Contextos

Podemos preguntarnos qué tiene en común la aplicación del terrorismo de estado en la década de los setenta con la actual expansión de la trata y la prostitución. Elijo una de las posibles respuestas: imposición de prisión clandestina, tortura y muerte para implantar un negocio sumamente lucrativo bajo el amparo de un sistema social que le garantiza desarrollo e impunidad.

Feministas y abolicionistas promueven la campaña «Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución» explican que: "la iniciamos porque consideramos necesario y urgente levantar la voz y decir:

Se trata de un drama que golpea la vida de cientos de mujeres en todo el mundo. En nuestro país no hay cifras oficiales al respecto, porque tanto las desapariciones, como los secuestros y los asesinatos de mujeres por las redes de prostitución son ocultados, minimizados y naturalizados. Sin embargo, no estamos ante casos aislados o episódicos: según la ONG Antislavery International han desaparecido, en Argentina, sólo en el año 2006 cerca de 500 mujeres y niñas.

Iniciamos esta campaña porque consideramos que lo que enfrentamos y queremos denunciar no puede ser simplemente una iniciativa episódica ni una concentración ocasional. Estamos convencidas de que la exigencia de que no haya más secuestradas, desaparecidas y asesinadas es una pelea de largo aliento: estamos poniendo en cuestión nada más ni nada menos que a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, lo cual significa para nosotras atacar su raíz más profunda que es la prostitución misma.

Queremos abrir el debate sobre la «prostitución», como un escenario para profundizar acerca de la condición de todas las mujeres en la sociedad patriarcal. Y ello requiere tiempos propios, que no son los tiempos de las campañas electorales ni tiempos coyunturales, sino los tiempos de la afirmación de un compromiso, de la construcción de espacios para reflexionar, debatir, decidir y trazarnos perspectivas en común. (...)

La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada ni entra dentro del campo del derecho del trabajo. (...) El comprador obtiene derecho unilateral al uso sexual del cuerpo de una mujer. El "cliente" prostituyente le impone su cuerpo, su sexualidad y su placer a la mujer prostituida. El placer de ella no importa. No es un intercambio sexual recíproco. Hechos que en cualquier trabajo se consideran acoso o abuso sexual: los toqueteos, las violaciones, las insinuaciones verbales, los requerimientos sexuales indeseados, en la prostitución forman parte de la naturaleza misma de la actividad. ¿Cómo reclamarían las mujeres prostituidas contra el acoso sexual, el abuso o la violación?. ¿Con qué parámetros se mediría?.

Considerar la «prostitución» trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres. En todo trabajo está comprometida la subjetividad, pero en la prostitución lo está de una manera más profunda, ya que existe una relación inseparable entre cuerpo y subjetividad, entre cuerpo y sexualidad. La sexualidad es una parte fundamental e inescindible de la construcción de identidad. La identidad sexual está marcada por la masculinidad y la femineidad socialmente construidas, es decir por la desigualdad jerárquica entre los sexos. La prostitución daña a las mujeres de una manera muy distinta a la del trabajo. La prostitución produce daños físicos y psíquicos que algunos estudios comparan con los sufridos por quienes padecen una guerra.

Si prostituir menores de 18 años se considera un delito, ¿cómo puede convertirse en un trabajo y en una elección libre el día en que la mujer cumple 18 años?. El trabajo infantil está prohibido (en nuestro país, antes de los 14 años), pero se promueve la preparación educativa de niñas y niños para sus futuros trabajos: escuelas técnicas, comerciales, de magisterio, etc. Si la prostitución es trabajo, ¿cómo se formaría a las niñas para el mismo?, ¿cuáles serían los cursos de aprendizaje? ¿secundarios con orientación servicio sexual? ¿dónde y con quiénes se harían las prácticas? ¿con los padres, con los tíos, con los maestros?.

Considerar a la prostitución trabajo favorece la trata y la legalidad de proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal. Sirve también para crear la ficción de un descenso en la tasa de desempleo, útil para mejorar la imagen de la actual fase del capitalismo, que se caracteriza por el carácter estructural de la desocupación y la exclusión social (...)".
Fuente: folleto "Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata"/agosto 2008
E-mail: niunavictimamas@yahoo.com.ar
http://www.campanianiunavictimamas....

La Agencia de Noticias Red Acción reproduce dos artículos publicados en "Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata".
Considero a "Enfoques jurídicos frente a la prostitución":

"La «prostitución» es una forma de violencia contra las mujeres, de violación de los derechos de las humanas, de explotación sexual, institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y en la cosificación de nuestros cuerpos.
No es, por tanto, una expresión de la libertad sexual de las mujeres.

En general, los Estados establecen tres marcos jurídicos sobre los que basan sus posturas frente a la prostitución: ellas son la prohibición, la abolición o la reglamentación".

El posicionamiento de las promotoras de la campaña «Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución» es abolicionista.

En cambio, "la reglamentación:
Bajo este marco jurídico al Estado le correspondería censar y registrar a todas las prostituidas, darles un carnet identificatorio, controlar sus enfermedades de transmisión sexual a fin de evitar contagios a los clientes-prostituyentes, habilitar los locales para tal fin, establecer las zonas permitidas y cobrarles impuestos a todo el sector dedicado a éste "negocio". Los reglamentaristas contemporáneos, conservadores o modernos y liberales, continuadores todos de la tradición pro-prostitución, convalidan y legitiman el uso sexual de las mujeres. Para ello utilizan varias justificaciones:

Los conservadores, herederos directos de aquéllos del siglo XIX y gran parte del XX, son los que consideran a la prostitución un mal necesario y proponen un control sanitario y moral sobre las mujeres. Consideran la prostitución como un mal inevitable, que es necesario aceptar y reglamentar para evitar la clandestinidad en la que se ejerce. Al Estado le cabe el rol de control sobre esta "actividad".

Los "modernos y liberales" defienden la "libertad de elección", están a favor del "consentimiento" y señalan a la prostitución como una de las formas de ejercicio de la sexualidad. ¿A qué libertad aluden estos sostenedores de la prostitución? Sin duda, se refieren a ellos mismos, hablan de la libertad de los usuarios de prostitución. Para las mujeres, los servicios prestados en esas condiciones, no constituyen prácticas sexuales mucho menos deseadas. Son prácticas de sobrevivencia. Se impone a las mujeres el acceso a su cuerpo por un precio. ¿Dónde esta la libertad? Curioso consentimiento que encubre relaciones sociales de desigualdad entre mujeres y varones, pobres y ricos, adultos y niñas/os.

Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, no se limita a poner normas, sino que está dando un sistema de valores con un mensaje para toda la sociedad: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres y esto se convierte en el paradigma de la sexualidad. Al mismo tiempo que la prostitución reglamentada concede al conjunto de varones la autorización moral y social para participar, sin responsabilidad ni escrúpulos, en la explotación de las mujeres ejerciendo su poder sobre ellas mediante la mediación del dinero.

El sistema prostitucional está relacionado con la pornografía, el turismo sexual, las líneas eróticas, el ciber-sexo, los sex-shops, los anuncios y publicidades, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía. Combatir la prostitución oponiéndose a su reglamentación implica, también, combatir el conjunto de actividades montadas alrededor de la mercantilización del cuerpo femenino.

Miremos qué les ha pasado a los países (casi todos del primer mundo) que han legalizado o reglamentado la prostitución. El tráfico y trata con fines de prostitución se ha convertido en una "industria" floreciente. Las mujeres y niñas/os que van a ser prostituidas provienen mayoritariamente de países pobres y son súper explotadas y esclavizadas en los locales para ese fin. Se ha banalizado y difundido el comercio sexual. No todas las mujeres en situación de prostitución quedan incluidas en esa falsa legalidad, pues sigue en parte ilegal, con dineros y con mujeres indocumentadas traídas mediante tráfico y trata. Se han aumentado la cantidad de prostíbulos. Se han diversificado otras formas de explotación sexual.

En "Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata" se explica:

"Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, pub o whiskería, en casitas modestas a lo largo de las rutas o en departamentos o locales de lujo. Ello a pesar de estar prohibidos por ley nacional y por la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, suscripta y ratificada por nuestro país y vigente, que castiga la explotación de la prostitución ajena y la instalación de prostíbulos. (...)

La respuesta estatal es reprimir las víctimas, en los burdeles o en la calle, como sucede con la aplicación de los códigos contravencionales y de faltas, que en su redacción y aplicación cada vez más represivas, son herederos de los viejos edictos policiales. La policía utiliza el arresto, los malos tratos, la amenaza y la coima, convirtiéndose en socia del proxenetismo, cuando no directamente en proxeneta.

Nunca se llega a los grandes responsables de la explotación sexual de las/os mujeres y niñas/os, a los jefes de las redes de prostitución, o a aquellos funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios y jueces que participan del negocio. Ni a los clientes prostituyentes.

Cuando se formulan leyes, están dirigidas a la represión de las personas en situación de prostitución o bien a la protección velada del proxenetismo, como sucede con la reciente ley de Trata.

"Desde las definiciones que parten de los tratados de derechos humanos, este negocio es ilegal en sí mismo. Por ello, tales definiciones no incluyen los llamados "medios" , es decir: violencia, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, coacción, etc. ni diferencia entre mayores y menores de 18 años y por tanto, quienes lucran con la prostitución ajena o el trabajo esclavo o cualquier otra situación de trata de personas, son siempre delincuentes.

Los bienes jurídicos a proteger son los derechos humanos de las personas. El delito se configura aunque no se hayan usado medios y aunque la víctima haya prestado consentimiento. Se parte de principios básicos: ninguna persona puede consentir su propia explotación y las víctimas son siempre inocentes.

La definición debe contemplar las acciones de: reclutar, alojar, trasladar, secuestrar, hacer desaparecer, recibir, acoger, la promoción o facilitación de cualquiera de esas acciones tanto sea dentro del país como el ingreso o salida del mismo, a una o más personas con fines de explotación, cualquiera sea la edad de las víctimas y aunque las mayores de 18 años hayan dado su consentimiento.

Los fines perseguidos pueden ser: la explotación de la prostitución ajena, trabajos forzados o serviles, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos, producción y distribución de pornografía infantil y adulta, turismo sexual, procreación obligada para la venta de niñas/os, extracción obligada de óvulos, venta de niñas/os o cualquier otra forma de explotación.

Para prevenir la trata hay que actuar sobre la demanda, las redes mafiosas y las complicidades de los Estados (...)".
Fuente: folleto "Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata"/agosto 2008
E-mail: niunavictimamas@yahoo.com.ar
http://www.campanianiunavictimamas....

El Estado de impunidad para desarrollar la acumulación del sistema capitalista mundializado con violación de derechos humanos, fue el objetivo central de la Doctrina de Seguridad Nacional que continuaron las democracias restringidas.

Las fuerzas costeadas por los de abajo para «la seguridad» componen las redes mafiosas de prostitución, de narcotráfico,... además de ser asesinas, torturadoras y ejecutoras de la política de criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social.

Podemos preguntarnos qué tiene en común la aplicación del terrorismo de estado en la década de los setenta con la política de 'desendeudamiento' del gobierno de los Kirchner.

Veamos el «desendeudamiento» que es falso porque sigue cumpliendo la función de transferencia de buena parte de los fondos públicos a los estafadores llamados acreedores, sin embargo, no deja de aumentar y la de herramienta clave para el sometimiento al capitalismo central:

Alejandro Olmos Gaona publicó un libro sobre la deuda pública externa argentina de cuya síntesis extraigo:

"La Deuda externa de Argentina

Desde el año 1976 hasta la actualidad, la deuda externa ha producido una extensa secuela de daños y víctimas fatales.
Lo hecho por:

Desde entonces el expediente se halla archivado en los cajones de los legisladores que al ignorarlo incurren (como tantas otras veces) en una violación masiva de los deberes de funcionario público.

Estas notas no son más que un resumen de lo expuesto en el libro de Alejandro Olmos sobre la deuda externa. Mi única intención al presentarlas aquí es difundir la información que los medios de comunicación masivos eluden en forma deliberada y promover en la medida de mis posibilidades la inquietud por informarse del tema. La mayor parte de la gente posee ideas muy vagas acerca de esta deuda, sabe tal vez su monto pero no como fue contraída, ni la forma en que se utilizaron los préstamos. En general se repiten los extraños e insuficientes argumentos que brindan los economistas neoliberales en la radio y la televisión. Entre la erróneas creencias que se exponen se encuentran las siguientes:

Ø "El pueblo argentino dilapidó el dinero y por ende hay una culpa compartida en el alto endeudamiento de nuestro país". La realidad es que tal dilapidación, aunque existente, no es obra del pueblo en su conjunto sino de un grupo de economistas neoliberales, políticos y empresas nacionales y extranjeras muy concretas. La única culpa que tiene el pueblo -si es que dicha culpa existe- consiste no haberlos sacado a patadas del Banco Central y del Ministerio de Economía a tiempo.

Ø "Debemos honrar la deuda": Las deudas deben pagarse, pues no hacerlo es inmoral y en eso estamos de acuerdo casi todos, pero hay suficientes pruebas de que el endeudamiento externo de Argentina es ilegítimo, luego la deuda deja de ser una deuda para transformarse en una obligación compulsiva, que para colmo beneficia a un amplio sector de delincuentes; de modo que en este caso lo inmoral es pagar.

Ø "La necesidad de generar confianza en inciertos inversores externos": Un argumento absurdo que se repitió hasta el hartazgo.
La aplicación de la política de apertura de los mercados a la que nos fuerza el FMI en cada renegociación sólo atrae capitales golondrina y expulsa a los verdaderos inversores.

En la década de 1970, los países productores de petróleo núcleados en la OPEP aumentaron en forma drástica los precios del crudo. Esto redundó en una depresión económica entre los años 1973 y 1975 e incluso una más grave entre 1979 y 1983. En poco tiempo, cuando la gran afluencia de recursos desbordó las posibilidades de inversión en sus países de origen, los bancos se encontraron con una gran cantidad de fondos líquidos que, de no ser invertidos, podían provocar serias perturbaciones en el sistema financiero internacional. La solución que encontraron los bancos comerciales fue la colocación de estos recursos en otros países que pudieran absorberlos. Un extraño fenómeno se había producido en el mundo financiero: eran los bancos los que presionaban a los países para colocar sus dólares y no los estados para recibirlos.

El periodo critico de crecimiento de la deuda externa argentina se registró durante la dictadura militar, fundamentalmente durante la gestión económica de Martínez de Hoz y el Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein.

Argentina se endeudó como consecuencia de una política instrumentada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos a fin de evitar un colapso financiero internacional.

A partir de 1982, por la caída de los precios del petróleo, los países de la OPEP comenzaron a tener saldos negativos crecientes en sus balanzas de pagos, con lo cual terminó en forma brusca la fuente de petrodólares. Ello determinó una gran crisis de pagos internacionales y la imposibilidad de los países que habían contraído esas deudas para hacer frente los servicios de éstas, que además habían crecido por la elevación de las tasas de interés.

Los bancos transfirieron de ese modo su deuda con los países productores de petróleo a nuestro país -y a otros países periféricos elegidos para evitar la crisis- su deuda con los países productores de petróleo, lucrando con la riqueza de unos y la dominación de otros(...)".

"El mayor investigador sobre la deuda externa argentina envió un telegrama al presidente Néstor Kirchner y presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que suspenda el pago de 9.530 millones al FMI. Sabe que el camino judicial local no prosperará, pero confía en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí quiere hacer pública toda la documentación que halló y que linda lo inverosímil, incluido un documento donde la Argentina renuncia a cualquier presentación penal si los contratos firmados con los acreedores estuvieran fuera de la ley. El manual del Citibank que aplicó Cavallo, el uso del Blindaje Financiero de José Luis Machinea y las violaciones del Fondo a su propia Carta Orgánica. La deuda privada estatizada, la deuda pagada y todo lo que habrá que seguir pagando mientras se sigan considerando legítimos los préstamos internacionales.

Alejandro Olmos impulsó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia para suspender el pago de 9.530 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Con el mismo objetivo, le envió –junto a otras 28 personalidades- un telegrama al presidente Néstor Kirchner el pasado 28 de diciembre.

Lo firmaron, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo y el diputado Claudio Lozano. “Ahora que el gobierno pagó, la justicia declarará abstracta nuestra petición y no hará lugar. Pero lo importante es que si se rechaza también en la Cámara y en la Corte Suprema podremos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será la primera vez que la cuestión de la Deuda llegue a una instancia como esa”, explica el historiador, hijo de un ex asesor del Senado de la Nación homónimo que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las irregularidades de los préstamos internacionales. Después de una conversación con Arturo Frondizi -donde el ex presidente develó algunas confesiones que le hiciera el ministro de Economía de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz- Olmos padre decidió presentar su demanda para que se investigue la ilegitimidad de la deuda externa. Poco después, también accedió a la documentación del estudio Klein y se convirtió en el mayor especialista en el tema. Cuando falleció, su hijo siguió adelante. Ya no sólo con lo ocurrido durante la dictadura, sino también durante los gobiernos democráticos. “En el exterior se asombran, porque este el único país del mundo que tiene una investigación sobre la Deuda, pero presumen que la deuda peruana, ecuatoriana, colombiana y demás, tienen las mismas características que la nuestra”.

Esta deuda se origina en el famoso Blindaje financiero contratado por el ministro de Economía, José Luis Machinea, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El Fondo Monetario nos prestó en ese momento 12.449 millones de dólares, de los 40.000 que formaban el Blindaje. Y esa plata fue íntegramente fugada de la Argentina -junto con otro dinero- por 520 empresas. Esto lo determinó una comisión de investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador justicialista Nicola, después de analizar un informe de 90 bancos. Se estableció que la plata que llegó del Fondo así como vino, se fue.

Los mismos billetes. Curiosamente, esto es información oficial de 90 bancos. Es lo que está registrado en los papeles, seguro debió haber habido mucho más. La oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió un dictamen estableciendo que el Fondo sabía que la plata llegaba al país y se iba. Y la carta constitutiva del FMI prohíbe expresamente hacer ese tipo de préstamos. Sin embargo, también fue a pedido del Fondo Monetario que el entonces presidente Eduardo Duhalde derogó la ley de Subversión Económica, que es la que le hubiera permitido al Estado accionar penalmente contra estas empresas.

Pero los delitos siempre dejan sus huellas. Estas empresas -entre las que se encuentran Pecom, Telefónica Argentina, Repsol-YPF, las empresas del grupo Macri, IBM, etcétera-, declararon ganancias en la AFIP y pagaron impuestos por 2.500 millones. Es decir, no van a poder explicar porque se llevaron 16.000 millones.

El año pasado el Fondo le pidió al gobierno argentino que cancelara la Deuda. Roberto Lavagna, entonces ministro de Economía, dijo que no mediante una nota oficial del delegado argentino ante el FMI. Argumentaba el Estado iba a seguir cancelando sus obligaciones según como estaba pautado, lo que venía haciendo el gobierno de Néstor Kirchner desde sus inicios. En julio hubo otro pedido del Fondo para cancelar la deuda. También se le contesta que no, porque no se puede disponer de las divisas del Banco Central. Y se repite que Argentina va a seguir pagando sus obligaciones. Yo supongo –esto ya no es información- que ahora habrá habido una nueva exigencia del FMI y se aprovechó que pagó Brasil, sumado a ese exhibicionismo mediático y efectista que deslumbró a gente de buena fe.

Esto que se pagó representa apenas el 9 por ciento de la deuda global del país. Claro, resulta que el Fondo es una especie de niño malo y la gente cree que nos liberamos de él. Pero no nos liberamos nada. Porque la Argentina es miembro del FMI y eso la hace sujeta a sus auditorias anuales, por más que no le deba un peso. Además, va a seguir presionando para se arregle la situación con los bonistas que no ingresaron al Canje. También va a presionar para que la Argentina arregle sus cuentas con el Club de París, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericno de Desarrollo...

El argumento oficial es que con la deuda saldada no habrá posibilidad de extorsión.

No habrá extorsión a través de la Deuda, pero si presiones políticas y diplomáticas, que se manejan al más alto nivel. La Argentina podrá decir que no le debemos un peso, pero el FMI contestará que como miembro del organismo el país debe respetar determinadas pautas y que el Fondo es el encargado de monitorear su cumplimiento todos los años.

Si lo que se le pagó al Fondo es lo recibido por el Blindaje, ¿quiere decir que se pagó lo que algunos denominan deuda nueva?

Mi padre inicia la causa sobre la Deuda en el 82 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emite un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo en ese ilícito. No obstante, esa Deuda se siguió pagando y refinanciando. Los economistas hablan de dos deudas, la de la dictadura y la nueva. Hay que aclararlo. La Argentina del 92 en adelante tuvo superávit en sus cuentas, pero ese superávit se convertía en déficit cuando se agregaban los montos de deuda que había que pagarle anualmente al Fondo, al Club de París y a las entidades financieras particulares. Ese déficit, a su vez, era cubierto con emisión de nueva deuda. ¿Qué quiere decir? Que esa emisión de nueva deuda era motivada por el déficit producido por esa deuda ilícita. La deuda nueva era consecuencia de la vieja. Si el Fondo nos prestaba plata para pagarle una deuda que era ilícita, esta nueva deuda con el Fondo es tan ilícita como aquélla.

En La deuda odiosa, mi último libro, hago un planteo jurídico novedoso. Tomo como base la legislación sobre derechos humanos que plantea que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señalo que el delito de la Deuda Externa es de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continúa a través del tiempo, a través de las refinanciaciones y acuerdos que se hacen. Yo no enfrento este problema desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene un problema con otra persona, va a dirimirlo a Tribunales. Si uno tiene un problema con el Estado, lo mismo. Si un país tiene un problema con otro, también. Parece que el tema de la deuda, no. La deuda esta inmersa en un sector privilegiado donde no la alcanza el orden jurídico ni los principios fundamentales del derecho internacional público. Se puede hacer una gran estafa con la deuda y no es judiciable.

Hay cualquier cantidad de documentos que lo prueban. Hay una cláusula firmada que dice que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la Republica Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato. Yo no conozco otro caso donde se firme un contrato que ya desde el vamos se presume ilícito. Hasta eso se arregló.

Los peritos de la causa penal establecieron que la deuda externa argentina no tenía justificación financiera, económica ni administrativa. De 7.000 millones que el país debía cuando asumió la dictadura, pasó a deber 45.000 cuando se fue. Del stock de deuda pública que existe en este momento, diría que 70.000 millones corresponde a la deuda privada estatizada.

Hay un montón. Por ejemplo, Argentina tenía que pagar a un banco de Bruselas una deuda contraída por Renault. Según los auditores se trataba de un autopréstamo y no había que pagarlo. Era plata que Renault trajo al país para aumentar su capital y el Estado terminó respondiendo por ella. No resultaba verosímil que Renault pidiera diez millones al mismo banco donde tenía depositado 85 millones. Como si esto fuera poco, se secuestró un acta de directorio de Renault que tiene 44 páginas, donde los directores establecen cómo va a ser la operatoria para defraudar al Estado. Esto está todo documentado, después hay otros indicios simbólicos.

Cuando Walter Klein fue signado secretario de Programación Económica en la dictadura era representante de un banco sueco en la Argentina. Cuando se fue de la función pública, al mes y medio, representaba a 22 bancos extranjeros, todos acreedores de la Argentina. Le pagaron muy bien su trabajo. Cuando se allana su estudio y se secuestra documentación, pudo establecerse que el estudio Klein-Mairal era la verdadera base operativa del endeudamiento.

Alfredo Calcagno estableció que en el 89 la deuda estaba cancelada. Todo lo que se pagó desde entonces es excedente. En 1993, el stock de deuda externa era de 63.000 millones. Del 93 al 2004 pagamos 140.000 millones y en el 2004 debíamos 191.264 millones de dólares. Hoy la deuda real es de 140.000 millones, no 124 mil como dice el Gobierno. Porque no calcula los bonistas que quedaron fuera del canje y en algún momento eso tendrá que pagarse, porque nunca se declaró a la deuda ilícita. En un principio, los que no entraron en el canje representaban 19.000 millones, en diciembre de 2004. Ahora ya son 23.000 millones y siguen generando intereses y acumulando deuda. El Código Civil argentino prohíbe la capitalización de intereses, lo mismo sucede en Italia, Brasil, Austria, Alemania... Pero en los contratos de deuda se aceptó la capitalización de intereses. Se firmaron contratos negando el propio derecho interno. Y también que atentan contra el sentido común. ¿Usted pagaría algo cuando no le muestran lo que debe? En 1995,

Domingo Cavallo manifestó que la República Argentina paga la Deuda Externa ante simple aviso de vencimiento y sin verificar en ningún caso si las cifras reclamadas eran exactas. Como se dio cuenta que no podía ser que la Argentina no tuviera documentada su propia deuda, contrató a los mismos acreedores para ordenarla. Fueron el Citibank, el Credit Swiss y otros bancos acreedores lo que determinaron cuánto les debemos, cuántos intereses había que pagarles, cuántas moratorias. Eso fue una conducta histórica de la Argentina. Todos creen que el plan económico llevado adelante desde 1992 fue obra y gracia de Domingo Cavallo, pero no es así.

El plan económico fue diseñado por J.P. Morgan y el Citibank. Esto no es una expresión de la ultraizquierda, un mero slogan. Esto puedo probarlo porque encontré el plan que presentó el Citibank. Tiene 1400 paginas, donde está diseñada la política que llevó adelante el gobierno desde el 92 en adelante: el canje del Brady, la privatización de los servicios públicos, la reforma de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio. Está todo minuciosamente pautado.

Revisando la enorme cantidad de papeles que hay en el juzgado Federal N° 2, en la causa que llevó adelante mi padre. Hubo una declaración que pasó por alto, la de José Luis Rodríguez, gerente del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. En su extensa exposición dice que para el canje de deuda del Plan Brady fue contratado el Citibank y J.P. Morgan, por el ministro Cavallo. Si se firmó un contrato, pensé, tenía que estar en algún lado. Fui a los archivos del Ministerio y encontré que no sólo prepararon el Brady, sino todo lo demás. Encontré otros documentos importantes: una carta enviada por Michel Camdessus, el 16 de junio de 93, dirigida a la comunidad financiera internacional, que decía que había que aprobar toda la política económica del gobierno porque la Argentina se había comprometido a transformar el país a través de las privatizaciones de las empresas públicas".

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A su vez, Néstor Sappietro de la Agencia Pelota de Trapo, en "Sísifo y la deuda", dice sobre el costo criminal del pago a los estafadores:

"El último informe de la Secretaría de Finanzas señala que la Argentina tiene obligaciones por 144.728 millones de dólares, equivalente al 56% del PBI. Los números oficiales indican que en los últimos dos años la deuda creció y que, medida en dólares, es mayor que durante la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

La información, sin proponérselo se transforma en una alegoría a la metáfora de Sísifo, aquel a quien los dioses griegos habían condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Como decía Albert Camus, refiriéndose a la condena impuesta al rey de Corinto: "Los Dioses habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza".

La riqueza es entregada a la usura internacional a cambio de nada, o lo que es peor, a cambio del hambre de miles de argentinos condenados en los confines del infierno a comer de la basura, a no tener asistencia sanitaria, a la desnutrición, a morirse de pobreza.

Dice Albert Camus en su maravilloso ensayo sobre Sísifo: "Lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces como la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura".

Cada vez que escucho hablar sobre el pago de la deuda esas imágenes que describe Camus aparecen en mi memoria.

El ex diputado Mario Cafiero, señala: "El problema de la deuda es el pésimo 'arreglo' que hizo el actual gobierno, que no fue tal. Tampoco hubo un 'ajuste' de ella, sino peor aún, un desajuste con la emisión de deuda contingente mediante las Unidades Ligadas al PBI, que crecen en forma geométrica año tras año, por la cual los prestamistas inescrupulosos pasaron a ser socios de nuestro crecimiento. Fue el peor de los malos arreglos posibles. La deuda no fue auditada. No se buscó diferenciar lo contraído ilegalmente".

Si alguien tuviera dudas acerca de la inmoralidad de la deuda bastaría con repasar las investigaciones de Alejandro Olmos y su hijo. De paso, podríamos citarlo cuando dice: "Las deudas hay que pagarlas, las estafas no".

El integrante de Economistas de Izquierda (EDI), Jorge Marchini (especial para ARGENPRESS.info) reflexiona:

"La noticia del pago total de la deuda pendiente de Argentina por U$D 6.700 millones con el Club de París utilizando reservas del Banco Central ha sido inesperada, y de allí la importancia de tratar de interpretar sus significados y derivados.

Entrevista a Alejandro Olmos por Franklin Falconí, editor general del quincenario ecuatoriano Opción:

"¿Cómo ve que el Gobierno ecuatoriano haya emprendido en un proceso de auditoría de la deuda externa?

El único país que ha decidido investigar este tema, y auditarlo, es el Ecuador, en mi país esto no sucede. Yo, de manera particular, estoy llevando adelante dos juicios en los que están involucrados varios presidentes de la república, ministros, directores de empresas públicas, etc. En Brasil existe también una auditoría ciudadana, en Uruguay igual, pero no son actos de los gobiernos, como aquí. Aunque hay una serie de contradicciones en el proceso, porque de acuerdo al Decreto 472 del 9 de julio de 2007, nosotros tenemos que auditar toda la deuda externa del Ecuador desde 1976 al 2006, y sin embargo, el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, permanentemente declara que hay que pagar, que hay que reestructurar, y eso me parece una incongruencia.

- ¿No será más bien un plan acertado del Gobierno que mientras se audita la deuda se cumple con ella, para evitar así problemas en el plano internacional, y mantener relaciones equilibradas, para en un momento dado, contando ya con los elementos suficientes, decir no pago?

Una cosa es mantener una relación equilibrada y diplomática con un gobierno o con un banco con el que se han hecho operaciones normales, y otra cosa muy distinta es negociar, reestructurar deudas que son producto de un escandaloso fraude. Yo siempre digo a mis estudiantes: “Las deudas se pagan, las estafas no”. A los fraudes se los denuncia a la justicia para que ella actúe en consecuencia. Lo que ocurre es que nuestros países están insertos en la cultura del no se puede: no se puede repudiar, no se puede desconocer, no se puede denunciar, y nos va como nos va…

Yo estoy en el Ministerio de Finanzas desde el 20 de enero, he pedido documentos y la Subsecretaría de Crédito Público no me los da, o me da papeles muy limitadamente. Entonces, una de las grandes incongruencias en este momento es que la Auditoría, siendo un órgano oficial del Estado, creado por el Presidente de la República, funciona en un Ministerio que se niega a entregarle los papeles que necesita para hacer su trabajo. Otro de los grandes problemas es que la mayor parte de los contratos de deuda pública supuestamente se encuentran archivados en el Banco Central del Ecuador, en Amaguaña, en la Casa de la Moneda. Cuando llegué a ese archivo, no lo podía creer: un caos administrativo, un caos en el archivo de papeles.

Cuando uno entra se encuentra con un salón gigantesco lleno de cajas, y cuando se las abre se encuentran documentos mezclados, del 94, del 83, del 2000, etc. Gavetas en las que hay 100 carpetas y otras en las que hay cuatro; entonces uno supone que las ocultaron o se las robaron; otras donde uno encuentra montones de cajas con soportes magnéticos que no están clasificados, están todos tirados, mezclados…

- Pero, pese a estos inconvenientes, ¿cree que se pueda establecer con precisión cuáles son los tramos de deuda que son ilegales, ilegítimos, para denunciarlos y establecer procesos judiciales y sanciones?

Hemos podido establecer que hay una serie de contratos de la dictadura: 1978-80, que son el paradigma del fraude. Después vino otro de los más escandalosos fraudes, el de la sucretización. Y todo lo que sucedió después es fruto de ese delito. Hay una doctrina del derecho penal, que se llama el delito de función continuada, que determina que hay ilícitos que se cometen y después, a través de acciones discontinuas, permanecen en el tiempo; y éste, en el Ecuador, es un caso concreto. Hemos podido ver montones de contratos que no están negociados entre el acreedor y el deudor, están impuestos. Uno de los auditores de la deuda ecuatoriana que trabajó hasta ayer con nosotros y se fue a Brasil hizo un esquema de simulación determinando que el Ecuador, desde el 82 hasta ahora, siempre hizo transferencias negativas: lo que pagaba era siempre más de lo que recibía. Cuando se ven los contratos se entiende que los acreedores busquen hacer su negocio, pero lo que es inentendible es que funcionarios del Estado ecuatoriano hayan aceptado firmar contratos con esas cláusulas. Acabo de ver un contrato firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para desarrollo de la minería, donde le dan al Estado ecuatoriano 200 millones de dólares en 1984, pero la realidad es que ese contrato no quiere el desarrollo del país, porque las cláusulas dicen cosas como: se le dará la plata al Estado ecuatoriano siempre que se privatice la mina de Portovelo, se le entregará el otro tramo siempre que privatice tal cosa. Es decir, son contratos que esconden la intención de privatizarlo todo, y después seguir prestando y seguir renegociando. Hay un informe del gerente de refinanciamiento del Banco Central del Ecuador a uno de los gerentes del Banco hablándole de todo el sistema, es un documento de 1991, en el que le dice que el sector externo está totalmente desorganizado, que no hay control de lo que se paga, que falta un sistema informatizado. En otro documento, un gerente del Banco le informa a otro gerente que se ha determinado que por todos estos problemas el Ecuador ha pagado dos y hasta tres veces las mismas obligaciones. Entonces, nos encontramos con un cuadro altamente preocupante, pero que nos da la posibilidad de sacar conclusiones primarias que le servirían al presidente Correa para decir: señores, esto no se va a pagar.

-¿Es decir que a estas alturas el Presidente podría tomar decisiones radicales como el no pago de ciertas obligaciones?

Por supuesto, sin duda. O por lo menos someter a la justicia ecuatoriana las conclusiones que presentamos, para que se inicie un proceso para determinar las responsabilidades de todos los que intervinieron; le estoy hablando de Gustavo Noboa Bejarano, Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram, el mismo León Febres Cordero, quien haciendo una serie de denuncias de malos manejos de la deuda, ha firmado contratos que son realmente escandalosos. No sé qué es lo que va a hacer el Presidente, sé lo que es mi trabajo y lo estoy haciendo.

- ¿Qué es lo que debería primar, según su opinión, una decisión soberana del país, de no pagar esas deudas, o un sometimiento a la normativa jurídica que en el plano internacional pueda haber para resolver este tipo de controversias?

El derecho internacional público determina una serie de cuestiones específicas que también han sido violadas en estos contratos. Es decir que el Presidente tiene los suficientes argumentos jurídicos del derecho interno del país, del derecho internacional público y de los principios fundamentales del derecho.

Para que se haga una idea: se supone que el país tiene en el tema de endeudamiento dos organismos de control: el Banco Central del Ecuador y la Procuradoría General del Estado, pero estos señores acreedores se daban el lujo de redactar lo que tenía que firmar el Procurador; y se firmaba. Lo mismo sucedía con los funcionarios del Banco Central, de la Junta Monetaria, etc. En la Argentina, cuando se hizo la reestructuración de la deuda pública, en el 92, se contrató un estudio de Nueva York, que defraudó al país porque lo asistió mal para que la deuda siguiera creciendo, es el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Con gran asombro mío veo que ese estudio es el mismo que fue contratado por el Ecuador en 1994, y hoy sigue siendo abogado del país. En el último contrato firmado por el actual Ministro, cuando era Subsecretario de Finanzas en el 2006, se le paga dos millones de dólares de honorarios a ese estudio jurídico, y además, a cada uno de los abogados que van a asistir al país se le paga 800 dólares por hora. Yo me pregunto: ¿existe la posibilidad de que el Ecuador controle las horas que maneja un abogado en Nueva York? En octubre advertimos que ese estudio había defraudado en Argentina y estaba imputado en diversos delitos en la justicia federal; le dijimos al presidente Correa, a través de una carta, que el Ecuador no podía seguir con este estudio. Tenemos conocimiento que el Presidente recibió la nota y dio órdenes inmediatas para que se solucione el problema, pero no sabemos qué ha pasado al final, porque conocemos que siguen siendo los abogados del Estado. En todos los contratos últimos que hemos visto, como los acreedores sabían que estaban violando la ley, pusieron una cláusula que decía: si estos contratos fueran nulos, fueran ilícitos, o no se pudieran ejecutar, el Estado ecuatoriano renuncia irrevocablemente a cualquier tipo de acción. Ninguna persona que firme un contrato de cualquier tipo pone una cláusula en la que advierte que lo que está firmando es un delito.

Yo que viajo por todo el mundo, que he hablado con tratadistas de derecho público, de derecho financiero, les he mostrado esto y me dicen que ningún tribunal podría convalidar esto porque es la demostración más palpable del fraude y de la ilegalidad, no ya de acá, sino del derecho internacional todo. Casi todas las legislaciones del mundo establecen la prohibición del lagartocismo (la capitalización de los intereses). El artículo 244 de la Constitución del Ecuador prohíbe esta práctica, sin embargo todos los gobiernos ecuatorianos han firmado esta ilegalidad. Si yo tengo un crédito de 5 millones de dólares, y todos los años tengo que pagar una determinada suma del capital más los intereses, pero no puedo pagar -que es lo que ha pasado con nuestros países-, entonces esos intereses se suman al capital y vuelven a generar nuevos intereses. Ese es el principio fundamental de la usura, y ese delito ha sido condenado por todas las religiones, por todos los sistemas jurídicos.

- ¿Cree que la Asamblea debería tomar en sus manos una decisión soberana en el tema de la deuda?

Yo precisamente le llevé a Alberto Acosta dos proyectos respecto a la deuda pública, uno de ellos respecto a que se haga un censo de los acreedores, a efectos de determinar quiénes son los tenedores de los títulos.

Es absolutamente posible. Estados Unidos tiene una normativa jurídica que establece que toda la deuda que ha sido contraída por el país y no utilizada en beneficio de su pueblo, es una deuda ilegítima y puede ser repudiada, eso lo ha creado Estados Unidos en 1998, y a punto tal que lo incorporó a la Constitución a través de una enmienda, la 14 apartado 4. Por otro lado, EE.UU., después de la guerra civil, estableció que como los países europeos reclamaban deudas, y había títulos por todas partes, era necesario conocer a quiénes los tenían, a qué precios los pagaron, a quién se los compraron y cómo los obtuvieron. Es decir, antes de pagar yo tengo que identificar a quiénes y en qué condiciones les voy a pagar.

Pero qué sucede, como los propietarios de esos títulos son grandes grupos financieros, los bancos y algunos delincuentes ecuatorianos a los que el presidente califica de “pelucones”, esto parece difícil. Aquí lo que tiene que hacer el Gobierno de Ecuador es decir: “no voy a pagar deuda que no sea legítima, nosotros ya tenemos elementos para demostrar que esa deuda es un verdadero fraude, y no hay ningún tribunal internacional que pueda demostrar lo contrario”. Y tome en cuenta que se lo digo basado en lo poco que hemos visto. Si desde el 20 de enero, en apenas 18 días he visto, lo que ví, y los otros colaboradores que trabajan con nosotros han visto lo que han visto, imagínese si aquí hubiera un equipo con muchas más posibilidades, trabajando a tiempo completo durante seis u ocho meses; yo creo que el Ecuador podría ser el ejemplo en el mundo de un país que decidió auditar e investigar todo su proceso de endeudamiento y mostrarle al mundo cómo ocurrió.

- En el informe que van a presentar a fines de febrero ¿mostrarán ya pruebas de casos concretos, con responsables?

Así es, con nombres y apellidos. En mi caso, por lo menos, sí. En el Plan Brady, en la transformación de los bonos global, en créditos del Banco Mundial, en algunas operaciones ficticias de endeudamiento. Una auditora que trabaja en el ministerio de finanzas de Brasil, que está trabajando con nosotros, encontró un informe donde discutían los más altos funcionarios del Estado ecuatoriano sobre una emisión de bonos dólares del año 1983: 1 100 millones de dólares. Ese documento demuestra que lo que estaban haciendo era ilegal, pero sin embargo lo tenían que hacer porque había que salvar a los deudores privados, por ello buscaron mecanismos que se expresan en el documento. Saben que están violando la ley y sin embargo lo hacen. Y ¿quiénes son los deudores privados? Son el Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil, es decir, siempre son las mismas personas las que se han visto beneficiadas con estas políticas.

- Si la prudencia tiene que ver con ocultar la corrupción, nosotros, como ecuatorianos, le pediríamos que no sea nada prudente.

Y no lo seré. La miseria que yo he visto en Quito en estos 20 días que he estado aquí, que es la misma que he visto en Argentina, país que es el tercer productor mundial de alimentos, que tiene la sexta reserva metalífera del mundo, riqueza como la que tiene el Ecuador.

Entonces, yo creo que Rafael Correa no tiene opción. Si después de que nosotros le entreguemos este informe sigue pagando la deuda..., creo que va a quedar en evidencia ante el pueblo ecuatoriano que una cosa es la que dice y otra la que hace".
Fuente:http://www.voltairenet.org/ 25/2/08

El Estado de impunidad, con los Kirchner, se perfecciona al envolver a fuerzas progresistas e izquierdistas en avalar sus medidas y políticas tramposas ya que, simulando romper con el neoliberalismo, lo profundizan o actualizan conforme al presente proceso nacional, latinoamericano e internacional.

Así como siguen satisfaciendo la voracidad sin fondo, inhumana e irresponsable de los grandes capitales que han planificado y llevan a cabo mediante el mecanismo de mayor deuda a mayor extracción de presupuesto público, también mantienen:
▪la alta rentabilidad y el crecimiento en monopolización económica-territorial de las corporaciones imperialistas;
▪la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, la de radiodifusión, la de minoridad, etc. de la dictadura cívico-militar;
▪el fabuloso negocio de las AFJP para los pocos bancos que las poseen;
▪la expropiación del PAMI y de los fondos previsionales, la mentirosa ley de Solidaridad de Cavallo que mejoraron con la recientemente promulgada llamada de movilidad cuando es de inmovilidad;
▪el régimen laboral de flexibilidad, precariedad e informalidad, de salarios en la línea de pobreza o de indigencia para la gran mayoría de los trabajadores y de elevado porcentaje de trabajo en negro o sin los derechos implícitos en las conquistas sociales;
▪la desinformación y la manipulación de la opinión pública que ha alcanzado -con el tratamiento al INDEC- una forma semejante al terrorismo mediático en cuanto refuerza las consecuencias esquizoides de vivir en el capitalismo pero, además, se hace mediante represalias e intimidaciones de todo tipo contra los profesionales del organismo estatal; etc.

Podemos preguntarnos qué tienen en común la aplicación del terrorismo de estado en la década de los setenta y el genocidio de indígenas perpetrado por el general Julio Argentino Roca como Ministro de Guerra del gobierno de Nicolás Avellaneda con el elogiado crecimiento económico que inició la dupla Duhalde-Lavagna y continúa el gobierno del matrimonio Kirchner. Veamos:

Osvaldo Bayer comenta:"Es increíble cómo se silencia la vida de las pequeñas ciudades, de los pueblos, aquello que tiene un verdadero valor para la ética de la vida, para la belleza local, para la verdadera historia comarcal que, por su ejemplo, a pesar de ese silencio, siempre trascienden. Los medios, en su gran mayoría, dedican sus páginas a la crisis económica, a las internas políticas, a los cambios de entrenadores de fútbol y, ahora, si Riquelme o Caranta.

Para demostrar que existen cielos, que se habla del paisaje, que hay interés por la historia o que hay pocos pero existen que se ponen tristes o se desesperan por las estadísticas del hambre de nuestros niños nos meteremos en el corazón de la tierra.

Hoy hablaremos de un lugar bonaerense pura pampa. Lo que ocurrió podría pintarse en un cuadro con rostros de adolescentes riendo, aplaudiendo, entusiasmados. Es que lo que ocurrió en Rojas no ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Autónoma de quién? Sí, vamos a decirlo en una sola línea: el Concejo Deliberante de Rojas aprobó por mayoría un proyecto por el cual se cambia el nombre de la calle Roca por el de Pueblos Originarios. Pero aquí viene lo sorprendente: al proyecto lo presentaron alumnos del colegio secundario de la ciudad. De la ciudad. Y los representantes municipales lo aprobaron por amplia mayoría. Con una conciencia y claridad que pueden notarse en las intervenciones de esos concejales. El anteproyecto fue elaborado por los alumnos y discutido con la ayuda de los profesores Liliana Barzaghi, Javier Membriani y Andrea Tamasi sobre la base del proyecto Identidad Latinoamericana que se propone “asumir la identidad de los medios de simbolización a través de los mecanismos democráticos de participación”.

Justamente eso así es iniciar el debate sobre nuestra historia para preguntarnos el porqué de tanta crueldad en nuestro devenir que culminó con el método represivo más sádico y perverso de la historia: la desaparición de personas y el robo de niños. Por ahí se comienza. Preguntarnos por qué glorificamos actos de tanta crueldad y cinismo como lo fue la Campaña del Desierto, que terminó con la muerte o la esclavitud de los pueblos originarios y el apoderarse de sus tierras. Los alumnos de la Escuela de Rojas, después de estudiar una profunda bibliografía y discutirla, llegaron a la conclusión, como dice su anteproyecto, de “que el general Julio Argentino Roca fue el principal actor de la llamada Campaña del Desierto, que significó uno de los momentos más bochornosos de nuestra historia nacional, por el etnocidio y el genocidio que se perpetró contra ‘nuestros hermanos los indios’ (como los llamó San Martín) al solo efecto de robarles sus tierras para otorgarlas a unos pocos propietarios” y que “en el término de veintisiete años, el Estado regalase o vendiese a precios irrisorios 41.787.023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. De resultas de ello, cincuenta familias llegaron a ser propietarias de más de cuatro millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Por ley especial se premió al general Roca con 15.000 hectáreas que se agregaron a las 50.000 que ya se le habían otorgado” y que “la mencionada guerra de exterminio se llevó a cabo con una crueldad que repugna a todo sentimiento humanitario y que se hizo posible gracias al sentimiento de superioridad que nacía del enraizado racismo de toda una clase dirigente: por ello, y sin siquiera cuestionarse, llamaron desierto a un territorio ocupado por aborígenes, a quienes hoy la Constitución denomina pueblos preexistentes”. Y luego, el anteproyecto trae una frase de legítimo derecho: “que a la mirada de los niños y adolescentes no corresponde exponer a quien desempeñó un papel nefasto en la historia otorgándole el lugar que se reserva para los héroes y otros personajes dignos del respeto de los argentinos”.(...).

En cambio, los concejales que defendieron la eliminación del nombre de Roca trajeron copiosos datos históricos de cómo ese militar Roca restableció la esclavitud al anunciar el “reparto de indios”, más los fusilamientos y la quita de los niños a sus madres. Y, claro está, el indiscutible negociado del reparto de tierras entre los poderosos de la época.

La ciudad de Rojas nos ha dado el ejemplo. En nuestra “adelantada” ciudad de Buenos Aires, el macrismo rechazó en comisión el proyecto y hay hasta iniciativas soplonas de aprobar una suma de dinero para limpiar el monumento de Roca de la Diagonal Sur de todas las inscripciones de la sabiduría popular. Pero, por más que la limpien...

Y de lo de Rojas pasamos a otro hecho que dignifica a los encuentros populares y a sus búsquedas de una sociedad más profunda.
Ocurrió en Los Toldos, también provincia de Buenos Aires, donde los mapuches hicieron un encuentro con el bello nombre de “Caminata por la defensa de todas las vidas”. La música típica de ellos acompañó al encuentro que llevaba como lema “El habla de la tierra, el agua, el viento y el fuego”.

Las invitaciones fueron amplias: a los pequeños productores orgánicos, a ambientalistas, y a otros pueblos originarios. Participaron escuelas y jardines de infantes y abuelos mapuches entregaron a los niños plantines de flores y plantas medicinales, como signo de la diversidad biológica. También se plantó una cortina forestal como símbolo de detener las fumigaciones sobre los campos. Se leyó una página de Verónica Azpiroz Cleñan, donde describe lo que era esa región antes y lo que es ahora. Después detalló la tierra donde vivió su abuelo y lo que es ahora. Dijo: “Ayer fui al campo donde vivió mi abuelo. Encontré una tapera. El campo está sembrado de soja, la tierra ya no es negra. Es grisácea. No hay ya ni caballos. Ni vacas, ni lechones, ni plantas, ni huerta, ni flores, ni pájaros, ni mariposas, ni perdices, ni gaviotas, ni el cielo azul de mi infancia. Me quedé pensando. Está en el recuerdo vivo de nosotros, el modo de producción agraria sin lastimar la tierra, con una producción diversificada, en equilibrio con el ecosistema, con el espacio natural y respetando las fuerzas naturales que dan vida a todas las vidas. Los espacios territoriales han sido transgredidos, contaminados por la fumigación y así, ha sido fumigada nuestra salud, nuestro pensamiento y nuestra vida”.

Luego señalará las virtudes de la medicina mapuche, con el uso de 250 hierbas medicinales. “El año pasado –señala– hemos recolectado cerca de 50 especies. Pudimos constatar que las pérdidas de las especies en menos de 30 años son abruptas, que el empobrecimiento de nuestra tierra es atroz por el uso de los agroquímicos.” Y la representante mapuche en su documento se pregunta “¿dónde está garantizado nuestro derecho a vivir y curarnos de acuerdo con nuestra cultura, si la ‘lógica chacarera’ y mezquina sigue peleando por retenciones pero nada dice sobre las enfermedades que nos causa el glifosato para que crezca la señora soja? Y nadie da cuenta de la pérdida de la biodiversidad. ¿Y de la muerte de más de 150 especies de plantas medicinales en menos de treinta años? ¿Por qué callamos sobre la muerte de la diversidad biológica gracias a la soja transgénica?”. Y luego, Verónica terminó con esta fuerte frase: “A la soja le digo fuera, fuera de nuestra tierra”.

Roca señaló que conquistaba esas tierras “para atraer al capital extranjero”. Los pueblos originarios –sus víctimas– defienden hoy las hierbas medicinales. Dos reacciones contra el ritmo impuesto por un sistema económico que hoy está aterrando al mundo entero. Habría que redefinir el sentido de la palabra “progreso” ". Fuente: Página 12 / 11-10-08

a. Expulsión mortal de los pueblos originarios

Darío Aranda señala: "En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país.

El Gobierno la presentó como una “reparación” para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos.

Desalojos diarios
Durante la noche, con metrallas, blindados y violencia. El 28 de julio último, en El Talar, departamento de Ledesma, Jujuy, en territorio ancestral de la comunidad guaraní Jase Endi Guasu, hombres, mujeres y niños fueron reprimidos, sus casas destruidas con topadoras y luego incendiadas.
El gobierno jujeño, por medio del Instituto de Colonización, había cedido esas 2000 hectáreas –con la comunidad dentro– para desmonte y posterior siembra de soja. La Justicia, de la mano del juez Argentino Juárez, ordenó el desalojo. La policía ejecutó la represión. La Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria (26.160) fue violada, aunque su artículo número dos es claro: “Suspéndase la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo”.

“La situación en El Talar fue grotesca. Se pisoteó la 26.160, pero es el botón de muestra de lo que sigue sucediendo en la gran mayoría de las provincias”, afirmó el abogado Enrique Oyharzábal, histórico defensor de las luchas indígenas del Noroeste del país.

Relevamientos frenados
“Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, legisla el artículo tres de la 26.160. A sólo un año de finalizar el plazo para el censo de tierras, aún no comenzó en ninguna provincia.

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) nuclea a familias campesinas e indígenas de Mendoza, zona por excelencia del pueblo huarpe en el norte provincial y mapuche en el sur. “No se detuvieron los desalojos, menos se comenzó con el relevamiento y reconocimiento de territorio. Es un deber del Gobierno y es claro que no lo está cumpliendo”, explicaron desde la UST, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

Para la realización del censo debía conformarse equipos técnicos en cada provincia. Pero ése fue otro botín de disputas políticas del gobierno nacional y los provinciales, donde se avanzaba o retrocedía según el signo político y el nivel de independencia del equipo. Ejemplos sobran: en Río Negro no se dio participación al Consejo Asesor Indígena, la organización mapuche más grande de la provincia.

Similar realidad ocurre en el resto del Norte argentino. “No hay ni un relevamiento. Está todo congelado. Da impotencia ver cómo pasa el tiempo y no hay voluntad política para avanzar”, afirmó Julio García, abogado especializado en derecho indígena, que desde hace una década acompaña a comunidades de Formosa, Chaco y Misiones. El Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (Emipa) coincide: “En Misiones no pasa nada. El gobierno provincial demora todos los intentos de avance y el INAI permite que las empresas, los particulares y el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten el territorio ancestral”.

En la Patagonia son otras las organizaciones pero los mismos reclamos. “No conozco ni una comunidad que haya sido relevada”, sintetizó Gustavo Macayo, abogado referente en las luchas indígenas del noroeste de Chubut. En la misma región, Mauro Millán –de la Organización 11 de Octubre– es más escéptico: “No sucedió ni sucederá nada. Es un reflejo de la política indígena del gobierno nacional y provincial, no cumplen ni una de las leyes que refieren nuestros derechos”.

El artículo cuarto de la ley asigna 30 millones de pesos para los tres primeros años. “Dudo de que el dinero exista”, arriesga Sonia Ivanoff, coordinadora del Equipo Técnico Operativo de Chubut, órgano oficial de implementación metodológico de la 26.160, y asegura que no ha bajado dinero a ninguna comunidad de esa provincia. El abogado chaqueño Julio García, que asesoró al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para la implementación de la ley, cree que el dinero existe, pero considera exigua la suma para la tarea a desarrollar y sospecha que tuvo un destino equivocado: “No ha llegado a ninguna comunidad. Toda la caja está en el INAI, ellos manejan a antojo, compran y cooptan, y no rinden cuentas a nadie”.

“La falta de aplicación de esta ley en beneficio de las comunidades, la inexplicable demora en la aplicación del programa de relevamiento y el ocultamiento de la información sobre fondos públicos que deberían destinarse a las comunidades dibujan el más lamentable de los escenarios: el presupuesto de 30 millones es, al menos en Río Negro, un botín de fondos públicos destinado a alimentar un grupo de burócratas que ejercen como mapuche profesionales”, advierte el comunicado del Consejo Asesor Indígena". Fuente: Página 12 /12-10-08

b. Criminalización de las organizaciones y luchas de campesinos y de trabajadores rurales

Prensa De Frente informa en "Mendoza: criminalización de la lucha. Continúan las detenciones a sin tierra en Argentina" que "numerosas detenciones viene sufriendo en los últimos días el Movimiento Campesino de Santiago del Estero en Vía Campesina (MOCASE VC - MNCI). El pasado martes, la criminalización se mudó a Mendoza. Tres miembros de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST - MNCI) fueron detenidos e incomunicados durante más de diez horas. Sobre una decena de miembros de esa organización pesan pedidos de captura y arresto.

A continuación publicamos el comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización de campesinos de Mendoza:
Detienen y persiguen a Campesinos de la UST

En Jocolí (Mendoza), se continúa criminalizando a los campesinos que se organizan para defender sus derechos. El martes 7 de octubre tres miembros del movimiento campesino fueron detenidos e incomunicados durante más de 10 (diez) horas, a esto se le suma el pedido de captura y arresto de más de 10 miembros de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.

José Quintero vive en Jocolí y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), su padre criaba cabras en el lugar desde el año 1976 y el continuó su oficio. Desde hace más de veinte años ocupan y poseen efectivamente una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. De eso vive él y su familia que incluye a siete hijos.

A principios de este año, irrumpió en la finca un empresario diciendo que era el dueño porque la compró en un remate, el mismo intentó desalojar a José, pero él ha continuado resistiendo y pastoreando sus animales. La propiedad fue rematada de manera irregular con edictos falsos y otras irregularidades, además José cuenta con actas notariales y testigos que acreditan su posesión veinteñal.

José nunca fue notificado del remate.
Ante una presentación judicial de los abogados de la UST, el juez que entiende en la causa ordenó la “suspensión de todos los procedimientos del remate”. La propiedad no pudo ser inscripta por estos empresarios, pero de igual manera metieron topadoras y comenzaron a incendiar el monte. La policía de Jocolí no tomó las denuncias de José y fue él mismo que junto a vecinos y compañeros campesinos, detuvieron los incendios y la topadora, hasta que Recursos Naturales de la provincia ordenó detener el desmonte por no estar autorizado.

El viernes 3 de octubre el empresario Oliveri, volvió al ruedo y ordenó comenzar a alambrar, José tuvo que discutir mucho y hasta recurrió a llamar a vecinos y al abogado para que le tomaran la denuncia en la subcomisaria El porvenir de Jocolí, pero la policía no intervino.
El Martes por la mañana empleados del empresario continuaban con el alambrado, José se interpuso en forma pacífica para que no continuaran, y más de 15 compañeros y compañeras se citaron en el lugar para servir de testigos del hecho. Inmediatamente se presentó montado a caballo y portando un cuchillo de 30 cm de largo en la cintura uno de los guardias del empresario denominado Carlos Ferreira. En los antecedentes de este señor, figura que fue dado de baja en la policía por torturar a un hombre de Lavalle y que en la actualidad opera para algunas empresas como encargado de seguridad y de “relaciones” con la policía.

El denominado guardia del empresario, “pidió” por teléfono que venga un móvil y fue así que dos oficiales intervinieron violentamente y amenazando que “si en 10 minutos no se iban todos los sin tierra los guardaban por un rato”. Se fueron y José Quintero y otra compañera permanecieron en la línea del alambrado para evitar que avancen.
La policía volvió a intervenir, pero esta vez ordenó que detengan los trabajos y dijo que iba a decidir la fiscal. Solicitó a José que los acompañara a la subcomisaria para hablar con la Fiscal e individualizaron a todos los presentes tomando datos personales de los mismos.

En la subcomisaria, lejos de hablar con la fiscal fueron detenidos e incomunicados José Quinteros y Diego Montón (que lo había acompañado), bajo el cargo de “turbación a la posesión de la propiedad”. El oficial “Medina” dijo que la fiscal ordenaba detener a todos los “Sin Tierra”, fue así que interceptaron a María A Guisáosla, que estaba yendo a desempeñar su labor docente en un auto, la detuvieron y llevaron a la subcomisaría. Además, Medina impartió la orden de detener a otros 10 miembros de la UST.

De continuar los alambrados y el desmonte las cabras de José no tendrán forraje y por lo tanto la familia deberá abandonar la actividad y seguramente el campo para emigrar a la ciudad como tantas miles de familias ya fueron expulsadas.

El empresario esta vinculado a la liga de remates y se dedica a apropiarse de fincas y conseguir inversores en Buenos Aires, que sin conocer la historia de las mismas sueñan con una finquita en Mendoza. En reiteradas ocasiones el móvil de la policía y varios efectivos pueden verse presentes en asados que organizan los empresarios en otra de sus fincas en Jocolí, también adquiridas bajo la forma de remates.

Con extraña coincidencia el miércoles 9 del corriente mes y en horario matutino, la policía retuvo uno de los vehículos que usa la UST con la excusa de que la autorización notarial de manejo ya no es legal para transitar. Sin embargo en el registro el automotor hay un cartel enorme que dice que ese documento es válido. El vehículo quedó requisado en San Agustín.

Según Medina la fiscal que ordenó el operativo de detención y de “proteger” a los “trabajadores” que están alambrando y tienen “derechos laborales de trabajar sin ser molestados” se llama Patricia Atur de la sexta fiscalía correccional de Mendoza.

La UST cuenta con fotos y testigos de los hechos para demostrar que no existió ningún hecho de violencia de parte de los campesinos.
Denunciamos la clara parcialidad con la que actúa la policía de la subcomisaria El Porvenir de Jocolí y las medidas arbitrarias e ilegales que ordenó la fiscal ATUR.

c. Zonificación que posibilite áreas liberadas para el saqueo de minerales irrepetibles pero las poblaciones resisten

La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) aclara:"Al sur del Chubut, en Aldea Beleiro, límite con Chile, numerosos ganaderos, alistados para resistir al invasor minero, advierten angustiados cómo el gobierno del Chubut se apresta a legislar una zonificación que posibilite áreas liberadas para el saqueo de minerales irrepetibles. Con el uranio se llevarán el valioso renio que abunda en un orden entre diez y veinte partes por millón en la roca, en tanto el geólogo se apura a confirmarme que en suelo norteamericano apenas aparece entre una y dos partes por millón.

Aldea Epulef es un minúsculo paraje de ciento cincuenta habitantes al oeste de la provincia del Chubut, en la comarca de la meseta central, departamento Languiñeo, voz mapuche que alude a “muchos muertos”, en referencia a un cruento combate entre tehuelches y mapuches.
El lugar, de setenta mil hectáreas, nació como reserva indígena en 1919 y más tarde, en 1982 se crea la comuna rural de Aldea Epulef.
Fuimos hasta allí con los compañeros de la Asamblea de Vecinos de Esquel No a la Mina, por decisión de sus habitantes, una comunidad alarmada por cateos mineros de oro y plata y la eventual explotación de los yacimientos de uranio de Cerro Solo. El poblado se halla a setecientos metros de altura, casi tapado por la nieve que habrá de conservarse intacta buena parte del invierno.

Allí exhibimos dos películas documentales sobre la explotación minera; una de ellas, Valle Nuclear, presenta el cuadro desolador y de abandono de la explotación uranífera de la mina Don Otto en los valles calchaquíes salteños del noroeste argentino y sirvió de referencia para explicar la situación en la que también se hallan los yacimientos no remediados de Los Adobes,en Paso de Indios, centro de Chubut. El viento austral nos trajo el recuerdo de las partículas contaminadas con el gas radón que es capaz de transportar la radiación mil kilómetros a tan solo dieciséis kilómetros por hora.
Son muchas las localidades en inmediaciones de yacimientos mineros en la meseta chubutense que se hallan en estado de alerta, convocadas por invisibles tambores de resistencia contra la contaminación y la destrucción de economías y culturas ancestrales.Son parajes diseminados interrelacionados en franca rebelión.

Son insignificantes los 40 kilómetros que separan a la aldea de una de las mayores cuencas de uranio del país. El subsuelo subastado entre las corporaciones del sector se ha generalizado de tal forma que la bastedad de los yacimientos de uranio, desde el norte de la provincia de Chubut hasta el centro de la contigua Santa Cruz, comprende una virtual guerra mercantil entre mineras que tironean por anomalías prospectadas hace tiempo por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La CNEA balconea el despojo y participa impotente de un uranio del que ya siente nostalgia. Más hacia el este, emerge el proyecto de plata y plomo Navidad, uno de los más fastuosos de Sudamérica en manos de transnacionales canadienses.
Al sur del Chubut, en Aldea Beleiro, límite con Chile, numerosos ganaderos, alistados para resistir al invasor minero, advierten angustiados cómo el gobierno del Chubut se apresta a legislar una zonificación que posibilite áreas liberadas para el saqueo de minerales irrepetibles. Con el uranio se llevarán el valioso renio que abunda en un orden entre diez y veinte partes por millón en la roca, en tanto el geólogo se apura a confirmarme que en suelo norteamericano apenas aparece entre una y dos partes por millón.

El Estado de impunidad se hace patente en esta nueva conquista del 'desierto' -como en aquel lejano pasado- su población es invisibilizada, es un desecho a eliminar del camino a la posesión que enriquece extraordinariamente y no importa matar, torturar y despojar de todo a personas, familias, comunidades.

Echadas de su terruño y sin nada, engrosarán las villas miserias de las grandes ciudades o conurbano bonaerense. A causa de su desarraigo, desamparo total, su pobreza y hambre serán objeto manipulable por el régimen político de Argentina que sólo mira hacia la participación contínua en los grandes negocios del poder económico.

Esas burocracias políticas y sindicales no les importa cometer genocidio ni destruir el país: tienen fueros parlamentarios, mayoría automática, súper poderes públicos, Consejo de la Magistratura, feudos, mafias...
Ya Néstor Kirchner opera para su candidatura a diputado de la provincia de Buenos Aires manejando los fondos públicos para usar los aparatos clientelares del conurbano.

Encima los Kirchner tienen una claque para todas las decisiones claves que está constituida por quienes se reivindican de izquierda e incluso revolucionarios y de posición crítica ante la gestión K.