I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

El boom sojero para el enriquecimiento sideral de oligopolios y
el elevado superávit primario provoca, por ejemplo,
lo que
denuncia -a través de Tierra Amiga :: Colectivo de comunicación de Amigos de la Tierra- el
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA (del MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA):

La gravedad del despojo de las tierras en la provincia de Córdoba alcanza
proporciones alarmantes, desde finales de los años ochenta disminuyeron en
un 36% la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares, alcanzando
en el caso de las pequeñas unidades campesinas a casi el 50%.

Impulsado
por el monocultivo de soja, los 2 millones de hectáreas de aumento de
la superficie agrícola han sido aportadas por el norte de nuestra provincia.
Lo que, desde el 98, se consiguió a costa de unas 500 mil hectáreas de
bosque nativo y de la pérdida de un 1 millón de cabezas bovinas.

En las zonas serranas la realidad no difiere, ya que se han venido
llevando acciones que están demostrando el avance de inversores
que van más allá de

los derechos de las familias. Derecho a vivir, crecer y
producir donde y como ellas decidan.

Ante esta situación, el Estado no contempla ni da respuestas a
los problemas
que demandan soluciones inmediatas. Mientras tanto,
los empresarios de la zona continúan con el desarrollo impulsivo de
negocios inmobiliarios: countries y barrios cerrados con amplios espacios de esparcimiento donde además se trazan vías de acceso y de comunicación
entre los mismos,
avasallando la vegetación autóctona e incluso cercando cursos de arroyos
de uso público y para sus propios beneficios.(...)

La inoperancia del registro de poseedores

El Movimiento Campesino de Córdoba, ha presentado más de 300 trámites en
el cuestionado Registro de Poseedores, en el marco del programa Tierras para
el Futuro.
Los expedientes iniciados por las familias "duermen" en la Secretaría de Justicia,
los conflictos se han incrementado
debido
al mecanismo de los trámites y éstos no generan garantías jurídicas
de ningún tipo. Todo ello se suma a las profundas sospechas que generan las últimas
actuaciones
del Registro Provincial de la Propiedad y el desempeño de los jueces de paz.

La posición del Movimiento Campesino

La lucha es por el derecho a la tierra de quien la posee y por el acceso a
la tierra del que no.
Por justicia, Educación, Soberanía Alimentaria y por
las garantías de poder desempeñar una vida digna en respeto con y en
el medio ambiente.

Exigimos a los poderes provinciales tener un marco amplio de respuestas
para la problemática de la tierra en Córdoba.
El Movimiento Campesino inició, en mayo, un plan de lucha que incluye
exigencias que tienen que ver con el futuro de las familias que lo integran,
el Movimiento quiere dejar claro que no negociará ni se detendrá,
sino que
incrementará las movilizaciones, y las acciones directas
en el campo y en las ciudades.

"Porque estamos cansados de que la balanza de la justicia se incline
siempre para el mismo lado, el de los poderosos, que se están quedando con
nuestras tierras en sus manos, expulsando a las familias campesinas".

¡BASTA DE DESALOJOS!
¡NO MÁS TIERRA EN POCAS MANOS, NI MUCHAS MANOS SIN TIERRA!

Organización Paravachasca:
redparavachasca@yahoo.com.ar
Cel: (0351) 156854234
(03547) 430596

Fuente: tierra@riseup.net
tierraamiga@lists.riseup.net
www.amigos.org.ar

A lo largo y ancho del país, los 'inversores' respaldados directa o indirectamente por
el Estado
están desalojando a los campesinos y los pueblos originarios.

La concertación -como perversidad de la política- nos lleva a aplaudir y respaldar
al crecimiento económico y al superávit
que nos despojan
de todos los derechos humanos y ponernos en contra de quienes luchan,
resisten y se esfuerzan por otra Argentina.

Es hora de expandir y multiplicar la deliberación pública que parta de escuchar
a las organizaciones
de las villas miseria, las comunidades rurales, los trabajadores desocupados y de
las empresas recuperadas, los jubilados y los pensionados,
los deudores hipotecarios,...
y de las poblaciones contra la contaminación ambiental
para hermanarnos y
decidir sobre el destino en común.
 

"Aunque bajo la convicción general de que
no alcanza ni de lejos para tirar manteca al techo,
nos dicen que
la pobreza en Argentina bajó muy fuerte.
«Sólo» quedan, señala el Indec, algo más de 30 por ciento de pobres e indigentes.

Unos 12 millones y pico de personas, respecto de las cuales la sensación es, siempre, que no se toman como tales, sino como
meros números
que se comparan con, en este caso, el estallido explícito de 2001/2002. Doce millones y pico. Doce millones cien mil, para ser más precisos".

Eduardo Aliverti, en "Cifras", invita a que
nos ubiquemos:

"los argentinos pobres e indigentes son casi 173 canchas de River llenas por completo. Y vayamos al superávit fiscal.
Es decir, lo que ahorra el Gobierno.
Más de
2200 millones de pesos en agosto, y unos 7500 millones proyectados para cuando termina el año. Una cifra, caramba. ¿Para qué se usa,
siendo que hay la urgencia de casi 200 Monumentales que están llenos de pobres e indigentes?

A este tipo de señalamientos suele cargársele la cruz de ser una simplificación barata de la realidad,
en tanto la lectura ejecutiva de los números es y debe ser mucho más enroscada, porque una cosa es gobernar y otra ser un simple comentarista.
Sacar de un lado y poner en otro es algo infinitamente más complicado que escribirlo o decirlo desde la comodidad analítica de cuentas que se hacen rápido.
Es cierto,
pero también lo es que bajo ese lícito razonamiento algunos intentan volver complejas esas mismas cosas, esos mismos números, hasta llevarlos al extremo de que el análisis quede reducido a un grupejo de «especialistas» interesados en que
(la interpretación de) las cosas y los números no se muevan de donde están.

Las cifras oficiales acaban de admitir que, a pesar de los índices chinos de crecimiento de la economía, uno de cada tres argentinos continúa viviendo en un hogar pobre.
Eso es
en tanto se establezcan promedios, porque si se trata de Resistencia, Salta, Posadas, Corrientes o Formosa,
estamos hablando de que es pobre uno de cada dos habitantes.
Más
lo siguiente, que es un escándalo omitido a la hora de hablar de pobres y que revela hasta qué punto los sectores más lúcidos de la sociedad, inclusive, toman a los números de manera secamente estadística:

la baja de la pobreza anunciada por el Gobierno se refiere al nivel de ingresos, tomando como límite la cantidad de gente que no llega a cubrir la canasta básica de bienes y servicios.

Esa canasta, en agosto pasado, era de 862 pesos para un matrimonio con dos hijos.
De manera
que unos pesos por encima de ese ingreso lo transforman a uno de pobre en clase media-baja o media, mire qué milagro de las estadísticas.

Aun cuando se dejara de lado la obviedad de semejante observación; y aun cuando
se apartara también que la pobreza no es una cuestión de ingresos que fluctúan mes a mes algo para arriba o algo para abajo, sino una razón estructural relacionada con
la calidad de vida
en términos de servicios a los que se accede y perspectivas de mejoramiento
(si no tengo cloaca, ni forma de comprarme algo de ropa, ni de mínimo esparcimiento consumista, pero una changa me permitió arrimar en forma temporaria 100 pesos más a lo que gano, ¿dejo de ser pobre?), aun así las cifras divulgadas y aceptadas
son escalofriantes a presente y a futuro.

El colega Sebastián Campanario, de Clarín, lo precisó, dándoles sentido a los números, en una columna del jueves último. Incluso bajo el más benévolo de los escenarios,
con
crecimiento del PBI a tasas altas y una disminución acelerada del desempleo hasta llegar al 5 por ciento,
un cuarto de la población argentina seguirá por debajo de la línea de pobreza.

En ese «mejor de los mundos»,
de los 40 millones de argentinos, 10 millones serán pobres y 4 millones indigentes.
Y de
continuar el actual patrón distributivo, dentro de 3 años será pobre un tercio de
los menores de 15 años. Y un millón y medio de esos menores será indigente. Campanario cita al sociólogo Artemio López
y su hipótesis de
la «pobreza perpetua», según la cual las perspectivas de mejora de estos índices
«son discretas y deben ser previstas».(...)

Se repite: la simplicidad de los números no va en perjuicio de
que
modificarlos es una tarea titánica, pero tampoco va en contra de
la necesidad de asumirlos como un hecho grave.

Los títulos de los medios trataron las cifras oficiales de pobreza
desde
una mirada poco menos que exclusivamente optimista, y nadie niega que por lo menos no se está peor de un cierto tiempo a esta parte.
Pero
quedarse allí es de un cortoplacismo irresponsable, tilinguesco, amateur.

Alguien tiene que preguntarse si la hipótesis de la pobreza perpetua puede ser cierta. Pero antes que ésa
hay otra pregunta:

¿al resto de la sociedad le preocupa quedar rodeada de pobreza perpetua y
que el tema deba considerarse prioridad nacional?
¿O hay el cinismo de decirnos que pobres hubo siempre?".

Fuente: Página/12, El país - Opinión 25-9-06
www.pagina12.com.ar

La concertación conmina al cinismo de decirnos que pobres hubo siempre
e ignorar que
más tarde o más temprano seremos arrojado hacia
esas condiciones infrahumanas de vida.

Por el contrario,
el Estado y la sociedad que debemos organizar e instaurar -los de abajo- es para
el desarrollo de la igualdad de oportunidades de todos y el bienestar común.

 II.  ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

Raquel Gutiérrez Aguilar explica:

"La intención de precisar lo que entendemos por neoliberalismo, está en que
sólo así sabremos qué esperar de la lucha por
«derrotar al neoliberalismo»,
que es a fin de cuentas aquello en lo que cualquier izquierda que se respete debiera concentrarse.

Más allá de
la apertura de los mercados de bienes y capitales,
de los múltiples mecanismos de supuesto «adelgazamiento del Estado» y
«reformas estructurales»,
de reformas fiscales y monetarias y de la construcción paulatina de un entramado legal - nacional e internacional- que
busca la preservación del orden imperante;

hay cuando menos tres elementos abstractos
que
permiten entender la lógica interna de
la contemporánea ofensiva general del capital contra el trabajo que toma el nombre de neoliberalismo:

i) El neoliberalismo ha sido una ofensiva política y económica en toda la línea contra la población trabajadora de todos los países de América Latina.
Con el neoliberalismo
se ha establecido una nueva forma de «uso de la fuerza de trabajo»
basada en
su más radical depreciación, en su ampliación bajo modalidades anómalas e informales, en formas intensas de sobre-explotación que combinan
maneras que parecían ya superadas de elevación de la plusvalía absoluta,
con
nuevos mecanismos de elevación de la plusvalía relativa.

Es decir, el neoliberalismo se despliega en una sistemática y permanente pelea por imponer condiciones inadmisibles
para
el uso de la fuerza de trabajo y es, en este sentido,
una continua acción de sometimiento de la capacidad de trabajo.

ii) El neoliberalismo ha consistido, también, en una gigantesca acción de despojo, de acaparamiento y monopolización
de
la riqueza social acumulada por generaciones. La ola de privatizaciones de
empresas estratégicas de petróleo, energía eléctrica y agua anteriormente públicas, de la seguridad social y los fondos de pensiones, de la tierra y los servicios
en
todos los países de América Latina, con sus variantes locales de «capitalización», «apertura de mercados» o directamente entrega al capital transnacional, es
la forma como se ha llevado a cabo el saqueo.

iii) El neoliberalismo ha ido de la mano con el desmantelamiento
de
las estructuras sociales que garantizaban la posibilidad de ejercicio de determinados derechos colectivos anteriormente reglamentados y que habilitaban ciertas formas de participación política,
a través de los cuales no sólo se garantizaban algún nivel de participación social en
el conjunto de la riqueza social
sino que,
también, jugaban un papel en la posibilidad de los distintos segmentos sociales de influir en las políticas nacionales.

A través de una sistemática destrucción del tejido social,
el neoliberalismo
ha buscado convertir a la sociedad en un conjunto controlable de ciudadanos aislados, manipulables e impotentes, concordantes con los planteamientos básicos de la democracia liberal formal.

Tal destrucción e impotenciación ha ido paralela a innumerables esfuerzos
de

• contención legal de la protesta,
   

• limitación de los derechos de participación política
  -por la vía de la partidización de la sociedad- y
  de criminalización
  de la lucha social que pueden rastrearse en las distintas leyes de «seguridad» y reformas políticas promulgadas en casi
  todos nuestros países en los últimos 10 años.

Así, estas son las cuestiones que considero centrales para entender el significado de la ofensiva neoliberal:
sorda guerra por imponer cierta forma de uso de la fuerza de trabajo, acaparamiento y despojo de la riqueza social acumulada y vaciamiento y anulación de la capacidad política de la sociedad.(...)".

Ciudad de México-La Habana, abril-mayo de 2004
Ponencia presentada en el Foro sobre izquierda en América Latina, sábado 8 de mayo, Ciudad de México.

Fuente: www.lafogata.org
La izquierda debate

La concertación pretende cristalizar
la impunidad
del sistema de saqueo y sometimiento
que está implícito en el clima de negocios o «seguridad jurídica»
de
los que llama 'inversores', en verdad, los beneficiarios y hacedores de la globalización
genocida y devastadora del planeta.

Como un mecanismo esencial a la concertación se halla la criminalización
tanto de la pobreza como de la lucha por reivindicaciones
porque,
a semejanza del terrorismo de estado de hace treinta años, instaura la expulsión
de una buena parte de la sociedad y la erradicación del más nimio cuestionamiento
al
modelo mirando en exclusivo hacia el enriquecimiento de los poderes establecidos.

De ahí la importancia de derrotar la criminalización-judicialización
mediante
la recuperación de todos los espacios públicos para encontrarnos y debatir
significados y sentidos de esa 'paz social' en contraste con la Argentina mirando
por las necesidades e intereses populares.

Muchos han sido asesinados en las luchas de las organizaciones de los trabajadores desocupados y ocupados o en las masacres de 1955, 1973, 1994...2001, 2002, 2004.
También,
desde el gobierno de Alfonsín, se ha hecho desaparecer personas.

CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional,
recuerda:

Los desaparecidos de La Tablada en 1989 y
la desaparición
de Raúl Baigorria y Adolfo Garrido en 1990 y Pablo Guardatti en 1992, en Mendoza;
de Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos en 1994 y Elías Gorosito en 2002;
de Miguel Bru y Andrés Núñez en La Plata (este último asesinado y desaparecido en 1990 encontrado recién en 1995);
y más recientemente
la media docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia,
como Hugo Alvarez, Iván Torres y Miguel Linares.

Todos sumados a los más de 2000 asesinados por las fuerzas represivas del estado desde 1983, muchísimos de los cuales "desaparecieron" antes que sus cuerpos mutilados, torturados o fusilados fueran encontrados.

Sostiene:

La desaparición de López no es una excepción ni un caso aislado
y, junto a estas otras desapariciones y asesinatos,
responde a un plan político, social y económico que se sigue sustentando desde la última dictadura,
y que demuestra la falsedad de aquel "fin de la impunidad"
que anunciara
Kirchner cuando logramos la nulidad de las leyes del perdón.

La lucha por la aparición con vida de Julio López no debe encararse como
una defensa de la "democracia",
sino como 
la denuncia de la política represiva estatal y
de su siempre renovado aparato represivo, lo que no se soluciona con "mejorar" o "humanizar" a
la institución policial, que responde a un programa político de estado vigente que reprime y mata sistemáticamente como
principio de control y disciplinamiento social.

La Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y las demás fuerzas no actúan aisladamente, ni tienen políticas autónomas.

Por eso responsabilizamos a Kirchner y Solá por la desaparición de López, marchamos el miércoles 27 de septiembre de Congreso a Plaza de Mayo, y exigimos:
Aparición con vida de Jorge Julio López.
Esclarecimiento del hallazgo del cuerpo calcinado y abandonado estratégicamente en
las inmediaciones de Punta Lara.
Basta de gatillo fácil y torturas en las comisarías.
Libertad a todos los presos políticos.
Cárcel efectiva y común a los genocidas de ayer y de hoy.
Basta de muertes en las cárceles y castigo a los culpables de
la masacre del Penal de Magdalena.

Fuente: www.lafogata.org
27/9/06

Ya en agosto Correpi presentó su Informe de Situación de los Derechos Humanos en la gestión de Kirchner denunciando

• los asesinatos de 505
  jóvenes entre 15 y 25 años por gatillo fácil(53%) y por torturas en cárceles y comisarías(45%);
   

• las persecuciones por razones políticas, los aprietes, las represiones a movilizaciones, las "patotas" oficiales,
  los presos políticos y los procesados por reclamos de derechos.

Entonces, desde la dictadura, el neoliberalismo progresa por construcción de consenso y
por perfeccionamiento de la represión.

Mariana Collante señala:

"La vigencia de códigos contravencionales o edictos policiales en todo el país
legitima
la represión contra los sectores excluidos.
De esta manera, el Estado argentino se da una política de derechos humanos hacia
el pasado desentendiéndose de sus propias prácticas en la actualidad.

En este sentido, ANRed preparó un informe que consta de cuatro partes
que analizan
el tema desde diversas ópticas. En la primera de ellas, el entrevistado es el antropólogo Pablo Ben, quien nos lleva hacia los comienzos del siglo XX para brindarnos una mirada sobre
las clases populares, su correlato con el ejercicio de la diversidad sexual
y la instalación de legislaciones represivas.

Los edictos y códigos contravencionales
legitiman
prácticas policiales sin interferencias
del poder judicial y, por lo tanto,
la persona que
es víctima de aplicación no tiene
ningún tipo de defensa.

El antropólogo Pablo Ben considera que
«los diferentes gobiernos, a lo largo de la historia, han avalado y avalan la existencia de estos reguladores sociales».

Para denunciar esta situación de violación a los derechos humanos
diversas organizaciones antidiscriminatorias
como
Correpi, Área Queer, ALITT, MAL, La Fulana, ATTTA, Vox Rosario,
Liga por los Derechos del Hombre, etc.
impulsan la
«Campaña Nacional Contra la Represión y Discriminación a Personas GLTTTBI».

Durante el año se celebraron varios encuentros a nivel regional para
consensuar
estrategias que hagan evidente lo que para el gobierno no lo es.

Ya esta previsto que el próximo 10 de diciembre, en el «Día de los Derechos Humanos», se entregará al gobierno de Néstor Kirchner un informe sobre la temática citada.
Para esto
se organizará un acto público bajo la consigna «A 30 años del golpe, el Estado sigue reprimiendo».

Fuente: www.anred.org
24/9/06

La concertación supone la continuidad de fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia
con
la función de privilegiar la propiedad privada y negocios sobre la vida de las mayorías
que, por otra parte, responde al  "plan político, social y económico que se sigue sustentando desde la última dictadura"
de sostener la transferencia de riquezas e ingresos desde los de abajo hacia
la gran burguesía local e imperialista sin importar expulsar hasta del sobrevivir.

Desde la última dictadura, rige la ley de Entidades Financieras haciendo predominar
la economía de casino sobre la producción y el trabajo en Argentina
y
se enyuga a los de abajo en el pago de la deuda fraudulenta y en constante incremento
mediante reducción de salarios y desmantelamiento de la educación pública,
la salud pública, la seguridad social, etc.

De modo que no es cuestión de depuración del aparato represor que se acuerda
con
toda la estructura socioeconómica de poder opresor, mafioso y traficante.

La Fundación Adoptar ha denunciado la desaparición de 30.000 recién nacidos
desde
el comienzo de las democracias restringidas sin que el gobierno de Kirchner
se haya responsabilizado
por poner fin a ese tráfico, al contrario, deja operar las intimidaciones.

Hay, también, secuestros y desapariciones de niños, adolescentes, mujeres con
total impunidad. Y tantos talleres con esclavos trabajando para firmas de alta costura.

Si la voluntad de una creciente mayoría es asumir la construcción de otra Argentina
y otro mundo
resulta perentorio derrotar a la censura sobre ese funcionamiento lucrativo,
el aislamiento
y la persecución de quienes luchan por acabar con esos aparatos de desintegración social e individual.

Por adaptación al sistema expoliador, parece imposible organizarse colectivamente
con el objetivo
de
no tener que trabajar en negro, arriesgarse a morir o enfermarse con tal de conseguir
un salario, defender sus derechos ante la patota sindical, etc. 
Menos concreto y realizable por los de abajo resulta el ideal de emancipación de
los opresores.

Pero se van esbozando sendas hacia el cambio radical en las reglas de juego que imponen
las clases dominantes y sobre todo cuestionamientos de los de abajo a
su forma de asumir la realidad social que posibilita
la tiranía de los poderes establecidos.

Entre los de abajo aumentan quienes descubren que

la corrupción no es una suciedad a limpiar
sino es esencial
para disfrazar la usurpación de los poderes públicos en 'democracia'
y para justificar la superexplotación de los trabajadores,
la privatización de lo público...;

la impunidad de terrorismo de estado, de  gatillo 'fácil',
de comisarías, de cárceles e internados
como 
la de los gobiernos de entregar el país y ejercer sobre
la población la violencia de despojarla de todos sus derechos
y
la de los grandes capitales locales e imperialistas de arruinar,
desalojar, esclavizar, desertizar
responde
a que la justicia acuerda con los intereses de
las clases dominantes.

De ahí la importancia de los esfuerzos por constituir un movimiento contra la impunidad
desde
el espacio Articulación de familiares, sobrevivientes y amigos de quienes
fueron masacrados en Cromañón.

Lo hacen junto con la Agrupación por el esclarecimiento
de
la Masacre Impune de la AMIA (A.P.E.M.I.A.) y otras organizaciones.

Mejor aún, conciben ese movimiento como

• unificación de las luchas contra la variedad de expresiones de la impunidad propia al sistema capitalista;
   

• resistencia a la explotación,
  a
  la marginación social, la discriminación y 
  la injusticia en general;
   

• iniciación de un camino hacia la libertad colectiva e individual.

 III.  ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

Algunos ejemplos lo prueban:

a. El programa conservador del Ministerio de Desarrollo Social

Consiste en el armado de un electorado cautivo por sus necesidades básicas insatisfechas de un modo definitivo a causa del avance neoliberal.

Se diseña como beneficencia sólo previo a las elecciones, se da parte mínima de
los fondos públicos y se usa a ésta para beneficio propio: ser votado por la mayoría.

Cuando «desarrollo social»  implica las políticas que crean las condiciones de vida y
trabajo, seguridad jurídica e infraestructura socioeconómica implícitas en el bienestar
de la población.

Pero, sobre todo, promueve el protagonismo de los trabajadores y los otros componentes populares de suerte que sean ellos los hacedores de su calidad de vida y de convivencia,
es decir,
facilita su emancipación a diferencia del asistencialismo que esclaviza y mantiene en
el hambre, la desnutrición, las enfermedades de la pobreza, el analfabetismo,
el desempleo, el desamparo o los encierra en cárceles superpobladas y en condiciones infrahumanas.

En una planificación verdadera del desarrollo social, los fondos públicos tienen que destinarse
al sistema de salud pública, al de educación pública,
a la construcción de viviendas provistas de servicios públicos y saneamiento ambiental para las mayorías y
al desarrollo rural-urbano.

b. El presupuesto fraudulento.

Daniel Muchnik, en "Un presupuesto «irreal» a la medida del Gobierno"(Clarín 2/10/06),
dice:

"El Proyecto de Presupuesto Nacional 2007 expuesto en el Parlamento,
subestima
tanto el crecimiento de la economía como los niveles de inflación
y del mismo modo, las necesidades del gasto.

Con este procedimiento el Gobierno, podrá disponer de los excedentes fiscales
que se generen,
que luego podrá asignar vía los superpoderes y decretos de necesidad y urgencia.
Todo sin pasar (como debería ser, siguiendo la Constitución) por el Congreso.

Este procedimiento, en un año electoral, se configura como
una herramienta política clave.
Se estima
que la diferencia entre los ingresos reales y los proyectados podrían rondar
los 10.000 millones de pesos.

Esto no es una novedad porque es lo que fue sucediendo en
el país
desde 2003 en adelante. Los proyectos de Presupuesto
se presentan intencionalmente como austeros
y «conservadores»
con la finalidad de manejar, en el ínterin, discrecionalmente,
el exceso de recaudación.

Por ese motivo, el Presupuesto ha perdido relevancia como eje de
la previsión económica, indispensable para todos los sectores de
la vida productiva.(...)".

Muchnik termina su nota señalando:

"En el Presupuesto 2007 -además- quedan afuera
del control de la Secretaría de Hacienda
los recursos
otorgados a 15 fondos fiduciarios y a diferentes entes del Estado,
algunos de los cuales fueron excluidos del
Sistema Integrado de Información Financiera".

c. La entrega de bienes y fondos públicos a los 'inversores'

Antonio Rossi (Clarín 1/10/06) informa:

"Pese a la polémica que se registra
por el manejo y el destino de
los recursos
que se movilizan por esos canales,
el Gobierno se apresta a crear otro
«fondo fiduciario»
que tendrá como destino específico
el sector ferroviario.

Tomando como base el «Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura»
creado por la administración de Fernando de la Rúa, la Secretaría de Transporte
que
conduce Ricardo Jaime, diseñó un nuevo esquema para financiar los grandes proyectos
del área de los ferrocarriles.

El nuevo instrumento -que se aprobaría en los próximos días por
un decreto de necesidad y urgencia-
se denominará
«Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura del Transporte Ferroviario»
y tendrá una duración mínima de 30 años.

El Fondo(...) tendrá como principal sustento los predios e inmuebles ferroviarios
que no fueron concesionados y que ahora están en la órbita del ONABE,
el ente administrador de los bienes estatales.

Una vez que pasen al patrimonio del Fondo, los activos ferroviarios
-como los que están en Retiro y Liniers- podrán ser vendidos, alquilados o cedidos
en forma directa
con el fin de obtener los recursos necesarios para el repago de las obras ".

De esta manera el impune Ricardo Jaime
"pasará
a administrar una herramienta financiera y presupuestaria clave,
que se sumará al manejo de los subsidios a colectivos, trenes y camiones,
que
implican un desembolso mensual de $120 millones(...)".

En "Planes de Vivienda. Para que nada cambie" Sergio Zeta plantea:

a. Cómo ilusiona el Gobierno resolver el problema de la vivienda

Relata que Guillermo Moreno, secretario de comercio interior, dice:
"Con este proyecto
estamos transformando a los inquilinos en propietarios".

Señala:

"Moreno acuerda con los banqueros el lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios para inquilinos. La baja de menos de medio punto en los intereses como toda novedad, no los privó de festejar la iniciativa.

Ahora nadie puede hacerse ilusiones sobre los alcances de este proyecto,
cuando
el propio diario oficialista Página 12 calcula que se debería tener un ingreso cercano a los 3.500 pesos mensuales para acceder a los créditos.

Aunque concebido sólo para favorecer a un pequeño sector de
la clase media, el gobierno espera le sirva para aparecer como ocupándose del problema.
Como siempre, son los banqueros quienes una vez más harán negocio.

Pero según reconoció una funcionaria del Consejo Nacional de la Vivienda, son 2.640.000 (un 25% de la población)
los hogares con graves problemas habitacionales.

Y más allá de todo el barullo armado alrededor del plan gubernamental,
para el pueblo,
para la inmensa mayoría de los trabajadores -con salarios por debajo de los índices de pobreza- el sueño de la vivienda seguirá siendo inalcanzable.
Y
lo seguirán paliando como se pueda, hacinándose en la casa de un familiar al no poder pagar un alquiler, multiplicando las villas a todo lo largo del país, ocupando casas, o en hoteles y piezas subalquiladas.
O directamente
en la calle, hasta caer en las garras de la locura o la muerte. Porque nadie puede tolerar esta situación indefinidamente".

b. Cómo el modelo avanza en contra de los derechos esenciales mayoritarios

Advierte:

"Una vivienda digna es mucho más que un techo. Forma parte de un hábitat capaz de
garantizar a toda persona «un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia
la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios»
como lo establece
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo el gobierno, que gusta mirarse en el espejo de los «derechos humanos», intenta
barrer bajo la alfombra la carencia de los derechos más elementales.
Porque el actual boom inmobiliario y de la construcción no tienen como
destinatarios
a las 2 millones de personas que en el Gran Buenos Aires están viviendo en villas y asentamientos, ni a las 120 mil de Córdoba, o las 70 mil en Rosario,
mientras que
en la Capital, son 140 mil vecinos los que viven en 21 villas, mientras otros 220 mil lo hacen en casas tomadas, 240 mil en hoteles, inquilinatos u ocupando una habitación en casas de familia, y son 600 mil los que alquilan.

Acompañando esta situación, recrudecen enfermedades  respiratorias, parásitos, diarreas y meningitis, como producto de esta precariedad.
Sólo en el Hospital Materno Infantil Oscar Alende, de Lomas de Zamora, fallecieron
durante el último año 170 chicos por una epidemia de bronquiolitis. Muertes totalmente evitables.

Y hace pocos días, los diarios comenzaron a reflejar interés por
la expansión del Mal de Chagas. Cuando afectaba a millones de argentinos y latinoamericanos,
la preocupación no era tanta como ahora, que con la emigración llegó hasta Europa.

Pero es sabido que no habrá soluciones de fondo para esta enfermedad, mientras no se erradiquen las condiciones de proliferación de la vinchuca, que anida en miles de ranchos de adobe y paja".

c. Cómo hoy el dilema es «especulación inmobiliaria o derecho a la vivienda»

Sergio Zeta reproduce preguntas infiltradas por el sistema:

"¿No habrá que tener un poco de paciencia, ahora que el país está creciendo?
¿Un pequeño paso hoy no será seguido por otro mañana, en la dirección correcta?
Son
interrogantes que muchos se hacen y que parten de un hecho cierto:
la nefasta década menemista y su crisis arrasaron con las conquistas sociales del pueblo trabajador.

Pero el actual crecimiento de la economía
-uno de cuyos pilares es el boom de la construcción- desató una escalada que llevó a superar el precio en dólares que tenían las propiedades en la Convertibilidad.
Para los sectores populares se hicieron inalcanzables.
Consecuentemente,
la lógica del «mercado» -palabrita tras la que se oculta el interés de las grandes empresas constructoras y corporaciones inmobiliarias-  llevó a
que

el 66% de las viviendas que se construyen sean las calificadas como categoría «Premium»(como las proyectadas torres sobre la avenida Libertador en la Capital a 4 mil dólares el m2), un 17% como viviendas «suntuosas»,
un 16% destinadas a lo que queda de la clase media y sólo un 1% sean las calificadas como «viviendas sociales», para los sectores populares".

Reflexiona:

"No son por tanto las secuelas de la crisis sino
la actual reactivación económica
la que
-sostenida en la baja salarial y el trabajo precario- llevó a que hoy exista la mayor desproporción histórica entre el salario y
el valor del m2.

No casualmente las llamadas Villas de Emergencia fueron adquiriendo
-más certeramente-
el nombre de Villas Miseria, en forma acorde al carácter no transitorio sino estructural, con que el capitalismo va generando pobreza y una masa de población sobrante, en
la que el "mercado" perdió todo interés".

d. Cómo los gobiernos están al servicio de 'inversores' y especuladores

Manifiesta:

"Reconociendo que el mercado no resolverá el déficit habitacional de la mayoría de
la población,
muchos esperan la intervención estatal para limitar la voracidad del capital privado.
Sin embargo y
por el contrario, la política de los sucesivos gobiernos ha sido el de colocarse a
su servicio. El sentido común de amplios sectores acompañó la subordinación al interés de estos zánganos, a los que llaman 'inversores'.

El resultado fue catastrófico. Valgan como ejemplo lo ocurrido con el Banco Hipotecario Nacional y el FONAVI (Fondo Nacional para la Vivienda).

El primero, que durante la década del 70 financiaba
la construcción de un promedio de 24.000 viviendas anuales,
ante
las «recomendaciones» del Banco Mundial trasladó a
la banca privada el otorgamiento de créditos, para finalmente ser totalmente liquidado con su privatización.

El segundo fue sufriendo sucesivas transformaciones.
Mientras
al comienzo integraba sus fondos con un aporte patronal del 5% de los salarios,
a partir de 1992 pasó a financiarse con
un impuesto a los combustibles que castiga el consumo del conjunto de la población.
A partir del '95  se transfirió sus fondos a las provincias,
que
comenzaron a desviarlos hacia otros gastos, práctica que
se legalizó en el 2000 autorizándolas a utilizar el 50% de
los fondos.
En el 2001 la autorización se amplió al 100%. La construcción masiva de viviendas fue relegada.

El actual gobierno generalizó esta práctica de hacer uso discrecional
de los fondos presupuestarios y la legalizó con los "superpoderes".
Sin ataduras,
no utiliza el inédito superávit fiscal para solucionar el drama de la vivienda, sino prioriza, en cambio,
el pago de la deuda, la creación de un fondo anticíclico que de 'tranquilidad' a
los acreedores
de que seguirán cobrando en futuras crisis económicas, o directamente lo utiliza para subsidiar a los ladrones de las privatizadas y otros grandes grupos económicos.

Para la contabilidad del gobierno, diseñada
para
seducir a los 'inversores', la construcción de viviendas es un «gasto» a evitar.
Por lo menos mientras la lucha popular no lo obligue a dar alguna respuesta.

En la Capital, la ciudad más rica del país, la situación no es mejor.
Mientras el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) construyó en los últimos 4 años sólo 3 mil viviendas, el gobierno de la Ciudad Autónoma,
-primero con Ibarra y ahora con Telerman-
se dedicó a desplazar pobres hacia otras zonas del país,
reeditando con otros métodos la política de erradicación de villas implementada por
la dictadura,
que expulsó a miles hacia el 2do. y 3er cordón del Gran Buenos Aires.

La metodología del gobierno porteño es el desalojo forzoso,
con orden judicial
acompañada por la policía, mientras promete subsidios a los que demuestren
«situación de calle», que apenas alcanzan para una casilla en algún lugar lejos de
la ciudad.

Los últimos decretos del gobierno de Telerman -tras las tomas en
el Bajo Flores y la intervención en el IVC- no apuntan a subsanar la falta de vivienda
sino a reforzar su capacidad de reprimir 'usurpaciones' y facilitar desalojos, continuando con la política de Ibarra que vetó hace 2 años la declaración de «emergencia habitacional»
por la que se designaban fondos para la construcción de viviendas y
se prohibían los desalojos.

Coherentemente con la continuidad de la política de una ciudad sólo para pocos,
la inversión pública no tiene como destino prioritario
a los necesitados barrios populares,
sino la creación
de infraestructura y servicios para promover los negocios inmobiliarios en zonas como Puerto Madero o Retiro.

e. Cómo el pueblo tiene una larga tradición de lucha

Sergio Zeta sostiene:

"El pueblo trabajador tiene una larga tradición de lucha por la vivienda que se podría rastrear hasta inicios del siglo pasado
y la célebre huelga de los inquilinos.
Mucho más acá,
la revolución «fusiladora» combinó represión con la implementación de
la carrera de Trabajo Social, para intentar despolitizar y terminar con
las importantes organizaciones en las villas y las barriadas obreras.

La última dictadura erradicó las villas para lograr el «ordenamiento social y edilicio de
la Capital",
pero a partir de

• 1981 comenzaron a producirse tomas de tierras en
  el conurbano y de edificios en la Capital,
  como
  una primera respuesta organizada de sectores
  del pueblo trabajador que se negaban a ser población excedente para el capital; 
   
• 2001 deudores hipotecarios lograron impedir
  una importante cantidad de desalojos,
  comenzaron a
  desarrollarse cooperativas de vivienda que a diferencia de las tradicionales, adquirieron un carácter de lucha y autogestión, así como surgieron movimientos territoriales que reivindican la lucha por una vivienda digna.

f. Cómo la solución al problema de vivienda obliga a organizar la unidad de lucha

Señala:

"La vía libre que tienen los intereses inmobiliarios, la aceleración de los desalojos y remates, así como la falta de soluciones para los millones con gravísimas
condiciones habitacionales,
obligan a luchar en forma unitaria por la suspensión inmediata de los desalojos en todo el país, contra la suba de los alquileres y por la implementación de un masivo y urgente plan de construcción de viviendas populares, a pagar con cuotas que no puedan exceder el 20% del ingreso familiar.

El dinero para ello está y es el destino que debería tener el superávit fiscal.

Por otra parte, suplantar la necesidad de mostrar el recibo de sueldo por el recibo de alquiler,
como propone el gobierno, no es salida para el 50% de los que trabajan en negro y cobran un sueldo que no les permite alquilar.
Y menos cuando es el propio gobierno el principal responsable de esta situación, por
lo que debe hacerse cargo, adjudicando viviendas a estos trabajadores.

Son todas medidas posibles si se pelea para que la vivienda, al igual que la salud o
la educación, dejen de ser una mercancía, para concebirse como un bien social al que todos tenemos derecho".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés - Opinión
25-9-06