno comunal -algo de una gran dificultad de por sí- sino también disputar el poder político de la alcaldía. El razonamiento es sencillo: si, como en el caso de la mayoría de las comunas, el vínculo con la alcaldía es malo en el sentido del no reconocimiento al sujeto comunal, entonces por qué no acceder a esa institución y poner en marcha experiencias de cogobierno y cogestión. Significaría ampliar el campo de acción, de posibilidades, de crecimiento.

Esa conclusión, producto del desarrollo colectivo, no fue exclusiva de El Maizal. También sucedió en la Comuna Cagigal, estado Sucre, y en el Municipio Páez, estado Apure. En el primer caso se trata de una experiencia similar al Maizal, donde el vocero principal fue propuesto para la candidatura, en el segundo, un candidato proveniente de la construcción de la Ciudad Comunal Campesina Socialista Simón Bolívar, impulsada por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. En Cagigal ganó por fuera del Psuv, en Apure yendo como candidato del Psuv.

No resulta sorprendente que varios procesos lleguen a síntesis similares. Descartar la disputa del poder político estatal sería una mirada zapatista, algo que nunca estuvo planteado en el proceso chavista. Al contrario, Chávez siempre desarrolló la idea de un círculo virtuoso -¿imposible?- entre el Estado como impulsor de políticas contra el mismo Estado. La disputa por el Estado fue un punto nodal: el Estado no hace revoluciones, pero no se puede transitar un proceso revolucionario sin el Estado. Que varias comunas se propongan disputar espacios institucionales, al tiempo que construyen una nueva institucionalidad en su territorio, es una maduración que era esperable. Las respuestas desde el poder constituido también lo eran.

Digo “las respuestas” porque los casos de Cagigal y Apure ayudan a complejizar el cuadro y no llegar a la conclusión de que siempre el Psuv actúa de manera cerrada, o que ningún comunero tiene posibilidad de acceder a una alcaldía por fuera del Psuv. En el caso de El Maizal es innegable que la respuesta fue autoritaria, burocrática, desconociendo al sujeto de la revolución, al chavismo que resiste la avalancha de dificultades económicas, construye y vota a favor del proceso.

Estas diferentes resoluciones no pueden tampoco desdibujar el trazo generalizado respecto a la cuestión comunera: no está en agenda. No estar en agenda significa que casi no aparece en medios oficiales, y que las políticas de gobierno no suelen apuntar en esa dirección, llegando a veces, en algunos territorios, a ir directamente contra. ¿El Clap es la forma de comunalizar el poder en esta etapa de enfrentamiento de guerra? Puede ser un argumento para intentar tapar una orientación. No significa que los Clap no sean imprescindibles, que muchas comunas no trabajen con los Comités, los hagan parte de las dinámicas comunales: las políticas no son lineales, son el resultado entre orientaciones y capacidad de (re)significar en cada lugar. Pero en términos generales la situación es de un poder constituido que no reconoce al constituyente comunal, lo percibe como amenaza, no piensa en transferencias de recursos, competencias, en abrir espacios. No es algo nuevo.

Se puede contestar a esto con la afirmación de que quienes no han estado a la altura han sido las comunas, el movimiento comunero, que no logró construir instancias reales de autogobierno y autogestión. Sin dudas existen dificultades, debido a lo ambicioso de los objetivos, a la complejidad de poner en pie experiencias con esa potencia, los tiempos que toma conformar un sujeto histórico que se autogobierne, las culturas políticas del chavismo dependientes del Estado. No creo que la hipótesis de la igualdad de responsabilidades sea válida, por las evidentes desigualdades de poder, recursos económicos, herramientas.

En estos casos concretos, El Maizal, la Comuna Cagigal, y la experiencia de Apure, son reales, producen -3 millones de kilos de maíz en el 2017 en el caso de El Maizal- avanzan en la capacidad de ejercer poder, y lo hacen en esta época donde la situación general barre con fuerza. Son muchas más experiencias en todo el territorio nacional.

Hay algo más, y es la defensa del proyecto comunal, es decir la construcción colectiva que busca la transformación de raíz, que puede permitir el desarrollo de lógicas políticas, económicas, culturales, que vayan más allá del capital. Las comunas no son un capricho, son una de las llaves centrales para abrir pasos al camino del socialismo, que no es los mismo que políticas sociales combinadas con administración imposible del capital en tiempos de guerra. Debatir las comunas es debatir el proyecto estratégico, una de las principales posibilidades para la transición.

Por ese conjunto de razones El Maizal cobró centralidad, volvió a poner el tema comunal arriba de la mesa, aunque todavía no alcance masividad. Según han dicho irán en dirección a la conformación de dos Ciudades Comunales en el municipio, al tiempo que resistirán a los ataques que les han hecho, como la quema de parte de sus tierras. El Maizal muestra una voluntad que vive en el chavismo, que empuja a pesar de las adversidades, los fuegos cruzados, y que conducirá a que los votos vayan a favor de Nicolás Maduro el 22 de abril. Porque las únicas condiciones que puedan existir para avanzar en las comunas serán en el marco del chavismo, con sus límites y potencias. El asunto es poner en pie una correlación de fuerzas que permita empujar en las direcciones revolucionarias de la revolución. Significa que uno de los mayores actos de solidaridad que se pueda hacer con el universo comunal es construir comunas.

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8383

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Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas: por la unidad popular para el socialismo territorial

El 23, 24 y 25 de febrero fueron días que permitieron concentrarnos cientos de militantes de la revolución bolivariana de diversos espacios y latitudes que tenemos en común el asumir como horizonte lo comunal como vía para de construcción del socialismo. La Comuna El Maizal fue el espacio que permitió la realización del Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas, quien reclama el reconocimiento del triunfo electoral de Ángel Prado, referente de dicha comuna, en las pasadas elecciones municipales.

El encuentro permitió no solo hacer acto de presencia para la solidaridad por el reclamo justo, sino también para el intercambio de diversas experiencias territoriales que asumen los mismos retos y prácticas, permitiendo debatir sobre cómo vemos posible continuar ese camino en el marco de la actual crisis, donde el enemigo estratégico asecha como nunca antes y cuando la apuesta comunal no aparece como línea coherente de acción desde el gobierno bolivariano.

 

Sobre El Maizal y la construcción de hegemonía
Se acerca el 05 de marzo, la fecha remite para millones en Venezuela y más allá, a la perdida física del Comandante Chávez, una ausencia que aún pesa, que deja un mal sabor pero que también permite definir retos, hacer esfuerzos por analizar sus aportes y su vigencia hoy en día. Esa misma fecha pero en el 2009, nos remite a otro suceso, el Comandante se disponía en su Aló Presidente a conectarse con su pueblo, desde un predio recuperado entre los estados Lara y Portuguesa, su lucha contra el latifundio y la tierra improductiva seguía en agenda de gobierno pero ya en ese momento lo vinculaba a otro ensayo político que alentaba la organización del pueblo para el impulso del autogobierno popular: las comunas socialistas.

Ya casi será el noveno aniversario de la Comuna El Maizal, que nació de esa interacción de Chávez con lxs humildes productores que levantaban desde el primer momento las banderas del proceso bolivariano. Mucho ha sucedido en estos años en esos territorios, tantos que podemos decir que la comuna es una evidencia clara que la apuesta de entregar medios de producción a un pueblo con cultura de trabajo y organización, que además tiene como ruta el acumular fuerzas para su desarrollo integral, es una vía efectiva para el socialismo planteado en Venezuela.

Su capacidad productiva ha permitido construir la base material para sostener diversas dinámicas sociales y luchas vinculadas con la recuperación de tierras y espacios improductivos para, bajo gestión comunal, activarlas y ponerlas al servicio del pueblo. Por ello podemos decir que su capacidad de distribución de alimentos ha sido muy importante para paliar un poco las duras condiciones que la guerra económica, impulsada por los enemigos de la revolución, mantienen sobre la población.

Sus más de mil cien hectáreas sembradas de maíz el año pasado, la mayoría arrimada al Estado venezolano pero también un porcentaje distribuido en sus mercados comunales de forma directa, los mismos que sólo en el mes de diciembre pasado distribuyeron más de 12.500kg de carne, 1.000kg de queso, además de café, leguminosas, verduras, hortalizas y frutas diversas, beneficiando a la población de por los menos 80 Consejos Comunales, en un municipio con menos de treinta mil habitantes. Todos sus excedentes son dirigidos a la reinversión social en diversas áreas y proyectos, previa aprobación del Parlamento Comunal, así se han construido dos escuelas, dispensarios, realizados mantenimiento general al hospital del Municipio, recuperado vialidad agrícola, por decir sólo algunas.

También el desarrollo organizativo de la Comuna El Maizal, a contribuido con el impulso de las comunas más allá de su ámbito de 22 consejos comunales, siendo la primera comuna formalmente constituida en el Municipio Simón Planas, ha marcado el camino a ocho más (que incluso agregan ámbitos no solo del estado Lara, sino también de Portuguesa, como sucede con El Maizal, y Yaracuy, desarrollando la agregación según las condiciones históricas/geográficas superando la tradicional división política territorial) y por ello hoy en día se plantean el impulso de la Federación Comunal y su Distrito Motor de Desarrollo Agroalimentario, para lo cual diseñan la constitución de dos Ciudades Comunales (1).

En fin, es un autogobierno con capacidad real de gobernar desde las dinámicas que lo comunal desarrolla y que como chavistas asumen que el desarrollo de la fuerza implica, desde la construcción de hegemonía, ir ocupando todo espacio necesario para el avance.

Por eso plantearon el nombre de Ángel Prado, referente de la Comuna El Maizal y uno de los voceros de su parlamento como candidato territorial por el Municipio Simón Planas a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo un triunfo con más del 80% de los votos. Dejando claro la proyección de un esfuerzo que transciende el ámbito de la comuna formalmente constituida.

Para ese triunfo se constituyó con lxs comunerxs del municipio una estructura que garantizaba presencia en todos los centros electorales, la misma se activo para garantizar un caudal de votos para el triunfo en las elecciones para la gobernación y como era lógico el Movimiento Comunero postulo al mismo Prado para la alcaldía en cuanto fueron convocadas dichas elecciones, el triunfo estaba asegurado.

Así el desarrollo de “lo nuevo” contaba con el respaldo popular para asumir la estructura formal del poder que ha sido enemiga desde siempre de la comuna, despejar el camino del adversario en base a una consulta popular ha sido una guía usada en estos años de revolución pero en este caso el contrincante era el mismo aparato político que conduce el gobierno revolucionario.

El 1 de noviembre, día para la inscripción de candidatos el PSUV informa que no apoyara a Ángel Prado y en acuerdo de asamblea popular deciden inscribirlo por iniciativa propia, así inicia una larga lucha que se mantiene al día de hoy. Mil trabas se sortearon para llegar a las elecciones, las que ganaron con el 57,45% de los votos que lo deben acreditar como el Alcalde legítimo del Municipio Simón Planas en Lara y que no es reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el argumento que no era un candidato autorizado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ya que Prado es el constituyente territorial del mismo municipio.

 

Lucha por el poder, el sentido y el horizonte estratégico dentro del chavismo
Lo sucedido en Simón Planas remite una lucha que supera una alcaldía de un pequeño municipio, es la disputa central en el seno del chavismo a toda escala o por lo menos lo que marcara el desarrollo de las tensiones internas sobre como gobernar y como continuar el proceso hacia sus adentros, más allá de la confrontación permanente con la oposición y los intereses foráneos por acabar el proceso bolivariano.

Puede definir cómo se ejerce el poder por algunos para limitar el desarrollo de las fuerzas que le adversan internamente, negando la resolución de las diferencias en el seno de la revolución desde códigos que se venían construyendo de forma coherente con los postulados de la democracia, impidiendo la posibilidad de dar caminos de resolución a las tensiones que deben dar vitalidad al ejercicio de gobierno. Además pone en disputa el sentido de la revolución misma, al abrir o cerrar posibles vías para avanzar y triunfar en momentos que la desesperanza avanza y el horizonte socialista se ve cada vez más difuso.

La revolución bolivariana, con sus matices, asume como parte de su identidad lo planteado por Chávez en múltiples ocasiones, desde el Libro Azul hasta el Golpe de Timón: “una de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático, una nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer”, sumado a “la transformación de la base económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática” para el fin de “cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural”, allí mucho de lo que define el proyecto comunal y de lo expresado en el Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero, lo que convoca a la diversidad que se hizo presente (2).

La unidad necesaria del chavismo para el reimpulso de lo comunal y la necesaria autocrítica
En el encuentro tuvieron presencia diversos sujetos que se sumaron a la convocatoria, militantes de base de diversas experiencias, comunales, culturales, de sectores sociales, intelectuales, colectivos de comunicación alternativa y comunitaria, partidos políticos, entre otros, evidenciando varias circunstancias que cruzan el momento: la efectiva existencia de un sujeto político construido en estos años desde el chavismo que asume lo comunal como vía de construcción de la revolución, contraria a lo presente en los espacios burocráticos o al ejercicio tradicional de la política.

También muestra la debilidad de ese línea de construcción, a pesar de existir cientos de experiencias se puede decir que el desarrollo de su potencia es limitado, a pesar de los avances que se han tenido, la imposibilidad de levantar plan de lucha autónomo; de gestionar proyectos económicos que permitieran un real desarrollo productivo; además de avanzar en la agregación o articulación para definir una identidad de un movimiento, más allá de las organizaciones existentes, que permitieran presionar para el cumplimiento de una agenda clara, incluso aprobada por el Presidente Maduro en el marco del Consejo Presidencial de Comunas o de su defensa ante los ataques y trabas que sufren ante la burocracia y los intereses políticos a todo nivel, con mucho énfasis en los espacios de gobierno local.

A todo eso toca sumar el no lograr aún asociar lo comunal como un proyecto que transciende a los consejos comunales y comunas, como si la misma fuese tarea de un sector y no de la sociedad; son algunas de las razones, de seguro no las únicas, que explican la falta de fuerza para disputar el sentido y horizonte necesario.

Sin duda, las lógicas construidas desde el rentismo han tenido una influencia en todo el campo político, lo comunal no esta exento de ello. Reconfigurar sus prácticas superándola es una las tareas urgentes que viene siendo realizada, la supervivencia de las experiencias que hoy por hoy se mantienen tienen mucho que ver con esa superación pero aún es un proceso activo y toca alentar esa reconfiguración, manteniendo las claves de lo comunal. Sin duda ese proceso es fundamental para no desaparecer en el marco de la crisis o de las resignificación de las comunas que se escuchan en algunxs de lxs vocerxs del gobierno, alejando las mismas de los autogobiernos, de su potencia revolucionaria.

Además, toca decir, que la crisis ha golpeado duro todo el tejido social de la revolución y, lamentablemente, algunas de las formulas planteadas para su superación hasta el momento en vez de alentar la organización en claves comunales se impulsa desde el gobierno formulas de resolución individuales o bajo modalidades de cooptación, en contra de lo visto hasta el momento en la revolución, que si bien siempre tuvo esas opciones, fueron compaginadas con aquellas que apostaban con sumar a la base social chavista desde la motivación de la organización popular de diversa índole.

 

El reto de lo comunal como horizonte
Desde allí el encuentro es un hito importante que permite retar a ese sujeto, retarlo desde diversas tareas urgentes, muchas de ellas fueron presentadas como acuerdos de mesas, la necesaria construcción de la unidad dentro del chavismo, que debe ser asumida como una diversa construcción que permitió echar a andar un proyecto político desde la hegemonía que debe ser recuperada; el fortalecimiento y cualificación de los emprendimientos económicos pensando en el desarrollo de un real Sistema Económico Comunal contrario a lo expresado por funcionarios del gobierno que plantean una regresión en términos económicos, alejándose para muchxs del socialismo; avanzar con el desarrollo de los sistemas de agregación y articulación que plantean las Leyes del Poder Popular dejando claro que no sólo es una tarea de los Consejos Comunales y Comunas.

Por ello compartimos lo expresado en el documento para el debate del Movimiento Comunero de Simón Planas(1), cuando plantea que la comuna y sus agregaciones no pueden ser pensada solamente como la que recibe el registro en el Ministerio de las Comunas, ni vista como sector, sino como síntesis de una tarea estratégica como es la construcción del Estado Comunal, tarea planteada por el Comandante Chávez y también por el Presidente Maduro en su primera intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Allí pensamos que “la construcción del Estado Comunal es una tarea ineludible de lxs revolucionarixs que militan en los diversos sectores: obrerxs, campesinado, estudiantes, mujeres, y en las expresiones territoriales de poder popular, entre ellas los consejos comunales y comunas (en cualquiera de sus posibles agregaciones o articulaciones), encontrándose todxs en una lucha común”, como se manifestó y visualizo en el encuentro. “Desde allí reinvindicarnos como comunerxs, que buscamos la construcción del bloque histórico de lxs oprimidxs para la defensa de la vida y de lo común, necesario para el rearme hegemónico de la Revolución Bolivariana.”

Insistimos en que uno de los espacio de construcción de lxs revolucionarixs, de lxs comunerxs, junto al gobierno bolivariano debe ser el impulso de un Sistema de Gobierno Popular, que debe generar la necesaria tensión transicional entre lo que no termina de morir y lo que está naciendo, partiendo de que el pueblo asume la tarea de construcción del Estado Comunal, con la constitución de autogobiernos populares y experiencias de cogobierno de estos con el gobierno Revolucionario (en todas sus instancias de representación), quien desde allí debe desarrollar la nueva institucionalidad necesaria para avanzar.

Todo esto en el marco de ataques feroces desde todo ámbito posible, la arremetida internacional es la mejor orquestada en muchos años, con capacidad real de detener nuestro proceso, la división local de la oposición es un espacio que puede permitir hacer estos ensayos de impulso de doble poder y de transferencias de competencias al pueblo organizado, pensando no sólo en la acción necesaria de un gobierno revolucionario sino también en la creación de un tejido de resistencia del pueblo ante cualquier escenario adverso.

Por ello, también en la mayoría de las mesas de trabajo se reafirmo el apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales, un número importante de críticas fueron expuesta al ejercicio de su gobierno, pero también queda claro que la lucha por la concreción de la vía comunal del socialismo sólo es posible en el marco de un gobierno que se asuma chavista, al cual le exigiremos su impulso, al cual acompañaremos para su realización.

El reto esta presente, el encuentro permitió a más de uno retomar fuerzas para seguir en ese sendero, los tiempos no auguran momentos fáciles, pero si oportunidades para el desarrollo autónomo de lo necesario para reconfigurar y avanzar desde lo comunal, queda en manos de muchxs la continuidad de lo planteado, el chavismo va definiendo sus caminos, nosotrxs seguimos la ruta del socialismo planteado por el Comandante Chávez.

(1) Movimiento Comunero de Simón Planas continua con la construcción del proyecto del Comandante Chávez: Impulsaremos el Sistema de Gobierno Popular de nuestra futura Federación Comunal
Ver en línea: http://bit.ly/2CWTRfm

(2) Declaración del Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas: ¡Comuna o nada!
Aquí declaración en línea: https://t.co/IcPasiZSli

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8384

 

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*Movimiento Comunero de Simón Planas continua con la construcción del proyecto del Comandante Chávez: Impulsaremos el Sistema de Gobierno Popular de nuestra futura Federación Comunal*

23 de febrero de 2018

_Documento base para iniciar proceso de debate y generación de aportes en los Comandos Comunales_
_22 02 2018_

En línea: https://t.co/pT7NyYGKcn

*_“El objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano”_*
El Libro Azul
*Comandante Hugo Chávez*

 

Por Comuna El Maizal

El Movimiento Comunero de Simón Planas asume el reto de avanzar en la construcción del Estado Comunal, proyecto estratégico de nuestro Comandante Chávez y que tiene en las Leyes del Poder Popular una ruta trazada por él para su constitución, para nosotrxs es la única estrategia que puede permitir encarar esta etapa de recrudecimiento de la agresión imperial, superando los límites del Estado burgués y sus formas de gestión política, como lo son: la corrupción, el burocratismo y el clientelismo; que han sido históricamente formas que favorecen la dependencia y el colonialismo en el marco del capitalismo rentista venezolano.

Por ello fundamos nuestros Consejos Comunales, que fueron conformando Comunas, siendo la pionera la Comuna El Maizal, impulsada por el mismísimo Comandante. Es por esto que seguiremos agregándonos políticamente para el fortalecimiento del autogobierno. Ahora seguiremos el camino para dar un paso más y conformar nuestras Ciudades Comunales y con ellas impulsar la Federación Comunal, con su Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial, pieza fundamental de nuestra estrategia para convertirnos en territorio potencia para la construcción del Socialismo.

Luego del análisis del territorio y de las comunas constituidas llegamos a la conclusión de que debemos impulsar dos Ciudades Comunales, base de nuestra futura Federación Comunal, es decir, de las comunas presentes en las actuales parroquias Sarare y Gustavo Vegas León de Simón Planas conformaran una Ciudad Comunal, a saber: El Maizal (tomando en cuenta que ésta conformada también con Consejos Comunales del estado Portuguesa), Lanceros de Atures, Sarare (aquí asumimos el reto de impulsar una real dinámica comunera y rescatarla para que sea lo que siempre ha debido ser), Armando Bonilla (propuesta de comuna de la diversificación del ámbito de la Comuna de Sarare) y Ezequiel Zamora.

La otra Ciudad Comunal se conformara con las Comunas presentes en la Parroquia Buria (algunas con consejos comunales del estado Yaracuy), tierra del Negro Miguel y su gesta libertaria, entre ellas: Negro Miguel, Minas De Buria, Revolucionarios De Buria Con El Cuartel De La Montaña y Rio Turbio De Buria Patria Querida.

Nueve comunas, que serán dos ciudades comunales para conformar nuestra Federación Comunal, en homenaje a nuestro Comandante Chávez y a nuestro General de hombres y mujeres libres Ezequiel Zamora, así consolidaremos nuestro Sistema de Gobierno Popular.

Para ello estamos en pleno proceso de reorganización interna, asumiendo los aprendizajes de estos intensos meses, corrigiendo lo necesario, reestructurando donde se necesita recomponer fuerzas, reconociendo el esfuerzos de muchos y muchas que se han sumado al calor de la lucha, legitimando nuestras vocerías, tanto en los Consejos Comunales y Comunas como en la organización que nos hemos dado el Movimiento Comunero en nuestros territorios.

Ese proceso hace énfasis en la mujer, lxs jóvenes y la producción, por ello se impulsa el Movimiento de Mujeres Comuneras, que viene armando sus formas y objetivos propios desde su agenda, partiendo de que la gran mayoría de nuestrxs integrantes son mujeres, la que define nuestra fuerza y acciones, la que ha garantizado cualidad en todo lo que hacemos y nuestras victorias. También es necesario consolidar el Movimiento de Jóvenes Comunerxs, que ha sido otro saldo importante de esta lucha, la sumatoria de un importante componente de juventud que asume las más diversas tareas y se levanta con voz propia en todas nuestras actividades.

Además asumimos el compromiso de desarrollar a plenitud la producción comunal, junto a su red de productores, pensando en el avance de un Plan de Siembra Comunero que busque la vía para el avance soberano del trabajo en nuestras tierras. Esta producción debe ser distribuida y también procesada por nuestras manos.

Sumar la capacidad organizativa de nuestros Consejos Comunales y Comunas, a nuestras mujeres y jóvenes, a nuestra producción, allí la formula organizativa planteada que se ha desarrollado en estos años y que debe consolidarse en los tiempos más difíciles que ha transitado la Revolución Bolivariana, sin duda tenemos cientos de comuneros y comuneras prestos a las tareas necesarias para seguir andando el camino trazado por el Comandante Chávez en el Golpe de Timón con su ¡Comuna o nada!.

*El Sistema de Gobierno Popular y la autonomía necesaria para la corresponsabilidad política*

La Federación Comunal no es para nosotros y nosotras un mero trámite administrativo, es ir sumando y articulando la fuerza y las posibilidades del pueblo que se organiza en autogobierno, promoviendo instancias de participación protagónica, que deben ser cada día fortalecidas y agregadas con el fin de construir respuestas efectivas a nuestras necesidades en ámbitos cada vez más amplios. El fin de las misma esta expuesta de forma clara por el Comandante Chávez en el Golpe de Timón: “para cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural”, reconfigurando así la geometría del poder a favor de las mayorías, alcanzando “El objetivo estratégico (que) debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano” (Libro Azul).

Por ello, construir un Sistema de Gobierno Popular implica para nosotrxs generar mecanismos efectivos de la “nueva institucionalidad” desde la construcción de hegemonía, del “convencer” para construir un tejido organizativo propio, autónomo, y desde allí establecer mecanismos claros de corresponsabilidad política con el gobierno bolivariano. Vista la autonomía como forma de poder del pueblo para si, que construye desde el territorio sus formas de ejercicio de poder obediencial, al cual deberían progresivamente subordinarse las estructuras de planificación, producción y gobierno del Estado venezolano.

Esto exige de parte del gobierno bolivariano en todas sus instancias, y de nosotros como Poder Popular, un desarrollo real de políticas de corresponsabilidad, exige del primero asumir de forma clara el reconocimiento de los principios y mecanismos que han forjado al poder popular. Por otra parte, al pueblo organizado nos exige el desarrollo de un Plan de Lucha Comunal, integral, autónomo, que tenga como base el Plan de La Patria, pero complejizado por la adaptación a nuestros territorios. Porque la corresponsabilidad sólo es posible con política institucional pertinente que respete la autonomía popular.

De ambos exige el desarrollo de relaciones con tensiones permanentes, con altos y bajos, con conflictos pero sobre todo con un compromiso claro e irreductible de construir el Socialismo Bolivariano transfiriendo poder al pueblo, allí Chávez es nuestro futuro.

Así el Sistema de Gobierno Popular es un ejercicio de autonomía, autogestión y de corresponsabilidad política para con la dirección del Estado, asumiendo que existen y existirán diferencias, y que en este proceso Revolucionario, es necesaria la complementariedad con el gobierno y los sectores sociales organizados en autogobiernos, siempre en el marco de la democracia participativa y protagónica, dando la posibilidad a que nazca lo nuevo. Siendo fundamental la voluntad política para sincronizar agendas y métodos, aún en el caso que se tengan posturas encontradas en la caracterización de la tarea.

Debemos asumir el hecho de que la relación Poder Popular – Estado/Gobierno, es un espacio de tensión permanente, es esa su naturaleza. Los tiempos y métodos del gobierno deben reconocer el de las organizaciones y viceversa, su síntesis será clave para el momento político que nos toca asumir: Profundizar la revolución en el marco de la más grave crisis y los peores ataques que hemos sufrido parte del imperio y sus lacayos.

Algo debe quedar claro: no hay razón burocrática que se deba imponer, los métodos a acordar son desde el Pueblo y partiendo de la territorialización de las políticas revolucionarias.

La autonomía es consecuencia lógica de uno de sus postulados convocantes: ser autogobierno. No es para separarse del resto de la política que impulsa la Revolución, ni para apartarse del proyecto chavista y bolivariano, todo lo contrario, es la autonomía necesaria para apropiarse de ella y hacerla efectiva desde nuestros propios esfuerzos, desde sus instancias. Claramente nos lo decía en el Libro Azul el Comandante: “En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno”, allí la clave.

Es fundamental superar esa visión de que lo Comunal es un espacio político para controlar desde los aparatos o para distribuir la renta (que hoy día es escasa) en lugares reducidos, errores que tarde o temprano harán que la iniciativa muera, se convierta en un cascaron vacío, lo comunal es y debe ser una instancia para la construcción de la política revolucionaria, en el encuentro de los y las militantes revolucionarios y revolucionarias con su gobierno para interpelar, corregir, proponer y salir con una línea eficiente de programación para la gestión y lucha compartida.

*Federación Comunal para la constitución de nuestro Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial*

Este plan de lucha debe tomar en cuenta algo fundamental en la nueva geometría del poder: la escala de agregación, el ir juntando fuerzas, desde la legitimidad y decisión soberana de los sujetos y las sujetas que la impulsan. Así articulamos potencias, porque no es igual el objetivo de disputa del Consejo Comunal que de la Comuna en que ese mismo Consejo es parte, ni hablar de la Ciudad Comunal o de la Federación. Es importante no ver partes para una simple suma, implica asumir la territorialización de la política en los términos revolucionarios.

Asumiendo que el artículo 60 de la Ley Orgánica de las comunas, que desarrolla los tipos de Sistema de Agregación, dice: “Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o mas ciudades (comunales) que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo”. Allí una ruta de conformación de nuestra nueva geometría del poder, avance de la democracia popular revolucionaria y de las potencialidades productivas del pueblo, aquí la democracia revolucionaria planteado por el Comandante Chávez desde el Libro Azul hasta el Golpe de Timón.

Así nuestros Consejos Comunales, Comunas, Ciudades Comunales y Federación son los instrumentos para ejercer la democracia participativa y protagónica, el socialismo bolivariano, garantizando el autogobierno y la constitución de sistemas paralelos coordinados de nuestro Sistema de Gobierno Popular, así lo explica el Comandante en el Golpe de Timón: “A veces creemos que todo debe controlarse desde Caracas, no. Se trata de crear, como dice Mészáros, un conjunto de sistemas paralelos coordinados y de ahí la regionalización, los distritos motores. Pero no hemos creado ni uno todavía y tenemos la ley, decretamos uno, pero lo decretamos y ya, y dentro de los distritos motores las comunas.”

Por ello, con la Federación constituida haremos la solicitud a nuestro Gobierno Nacional Bolivariano, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, de la conformación del Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial, que debe ser el espacio de corresponsabilidad política/económica, expresión de la nuevas relaciones impulsadas por nuestro pueblo, que permita el despegue definitivo de nuestras potencialidades, siendo paso a los llanos, montañas y valles, con tierras de alta calidad y diversos pisos térmicos que nos hacen hoy en día importantes productores de diversos cereales, leguminosas, café, ganadería, con posibilidades reales del procesamiento industrial, que generará nuevas fuentes de trabajo digno y permitirá tener control territorial de las cadenas de producción y distribución, desde las materias primas hasta su transformación y comercialización. Estas son las condiciones que hacen a la Comuna El Maizal una de las de mayor capacidad de producción en el país, las que se deben potenciar y desarrollar en todas las comunas de la futura Federación Comunal.

En esta coyuntura que atraviesa nuestro país, hoy más que nunca, producir es hacer patria, es defender la soberanía conquistada y producir desde el pueblo organizado que construye el socialismo es honrar el proyecto estratégico que forjo en años de lucha el Comandante Chávez y su pueblo, y que identifican a la Revolución Bolivariana en todo el mundo, vacilar en este camino es perdernos. Aquí la garantía de hacer viable un tejido organizativo capaz de dar respuestas ante los ataques y amenazas actuales del imperio y sus lacayos, son falsas ilusiones que algunos desde el gobierno tratan de imponer el pensar que con los “empresarios” y latifundistas de siempre daremos las batallas para triunfar en esta actual coyuntura.

Por ello el impulso de nuestro Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial es el instrumento para consolidar la revolución política y económica en nuestros territorios, promoviendo la producción plena, asociando a los pequeños productores, construyendo planes viables y soberanos de siembra y procesamiento agroindustrial de nuestros productos, constituyendo mecanismos efectivos de control social y distribución de la producción, manteniendo una lucha frontal contra el latifundio, las tierras improductivas y los abusos de las empresas que hacen vida en el Municipio, garantizando trabajo digno y con relaciones justas, coherentes con el socialismo que construimos.

*Lo Comunal como síntesis de una tarea estratégica que supera a los Consejos Comunales y Comunas*

Es importante plantear que creemos necesario no limitar lo nuevo sólo a la tarea de los consejos comunales y comunas, sino que debemos impulsar lógicas, procesos y formas de gestión, que sumen a toda organización que impulse el socialismo y que no sea parte “formal” del gobierno, es decir al poder popular, a todos los revolucionarios y las revolucionarias.

Éstos deben, como pueblo organizado y sujeto revolucionario, contribuir de forma autónoma al desarrollo de un tejido político/económico/social que dé soporte a la inmensa tarea que tenemos por delante: consolidar y avanzar en la construcción del proyecto socialista que el Comandante Chávez nos encomendó.

Por ello lo comunal no puede ser pensada solamente como la que recibe el registro en el Ministerio de las Comunas, ni vista como sector, sino como síntesis de una tarea estratégica como es la construcción del Estado Comunal.

La construcción del Estado Comunal es una tarea ineludible de lxs revolucionarixs que militan en los diversos sectores: obrerxs, campesinado, estudiantes, mujeres, y en las expresiones territoriales de poder popular, entre ellas los consejos comunales y comunas (en cualquiera de sus posibles agregaciones o articulaciones), encontrándose todxs en una lucha común. Desde allí creemos que no solo los que hacemos vida en consejos comunales o comunas debemos reivindicarnos como comuneros o comuneras, sino que todo aquel que busca la construcción del bloque histórico de los oprimidos y oprimidas para la defensa de la vida y de lo común, necesario para el rearme hegemónico de la Revolución Bolivariana, es un comunero, una comunera. Con un claro énfasis de reconocimiento de cada particularidad y aporte histórico de las diversas luchas, no se plantea la priorización de un sujeto sino el trabajo articulado para la conquista de un objetivo estratégico.

Hemos tenido evidencia clara de esta afirmación en estos meses de lucha, donde los gestos de solidaridad han sido diversos, el nivel de identificación con nuestra lucha es la identificación con un proyecto estratégico, el cual comparten, sueñan e impulsan desde diversas trincheras y no sólo desde los Consejos Comunales y Comunas. Por ello el ser comuneros y comuneras nos da identidad propia desde el chavismo que construye el socialismo desde las claves de la democracia revolucionaria.

*Un Movimiento Comunal para el Impulso del Estado que el Comandante Chávez nos encomendó*

Desde ya estamos reorganizando nuestras fuerzas para asumir las tareas planteadas, ya realizada una evaluación de nuestros equipos territoriales, que han tenido bajo sus hombros las tareas que nos han llevado a tres contundentes victorias electorales (la constituyente, la de gobernación y las municipales), estamos legitimando nuestras vocerías para seguir impulsando lo acordado, comprometiéndonos en honrar la deuda aún pendiente con el Comandante, su imagen trazando líneas sobre infinitos mapas es la evidencia que veía vida en cada rincón de nuestro país y sus enormes potencialidades “para cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural” en función de construir el Socialismo.

 

El Movimiento Comunero de Simón Planas, quienes logramos un triunfo electoral el pasado 10 de diciembre, cuando la gran mayoría del Municipio votara por nuestro camarada Ángel Prado de la Comuna El Maizal, al día de hoy seguimos en lucha por el reconocimiento del mismo. Claros de la tarea, también avanzamos a la par en nuestra estrategia ya definida: construir un Sistema de Gobierno Popular, donde las comunas, sus ciudades comunales y su Federación Comunal con su Distrito Motor de Desarrollo Agroalimentario definan nuestro futuro socialista en el marco de la profundización de la Revolución Bolivariana.

El tiempo es ahora.

*¡Viva Chávez!”*
*¡Comuna o nada!*

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8380