I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

El matrimonio Kirchner construyó el imprescindible consenso para la gobernabilidad mediante, esencialmente, escenificación de identificarse con la lucha de los organismos de derechos humanos que ese compromiso es una falacia lo desenmascara:

 
“¿Y López? Desaparecido dos veces”,Azul Cordo resume esta nota:

"El testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz está desaparecido desde hace dos años. Silencio e impunidad fueron dos palabras resonantes en las movilizaciones que pedían aparición con vida y justicia".

Azul Cordo reflexiona:

"No hay sólo silencio en el mismo silencio. Y en el silencio del gobierno nacional argentino respecto del caso de la desaparición de Jorge Julio López hay impunidad. Ésta fue la consigna que marcó la movilización de este 18 de septiembre, al cumplirse dos años de la ausencia del testigo clave y querellante en el juicio al ex comisario, Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos de izquierda y centros de estudiantes universitarios y secundarios, que marcharon ayer por las principales ciudades argentinas, tuvieron como consigna “Silencio K igual Impunidad”. Es que el silencio del gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner y, en su momento, el de su marido, el ex Presidente Néstor Kirchner, junto a los funcionarios provinciales responsables de investigar dónde está López, se hace sentir cada vez más. No hay respuestas de su paradero tras 24 meses de su desaparición.

Nilda Eloy, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), también fue testigo del juicio a Etchecolatz, realizado en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, entre los meses de junio y septiembre de 2006. En esa oportunidad se acusó y condenó al ex comisario por seis homicidios y dos desapariciones forzadas: la de Eloy y la de López.

Nilda Eloy recordó, en una entrevista exclusiva con APM, la mañana del 18 de septiembre de 2006. Era el día de los alegatos en el juicio y Julio no aparecía por el edificio de la Municipalidad local, donde se realizaron las audiencias. “Estábamos esperando que llegara, se hacía tarde, y alrededor de las diez y media llegó Gustavo, el hijo menor de Julio, y dijo: el viejo no está. En su casa había dejado al borde de la cama la ropa preparada para el día siguiente. Supimos enseguida que había sido secuestrado. Esto era un mazaso y se nos caía el alegato, el pedido de condena por genocidio”.

Ella y López eran querellantes y, como en ningún momento habían imaginado no estar presentes durante el alegato, no habían preparado un “poder” para delegar en alguno de los abogados su presencia en el Tribunal.

“Atrasamos hasta la tarde los alegatos. Mientras tanto la familia de Julio presentó la denuncia de su desaparición en la comisaría de Los Hornos (barrio platense donde vivía López), y me hice cargo de las dos querellas, con los cuatro abogados. Cuando terminaron los alegatos presenté el Habeas Corpus”, recuerda Nilda.

Los abogados junto a distintos miembros de organismos de derechos humanos recorrieron la zona de la Municipalidad y el barrio de Julio. En la puerta de su casa, esa tarde, ya tenían presencia policial vestidos con uniformes y de civil. La seguridad de los testigos de juicios por causas de la última dictadura militar argentina (1976-1983), fue cuestionada y circuló en los medios de comunicación como corredero de pólvora. Sin embargo, las autoridades de los gobiernos provinciales y nacionales no se comunicaron ni con la familia ni con los organismos durante toda la jornada. Comenzaba el silencio.

La postura que tuvieron el ex Gobernador bonaerense, Felipe Solá, y su Ministro de Seguridad, León Arslanián, durante las primeras semanas de la desaparición fue “el viejo está perdido”, repite Eloy.

“Nosotros insistíamos en cambiar la carátula de la denuncia a Desaparición Forzada de Persona y no a Averiguación de Paradero, porque la primera implica la responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia. En cambio, la segunda, ni siquiera es un delito”.

Una semana antes de este segundo aniversario por la desaparición de López, el ex ministro Arslanián declaró en los medios: “López está muerto”. Sostuvo que la policía provincial había hecho un trabajo exhaustivo en la investigación de paradero, pero que, ante la falta de pistas y la edad del testigo (tenía 77 años cuando desapareció por segunda vez), era probable que hubiera fallecido.

“Arslanián nos dijo que Julio estaba muerto en la primera reunión que tuvimos los organismos de Justicia Ya aquel miércoles 20 de septiembre de 2006”, afirma Eloy. Ese día también apareció un cuerpo calcinado en el camino a la localidad de Magdalena, lugar emblemático donde se tiraban cadáveres de desaparecidos durante la dictadura. La sospecha de que fuera López se descartó pronto, pero aún hoy no se sabe la identidad de ese cuerpo.

Las semanas pasaban y López seguía sin aparecer. Los organismos de Derechos Humanos sostenían que la policía bonaerense estaba involucrada en su secuestro. (Ver: “Fue un secuestro, la única certeza”. APM 13/09/07).

Al cotejar la lista de miembros de las fuerzas de seguridad provinciales que estaban en actividad y que habían trabajado durante la última dictadura militar, “coincidían 3214 nombres de oficiales que tenían su ingreso previo al año 1978 y que habían pasado por Centros Clandestinos de Detención. Presentamos la lista al Ministerio de Justicia y, en lugar de juzgarlos por su participación, jubiló a 36. Eso es sostener la impunidad”, afirma Nilda.

“El único procesado por la Causa López es un estudiante universitario que pintó un graffiti que decía Aparición con Vida. Eso también es impunidad. Que los represores juzgados estén en una cárcel común como la de Marcos Paz, pero tengan acceso a líneas telefónicas satelitales, es impunidad. Que en juicios como el que empieza ahora de la Comisaría Quinta de La Plata se juzgue a 9 de los 142 policías que trabajaban allí, y por 60 compañeros detenidos desaparecidos, en lugar de los más de 200 que estuvieron en cautiverio, es impunidad.

Por eso, el pedido por Julio no sólo por su aparición con vida; es por todos. Cuando somos testigos en los juicios y declaramos, lo hacemos por nuestros secuestros y desapariciones, pero sobre todo damos testimonio por los compañeros que no sobrevivieron. Hablamos por ellos. En cada uno de nosotros están los que estuvieron con nosotros”, cuenta Eloy.

“Yo tardé veinte años en romper mi silencio, que fue también romper con el miedo. No puedo obligar a nadie a marchar, porque todavía hay mucha gente que tiene miedo de salir. Pero insisto en que el miedo no debe paralizarnos. Yo convierto a diario mi miedo en la fuerza que me motoriza. Y salgo a las movilizaciones porque son el reclamo público por memoria, verdad y justicia. Nos encapucharon una vez. Dos no”, concluye Nilda.

Movilizar contra el olvido
Nilda Eloy encabezó la marcha de este 18 de septiembre en la ciudad de La Plata, donde concurrieron más de 15 mil personas, superando la asistencia del año pasado. (Ver: “Denuncian encubrimiento en la causa Julio López”. APM 19/09/07).

El acto comenzó en plaza San Martín con una referencia al silencio. Los organizadores repartieron cintas adhesivas y, en el escenario, una oradora aclaró que, tras escuchar por los parlantes un audio con la declaración de López en el juicio y distintos dichos de funcionarios, los asistentes debían cubrir sus bocas con las cintas y hacer un murmullo para quebrar el silencio. Luego destaparon los labios y se preguntaron “¿Y López?”.

La movilización recorrió las plazas del centro de la ciudad. La parada importante fue en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad y la Catedral locales. Sobre las baldosas se armó el rostro de López con 3600 velas y, cortando la calle, se encendieron formas que representaban los “pasos” que debió haber dado el testigo para entrar al edificio municipal, decir sus alegatos y escuchar la sentencia ejemplar por genocidio en el marco del plan sistemático de desapariciones, creado y ejecutado por las fuerzas de seguridad.

Al silencio gubernamental frente al pedido de justicia, se sumó la polémica denuncia penal del abogado de la familia López, de apellido Gascón, presentada el 17 de septiembre y dirigida a los abogados querellantes, acusándolos de presionarlo para declarar y de poner en peligro su seguridad.

Durante el mediodía del 18, el colectivo Justicia Ya, donde participa la Asociación de Ex-Detenido y Desaparecidos (AEDD) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros organismos que impulsan causas judiciales contra los genocidas, declararon que esta acusación tenía como objetivo “correr el eje del reclamo”, tal como afirmó la abogada querellante Guadalupe Godoy.

“Esta acusación ataca una forma de juicio donde se dan condenas ejemplares por genocidio, se exige cárcel común a los represores y se pide la apertura de archivos de la dictadura”, y agregó “hay una idea clausurante de no buscar más a Julio”.

En la denuncia penal, Gascón usó términos fascistas, como aclarar que López “no se juntaba ni militaba con terroristas y subversivos como Montonteros”. Adriana Calvo, integrante de AEDD, dijo en la conferencia:

“Se pretende abrir otra causa donde los implicados somos nosotros, las víctimas del Terrorismo de Estado. Reivindicamos que Julio haya buceado en su memoria y que haya militado en Montoneros. Nos enorgullece haber sido compañeros de Julio desde 1998 cuando Nilda (Eloy) lo contactó, hasta que declaró en los Juicios por la Verdad y amplió su declaración en la causa contra Etchecolatz”.

Carlos Zaimann, miembro de AEDD, presente en la conferencia y en la marcha de la tarde, leyó junto a Nilda el documento firmado en conjunto por Justicia Ya y la Multisectorial, al finalizar la movilización. “Sufrió el silencio obligado por aquéllos que no lo querían escuchar. Recuperó su historia cuando buceó en su memoria, cuando recorrió junto a otros testigos y los jueces cada lugar donde estuvo detenido, como la Comisaría Quinta. Hoy podemos afirmar que, quienes lo secuestraron no lograron su objetivo, porque su ausencia es una presencia permanente”.

El arte recuerda a López
La fotógrafa Helen Zout, entrevistada en exclusiva para APM, coincide en la vigencia del recuerdo de López: “Creo que él está presente. Su ausencia es física. Pero, desde su desaparición, la imagen de él se multiplica”.

Helen conoció a López durante la producción durante el año 2005 de su muestra “Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar. 1976-1983”. Trabajó con madres e hijos de desaparecidos y con ex detenidos desaparecidos, entre los que fotografió a Nilda y a Julio.

Zout recuerda las sesiones de fotos con López: “él estaba todo el tiempo evocando el pasado, contando su cautiverio. Mirar hacia adentro era parte de su día”. Por eso la imagen emblemática que quedó del testigo desaparecido es la foto de su rostro en blanco y negro con los ojos cerrados. También fotografió los dibujos y escritos de López, que contienen el mismo material de recuerdos que expresó en el juicio. “Los dibujos manifiestan lo que uno siente, sin censura, sin miedo. Él dibujaba para no olvidar”, afirma la fotógrafa.

“Hay que trabajar para que la memoria sea más completa, para formar una cadena de memoria y llenar los huecos que dejó la dictadura. Unir la desconexión de relatos e historias”, dice Helen. Ella lo recuerda “joven y transparente. Tenía el espíritu de la gente a la que le quedan cosas por hacer”.

“La desaparición genera impotencia. No tener indicios moviliza la búsqueda de Julio y la reivindicación de su figura como una persona que estaba dispuesta a contribuir al cambio social argentino y al esclarecimiento de los hechos de nuestra historia”.

Otro artista que recuerda a López con su obra es el historietista argentino Chelo Candia. Su historieta “Griten”, publicada el año pasado fue un cimbronazo en la opinión pública. La conclusión del dibujo era: “a veces parece que los desaparecidos somos nosotros”. (Ver www.chelocandia.blogspot.com)

“Trabajé el tema, la imagen y el texto para lograr repercusión, quizás no imaginé tanto, pero lo hice en función de eso. Hacía años que me daba vueltas la idea de que tratar el tema de los desaparecidos a la inversa. A veces siento, realmente, que ellos no desaparecieron. Que están por ahí. Cuando secuestran y desaparecen a Julio, la idea adquirió verdadera fuerza... ¿cómo es posible que no sea tema de debate general, de preocupación general esto que pasa en plena democracia...? Ahí, finalmente sentí que los desaparecidos éramos nosotros”, declara Chelo para APM. “Y a Julio lo vi antes de que lo desaparecieran. Eso para mí fue determinante. Había llegado la hora de desarrollar esa idea. Lloré haciéndola. Creo que todos sintieron esa emoción. Era tan simple como contundente: Julio nos pide a nosotros que no desaparezcamos... Creo que interpreté un sentimiento de una parte del pueblo. Sinteticé lo que pensamos varios”.

“La imagen se hizo volante, afiche, panfleto, stencil, mural, cortometraje, estandarte, pin, carátula de carpeta, estampado en remera, gigantografía, contratapa de revistas, lona en parada de colectivo... en fin... creo que nunca una historieta argentina se multiplicó de tal forma y fue apropiada por la gente de semejante manera”.

En este nuevo aniversario “no pienso hacer un nuevo trabajo porque nada ha cambiado. Julio sigue pidiéndonos lo mismo, que gritemos más fuerte, y que no desaparezcamos. Cuando aparezca Julio, haré otro trabajo. Antes no”.

“Creo que el artista debe interpretar el reclamo del pueblo. Si no, no sirve como artista. Dos años sin López es la vida que tenemos hoy. Así vivimos los argentinos. Esta es nuestra vida. ¿Estamos conformes?”, se pregunta Candia, quien “en mis historietas hablo de injusticias más que de justicias, hablo de olvidos más que de memoria, hablo de mentiras más que de verdades”.

La imagen de López está presente en distintas ciudades de Argentina. En las fotos de esta nota puede verse la silueta que pusieron dos agrupaciones universitarias en la fachada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la consigna “¿A qué te podés acostumbrar?”. La agrupación HIJOS de desaparecidos entregó pancartas con el rostro de Julio, usadas por primera vez un año atrás.

“Queda demostrado, con las más de 15 mil personas que participaron en la marcha, que no vamos a bancar el silencio” afirmó Zaimann tras la marcha. “Vamos a seguir buscando a los genocidas; vamos a seguir buscando a los responsables de este segundo secuestro de Julio López. Como conclusión podemos decir que a este gobierno, que se dice de los derechos humanos, mientras la Presidenta pidió no hacer declaraciones sobre López, se le va a hacer difícil sostener este silencio, si en las ciudades, si en cada rincón, si en cada lugar de trabajo y en cada escuela, exigimos la aparición con vida, exigimos el juicio y castigo a los responsables de este nuevo secuestro a Julio López”.

-¿Tuvieron comunicación con la familia de López tras la denuncia de Gascón? -No, lamentablemente no. Lo que nosotros le podemos decir desde acá a la familia es que creemos que están equivocados. Nos gustaría que piensen si a Jorge le hubiera gustado que lo represente un abogado como Gascón, que está siendo además abogado defensor del Director de la fábrica SIDERAR, acusado de haber entregado a compañeros. Gascón es parte de este manto de silencio que quiere montar el gobierno. Porque el silencio también se puede dar a través de la desinformación. Gascón desinforma, desvía el verdadero cauce de esta investigación, abona esta impunidad y no lo vamos a permitir”.
Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR/ www.prensamercosur.com.ar/ 19-9-02

Ideología

Veamos con qué ideología funciona el Estado respecto a juzgar y castigar a sus fuerzas por ejecutoras del plan de exterminio durante la dictadura cívico-militar en los setenta y las de la represión actual, según lo prueban:

La Agencia de Noticias Red Acción señala:

"Desde que López desapareció cuando debía presenciar los alegatos contra su torturador, las organizaciones que componen el espacio Justicia YA! denunciaron que su caso era una desaparición forzada. Un año y medio después, la Justicia lo entendió así y la Cámara Federal decidió el cambio de carátula. "Peleábamos por esa modificación porque es justa, porque así se define jurídicamente el secuestro de Julio. Una desaparición forzada es cuando interviene el Estado", explica Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

Además, mantenían esa exigencia para que el juez adquiriera mayores atribuciones, como realizar allanamientos y escuchas a cualquier organismo del Estado sin procedimientos previos. "Por supuesto, Corazza no hizo nada: ni lo que le permite la carátula ni lo que ya tenía permitido. O sea, paralizó la causa".

Desde el primer día de la desaparición de Julio López, los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! denunciaron que la policía bonaerense había estado involucrada en el secuestro, la misma fuerza que durante la dictadura había comandado el ex comisario Miguel Etchecolatz. Más de un año de pruebas montadas y pistas frustradas, terminaron alejando a la Bonaerense de la investigación.

Pero con o sin la Bonaerense, sigue la impunidad

El Juzgado de Corazza había denegado, el 16 de enero pasado, el recurso que presentaron los organismos de Derechos Humanos que componen Justicia YA! para exigir que se apartase de la causa a la Policía Bonaerense.
Por sorteo, la apelación fue remitida a la sala I de la Cámara Federal de La Plata, donde se desempeñan los jueces Julio Reboredo, Alberto Ramón Durán y Alicia María Di Donato. Estos dos últimos, viejos conocidos de la policía bonaerense, fueron recusados por Justicia YA! por no contar con la imparcialidad necesaria para investigar estos delitos.

Di Donato perteneció a la fuerza desde 1978 a 1990, aunque ha omitido agregar esos datos al currículum con el que cuenta el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Durán acredita un largo historial con la Bonaerense.
Y si de algo no se lo puede imputar es de ser defensor de los Derechos Humanos. Años atrás, fue acusado por boicotear los Juicios por la Verdad. Se negó a secuestrar el archivo del cura castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico la información de inteligencia policial que estaba en poder de la Justicia. También, fue dada a conocer su amistad con el represor fallecido Darío Delfín Rojas, colaborador de Ramón Camps.

El círculo parece cerrarse si se tiene en cuenta que Miguel Osvaldo Etchecolatz, el genocida contra el que declaró López y fue secuestrado, era la mano derecha de Camps. Asimismo, Durán se ha desempeñado desde 1985 como docente de la Escuela de Policía Juan Vucetich, centro de estudios que fue denunciado por el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. A pesar de estos antecedentes, la Cámara de Casación aún no resolvió el pedido de los organismos de alejar a estos magistrados de la investigación.

Gracias a la presión ejercida por los organismos de Justicia Ya!, la Cámara Federal decidió en abril pasado cambiar la carátula de la causa a desaparición forzada y alejar a la policía bonaerense de la investigación. Los jueces fundamentaron su decisión en el supuesto de que la Bonaerense "no consiguió nada por inoperante, por inútil y no por complicidad", tal como reconstruye Adriana Calvo.

Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy afirma que estos cambios en la causa fueron pensados para que nada variara: "Más allá del triunfo político que significa el reconocimiento a las denuncias que hicimos desde el primer día, éstas están planteadas como medidas para contentar a quienes seguimos reclamando justicia pero no están dispuestas para enfrentar a un aparato represivo que sigue presionando para lograr más impunidad".

Sobre el estado en que se encuentra la causa con el alejamiento de la Bonaerense y la entrada en escena de la Federal y la policía Aeronáutica, la abogada Myriam Bregman sostiene: "La suma de la Federal, la Bonaerense, la SIDE, la Policía Aeronáutica dio cero. Es decir, de ello no dio como resultado una mejor investigación sino que todo ese "esfuerzo" sumado tuvo como resultado objetivo la impunidad más absoluta".

En tanto, el juez Corazza dijo días atrás al diario Página/12 que por el tiempo transcurrido y por la inexistencia de pistas firmes se podía presuponer que López estaría muerto. Aún así se mostró optimista frente a la resolución del caso, manifestó que alguien se quebraría. Comentario más que inocente para un juez que instruye las causas contra los genocidas, quienes han logrado mantener un muro infranqueable de silencio durante 32 años. Para ejemplo basta el envenenamiento del torturador Héctor Febres, ocurrido en diciembre último antes de que pudiera hablar en los tribunales, donde se lo estaba juzgando.
 

Además, el magistrado reconoció ante la prensa que nunca se procedió a identificar el cadáver incinerado aparecido a días de la desaparición de López. "El cadáver de Punta Lara fue la primera señal que tuvimos de la impunidad que iba a haber en esta causa. No aparece con mucha frecuencia un cuerpo en ese lugar maniatado, quemado, fusilado y exactamente en ese momento en que fue encontrado. Estaba claro que era un mensaje, diciendo 'esto es lo que le va a pasar a López'. Sin embargo, el juez Corazza no hizo nada hasta el día de hoy". Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) denuncia: "Las declaraciones de Corazza son deplorables. Él sabe que la causa es un fracaso total y lo ha aceptado ante nosotros así como ha admitido haber sido presionado". Por su parte, Myriam Bregman agrega: "La causa es un fracaso porque él actuó para que así sea".

A los dichos de las últimas semanas se suma el pedido del abogado de la familia López, Alfredo Gascón, de indagar al "entorno", focalizando en los compañeros de militancia del testigo desaparecido.

Consultada sobre la posibilidad de que la Justicia proceda con este requerimiento, Calvo afirmó: "El juez ha demostrado que es capaz de todo, mientras así se lo ordenen. Personalmente, pienso que la actitud de Gascón no está alejada de lo que quiere el poder". La demonización de las víctimas está en marcha y, mientras tanto, la desaparición de López sigue impune.

"Los funcionarios judiciales y políticos que deberían dar las respuestas salen a publicar suposiciones nefastas, para ir sembrando la idea de que nada sucederá en la causa y que López será un desparecido sin rastros, otro más", manifiesta Bregman.

"Pero semejante reconocimiento- agrega la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)- no podían hacerlo sin buscar un chivo expiatorio y lo encontraron: es la víctima y sus compañeros de militancia. 'Algo habrán hecho'.

La responsabilidad no es del genocida, mucho menos de aquéllos que le otorgan impunidad. Se va corriendo la responsabilidad y los que terminan dando explicaciones son aquéllos que luchan por terminar con esa impunidad".

La Agencia de Noticias Red Acción continúa:

"En diciembre de 2006, un corresponsal de la agencia alemana DPA relató que una funcionaria de mediana jerarquía del Ministerio de Justicia habría confirmado que López había sido asesinado e incinerado. Con esos dichos quedaría en evidencia que tanto el gobierno nacional como el provincial manejaban certezas acerca del destino de López.

En los últimos días, León Arslanián declaró ante la prensa que probablemente López esté muerto. "Es increíble que base esa aseveración en el hecho de que la investigación ha sido muy minuciosa y que no ha arrojado ningún resultado. Sabe que esa causa es el monumento a la impunidad y es el único fundamento que da para decir que Julio fue asesinado", afirma Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

El ex ministro de Seguridad bonaerense había reconocido pocos días después del secuestro del testigo clave contra Etchecolatz que había sectores enteros de la policía bonaerense que no podían ser controlados por el gobierno de Felipe Solá y que más de 9000 efectivos que revistaron durante la dictadura seguían en actividad. La policía bonaerense contó con el aval de los jueces que delegaban operativos completos, cuando esa institución era la denunciada.

El mismo juez de la causa, Arnaldo Corazza, reconoció que el ex ministro Alberto Iribarne fue responsable del primer operativo frustrado en Marcos Paz, penal donde están alojados Etchecolatz y otros genocidas. El magistrado declaró que no había tomado cartas contra el ex titular de la cartera de Justicia nacional porque su "función no era voltear ministros". Tampoco, las tomó con los agentes penitenciarios acusados de haber obstaculizado la investigación, a quienes les dictó el mes pasado la falta de mérito .

En relación a estos dichos, Calvo sostuvo: "No era su misión hacer justicia; tampoco lo era denunciar al ministro responsable de que los presos se hayan enterado tres días antes de que iba a haber una requisa".

Todo parecería indicar que ni el poder judicial ni el ejecutivo están consustanciados en resolver la investigación.

"Está más claro que nunca que el Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a López y me atrevo a decir más, que deben saber qué sector y con el apoyo de quién secuestró a López", hace público Calvo. Además insiste en que pactaron que los responsables no aparecieran a cambio de la gobernabilidad de las fuerzas. "Eso fue lo que nos dijo Solá en los primeros días de la desaparición", reconstruye.

Por su parte, la abogada de Justicia YA! Myriam Bregman también afirmó que existe un muro incólume de impunidad y destaca: "La desaparición de Julio vino a poner en la superficie algo esencial del sistema político argentino y del modo en que se desarrollan los juicios actuales por crímenes de lesa humanidad: que no se va a avanzar contra los miembros de las fuerzas represivas que están en funciones. Hay un pacto implícito que indica que no se avanza contra aquellos, más allá de algún caso marginal" (...)".

Concluye:

"Quien está próximo a ser sometido a un juicio oral no es ni un agente del Servicio Penitenciario acusado por entorpecer los allanamientos al penal de Marcos Paz ni ningún policía bonaerense de los que embarró la cancha, como denunciaron los organismos de Derechos Humanos. En realidad, quien deberá pasar por los tribunales es Fernando Grenno, un estudiante que osó pintar en una pared el reclamo de aparición con vida ya de Jorge Julio López.

Próximamente, deberá sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Criminal 18. Se le imputa que con su pintada efectuó un daño contra la propiedad. El delito por el que deberá dar cuenta tiene una pena entre tres y cuatro meses. Su elevación a juicio pone en tela de juicio el principio de economía procesal que manejan los jueces.

El caso de Grenno lo está siguiendo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Desde esa organización, resaltaron que los jueces que deberán juzgar al estudiante son los mismos que tiempo atrás absolvieron al policía Justo José Luquet, acusado por el homicidio de Marelo Báez. Lo que para CORREPI era un claro hecho de gatillo fácil, para la jueza María Cristina Camiña fue un "desgraciado suceso" ".

Fuente: www.anred.org /18-9-08

La Agencia de Noticias Red Acción  reflexiona:
"En un nuevo aniversario del golpe genocida, hay un fantasma que recorre la vida política argentina: la "reconciliación". Algunos organismos de Derechos Humanos denunciaron la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en materia de juzgamiento a los represores como un nuevo punto final. En medio de esto, Julio López desaparecido hace 18 meses y un torturador asesinado para sellar el pacto de impunidad".

Recuerda:
"Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, lo hizo con la promesa de avanzar hacia el juzgamiento de los genocidas. Los hechos hablan por sí solos. Durante su mandato, fueron condenados: Julio Simón, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian Von Wernich y siete agentes del Batallón 601. También, fue enjuiciado Héctor Febres pero los jueces no llegaron a dictar sentencia porque el torturador de la ESMA fue envenenado en su celda de privilegio.

Sólo en los juicios realizados en los tribunales platenses se reconoció que los crímenes cometidos por los represores fueron en el "marco de un genocidio". En los otros casos, se aplicó el sistema del desguace de las causas, «atentando contra la percepción del plan de exterminio» llevado a cabo durante la última dictadura. "La impunidad viene avalada también por el Poder Judicial, desde la instrucción hasta el juicio oral, para muestra está el caso de Febres. La forma de instruir las causas, cómo son elevadas a juicio y cómo el tribunal las encara, son un aspecto más de la impunidad reinante", afirma Liliana Mazea, abogada de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).

Además, con respecto a la tendencia a elevar a juicio a un represor por un puñado de casos, agrega:
"Esta desmembración de casos y por lo tanto de juicios es para tratar de desdibujar el genocidio consumado en ese período y por otro para que la pena al imputado sea menor".

Aunque con un pretendido discurso renovador en lo que refiere a ingeniería jurídica, el kirchnerismo desde su arribo a la Rosada no ha hecho mucho para sentar las bases necesarias para el juzgamiento a los responsables del genocidio. "El Gobierno no ha implementado ningún mecanismo para acelerar las causas, no ha dado ni personal, ni equipamiento ni el espacio físico y no ha instruído a los fiscales. Esto directamente da lugar a hechos como la desaparición de Julio López", denuncia Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy sostiene que existe una "gigantesca resistencia judicial porque muchos funcionarios provienen de la etapa dictatorial". Además, la integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) insiste en que no se cuenta con una "estructura jurídica destinada para juzgar genocidio".

Dudas y certezas se agolpan en esta forma de llevar a juicio a los represores, aunque se tengan gestos como el del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó en los últimos días acelerar la elevación a juicio de las causas por violaciones a los Derechos Humanos.
La abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), teje la unión entre esta modalidad de juzgamiento y los intereses políticos:

"Cabe preguntarnos si esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país-, no se impone por ser funcional a los intereses políticos: tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos".

Cárcel: ¿común y efectiva?

"Como todos ustedes saben, el Estado a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia de que (los represores) sean internados en lugares comunes y no nos equivocábamos", aleccionaba a principios de mes la presidente Cristina Fernández de Kirchner. "El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto Febres, creo que es demostrativo de lo acertado que estábamos cuando estábamos demandando que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en cárceles comunes", decía la primera mandataria en alusión al homicidio del torturador de la ESMA mientras estaba alojado en su cárcel vip de la base Delta de Prefectura.

Una vez más, la realidad demuestra que las consignas son solamente eso. La traducción de ideas en prácticas concretas requiere una decisión política. "Si el Poder Ejecutivo sostuvo cárcel común,- pregunta Mazea- por qué no lo ejecutó. El Presidente es Jefe de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, podría disponer -con levantar su teléfono- el paso a cárceles no dependientes de las fuerzas armadas o de seguridad y evitar los privilegios de los jerarcas genocidas en esas instituciones militares así como, también, lo sucedido con Febres".

La abogada Myriam Bregman remarca la responsabilidad institucional por las condiciones de privilegio que gozaba Febres. "Todos los miembros de la Prefectura, que obedecen directamente a Aníbal Fernández y que dependen directamente del Poder Ejecutivo, eran los que los que visitaban a Febres, comían con él, sabían que él estaba ahí. En ningún momento, las autoridades dieron la orden de que fuera a una cárcel común".

A pesar de que Fernández de Kirchner se reconoció preocupada por el asesinato de Febres, hizo todo lo posible para que la Prefectura siguiera funcionando tal como estaba. Si bien se destituyó al titular de la Fuerza, Carlos Fernández, las autoridades nacionales se encargaron de que su lugar fuera ocupado por un digno miembro de la Prefectura. Gustavo Jorge Koplin, integrante del grupo Albatros que reprimió a los trabajadores del Casino de Buenos Aires, llegó a la Base Delta a pesar de que el mismísimo Aníbal Fernández juró separarlo de su cargo por haber reprimido sin orden del ministerio del Interior. Sin embargo, fue premiado.

Las últimas novedades en la causa Febres permitieron identificar a la impunidad como el elemento aglutinante. El martes pasado, cuando se cumplía un año y medio del secuestro de Julio López, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento de los dos prefectos sindicados por el asesinato.
"Lo que pasa hoy en la causa de Febres es un mensaje por la desaparición de Julio López. Están diciendo que estos crímenes no se van a investigar, que no sólo se garantiza la impunidad de los crímenes de la dictadura sino también de los que están relacionados con el Terrorismo de Estado y se siguen cometiendo hoy", declaró a ANRed Myriam Bregman.

Un nuevo punto final

El 24 de diciembre de 1986 empezaba a delimitarse el cerco con el que el poder político de turno protegería a los genocidas. Ese día bajo la presidencia de Rául Alfonsín se sancionaba la Ley de Punto Final que ponía coto al juzgamiento a los represores. La protección que les dio la democracia a los militares se completaría con la promulgación de la ley de Obediencia Debida y el otorgamiento, por parte de Carlos Menem, de los indultos a quienes secuestraron, asesinaron y desaparecieron a miles de personas. Aunque en 2003 se anularon las leyes de impunidad, todo parecería indicar que en la presidencia de Fernández de Kirchner podría reeditarse el punto final.

"Espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia", decía en su discurso de asunción la presidente Cristina Fernández de Kirchner. El mismo día que la primera mandataria urgía a terminar con los juicios a los genocidas, era asesinado el torturador Héctor Antonio Febres. Casualmente o no, en esa misma fecha se conmemoraba el día de los Derechos Humanos. Ese era el panorama que se abría el 10 de diciembre último.

Si bien hay quien puede afirmar que las intenciones de la primera mandataria son loables, no dejan de ser un doble discurso que enmascara la impunidad. Terminar con los juicios a todos los genocidas no parece ser una tarea sencilla, más aún si se tiene en cuenta que durante la gestión de Néstor Kirchner sólo se realizaron cuatro juicios.

"Tomamos el discurso de Cristina Fernández como una frase clausurante, muy cercana a un punto final", resume Godoy. Además, explica: "Seguramente, el Gobierno de Néstor Kirchner persiguió cuatro o cinco condenas simbólicas de casos emblemáticos que permitieran, por un lado, frente a la comunidad internacional decir que esto no quedó impune y, por otro, que permitiera cerrar definitivamente el problema. Se encontraron con que nosotros pedíamos más, queríamos no sólo los impresentables como Etchecolatz y Von Wernich. Queríamos pasar la cadena de mando y llegar hasta el último que participó".

La única forma en la que se podría acabar con el juzgamiento a los responsables del Terrorismo de Estado es escogiendo a un par de "desafortunados" y enviándolos al banquillo. "El plan de conjunto son unos pocos juicios paradigmáticos, emblemáticos y con eso dar por cerrado el problema de la impunidad en la Argentina y tratar de buscar una reconciliación que, como ellos mismos reconocen, es con las mismas Fuerzas Armadas genocidas", deja en claro Bregman.

Lo que se presupone desde los organismos que integran Justicia YA! está en consonancia con la afirmación de Fernández de Kirchner de que 992 militares serían los responsables del Terrorismo de Estado y que sólo 342 están procesados.

Las estimaciones oficiales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) arrojan actualmente la cifra total, provisoria, de 550 centros clandestinos, tal como reconoce Memoria Abierta. En caso de que sólo fueran 942 los responsables de la desaparición de 30000 personas, tendría que haber operado menos de dos represores por campo de concentración. Resulta casi evidente que esos pocos represores no pudieron ser quienes llevaron a la práctica un genocidio, que la misma titular del Ejecutivo reconoce que existió.

La pregunta que retumba es una y su respuesta es casi instintiva: ¿Por qué un nuevo punto final? La solución a ese interrogante la planteó también Fernández de Kirchner en su primer discurso: la reconciliación.

Reconciliación

En su asunción, la Presidente dejó en claro hacia quiénes apuntaba su política de juzgamiento selectivo: "Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las Abuelas, a las Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas, para que de una vez y para siempre, en vistas al bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara".

Según los presagios presidenciales, el bicentenario deberá encontrar a los argentinos reconciliados. Eso sí, "reconciliados" con las mismas fuerzas que intervinieron en pleno período constitucional en el secuestro y desaparición de Jorge Julio López y en el asesinato de Febres.

Como delegados del Ejecutivo, la ministra Nilda Garré y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, hicieron gala de su aprendizaje de la lección. En el acto realizado días atrás en Campo de Mayo, los funcionarios plantearon sin ningún temor la intención de "reconciliar a las Fuerzas Armadas y el pueblo". Quien fuera abogado de los presos políticos durante la dictadura no se avergonzó al expresar: "La ansiada unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo sólo puede asentarse en el eje memoria, verdad y justicia".

Sin López no hay nunca más

Borrado de la agenda presidencial, la desaparición de López interpela. ¿Cómo poner un punto final al juzgamiento cuando hay un ex detenido-desaparecido vuelto a desaparecer en plena etapa constitucional? ¿De qué forma terminar con los juicios cuando se presume que son miles los genocidas que ni siquiera fueron indagados por sus crímenes?

"No pensamos que el Gobierno haya sido quien secuestró a Julio López ni quien asesinó a Febres. Pero, en el caso de Julio especialmente, encubrió a los responsables. Dentro de los responsables hay personal en actividad porque el gobierno necesita a las fuerzas represivas para resolver los conflictos", reconoce Adriana Calvo. El Gobierno no sólo requiere al aparato represivo como sostén fundamental para el ejercicio del poder sino que va por más. Haciendo a un lado el discurso inicial de pedido de perdón en nombre del Estado esbozado en 2004 en las afueras de la ESMA, el kirchnerismo se propone cerrar una etapa.

Para los planes gubernamentales, es fundamental sumir en el olvido la existencia de una desaparición: la de Jorge Julio López. También, es funcional correr del eje a los miembros de la Fuerza comprometidos con el asesinato del represor Febres. Si hay un desaparecido y si hay militares en actividad sospechados de cometer los mismos crímenes atroces que en la dictadura, ¿cómo avanzar hacia la reconciliación?

Sin lugar a dudas, la ausencia de López se convierte en una presencia acusadora. "El único esfuerzo que hizo el Gobierno en la causa fue evitar que, a nivel internacional, esto se viera como una desaparición forzada de personas, cosa que planteamos desde el principio.
No porque pensemos que el Gobierno lo secuestró sino porque hubo aquiescencia del Estado para permitir que López esté desaparecido y que un año después su desaparición y su secuestro estén impunes", deja en evidencia Guadalupe Godoy.

Ante un nuevo aniversario del golpe militar y a 18 meses del secuestro de López, sigue firme como mandato la consigna que levantaron muchos organismos de Derechos Humanos: "No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos".
Fuente: www.rebelion.org/Argentina/ 26-3-08

Hasta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco de la presentación de la edición 2008 de su estudio 'Derechos Humanos en Argentina' advierte: "Existen problemas de articulación y gestión estatal que impiden avances significativos de los juicios por la represión ilegal".

Primera Fuente(12/05/2008) informa:

"Desde la organización también instaron al Gobierno a 'no reducir la política de derechos humanos al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado'. En ese sentido, el director de la entidad, Gastón Chillier, calificó de 'insuficiente' la política de derechos humanos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y alertó que se han abandonado por completo otros temas como la situación de las cárceles, la represión policial o la pobreza.

También se denuncian errores en los juicios contra los responsables de la represión durante la última dictadura militar (1976-1983), a pesar de que el Gobierno logró la renuncia del miembro de la Cámara de Casación Alfredo Bisordi, a quien acusó de retrasar las causas. En Argentina hay 212 causas abiertas y 1.036 personas imputadas por estos crímenes: sólo 17 fueron condenadas.

Chillier y el periodista Horacio Verbitsky, miembro honorario del CELS, criticaron duramente la gestión del secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, porque 'se dedica pura y exclusivamente a la persecución de crímenes de la dictadura, pero no lo hace bien tampoco'. Según el informe, los procesos judiciales han puesto de relieve 'las fallas de coordinación entre los poderes del Estado, la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la pasividad frente a los graves hechos que amenazan el proceso de Justicia'".

Fuente: www.argenpress.info / 13-5-08

Premisas e hipótesis

El gobierno del matrimonio Kirchner conserva la reestructuración del Estado durante la dictadura cívico-militar y no tiene la menor intención de reorganizarlo en acuerdo con garantizar los derechos humanos de la diversidad popular. Sucede que el terrorismo de estado fue puesto en ejecución, durante una década o más, para implantar la superexplotación laboral en beneficio del sistema capitalista mundializado.
Las democracias restringidas han continuado este proceso de concentración y desnacionalización económica que trajo aparejado el crecimiento de la desigualdad social.

Y hoy el 'modelo productivo' implica el contubernio del gran empresariado industrial con el gobierno-Estado para la violación de derechos humanos implícita en:

Óscar Taffetani (de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo), en "La explotación enmascarada", reflexiona: "(...)ahora ya hay otros Sohos, en el mundo. En Birmingham. En Hong Kong. Y hasta en un sector del viejo Palermo, Buenos Aires. Por eso algunos empresarios vieron la oportunidad de registrar con el nombre 'Soho' una marca de ropa, para consumo de las elites de la Reina del Plata.

Claro que la trastienda de la ropa 'Soho' -como la de 85 marcas 'de primera línea' que se comercializan en Buenos Aires- es un taller oscuro, alejado de la luz y de las vidrieras, en donde hombres y mujeres esclavizados, atados con cuerdas invisibles a las mesas de corte y las máquinas de coser, producen por paga vil esas prendas que luego se exhiben con elegancia en las vidrieras. (...)

Se ha publicado en los diarios, por estos días, que el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la empresa de indumentaria Soho, "acusados de contratar talleres de costura donde se empleaban inmigrantes indocumentados, en condiciones de máxima precarización laboral".

"Los argumentos de Oyarbide -leemos en una de las crónicas- fueron que ese modo de explotación sería herencia de costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros, y que se trata de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa, originaria de aquella región...'

Desde la época de los nazis y del Ku Klux Klan que no se escucha una argumentación tan cínica para justificar una violación de los derechos humanos.

Los nazis decían que los judíos del ghetto de Varsovia en realidad querían vivir así. Y los racistas norteamericanos decían que los negros tenían necesidades 'distintas', ligadas con su pasado tribal...

Ahora este juez argentino, Oyarbide, descubre el ayllu incaico y con una ligereza tremenda, adoptando un aire antropológico, concluye que los niños bolivianos y sus padres y sus madres, traídos con la zanahoria del cuentapropismo y la prosperidad y encerrados en verdaderos calabozos productivos, donde no se respetan los mínimos derechos laborales, son seres de otra cultura, y que deben ser respetados como tales.

A esa hipocresía, si las instituciones argentinas funcionaran, debería haberle respondido inmediatamente el Consejo de la Magistratura, un organismo creado, justamente, para corregir las distorsiones y evaluar la conducta de los funcionarios.

De modo que los trabajadores de la cooperativa La Alameda, esos obreros textiles inmigrantes e indocumentados, que cortan y cosen la ropa de las 'primeras marcas' del mercado argentino, no tienen derechos. Y cuando por fin deciden apelar a la Justicia, descubren que ella (lo mismo que las camisas que cosen) ha sido hecha a la medida de los explotadores". Fuente: www.argenpress.info/ 24-5-08

Prensa De Frente comunica:

"La Alameda junto a los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), con el apoyo de otras agrupaciones, decidieron investigar hace semanas la denuncia de vecinos del barrio de Monserrat que están hartos de los prostíbulos y la venta de drogas. La explotación sexual y los transas se manejan con impunidad todas las madrugadas y mañanas de la semana pese a estar a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal.

Como ningún funcionario político o policial hacen cumplir la ley, La Alameda y el MTE decidieron investigar el tema (realizando cámaras ocultas, registraron la dirección de los prostíbulos más sus teléfonos y las patentes de los autos) y posteriormente lo denunciaron en el juzgado federal de Jorge Ballesteros y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

La investigación propia de un equipo periodístico y las denuncias formales no fueron lo único. La movilización popular también fue realizada, y acompañada tanto por la prensa de los medios masivos de comunicación como de medios militantes.

Mientras hacían la clausura simbólica:

"Cerca de 200 talleristas esclavistas del sudoeste de la Ciudad intentaron, como en el 2006, derribar a pedradas las ideas y denuncias de La Alameda. Todo esto sucedió frente a las narices del personal de la comisaría 40º, quienes justamente están denunciados por recibir coimas de esos mismos talleristas. El ataque se produjo mientras los miembros de La Alameda y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) escrachaban a los esclavistas sexuales de cinco prostíbulos cercanos al Departamento Central de la Policía Federal. (...)

El segundo responsable de la comisaría 40, Fabián López, señaló sin sonrojarse a este cronista “que nadie fue preso por la pedrada” pese a contar con consigna policial, que se ordenó tras las reiteradas denuncias contra las principales marcas de ropa y calzado, entre ellas Puma, Soho, Adidas, Cheeky, Kosiuko, por nombrar alguna de los 85 fabricantes investigadas".

Pero, además:

• "El referente de La Alameda, el docente Gustavo Vera, señaló como responsable de lo sucedido a la comisaría 40º en acuerdo con los talleristas que conduce el puntero del Partido Justicialista y delegado del INADI, Omar Reta. Vera afirmó que “Reta responde políticamente al funcionario nacional Héctor Capaccioli y es quien dirige a los talleristas que nos atacaron, de los cuales muchos de ellos están procesados por la justicia. Ese es el caso de Lucí del taller clandestino en Elpidio González filmado por el programa La Liga, Coca Rico, Salazar Nina, y Alfredo Ayala que interrumpió dos allanamientos de gendarmería. Tampoco quitamos responsabilidades por las embestidas de los talleristas al gobierno de Mauricio Macri, a quien le señalamos que esto podía suceder, y al ministro de Justicia Nacional, Aníbal Fernández, responsable político de la policía”.
  Fuente: www.prensadefrente.org/ 6-6-08
   

• La Coordinadora de Trabajadores Precarizados, "en la víspera del Día de los trabajadores  realizó una movilización para hacer visible la precarización laboral. Desde Diagonal Norte y Florida hacia el Ministerio de Trabajo marcharon para protestar contra las formas de la explotación actual como el empleo temporario, terciarización, trabajo en negro o fuera de convenio, falsas cooperativas, "contratados", pasantías, becas, contraprestaciones de los planes sociales. Formas de explotación que están presentes en el Estado, la industria, el comercio, el sector agropecuario, y de servicios. También denunciaron la vigilancia sobre los trabajadores y la represión de todo intento de lucha, mediante las fuerzas policiales y las patotas de la burocracia sindical".
  Fuente: www.anred.org/ 1-5-08

La Vaca relata:

"El 17 de marzo de este año María Millacura Llaipen se sentó en el hall de la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia con la determinación de no moverse hasta saber dónde está su hijo, Iván Torres. Desde entonces allí está y ni el cáncer pudo moverla: cuando le toca, va a hacerse el tratamiento oncológico y regresa a su silla en la comisaría. Es su último y desesperado gesto por encontrar a su hijo, que tenía 26 años en el momento de su desaparición, y cuyo caso resume con precisión en un prolijo cartel que colocó a su lado:
“Mi hijo Iván Torres fue detenido, torturado y desaparecido forzadamente por policías de esta seccional el 2 de octubre de 2003. El gobierno provincial y nacional no quieren reconocer su desaparición forzada por sus policías y hasta el día de hoy nadie lo busca.”

Este 24 de julio, sus defensoras Verónica Heredia y Silvia de los Santos – de Amicus, Clínica Jurídica y Social Patagónica- llegaron desde Comodoro a la Capital porteña para presentar el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Al concluir la exposición, el presidente del Grupo, Santiago Corcuera, les agradeció haber presentado un caso emblemático con tan sólida argumentación legal. Se refería especialmente, al enfoque que las abogadas le dieron a la denuncia y que deja planteada una cuestión crucial de la defensa de los derechos humanos hoy. El documento lleva como título: Desaparición forzada de Iván Eladio Torres en el marco de una práctica sistemática de violación de derechos por parte de las fuerzas policiales en Argentina, en especial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El planteo de las abogadas es contundente:  

• "Iván pertenece a esa población cuyos derechos son vulnerados cotidianamente. Es uno de los tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nadie quiere ver. María, la madre de Iván dice que es invisible y por eso está ahora mismo frente a la comisaría intentando que alguien la vea. Está intentando que se visibilice la desaparición forzada de su hijo, pero también lo que este caso representa. Ellos pertenecen a un grupo vulnerable, a los que no se les garantiza el libre y pleno ejercicio de los derechos. Es el grupo de niños, niñas y adolescentes de sectores populares y/o empobrecidos de la sociedad por las políticas sociales y económicas que adoptan nuestros Estados. Estos niños, niñas y adolescentes se convierten en adultos, despojados ya de todo derecho, incluso de su dignidad. Por esta situación es que, en el marco de la violencia policial, ingresan al sistema penal como única respuesta del Estado a su situación de vulnerabilidad, la que, en este marco, se agrava".

• "Cierto es que esta situación es común a toda América, que existen niños y niñas que deambulan por las calles, que sufren la violación sistemática de todos sus derechos, pero por ello, y especialmente por ello, no puede contemplarse sin más esta realidad, esperando que lleguen a la punta del iceberg: se conviertan en un desaparecido forzoso o en un muerto".

• "Es esta nuestra esperanza en el sistema interamericano de derechos humanos: que nuestros niños y niñas sean visualizados antes de su desaparición forzosa o de su muerte.

• Las abogadas citaron entonces una frase de Susana Reyes, ex detenida desaparecida y responsable de la escuela Arancibia, dirigida a niños y niñas en situación de calle: “Estos chicos son los desaparecidos de hoy: todos saben de su existencia, pero nadie los ve”.

• “Entendemos que el orden constitucional y el Estado democrático no garantizan en sí mismos el respeto de los derechos humanos, porque las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos son obligaciones de resultado. Por eso, parafraseando a Claudia Acuña, periodista de lavaca.org  sostenemos como desafío constante la necesidad de construir nuevas preguntas y nuevas respuestas para estas preguntas desde la promoción y defensa de los derechos humanos.”

• "Nos preguntamos, entonces, si esta situación no encuadra dentro de los que llamamos delitos de lesa humanidad, entendiendo que este delito es aquel que repugna la moral de la sociedad global. ¿O acaso podemos afirmar que no repugna a la sociedad global el destino de muerte a los que hoy ya están condenados los niños y niñas más vulnerables de nuestra sociedad?"

• “Por eso, solicitamos a este grupo la visibilización de estas violaciones como delitos de lesa humanidad. Es decir, reiniciar un proceso de interpretación evolutiva de los instrumentos de defensa de los derechos humanos, como el Estatuto de Roma” (...)".

Fuente: www.lavaca.org/3-8-08

Prensa De Frente destaca:

a.
"Ante los últimos conflictos laborales por suba de salario o mejoras en las condiciones de trabajo, vemos que poco a poco se va remontando un viejo método de disciplinamiento de los trabajadores. A la par de la utilización de patotas de la burocracia sindical y de aprietes de las patronales hoy vuelve a la carga la judicialización de los conflictos, haciendo acto de presencia en ramas tan disímiles como los trabajadores estatales, textiles y del juego.

Las acusaciones judiciales no son una forma novedosa de criminalización de conflictos sindicales, aunque en los últimos años fue perdiendo vigencia en detrimento de formas menos diplomáticas de “contención”.
Así los aprietes o las palizas dijeron presente en buena parte de los gremios que llevaron adelante conflictos, incluso en algunos de los cuales hoy avanzan causas judiciales.

Este último caso es el de los trabajadores del Casino Buenos Aires, representados por gremio ALEARA. En conflicto desde hace más de un año, comenzaron reclamando ser encuadrados en el convenio adecuado al establecimiento donde realizan tareas, reivindicación que finalmente consiguieron. Posteriormente solicitaron la reducción de la jornada laboral al haber registrado crecientes índices de accidentes o lesiones provocados por la cantidad de horas de pie. En el marco de este reclamo fueron brutalmente agredidos por una patota del kirchnerista Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Aprovechando el escándalo generado por la agresión, y bajo la excusa de haber estado involucrados en la pelea, la patronal envió más de 80 telegramas de despidos. Ante la protestas de los trabajadores la reacción oficial fue la represión por parte de la Prefectura Naval al acampe frente a establecimiento de juegos. En esa oportunidad media docena de trabajadores fueron detenidos, pero durante varias horas no se supo de su paradero ya que Prefectura no oficializaba el listado de demorados en sus dependencias.

El pasado 6 de mayo una notificación judicial le comunicaba al Dr. Marcelo Parrilli, abogado defensor del trabajador y delegado del Casino Flotante Hernán Lopatka, que sobre su representado pesa la acusación de “Resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio agravado”. Al parecer del Juez Federico Salvá, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 34, Lopatka es el responsable de las heridas sufridas por uno de los prefectos abocados al operativo represivo en el cual casualmente fue detenido el trabajador del Casino Flotante. El magistrado dictó un embargo de bienes por 50.000 pesos a quien fuera despedido de su puesto de empleo días antes de esa jornada. Octavio Crivaro, miembro de la junta directiva de la FUBA e integrante de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue juzgado por el mismo tribunal por considerarlo "coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas".

Otro caso reciente fue el de los trabajadores textiles de La Plata. Un sector de este gremio encabezó un largo conflicto aún vigente en la empresa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (MAFISSA). Tras meses de conflicto, entre la tarde del 17 y la madrugada del 18 de abril, una feroz represión se desató sobre ese establecimiento con el objetivo de desalojar a los trabajadores que se encontraban dentro. La permanencia dentro del establecimiento se inició luego de la negativa por parte de la patronal a efectivizar la resolución del juez Arias del Fuero Contencioso administrativo que llamaba de forma urgente a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El saldo del operativo fue la detención de 18 trabajadores, entre ellos el cuerpo de delegados en pleno. Estos fueron liberados el día 20, casi 48 horas después de su detención, fueron imputados por "coacción agravada en concurso real con daño calificado"; el agravante sería producto de la acción en conjunto, más de 3 personas, y están expuestos a sufrir penas que van desde los 3 hasta los 10 años de cárcel.

El caso más reciente, pero no menos preocupante, se dio en el sector público y puso de manifiesto que estas maniobras represivas no se limitan solamente al ámbito de Poder Judicial de la Nación. El pasado 3 de junio comenzó el juicio oral contra los delegados que componen la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sobre estos trabajadores pesa la acusación de “interrupción del tránsito vehicular” por una acción de protesta que se remonta a octubre del año pasado. En esa oportunidad los trabajadores realizaron medidas al interior de su establecimiento laboral reclamando mejor salariales y un reencuadramiento acorde a las tareas que realizan, sin encontrar respuesta de ningún tipo. Redoblando la apuesta decidieron sacar el conflicto a la calle, movilizándose a las puertas del la Sede central, sita en Av. Gral. Paz 5445 de la Capital Federal, donde luego se decide cortar una de las manos de esa arteria vehicular.

A pesar de haber dejado un carril libre, el mismísimo director del INTI, el ingeniero Enrique Mario Martínez, radicó una denuncia que luego fue girada a la justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ésta, diligente como pocas veces, dio curso mediante el Juzgado en Primera Instancia nº 26 de la Zona 2 de la Ciudad. Si bien por tratarse de una causa contravencional, es poco probable que los trabajadores acaben en la cárcel, esta causa siente precedente a nivel judicial, así como también es todo un adelanto para los planes del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de regular y restringir la protesta en la ciudad.

Si bien éstos son los casos más destacables recientemente, la utilización de recursos institucionales permanece latente y es utilizada tanto por los gobiernos de turno como por las patronales, cuando no por ambos a la vez, para intentar limar la legitimidad de los delegados en caso que no funciones los métodos de la burocracia. El caso testigo es el de los trabajadores del Subte y tiene nombre y apellido, Néstor Segovia. Integrante del cuerpo de delegados es acusado por la empresa de sabotear formaciones ferroviarias cuando en realidad Segovia se limitó a impedir la salida de las formaciones que no se encontraban en condiciones óptimas para transportar pasajeros. El reclamo de la empresa a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) fue tomado por el gremio y actualmente Segovia se encuentra a la espera de una resolución que puede ser el inicio del desmembramiento de uno de los cuerpos de delegados que ha conseguido conquistas no menores para sus representados".

b.
"Desde el 19 de mayo, alrededor de 700 trabajadores y trabajadoras de la planta de empresa Arcor-Bagley ubicada en Salto (a 180 Km. al noroeste de la Capital Federal, por ruta 7) , llevan adelante medidas de fuerza con el objetivo de ser oídos por la empresa en sus reclamos salariales y de mejoras en las condiciones de contratación y seguridad en el trabajo.

Hace poco más de 10 años llegó a Salto la primera planta de producción de galletitas de la empresa Arcor. En cualquier pueblo del interior argentino es un acontecimiento histórico, gran apertura, mudanzas varias de gerentes top ten y diez años en veda de impuestos para la empresa multinacional que llega al pueblo golpeado por la década 90. Esta planta es uno de los monstruos de la multinacional de productos alimenticios del grupo que comanda Luis Pagani, exporta un porcentaje importantísimo de su producción, cumple con cantidad de normas internaciones y se constituye como una planta modelo en lo que es producción con base de harinas.

Sin embargo, este crecimiento no tiene ninguna relación con el salario de los hombres y mujeres que allí trabajan.

Los trabajadores y trabajadoras de Arcor-Bagley reclaman a la empresa, en el marco de las negociaciones paritarias, un incremento del salario inicial de 1100 pesos a 1900.También plantean como necesidad regularizar la situación de trabajadores y trabajadoras que figuran como eventuales y que constan con 5 años de antigüedad, conviviendo con alto riesgo de accidentes laborales ante una negligencia casi total por parte del departamento médico de la empresa.

La empresa se niega a subir los sueldos, a rever la situación de los contratos eventuales y hasta a revisar las dudosas condiciones de seguridad para el trabajo. Ante la negativa, 700 trabajadores y trabajadoras iniciaron el 19 de mayo un paro total de actividades en la planta. Acompañaron la medida con actividades de difusión a la comunidad de Salto, como marchas, ollas populares en la puerta de la planta, y piquetes en la rotonda en la que la planta esta ubicada.

La respuesta de la empresa: un saldo de 116 despedidos. El martes pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria por diez días, pero los 116 despidos quedaron como estaban, despedidos. Los trabajadores y trabajadoras se movilizaron a la Capital Federal, hasta las oficinas de Arcor y cortaron la avenida 9 de julio y Corrientes pero no obtuvieron ninguna respuesta favorable, ni de la multinacional ni del ministerio de trabajo".
Fuente: www.prensadefrente.org/6-6-08

La Agencia de Noticias Red Acción agrega:

"Pedidos de desafueros y mafia patronal. Desde marzo los trabajadores del sector vienen reclamando un aumento salarial y discutir condiciones de trabajo en el marco de las paritarias. Cabe recordar además, que desde el año pasado hay un proceso de lucha y organización democrática que cruza todo el gremio. "Este proceso es el que molesta y quieren derrotar las patronales, por eso están intransigentes y prepotentes", aseguran los compañeros en Fate.

A fines de mayo, la patronal encabezada por Madanes, despidió a un importante activista inventado causas disciplinarias que no existieron y, tras los paros de las últimas semanas, pidió el desafuero de los delegados Pedro Sosa, Marcelo Gallardo - para suspenderlos - y el de Victor Ottoboni - para despedirlo -, iniciando causas en la justicia con ese objetivo.

Pero la cosa se puso pesada porque la intimidación a la organización de los trabajadores no se quedó en el plano "legal". Se sumaron llamadas anónimas amenazantes a delegados, robos en la seccional (de San Fernando) y en el transcurso de los últimos días uno o varios desconocidos ingresaron a la casa de Ottoboni violando su puerta. Se llevaron la mochila de la empresa y un radiograbador, pero no robaron objetos de valor.

El neumático es uno de los gremios industriales más brutalmente explotados. El básico de la actividad es de 1260 pesos y es una de las ramas de mayor profundidad en cuanto a flexibilización laboral, ya que se trabaja en turnos continuos los siete días de la semana, todos los días del año, sin sábados, domingos ni feriados.

Cuadro de situación en el sector del neumático

Los trabajadores mandan
Buenos Aires, 27 de julio de 2008 (Periódico El Roble). Los obreros de Firestone, Pirelli y Fate están enteros y sostienen la medida de fuerza por tiempo indeterminado, ahora con el sindicato acompañando de lleno. En Lavallol, la acción va seguida con cortes de calle. En Merlo, los trabajadores seguían ocupando la planta de Pirelli luego del enfrentamiento de ayer con la seguridad de fábrica, mientras que -en San Fernando las asambleas tienen carácter de permanentes y los compañeros continuarán en la puerta de la empresa. (...)

Cabe destacar que todavía no está declarada la conciliación obligatoria… de esta manera habrá que estar especialmente atentos a lo que promuevan las empresas en un contexto de "zona liberada" desde el punto de vista de la legislación laboral.

Las paritarias se vieron boicoteadas por las patronales de las tres fábricas cuando el viernes por la tarde lanzaron casi un centenar de despidos en las tres plantas. La provocación fue rápidamente respondida con una medida de fuerza contundente desde los trabajadores y que luego el SUTNA, dirigido por Pedro Wasiejko, no tuvo más que acompañar.

Las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y las empresas excedían el marco salarial, ya que también estaba en carpeta el convenio colectivo de trabajo. Aunque radical, la reacción de los patrones no debiera sorprender. Las cifras que se manejaban (13% ahora y 15% en enero de 2009) rayan lo ridículo si se tiene en cuenta el reclamo del 35% de aumento que se peleaba desde las bases. Además, y aquí tal vez el punto neurálgico de la intransigencia empresaria, el neumático es uno de los gremios industriales más brutalmente flexibilizados, puesto que se trabajan turnos continuos todos los días del año. Para los compañeros nucleados en el SUTNA no hay sábados, domingos ni feriados.

Desde este espacio nos hacemos eco de los trabajadores del neumático, quienes necesitan de la solidaridad activa de todo el movimiento obrero y estudiantil.

* ¡Paro general por tiempo indeterminado hasta que reincorporen a todos los despedidos!

* ¡Solidaridad inmediata con los trabajadores de FATE, Pirelli y Firestone! " ( periodicoelroble@yahoo.com.ar ).
Fuente: www.anred.org/ 28-7-08

Entonces:

II.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

El matrimonio Kirchner -con apoyo mediático e intelectual- ilusiona de estar concretando los cambios que erradiquen al neoliberalismo. Lo cierto es que continúa fiel a los mandatos establecidos mediante dictadura cívico-militar como:

Alberto Morlachetti (Agencia Pelota de Trapa), en “Argentina: estigmas de sangre”, subraya:

"El núcleo significativo de la deuda externa fue engendrado en un genocidio. Palabra primera, absolutamente inicial, que mutiló el movimiento de la vida. No obstante se inscribió el origen de la deuda en una comarca de pastizales sin memoria. De aquí en adelante el lenguaje de las obligaciones externas va a crecer sin punto de partida. Los números serán las claves de todas las figuras.

Según Maximiliano Montenegro -en su nota del 6 de septiembre en Crítica de la Argentina- los pagos de capital e intereses realizados por el gobierno nacional a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) desde el año 2003 a la fecha suman 24.983 millones de dólares. Ningún otro período de la historia argentina del siglo pasado registra semejante transferencia de fondos en 5 años a entidades crediticias. Sin embargo, la pareja presidencial significó para muchos, nada menos que un futuro y se perciben como novedosos representantes de los pobres.

La deuda se paga -a pesar de su estigma de sangre- con las reservas, trabajo humano almacenado en el Banco Central. La indignación que produce ha comenzado a verse como simples nostalgias de un pasado errático e imprudente. Ciertamente el paraíso sigue quedando lejos.

Lo cierto es que no se cumple con la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. La presidenta anunció el pago al Club de París el día 2 de septiembre con reservas por valor de 6.706 millones de dólares y días después la reapertura del canje de deuda, solidaria con el perverso sistema financiero. Mientras el hambre gotea desde abajo interrumpida -rara vez- por alguna tregua, legado de bondad de algunas aceras con árboles frutales o la ternura de malvones colgando de ventanas sin mirada, donde los pibes crecen al amparo de sus pájaros indomables y cantan por la comida en medio de los basurales".
Fuente: www.argenpress.info/ 2-10-08

La Agencia de Noticias Red Acción aclara:
"Los “accidentes” laborales: consecuencia de las condiciones de trabajo

Las últimas estadísticas oficiales son del año 2006. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que mueren tres trabajadores por día: 995 compañeros/as. Como todas las estadísticas brindadas desde las instituciones del régimen, reflejan distorsionadamente la realidad: son 636 mil notificaciones de muertes y lesiones en relaciones laborales legalizadas. Es decir, en el 2006 casi un 10% de los asalariados registrados sufrió un "accidente de trabajo" y unos 36 mil trabajadores/as quedaron con algún tipo de incapacidad laboral.

Son 100 trabajadores/as que diariamente quedan con alguna secuela permanente, lo que no sólo disminuye su capacidad de trabajo sino que también incrementa su sufrimiento diario y el de sus familias. Sin embargo, el propio Ministerio de Trabajo reconoce que este sector "formal" de la economía sólo abarca a una porción de trabajadores y trabajadoras: 6.600.000 personas. Mientras el 60% de los trabajadores se encuentra en la "informalidad". Son unos 10 millones de personas en un limbo legal con distintas calificaciones técnicas pero bajo riesgo absoluto: sus muertes y lesiones no figuran en ningún lado.

En esta guerra de clases cotidiana, en donde los muertos los pone la clase trabajadora, el caso de los fleteros en motos/bicicletas son el ejemplo más brutal y descarnado de estas situaciones. Día por medio muere un joven motoquero en las calles de Buenos Aires y la mayoría aparece en las estadísticas como accidente de tránsito porque el trabajador no tiene relación de dependencia legal, por lo tanto no se lo considera trabajando sino "circulando por la vía pública".

Los porcentajes de muertes laborales en el trabajo formal aplicados a la economía informal, aún sin ponderar la incidencia de mayores riesgos, sumados a las cifras oficiales, nos dan la casi certeza de que los "accidentes de trabajo" nos están matando siete hermanos de clase por día: 2.500 compañeros y compañeras por año. En el mismo período, más de un millón y medio trabajadores/as sufre algún tipo de "accidente de trabajo" dejando 130 mil compañeros/as con "heridas del trabajo" permanentes. Es un verdadero genocidio laboral.

Por todo esto, la muerte por asfixia de catorce mineros del carbón en Río Turbio, la muerte a consecuencia de una explosión de tambores de combustible de seis universitarios en la Universidad de Río Cuarto, la muerte de los trabajadores de la construcción en Puerto Madryn por caída desde 20 metros de altura al ceder una losa, tienen todos una misma base material: la codicia empresaria que ahorra aportes de capital en medidas de prevención.

Es una actitud conciente que busca beneficiar a la parte patronal. Tan sólo por esto, calificar como "accidente de trabajo" a la causa de una muerte que está inevitablemente anunciada por negligencia es una calificación "de clase", pero burguesa, en tanto el capitalista es considerado inicialmente inocente en todos los casos.

Para nosotros la carga de la prueba debería invertirse: en casos de muertes en el lugar de trabajo el capitalista debería ser considerado culpable, y por lo tanto debería demostrar su inocencia en un juicio de tipo penal por "homicidio laboral"(...)".
Fuente: www.anred.org/30-9-08

Ideología

Veamos con qué ideología funciona el Estado respecto a garantizar la maximización de la cuota de ganancia de quienes monopolizan y desnacionalizan tanto la economía como el territorio. En coincidencia con la dictadura cívico-militar ataca la vida y el bienestar de la diversidad popular mediante:
 

El Partido Comunista de los Trabajadores (Rebelión), en “Así ‘distribuye’ la riqueza el Gobierno KK, ‘Nacional y Popular’.Haciéndoles los deberes al imperialismo” advierte:

 “El gobierno “Nacional y Popular” ha anunciado en lo que va del mes de septiembre dos medidas de alto impacto, y que definen claramente su alineamiento con el poder económico mundial.
 

1) La presidenta Fernández de Kirchner anunció que saldará la deuda que le reclamaba al país el Club de París, al contado y en su totalidad, tal como hizo su marido con el FMI. Lo hizo en el marco del acto por el día de la industria, donde grandes empresarios, todos ligados a los intereses de capitales transnacionales (como parte o como socios menores), aplaudieron a rabiar la medida. El Club de París, por si hace falta decirlo, es uno de los instrumentos de dominación del imperialismo, está conformado por casi una veintena de países y es hegemonizado por el G7 (los siete países más poderosos de la Tierra). La “deuda” que “honrará” el gobierno “nacional y popular” con semejante organismo –unos u$s 6700 millones, más de 20.000 millones de pesos- fue contraída, una parte, en épocas de la Dictadura Militar, y otra por el gobierno de De La Rúa y Cavallo, a través de un préstamo del gobierno español que sirvió para salvar el patrimonio de las empresas ibéricas en medio del derrumbe económico del 2001. Ambas razones son más que suficientes para considerar ilegítimos los reclamos y, por supuesto, que ningún beneficio habrá para el pueblo argentino.

2) La reapertura del nefasto Canje de Deuda a los bonistas que quedaron fuera en el 2005, pese a que el propio kirchnerismo había aprobado una ley que lo prohibía. Cristina Fernández Kirchner realizó el anuncio en el Concejo de Relaciones Internacionales en Nueva York, en vez de ante el pueblo argentino, lo que demuestra una vez más su carácter proimperialista, más allá de los discursos. Explicitó nuevamente una defensa del sistema capitalista de explotación, sin ahorrar elogios a los EEUU, el estado más terrorista de la Historia de la Humanidad, profundizando su política de congraciarse con los explotadores del mundo. La prioridad del kirchnerismo, como lo ha demostrado en innumerables oportunidades, es pagarle a los dueños del Poder Económico Mundial una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, en vez de con esos recursos de miles de millones de dólares saldar las necesidades de los seres humanos que habitan nuestro suelo. Un dato significativo es que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organismo de las sanguijuelas que lucran con el sacrificio de los trabajadores y los marginados del sistema, subió un 4% apenas su representante político –la presidenta- terminó su discurso.
La iniciativa oficial deberá refrendarse en el Congreso de la Nación, y seguramente, esta vez no existirán las disidencias en el Bloque oficialista, como las hubo en el conflicto agrario: para la entrega, los lacayos siempre se ponen de acuerdo. (...)

Parece mentira que hace sólo un par de meses atrás, la propia presidenta, para defender la necesidad de la resolución 125 de retenciones móviles a la renta de la patronal agraria, nos decía que iba a utilizar ese dinero para la construcción de escuelas, hospitales y caminos. Aquello significaba unos u$s 1200 millones, y nunca se recaudaron; hoy se pagan u$s 7000 millones a un organismo de crédito multinacional, con las famosas reservas del Banco Central, y se comprometen cifras aún más altas con los bonistas que se negaron al Canje 2005: ¿aquellas obras ya no hacen falta? Es evidente que para el oficialismo K las prioridades son otras, que están muy lejos de las necesidades de las mayorías populares.

Los que defienden las medidas esgrimen que son necesarias para poder tener acceso a créditos más baratos, “para no aislarnos del mundo”: lo mismo nos dijeron con el pago al FMI, con el Canje de Kirchner-Lavagna, con los Blindajes, los Megacanjes y los Planes Brady. Sin embargo, el problema del endeudamiento y el acceso a créditos blandos siguió siendo un estigma para la economía del país, cuyos efectos indeseables siempre los terminaron pagando con su propio sacrificio los que no participan de la fiesta de los acuerdos: las mayorías asalariadas y desocupadas.

Lo que se desprende de las argumentaciones del oficialismo y sus cortesanos, es que nada estaba tan bien como decían. Y que para “estar bien”, habrá que tomar distancia de compañías “indeseables” (como lo es Chávez para los centros del poder mundial), y alinearse más claramente con los requerimientos del Imperio, fundamentalmente en lo discursivo, porque en los hechos está claro que el kirchnerismo hizo siempre todos los esfuerzos para ello, con los recursos que tuvo a disposición, montado en el sacrificio del pueblo argentino.

Esa decisión ya está tomada por la presidenta K, por eso en su viaje a EEUU (donde insistirá ante las grandes empresas para que “se apiaden” de nosotros e inviertan en el país, a cambio de seguridad jurídica y de rentabilidad), en su discurso en la ONU, habló contra el terrorismo internacional y le apuntó a Irán, pero no se le cayó una frase sobre el genocidio que el Estado Sionista está perpetrando contra el pueblo palestino, nada dijo contra la barbarie yanqui en Irak y Afganistán, el acoso a Irán y Corea del Norte, el descarado intervencionismo en Bolivia y Venezuela, ni, mucho menos, contra el criminal bloqueo que sufre la Cuba revolucionaria, o el calvario que sufren los Cinco Héroes presos del Imperio. Claro, si el kirchnerismo ya es cómplice de los yanquis en Haití, donde enviaron tropas argentinas a contribuir al genocidio del pueblo hermano. Claro, si el propio gobierno K mantiene presos y planea extraditar a los seis compañeros paraguayos en huelga de hambre desde hace más de cuarenta días. Sus visitas al Concejo de Relaciones Internacionales, a la derechista Organización Alas o al mismísimo Concejo de las Américas parecen sólo anécdotas después de la vergonzosa diatriba presidencial.

Lo que vuelve a ocultar el oficialismo es la verdadera razón de la medida, que son los compromisos asumidos para el pago de la deuda: sólo el año que viene habrá que erogar casi u$s 20.000 millones, y como no hay medios a poder hacerlo en su totalidad, necesitan refinanciar una parte, lo que según ellos, después del pago al Club del París y la reapertura del Canje, se podrá hacer con menores costos. El kirchnerismo, como muchos sostenemos desde hace años, no ha venido para garantizar el bienestar popular después de la hecatombe del 2001, sino a recomponer la gobernabilidad y las instituciones del sistema capitalista. “Implementar un capitalismo serio” y “recrear la burguesía nacional”, como dijo Néstor Kirchner en su discurso de asunción allá por el 2003, aunque todos sabemos que en este mundo globalizado no hay posibilidad de una burguesía que no sea socia menor del capital transnacional. Si no pudo ir a fondo desde el principio, no fue porque no haya querido, sino porque el humor popular se lo hubiese impedido. Hoy está claro que va camino a congraciarse con el establishment mundial.

Por supuesto que para el caso, como lo han hecho todos los gobiernos “democráticos” que lo precedieron, las decisiones se toman entre gallos y media noche, encerrados entre cuatro paredes, sin consultar la opinión popular al respecto, y sin, mucho menos, informar las formas y las consecuencias del camino elegido. Lo concreto es que la deuda pública ha sido –y por lo visto seguirá siendo por muchos años, a menos que el pueblo en su conjunto tome una actitud digna y soberana de defensa de sus intereses- el centro de la política argentina. Todo gira a su alrededor. Ése es el escenario que nos han impuesto el imperialismo con sus cómplices-lacayos locales. Por eso sabe a poco el enjuiciamiento de los ya seniles genocidas de la última dictadura, porque ellos fueron instrumento de los que hoy se benefician de su trabajo sucio. Los verdaderos ideólogos hoy están libres de culpa y cargo, y determinan la política a seguir. Son los mismos que festejaron ruidosamente el anuncio del pago en la Casa Rosada. Y el gobierno kirchnerista-peronista es parte de ello.

La muletilla de los que aprueban el pago tanto de ésta como de toda “deuda” reclamada por el poder económico transnacional es que “no podemos aislarnos del mundo”. Para ellos, no importan las maniobras fraudulentas que hayan ejercido los acreedores, ni los sufrimientos y penurias que hayan provocado a millones de seres humanos. “Hay que pagar” nos dicen. La cuestión medular, entonces, es preguntarse a quién o a quiénes beneficia estar relacionados con “el mundo” en estos términos. Lo que nos ha demostrado la historia reciente es que seguramente a las mayorías populares seguramente no. Nunca recibieron más que promesas incumplidas de futuros bienestares, mientras el presente fue siempre de penurias. Ejemplo de ello es fijar con la complicidad de la burocracia sindical un salario mínimo de $1200 cuando la canasta familiar ronda los $3800; o el proyecto de “jubilaciones móviles” del oficialismo, una trampa miserable para no otorgarles a nuestros viejos el 82% móvil de los salarios en actividad. O la pelea de los docentes contra el gobierno de Scioli, representante del kirchnerismo en la provincia más grande del país, que no sólo paga sueldos de miseria, sino que atropella el derecho a huelga de los trabajadores, descontándoles los días de paro. ¡Ese es el gobierno “popular”! Como siempre, plata para los buitres de afuera sí, nunca para los trabajadores de nuestro suelo (...)".
Fuente: www.rebelion.org/Argentina/29-9-08

La Agencia de Noticias Red Acción aclara:

"Las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo: patrón cubre patrón con auxilio sindical

Las ART son empresas que aseguran a otras empresas para que no tengan que "correr con los gastos" que les ocasiona la lesión o muerte de un trabajador en relación de "dependencia" con éstas. Pero como empresas, hacen lo mismo que todas: la inversión menos costosa es el costo del trabajador "asegurado". La ganancia está en invertir lo menos posible para la cobertura. Considerado desde el capitalismo, en esto no hay nada nuevo. Lo verdaderamente nuevo tiene tremendas consecuencias: directa o indirectamente, las comisiones directivas de los sindicatos se encuentran asociados a las ART. Es decir, son socios de una patronal para engañar trabajadores con el verso de la cobertura del "seguro por accidente de trabajo". Este aspecto novedoso del sindicalismo argentino es una de las herencias más siniestra que nos dejó el período "menemista". Pero llegó para quedarse porque hace a los aspectos nuevos del momento actual del sistema capitalista consolidado a fines de los '80. La mundialización/globalización del capital, impuesta gracias a la desaparición de los países en donde los medios de producción habían sido completamente estatizados, llevó a las grandes estructuras sindicales del mundo a asociarse al gran ganador de la pulseada mundial: el capital imperialista.

Debido a este proceso, con más o menos porcentaje, la burocracia sindical ingresó como socia menor en los negocios empresarios. Su separación y autonomía respecto a la clase trabajadora creció proporcionalmente: un sindicato como socio-capitalista de una ART, de una AFJP o directamente en la explotación de empresas (son cada día más las organizaciones sindicales que explotan mano de obra asalariada) queda enormemente liberado del condicionante del aporte individual del afiliado para generar su base económica. Así, la mayoría de los dirigentes sindicales burocráticos pasaron a cumplir un rol de "socios empresarios", y no sólo de "servidores" de la patronal. Hasta fines de los '80, como todos los "lacayos" o "sirvientes", podían tener contradicciones porque en última instancia también establecían una relación de explotación y opresión bajo dependencia indirecta de la parte patronal. Aunque a veces era casi imperceptible, la relación material era de dependencia. A diferencia de esto, los socios capitalistas -por pequeña que sea su parte- adquieren una relación material condicionante de naturaleza distinta. Por eso, las direcciones sindicales de estos tiempos no sólo no se ocupan seriamente de enfrentar a la patronal o al propio Estado, sino que además facilitan la no cobertura de las ART.

El papel del régimen: el Ministerio de Trabajo

Las fuentes de las estadísticas son las propias empresas y si eventualmente son fuentes propias se toman sin la elaboración, seguimiento y evaluación de la información por parte de los propios trabajadores. El régimen, cualquiera sea su gobierno, sólo considera a los trabajadores involucrados en sus estadísticas e investigaciones como "objetos de investigación", no como sujetos de la misma. Al culminarse un trabajo y presentarse el producto de la investigación, deja por fuera de la elaboración de las evaluaciones y conclusiones al sujeto central: el propio trabajador. Como consecuencia, el uso central de las investigaciones es el crecimiento de los "currículum vitae" de los funcionarios actuantes en beneficio de sus crecimientos individuales mientras que a las empresas los datos les sirven para ir midiendo y justificando sus acciones.

El papel del trabajador para nosotros debe ser otro: actor, director, guionista, escritor, iluminador y camarógrafo de una película: "Riesgos del trabajo y trabajos de riesgo". Estamos planteando que tenemos que comenzar por considerarnos a nosotros mismos como sujetos principalísimos del trabajo de la evaluación, fiscalización, control y modificación de las condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Y desde esta perspectiva avanzar hacia la modificación de toda la normativa y legislación que regula este aspecto fundamental de la producción, distribución y consumo de mercancías. Estamos planteando que la explotación del trabajador se verifica no solamente en la constante disminución del salario, nominal y social, sino también en la constante disminución de los aportes de capital en resguardo de la integridad psíquica y física del trabajador/a. Y por lo tanto está en nuestras propias manos la defensa y el ataque".
Fuente: www.anred.org/30-9-08

La industria minera y su nueva estrategia para lavar su cara contaminante a través de la educación
Darío Aranda (Página 12) informa:

"Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera –el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación– , que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por “contribuir a las mejoras educativas”. Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.

El libro Chubut pura naturaleza fue distribuido en 2006 por el Ministerio de Educación de Chubut en las escuelas. En su página 281 sobresale el subtítulo “Contaminación del agua y la tierra”. En ese apartado recomienda, para “investigar sobre el tema”, dos sitios de Internet. El portal www.panoramaminero. com.ar, que se ufana de autodenominarse “una organización periodística al servicio de la minería”. El segundo sitio, citado por el Ministerio es www.meridiangold. com (hoy Yamana Gold).

En la misma provincia, la minera IMA Explorations había distribuido en escuelas “El juego de los minerales”. Al estilo juego de la oca, remarcaba el potencial de plata y plomo de la zona y, desde el punto de vista empresarial, es una introducción al mundo minero. “Tienen la manifiesta intención de incidir en los niños a favor de su proyecto minero”, denunció la Asamblea de Esquel.

La Rioja no tiene manuales a favor de la minería, pero cuenta con el gobernador, Luis Beder Herrera, que pasó de prohibir la minería (por ley) a transformarse en su máximo defensor y (por otra ley) impulsar su desarrollo en toda la provincia. Todo en sólo dos años. Por las críticas recibidas, apuntó contra las Asambleas Riojanas y les prohibió que brinden charlas informativas en las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el hecho, pero los ambientalistas exhiben otra denuncia: en las ferias de ciencias (espacios de intercambio que se realiza en todos los departamentos de La Rioja) fueron excluidos los trabajos sobre minería y prohibido el acceso a docentes que militan en las Asambleas.

Mendoza también incursiona en minería y prohibiciones. El gobierno provincial impulsó la actividad extractiva en 2006. Pero no imaginó que grandes bodegas y empresarios turísticos se sumarían a campesinos y organizaciones sociales en rechazo a ese tipo de industria. En respuesta a las movilizaciones y denuncias, en julio de 2007 el Concejo Deliberante de Malargüe (uno de los epicentros de la lucha) prohibió las reuniones y charlas ambientales. Ese mismo año, el gobierno provincial cerró el ingreso a la modalidad Medio Ambiente en la Escuela Técnica 4-018.

El responsable de la Dirección de Educación Técnica de Mendoza, Humberto Tansino, señaló que la modalidad tenía escasa demanda y explicó que el colegio “se volcó de lleno a tecnicaturas con gran demanda y salida laboral, turismo y minería”. La escuela, la más importante de Malargüe, es apadrinada por la minera angloaustraliana Río Tinto, líder a nivel mundial, que impulsa un polémico y resistido yacimiento de cloruro de potasio en la provincia.

La Universidad Nacional de Chilecito (Undec) fue sede en julio pasado del Encuentro de Rectores de Universidades del “Norte Grande” (NOA y NEA). Uno de los principales temas fue cómo impulsar la “minería responsable”. El rector de la Undec, Norberto Raúl Caminoa, se enoja ante las acusaciones que vinculan a las universidades al servicio de la industria minera, asegura que los rectores sólo acordaron impulsar la investigación. Lejos está de cuestionar el accionar de las empresas, pero sí dispara contra las asambleas: “No puedo decir que Minera Alumbrera contamina. No tengo estudios al respecto” –repite, aunque se le enumeren las denuncias contra la empresa--. Decir “no a la minería es una burrada”, arremete el rector e insiste con su apoyo a la “minería sustentable, no contaminante” (organizaciones ambientalistas de todo el mundo aseguran que la minería metalífera, a cielo abierto, no puede ser sustentable) .
Caminoa reconoce que investigadores de la Undec realizaron trabajos de remediación ambiental para Alumbrera y afirma que podría trabajar, sin contradicciones, con la compañía Barrick Gold, que explora en la provincia y encendió el rechazo comunitario. En 2007, la Undec obtuvo un préstamo del BID, mediante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, por 3,8 millones de pesos. El fin está explicitado en actas oficiales: “Creación de un laboratorio de análisis químicos, biológicos, organolépticos y toxicológicos para satisfacer las necesidades del sector agroindustrial y minero de la región”.
 

Minera Alumbrera –en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno catamarqueño y el Gobierno nacional– explota desde hace trece años el yacimiento más grande y cuestionado del país. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) le brinda servicios, entre ellos informes de impacto económico. En 2004 realizó un estudio con conclusiones elogiosas. Con 257 páginas, festeja que Alumbrera produce 8200 puestos de trabajo y genera ingresos al país por 722 millones de pesos al año. “Lo que implica un significativo aporte a la generación de riqueza de nuestro país”, asegura el estudio de la Unsam.

La Asamblea de Catamarca cuestiona ese tipo de estudios (asegura que las cifras son tan magnificadas como de difícil comprobación) y denuncia: “Acusamos a la Universidad Nacional de San Martín de ser partícipe directo de las políticas de ‘construcción de consenso que implementan las empresas que contaminan, saquean y expolian el presente y futuro de esta provincia”.
Fuente: www.noalamina.org/ 30-9-08

Premisas e hipótesis

El gobierno del matrimonio Kirchner hace posible, sostiene con fondos y otros recursos públicos:

R.Gómez Mederos (Rebelión), en "Las limpias y bondadosas mineras del capitalismo global", explica:

"Julián Rooney, vicepresidente de Bajo La Alumbrera, minera que extrae cobre, oro, plata, molibdeno y otros metales en la provincia de Catamarca, está siendo procesado por contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo a lo previsto en el artículo Nº 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Ya en 2005, el fiscal de Tucumán, Antonio Estofán, denunció a la empresa por contaminación y el juez federal de Santiago del Estero, Felipe Terán, investigaba una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación que llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. En la actualidad en Santiago del Estero, el defensor del Pueblo, Darío Alejandro Alarcón, presentó ante la Justicia Federal una nueva prueba documental en la causa querellante contra la misma empresa por contaminación que ya llega a Río Hondo.

El canal derivador DP2 o Canal Grande, ubicado en la localidad de Ranchillo, vuelca sus aguas en el Río Salí de la provincia de Tucumán; es en este derivador donde el mineraloducto de Bajo La Alumbrera produce contaminación por pérdidas, producto de roturas. Las mediciones de la minera acusan excesos de lo permitido por la ley nacional de hasta 20 mil veces en los valores de arsénico, 5 mil veces en cadmio, veinte en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. El estudio de impacto ambiental, incluso, encuentra 2,30 miligramos de estroncio por litro, un elemento radiactivo.

El daño al ambiente se multiplica por mil, la destrucción de los lugares donde estas mineras se establecen es irreparable, la cadena natural por la cual funciona el ecosistema deja de existir, y más grave aun es la destrucción de las geoformas, de la disposición natural de las montañas en un territorio determinado, las cuales tardaron millones de años en formarse, y cumplen una función que es irreemplazable por el hombre, por más tecnología que este posea.

La mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, ubicada en la Provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia, a 300 kilómetros al noroeste de la ciudad capital, viene extrayendo minerales críticos y estratégicos a 4.800 metros de altura desde hace dos años.

Hasta ahora los beneficios económicos de estas mineras no aparecen por ningún lado; en cambio, en un área de 42 kilómetros comprendida dentro de las 100 mil hectáreas que conforman la Reserva Mundial de Biosfera San Guillermo, declarada así por la UNESCO, donde antes era una vega y flora y fauna formaban parte del ecosistema; se ubica el dique de colas donde se depositan los estériles producidos por Veladero y parte de lo que será Pascua-Lama, otro de los yacimientos, “propiedad” de Barrick Gold. Este proyecto será el más grande del mundo en manos de Barrick, es tres veces Veladero, y el insumo de agua a utilizar también será el triple de éste.

Pascua-Lama, llamada así por el nombre de los lugares en el que estará asentada, es el primer yacimiento binacional bajo el paraguas del Tratado de Integración Minera, acordado entre Argentina y Chile, en la nefasta década de los 90. Una particularidad a tener en cuenta, es que Barrick se ha convertido en dueña de la cordillera a ambos lados, y creado de hecho, un tercer país entre Argentina y Chile, que será gerenciado por esta empresa.

Según esta minera canadiense, sólo en Veladero se remueven 36 toneladas de roca diaria, proceso que continuará durante 17 años ininterrumpidamente, un ejemplo de la minería “responsable” que pregonan estas empresas en los lugares donde se radican, para saquear, contaminar y destruir la naturaleza.

No es siquiera el concepto de colonización por el que se mueven, son más bien factorías ultramodernas, que luego de cumplido el objetivo por el que vinieron, se van dejando páramos desérticos, inservibles para siempre.

Canadá es el país de donde proviene Barrick Gold, este alberga el 60% de las compañías mineras más importantes del mundo. A pesar de ello, este país nunca medió antes sus empresas por los desastres que el mundo tuvo que padecer.

Amable y Filo Federico “eran” dos montañas que hoy están convertidas en un enorme cráter de kilómetros de diámetro y profundidad. Esto en un contexto mundial de crisis climática, y donde nuestra tierra pide a gritos ser cuidada.

La desaparición de los glaciares de montaña, producto de la apertura de grandes caminos y la erosión que produce el polvo de las explosiones, asentado en sus superficies derritiéndolos prematuramente, pone en riesgo la provisión de agua de la provincia. Es precisamente la cordillera, sus hielos permanentes y glaciares, el gran tanque de agua de la Argentina.

"El agua vale más que el oro" dice una consigna, “la sed del oro nos dejará sin agua” dice otra, y con razón, porque lo que ocultan las mineras es que el agua es el mayor insumo que emplean; Veladero, por ejemplo, ocupa, según el informe de la propia minera, 10 millones de litros de agua diarios, una locura si se tiene en cuenta que provincias, como San Juan, la Rioja y Catamarca, son semidesérticas (el nivel de lluvias en San Juan es de 100 cm cúbicos por año). Este proceso de destrucción, acelera la dinámica de desertización aun más.

Las grandes cantidades de agua que esta minería química a cielo abierto ocupa, se debe a que es de “baja ley”, es decir, que hay una baja concentración de metales presentes en la roca, y para ser capturados, después de moler la montaña a prácticamente “harina”, se procede a regar pilas de roca con agua mezclada con cianuro. El cianuro se usa por su poder de combinación con los metales, el oro, por ejemplo, es extraído en más del 96%; además se utiliza cal, que contiene estroncio, y junto con este, forman un cóctel mortal en el medioambiente imposible de controlar. El resto del material que no tiene valor y está empapado con cianuro y otras sustancias, es apilado en las escombreras tóxicas eternamente.

Estas sustancias empleadas en este tipo de explotaciones ha provocado grandes desastres en las cuencas hídricas donde se ubican. Según un informe de CorpWacht, una ONG mundial que investiga los desastres ambientales producidos por las mineras, en los últimos cinco años se han registrado más de treinta derrames de cianuro en sistemas hídricos.

Argentina, una colosal reserva de metales codiciada por todos

Oro, plata, molibdeno, uranio, cobre y muchos metales más encapsulados en la estratégica, rica y limítrofe cordillera de Los Andes. Para la lógica del capitalismo global, Argentina es rica, ya que posee lo que a los países centrales del llamado primer mundo les hace falta. Tiene una enorme biodiversidad y recursos naturales que son puestos en riesgo, y en la mayoría de los casos, destruidos por la expoliación y extracción que hacen estas empresas. Para obtener una onza de oro, se poluciona el medioambiente al valor de 79 toneladas de estériles por onza.

Además de oro, plata y cobre, la montaña contiene naturalmente en su interior metales pesados como arsénico, azufre, mercurio, plomo, antimonio, cadmio, cromo; la voladura de éstas los libera al ambiente, los cuales en contacto con el aire producen lo que luego será drenaje ácido.

Las emanaciones de arsénico a nivel mundial, producidas por las mineras es del 96 %, del total.

Lo que podría ser una ventaja para Argentina, se convierte en una desgracia, en un futuro incierto para esta nación y sus comunidades.

Argentina produjo en el año 2007, 64 millones de kilos de uva de mesa, de los cuales la provincia de San Juan cosechó el 82%. Esta se comercializa mayormente en mercados europeos, los cuales ya anunciaron que no realizaran operaciones mercantiles con países en los que se lleve cabo minería química a cielo abierto. Recordemos además que Europa, en la declaración de Berlín del año 2001, prohíbe este tipo de minería en todo su territorio.

La reserva de metales críticos y estratégicos que posee Argentina en las entrañas de sus montañas es la solución a los problemas de los países centrales, que ven caídas sus economías por la suba del petróleo a nivel mundial, por el desinfle de las burbujas financieras en las principales bolsas, por la crisis energética global, y por todos los problemas que hoy afronta el capitalismo.

La solución a estos problemas la tienen que pagar los países pobres, pero ricos en recursos naturales, especialmente metalíferos.

El problema minero no es uno más de los tantos que este país sufre, es central y estratégico para Argentina ya que determina su futuro, y también para el capitalismo global y sus compañías. La pelea no es ya norte - sur, es evidente que este sistema tiene que sobrevivir a cualquier precio, y a costa de la desaparición de pueblos enteros.

Un combo de leyes hechas para las compañías transnacionales

La ley 24.196 de inversiones mineras, sancionada por el senado y la cámara de diputados de la nación el 28 de marzo de 1993, establece los parámetros jurídicos y legales para que las compañías transnacionales ingresen al país y ejecuten, de hecho, la más vergonzosa e indigna apropiación de los recursos naturales de esta nación.

Los beneficios que esta ley le da a estas compañías son inauditos e insólitos a la vez. El momento histórico en que está aplicada coincide con el comienzo de la gran crisis que sufre el capitalismo a escala mundial.

El modelo de Argentina, que en la década del setenta se impuso a sangre y fuego, está hoy más intacto que nunca; cerros y montañas enteras vuelan por los aires, grandes extensiones de soja transgénica destruyen campos enteros de bosques endógenos y desplazan a comunidades de originarios; la población del país sufre la falta de energía (sobre todo la fracción más pobre), mientras se lleva a cabo el robo a discreción del petróleo y gas que se envía al exterior en un cambio de 1 dólar por 3 pesos, por parte de las compañías extranjeras. La línea eléctrica interconectada está siendo construida estratégicamente, para alimentar el gran monstruo depredador. La versión sanjuanina es la línea minera de 500kv, construida por la empresa Teyma Abengoa, la misma que construyó las líneas de Salto Grande y Alicurá, el estado nacional pagó el 70% de la obra y la provincia el 30% restante, costando mas de 200 millones de pesos aproximadante.

De la energía producida a nivel mundial, las empresas mineras, consumen entre el 7-10% de ésta, producen menos del 1% del producto bruto mundial, y emplean menos del 0,5 del total mundial.

La ley de inversiones mineras establece una estabilidad fiscal por 30 años, contados a partir de la presentación de su estudio de factibilidad.

El artículo 12 de dicha ley es más claro aún en lo referido al impuesto a las ganancias: “Los sujetos acogidos al presente Régimen de Inversiones podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los mismos”.

Ni más ni menos que una entrega a manos atadas de los recursos naturales de Argentina.

En lo referido a los capitales activos, en un apartado de esta ley, en disposiciones fiscales complementarias, más precisamente el capítulo 17 dice: “Los que estén inscriptos en dicho régimen de inversiones serán exceptuados de pago alguno a capitales activos”.

En cuanto a las regalías, las que tienen un capítulo en esta ley, el artículo 22 dice: “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías, o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor 'boca de mina' del mineral extraído”.

Se dice 'boca de mina' porque refiere el gravamen aplicado al valor bruto del mineral extraído, así y todo las mineras se quejan (en off) de éste, con la excusa de que es un gravamen ad valorem, que se impone sobre la producción y no sobre las utilidades.

Los desastres de las mineras en Argentina

La Ley 21.196 de Inversiones Mineras, en su artículo 3 del Capítulo II, referido a los alcances, dice textualmente: a) Las personas físicas condenadas por cualquier tipo de delito doloso, incompatible con el Régimen de la presente ley, y las personas jurídicas cuyos directores, administradores, síndicos, mandatarios o gestores se encuentren en las condiciones antes mencionadas.-

¿Será que las limpias y bondadosas mineras del capitalismo global no tienen delitos contra la humanidad que pagar?

Sobre el prontuario de los referentes de estas mineras, como en el caso de Peter Munk, pesa la sospecha, de que los aportes de capital con los cuales hace su inversión en Barrick, provienen del traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, socio y compañero de aventuras del padre del presidente de los EEUU, George Bush, ex presidente de la potencia mas grande del mundo, hoy asesor honorario de la junta internacional de Barrick Gold, sospechosamente relacionado a la conocida The Carlyle Group, megainversora en el negocio de armas a nivel mundial.

Los antecedentes de estos señores no coincide con los requerimientos de la ley de inversiones mineras, en cuanto al alcance y perfil de los inversores.

África, Australia, y Latinoamérica tienen mucho para decir del asunto, por ejemplo: Catamarca, Tucumán y la provincia de Santiago del Estero sufren las consecuencias de los derrames ácidos que producen las roturas del mineraloducto que va desde Andalgalá, Catamarca, hasta la provincia de Tucumán, recorriendo varios kilómetros de longitud por el lecho de los ríos, como el río Villa Vil. “Los casos de cáncer en Andalgalá, aumentaron en un 800%” de acuerdo a lo informado por la Asamblea de Andalgalá.

Las poblaciones de Belén y Santa María no tienen acceso al agua potable, porque la contaminación de Bajo La Alumbrera traspasó tres capas de napa freática.

En el departamento de Jachal, al norte de la provincia de San Juan, las aguas provenientes de este río tienen un valor de arsénico muy superior al permitido por el código alimentario; la última medición, realizada por la ONG Ecologista Intichuteh, a la altura del partidor Pachimoco, dio como resultado 0,023 mg/l de arsénico, y 0,02 mg/l en el caso del cianuro.

Estos valores aparecen después de comenzados los proyectos mineros de Veladero y los primeros avances de Pascua Lama, los cuales se localizan en las nacientes del río Las Taguas que se une al río Valle del Cura, luego al Blanco continuando hasta el dique Cuesta del Viento y a partir de allí nace el río Jachal, que se extiende hasta las “Ciénagas Verdes”. Desaparece de la superficie y su cauce seco transporta agua en forma esporádica, integra las subcuenca subterránea del río Bermejo (Superior e Inferior) hasta el Desaguadero del Bermejo (barrales o lagunas temporales) y pasa a formar parte del río Desaguadero que desemboca en el Atlántico.

Éstas son algunas de las consecuencias de la mineraza a cielo abierto, a poco de comenzar la invasión de las mineras en todo el territorio Argentino". Fuente: wwww.rebelion.org/Argentina 30-9-08

El gobierno K con apoyo mediático hace percibir como crecimiento del país a la actual degradación medioambiental que -en un futuro no muy lejano- volverá inhabitable al territorio y exterminará de modo masivo. Pero además es respaldado por fuerzas progresistas e izquierdistas que coinciden con esa concepción de crecimiento económico y sólo le exigen distribución social.

Norma Giarracca, en "Desarrollo y drama social", aclara la falsedad de este posicionamiento. Parte de la tesis "todo régimen de acumulación se corresponde con un modo de distribución de la riqueza" para situarnos en:

"¿Cuál es el régimen de acumulación de esta Argentina del siglo XXI? No soy economista, pero puedo sostener sin temor a equivocarme que el sector primario forma parte sustancial del modelo productivo del actual gobierno. Un modelo basado en los recursos naturales y, por lo tanto, donde las “rentas” (sobre-ganancias) juegan un factor fundamental: la “renta agraria”, la “renta petrolera” y la inestimable “renta minera”. Si bien en los primeros dos casos el Estado intercepta parte de esas rentas vía retenciones a las exportaciones, en el caso de la minería deja esas fabulosas riquezas monetarias en manos de las grandes y concentradas corporaciones.

Estas producciones, base del funcionamiento económico del mundo desarrollado, son contaminantes, depredadoras, extractivas por las características del proceso de producción mismo. Extraen lo que pueden de los recursos, los esquilman y dejan un escenario de contaminación, cambio de flora y fauna y grandes disturbios de los ecosistemas. Muchas voces del mundo se han alzado con críticas radicales contra este tipo de desarrollo que está en la base del llamado “progreso”.

La agricultura que se basa en el recurso “tierra”, con los cuidados del caso, hubiese podido proveer una producción sustentable a las futuras generaciones. No obstante, en las últimas décadas, esa posibilidad se va perdiendo. Después de una etapa razonable de modernización técnica aparecieron las grandes revoluciones tecnológicas ya comandadas por las transnacionales bioquímicas; primero la “revolución verde” y por último la revolución biotecnológica que vació al campo de personas e hizo uso y abuso de agrotóxicos que ponen en peligro la tierra, la fauna y flora así como la salud pública.

Agronegocios, expansión de la minería y agotamiento de los recursos derivados de fósiles al servicio del Norte rico son claves en el modelo económico argentino del siglo XXI. Con cada exportación del sector primario se fugan fertilidad de los suelos, recursos no renovables, un gran desperdicio de agua, minerales declarados y no declarados, gran cantidad de energía eléctrica, trabajo de compatriotas muy mal retribuido, yungas, montes nativos y se llevan también muchas dignas resistencias de poblaciones que cuidaron esos recursos y no se resignan a la depredación.

Un componente significativo de este verdadero drama actual reside en cierta complicidad de sectores de los que se esperaba otra actitud.

En efecto, se percibe:

• por un lado, cierta celebración de este modelo “productivista” por parte de los aparatos de la tecnociencia universitaria y,

• por otro, una escandalosa “invisibilización” por parte de los intelectuales de Carta Abierta, que se han limitado a una crítica “setentista” a los sectores agrarios.

En las universidades nacionales, sus laboratorios e institutos han sido colonizados por el discurso “productivista”, y en ese espacio que se autorrefiere como Carta Abierta se buscan derechas y responsables por la falta de distribución de la riqueza ignorando la construcción y responsabilidad gubernamental en un modelo que está preñado no sólo de polarización social, sino de saqueo, devastación y grandes sufrimientos sociales.

La política neoliberal en materia científica y universitaria condujo a los científicos a celebrar la noticia de la importancia de sus conocimientos en el entrelazamiento de fuerzas productivas. No se preguntaron por las consecuencias sociales de esta fusión entre tecnociencia y mercado.

Para hacerlo, se necesitaba una densa interacción con otras disciplinas. Pero el drama se conforma, justamente, porque muchos referentes del pensamiento crítico de los años ’70, que aún dan batalla, no sólo no critican esta relación entre tecnociencia y mercado, sino que algunos han decidido convertirse en verdaderos guardianes intelectuales del Gobierno, que es un actor básico del modelo.

Tal vez, el desacuerdo reside en que el pensamiento crítico del ayer es improductivo y el nuevo pensamiento emancipatorio que circula soterradamente por Latinoamérica es de márgenes, de frontera, de poblaciones en lucha. Se trata de pensamientos, con raíces “de-coloniales” y que no hablan los lenguajes del poder. Por ello, estos nuevos pensamientos críticos son ignorados y vapuleados por una parte sustancial de los “intelectuales”, quienes buscan desarrollos (no importa a qué costo), autoridad y subordinación gubernamental (la obsesión del orden estatal) y derechas e izquierdas para dicotomizar la política como en las viejas épocas. Mientras tanto, unas poblaciones en lucha, otra ciencia y otros pensamientos críticos sobrevuelan nuestra desgarrada geografía".

Fuente: Página 12/ 26-9-08

Entonces:
 

 III.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

El matrimonio Kirchner es, esencialmente, el gobierno de la alianza entre el gran empresariado (UIA) con las corporaciones que dominan -de modo mundial- a los agro negocios, las petroleras, las automotrices y las financieras. Además, el 19 de abril de 2006, sancionó la ley 26.093 que establece el régimen de promoción de la producción y el uso de agro combustibles durante 15 años, ya facilitada por resolución 1156/2004 y en ejecución mediante el programa nacional de biocombustibles de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que, entre sus fundamentos, destaca la existencia de vastas extensiones de tierras aptas para esos cultivos.

De modo que el gobierno K hace a la seguridad jurídica de la actual etapa de ocupación imperialista de Argentina.
En efecto, Laura Carlsen (americas.irc-online.org), en "Los agrocombustibles; mejor conocidos por biocombustibles...", advierte:

"El desarrollo de los agrocombustibles actualmente ocupa un lugar central en el escenario global. Simplemente durante este año, la cantidad de declaraciones, dólares, y planes de desarrollo invertidos hacia los agrocombustibles, ha sido incomparable en cualquier otro sector. Una idea que se apagó por décadas ha llegado a ser, de repente, el encanto de políticos, grandes negocios, los financieros internacionales y medios de comunicación.

Este hecho, por sí solo, debería preocuparnos. ¿Desde cuándo una respuesta ecológica al uso de hidrocarburos se ha ganado la aceptación de gobiernos y corporaciones por igual?

Los agrocombustibles han sido recomendados como la solución a los problemas más apremiantes que enfrentan la sociedad estadounidense y el planeta. Sus promotores alegan que reducen las emisiones de gas invernadero, evitan el fin del ciclo de crecimiento industrial basado en hidrocarburos, son sustentables y renovables, que aumentan la seguridad en energía, y que ayudan a los granjeros.

Pero una mirada más de cerca revela que en muchos sentidos, este futuro mejor previsto por los promotores de agrocombustibles, se parece más bien a lo peor del pasado.

Promoción del agrocombustible

Los científicos y ecologistas todavía sostienen intensos debates con respecto a los pros y contras de los agrocombustibles. Los estudios se contradicen a sí mismos en cuanto a si es que la generación de energía neta es positiva o negativa, o si las emisiones de gas de invernadero y la contaminación se incrementan o disminuyen, y cómo los costos y la eficiencia de energía se pueden solucionar. Sin embargo, el consenso político ha sido veloz y poderoso. En pocos años, la alianza de las fuerzas más poderosas, tanto económicas como políticas, ha surgido para promover al "biodiesel".

¿Quién está detrás del auge del "biodiesel" y por qué?

En su discurso sobre el Estado de la Nación, el Presidente George W. Bush reveló la meta de sustituir el 20% de la gasolina con agrocombustibles dentro de diez años. La Unión Europea se ha impuesto un objetivo similar. En su junta más reciente, los G-8 aprobaron con entusiasmo esfuerzos considerables para desarrollar el uso del agrocombustible y las instituciones financieras internacionales han creado carteras de préstamos multimillonarios para ese fin. La Comisión de Etanol Interamericana es presidida por Jeb Bush, el anterior Ministro de Agricultura de Brasil, el líder de agronegocios Roberto Rodrígues, y Luis Moreno, presidente del Banco de Desarrollo Interamericano.

El sector corporativo es de igual forma, si no es que más, entusiasta. Cuatro sectores altamente globalizados se unen en el desarrollo de la investigación, inversión y producción del agrocombustible: las industrias del agronegocio, el petróleo, la automotriz, y de la biotecnología".

Justo son los cuatros sectores altamente globalizados a cuyo servicio está el gobierno del matrimonio Kirchner para enriquecerse aún más.

Laura Carlsen continúa:

• "Las compañías que hacían agronegocios, incluyendo a ADM, Cargill, Bunge y Dreyfus se han sumado a dicho movimiento. Con subsidios del gobierno circulando libremente y con utilidades enormes generadas alrededor del planeta, los agrocombustibles son más atractivos ahora que nunca. En el 2005 representaron un mercado de US$15.7 mil millones de dólares estadounidenses, con un 15% de crecimiento en comparación al año anterior. ADM, una de las principales refinerías, produjo mil millones de galones de etanol en el 2006, y planea incrementar su capacidad por 550 millones de galones en los próximos dos años. Cargill posee un creciente número de refinerías de etanol y contrata o es dueño de plantaciones de cañas de azúcar en Brasil.
   

• Las empresas petroleras consideran que los agrocombustibles pueden prolongar su vida y diversificar sus negocios. Los agrocombustibles no necesariamente requieren cambios en los patrones de consumo o en la reestructuración de la economía basada en los combustibles fósiles. Al incorporar un 5-10% componente de etanol o biodiesel en la gasolina común, el uso de los combustibles fósiles pueden ser alargados por varias generaciones.
   

• La industria automotriz puede mantener o incluso aumentar las ventas ya que la gente está obligada a adquirir nuevos vehículos adaptados al uso de etanol. Todo esto se puede hacer mientras se entierran los argumentos de aquellos quienes exigen el máximo tabú en un sistema capitalista-una reducción al consumo.
   

• La industria de la biotecnología, pudiera parecer menos beneficiaria, pero tiene posibilidades de obtener tremendas ganancias al mismo tiempo que enfrenta una creciente oposición. El alcanzar las metas de producción del agrocombustible requiere convertir cultivos para el uso del combustible, incrementando cosechas y reduciendo costos. Los cultivos genéticamente modificados (GM) ofrecen una ruta hacia las ganancias a corto plazo en los dos últimos puntos. Las variedades GM de maíz y caña de azúcar específicamente adaptadas para la producción de etanol ya se encuentran usadas extensamente. De hecho, debido a que el 90% del etanol estadounidense viene del maíz y la mayor parte de los cultivos de maíz de Estados Unidos se modifican genéticamente, el etanol se ha ganado el apodo "Monsanto Moonshine"-por la corporación Monsanto, siendo la principal en el maíz GM. La investigación se enfoca en genes de plantas de ingeniería para obtener cosechas incluso más altas y rasgos que faciliten su proceso. Lo más probable es que este nuevo producto no sea apto para el consumo humano.

Con promotores como estos, un hecho es absolutamente obvio: la revolución del agrocombustible es todo menos revolucionaria. La transición del uso del agrocombustible ejemplifica la reforma de un sistema para perpetuarlo.

Volviendo a trazar el mapa de las Américas

El auge del biodiesel ha iniciado en el Hemisferio Occidental por la Comisión de Etanol Interamericana y a través de pactos binacionales multiplicándose-con más notoriedad el que firmaron George Bush y Lula de Silva, de Brasil el pasado mes de marzo. Los planos amenazan con tener que volver a trazar la economía agrícola y política de las Américas.

Los cambios en el uso de la tierra bajo la estrategia del agrocombustible transformarán paisajes y vidas, no sólo en los Estados Unidos, sino a través del hemisferio.
Incluso con cosechas de cultivo incrementadas y la modificación genética, la producción de agrocombustible estadounidense se quedará corto en cuanto a las metas recientemente fijadas para el consumo del agrocombustible.

El suministro exterior ofrece una fuente barata y confiable. En las Américas, los agronegocios en Ecuador planean expandir la producción de caña de azúcar en 50,000 hectáreas y talar 100,000 hectáreas de bosques naturales para la producción de aceite de palma. En Colombia, a la producción del aceite de palma se le apoda ya como "el diesel de la deforestación".

Brasil es el laboratorio del futuro en el departamento de etanol. El 80% de sus automóviles pueden moverse con etanol, y el etanol consta el 40% del combustible del auto. Brasil ya abastece el 60% del etanol de la caña de azúcar al mundo, el cual se cultiva en tres millones de hectáreas de tierra. Brasil produce 17 mil millones de litros por año, y su objetivo es controlar el 50% del mercado global de etanol, según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). Para lograr sus metas de crecimiento de etanol, Brasil planea limpiar otras 60 millones de hectáreas para la producción de la caña de azúcar.

La primera víctima de la reorganización para la producción agrícola es la granja pequeña. Nadie idealizaría las condiciones de los campesinos agrícolas en Brasil o el resto de América Latina. En la mayoría de los países, las áreas rurales concentran dos-tercios o más de familias viviendo en la pobreza. Pero la producción del agrocombustible no ofrece prospectos reales para mejorar su terreno. Al contrario, la experiencia de Brasil muestra un peligro considerable de deterioro de las condiciones de vida de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

James Thorlby, de la Comisión de Tierra Pastoral de Brasil informa que las plantaciones para la producción del agrocombustible desplazan a los campesinos, quienes tienen entonces dos opciones: pueden convertirse en obreros de plantación, o mudarse a la ciudad a vivir en los barrios más bajos. Thorlby indica que en el estado de Pernambuco 45,000 familias ya han sido desplazadas por los monocultivos. Otros analistas temen que los campesinos que se queden sin sus tierras y no puedan encontrar trabajo en las plantaciones, sean forzados a limpiar terrenos en las áreas naturales protegidas. La concentración de tierras y destilerías en las manos de los grupos rurales y las corporaciones trasnacionales sacan completamente a familias de campesinos fuera de sus regiones.

La nueva alianza entre el gobierno de EE.UU. y sus aliados en la región para convertir América Latina en una fuente de agrocombustibles, no sólo beneficia a las corporaciones trasnacionales y a los grandes negocios; sino que ayudan también a contrarrestar la influencia creciente de Venezuela y otros países que intentan separarse de la hegemonía de EEUU.

La alianza del etanol procura consolidar una nueva línea de poder directamente entre Estados Unidos y Brasil, teniendo a las corporaciones trasnacionales con intereses en ambos países como la fuerza dinámica. Si esta alianza es consolidada, se erosionará tanto el plan Bolivariano para integrar el continente, el cual sigue un modelo de economías reguladas por el Estado, con el apoyo del petróleo venezolano. Socavaría también los esfuerzos de reforzar al Mercado Común del Sur.

En este plan, Brasil gana el capital para desarrollar tecnologías producidas por etanol dentro de sus propias fronteras y para exportarlos a Centroamérica y al Caribe. Además de la inversión y los créditos, los empresarios de São Paulo pueden contar con políticas gubernamentales que les permitirán extender negocios agrícolas en el Amazonas y otras regiones, las cuales actualmente se encuentran pobladas por pequeños granjeros.

Estados Unidos gana mayor independencia del petróleo que viene del Medio Oriente importando etanol brasileño más barato. También comienza a re-trazar el mapa de la integración energética basado en el etanol brasileño en lugar de el petróleo venezolano y gas boliviano, así neutralizando el poder de las naciones que considera poco dispuestas a cooperar.

Cargill, uno de los dueños y operarios más grandes de la producción de etanol en Brasil, está expandiendo sus operaciones en el Sur mientras que continúa protegiendo sus intereses de maíz en el Norte a través de los aranceles estadounidenses de importación sobre el etanol.

Mientras que los monocultivos de la industria agropecuaria para biocombustibles absorbe pedazos inmensos de tierra, pequeños granjeros de alimentos-quienes han resistido mucho tiempo el control de mercadotecnia internacional sobre la tierra y los recursos-se están convirtiendo en especies en peligro de extinción en las áreas del boom de los agrocombustibles.

Raúl Zibechi, analista del Programa de las Américas, dice que los EE.UU. "está utilizando a Brasil para consolidar una alianza estratégica que procure aislar a Venezuela y a los países que sigan sus políticas de unidad latinoamericana como un contrapeso a la hegemonía de EE.UU.".

Vigorizando los sectores financieros

Si se inspecciona más cerca, el "verde" en el desarrollo de los agrocombustibles luce más como dólares que como plantas. El boom de los agrocumbustibles proporciona una transfusión de sangre muy necesitada para el sector financiero internacional. El entusiasmo de las intermediarios financieros internacionales (IFIs) por unirse a la alianza de etanol surge de la nueva crisis internacional de préstamos en América Latina. Desde hace pocos años, las naciones del Cono Sur han optado por pagos prontos de préstamos provenientes del Banco Mundial y del FMI, así como por una reducción o cortes a préstamos futuros, argumentando que el IFI condiciona sus préstamos a través de políticas intervencionistas.
 

El Banco Mundial saltó rápidamente anunciando que contaba con US$10 mil millones potencialmente disponibles para asegurar el desarrollo de los agrocombustibles. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció una línea de crédito por US$3 mil millones para proyectos de agrocombustibles en la región, incluyendo plantas de etanol en Brasil, y de investigación y desarrollo tecnológico en Colombia y en Centroamérica.

Los inversionistas del sector privado lo ven como una bonanza. Food First, una ONG norteamericana informa que en los últimos tres años la inversión de capital de riesgo en agrocombustibles aumentó ocho veces.
 

Los gobiernos han sido también muy activos en financiar agrocombustibles. Estados Unidos destinó US$8.9 millones en subvenciones para la producción de etanol y para la investigación y desarrollo tecnológico de combustibles biológicos en 2005, mientras que el Banco Nacional de Brasil planea invertir US$ 6 mil millones en agrocombustibles.

Cuando el etanol se convierte en negocio grande, los granjeros son expulsados aun más hacia el margen. En el año 2003, alrededor del 50% de las refinerías de etanol en los Estados Unidos eran posesión de granjeros. Hoy, un 80% pertenece a dueños ausentes, y la nueva construcción reducirá aún más las acciones de los granjeros. Las demandas del inversionista dictarán una preferencia para la construcción de refinerías de etanol de bajo costo sobre alternativas que son ambientalmente más amistosas (...)".

Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es Directora del Programa de las Américas en www.ircamericas.org, en la Ciudad de México.

Versión original: The Agrofuels Trap. Traducción por: Gracia Tenorio-Pearl Programa de las Américas 
Fuente: www.rebelion.org/Ecología social/ 4-10-08

Ideología

Veamos con qué ideología se manejan los científicos, los profesionales universitarios e intelectuales en general:

Edgardo Lander, en "La ciencia neoliberal", sostiene: "Los patrones de conocimiento son una dimensión constitutiva medular de todo orden social. (...)

Ha sido señalada su complicidad básica con el proceso histórico de imposición colonial-imperial del modelo de vida y de estar en la naturaleza de la experiencia cultural de Occidente al resto de los pueblos del planeta, como un modelo de conocimiento que -al rechazar la validez de los saberes del otro, de todos los otros- les niega el derecho a sus propias opciones culturales, modos de vida y con frecuencia, a la vida misma.

Se ha cuestionado su objetividad y su llamada neutralidad valorativa. Se han destacado las implicaciones de sus supuestos cosmogónicos y pre-teóricos básicos, de sus separaciones fundantes entre razón y cuerpo, sujeto y objeto, cultura y naturaleza, como sustentos necesarios de las nociones del progreso y del control/sometimiento (explotación) de una naturaleza objetivada como un otro externo a la experiencia humana, que nos conduce en forma acelerada hacia la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra, expresión de una crisis civilizatoria que es, ante todo, una crisis del conocimiento.

Asociadas con estas perspectivas se han destacado igualmente las implicaciones de su carácter mecanicista y determinista y de su búsqueda de certidumbre en un mundo caracterizado por la complejidad y el caos.(...)

Cada una de éstas y otras polémicas continúan presentes en los debates y confrontaciones políticas y culturales contemporáneas, adquiriendo una nueva centralidad en la llamada sociedad del conocimiento. Las pugnas en torno de los procesos de producción, apropiación y regulación del conocimiento juegan un papel cada vez más central en las tensiones entre la expansión de la lógica mercantil a todos los ámbitos de la vida que caracteriza a la globalización neoliberal y las múltiples formas de resistencia y búsquedas de alternativas a este orden global".

Edgardo Lander explica: "La actividad agrícola representa la principal frontera para la expansión de la lógica mercantil en todo el planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aproximadamente el 60% de la tierra agrícola del planeta es cultivada por campesinos tradicionales o de subsistencia, mayoritariamente mujeres.

Esta agricultura es asumida como un modo de vida, no fundamentalmente como una actividad económica dirigida a la producción de mercancías.

La diversidad genética de las plantas presentes en las granjas, campos y bosques del Sur ha estado tradicionalmente disponible para todos; ha sido concebida como un bien común.

Mientras la actividad agrícola esté desempeñada por centenares de millones de campesinos y productores independientes, con una extraordinaria variedad genética, en una muy amplia diversidad de contextos ecológicos, con una extrema variedad de modalidades y técnicas de cultivo, utilizando experiencias y conocimientos igualmente variados y con una producción destinada principalmente al autoconsumo y a los mercados locales y/o regionales, son severas las limitaciones para que esta actividad pueda ser subordinada como ámbito de valorización de las grandes corporaciones.

La transformación de la agricultura campesina y de productores independientes en una actividad sometida al control y la valorización del capital exige:

• profundos cambios tanto en la gama de variedades genéticas utilizadas como en el papel del conocimiento campesino ya que la agricultura industrializada requiere la uniformidad genética;
   

• reproducción de la exitosa experiencia histórica de la llamada organización científica del trabajo, un proceso sistemático de apropiación/ desvalorización del conocimiento de campesinos y demás productores independientes y su sustitución por un conocimiento científico-tecnológico controlado por las empresas de la agroindustria.

Para el logro de este ambicioso objetivo, la «agroindustria» cuenta con dos instrumentos paralelos: el primero de naturaleza científico-tecnológico y el segundo de carácter jurídico. Los nuevos desarrollos de la biotecnología que hacen posible la manipulación genética para la creación de nuevas variedades estandarizadas de semillas con algunas características específicas consideradas como valiosas buscan reemplazar la inmensa diversidad genética (no controlable ni comerciable) por unas pocas variedades.

Los instrumentos jurídicos de la defensa de la propiedad intelectual permiten patentar estas nuevas variedades e incorporarlas a los paquetes tecnológicos orientados a incrementar el control por parte de las empresas agroindustriales con la consecuente pérdida de autonomía de los productores.

De esta manera se va produciendo un desplazamiento del conocimiento de campesinos y productores independientes -conocimiento que responde a las particularidades de los diferentes contextos ecológicos y culturales (tipo de suelo, régimen de lluvias, modalidades productivas, etc.) y a la diversidad genética de sus cultivos- por unas pocas o una sola variedad genética y por las normas estandarizadas establecidas por las empresas a las que se les compra la semilla. (...)

Un aspecto central de las actuales transformaciones en la producción de alimentos a escala global es la acelerada tendencia a la concentración y al establecimiento de monopolios y oligopolios mundiales en cada una de las fases, desde la venta de semillas e insumos hasta la comercialización de los alimentos. (...)

Ha sido igualmente acelerada la reducción de la diversidad genética de plantas y animales utilizados en la alimentación humana. De acuerdo con la FAO, desde 1900 al presente  se ha perdido aproximadamente el 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas en todo el mundo. Este proceso de merma de las variedades genéticas de plantas y animales utilizadas para el consumo humano comenzó en el Norte. Se estima, por ejemplo, que el 90% de la leche producida en EE.UU. viene de una sola variedad de vacas y que el 90% de los huevos comercializados vienen de una sola variedad de gallinas. Sin embargo, las mayores amenazas ocurren hoy en tanto las plantas de cultivo como sus parientes silvestres están siendo desplazadas por el monocultivo de unas pocas variedades comerciales. Sólo el 20% de las variedades de maíz conocidas en México en 1939 existe en la realidad.

Los conflictos en torno de los modelos agrícolas pueden ser caracterizados propiamente como una guerra cultural y una guerra por el sometimiento de la naturaleza que se libran a escala planetaria.

Las grandes corporaciones y sus gobiernos buscan extender no sólo su creciente control sobre la producción y la distribución de alimentos en todo el mundo, sino igualmente un modelo productivo único, un modelo fabril de monocultivos que está amenazando en forma simultánea tanto «los modos de vida» de centenares de millones de agricultores como la «diversidad genética» que hace posible la vida en el planeta Tierra".

 

Edgardo Lander explica cómo el recorte extremo del presupuesto a las universidades e institutos científicos-tecnológicos del sector público no sólo obedece a privilegiar el pago de la 'deuda' pública externa sobre las necesidades e intereses populares sino también a la política de negociados con el sector privado. En efecto, señala:"Con el acelerado desplazamiento del financiamiento público por el corporativo y las relaciones cada vez más estrechas entre universidad e industria, se han producido transformaciones profundas en la cultura académica y en el ethos de la ciencia.

Estos «desplazamientos culturales» han ido sustituyendo las antiguas normas y valores de la ciencia universitaria por una creciente subordinación a la «lógica mercantil» en la cual, crecientemente,  los investigadores, departamentos y universidades tienen un interés económico directo en los resultados de la investigación que llevan a cabo con patrocinio empresarial, conduciendo a lo que Sheldon Krimsky ha denominado el capitalismo académico.

Las universidades se han hecho cada vez más dependientes de las corporaciones para el patrocinio de su investigación universitaria y las empresas se apoyan cada vez más en la investigación universitaria para la creación de nuevos productos comerciales. (...)

En contraste con la situación prevaleciente hace sólo unas pocas décadas, en las universidades más prestigiosas muchos científicos tienen importantes ingresos fuera de su actividad universitaria. Además de ingresos por consultorías y de los contratos de financiamiento de las investigaciones, tanto científicos como departamentos y universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas. (...) La figura de  investigador-empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria. (...)

La crítica a este nuevo modelo mercantil de ciencia universitaria no se formula principalmente desde la reivindicación nostálgica de la universidad como torre de cristal.

La preocupación gira en torno de los efectos que tienen estas estrechas relaciones entre universidad e industria en la integridad de los resultados producidos y en el papel de la ciencia en la sociedad. Las principales preocupaciones se han formulado a propósito de los conflictos de interés que enfrentan los investigadores (y las universidades) cuando tienen el control sobre lo que se publica y lo que no se publica (retención de resultados no favorables a sus productos y restricciones a la libre circulación de información en la comunidad científica correspondiente); y los sesgos que se pueden producir cuando el patrocinante incide en el diseño de los experimentos o controla los datos a los cuales los investigadores tienen acceso (...)".

Fuente: Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado/ coordinado por Ana Esther Ceceña - 1ª ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2006.

Ariel García y Alejandro Rofman, en "Dilemas de la posconvertibilidad en el campo argentino" reflexionan: 
"Este incremento de la concentración se corresponde con cambios significativos en las formas de producción y en su organización social y técnica, proceso de transformación que tiene a la presencia dominante y creciente de la soja como principal protagonista.

El fenómeno de la irrupción acelerada de producción de esta oleaginosa, sobre todo después de la adopción de la semilla genéticamente modificada en laboratorio, en 1995, implica el desplazamiento de otras actividades tradicionales de la Pampa Húmeda y el corrimiento acentuado de la frontera agrícola. Paulatinamente, se verifica una reducción de tambos, cereales y actividad ganadera que disminuyen su incidencia o bajan en el volumen producido por reducción, reconversión o desaparición de las respectivas explotaciones.

A la vez, se verifica el avance de la soja en provincias del norte y del oeste, a costa de explotaciones campesinas, de los productos típicos de tales regiones y por medio de la tala indiscriminada de bosques. (...)

El "otro" espacio agrario, el de la pequeña producción campesina, de la familia residiendo en la finca, de escasa superficie y explotación intensiva pero preservadora de la tierra, no sólo se ve atacado por este nuevo proceso. La base geográfica de la pequeña producción también sufre mutaciones significativas respecto de la tecnología productiva y en el acceso a los mercados.

La mecanización de las cosechas arrasa con el trabajo temporario, en gran parte provisto históricamente por integrantes de las familias campesinas y los precios recibidos por estos pequeños productores se degradan ante la desregulación promovida por el gobierno de Carlos Menem en la década de  1990.

Así coexisten dos territorios, intervinculados entre sí pero profundamente diferenciados en rentabilidad, empleo y tecnología utilizada.

Entre 1988 y 2008,  la soja pasó de cultivo marginal a ser el principal ocupante de la tierra cultivada, sobrepasando el 50% de la superficie arable.

Es una actividad que revoluciona el uso de insumos industriales, usa semilla especial, incorpora capital financiero como negocio central y tras la devaluación y el alza de los precios internacionales, creció enormemente en rentabilidad. (...)

 

En el mercado exportador, el poroto de soja ingresó, frente a los 200 pesos del año 2001, a 1.350 pesos en agosto de 2008. ¡Nada menos que un 650% más! Las retenciones son entonces indudablemente justas porque esos cambios de precios del producto y de la moneda fueron exógenos al accionar del productor sojero. (...) No hay ningún insumo que incida en el costo que, ni remotamente, haya crecido hasta, a lo sumo, la mitad del 425% de aumento sobre el valor original de una tonelada de soja.

 

En ese contexto se generalizó el arriendo de los campos. Los grandes alquilan los predios de los pequeños. Éstos dejan de producir y perciben altas rentas por la tierra. Viven en las ciudades y cobran entre 200 y 400 dólares la hectárea en la región pampeana.

Han desaparecido, prácticamente, los esforzados chacareros cuyo perfil todavía conservamos en nuestro imaginario. (...)

 

Es preciso reconocer tal situación para entender el porqué de la alianza social de los propietarios (sean grandes, medianos o pequeños) con los fondos de inversión y los pools de siembra".

Prosiguen en: "para complementar el escenario constituido por los productores, inversores, rentistas y el Estado es necesario conocer las condiciones en las que se reproduce la mano de obra en los ámbitos rurales(...)" abstrayendo la realidad agropecuaria del entramado global de transnacionales que la domina y organiza en función de acumular riquezas, tampoco tienen en cuenta que el Estado -desde la dictadura cívico-militar- se estructura en acuerdo con la succión a la diversidad popular para los fabulosos negocios en torno a la 'deuda' pública externa y con la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Por esa mirada simplificadora les parece suficiente la resolución 125 (aumento de retenciones y su índole de móviles) para caracterizar la intervención estatal.

Ni conectan con el régimen laboral dominante en el país y el mundo. Dicen respecto a "las paupérrimas situaciones laborales por las que atraviesan peones y cosecheros en las más variadas producciones del país que no son novedad y lo llamativo son las formas de contratación a las que son sujetos los trabajadores rurales, comúnmente conocidas como "trabajo flexible", el cual combina ocupaciones tradicionales y de reciente demanda.

Desde la década de 1990, la integración agroindustrial de Argentina a los mercados globales se sustentó en importantes ventajas comparativas. En ese contexto, se desarrollaron nuevas formas de contratación, tales como la aparición de empresarios y contratistas que reclutan mano de obra local -incluso de origen urbano-, mayor segmentación de búsqueda de empleados dada la diferenciación de roles y funciones en los procesos productivos y la creciente relevancia de profesionales y técnicos, además de la complejización de tareas para cumplir con normas de calidad, recolección y presentación requeridas por los compradores externos. En definitiva, estas formas de contratación responden a una estrategia basada en la intermediación laboral (...)".

A modo de conclusión, Ariel García y Alejandro Rofman plantean:

"¿cómo atender situaciones tan diferentes, la de la actividad sojera con aproximadamente 80.000 propietarios viviendo de muy elevados ingresos, con una renta extraordinaria que fue excepcional en el último quinquenio -pero provocando serios problemas de conservación de la tierra y exclusión social- y la agricultura familiar, con más de 200.000 muy pequeños productores, que viven en las fincas, conservan la tierra, nos proveen de la mitad de los alimentos que consumimos y tienen generalizados problemas de supervivencia?".

Responden:

"Urge, entonces, la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Rural que considere la heterogeneidad estructural del sector. La evidente polarización entre una agricultura capitalista ausentista y rentista y otra agricultura campesina familiar con residencia en la tierra debe priorizar la permanencia en el campo de este último mayoritario sector, asegurar la biodiversidad, aumentar significativamente la oferta de bienes públicos para sus familias y avanzar en la legalización de la propiedad de la tierra de los pequeños productores (...)".
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/ octubre 2008
http://www.eldiplo.org/

Observamos que la heterogeneidad estructural del sector la interpretan, contradiciéndose ellos mismos, como polarización entre dos agriculturas que son conciliables mediante intervención del Estado (Plan de Desarrollo Rural) a favor de la segunda y hablan de inversores y no de saqueadores o de rentistas y no del dominio ejercido por los fondos especulativos y pool de siembra sobre qué se cultiva, cómo, para qué: claro engloban a los medianos productores con los grandes para denostar contra los primeros que deben desaparecer para la expansión de la monocultura. 

Peor aún, ignoran que el llamado "campo" está apropiado y controlado por el sistema globalizado de los agro negocios al cual sirve el Estado y el gobierno de turno.

Esta ocupación económica-territorial de Argentina que se da de modo 'democrático' (por complicidad de la gran burguesía local, el partido justicialista y el radical, los sindicalistas-empresarios y los progresistas) se complementa con la de las corporaciones petroleras, mineras, pesqueras, turísticas e inmobiliarias.

Es por eso que Ana Esther Ceceña nos desafía a:

"La batalla conceptual, epistemológica, que constituye uno de los campos esenciales de disputa y de construcción de sentidos cosmogónicos y societales. Es ahí donde se crean los sentidos que orientan el comportamiento social y las utopías. Utopías y estrategias políticas que reafirman, subvierten, deconstruyen o diluyen las relaciones de poder.

La emancipación frente a esos poderes opresivos tiene también sendas innumerables y combinadas que responden a las características generales de las contradicciones de la sociedad tanto como a sus expresiones particulares y a los entramados que tejen con las otras historias, las del pasado y las del presente. Culturas, costumbres, memorias, lazos comunitarios, familiares y sociales, geografías, climas e imaginarios se enredan con objetividades tecnológicas, con legalidades contrapuestas, con institucionalidades opresivas y otro sinfín de elementos que se hacen presentes cuando de relacionamientos e intersubjetividades se trata, para trazar condiciones, posibilidades, resistencias, necesidades y dignidades.

Es indispensable reconocer los modos, características, posibilidades y limitaciones de las estrategias, estructuras y mecanismos de dominación para entender también las estrategias de resistencia, su pertinencia, su capacidad generadora de socialidades alternativas y sus posibilidades reales de construcción (...)".

Fuente: Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado/ coordinado por Ana Esther Ceceña - 1ª ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2006.

Premisas e hipótesis

El gobierno del matrimonio Kirchner hace posible:

Silvia Ribeiro, en “Transgénicos: asalto a la soberanía alimentaria”, nos sitúa en el funcionamiento global de los agro negocios:

"Los transgénicos son un verdadero asalto de las corporaciones globales de agronegocios a la soberanía alimentaria de todos los países.

Un puñado de trasnacionales controla el mercado mundial de semillas transgénicas y sus patentes, tornando ilegales los derechos ancestrales de los campesinos y campesinas a guardar y replantar semillas. A esto se suma la presión creciente para adoptar tecnologías “Terminator” para hacer semillas suicidas; el uso de cultivos alimentarios para producir sustancias no comestibles —farmacéuticas, industriales, agrocombustibles— contaminando y disputando la tierra a la producción de alimentos; la amenaza de peces y ganado transgénicos.

Los experimentos con árboles manipulados genéticamente prometen un infierno renovado, ya que además de invadir grandes extensiones con monocultivos y aumentar la devastación de áreas ricas en biodiversidad, provocarían contaminación durante décadas y a grandes distancias.

Pese a las enormes cantidades de dinero que las transnacionales dedican a la propaganda engañosa y a comprar funcionarios y gobiernos para establecer leyes a su favor, los diez primeros años de la comercialización de los transgénicos en el mundo muestran que el avance ha sido lento y les ha costado más de lo que las empresas nunca imaginaron. Aunque han logrado hacer mucho daño, entre otras cosas, con la contaminación de variedades campesinas, los juicios a agricultores contaminados, experimentos hasta con bebés y el gran experimento general con la mayoría de nosotros como consumidores involuntarios de transgénicos; las transnacionales han perdido estrepitosamente la batalla moral y de la opinión pública: nadie en todo el planeta —incluyendo los funcionarios de las empresas y los gobiernos que los legalizan — contestaría honestamente que prefiere comer transgénicos.

Más dependencia, menos productividad, más agrotóxicos

Seis empresas controlan el negocio de las semillas transgénicas: Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf. Son también las seis mayores en el mercado mundial de agrotóxicos. No sorprende, por tanto, que luego de diez años de que comenzara la comercialización de transgénicos (en Estados Unidos en1996) solamente haya dos tipos de cultivos en el campo: los que resisten los agrotóxicos de las propias empresas, —68 por ciento de las semillas cultivadas en 2006— y los cultivos insecticidas, manipulados para expresar la toxina de la bacteria Bacillus Thuringiensis (Bt) —19 por ciento de las semillas transgénicas en el campo en el mismo año. El restante 13 por ciento, fueron cultivos que tenían ambas características en la misma planta.

Aunque en Estados Unidos hay más de 70 variedades de cultivos aprobadas para comercialización, las siembras de escala en ese país y a nivel global durante estos diez años fueron soja, maíz, canola  y algodón, principalmente para engordar ganado en los países ricos. Según fuentes de la propia industria biotecnológica, hay 22 países que han aprobado cultivos comerciales de transgénicos, pero sólo 14 de éstos plantan más de 50,000 hectáreas y en realidad siguen siendo apenas 4 países —Estados Unidos, Argentina, Canadá y Brasil— que cubren el 90 por ciento del área mundial cultivada con transgénicos.

A contrapelo de los datos alegres de la industria, las estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (abril 2006), muestran que los transgénicos producen menos o igual que los cultivos convencionales, y que el uso de agrotóxicos aumentó considerablemente en los diez años pasados.

Semillas: llave de la cadena alimentaria
En ningún otro rubro industrial se registra una concentración corporativa tan marcada como en el caso de las semillas transgénicas, donde una sola empresa transnacional —Monsanto— controla casi el 90 por ciento de estas semillas sembradas a nivel mundial. Con la adquisición de la empresa mexicana Seminis en el 2005 y de la mayor algodonera del mundo —Delta & Pine Land— en el 2006, Monsanto se convirtió en la empresa más grande de semillas en general, no solamente transgénicas. Destronó así a Dupont-Pioneer, que desde hacía años era la mayor empresa semillera del globo, pero además, pasó a dominar el mercado global de semillas de algodón y consiguió meterse en rubros donde no tenía presencia o era muy débil, como el de las frutas y hortalizas. Con la compra de Seminis, Monsanto accedió al suministro de 3 mil 500 variedades de semillas a productores de frutas y hortalizas en 150 países, controlando, entre otras, el 34 por ciento de la venta de semillas para producción de chile, 31 por ciento de los frijoles, 38 por ciento de los pepinos, 29 por ciento de los pimientos, 23 por ciento de los jitomates y 25 por ciento de las cebollas.

El control de las semillas es un objetivo claro de las transnacionales, porque quien las controla, tiene la llave de toda la cadena alimentaria. Las semillas transgénicas son el paradigma de este control corporativo, ya que además de la fuerte concentración de mercado, también están patentadas, lo que vuelve ilegal el derecho ancestral de los campesinos y campesinas a guardar semillas y volverlas a plantar en la próxima cosecha. Monsanto y otras empresas ya han ejercido legalmente esta violación contra decenas de agricultores contaminados en Estados Unidos y Canadá, a los que han demandado por “uso ilegal” de sus genes patentados. Según un informe del Center for Food Safety de Estados Unidos, al 2005 Monsanto ya había cobrado más de 15 millones de dólares en 90 juicios de este tipo.

Terminator y sus clones
Aún así, las empresas de agronegocios van por más, ya que aunque las patentes sean una herramienta para su monopolio, les implica detectar el supuesto uso “ilegal” y emprender juicios. Por eso idearon la tecnología “Terminator”, para hacer semillas estériles en segunda generación y automáticamente obligar a que todos deban comprar semillas nuevas de las empresas para cada siembra. Este fenómeno ya sucede mayoritariamente en Estados Unidos y otros países de Norte (sin usar Terminator, solamente por haber impuesto híbridos que no mantienen el nivel de producción después de la primer cosecha). Esta dependencia con las semillas comerciales es lo que obligó a los agricultores de ese país a seguir comprando semillas transgénicas aunque rinden menos, son más caras y usan más químicos: sencillamente no podían hacer otra cosa. En el Sur en cambio, existen 1400 millones de campesinos y campesinas que usan sus propias semillas para producir alimentos y forrajes. Con la pinza de nuevas leyes de semillas, introducción de transgénicos y como golpe final, Terminator, se amenazan las formas de vida de esos campesinos y campesinas, para que nadie más, ni en el Norte ni el Sur, pueda guardar sus propias semillas.

Luego de la primera versión de Terminator, que fue patentada en 1998 en conjunto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la empresa Delta & Pine (ahora en vías de convertirse en propiedad de Monsanto), surgieron muchas otras versiones de esta tecnología suicida-homicida, desde casi todas las empresas que producen agrotransgénicos, ya que ese es el futuro que avizoran para aplicar a todos los transgénicos. Una de las más recientes es producto de una investigación patrocinada por la Unión Europea llamada “Transcontainer”, que afirman no será para producir esterilidad en forma permanente sino solamente para contener la contaminación transgénica, ya que la fertilidad de la semilla puede ser restitutida posteriormente por las empresas que la venden.

Pero Transcontainer o Terminator, tanto muerte como contaminación y cualquiera de sus versiones apuntan de fondo a lo mismo: a que el oligopolio de empresas estadounidenses y europeas pueda seguir esparciendo sus semillas manipuladas en los campos, con garantías de mantener su monopolio, y que todos los agricultores y campesinos tengan que ir a comprar semillas o pagarle a las empresas para que les restituya la fertilidad.

Nos usan como conejillos de Indias
Al contrario de lo que afirma la industria biotecnológica de que no existen pruebas de los transgénicos son malos para la salud, se van acumulando evidencias que muestran lo contrario. Según detalla una reciente compilación de la coordinación de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, diferentes tipos de transgénicos probados en ratones de laboratorio, producen desde alergias hasta reacciones inmunológicas más serias, como mal funcionamiento o atrofia de órganos internos, aumento de nivel de glóbulos blancos, hemorragias, cambios genéticos y bioquímicos que los hacen más susceptibles a enfermedades, en animales y plantas. Un estudio ruso realizado por la Dra. Irina Ermakova de la Academia Rusa de Ciencias, alimentando a grupos de ratas preñadas con harina de soya (unas de forma convencional y otros de forma transgénica) mostró que más de la mitad de las crías de madres que ingerían transgénicos murieron rápidamente y las sobrevivientes pesaban considerablemente menos. La lista ya es bastante extensa, pero si no se conocen más evidencias de los daños que puede provocar el consumo de transgénicos es porque ni la industria ni los gobiernos los están buscando y tratan de ocultar los pocos estudios independientes que logran salir a la luz.

Por otra parte, el uso intensivo de agrotóxicos para los cultivos resistentes a éstos, como en Argentina, Paraguay y Brasil, produce daños graves —y hasta muertes, como el niño Silvino Talavera en Paraguay—a quienes están expuestos en los campos, y a sus vecinos y zonas aledañas a través de la contaminación área, de aguas y suelos.

Latifundios y agro-combustibles transgénicos

En Argentina, el segundo país productor de transgénicos en el mundo, estos cultivos, con su demanda de inversiones para insumos y semillas más caras, así como de superficies cada vez más grandes para la exportación, han contribuido notablemente a consolidar una verdadera reforma agraria a favor de los latifundistas, al provocar la desaparición de un porcentaje importante de pequeños productores.

Recientemente el complejo industrial de los agronegocios lanzó un nuevo embate que va en el mismo sentido, ahora con la explosión de la promoción industrial de los agrocombustibles, o sea cultivos como caña de azúcar, soya y maíz para producir etanol y biodiesel. Para las industrias es un golpe propagandístico, porque lo presentan como solución “ambientalmente amigable” al cambio climático, pero lo que buscan es un jugoso negocio, tanto por las subvenciones que prometen los gobiernos, como porque la destrucción ambiental por extensión de la frontera agrícola y la erosión de suelos, la sufrirán los países del Sur, no las empresas ni sus países sede.

Las empresas que producen agro-transgénicos se han aliado a empresas automovilísticas y a grandes distribuidores de granos que monopolizan ese mercado, como Cargill, Bunge, Dreyfuss y Archer Daniel Midland, para manipular genéticamente cultivos para la producción de agrocombustibles, argumentando que solamente así serán eficientes en la siembra y el procesado. No tienen bases reales para proclamar tal cosa, pero eso no será óbice para que los arrojen al mercado, disputando las tierras campesinas y que deberían ser usadas para alimentos. De paso, esto aumentará en forma exponencial los riesgos de la contaminación transgénica, porque las nuevas manipulaciones vuelven los cultivos no comestibles.

La próxima etapa sobre la que ya están avanzando las empresas, con el argumento de la producción de nuevos combustibles y otros, va mucho más allá de los transgénicos, para crear organismos vivos artificiales desde cero. Le llaman “biología sintética” y sus impactos son potencialmente mucho peores que los que ya han provocado los transgénicos.

"Sin embargo, pese a los constantes y cambiantes ataques de las transnacionales para controlar las aspectos básicos de la vida de todos, los campesinos y campesinas, indígenas, pescadores artesanales, pastores y otras comunidades locales del mundo, siguen teniendo en sus manos las semillas y conocimientos para poder seguir produciendo alimentos sanos y cuidando las bases del sustento de todos. Es tarea de todos y todas que así siga". http: //www.etcgroup.org/es/
Fuente: www.ecoportal.net/11-10-08

El régimen latifundista y el monopólico, máxime en un contexto y un proceso de extrema desnacionalización, avasallan las poblaciones sobre todo de las provincias extra pampeanas.

Porque esos análisis nos ayudarían a emanciparnos del poder opresor y genocida.
Veamos cómo esclarece el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) mediante respuestas a las siguientes preguntas:

a. "¿Quiénes somos el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)?
El Movimiento Nacional Campesino Indígena somos hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños organizados. Empezamos desde abajo. En la lucha nos hicimos compañeros. Desarrollamos la lucha por nuestro territorio, por el agua, por las semillas criollas, por nuestro trabajo. Marchamos con alegría siempre. Nacimos en selvas, quebradas y montañas. También nacimos en las ciudades. Somos todos parte de la tierra, porque sentimos que la tierra no tiene dueños. Trabajamos cuidando la naturaleza porque nos da los alimentos; las plantas porque nos protegen la salud; los ranchos; las herramientas. Como movimiento nacional también construimos nuestras luchas con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y en todo el mundo con la Vía Campesina.

b. ¿Cómo y por qué surgimos las organizaciones del MNCI?
Las transformaciones económicas y políticas que vivió nuestro país desde mediados de la década del setenta han atravesado todas las actividades y regiones. Las familias campesinas no hemos sido ajenas a ellas.

La privatización de los bienes públicos, la concentración de nuestras riquezas, la desregulación que hizo fuerte a los más poderosos y la apertura externa que nos entregó indefensos a las manos del mercado golpearon fundamentalmente a los sectores populares. De la mano de todo eso aumentaron la pobreza, la desocupación y cayeron nuestros ingresos. Esto pasó en el campo y en las ciudades, desde el norte al sur de nuestro país.

Pero en el campo también pasaron otras cosas. Pasó también que el modelo neoliberal aplicó su propia receta para el campo, algo parecida a la otra, pero con algunos condimentos propios.

El neoliberalismo conformó un «modelo de agronegocios» impulsado y dominado por grandes empresas transnacionales y las tecnologías que ellas controlan. Ellos son el principal eslabón de una cadena que no dejó espacio sin cooptar: desde los supermercados que distribuyen los alimentos hasta la gran industria que los procesa, desde las empresas productoras de semillas hasta las de agrotóxicos.

Este modelo

• impactó en la vida de nuestras familias porque desplazó y subordinó nuestras producciones, que están orientadas al consumo popular, que están basadas en el trabajo familiar y la explotación comunitaria, que están preocupadas por el cuidado del ambiente en que han vivido nuestras familias desde hace varias generaciones;

• empujó la expansión de la frontera agropecuaria, eso que a veces se menciona como un éxito, pero que no significó más que la expansión de los monocultivos y los transgénicos por sobre frutales, chanchos, vacas, ovejas, tambos, cultivos de caña, maíz, algodón, de legumbres, es decir, por sobre la diversidad productiva que teníamos y necesitábamos, por sobre nuestros montes y nuestras yungas, todo eso que permitía garantizar una provisión variada, suficiente y accesible de alimentos para nuestros pueblos y ciudades;

• comenzó a hacer desaparecer -con todos estos cambios- muchas explotaciones agropecuarias, a hacer escasear el trabajo en el campo, a obligar a las familias a alquilar o vender sus tierras, expulsándolas hacia las ciudades a vivir en barriadas cada vez más pobres; 

• no quiere agricultores en los campos.

Las familias campesinas quedamos arrinconadas por la voracidad económica de fondos de inversión y siembra, por empresarios sin escrúpulos que aún buscan apropiarse de nuestras tierras a cualquier costo, para producir soja que abastece los mercados externos, en detrimento de la producción de alimentos básicos de consumo masivo y popular.

Las familias que resistimos en nuestras tierras sufrimos el deterioro de las condiciones de vida, sufrimos las consecuencias del modelo: las dificultades para acceder al agua para consumo o para producción, la expulsión de la tierra en la que vivimos por generaciones, las limitaciones para poder tener educación para nuestros hijos y salud para nuestras familias, la violencia y la persecución para las que decidimos defender nuestra tierra y nuestro modo de vivir y producir.

Todo esto, todas estas transformaciones vividas en el campo y la ciudad durante estos últimos treinta años nos empujaron a juntarnos, a discutir nuestra realidad, nuestros problemas y propuestas, a organizarnos.

Las organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena nacimos para defendernos del destino de hambre y miseria a las que nos quiere someter el modelo neoliberal aplicado en el país.
Pero en el camino fuimos conociendo nuestra fuerza y nuestra voz.

Fuimos construyendo prácticas e ideas para construir un país justo y democrático que nos incluya a todas y todos.
Fuente: http://www-biodiversidadla.org/6-10-08

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), a continuación, contesta a: "¿Qué país queremos las organizaciones del MNCI? "
cuyo desarrollo lo presento en la página Interbarrial, en vez de restringirse a un plan de desarrollo rural que no rompe con la recolonización de Argentina.

Evita que la gran mayoría de los de abajo se una y luche por resolverlos. Nicolás Gutman (MORENO) destaca:
" A través de los diarios, estamos viendo una discusión muy polarizada, que dice “NO A LA MINERÍA”: se está con la minería o se está en contra, y yo creo que en primer lugar hay que delimitar el campo de la realidad del que estamos hablando. Creo que el eje de la discusión no debe ser el sí o no a la minería, porque en primer lugar la polarización que estamos hablando es sobre la gran minería y específicamente la minería a cielo abierto.

Hasta la aparición de estos grandes proyectos no había una fuerte oposición de las comunidades o de la sociedad civil. Y esto es así porque cuando hablamos de esto no estamos hablando de minería, sino de un tipo específico de minería. Y es importante este recorte de la realidad, porque sino nosotros entramos en una discusión en la cual la gente que está en contra de estos proyectos mineros, tiene a veces la de perder. ¿Por qué? Porque viene la gente a charlas donde hay representantes de las empresas o de sectores académicos que están a favor de la minería, que los hay bastantes... y les dicen “bueno, ustedes están en contra de la minería y cómo creen que está construido este edificio, ¿de dónde creen que salen los lavarropas, los autos?”

Entonces se empieza a desconfigurar, porque no hay un acotamiento de la realidad; uno no está a favor o en contra de la minería, yo creo que primero se tiene que entender de qué tipo de minería y a qué tipo de procesos, qué tipo de afectaciones ambientales y sociales nos referimos. Es empezar a acotar para pasar a un nivel de análisis de decir: estoy a favor o en contra de este tipo de minería, de este proyecto o de afectación ambiental. Y ahí por lo menos creo que se van dando otras herramientas a todos los actores involucrados. Sino, queda una cuestión muy de... “yo estoy en contra porque estoy en contra”, que es muy fácil después desde el otro lado deslegitimar: de decir “no a la minería legítima”, al sector minero, a decir “ustedes están sentados en mesas de metal, ¿por qué están en contra?”

Y vamos a ver cuál es la situación y por qué se está dando este proceso ahora, que es bastante reciente, y por qué no se dio hace 20 años atrás y por qué ahora, y por qué en ciertos lugares y en otros no. En primer lugar yo creo que este debate no es sí o no a la minería, sino a cierto tipo específico de minería. En segundo lugar este tipo de minería a cielo abierto, de grandes megaproyectos, es reciente no sólo en Argentina sino en el mundo.

Es una tecnología que comenzó en el año 71 en EE.UU., el tipo de minería a cielo abierto con utilización de cianuro, los métodos de buscar metales que tienen baja ley, que están dispersos y que antes eran costosísimos de extraer sin estas nuevas tecnologías.
Y en Argentina comienza en el año 1997 con Minera Bajo La Alumbrera, en ese momento yo creo que se superponen dos cuestiones:

• Una es que –por lo menos en Argentina pero también en muchos otros lugares del mundo- la aparición de minerales se da en lugares áridos, secos, generalmente donde hay baja cantidad de población, si se hace un estudio general las mayores zonas mineras tradicionales han sido en lugares relativamente pobres, en los Apalaches, en zonas áridas también de Latinoamérica, en Australia. Después habitualmente esas zonas fueron conquistadas o pobladas, pero en general, son zonas alejadas de los centros urbanos.
  
  En Argentina, nosotros vemos los grandes proyectos están en La Rioja, en Catamarca, en la precordillera, provincias generalmente pobres y con poca población. Con lo cual, por un lado están lejos de los grandes centros urbanos y también de los centros de poder y además en general, en el caso de Argentina –para no hablar con eufemismos- hay provincias que son feudos, feudos políticos, como La Rioja, Catamarca, San Juan. Entonces, cuando aparece esta minería, cuando aparece Bajo La Alumbrera en Catamarca, la gente tenía una expectativa muy grande de que eso iba a traer progreso, de que iba a traer fuentes de trabajo, desarrollo económico, e inclusive hubo un apoyo de la población bastante contundente cuando se asentó Bajo La Alumbrera.

• La otra es que Bajo La Alumbrera no sólo aparece en el 97 porque encontraron minerales en ese momento, se viene preparando desde muchos años antes. Yo creo que los primeros estudios prospectivos de localización de los minerales, fueron pagados por Naciones Unidas en los años 70 -aún antes de la dictadura, durante el último gobierno de Perón (de Isabel)- con lo cual era raro que Argentina, siendo un país que tiene riquezas minerales no las haya explotado, sobre todo durante el siglo XX; que era un tipo de explotación de riquezas de países del tercer mundo y también del primer mundo, que cuando las había se explotaba, es el caso de Chile, de Perú, de México... etc., pero Argentina como país agroindustrial, o agroexportador, en algún momento decidió desarrollarse por otras vías y dejó lo que Valentín Gómez decía “el cofre sellado de la Minería”, lo dejó ahí sin explotar. En algún momento empezaron a confluir todos estos diferentes actores, pensando que era el momento y la forma de empezar a hacer la prospección y buscar el desarrollo de la minería en Argentina. (...)
  
  Ya hacia los años ´90 con esta impronta neoliberal, la legitimación del Consenso de Washington, gobiernos neoliberales en todo América Latina, Collor de Melo en Brasil, Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, estaba esta idea de empezar a sobreexplotar los recursos naturales, de entregarlos, en el sentido de que era mejor entregarlos a la propiedad privada como se hacía con los activos.
  Y lo interesante en el caso argentino, como venía diciendo, es que como no había minería cuando se empezó a plantear todo el marco jurídico, la normativa jurídica, no hubo grandes conflictos de interés ni hubo gran participación de diferentes actores. Ustedes imagínense que si hubiera sido un país minero como Chile, reestructurar normativamente y jurídicamente todo el sector minero, hubiera traído grandes tensiones dentro del sistema, hubiera involucrado a sindicatos, empresas, políticos, gobernadores, regiones, etc., de la misma forma que acá quisiéramos pensar que vamos a poner un marco jurídico que abarque a toda la industria y al campo. Si con una resolución quedamos así, imagínense(...)".
  Fuente: www.argenpress.info /10-10-08

Toda realidad social abarca múltiples facetas e interpela distintos intereses de los de abajo y al reducirla a dos antagonismos provoca enfrentamiento que obnubila el debate en profundidad.

Nicolás Gutman (MORENO) prosigue:"Ahora, imagínense cuál es el poder de negociación que tengo como empresa minera frente a un gobierno federal de un país relativamente mediano y cuál es el que tengo frente a un señor feudal sentado en una provincia. (...)
 

Por lo menos Argentina tiene un Producto Bruto dos o tres veces más grande que esa sola empresa, tres a uno, digamos. En cambio, enfrente de Gioja o enfrente del gobernador de Catamarca. Como empresa yo facturo 500 veces más que la provincia, y como proyecto único y específico que voy a desarrollar, probablemente también facture más que todos los productos brutos de las provincias... con lo cual al gobernador que tengo sentado enfrente como empresario, no le estoy hablando de igual a igual, él es menos que yo.

Entonces en primer lugar esta nueva reforma del Código minero se hace después de que se provincializan o se 'federalizan' los recursos, con lo cual le quita mucho poder a Argentina. Y esto ya excede un debate de «provincias versus Buenos Aires», «Buenos Aires o federal», porque somos todos la misma sociedad, más allá de los límites, y cuando provincializamos perdemos todos. Porque las provincias no tienen capacidad de poder de policía ni capacidad de negociación frente a estas megaempresas. Poco lo tiene el gobierno aunque tiene mucho más, pero igualmente tiene que estar sentado en una negociación difícil, así que imagínense ustedes.

La policía minera fue diezmada y hoy una provincia como San Juan, que es netamente minera, tiene 12 policías mineros para verificar los grandes megaproyectos mundiales, entre los más grandes del mundo, de gente... yo me animo a decir que está muy poco preparada, por no decir que prácticamente son doce flacos que suben y bajan de la mina y no hacen mucho. Es imposible, para poder tener una idea de lo que es una mina a cielo abierto hoy en día, es realmente impresionante, entra un pueblo entero en el tajo que se hace en la tierra. Y estos huecos en la tierra de donde se saca el mineral, además, consumen proporciones gigantescas de energía y de agua. Esto es un dato que podría ser un dato más si nosotros viviéramos en Australia o en Canadá donde no hay problemas energéticos -por lo menos en este momento- y donde podría ser que un consumo de energía esté aportando a la actividad industrial o a la actividad de las empresas energéticas, pero nosotros estamos pensando primero en un contexto argentino donde hay una crisis energética desde hace varios años que impide crecer a tasas más altas, que eventualmente va a ser impedimento al crecimiento del producto bruto, y estas empresas absorben cantidades de energía tremendas a precios subsidiados, porque la energía en Argentina está subsidiada, con lo cual en cierta forma o indirectamente todos los contribuyentes les pagamos a estas empresas.

La energía en general está subsidiada para todos los sectores, residenciales, industriales, las mineras además están exentas de casi todos los impuestos, con lo cual están doblemente subsidiadas en este caso. Y no sólo esto, sino que en algunos casos, por ejemplo en San Juan, la línea minera, la línea de 500 kV. que va uniendo y que es una nueva línea que va llevando energía a la precordillera y ni siquiera a los pueblos, va específicamente a los proyectos. En las boletas de luz los ciudadanos de San Juan pagan la línea de 500 kV., que es una línea minera que no pasa por ninguna población, no pasa para dar electricidad a ningún habitante sino que pasa a darle electricidad a las empresas directamente.

Esto por supuesto está muy relacionado a esta idea de que la inversión es desarrollo, que todos estos proyectos traen calidad de vida, traen desarrollo económico, y nuevamente aquí yo creo que es un debate que si no está bien analizado tiene muchas variables o muchas capas, sería como una cebolla. Podría traer desarrollo, nadie dice que no lo podría traer, pero la forma es cómo está implementado no solamente no lo trae sino que quita desarrollo, porque estamos en una crisis energética, donde hay industrias con alto valor agregado, con tecnología y con mano de obra calificada -por ejemplo las automotrices que están previendo falta de energía- y nosotros estamos dándole a Bajo La Alumbrera el 30% la energía del NOA a un solo pozo en la tierra. El 30% de toda la energía producida en el Noroeste Argentino va a un solo proyecto, imagínense cuando haya 10 ó 20 proyectos de este tamaño, van a consumir un 30 ó un 40% de la energía de toda la Argentina, que es lo que sucede en Chile.

Chile es un país minero tradicionalmente y el 38% de la energía de Chile va solamente a las mineras. En Argentina seguramente será menor, pero va a tener un impacto muy fuerte en todos los otros sectores industriales, y éste es un tema que no está discutido. Además de lo que ya dijo aquí el señor, está siendo subvencionado por los ciudadanos.

Pero nuevamente: ¿cómo fue el proceso político y cómo se llega a esta situación...? cuando se hace la reforma del Código Minero no hay otros actores, entonces, ¿quiénes son los que impulsan esta reforma? Bueno, son los primeros los que estaban sentados arriba de esta riqueza, que ya sabían que estaba ahí y políticamente tenían todos los contactos y tenían el incentivo de comenzar este desarrollo, que tienen nombre y apellido: era Gioja en San Juan, su secretario de Minería que es hoy el secretario de Minería de la Nación, que además es empresario minero y tiene tres empresas mineras. Gioja a su vez, tiene tres empresas mineras él, el hermano también tiene otra empresa minera. O sea que además de ser gobernador es empresario minero, el hermano es el presidente de la Comisión de Minería de Diputados, el otro hermano fue hasta hace poco el presidente de la Comisión de Minería del Senado.

Con lo cual lo que estamos viendo acá  una forma política nepótica -típica de las provincias- traspolada al gobierno federal o traspolada a la esfera de las políticas públicas a nivel nacional.

Tenemos toda una familia de empresarios que a su vez son políticos, gobernadores, y que es muy difícil pensar que se pueda tener una política pública minera específica que tenga en cuenta todas las fuertes contradicciones que genera la minería, cuando está dirigida por un empresario minero que tiene tres empresas mineras.

Hoy en día la Secretaría de Minería de la Nación no es solamente el lugar que ejercita todas las políticas o que pone en marcha todas políticas públicas específicas de minería, sino que a su vez, cuando uno lo ve y simplemente entrando a Internet y viendo lo que hace, es una empresa más. Van y convencen a los empresarios en Canadá de volver y les dan incentivos y hablan de los beneficios, eso les corresponde pero bueno... como Secretaría de Minería debería tener una contraparte, debería efectivizar no sólo el desarrollo sino todo lo que tiene que ver con la afectación ambiental, económica de ese tipo de desarrollo, que eso no existe.

Esta minería específica a cielo abierto, genera grandes pasivos ambientales y grandes posibilidades de catástrofes ambientales. Al decir catástrofes puedo sonar un poco grandilocuente, pero efectivamente ha pasado, pasó en Rumania, en Baia Mare, se rompió un dique de cola y se contaminaron 60 km. del Danubio donde murió toda la vida en el río por 60 km. y dio la vuelta e hizo 400 km. hasta el Mar Negro afectando tres países más, por una mina. Pasó también en España, cerca de Sevilla.

Es decir, todas estas catástrofes diría yo -porque realmente son miles de toneladas de metales pesados, de barros con cianuro que van afectando a todo el medio ambiente, a las comunidades cercanas- suceden una y otra vez en general en países del tercer mundo y no pasan en los países del primer mundo de donde son estas compañías. ¿Por qué sucede así? Porque es más difícil, aunque no digo que no ocurra, porque en EE.UU. también han ocurrido este tipo de catástrofes ambientales o accidentes, llamémoslos accidentes ambientales, sucedieron al comienzo del desarrollo de este tipo de tecnologías de la minería y después institucionalmente hubo contrapesos fuertes. Hoy abrir una mina en EE.UU. lleva unos 10 años, tienen que entrar varios organismos intermedios en el proceso, se aprueban, o no, con muchísimos contralores para aprobar y eventualmente éste es un proceso muy largo.

En Argentina se aprueban como si nada, los estudios de impacto ambiental son para reírse, son una formalidad realmente, porque uno los lee y no tienen ni pie ni cabeza, están mal hechos. Las personas que tienen que autorizar estos proyectos son amigos, empresarios, son proveedores de las empresas y políticos al mismo tiempo los que tienen que controlar, con lo cual después entran en el negocio.

Yo tuve la suerte de leer algunos estudios de impacto ambiental, que es el paso formal previo a la aprobación de los proyectos y realmente son ridículos. Después hay una policía minera que no es federal, porque está provincializada, que no está capacitada, que es la que tiene que ver qué es lo que sucede en el terreno. Y ahí es donde uno necesitaría realmente tener hidrólogos, geólogos, ingenieros. Los diques de cola que contienen lagos enteros con ácido, con cianuro, con metales pesados arrastrados por la explotación, se van haciendo estructuralmente a medida que crece la mina, y en esto, si hay una falla, se tiene que ver con gente capacitada; y acá ponen a 12 policías mineros que suben, miran, firman algunas cosas y bajan otra vez a la ciudad, digo suben porque están puestas en la cordillera, en la precordillera en lugares (sísmicos) lugares que son realmente peligrosos y eso efectivamente en algún momento va a provocar algún accidente.

Y estos accidentes no son menores, tienen capacidad de afectar cursos de agua, ríos, etc.

Volviendo al proceso político que puso en marcha el Código de Minería en la Reforma del 94, como no tenía otros actores involucrados, lo llevan adelante Gioja, Maza, que después fue gobernador de La Rioja, cuando uno ve cómo está firmado, son efectivamente las mismas personas que después están dentro del mismo proceso político, y que después quedan en otras luchas internas atrás de la minería, por acceder al gobierno, por ejemplo en La Rioja, algunos gobernadores entran como secretarios de minería y después pasan a gobernar La Rioja; su vice lo destrona poniéndose en contra de la minería y haciendo toda una campaña contra la minería, y cuando llega al poder se vuelve minero. (...)

La letra de la ley es avanzada en cierto sentido, tiene muchísimos dispositivos que existen en los países más desarrollados y que son realmente buenos, y por lo menos jurídicamente muy avanzados en protección ambiental en varios puntos pero, qué se hace: yo los pongo en la ley y después no los efectivizo, no le doy a las agencias de control ni el dinero ni la capacidad técnica, con lo cual esto es puramente declamativo. 

Abro el Código de Minería y encuentro pasajes increíbles que me dicen a mí cómo se tienen que hacer las cosas, y en la realidad ni se hacen así ni se va a poder hacerlas así porque, por un lado, el sistema está corrompido o con muy poca institucionalidad, y tampoco se hacen así porque para aquéllas que se podrían llevar adelante de buena manera según la letra de la ley, no existe la capacidad técnica para que se haga así.

Entonces

• tenemos una disociación entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad, creo que también estaba previsto, no son ingenuos los que hicieron el Código Minero;

• aplauden, aprueban en el Congreso –igualmente se aprobó a las apuradas, no hubo discusión ni debate- y uno ve ya hecha la reforma del Código Minero y

• tenemos una situación de hecho, que es que empiezan a funcionar estas empresas.

Hubo un tiempo, el Código Minero comienza a funcionar y a los tres años comienza Bajo La Alumbrera. Hasta que la gente en Catamarca se da cuenta qué es lo que está sucediendo en La Alumbrera, primero consiguen un apoyo, después la gente queda desilusionada y hoy hay realmente una confrontación fuerte entre la comunidad catamarqueña y el proyecto.

El proyecto -además- está llevado a cabo a instancias de una empresa suiza pero también por la Universidad de Tucumán y, en un caso muy único, por parte del gobierno de la provincia. Es único porque el Código Minero prohibe al Estado explotar sus recursos minerales. Solamente agentes privados pueden explotar los recursos, inclusive se llega a la situación donde por ley el Estado si encuentra minerales los tiene que ceder a un privado. (...)

Y después por toda una estructura toda la riqueza sale del país. Efectivamente, por la legislación liquidan las divisas afuera, no tienen que volverlas al país, los insumos de capital no pagan impuestos, no pagan ningún otro tipo de impuestos, con lo cual lo que queda ¿qué es? Los sueldos de la gente, el 3% en boca de mina, bueno, y el desarrollo económico alrededor de estos emprendimientos, que efectivamente lo hay. Ahora, nosotros como sociedad estamos diciendo “por un poco de desarrollo económico que sucede alrededor de estos emprendimientos que puede ser catering, hotelería, algunas empresas proveedoras, se están llevando miles de millones de dólares y nosotros nos quedamos con las migajas”. Y yo creo, perdón si suena medio feo, esa es la mentalidad Argentina, porque después nosotros en el debate decimos “nos vienen a robar” y no nos vienen a robar, ¿por qué los chilenos tienen Codelco que es estatal? ¿Y por qué los brasileros tienen sus empresas mineras controladas por el Estado? No nos vienen a robar, nosotros dejamos que nos vengan a robar y eso es diferente.

En esa situación habría que replantearse, decir ¿por qué nosotros tenemos un Código Minero que nos permite por ley prohibirnos a nosotros mismos, primero, a acceder a nuestros propios recursos naturales? En segundo lugar, ¿por qué los vamos a dar por un 3% de regalía, máximo? En tercer lugar ¿por qué nosotros hacemos complejamente todo un paquete dentro del Código Minero que le da a estas empresas beneficios que no tienen ningún otro sector en la Argentina?, ni el campo con todo lo que protestó, ni la industria automotriz, ni la industria de servicios. No pagan impuestos ni al cheque, ni a los combustibles, ni a los combustibles líquidos ni a la electricidad, tienen desgravado prácticamente todo otro tipo de imposiciones fiscales.

¿A qué responde esto?, esto responde a un tipo de ejercicio político nepótico en la Argentina, de transpolar -por lo menos en los años 90- todos estos intereses específicos que venían de las provincias ricas en minería, llevarlas al Congreso de la Nación, armar este tipo de Código Minero, que tampoco –no voy a ser ingenuo- por un lado tenía los socios argentinos con nombre y apellido, y por otro lado toda una ayuda material en dinero e intelectual en el conocimiento para crear esta legislación, que vino del Banco Mundial".
Fuente: www.argenpress.info /10-10-08

La mera intervención del Estado no puede ser apoyada sin contextuarla en su funcionamiento total ni integrarla al proyecto de país que efectúa el crecimiento económico. Por ejemplo, la Resolución 125 oculta su verdadero sentido al ser abstraída del programa fiscal (que discrimina a las grandes mayorías y a las provincias tanto en su recaudación como en su destino de transferencia a los grandes capitales); de la estructura gubernamental para negocios suyos con las agro exportadoras, los fondos de inversión, los pool de siembra y todos los formadores de precios; y por último, de la necesidad actual -en el sistema capitalista mundializado- de apoderamiento de todo el territorio para los agro combustibles, la mega minería, el agotamiento de las fuentes energéticas y la rentabilidad turística e inmobiliaria.

Entonces: