En consecuencia, compartimos con nuestros pueblos hermanos a la lucha que las clases opresoras libran en procura de la desaparición forzada de campesinos e indígenas para la expansión de los agrocombustibles, la destrucción de la soberanía alimentaria y obtención de mano de obra tan barata que sea casi esclava.

La «reforma agraria integral» como poder de los diversos de abajo sobre sus territorios articulados en país-mundo, requiere de la construcción de una unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños distinta a UNASUR que legitima como democracia al terrorismo de estado en Colombia y Honduras y a la Minustah en Haití. Una solidaridad y reciprocidad continental que se asocie con las de los pueblos originarios y de los campesinos/as para apoyar las luchas anticapitalistas y antiimperialistas en cada país.

Movimientos sociales y disputas por el territorio y los recursos naturales:

La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Argentina y

la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija en Bolivia (1995-2010).

Por Juan Wahren

"(…)Nos interesa ahondar en la dimensión de la territorialidad. Para ello utilizamos el concepto de “movimiento socioterritorial” del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), que nos permite focalizarnos sobre los movimientos sociales que hacen del territorio un espacio de construcción social y de dotación de sentido. En este sentido, consideramos con Zibechi (2003) que la presencia del territorio y la cultura de los actores subalternos en los intersticios de las relaciones de dominación, son las que habilitan los procesos autonómicos. En estos casos es dónde se introduce la problemática del territorio como un espacio en disputa, construido por actores sociales antagónicos que resignifican ese espacio geográfico determinado, lo habitan, lo transforman, lo recrean de acuerdo a sus intereses, formas de vida y de reproducción social".

Así, los territorios se conforman como espacios geográficos pero al mismo tiempo se constituyen como espacios sociales y simbólicos, atravesados por tensiones y conflictos. El territorio aparece dotado de sentidos políticos, sociales y culturales. En efecto, “el territorio no es simplemente una sustancia que contiene recursos naturales y una población (demografía) y, así, están dado los elementos para constituir un Estado. El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico que es construido en ese proceso de apropiación- territorialización- propiciando la formación de identidades- territorialidades- que están inscriptas en procesos que son dinámicos y mutables; materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración territorial, una topología social” (Porto Goncalves, 2002:230, nuestra traducción). Complementando esta definición, retomamos a Mancano Fernandes quien plantea que el territorio es un “espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (...) El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación. Exactamente porque el territorio pone límites, pone fronteras, es un espacio de conflictualidades” (2005:276, nuestra traducción). Así, el territorio es mucho más que un espacio geográfico, se encuentra cargado de sentidos y formas de ser rehabitado y reconstruido, y es esta multiplicidad de usos y sentidos la que se expresa, en muchas ocasiones, a modo de disputa territorial.

En efecto, creemos que este anclaje territorial es una de las características singulares de los movimientos sociales de América Latina, esta reterritorialización en parte es producto del avance del capital, es “la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación” (Zibechi, 2003b), pero de alguna manera es también una apuesta o elección de los propios movimientos que recuperan y resignifican políticamente sus territorios al tiempo que construyen o resignifican políticamente sus identidades como campesinos, indígenas, trabajadores desocupados o piqueteros, vecinos autoconvocados, etc. Así, para los movimientos sociales de América Latina, “el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (Svampa, 2008:77).

Desde esta construcción particular y contingente que se desarrolla en los momentos de latencia de los movimientos, es que podemos pensar a los espacios en los cuales algunos movimientos sociales interactúan, como “territorios en disputa”. En estos territorios los movimientos sociales despliegan su potencia política, construyen los “laboratorios clandestinos para el antagonismo y la innovación” de los que nos habla Melucci (1994b) para describir los momentos de latencia. En definitiva, los movimientos sociales “territorializados” complejizan e innovan, creando en esas prácticas desplegadas en el territorio otros modos de pensar y practicar la economía, la salud, la educación, la política, la cultura, etc. Otra autora, la economista mexicana Ana Esther Ceceña, plantea esta cuestión en términos similares entendiendo al territorio donde construyen sus prácticas los movimientos sociales como un “territorio complejo”, donde éste es entendido como un “espacio material y simbólico de asentamiento y creación de la historia y la cultura, así como de la construcción de utopías colectivas y alternativas societales, es el punto de partida de la construcción de identidades y el lugar donde se forjan las comunidades de destino (Otto Bauer), el origen de los significantes primarios de la simbólica regional (Giménez, s/f) y el espacio de derecho, libertades y posibilidades para vivir y crecer en la propia cultura (Robles, 1998:2). El diseño de una nueva geografía y la construcción/modificación de los modos de uso del territorio implican entonces una transformación profunda de las relaciones sociales, de las relaciones entre naciones, de las historias y culturas regionales y del imaginario colectivo como expresión del juego de fuerzas entre las distintas visiones del mundo” (2001b: 13)

En este sentido, aquellos movimientos que se plantean algún tipo de construcción política, social, económica y/o cultural en el territorio en el que interactúan, necesariamente entran en conflictualidad con un “otro” que también disputa el territorio, lo modela y lo controla; la “construcción de un tipo de territorialidad significa, casi siempre, la destrucción de otro tipo de territorialidad, de modo que la mayor parte de los movimientos socio – territoriales se forman a partir de procesos de territorialización y desterritorialización” (Fernandes, 2005:279, nuestra traducción). Estos procesos comportan tanto transformaciones en el territorio como en los actores en disputa. En este sentido es que puede pensarse a los movimientos sociales que luchan por los recursos naturales o por demandas arraigadas en una identidad territorial como “socioterritoriales”, como movimientos que procuran demarcar y controlar sus territorios, generalmente en disputa con otros actores sociales como el Estado y/o empresas multinacionales. Así puede afirmarse que “el territorio es un espacio de vida y de muerte, de libertad y de resistencia. Por esa razón carga en sí su identidad, que expresa su territorialidad” (Fernandes, 2005:278, nuestra traducción)

Consideramos también que el proceso de resignificación del territorio, con sus particularidades, adquiere dimensiones performativas para los movimientos sociales, ya que pone en práctica nuevas formas de organizar lo social, lo económico y lo político. En definitiva, al poner en práctica estos “campos de experimentación social” (Santos, 2003), los movimientos sociales dan cuenta en lo cotidiano de estos nuevos mundos que se proponen construir. El territorio aparece, entonces, como una esfera donde la acción de los sujetos, implica nuevas reconfiguraciones que escapan, contingentemente, a los propios sentidos de los actores, participen o no dentro de los movimientos sociales en cuestión. La construcción de viviendas, la defensa de bosques, o fuentes de agua dulce, los proyectos productivos autogestionados, la creación de escuelas, etc.; habilitan novedosas lecturas de los actores que se aglutinan alrededor de ese territorio, al apropiarse de esa resignificación, la fortalecen, la complementan y/o la disputan; pero de todas maneras se construye una “interface territorial” desde la cual el territorio y las identidades sociales pueden ser redefinidas. El territorio es, entonces, un espacio complejo, atravesado por las relaciones entre distintos actores sociales, provenientes de diversos anclajes estructurales con asimetrías de recursos materiales y simbólicos; un espacio complejo atravesado por el conflicto y la propia indeterminación de lo político y lo social.

Como dijimos anteriormente, este proceso de territorialización de los movimientos sociales genera una disputa concreta en el territorio; una disputa que adquiere, entonces, un sentido político. Esta disputa en la “interface territorial” implica así una confrontación de mundos sociales y políticos con otros actores (por ejemplo, el Estado, empresas petroleras y de agronegocios, emprendimientos forestales, etc.) que nos interesa comprender en este trabajo. Estos movimientos sociales territorializados; campesinos, pueblos indígenas, trabajadores desocupados, etc.; emergen con fuerza en el espacio público enfrentando a los escenarios estructurales construidos desde las políticas neoliberales. La tierra y los recursos naturales que se encuentran en estos territorios, resultan en la actualidad en elementos estratégicos para la reproducción del sistema económico hegemónico. Así, “la desterritorialización productiva (a caballo de las dictaduras y las contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido. La derrota abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, entre otros, en la reconfiguración del espacio físico. El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la re-ubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva” (Zibechi, 2003b:186).

Es este mismo anclaje territorial o esta construcción de territorialidad la que da una característica singular a estos movimientos, y, a modo de hipótesis, podemos reflexionar si no es esta misma territorialidad la que permite a estos movimientos reconstruir identidades y lazos sociales de manera perdurable en el tiempo (y en un territorio específico). De esta manera los movimientos son capaces de construir una alternativa a lo que definimos como la “encrucijada de los movimientos sociales”. Esta idea señalada por diversos autores plantea que, por un lado, los movimientos sociales tienden hacia la institucionalización política; por medio de la formación o incorporación en partidos políticos y/o organizaciones y redes no gubernamentales o por medio de la incorporación a algún nivel de gestión estatal. O, por otro lado, plantean que la otra posibilidad de los movimientos sociales es la tendencia a la conformación de un esquema “autorreferencial”, es decir, un proceso de estancamiento en torno a sus demandas específicas o “corporativas”. En la protesta social se expresa “el carácter incompleto de la representación formal. Sin embargo, la propia protesta puede volverse rutinaria y adquirir una forma normalizada en la construcción y planteo de las demandas sociales orientada al sistema político. La protesta social es en sí misma una forma de ruptura del orden establecido, pero tal ruptura puede conducir por distintos caminos. Puede ser una revolución, puede ser una revuelta con consecuencias institucionales, puede ser un estallido y no ir más allá, puede ser una expresión circunstancial de demandas insatisfechas y sin cauce formal de manifestación, puede devenir en un movimiento social o político y consolidarse en el tiempo o puede sencillamente volverse una forma rutinizada de la acción política o social, dando lugar a una normalización de un espacio de representación informal” (Schuster, 2005:77).

En cambio, nosotros consideramos que, aunque los movimientos sociales siempre se encuentren en una tensión entre la institucionalización y el proceso de autorrestricción; perdiendo en ambos casos su faceta antisistémica, es decir, sus características disruptivas y su radicalidad; es justamente el proceso de territorialización de los movimientos sociales el que habilita una alternativa a esta encrucijada. En efecto, esta territorialización, a nuestro entender, le brinda a los movimientos sociales la posibilidad de recrear otros “mundos de vida” (Leff, 2002), reconfigurar nuevos sentidos y formas de sociabilidad, generar “campos de experimentación social” (Santos, 2003) que actúan como ensayos prácticos de las demandas y luchas de los propios movimientos sociales. Así, prácticas más o menos autónomas, más o menos disruptivas en ámbitos como la educación, la salud, la economía alternativa, o la cultura, entre otros, son desplegadas en el territorio por los movimientos sociales.

 

De esta manera, los movimientos sociales, logran, al menos potencialmente, mantener su carácter disruptivo y antagonista al sistema institucional, sin “encerrarse” necesariamente discursos y prácticas autorrestringidas o en procesos de institucionalización de sus acciones colectivas y demandas. Estos “campos de experimentación” de los movimientos sociales “territorializados” cobran un sentido político en cuanto plantean hacia el conjunto de la sociedad un ejemplo de formas alternativas -a la vez que posibles- de organización que aparecen en disputa con las formas organizativas cristalizadas del sistema hegemónico. Generalmente, estas experiencias mantienen relaciones y demandas con respecto al Estado y la institucionalidad política, pero no quedan necesariamente subsumidas a las lógicas políticas de las instituciones sistémicas. En definitiva, se trata de dejar abierta la posibilidad de que ocurran cambios sociales y políticos más allá de las instituciones establecidas. Asimismo, resulta interesante interrogarse si es posible que, a partir de estos “campos de experimentación social” (de Sousa Santos, 2003), los movimientos sociales puedan articularse políticamente, es decir devenir en “actores políticos” capaces de cuestionar la “gramática del poder” (Giarracca, y Teubal, 2006); el “pacto fundante” del capitalismo (De Ípola, 1997 y 2001), construyendo novedosas alternativas políticas y sociales desde sus territorios.

A modo de hipótesis, nos interesa reflexionar acerca de la reconfiguración de identidades que se genera en el propio proceso de organización, acción colectiva y construcción de territorialidad, es decir, como un proceso que genera un reforzamiento de identidades en el plano social, pero también configura a los movimientos sociales como actores políticos (Merklen, 2005). Nuestra apuesta teórica es, entonces, que el proceso de territorialización habilita a los movimientos sociales a continuar con una de sus características principales que es la disruptividad en relación con la sociedad hegemónica. La acción colectiva habilita la construcción de un “nosotros”, de una nueva identidad política disruptiva y recursiva que se da en los momentos de irrupción en el espacio público, a la vez que las experiencias territoriales de los movimientos retroalimentan los momentos de visibilidad y reconfiguran también las identidades políticas y sociales.

Si bien Melucci reflexiona en torno a movimientos sociales que pugnan por los recursos de información y comunicación; extrapolamos esta idea para reflexionar sobre las disputas de los movimientos sociales por el territorio, entendiendo que es allí donde “surgen las demandas de autonomía que impulsan la acción de los individuos y grupos, donde éstos plantean su búsqueda de identidad al transformarlos en espacios reapropiados donde se auto realizan y construyen el significado de lo que son y lo que hacen” (1994b:111). En este sentido, también resulta importante advertir que la protesta social puede pasar de ser un acontecimiento novedoso y disruptivo a ser un evento normalizado, sedimentado; logrando, o no; la expansión de derechos sociales, políticos. (…)

(…)En la actualidad, “nos enfrentamos con una fragmentación creciente de los actores sociales, pero esta fragmentación, lejos de ser el motivo para ninguna nostalgia de la „clase universal‟  perdida, debe ser la fuente de una nueva militancia y de un nuevo optimismo. Uno de los resultados de la fragmentación es que las diversas reivindicaciones sociales adquieren una mayor autonomía y, como consecuencia, confrontan al sistema político de un modo crecientemente diferenciado” (2000:97). En este sentido, en la localidad de General Mosconi el mito fundante y unificador de la sociedad fue el desarrollo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que fue el ordenador societal y territorial de la población desde aproximadamente la década del cuarenta hasta su privatización en los albores de la década del noventa. Con la crisis desatada a partir de la privatización, cuyo indicador más palpable y dramático fueron los altísimos índices de desocupación, se fueron transformando el tejido social y los lazos de solidaridad, generándose una sociedad “desgarrada” de sus fundamentos tradicionales de “desarrollo” y de sus clivajes de contención identitaria, dados en gran parte, por la “cultura laboral” ligada a la actividad petrolera y a sus actividades subsidiarias (empresas de servicios, comercio, formación, etc.). Esta “cultura del trabajo” se generaba en el marco de una gran empresa estatal que no sólo ofrecía puestos de trabajo bien remunerados, sino capacitaciones y formación laboral, posibilidades de ascenso social, cobertura médica y social, vacaciones y actividades recreativas, acceso a la educación en sus distintos niveles, etc. En definitiva, YPF actuaba en la región como un Estado de Bienestar dentro del propio Estado. Con el proceso de privatización, esta cultura del trabajo se vio desarticulada por un fulminante proceso de pauperización y heterogeneización de los sectores que anteriormente habían estado bajo la órbita de la YPF estatal.

Esta pérdida de referencialidad hacia lazos sociales sólidos y estables del “mundo ypefeano”, generó en los pobladores de la región un proceso de descomposición de los lazos sociales y de las redes de contención social y política. En efecto, este proceso es una de las causas explicativas de las de las primeras “puebladas” en la región, así como de la propia conformación de la Unión de Trabajadores Desocupados. Más de una década después de la irrupción pública de este movimiento social, sumada a la propia experiencia territorial de la UTD, podemos pensar que la forma de habitar ese territorio por parte de quienes participan en la UTD ha ido construyendo un nuevo mito sobre el territorio, un mito ligado a la recuperación de ese territorio y de ese Estado perdidos; que en referencia a la comunidad que conformaba la vieja YPF estatal, retoma a los pocos actores que permanecieron de aquella vieja formación social y territorial, es decir, los ex trabajadores ypefeanos y los pobladores de la región.

Estos sujetos que en la actualidad resignificaron su identidad por los procesos de privatización, desocupación, acciones colectivas, los proyectos autogestionados y la territorialización de los propios sujetos sociales, es decir, una identidad social y política atravesada por la pauperización y la desafiliación social pero también por las acciones colectivas, y una nueva forma de habitar el territorio, éste es el mito que, de alguna manera intenta constituir la UTD, una nueva territorialidad que recupere los lazos sociales que se quebraron a partir de la desaparición forzada del Estado ypefeano, un mito que se encuentra imbricado entre los procesos de acción colectiva y los procesos de autogestión productiva y comunitaria; ambos ligados al proceso de reterritorialización de la organización social. Podemos observar que lo mismo ocurre en el caso del Pueblo Guaraní pero en el marco de distintos “ciclos de la memoria colectiva”, es decir procesos de larga, mediana y corta duración (Rivera Cusicanqui, 2003 y Svampa, 2010) ligados a los momentos históricos del pueblo guaraní en el chaco boliviano. El proceso de “memoria larga” abarca la progresiva pérdida de su territorio ancestral entre la colonización española y la batalla de Kuruyuki en el año 1892 contra el ejército boliviano, el ciclo de “memoria media” remite a la Guerra del Chaco y al proceso de consolidación del Estado boliviano post Revolución del ´52 y la “memoria corta” se encuentra ligada a las acciones colectivas de los movimientos sociales en sus disputas por sus territorios ancestrales y los recursos naturales desde la década del noventa hasta la actualidad. En este sentido, cabe resaltar la idea de que estos procesos de acción colectiva se encuentran arraigados en diferentes tradiciones y experiencias de conflicto y de organización. En efecto, en los movimientos sociales coexisten identidades políticas y sociales, repertorios de acción, mitos articuladores/dislocadores, etc. De alguna manera, estas dimensiones coexisten en el seno de los movimientos sociales, aún en el marco de la conformación de nuevas identidades, y cambios en las demandas y estrategias de acción colectiva. De esta manera, “fragmentos de experiencia, de historia pasada, de memoria coexisten dentro del mismo fenómeno empírico y se convierten en elementos activadores de la acción colectiva. Las huellas del pasado que persisten en los fenómenos contemporáneos nos son simples legados históricos ni vestigios sobre los que se construyen nuevos desarrollos, sino que contribuyen a configurar nuevas pautas de acción colectiva donde coexisten o se combinan los elementos históricos y culturales” (Melucci, 1994b:134).

Comprender cuáles son las características particulares que asumen algunos de los movimientos sociales en América Latina, nos lleva a plantear nuestras reflexiones desde un punto de vista específicamente “situado” en nuestro propio continente, en el sentido que plantean algunos autores del pensamiento descolonial o postcolonial (Quijano, 2003; Mignolo, 2003) de reflexionar críticamente desde las ciencias sociales situados en una posición periférica, “situados desde el sur”, con una mirada atenta, al tiempo que crítica y reflexiva, con respecto a las miradas eurocéntricas. En este sentido, podemos observar que los territorios en América latina aparecen en primera instancia signados por el Estado Nación que surge de los procesos de independencia del siglo XIX. Es el Estado Nación el agente ordenador de los territorios de la antigua colonia y de aquellos nuevos territorios incorporados por medio de la conquista sobre los últimos pueblos indígenas libres, el caso de los guaraní en Bolivia en 1892 y los mapuche en la Patagonia así como algunos de los pueblos indígenas de la región chaqueña alrededor de 1880 en Argentina. Este proceso de reordenamiento territorial- de reterritorialización- signado por el Estado Nación tuvo múltiples facetas narrativas- míticas- y múltiples dimensiones en su intervención en el territorio (militar, cultural, educativo, sanitario, económico y político). Por ejemplo en Argentina, la narrativa alrededor del “Desierto” para nominar los territorios conquistados a los pueblos indígenas que habilitó el reordenamiento económico concreto de esos territorios en torno a grandes haciendas ganaderas. Este proceso de territorialización del Estado Nación se cristaliza como una territorialidad hegemónica que contiene de manera subalterna esas otras formas de habitar y practicar el territorio. De esta manera se va conformando un territorio yuxtapuesto, atravesado por distintas territorialidades que se encuentran invisibilizadas pero no desterradas de ese espacio geográfico determinado.

Con la crisis del Estado Nación aparecen nuevas formas hegemónicas de ocupar esos territorios ligadas al avance sobre los recursos naturales por parte de empresas transnacionales y del agronegocio, esta nueva territorialidad “neoliberal/transnacional” reterritorializa nuevamente esos territorios y en ese avance no sólo cuestiona la territorialidad del Estado Nación, sino que pone en jaque a esas otras formas de habitar y practicar el territorio que se encontraban soterradas. Esta nueva reterritorialización en disputa es la que habilita la resignificación de viejas identidades y la conformación de otras nuevas conformándose así un “territorio abigarrado” que contiene en conflictividad permanente a diferentes actores sociales que practican y habitan de modo diferenciado- y en muchos casos de manera mutuamente excluyente- esos territorios. Estas diferencias implican, en muchos casos, modos particulares de disputa territorial y modos yuxtapuestos de resignificar esos territorios, constituyendo así territorios abigarrados, atravesados por conflictos, negociaciones, donde existen modos hegemónicos y modos subalternos de habitar y practicar los mismos.

De este modo se producen continuos procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización de sucesivos actores sociales con sus propias formas de significar y utilizar esos territorios, conformando un entramado complejo de territorialidades yuxtapuestas que expresan esas diferentes formas de habitarlo. Estos territorios se encuentran- en su gran mayoría- atravesados hegemónicamente por el capitalismo y la colonialidad que construye su propio relato mítico, su universo de sentido otorgado a esos territorios. A su vez, otras formas de habitarlo y practicarlo se encuentran de manera subalterna al esquema hegemónico de la territorialización, por caso, la terrritorialidad campesina, la indígena o la de los trabajadores desocupados. Estas territorialidades se mantienen en el subsuelo, soterradas e invisibilizadas pero latentes y frente a la conflictividad emergen nuevamente como alternativas, con sus propios universos de sentido, con sus propios mitos acerca del territorio.

Para los movimientos sociales estos diferentes modos de habitar y practicar el territorio no son fijos, sino que se encuentran en permanente cambio y adaptación a partir de diferentes estrategias de negociación y conflicto con la territorialidad hegemónica. En algunos casos los movimientos sociales logran desplegar procesos de reterritorialización donde se plasman las prácticas y significaciones subalternas para reconfigurar el territorio de forma preponderante por parte de los movimientos sociales. A esta territorialidad específica de los movimientos sociales la nominamos como “territorios insurgentes”. Para comprender la radicalidad de estas formas de habitar y practicar los territorios como disrupción de la territorialidad hegemónica retomamos la idea de “política salvaje” (Tapia, 2008) que da cuenta de aquellas formas de acción colectiva radicalmente disruptivas del orden social que introducen en el conflicto social una “proliferación de principios y prácticas de desorganización de la dominación, de los monopolios y de las jerarquías” (Tapia, 2008:126).

La irrupción de la “política salvaje” tiene una temporalidad acotada tanto en su forma de resistencia a las instituciones de dominación como en su forma de crítica radical civilizatoria y del orden social hegemónico, en ese sentido Tapia afirma que la “política salvaje es nómada” (2008:118), ya que no se fija en el tiempo ni en el espacio sino que es la irrupción política de la “masa” donde se cancela el orden social y se desordena la civilización. Sin embargo, al extrapolar esta noción hacia la dimensión del territorio creemos que esta idea puede implicar una forma política de intervención por parte de los movimientos sociales manteniendo su carácter radical y disruptivo en una continuidad espacio-temporal específica: el territorio habitado y practicado por los actores sociales subalternos que construyen una insurgencia social anclada en las prácticas de autogestión de los territorios. Podemos hablar entonces de “territorios insurgentes” cuando analizamos aquellos territorios practicados de manera preponderante por los movimientos sociales, donde se ponen en práctica “campos de experimentación social” (de Sousa Santos, 2003) que van “más allá” de los esquemas del sistema/mundo colonial y capitalista sobre los territorios y donde las relaciones entre quienes habitan esos territorios y la naturaleza se da en torno a relaciones de reciprocidad, signados por la capacidad de los propios actores sociales de autogestionar esos territorios y los recursos naturales que allí se encuentran. Un ejemplo de esto es el proceso de desmercantilización de la tierra que producen los movimientos sociales en general- y los pueblos indígenas en particular- en los territorios recuperados. De esta manera, el carácter disruptivo de la “política salvaje” encuentra un espacio donde desarrollarse plenamente conformando un nuevo orden social, político, económico y cultural anclado en el territorio y con una duración temporal mayor a la de la irrupción en la esfera pública como rebelión o acontecimiento. Retomando la idea de latencia, el territorio habilita una dimensión creativa y disruptiva para los movimientos sociales donde se recrean prácticas y discursos más allá de la política institucional y con una temporalidad que trasciende las acciones colectivas de protesta. A su vez, esta territorialidad subalterna, al no estar escindida del conjunto de la sociedad mantiene la disruptividad en relación al sistema/mundo hegemónico que signa la territorialidad. En este sentido, los “territorios insurgentes” no se encuentran exentos de conflictividad social pues si bien las formas predominantes de habitarlo y practicarlo están signadas por los movimientos sociales, la territorialidad capitalista/colonial continúa atravesando esos territorios en sus múltiples dimensiones, aunque no de manera hegemónica. En este sentido no pueden entenderse a los “territorios insurgentes” como territorios aislados y sin conflictividad, sino inmersos en las disputas de los movimientos sociales con los distintos actores antagónicos que se enfrentan en el territorio: el estado, empresas transnacionales, ONG´s, etc.

Así, definimos al territorio como un espacio geográfico atravesado por relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que es resignificado constantemente- a través de relatos míticos- por los actores que habitan y practican ese espacio geográfico, configurando un escenario territorial en conflicto por la apropiación y reterritorialización del espacio y los recursos naturales que allí se encuentran. Se configura en definitiva un territorio yuxtapuesto atravesado por relaciones de diálogo, dominación y conflicto entre diversos actores sociales, así como por sus diversos modos de utilizar y significar esos mismos territorios y recursos naturales. El territorio aparece entonces como una categoría compleja, móvil y en permanente movimiento y proceso de resignificación y disputa. En efecto, la idea de territorio no puede separarse de la noción de conflicto entre diferentes actores sociales en un proceso dinámico de territorialización, desterritorialización y reterritorialización que implica a su vez una resignificación de las identidades sociales de los actores que habitan y practican esos territorios. En última instancia, el territorio es un espacio multidimensional donde los actores sociales producen y reproducen la cultura, la economía, la política, en definitiva, la vida en común.

Los movimientos sociales que disputan territorios, disputan esas formas de producir y reproducir la vida en común de manera antagónica a los actores sociales hegemónicos ligados a la dominación cultural, política y/o económica que comportan otras formas de practicar y significar al territorio, excluyentes de los modos de ser y estar de los movimientos sociales en esos espacios de vida. Los movimientos sociales configuran un territorio, un espacio-tiempo de la subalternidad como experiencia alternativa al orden territorial hegemónico. De este modo podemos afirmar que existen diferentes modos yuxtapuestos de habitar y practicar los territorios. Los modos hegemónicos, ligados a las lógicas del sistema/mundo capitalista/colonial y las formas subalternas de territorialidad, ligadas a las experiencias particulares de distintos actores sociales. Cuando los movimientos sociales practican y habitan esos territorios de manera preponderante frente a las lógicas hegemónicas despliegan su dimensión creativa a partir de sus propias lógicas sociales, políticas, económicas y culturales, ligadas a formas de autogobierno, autogestión y autonomía. En definitiva, cuando esa territorialidad subalterna es resignificada- en tanto experiencia vital de los propios actores sociales a la vez que experiencia alternativa y disruptiva con las formas hegemónicas- como un “campo de experimentación social”, es cuando la nominamos como “territorio insurgente”.

A su vez, denominamos como “territorialidad extractiva” a aquellas formas de despliegue territorial hegemónicas del sistema/mundo capitalista/colonial ligadas a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas nacionales y/o transnacionales que implican reconfiguraciones territoriales y cuya lógica de acumulación se encuentra signada por el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales y la consiguiente devastación del entorno físico y biológico de ese espacio geográfico y el despojo y la exclusión de los otros actores sociales que habitan y practican esos territorios. Los actores paradigmáticos de esta lógica de intervención en el territorio son las empresas de hidrocarburos, del agronegocios, forestales y mineras. Esto no significa que estos actores se “territorialicen” pues no existe una relación con un territorio específico, sino que su intervención se encuentra ligada a cualquier territorio donde existan los recursos naturales necesarios para su actividad. Sin embargo son sus acciones las que desterritorializan y reterritorializan los espacios geográficos donde intervienen; de esta manera afirmamos que estos actores sociales intervienen en los territorios desde una “territorialidad extractiva” que desplaza, arrincona y despoja a otras formas subalternas de habitar y practicar el territorio.

“La idea de que la naturaleza no es otra cosa que un dominio a explotar por el hombre, por ejemplo, es todo lo que uno quiera excepto evidente desde el punto de vista de toda la humanidad anterior y, aun hoy, de los pueblos no industrializados. Hacer del saber científico esencialmente un medio de desarrollo técnico, darle un carácter de predominancia instrumental, corresponde también a una actitud nueva. La aparición de estas actitudes es inseparable del nacimiento de la burguesía”

Cornelius Castoriadis, 2010: 3413.

Para comprender las formas de apropiación, utilización y sentido otorgado por los actores sociales a los recursos naturales nos parece importante establecer brevemente una mirada crítica hacia la idea de desarrollo. Esta noción surge con la consolidación del “sistema/mundo capitalista/colonial” (Wallerstein, 1974) en el marco de la Modernidad e identifica al desarrollo con el mejoramiento de la calidad de vida e indicadores de bienestar material, la reducción de la pobreza y los procesos de industrialización (Viola, 2000) en base al modelo industrial surgido en Europa Occidental a partir de la denominada Revolución industrial. Éste se convirtió en el modelo global deseable de desarrollo para el conjunto de los países a través de la hegemonía política, económica y cultural de los países centrales. Así, la noción de desarrollo “convirtió la historia en un programa, un destino necesario e inevitable. El modo industrial de producción, que no era más que una forma social entre muchas, se transformó por definición en el estadio terminal de una evolución social unilineal (…) La metáfora del desarrollo confirió hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, robando a las gentes y pueblos de distintas culturas la oportunidad de definir las formas de su vida social” (Esteva, 2000:73).

De esta manera, la noción de desarrollo expropia los saberes y las prácticas culturales, políticas y económicas subalternas subsumiéndolas a la idea de “subdesarrollo” como aquello que necesita evolucionar hacia el estadio ideal del progreso, es decir la modernización y la industrialización, la mercantilización de todas las esferas de la vida social y de la naturaleza. El desarrollo entonces remite a una red semántica ligada a las nociones de crecimiento, evolución, maduración y modernización que implica también “una imagen de futuro que era una mera continuación del pasado, es decir, el desarrollo, un mito conservador, si no reaccionario” (Esteva, 2000:98).

En la actualidad los recursos naturales volvieron a ser elementos estratégicos para el desarrollo del “sistema/mundo capitalista/colonial” (Wallerstein, 1974), tal como se dio en el largo proceso de surgimiento de este sistema/mundo con la “acumulación primitiva” (Marx, 2002) a través de la expropiación de la tierra y los recursos naturales. De alguna manera el proceso actual de explotación de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales con el apoyo estratégico de los países imperiales centrales se encuentran realizando “la tarea incumplida de la acumulación primitiva , lo que es más que nunca visible en el intento imperial de controlar la tierra, el agua dulce, la biodiversidad y los recursos naturales por vía de la guerra, la ocupación, la presión diplomática, la instalación de bases militares disuasorias” (de Sousa Santos, 2010:45).

Este proceso lo caracterizamos como de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005) que implica que el capitalismo, para mantener su proceso de reproducción ampliada del capital no requiere únicamente de un proceso previo u “originario” de acumulación extrayendo los recursos naturales y la tierra, sino que esta acumulación por desposesión de los recursos naturales y los territorios es un proceso permanente e inherente del capitalismo que incluye “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad- común, colectiva, estatal, etc.- en derechos exclusivos de propiedad ; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito” (Harvey, 2005:113). Otras formas novedosas de acumulación por desposesión se encuentran ligadas a la biotecnología y a la posibilidad de patentar las propiedades genéticas de la naturaleza, en lo que puede interpretarse como una manera de obtener una “renta de la vida” (Bartra, 2008) al convertir en mercancía una determinada cualidad genética de una planta o un animal.

En este proceso de apropiación de la renta de la naturaleza existe también una apropiación discursiva y material que resignifica la naturaleza como recursos naturales. En este sentido, “el discurso utilitario reemplaza el término naturaleza con el término recursos naturales, focalizando en esos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano […] las plantas consideradas valiosas devienen cultivos, las especies que compiten con ellas se estigmatizan como hierba, y los insectos que se las comen son estigmatizados como plagas” (Scott, 1998:13, en Ceceña, 2008:72). En efecto, el capitalismo no sólo mercantiliza la naturaleza sino que el propio capital “ rehace a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y política e ideológicamente) a su propia imagen y semejanza” (O´Connor, 2003:33) en una transformación que selecciona a algunos componentes de la naturaleza como mercancías y a otros como desechos, además de las modificaciones que introduce, a través de la ciencia y la tecnología, para obtener nuevas cualidades de esas mercancías; el ejemplo más claro de esto son los organismos genéticamente modificados (OGM).

Paralelamente se profundizaron los esquemas productivos de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de grandes empresas nacionales y multinacionales como la minería a cielo abierto. Los recursos naturales son, hoy en día, elementos estratégicos para el desarrollo del capitalismo y los campesinos, indígenas, y pobladores de las pequeñas ciudades rururbanas de diferentes regiones de nuestro continente son quienes habitan los territorios donde se encuentran la mayoría de ellos. La matriz energética del sistema mundo hegemónico es una matriz fósil y carbonífera, por eso uno de los recursos naturales estratégicos son los hidrocarburos, es decir, el gas y el petróleo que, además, son recursos no renovables y que por su uso continuado y creciente de manera exponencial desde el siglo XIX se encuentra en vías de agotamiento antes de que termine el siglo XXI. En las regiones que se abordan en esta investigación- la Selva de Las Yungas y la región chaqueña en Salta (Argentina) y Tarija (Bolivia)- los hidrocarburos aparecen como los generadores de mayor conflictividad en el marco de las disputas territoriales entre los distintos actores en pugna. El gas y el petróleo aparecen como los recursos naturales paradigmáticos de la región, pues atraviesan el complejo entramado económico, cultural, social y político de la región pero también habilitan las imbricaciones de la problemática local dentro de un esquema de conflictividad y disputa por los recursos naturales y el territorio a escala global.

De todas maneras, cabe señalar que también existen importantes conflictos en torno al acceso a la tierra, el agua dulce y los recursos forestales. En tal sentido, resulta importante rescatar aquellas formas de producción campesinas e indígenas que sobrevivieron a distintos modos de producción desde los comienzos de la agricultura, adaptándose a los cambios productivos y a las presiones estructurales y políticas de los cambios económicos a nivel mundial; resistiendo desde su forma de producir y reproducir la vida campesina e indígena, ligadas a la producción para el autoconsumo, en una relación de reciprocidad con la naturaleza (García Guerreiro y Wahren, 2007). En efecto, otros actores sociales como por ejemplo trabajadores desocupados, también han comenzado a experimentar alternativas de producción, comercialización y utilización de los recursos naturales que implican algunas rupturas con el modelo de desarrollo hegemónico. En esta dirección, retomamos a Arturo Escobar quien afirma que “la construcción de paradigmas alternativos de producción, órdenes políticos, y sustentabilidad son aspectos de un mismo proceso, y éste proceso es impulsado en parte por la política cultural de los movimientos sociales y de las comunidades en la defensa de sus modos de naturaleza/cultura. Es así como el proyecto de movimientos sociales constituye una expresión concreta de la búsqueda de órdenes alternativos de producción y ambientales” (2000:202).

En definitiva, lo que diferencia a estos movimientos sociales de la lógica hegemónica del “sistema/mundo colonial/capitalista” (Wallerstein, 1974) es que mantienen una relación de reciprocidad y pertenencia con el territorio y la naturaleza. En efecto, “muchas comunidades rurales del Tercer Mundo “construyen” la naturaleza de maneras sorprendentemente distintas de las formas modernas predominantes; entienden, y usan, sus entornos naturales de maneras muy particulares” (Escobar, 2000:77). Por medio de esta relación de reciprocidad reifican sus identidades, a la vez que disputan un modo de vida y una cosmovisión particular en pugna con otros actores. En este sentido, las acciones colectivas de los movimientos indígenas y campesinos, así como los de los sectores populares urbanos y rururbanos están “asociando los nuevos derechos culturales con reivindicaciones por el acceso y la apropiación de la naturaleza en los que subyacen estrategias de poder, valores culturales y prácticas productivas alternativas. A los nuevos derechos culturales y ambientales se están incorporando demandas para autogestionar las condiciones de producción y los estilos de vida de los pueblos” (Leff, 2007:70). La relación de reciprocidad y/o pertenencia con la naturaleza por parte de los movimientos sociales implica una relación que va más allá- incluso de manera contrapuesta- de la forma de relacionamiento con la naturaleza que asume la lógica racional económica estatal/colonial/capitalista que mercantiliza y objetiviza a la naturaleza y al territorio resignificándolos como recursos naturales, a la vez que destruye sistemáticamente otras posibles formas de entender y relacionarse con la naturaleza, otros usos y sentidos acerca del territorio(…)".
Fuente: http://opsur.files.wordpress.com/2011/08/tesis-doctorado-jw-final-marzo-2011.pdf

En consecuencia, la lucha y puesta en práctica de la «reforma agraria integral» convierte a los actores o autores de la resistencia al modelo extractivo en protagonistas imprescindibles de la emancipación del capitalismo e imperialismo. No sólo defienden la vida y la dignidad de los pueblos sino que encaminan la creación del buen vivir de los de abajo o la armonía de su diversidad y de ésta con la Madre Tierra.

Asumir la lucha anticapitalista y antiimperialista para emanciparnos, nos exige a los de abajo unirnos en torno a la programación y puesta en práctica de la «reforma agraria integral» porque:

Entre el 19 y el 22 de abril del 2010 y en el contexto de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, más de quinientas personas provenientes de diferentes partes del mundo debatimos y construimos consensos en el Grupo 17 (Agricultura y Soberanía Alimentaria) para profundizar el diagnóstico y formular propuestas de cómo enfrentar la crisis climática. La diversidad de experiencias, orígenes y culturas no nos impidió escucharnos y avanzar en la construcción colectiva. Este documento se enmarca en el Acuerdo de los Pueblos, documento final de la Conferencia en la que participaron más de 35 mil personas, que expresó con claridad: “Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revaloración y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de Vivir Bien, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual”. Compartimos las conclusiones finales del Grupo 17, un paso más en el camino de construcción que los pueblos emprenden en cada rincón del planeta donde la vida continúa fluyendo.

Agricultura y soberanía alimentaria

Grupo de Trabajo 17 de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático | 14 julio 2010 | Biodiversidad - Jul 2010

A. Los movimientos sociales y organizaciones populares reunidos en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático constatamos que a pesar de nuestras numerosas movilizaciones y constantes denuncias, los gobiernos capitalistas, los organismos internacionales y las entidades financieras continúan en la senda de agravar la destrucción del planeta. El cambio climático es una de las más serias amenazas a la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo. Una vez más constatamos que:

1. El agronegocio es una de las causas principales del cambio climático —a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación adecuada. El cambio de uso de suelo (la deforestación y la expansión de la frontera agrícola), los monocultivos, la producción, comercialización y utilización de insumos agrotóxicos y agroquímicos, el procesamiento industrial de alimentos y toda su logística para transportarlos miles de kilómetros hasta llegar al consumidor, la producción de gases con efecto de invernadero en los megadepósitos de basura y estiércol de la ganadería industrial intensiva, son causantes principales de la crisis climática y del crecimiento del número de personas hambrientas y de los desnutridos en el mundo.

2. La depredación y destrucción de los acuíferos, las fuentes y los cuerpos de agua y de los ecosistemas y ciclos ecológicos que le dan vida están indisolublemente ligados a los procesos de privatización que se impulsan desde los gobiernos capitalistas y los organismos internacionales. Al mismo tiempo que vemos cómo el cambio climático destruye glaciares y otras fuentes de agua, constatamos que el derecho humano fundamental de acceso al agua para el consumo de los seres vivos y la producción de alimentos se restringe día a día producto del avance de la agropecuaria industrial, la minería, la extracción de hidrocarburos, el procesamiento industrial de alimentos, las plantaciones forestales, la plantación y producción de agrocombustibles, la acuicultura industrial y los megaproyectos hidroeléctricos.

3. El despliegue territorial de megaproyectos de infraestructura al servicio del capital altera los procesos naturales, sociales y culturales imposibilitando formas de convivencia armoniosa con la Madre Tierra, destruye medios de vida, expulsa a las comunidades campesinas, indígenas/originarias y pescadoras de sus territorios y facilita la expansión del modelo extractivo y agroexportador.

4. El cambio climático provoca la migración forzada en las áreas rurales, es una amenaza para los pueblos indígenas/originarios, comunidades campesinas y de pescadores, quienes son los más damnificados al ser destruidos sus medio de vida, su sabiduría agrícola ancestral y local y, por ende, su identidad.

5. Los agrocombustibles no representan una alternativa porque anteponen la producción agrícola para el transporte frente a la producción de alimentos para los seres humanos. Los agrocombustibles amplían la frontera agrícola destruyendo los bosques y la biodiversidad, generan monocultivos, promueven la concentración de la tierra, deterioran los suelos, agotan las fuentes de agua, contribuyen al alza del precio de los alimentos y consumen más energía de la que generan.

6. Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) tampoco son una solución al cambio climático y son exclusivamente un instrumento de las corporaciones para controlar las semillas y la alimentación a nivel global. Significan un serio atentado contra los saberes locales, la salud de las personas, el ambiente, la autonomía local e impiden el efectivo cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada.

7. Continúan desarrollándose tecnologías al servicio de los intereses de los grandes capitales y presentándolas como soluciones a las diferentes crisis que hoy enfrentan la Madre Tierra y la humanidad. Sabemos que todas ellas son falsas soluciones, utilizadas como herramientas de acumulación y grandes negocios para las transnacionales, que sólo agravarán la dependencia, la concentración y la destrucción. Se destacan entre otras la geoingeniería, la nanotecnología, las tecnologías Terminator y similares, la biología sintética y el biochar.

8. El avance del libre comercio a través de los acuerdos de asociación económica, de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, son un ataque directo a la soberanía de los países y los pueblos, a la autonomía de los Estados y a la capacidad de acción multilateral de los organismos internacionales. A medida que avanza su implementación, se incrementan los impactos destructivos en las economías locales, en la Soberanía Alimentaria, el ambiente, los derechos sociales y culturales y nutrición de los pueblos y los derechos de la Madre Tierra.

9. La actual agudización del acaparamiento de tierras y los océanos por parte de grupos económicos, empresas transnacionales y capitales especulativos tanto estatales como privados es una de las agresiones más graves e inminentes que enfrentan los pueblos y su soberanía alimentaria, social y política. La extrema concentración y extranjerización de la tierra, agravadas por las actuales normas de libre comercio, atentan contra la biodiversidad vegetal y animal, contra las reformas agrarias, el derecho a la alimentación adecuada y los procesos de reconstitución de los territorios indígenas y campesinos por lo que los movimientos sociales han luchado sin descanso.

10. Las diversas formas de los Derechos de Propiedad Intelectual son un instrumento de privatización que destruye los sistemas de saberes originarios locales, tradicionales y científicos restringiendo el uso y conservación de la biodiversidad agrícola e ilegalizando prácticas culturales y agrícolas locales, comunitarias y ancestrales.

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B. Frente a esta realidad que sufren los pueblos en todo el mundo, los movimientos sociales y las organizaciones populares reunidas en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático nos comprometemos a seguir luchando por un conjunto de soluciones y movilizarnos hasta lograr que los gobiernos cumplan con su deber de llevarlas adelante. Pondremos al centro de nuestros esfuerzos la construcción de soberanía alimentaria, defendiendo y apoyando a la agricultura campesina e indígena como generadoras de alimentos, dignidad e identidad y como una alternativa real y concreta para enfriar al planeta, colocando la equidad de género como eje de nuestro accionar. Las soluciones que vemos como prioritarias son:

11. Valorar y recuperar las agroculturas y formas de vida locales, campesinas e indígenas/originarias y los sistemas de saberes ancestrales de producción y recolección de alimentos, los sistemas locales y tradicionales de salud que han sido deteriorados y subvalorados por la lógica agroindustrial orientada a la sobreproducción, la exportación y la generación de ganancia, remarcando que la soberanía alimentaria es el camino para responder y solucionar el cambio climático.

12. Promover y asegurar el financiamiento de políticas y mecanismos de control social participativo y público sobre los sistemas de producción agropecuaria para evitar el daño a la Madre Tierra. Éstas deben incluir la investigación, extensión e inversión pública para eliminar el uso de insumos agrícolas basados en petroquímicos, mejorar el contenido orgánico del suelo, reducir las pérdidas post-cosechas, fortalecer mercados locales, promover la agricultura urbana, proteger las fuentes y cuerpos de agua y apoyar la agricultura familiar campesino- indígena/originaria y la soberanía alimentaria.
 

13. Defender, revalorar y difundir el modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción local, autónoma (participativa, comunitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en armonía y complementación con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo. Al mismo tiempo rechazamos la uniformización alimentaria a nivel global y sus impactos nutricionales, ambientales, sociales, culturales y sanitarios.
 

14. Reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua. Reconocer el derecho de los pueblos y países a controlar, regular y planificar el uso y manejo respetuoso y solidario del agua y sus ciclos en el marco de los acuerdos y convenios internacionales y el derecho consuetudinario; prohibiendo cualquier forma de privatización y mercantilización del agua, creando órganos de participación popular que regulen sus usos múltiples, protejan su calidad y planifiquen su uso futuro para consumo de los seres vivos y para la producción alimentaria. En este marco apoyamos la propuesta del gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un derecho humano fundamental según se expresa en la “Declaratoria del Derecho Humano al Agua” y que vemos como un paso importante en la dirección correcta.
 

15. Prohibir las tecnologías y procesos tecnológicos que ponen en peligro el bienestar y la superviviencia de la Madre Tierra y los seres vivos y que se impulsan exclusivamente por su potencial para producir ganancias para un reducido número de empresas, a la vez que provocan y aceleran el cambio climático como: los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, la nanotecnología, la geoingeniería y todas aquellas que bajo el supuesto de ayudar al clima, en realidad atentan contra la soberanía alimentaria y agreden a la Madre Tierra. Prohibir a nivel mundial de manera definitiva las tecnologías Terminator, farmacultivos y similares.

16. Prohibir la pesca por arrastre por depredadora y destructora de la biodiversidad y del sustento de los y las pescadoras artesanales.

17. Prohibir la minería a gran escala contaminante que destruye los ecosistemas, expulsa a las poblaciones locales, contamina los cursos de agua y amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos.

18. Rechazar, condenar y prohibir cualquier estrategia político-militar y comercial que atente contra la soberanía alimentaria de los pueblos y los vuelva vulnerables al cambio climático.

19. Defender la primacía de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, los derechos de la Madre Tierra, y la biodiversidad por encima de los TRIPS (tratados que protegen la propiedad intelectual) y cualquier otro acuerdo comercial de derecho internacional. Los países deben también asegurar el respeto al carácter colectivo de los saberes de las comunidades indígenas/originarias y campesinas, y por tanto, el derecho colectivo de decisión sobre el acceso y el uso de estos saberes. Las medidas nacionales para implementar esto no serían sujeto de litigio bajo las reglas de acuerdos comerciales que fortalecen o protegen los derechos de propiedad intelectual. Toda investigación formal desarrollada con apoyo público debe ser bien público, no sujeto a las reglas de propiedad intelectual que restringen compartir la información.

20. Prohibir el patentamiento y cualquier forma de propiedad intelectual sobre toda forma de vida y saber ancestral y tradicional anulando las patentes existentes.

21. Prohibir las prácticas del dumping [la venta de productos por debajo del costo de producción] y otras prácticas comerciales desleales de los países industrializados que distorsionan los precios de los alimentos afectando la soberanía alimentaria y haciendo que los países no industrializados sean más vulnerables al cambio climático.

22. Implementar políticas y normativas de protección de la pequeña producción nacional de alimentos, incluyendo el tipo de subsidios que considere necesario hacia su sector agropecuario, como también garantizar su derecho a poner barreras arancelarias equivalentes a cualquier subsidio incorporado en productos exportados y permitiendo la libre circulación de las producciones locales.

23. Afirmar que parte central de la solución del cambio climático se da a través del fortalecimiento y ampliación de los sistemas agroalimentarios campesinos, originarios, de agricultura urbana y de pescadores artesanales. Esto significa que no solamente es necesario cambiar la lógica de producción industrial de alimentos orientada al mercado global y el lucro, sino también cambiar la visión que asume que la tierra es un recurso de explotación sin derechos orientada a satisfacer la avaricia del ser humano. Nosotros como pueblos reunidos afirmamos que el planeta es un ente vivo con derechos y espíritu.

24. Impulsar procesos amplios, profundos, genuinos de Reforma Agraria Integral y de reconstitución de territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos, de construcción participativa de los pueblos con enfoque de género, a fin de que los pueblos campesinos e indígenas/originarios, sus culturas y formas de vida, recuperen su papel central y fundamental en las agriculturas del mundo para lograr la soberanía alimentaria y recuperar la armonía para lograr el equilibrio climático del planeta. Una reforma agraria de este tipo debe incluir el respeto a los saberes locales y ancestrales y garantizar los medios necesarios para asegurar la producción en todas las etapas de la cadena (cultivo, procesamiento, comercialización). Exigimos el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y que se reconozcan y respeten sus territorios.

25. Promover y consolidar la educación integral (espiritual, material y social) para la soberanía alimentaria como sustento de las transformaciones necesarias integrando sus propuestas a todos los niveles de educación formal y no formal; desarrollando contenidos surgidos de las realidades locales sobre la base de una visión pluricultural y una plena participación de las comunidades respondiendo a las necesidades de cada región y comunidad. Al mismo tiempo sostenemos que la amplia información y comunicación sobre estos temas es uno de los mayores desafíos que enfrentamos.

26. Declarar a las semillas nativas y criollas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, base fundamental de la soberanía alimentaria y de libre circulación en manos de los pueblos indígenas/originarios y campesinos; cuidadas y multiplicadas por los custodios de semillas de acuerdo a las culturas de cada pueblo.

27. Exigir que los impactos del calentamiento global sobre la soberanía alimentaria se inserten dentro del marco de discusiones sobre el cambio climático y se inserten en las legislaciones nacionales.

Grupo de Trabajo 17 de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático

Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4101-agricultura-y-soberania-alimentaria