Nacionalizar las reivindicaciones sociales encamina la imprescindible unidad popular

1)  Hay dos clases de luchas reivindicativas que se complementan y construyen la “democracia renovada”.

Hay que tener presente que la impunidad del sistema opresor se instauró mediante terrorismo de estado. Además, desde 1976, se ha constituido una comunidad de negocios entre las burocracias y la alianza de los grupos económicos locales con las empresas y los bancos imperialistas. Tal entramado expoliador se consolida mediante el proceso de endeudamiento externo del país y el proceso de privatizaciones que aceleran la concentración y desnacionalización económica causando la catástrofe social y su incesante profundización en la actualidad.

De manera que la distribución equitativa de ingresos no puede esperarse de un gobierno-Estado hecho para facilitar y garantizar el robo a los trabajadores y otros sectores populares.

Tampoco una democracia participativa constituye la voluntad política para subordinar y demoler a los poderes establecidos.

Héctor Pablo Agosti (en su libro “Mirar hacia delante” de 1983) propone la democracia renovada como binomio indisoluble de la soberanía popular con la nacional.

Ese adueñarse del poder de decisión sobre el destino común se arraiga en la ruptura con la obediencia debida por miedos y en la puesta de pie para la concreción de sus derechos humanos.

Existen dos clases de lucha reivindicativa:

1.  Delibera sobre qué y cómo hacer, organiza su grupo o movimiento, fundamenta sus reclamos y se esmera en convencer a las mayorías de la justicia de sus demandas. Procura la mejora en el reparto de la riqueza creada por el trabajo. Trasciende no sólo poniendo límites al saqueo de los poderes establecidos sino, también, aliviando la asfixia del mercado interno, con lo cual favorece a todos los sectores populares.

2.  Debate, programa y socializa sus propuestas alternativas a las vigentes. Ayuda al proyecto de país mirando por las necesidades e intereses populares.

Entre ambas no existe delimitación precisa, al contrario, se entremezclan en promover la convicción de la diversidad popular sobre la posibilidad de cambiar las condiciones opresivas de vida y trabajo.

En la primera predomina el avance en la capacidad popular de imponer:

• aumento de salarios para que alcancen –como mínimo- a la canasta familiar;

• reducción de la jornada laboral a 6 horas (sin tocar el salario digno) que crea miles de puestos laborales y atiende tanto hacerla corresponder con el incremento productivo como acomodarla al derecho de descanso;

• dedicación del Presupuesto al desarrollo social significa invertir en educación y salud públicas, seguridad social, viviendas dignas para todos los que las necesitan, ciencias y tecnologías del Estado nacional o provincial, créditos para PYMES y comunidades rurales e infraestructura socioeconómica a favor de la democracia renovada;

• quita a los formadores de precios de esa facultad ilegítima, gracias a la cual, embolsan buena parte de los salarios de los trabajadores y de las ganancias de los pequeños, medianos propietarios y autónomos;

• manejo de tarifas según el criterio de priorizar los intereses sociales por sobre los corporativos y obligando a las empresas prestatarias a cumplir con los contratos hasta tanto no haya recuperación de ese patrimonio de Argentina;

• cancelación de las AFJP para romper con el círculo perverso de transferencia de los fondos previsionales a cuatro bancos grandes que se vuelven acreedores al ‘prestar’ usurariamente (o incrementar la deuda externa) para cubrir el déficit fiscal provocado;

• derogación de la ley de flexibilización laboral con erradicación total de la enorme gama de “contratos basura” y del pago y el trabajo en negro;

• reforma tributaria progresiva  para que el 80% de los impuestos no provengan del consumo popular (IVA y combustibles);

• cesación de los regímenes autoritarios implícitos en la intervención gubernamental del PAMI y en las leyes del terrorismo de estado que rigen al sistema financiero y a la radiodifusión.

Es evidente que la voluntad política de llevar a cabo este programa mínimo debe enfrentar al sistema opresor. Por lo tanto, sólo la  “voluntad colectiva popular” puede poner fin a la impunidad del enriquecimiento a costa de la masacre, la miseria y el atraso mayoritarios.

Antonio Gramsci señala cómo constituirla. “Los hombres se reúnen, se comprenden, desarrollan a través de esos contactos (cultura) una voluntad social, colectiva y entienden los hechos económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad hasta que esta voluntad se convierte en motor de la economía, en plasmadora de la realidad objetiva..”.

Advierte que la nueva vida colectiva e individual tiene que organizarse, con el máximo utilitarismo, en torno al  mundo del trabajo y la  producción desde las perspectivas de satisfacer las necesidades y deseos de una creciente mayoría.

Pero tal proceso debe comenzar en la cultura como convivencia cotidiana que

• enfrente y supere polémicas, contradicciones, escisiones;

• rompa con la subordinación al sistema jurídico y los criterios de seriedad o normalidad de las clases expoliadoras;

• adquiera un lenguaje común, la conciencia del valor histórico de cada cual y todos, y la disciplina basada en el reconocimiento de la importancia de responsabilizarse e involucrarse entero en las tareas designadas.

2) La soberanía popular y nacional, en la actualidad, exige involucrar a la diversidad de los sujetos colectivos en el encuentro confraternal y en la voluntad de adueñarse del país para transformarlo en acuerdo con necesidades e intereses de todos por igual.

Nacionalizar las reivindicaciones sociales tiene dos significados.

Por un lado, es correlacionar las luchas(todavía) sectoriales e incluso fragmentadas por provincias, localidades o categorías profesionales en un sistema vasto y ágilmente articulado que abarque y organice a todos los trabajadores ocupados, desocupados y pasivos con otras capas y clases populares.  

Compone la fuerza política de la diversidad popular con contenidos concretos en lo territorial, cultural o sectorial y con la convicción de poder realizar el ideal de justicia social debido a capitalizar las experiencias combativas de larga data de todos los subordinados, oprimidos, estafados en distintas latitudes.

Por otro lado, implica multiplicar los órganos de permanente deliberación pública para la comprensión general de  decisiones y la posibilidad de llevar adelante iniciativas creadoras en el cumplimiento programático. Implica, también, incorporar a una creciente mayoría en los movimientos con proyectos alternativos sobre:

• las empresas estratégicas y los bancos para poner a ambos al servicio de la calidad de vida del pueblo;

• la educación y la salud públicas;

• el desarrollo socioeconómico de todas las regiones del país en armonía entre sí e integradas, de modo multifacético, con el continente y el mundo.

Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, sostiene que para enfocar cómo reconstruir el país es imprescindible el slogan “Agricultura con agricultores para un desarrollo nacional con equidad y autonomía”.

“Por eso, nuestro 92º Congreso terminó aprobando que es necesario una convocatoria a un movimiento amplio que sea capaz de construir una alternativa distinta en nuestro país.

En definitiva, para romper con lo viejo, hay que tener capacidad de construir lo nuevo, ése es el gran desafío”.

      semanario Nuestra propuesta n º 700- 14/ 10/ 04   www.pca.org.ar

                                     Miguel Teubal aclara: “el modelo agroalimentario o agroindustrial se implantó al amparo de los procesos de globalización y como tal, forma parte del modelo neoliberal en conjunto. Se trata de un modelo impulsado y dominado por grandes empresas transnacionales y las tecnologías dominadas por ellas, es decir, los supermercados en la distribución final de alimentos, la gran industria alimentaria, la industria de semillas y agroquímicos, y el capital financiero concentrado”.

Sus consecuencias son gravísimas:

• expulsión de pequeños-medianos productores, campesinos, peones y pueblos originarios;

• desertificación y procesos de catástrofes ambientales al destruir la biodiversidad, la fertilidad;

• “derrumbe de la seguridad alimentaria que es la capacidad de un país de proveer alimentos de buena calidad a toda su población”.

                                     Realidad Económica n º 196, mayo-junio de 2003       www.iade.org.ar