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PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
La «recuperación del trabajo» exige averiguar en qué consiste el modelo dado como incuestionable, el único viable y que sólo se puede profundizar si no se quiere retroceder a los noventa. Incluye:
1. El modelo extractivo que engloba los agronegocios, la explotación hidrocarburífera y la megaminería
Neoliberalismo y neocolonialismo en América Latina
Pan para hoy, incertidumbre mañana
por Raúl Zibechi (Alai-amlatina)
La explotación y exportación de recursos primarios o bienes comunes, está permitiendo a los gobiernos de la región atravesar la crisis global sin grandes cataclismos internos, a lo que pueden sumar extensas políticas sociales. Queda en el tintero un amplio debate sobre el modelo extractivo y sus consecuencias a mediano plazo.
El gobierno de Evo Morales consiguió acumular, por vez primera en la historia de Bolivia, reservas internacionales que superan los 9.000 millones de dólares que el próximo año superarán los 10.000 millones. En los últimos 15 años Bolivia casi duplicó el ingreso per cápita pasando de 896 dólares anuales a 1.683 dólares en 2009, aunque esas cifras no contemplan la inflación. Ambos incrementos se deben al impacto de los ingresos que percibe el país por sus exportaciones.
Hace doce
años, en 1998, las exportaciones mineras e hidrocarburíferas suponían el 47 por
ciento de las exportaciones de Bolivia. Hoy representan el 80 por ciento, según
un reciente informe difundido por el CEDLA (Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario). Una tendencia no muy diferente a la que se
registra en la mayor parte de los países de la región, donde la reprimarización
de la producción y las exportaciones viene siendo la norma. Los altos precios de
las commodities alientan esta tendencia que, sin embargo, augura problemas para
el futuro inmediato.
Neoliberalismo y neocolonialismo
Por «extractivismo»
entendemos la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto,
para convertirlos en mercancías.
Se trata de una fase diferente del modelo
neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura
comercial y financiera y la desregulación laboral.
Forma parte del
proceso de financierización de las economías, toda vez que podemos
considerar el
extractivismo como un proceso más especulativo que productivo:
las inversiones son mínimas y el retorno del capital es tan veloz como sucede en
el sistema financiero.
En la producción de soja, y en otros rubros de la agricultura, se alquilan las
tierras y las máquinas, de modo que
la inversión fija es muy baja en el conjunto
del capital movilizado.
Pero el retorno se produce en apenas una cosecha, al cabo de la cual el pool de
siembra puede emigrar a cualquier otro lugar porque -precisamente- no se ha
fijado en ningún espacio físico. Algo similar sucede con la minería, con la
peculiaridad de que las ganancias son fabulosas.
Es un modelo excluyente
porque no necesita personas.
Más aún, las personas son un obstáculo. Mientras el modelo basado en la
producción industrial durante la sustitución de importaciones necesitaba
trabajadores calificados y gran cantidad de obreros y empleados en la producción
y la distribución, y necesitaba a los consumidores de esas mercancías, con el
modelo extractivo sucede todo lo contrario: la mecanización hace irrelevante el
trabajo humano (la
minería tiene un sistema muy similar al de las plataformas petrolíferas con alta
rotación de trabajadores especializados que viven muy lejos del lugar de trabajo).
Y no hay consumidores, ya que los productos primarios son exportados a países
lejanos para alimentar ganado o para ser procesados.
Es un modo de producir
mercancías que destruye la naturaleza.
“El proceso de
privatización y concesiones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y
forestales, se ha ido profundizando con los últimos tres
gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15 por ciento de la
Amazonía lotizada y concesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a
privatizar el 72 por ciento del territorio amazónico en lotes concesionados y
entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a
las reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario”, dijo el
dirigente indígena peruano Alberto Pizango al cumplirse el primer aniversario de
la masacre de Bagua, el pasado 5 de junio.
Pobreza y control territorial
La extracción empobrece a
los países productores y enriquece a las multinacionales.
Paga impuestos
apenas simbólicos y en ocasiones nada, ya que estos emprendimientos suelen
implantarse en limbos jurídicos como las zonas francas y aprovechan todas las
ventajas que les ofrecen los países propietarios de esas riquezas.
Forma parte de lo que el
geógrafo David Harvey ha definido como “acumulación por desposesión” o,
si se prefiere, por robo o apropiación.
Aún cuando pueda cuestionarse el desarrollismo, el exctractivismo no se inscribe
ni siquiera en esa genealogía, ya que se salta el proceso industrializador en
los países donde se instala. El reciente informe del
Banco Mundial,
“Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas
y crisis?”, afirma que los países de la región “llegaron a ser de los más
prósperos del mundo gracias a la producción de metales precios, azúcar, caucho,
granos, café, cobre y petróleo”.
Suena extraño que la
expoliación colonial sea leída de ese modo por una institución que pretende
orientar las políticas nacionales.
Más aún, asegura que “las
exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la
región, llenando las arcas de los gobiernos”, y que América Latina “puede
derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero” de las
economías centrales. Casi un insulto.
Omite, por ejemplo, la creciente militarización de áreas enteras para despejar población molesta para este tipo de acumulación, que tiene en la guerra colombiana su mayor expresión. Los territorios de la guerra son exactamente aquellos donde las multinacionales han puesto sus ojos para apropiarse de los bienes comunes como lo muestran varios estudios. En paralelo, el agronegocio se apropia de millones de hectáreas desplazando a la población campesina productora de alimentos, con lo que la seguridad alimentaria de las naciones de debilita.
En
consecuencia, este modelo genera pobreza y exclusión. El economista argentino
Claudio Katz recordó un estudio de CEPAL que afirma que en la Argentina el decil
más rico tiene un ingreso per cápita mayor que ese mismo sector en los países
anglosajones, en tanto la población con menores ingresos es veinte veces más
pobre que los estratos más bajos de los países desarrollados.
Debate urgente
Esta etapa del
modelo neoliberal está siendo conducida en buena medida por gobiernos
progresistas y de izquierda.
Desde el lado de quienes
defienden los monocultivos, la minería y la explotación de los hidrocarburos
pueden aportarse argumentos valiosos para establecer un debate realista sobre
los problemas y ventajas del modelo extractivo.
Estos emprendimientos aseguran un flujo de caja a los estados para poder cumplir
con sus obligaciones, entre las que destacan el pago mensual de salarios y
beneficios sociales para los más pobres. Más aún, se podría argumentar que
cierto nivel de extractivismo es un “mal necesario” para amasar los excedentes
que permitan dar un salto industrialista.
El informe del CEDLA sobre Bolivia señala por lo menos tres debilidades inherentes a este modelo: la volatilidad de los ingresos fiscales por la inestabilidad de los precios internacionales de las commodities; la fragilidad en la ejecución del gasto ya que “la eventual caída de estos ingresos afecta a la ejecución de proyectos estratégicos”; y finalmente que “la creciente explotación de recursos no renovables requiere de fuertes inversiones lo que conduce a que los gobiernos opten por contratan deuda externa a fin de sostener esas inversiones”.
Un problema adicional es que aún no existen actores sociales y políticos poderosos como para presionar para ir más allá del extractivismo. Durante la fase de las privatizaciones existían sujetos que pudieron resistirlas, en particular los sindicatos estatales. Ahora no existen esos sujetos, deben ser construidos en una situación muy compleja: predomina un discurso estatal “progresista” que justifica el extractivismo, pero la mayor parte de la población no puede “ver” el modelo cuyos emprendimientos están en áreas rurales lejanas a las grandes ciudades.
Como
mínimo, sería deseable que se instalara un debate público sobre el tema que no
se reduzca al porcentaje de impuestos que deben pagar las empresas.
Algo se ha avanzado sobre el tema, sobre todo en el costado ambiental. Pero la
madeja está lejos de desovillarse: el nudo de la cuestión es cómo transitar de
la extracción hacia la producción, no sólo sumando algo de valor agregado (el
mal menor) sino estableciendo pautas para un crecimiento autónomo de los precios
internacionales, tan caprichosos en sus explosivos aumentos como depredadores en
las debacles.
Raúl Zibechi,
periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana
de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
Fuente original:
http://alainet.org/active/41887 Fuente:
http://www.rebelion.org/ América Latina y
Caribe/ 29-10-2010
2. El modelo industrial que tiene como uno de los núcleos privilegiados a las terminales automotrices
A. Tipo de reactivación industrial
Daniel Azpiazu y Martín Schorr, en "Del «Modelo de los Noventa» a la Posconvertibilidad" reflexionan sobre las continuidades y rupturas en la industria argentina. Extraigamos los siguientes fragmentos del extenso artículo para analizar cuál es el tipo de reactivación industrial que se produjo:
Fuente: Realidad Económica Nº 240 de noviembre-diciembre de 2008/ www.iade.org.ar
B. Tipo de crecimiento automotriz
◊Diego
Rubinzal, en "Luces y sombras",
señala:"Los
pronósticos que auguraban una debacle de la industria automotriz local durante
2009 estuvieron muy lejos de cumplirse, ya que la producción anual se ubicó en
las 512.924 unidades. A partir del cuarto trimestre de ese año, la producción y
la comercialización de vehículos mostraron una fuerte tendencia positiva que se
mantiene. En febrero pasado, la fabricación automotor creció 169,1 por ciento
más que el mismo mes del año anterior. A su vez, las exportaciones crecieron
171,2 por ciento y las ventas desde las terminales a los concesionarios se
incrementaron 49,2 por ciento. Fuentes del sector consultadas por Cash
pronostican que el
primer trimestre del año puede estar cerrando cerca de los máximos históricos.
La industria automotriz es una de las actividades más dinámicas, y fue uno de los pocos rubros industriales que no retrocedió durante la convertibilidad debido a la vigencia de un régimen que preservaba a las terminales de la competencia externa. De todos modos, el impacto de esa rama industrial en materia de generación de empleo, ahorro de divisas y desarrollo tecnológico está bastante alejado de parámetros que puedan considerarse deseables.
Por ejemplo, el aumento de la producción automotriz no se tradujo en un crecimiento proporcional de la plantilla. “La comparación del escenario actual con las décadas pasadas indica que el sector ha tenido un fuerte proceso de destrucción de puestos de trabajo. Durante 1974, el sector de terminales ocupaba a unas 57 mil personas e incluso en años de fuertes turbulencias macro, como 1981 y 1990, el sector llegó a contar con un piso mínimo de 18 mil ocupados. En cambio, para 2006, los datos disponibles indican que el sector cuenta con un plantel total de 19 mil puestos de trabajo”, se señala en “El complejo automotor argentino: las terminales a la promoción y el desarrollo industrial al descenso”, documento elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda).
El empleo indirecto generado por este sector también se vio afectado negativamente por los cambios productivos. Los investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan Santarcángelo y Germán Pinazo, explican en “La reindustrialización en la post-convertibilidad: una mirada desde el sector automotor” (revista Realidad Económica Nº 247) que “durante la segunda etapa de la ISI, una parte mayoritaria de los componentes de un automóvil era abastecida por la producción local de autopartes. Hoy es interesante observar cómo Volkswagen sólo demanda el 4 por ciento de sus insumos a autopartistas locales, en tanto que más del 50 por ciento son productos importados, y el resto es demandado a sectores no autopartistas (commodities industriales)”.
El sector automotor tampoco ha posibilitado un ahorro de divisas para la economía local, ya que el balance comercial de las terminales y las autopartes continuó siendo negativo a pesar del aumento de sus exportaciones. Los investigadores del Cenda advierten que “a excepción de los años de la crisis, tanto en terminales como en autopartes el saldo comercial ha sido estructuralmente negativo durante los últimos quince años, con lo que el complejo en su conjunto ha funcionado como un demandante neto de divisas en lugar de convertirse en un sector generador de las mismas”.
Por último, el desarrollo tecnológico sectorial se encuentra acotado debido a las estrategias diseñadas por las casas matrices que reservan para sí, y para sus filiales más importantes, las actividades más rentables. Por ejemplo: el diseño, la investigación y el desarrollo, y la comercialización de la Cadena de Valor Automotriz. “No obstante ello, para los países periféricos existen ciertas oportunidades de participar en la Cadena Global de Valor automotriz bajo actividades de mayor ‘calidad’. Entre tales oportunidades se cuenta la posibilidad de realizar diseños de automóviles específicos para determinadas regiones o de adaptar vehículos a la idiosincrasia y las especificidades de los mercados emergentes. Sin embargo, hasta el momento, los países periféricos cuyas filiales automotrices se han involucrado en estas actividades más sofisticadas han sido muy pocos”, concluye el documento del Cenda". drubinzal@yahoo.com.ar
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4235-2010-03-29.html
"Especialistas afirman que pese a la recuperación del sector, en 2010 no habrá un gran incremento del empleo y los salarios por límites en el modelo. Aseguran que, en parte, esto responde a la limitada incorporación de piezas nacionales y a la fuerte dependencia de las autopartes brasileñas
En los últimos años, el complejo automotriz se destacó como uno de los sectores industriales de mayor crecimiento. Según estimaciones oficiales, tras los coletazos de la crisis, la producción romperá su techo histórico en 2010 y alcanzará las 700.000 unidades. Sin embargo, los especialistas afirman que no es de esperarse que el empleo y las remuneraciones registren una mejora sustancial, comparable con la experimentada durante los períodos de mayor auge del rubro.
"Una mayor producción local de automóviles no necesariamente implica una mejora directa y significativa en los indicadores de empleo y de salario como sí lo hizo anteriormente", aseguran los investigadores de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) Juan Santarcángelo y Germán Pinazo.
En su trabajo
"La reindustrialización en la posconvertibilidad: una mirada desde el sector
automotriz", muestran (con datos de las cámaras empresarias) el cambio
radical que sufrió la actividad en las últimas décadas y que limitan su
desarrollo a futuro.
Actualmente, la industria
emplea menos de la mitad de
trabajadores que en los años 70,
con costos laborales bastante inferiores,
y la
mayoría de las piezas de los coches hechos en la Argentina proviene del
exterior.
De este modo, la imagen difundida de una industria generadora de empleo y de alta participación del personal en el negocio parece corresponderse más con el pasado.
Para llegar a dicha conclusión, los analistas compararon el período de la sustitución de importaciones con la posconvertibilidad, y encontraron que el personal ocupado se redujo drásticamente. Según datos de dicho estudio combinados con las estadísticas privadas, los empleados pasaron de ser 172.400 en 1974 a 77.800 en el 2009, pese a que las unidades vendidas en ese período saltaron de 286.702 a unas 500.000.
Entre los 90 y la bonanza económica de los últimos años, los analistas reconocen que hubo un incremento de la ocupación en la rama, pero señalan que este tuvo un impacto menor en el empleo del conjunto de la industria argentina -a diferencia de la década del 70-, y que fue acompañado por un fuerte incremento de las horas trabajadas.
"El segmento
terminal ha experimentado un profundo proceso de aumento en sus niveles de
productividad por obrero ocupado, lo que disminuye aún más la demanda de mano de
obra del conjunto del sector automotriz", dijo Pinazo a este medio.
El vocero de una de las terminales líderes que operan en la Argentina indicó a
iProfesional.com que
"en los últimos tres años
la productividad aumentó",
y que si bien "crecieron los salarios", "el costo laboral ya no es tan
importante".
Al mismo tiempo, según los especialistas, la participación del personal asalariado en el negocio ha descendido y alcanzó su piso histórico en 2007 al ubicarse por debajo del 10% del valor agregado generado por el sector, cuando en 1974 superaba el 50 por ciento.
Por todo esto, la productividad hoy acerca a las terminales a los estándares internacionales y permite explicar el fuerte crecimiento de la actividad con una menor cantidad de personal respecto de décadas pasadas.
En este sentido,
Julio Rodríguez, el prosecretario del Grupo PROA, la cámara autopartista que
nuclea a más de 180 empresas metalmecánicas en todo el país, señaló a
iProfesional.com que "el
empleo (de la rama automotriz) comenzó a recomponerse con (Néstor) Kirchner pero
se estancó".
El impacto de la crisis mundial, sumado a la desaceleración de la economía
argentina, anuló parte de la mejora lograda en los indicadores laborales.
Los
despidos y cierres de fábricas
de
autopartes locales destruyeron unos 10.000 puestos de trabajo y dispararon la
conflictividad laboral. Durante 2009 el personal del sector automovilístico se
redujo a unos 77.800 operarios desde los 86.300 existentes en 2007.
Paradójicamente, para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la
pérdida de empleo fue mayor y habría dejado en pie sólo 67.500 puestos.
Recientemente se conoció el caso de Bosch, una autopartista de alcance
internacional que entró en crisis -al igual que Mahle, Paraná Metal, Cive o
Pilkinton-, y echó a 200 trabajadores.
"Esto
significa que
en 2010
no va a haber un crecimiento del empleo
en las terminales
porque van a tomar a los trabajadores que suspendieron el año pasado",
señalaron a este medio desde una entidad del sector.
Mundos
paralelos
La
pérdida de participación del sector automotriz en el empleo industrial no puede
entenderse sin revisar el sesgo cada vez más importador y la creciente
dependencia
de las autopartes
brasileñas que comenzó a experimentar la industria en los años 90.
Los investigadores explican que el cambio de las lógicas productivas
"derivó en un
crecimiento pronunciado de la industria terminal y cada vez más disociado del
autopartismo que tiene casi como correlato un
incremento de los
productos importados
en el abastecimiento durante las
fases de bonanzas".
Así se configuró un sector en el que coexisten dos mundos paralelos. Por un
lado, hay unas 400 Pymes autopartistas que, favorecidas por la devaluación del
2002 y con una menor productividad, aportan el 68% del empleo, pero
sólo producen un 20% de las
piezas
utilizadas a
nivel local, porque más de la mitad son importadas.
"Las autopartes locales que usan las terminales en la
Argentina son pocas. La industria automotriz está concentrada en Brasil desde
hace 20 años", señaló Rodríguez.
En tanto, las terminales ocupan
un 32% de los trabajadores del sector para ensamblar los vehículos que son
destinados mayormente a la exportación (un 70% a Brasil) y son vistas desde
algunas cámaras como el "sector mimado" de la Casa Rosada.
Se trata de 10
firmas líderes a nivel global con un alto nivel de productividad,
las cuales se encuentran entre las 150 compañías de mayores ventas en el país y
su impacto en el PBI argentino es notorio.
No
obstante, su preferencia por las piezas fabricadas en el exterior ha estimulado
un creciente déficit
del sector automotriz en materia comercial que, en 2009 alcanzó cerca
de u$s3.200 millones, y para el 2010 podría tocar los u$s7.200 millones, según
la Asociación Argentina de Fabricas de Componentes (AFAC). En este contexto, son
cada vez más difíciles de rastrear las huellas de una industria sustitutiva de
importaciones, que en los 70 era abastecida en un 90% por componentes locales y
además demandaba insumos del resto de las industrias de bienes intermedios y
materias primas.
"Ya
no es necesario que en la Argentina haya una integración de la metalurgia, el
plástico, las autopartes y la terminal. Las grandes empresas tienen el centro de
operación en otro país y desde ahí proveen a toda la región",
explicó Pinazo.
Es por ello que los autopartistas reclaman al Gobierno un plan para que las
terminales les compren sus productos.
"Las medidas que se toman no rinden los frutos perseguidos. Para las
terminales,
es más simple importar.
Si no le
ponés una zanahoria adelante no te compran",
señalaron desde
PROA.
La
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este mes que
durante el 2009 financió al mercado automotor por un monto global que alcanza
los $816 millones.
Sin
embargo, los especialistas señalan que aún con incentivos estatales,
"la
capacidad de sustituir importaciones por parte del
entramado local parece estar fuertemente limitada" por la organización
mundial que ha adquirido la producción automotriz, en la que siguen siendo más
competitivas las plataformas ubicadas en países como Brasil.
Por ello,
ven de difícil realización las
iniciativas impulsadas tanto por el sector autopartista como por el Gobierno
nacional de producir
un
"auto 100%
argentino"
que implique un mayor consumo de componentes locales y un fuerte aumento del
empleo".
Fuente:
http://www.iprofesional.com/notas/92232-Advierten-que-el-repunte-automotriz-tendra-un-impacto-limitado-sobre-el-empleo.html
3. El modelo agroalimentario y agroindustrial que el mercado mundial estableció
Luis E. Sabini Fernández (Rebelión), en "Centro o periferia: mercado mundial vs. soberanías regionales, locales", considera un par de ejemplos para enfocar cómo se aplican las ciencias y tecnologías:
"(...)
PESCA.
La humanidad se ha nutrido desde tiempo inmemorial de peces y seres vivos
acuáticos. Se estima que el 60% de las proteínas animales consumidas por la
humanidad ha provenido, históricamente, de la pesca. El otro tercio de proteínas
animales ha sido provisto por los animales de tierra o aire. Aves, cérvidos,
liebres, cabras, vacas, cuises, y el larguísimo etcétera que va variando de
región en región. La pesca se ha estado industrializando desde hace siglos. Y
“perfeccionando” sus técnicas al punto que al día de hoy, con sus redes de
arrastre, sus bombas de profundidad y tantos otros recursos, los pescadores
están en condiciones técnicas de vaciar el mar. Cada mar que “visitan”.
Sería un éxito deslumbrante si no fuera por el pequeño detalle de que la
pesquería está logrando así serruchar la rama donde está asentada.
Sus técnicas de arrastre son tan “perfectas” como para no dejar intocado
los fondos marinos. Que son, precisamente, la base nutricia de muchísimos
circuitos vitales. Las redes son tan rendidoras que no perdonan ni siquiera a
los más pequeños peces, puesto que los barcos engullen los peces grandes para
comida humana y los pequeños como masa nutricia para animales criados o
cultivados por el hombre, peces en estanque incluidos.
Tanta calidad técnica y ceguera natural o crisis del sentido común, ha hecho que
la pesca haya desaparecido por ejemplo de todo el entorno europeo. El Mar
Mediterráneo, otrora asiento de apetitosos atunes y tantas otras especies que
han alimentado milenariamente a las poblaciones costeras, es ahora poco más que
el sumidero de los desechos de los países que lo circundan. El Báltico, por
ejemplo, está tan contaminado que sus especies marinas han disminuido
dramáticamente su fecundidad. La reproducción es bajísima y menguante. Por estar
interconectado no desaparece, como el mal llamado Mar de Aral (el sexto lago más
grande del planeta, hoy reducido a una charca salobre gracias al milagro
soviético); permanece, pero cada vez más sin vida.
Desde hace unos años, las dotaciones pesqueras europeas se dedican a saquear las
costas africanas, como la somalí, donde la impunidad es grande por la falta de
un estado local en condiciones de defenderse, pero también la de otros estados
que tienen como dieta básica el pescado, como por ejemplo Namibia, que ve
raleada su pesca por las incursiones de ultramar.
Como la “perfección” técnica,
el alcance depredatorio en suma, no se ha
abandonado, sino que, por el contrario, sigue en pie, en auge, sacrificando a
los pescadores locales robándoles las pescas, por ejemplo, mar adentro (con lo
cual no llegan los peces a las costas), el destino de la pesca planetaria es su
desaparición. Y
con ella, la ingestión principal de proteínas de la humanidad. Ya imaginamos el
festejo de algunos laboratorios produciendo pastillas de ω 3 u ω 6 “para
todos”…
Y nos hemos limitado a hablar de los desarrollos técnicos propiamente pesqueros.
Sin mencionar, por ejemplo, que la plastificación de los mares, gracias a la
invasión de otra industria −la petroquímica− ha significado el crecimiento en
progresión geométrica de microorganismos adheridos a los restos plásticos que se
van depositando de a poco en los fondos marinos reteniendo el oxígeno de las
aguas superficiales y a la vez bloqueando los circuitos bióticos de esos fondos
marinos que vimos ya tan maltratados…
AVÍCOLA Y SUINA.
Veamos ahora un par de casos relativos al primer rasgo enumerado, el del
agrandamiento sostenido de las unidades de producción, en el caso de cerdos y
aves.
Como se describe en muchísimos documentos, el tratamiento dispensado a animales
destinados al consumo humano es de una indiferencia y crueldad sin límites. Pero
tanta “eficiencia” tiene su rebote; estamos dañando nuestra salud. “[…]
que se apliquen verdaderos procedimientos industriales para la «fabricación» de
animales. Gallinas, vacas, borregos, conejos y todos aquellos animales que los
estándares occidentalizadores determinen como comestibles, son tratados como
grabadoras o DVD’s, hechos en serie. Las granjas se han convertido en verdaderas
factorías en las cuales a los animales se les maneja igual que a metros de tela
destinados a confeccionar vestidos. Mediante artificiales procesos hormonales y
genéticos, se les obliga a sobre-reproducirse, se les alimenta con sus propios
excrementos y cadáveres «enriquecidos», se les apretuja en reducidísimas áreas,
se les transporta hacinados, ahogándose con su propio calor y sudor, y se les
sacrifica bárbaramente […].” (8)
En esas condiciones “de vida” la expansión de enfermedades, de pandemias, es también veloz y fulminante. Desde hace unos años, nos enmudecen y atemorizan con la “gripe aviar”, la “influenza porcina” y otras plagas “bíblicas”.
La referencia al “aprovechamiento de todo” es una curiosa perversión de una conducta tan cara a la producción orgánica, de no producir desechos.
En el caso de los establecimientos hiperindustrializados, el afán de no desperdiciar nada en un proceso productivo que no se basa en la salud de los integrantes ni en pasos depurativos de compostado, ni en biodegradación aeróbica o anaeróbica ni en cadenas alimentarias biológicamente reconocidas, sino en el afán de no perder “ni un gramo de ingredientes” ha llevado, por ejemplo, a alimentar animales herbívoros con restos cárnicos. Tal fue el origen ya archisabido del llamado “mal de las vacas locas”. Como exponente, dada su gravedad y ramificaciones mediatas, alcanza y sobra, pero bueno es saber que se trata apenas de un ejemplo entre tantos.
En agosto
de 2010, se retiraron en EE.UU. 500 millones de huevos infectados o
potencialmente infectados con salmonelosis. Todos provenían de apenas dos
establecimientos pertenecientes, en rigor, a un único propietario.(9) DeCoster.
Por supuesto, los huevos lucían en las góndolas como provenientes de distintos
“competidores” en el mercado, porque llegaban o iban a llegar al
consumidor, como habitualmente, con muy diferentes marcas y envases.
Pero la fábrica en cuestión, trabaja en régimen como de zona franca, es decir
sin leyes ambientales ni laborales, a discrecionalidad contra los asalariados y
fundamentalmente contra las asalariadas. “En 2002, la compañía de DeCoster
pagó un millón y medio de dólares para llegar a un acuerdo en referencia a una
demanda legal presentada por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades
Laborales en representación de mujeres mexicanas que informaron haber sido
sometidas a acoso sexual, incluso violación, abusos y represalias por parte de
sus supervisores.” DeCoster es un ejemplo práctico de las observaciones
filosóficas de K. Marx. Todo se cosifica: los animales, los asalariados, los
clientes.
Esta epidemia se frenó. ¿Cuántas nos llegan y luego, en cada hospital, cada
médico irá diagnosticando una patología, por supuesto de-origen-desconocido?
Pensemos en que las unidades de producción de animales de granja eran antes por decenas y ahora lo son por miles o millones. Un cambio cualitativo en su tratamiento se ha introducido con la gran industria, un cambio de escala donde pierde el hombre su cualidad humana y el animal la suya animal.
EE.UU. ha mantenido un consumo de cerdo bastante estable en las últimas décadas, en todo caso aumentado junto con el propio aumento demográfico de población. De unos 50 millones de cerdos carneados anualmente a mediados del s. XX ha pasado a unos 65 millones hacia el cambio de siglo.
Pero reparemos en la transformación que tiene que haberse operado en el cómo. De tener alrededor de dos millones de establecimientos que carneaban unas pocas decenas de cerdos por año cada uno, a tener apenas miles de establecimientos que carnean varios miles de cabezas anuales cada uno. Esto significa un enorme y brutal cambio en el cuidado y la atención de los animales. Industrialización, estandarización y cambios sustanciales en la dieta. Lo patógeno también cambió de naturaleza y ritmo: han aparecido plagas, que se han “universalizado”: las “enfermedades en serie” se reproducen incontenibles.(10)
En el caso
de las gallinas y pollos, se crían “paralíticos” para que no gasten
energía en movimiento, con lo cual además hay que sellarles el pico, haciéndolo
romo para evitar que se picoteen entre sí en la desesperación de sus cubículos,
y en el caso de las ponedoras, para que no picoteen los huevos que acaban de
poner. Los establecimientos avícolas “modernos” lidian con millones de
ejemplares.
El estiércol resultante de tales “establecimientos fabriles” ya no es
fácilmente incorporable a la tierra donde serviría de abono extraordinario y
natural de próximos cultivos. Ahora, las deyecciones de millones de aves ya no
cumplen papel alguno en los ciclos de rotación y fertilización de la tierra.
¡Para eso están los laboratorios! En su lugar, van creando lagos de mierda en
las proximidades de los establecimientos, y los habitantes de las localidades
vecinas atestiguan que los campos apestan las 24 horas. En el norte de Alemania,
la cría industrial avícola ha generado tal problema “olfativo” que los
traficantes de tales carnes han encarado su “solución”.
No piense el lector que hay en esto atisbo de autocrítica, reconocimiento de las
virtudes alimentarias de lo local, por ejemplo. No, sencillamente una solución
pragmática, volcada a la modernidad. Así como cuando tales concentraciones de
animales generaban una locura generalizada en ellos y aumentaba muchísimo la
agresividad, no se le ocurrió a ningún criador volver a dimensiones menos
monumentales, criando animales que gozaran relativamente de su vida, sino
sencillamente serrucharon los picos de las gallinas, ante el problema olfativo,
los emprendedores del ramo organizaron tales establecimientos con sus millones
de animales en pre-matadero en Brasil, en la costa noratlántica –para abreviar
fletes– y que los pollos lleguen a Alemania ya listos para el consumo,
eviscerados, sin plumas y sin tener que soportar la población –alemana, claro–,
el olor “colateral” de la mierda. Carecemos de datos sobre si los
establecimientos en Brasil tienen vecinos.
Este sistema agroalimentario no es eterno. Tiene, por el contrario, escasísimas
décadas. Sobreviene con la hipertecnificación de los procesos industriales y el
“aprovechamiento industrial” de todos “los elementos
constituyentes”.
Así remataba la oenegé GRAIN un informe donde desnudaba el verdadero origen de
la gripe aviar; el sistema industrial de cría de animales:
“Una interrogante candente es por qué los gobiernos y las agencias
internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) no hacen nada para investigar cómo las granjas
industriales y sus productos, tales como estiércol y raciones, extienden el
virus. Por el contrario, están usando la crisis como una oportunidad para
profundizar la industrialización del sector. Se multiplican las iniciativas para
prohibir la producción de pollos al aire libre y eliminar a los pequeños
productores, y reponer las granjas con pollos genéticamente modificados. La red
de complicidad con una industria involucrada en una sarta de mentiras y
encubrimientos parece completa.
"Los campesinos están perdiendo sus medios de vida, sus razas de pollos nativos
y están siendo expulsados del mercado, y algunos expertos dicen que estamos al
borde de una pandemia humana que podría matar millones de personas […]. "¿Cuándo
se darán cuenta los gobiernos que para proteger a los pollos y a las personas de
la gripe aviar, necesitamos protegerles de la industria avícola mundial?"(11)
Aunque el nudo problemático que plantea el texto de GRAIN es preciso, su
pregunta es ociosa si pensamos en la FAO. Desde hace ya mucho tiempo esta
comisión de la ONU, como el PNUD, el PNUMA, la OMS, el PMA, se dedican a
legitimar el sistema con su modelo productivo de grandes consorcios
transnacionales, aceptando el paradigma del capitalismo monopólico, como si
fuera lo único que puede hacer funcionar al mundo, como si se tratara de una ley
celeste de rotación y traslación de planetas y no de capitales; como si eso no
revelara, sencillamente, que las comisiones técnicas de la ONU pertenecen a los
privilegia-dos del mundo. Y respecto de “los gobiernos” no tenemos algo
muy distinto qué decir(...)".
Luis E. Sabini Fernández es Periodista, editor de futuros del planeta, la sociedad y cada uno, docente del área de ecología de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofìa y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fuente: www.rebelion.org / Argentina/ 09-11-2010
3. El modelo productivo y mercantil que consolida e incentiva la esclavitud
◊VÍCTIMA DEL TRABAJO ESCLAVO
Murió el niño Ezequiel Ferreyra
Por La Alameda y el MTE
"A la 1.35 hs de esta madrugada murió Ezequiel, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa Avícola, Nuestra Huella. El lunes de la semana pasada lo habían vuelto a operar, pero el tumor ya le había ocupado todo el cerebro. La corta vida de Ezequiel transcurrió la mayor parte de su tiempo entre la sangre y el guano de las gallinas y manipulando venenos con elementos cancerígenos de la empresa para cumplir a rajatabla con los topes de producción que la patronal le imponía a su familia.
Las maestras de la escuela de Ezequiel, ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que a finales de setiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él. La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar del tema con sus compañeros de trabajo. Y logró la manera de modo muy simple: convenciendo a los padres que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables e incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos y ofreciéndoles a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal. Paralizados por el miedo y la desesperación, los padres aceptaron el chantaje y se llamaron a silencio.
Ahora sabemos que de la Clínica de Pilar fue derivado a la Clínica del Centro de La Plata, donde se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro y de allí fue trasladado a otra Clínica en Laferrere, donde fue intervenido quirúrgicamente y se pudo reducir parcialmente el avance del tumor. No obstante, cómo su situación seguía siendo muy grave, la empresa dispuso su traslado al Centro Gallego donde fue internado en terapia intensiva. A los pocos días el tumor volvió a reproducirse y se lo intervino quirúrgicamente el lunes de la semana pasada, pero su situación siguió agravándose hora tras hora hasta que este martes a la madrugada falleció. Recién tomamos conocimiento hace un rato, porque su estado de salud desde hace días era un secreto guardado entre siete llaves por la empresa que quería evitar a toda costa que se indagara acerca de las causas que lo llevaron a esa situación terminal.
Ezequiel fue traído desde Misiones con su familia a fines de 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella, Alejandra Lopez Camelo y que cobraba $ 2500 por cada familia que lograba engatusar. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones, por un trabajo estable y una casa segura, donde los chicos crecerían en el campo y junto a la naturaleza. Los costos del traslado correrían por cuenta de la empresa. Y la familia sólo tenía que limitarse a aceptar el paraiso que les regalaban. Entre la pobreza extrema y crónica y un futuro de vivienda y trabajo estable, ni lo dudaron.
Al llegar a la granja «La Fernández», la situación distaba mucho de lo prometido. Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano, juntar la sangre y distribuir el veneno. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir sin involucrar al resto del grupo familiar, lo cual era estimulado por los capataces de la empresa. Y si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle, esta vez a miles de kilometros del lugar de origen y los conocidos. Además, la familia debía pagar la «deuda» que habían contraído por el traslado a Buenos Aires. Fue asi que primero la esposa y luego los niños comenzaron a involucrarse en esas jornadas infernales de producción en el galpón. Lo mismo pasaba en los galpones vecinos, donde ya estaba naturalizado que todos los grupos familiares trabajen a destajo, pero sólo para conformar el salario del padre, un salario más bajo que el de un peón rural.
Cientos de familias más, son esclavizadas del mismo modo que la familia de Ezequiel en unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba donde muchísimos chicos están expuestos a correr la misma suerte que Ezequiel. Esas granjas son propiedad de «Nuestra Huella», una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Wall Mart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas.
Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008, 2009 y 2010, la granja allanada con la gente esclavizada y la alambrada electrificada, las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató fehacientemente trabajo infantill en Nuestra Huella, los más de cuarenta testimonios de víctimas de la empresa, las filmaciones de las persecuciones y los intentos de sobornos a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, nada, absolutamente nada fue suficiente para que la Jueza Graciela Cione (Garantias en lo Penal de Campana) y Adrián Charbay (Federal II de Zárate y Campana) se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y trafico de personas respectivamente. Quizás el hecho de que la presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, sea prima hermana del intendente de Pilar , Humberto Zúccaro, cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrrera y que el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort sea el abogado de la firma expliquen un poco acerca del manto de impunidad que rodea la empresa.
Desde el 2008 los costureros y cartoneros de la Alameda y el MTE vienen denunciando, juntando pruebas y movilizándose contra la esclavitud y el trabajo infantil en Nuestra Huella. Esta mañana, cuando no sabíamos que horas antes Ezequiel había muerto, más de doscientos compañeros marcharon a los dos juzgados penales de Campana exigiendo justicia por Ezequiel y por la salud y la vida de los más de 200 niños que viven y trabajan en las granjas de esa empresa y nos juramentamos volver en los próximos días.
La empresa no conforme con haber asesinado a Ezequiel, con haber envenenado a decenas de chicos y adultos, ahora se dispone a hacer desaparecer las evidencias y pretende trasladar rápidamente el cuerpo de Ezequiel y quizás cremarlo, fuera del alcance de cualquier pericia judicial que los comprometa y ponga en evidencia su responsabilidad por Ezequiel y por todos los niños y adulltos que manipullan venenos agrotóxicos en sus granjas. La Alameda y el MTE ahora más que nunca redoblará su esfuerzo reclamando justicia y convoca a todos los ciudadanos y periodistas honestos que repudian la esclavitud y el trabajo infantil a que se sumen a nuestro grito para romper el cerco de impunidad que rodea a Nuestra Huella".
Gustavo Vera (La Alameda) 1561584835
Juan Grabois (MTE) 1563843877
Fuente: AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH Martes 16 de noviembre de 2010
◊Talleres clandestinos de confección
(12-05-2006) La Cooperativa la Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros eleva al Departamento de Asistencia a la Víctima de Procuración General de la Nación y al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del GCBA un relevamiento de talleres de confección clandestinos elaborado en los últimos nueve meses y realizado por un centenar de costureros que han sido víctimas en los mismos y de numerosos vecinos que han aportado denuncias en la Alameda.
El relevamiento contiene una descripción detallada de más de sesenta talleres clandestinos donde se aclara en la mayoría de los casos quien es el respectivo fabricante. Se trata de un universo de más de mil costureros trabajando en condiciones de servidumbre y en muchos casos reclutados mediante mecanismos de trata. También cuenta con un anexo donde figuran otros cuarenta talleres de los que se conoce con precisión su localización aunque no se tienen datos completos de sus características. Una vez entregado a las autoridades mencionadas, de las cuales esperamos que den parte a la justicia, se dará copia a todos los medios de comunicación a fin de que la sociedad conozca y fiscalice que el Estado castigue a los responsables por acción u omisión de las violaciones a la ley 12.713 (régimen de trabajo a domicilio por cuenta ajena), ley de migraciones, convenio colectivo de los obreros del vestido, reducción a la servidumbre y trata de personas y a la vez garantice asistencia adecuada y planes de reinserción laboral a las víctimas de estos talleres.
El relevamiento demuestra que no estamos en presencia de hechos delictivos aislados, sino de un sistema de producción bárbaro, donde se somete a los trabajadores a la servidumbre y se avasallan tanto sus derechos laborales como humanos. También demuestra que fabricantes de primer nivel como Graciela Naum, Lacar, Montagne, Rusty, Cocorayado, Porsaid, Rash, entre otros, se valen de este sistema para obtener fabulosas ganancias a costa de la servidumbre de los costureros y sus familias. Como podrá apreciarse en la mayoría de estos talleres se encuentran denominadores comunes, cualquiera sea la cantidad de máquinas o empleados, que nos permiten suponer que se trata de un sistema de producción en cuya cúspide estàn los fabricantes y a su costado un Estado que por acción u omisión viene permitiendo desde hace años el funcionamiento de esta red ilícita y que la justicia deberá investigar.
Las
características comunes que encontramos en muchos de estos talleres son:
1. Jornadas de trabajo que superan largamente las 12 horas máximas que permite
la legislación vigente y que se extienden hasta 18 horas diarias en algunos
casos.
2. Reclutamiento mediante engaños en Bolivia o mediante radios y sitios
determinados a escala local, abusando de la vulnerabilidad de la persona que no
tiene documentos para imponerles condiciones de trabajo reñidas con la
legislación vigente.
3. Situación de encierro en la mayoría de los casos desde el lunes hasta el
sábado a la tarde, contado con pequeños francos semanales que van desde el
sábado a la tarde hasta el domingo a la noche.
4. Gran cantidad de casos de anemia y tuberculosis. Informes de los Hospitales
Muñiz y Santojani advierten que la mayor cantidad de casos de tuberculosis
detectados han sido de ciudadanos bolivianos que se desempeñaban en la costura.
5. Pagos por prenda y no por oficio como establece el convenio. En muchos casos
ni siquiera se paga el miserable jornal convenido de palabra, sino tan solo
“vales” de $ 20 o $ 50 pesos por fin de semana. Son muchísimos los casos de
costureros que han sido echados de talleres con importantes deudas salariales
sin saldar.
6. Alimentación precaria y situaciones de hacinamiento.
7. Incumplimiento de normas de higiene y seguridad básicas y cables expuestos.
8. La mayoría de los costureros ha escuchado del tallerista o sus allegados o ha
visto directamente situaciones en las que efectivos policiales han cobrado
coimas a cambio de hacer la vista gorda con el funcionamiento irregular del
taller.
9. La abrumadora mayoría de los costureros que trabaja en estos talleres no
tiene documentos argentinos y rara vez se le permite salir en la semana a
tramitarlos.
10. La intimidación permanente de los patrones con el objeto de paralizar a las
víctimas, ya sea haciéndoles creer que por no tener documentos pueden ser
maltratados y deportados por las autoridades locales,o la retención de
documentación en algunos casos, o los contratos fraudulentos que algunos les
hacen firmar en Bolivia o las amenazas de represalías a sus familias en Bolivia
son algunas de las modalidades que se emplean para impedir que el costurero
acuda a la justicia.
Cabe señalar que es posible que en algunos casos los talleres se hayan mudado a
provincia, pues desde que fueron los allanamientos a los talleres de Salazar
Nina en octubre de 2005, merced a la denuncia presentada en el fuero federal por
la Defensoría del Pueblo, seguido de las inspecciones realizadas por la
subsecretaría de seguridad porteña en diciembre y las actuales que comenzaron en
abril, hubo numerosas mudanzas de talleres a la vista de los vecinos de los
barrios del sudoeste de la capital. Incluso nos consta de mudanzas de talleres
que fueron “clausurados” y que con una simple mudanza reiniciaron
rápidamente sus actividades (...)".
Fuente: http://www.laurdimbre.com.ar/vidaurbana/vu-0053.php
◊Trata de personas
Martín Lozada*,
en
"Algunos aspectos legales sobre «la trata de personas»",explica:
"El informe sobre
«la trata de personas» con fines de explotación sexual en la Argentina elaborado
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza algunas
características de los casos ingresados en el sistema judicial.
Dicho reporte fue efectuado en diciembre del 2006, a partir del análisis de
cuarenta y siete expedientes de diversas jurisdicciones del país. Concretamente,
se relevaron causas penales tramitadas en el período 2000-2006 en la ciudad de
Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán,
Jujuy, Entre Ríos y Chubut.
La «trata de personas»
ha sido definida en el artículo 3º del Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar «la trata de personas», especialmente de mujeres y niños –también
llamado “Protocolo de Palermo”–, instrumento que fue ratificado por la
República Argentina el 19 de noviembre de 2002.
Según sus términos,
«trata de personas»
consiste en “... la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación”.
Aquella incluye “...como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”.
El Protocolo de Palermo es uno de los tres correspondientes a la Convención
internacional contra el crimen organizado transnacional del 2000, instrumento
que establece expresamente la obligación de los estados partes de tipificar,
perseguir y sancionar «la trata de personas» interna e internacional. De modo
que a más de cuatro años de su ratificación, la Argentina se encuentra en mora
de adoptar una legislación penal acorde con las obligaciones asumidas
internacionalmente.
Según el informe, la falta de tipificación del delito de trata en nuestro
ordenamiento legal constituye uno de los principales obstáculos para su adecuada
persecución penal, puesto que la utilización de figuras penales tales como la
promoción y facilitación de la prostitución, así como la reducción a la
servidumbre y la privación ilegítima de la libertad no permiten responder
integralmente al fenómeno del delito, que incluye también trata para explotación
laboral, para mendicidad o, incluso, para extracción de órganos humanos.
Dichas figuras penales permiten la criminalización, en el mejor de los casos, de
los regentes de los prostíbulos y de las personas que para ellos trabajan. Ello
se debe, en lo fundamental, al hecho de que la explotación sexual en los
establecimientos constituye el eslabón más visible dentro de cada uno de los
procesos. De modo que no es casual que en los casos analizados se hayan
encontrado imputados penalmente los regentes de los prostíbulos, algunos de sus
empleados y mujeres que por propia voluntad o bajo coacción actuaban como
reclutadoras y que no se hubiese detectado un solo caso en el que un reclutador
independiente o un proxeneta se encontrasen, al menos, en calidad de imputados.
Otro de los obstáculos que debe enfrentar la eficaz persecución penal de este
delito radica en la comprobada complicidad de ciertos integrantes de las fuerzas
de seguridad. La modalidad más extendida de complicidad policial que se ha
observado en los expedientes judiciales analizados consiste en dar protección a
los regentes de los prostíbulos a cambio del pago regular de una suma de dinero.
Esa protección permite garantizar el libre desarrollo del negocio prostibulario,
lo cual, en la práctica, se traduce en que, en las inspecciones regulares que
realiza en los locales, generalmente habilitados como cabarets o whiskerías, la
policía haga caso omiso de los indicios y de las pruebas que pueden encontrar en
el lugar.
Las normas que regulan la cooperación entre los sistemas judiciales de
diferentes jurisdicciones también complotan contra la represión de estas formas
delictivas, ya que suelen generar procedimientos altamente burocratizados y
carentes de agilidad, con retrasos en la tramitación de pedidos de información y
concreción de solicitudes, circunstancia que menoscaba la urgencia y la adecuada
coordinación que suelen demandar los operativos tendientes a desmontar un caso
de trata de personas.
El informe, además, subraya la insuficiente capacitación de los operadores
judiciales y de los integrantes de las fuerzas de seguridad, sobre todo en lo
relativo al conocimiento de los estándares internacionales y de las normas
internas aplicables a los procesos de trata. A esto se suma la poca información
que poseen sobre la dinámica de funcionamiento de las redes y sus actores
primarios y secundarios, así como de los mecanismos a partir de los cuales unos
y otros se vinculan entre sí. De allí, la necesidad de tornar eficiente la
persecución de este delito complejo y de dramática vigencia. Un camino para ello
podría consistir en la creación de fiscalías especializadas para su
investigación, como la que comenzó a operar el año pasado en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires. Otro tanto podría contribuir el establecimiento de
oficinas o secciones especializadas dentro de las fuerzas de seguridad.
El informe contiene una serie de datos y reflexiones de indispensable valor para
conocer el estado de la cuestión en nuestro país y, sobre todo, para
contextualizar el problema cultural que subyace al delito de trata de personas
con fines sexuales: allí donde la naturalización de la prostitución por parte de
la sociedad y de sus funcionarios públicos supone un guiño encubierto a formas
siniestras de explotación organizada".
*Es juez Penal en
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Profesor titular
de Derecho Internacional Público en la Universidad FASTA, de San Carlos de
Bariloche. Es miembro titular de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
Fuente: Diario Río Negro / Argentina - 12.08.2007
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1942
/ 31-8-07
En consecuencia, la «recuperación del trabajo» que produjo la hominización y desarrolló la gran diversidad de culturas planetarias no puede concretarse con este modelo excluyente, degradador de las relaciones productivas e institucionales y destructor de las condiciones tanto de vida como de trabajo. Es un modelo cuyos ejes de desarrollo (agronegocios, megaminería, explotación hidrocarburífera, industria automotriz, construcciones de IIRSA, megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios....) condujeron y conducen a la maximización de la concentración y la extranjerización de tanto de la economía como del territorio. También facilitan el despliegue del narcotráfico, de la trata de personas, de prostíbulos y de los juegos de azar que son altamente rentables. Esto último es lo que importa al capitalismo, sin preocupación alguna por actuar hambreando, degenerando, enfermando y matando a buena parte de la humanidad.
La «recuperación del trabajo» plantea reflexionar y posicionarse respecto a organizar el funcionamiento socioeconómico e institucional que atienda a las necesidades e intereses de la diversidad popular y no, a las de las transnacionales y sus socios locales. Significa reflexionar que el modelo actual o el capitalismo establece:
1. La valoración del polo de privilegios que es irreconciliable con la de los pueblos
Otro modelo
Por Miguel Teubal *
"Si
algo distingue a la economía política de otras disciplinas es que trata
fundamentalmente sobre el problema del valor en la sociedad. Por ejemplo en la
producción. Esta se puede abordar de distintos aspectos “técnicos” o
“ingenieriles”: cómo está organizada, la tecnología utilizada, la naturaleza
de lo que se produce. Pero también se puede considerar su valoración social. Al
igual que otros tópicos de la economía –salarios, la distribución de los
ingresos, ganancias, rentas– son temas que se suelen expresar en términos
monetarios. Cuando esto ocurre se considera el valor de cambio, de mercado, o la
rentabilidad que tienen o generan diferentes actividades o bienes que se
intercambian en la sociedad. Pero éstos no son los únicos valores que se pueden
dilucidar: también están los valores de uso de diferentes actividades o bienes,
y que pueden ser individuales o sociales. Consideremos el valor de la
alimentación, la salud, la educación, el agua, el medio ambiente. Son
“objetos” que tienen un gran valor intrínseco, esencial para la vida de las
personas y la comunidad en su conjunto, independientemente del valor de cambio
que pudieran poseer o generar. De allí que
muchas veces sean considerados
derechos humanos o sociales inherentes al bien común.
Teniendo presente lo anterior, se considera el valor de distintas actividades productivas y de servicios en nuestra sociedad. Por caso, las industrias extractivas –minería a cielo abierto, petrolífera, soja, papeleras– que han vuelto a estar sobre el tapete en años recientes. Todas son altamente rentables, generan grandes rentas diferenciales a escala mundial o superganancias apropiadas en gran medida por empresas transnacionales que dominan sectores clave de los complejos agroexportadores involucrados. Sin embargo, no se caracterizan necesariamente por generar una producción útil que contribuya a satisfacer las necesidades esenciales de la población. La minería a cielo abierto dinamita montañas enteras, usa agua a raudales en zonas semiáridas del país en donde escasea y luego la contamina. Por eso “el agua vale más que el oro”. La soja no es un alimento esencial para la vida, sino para los cerdos, pollos y vacunos de los países a los que la exportamos. El petróleo ha demostrado ser altamente perjudicial por la contaminación que genera y su contribución al recalentamiento mundial.
Son industrias que no sólo no producen bienes esenciales para la vida sino que además generan grandes deseconomías externas. El “efecto derrame” de éstas industrias no son “bienes”, sino “males” para vastos sectores de la sociedad que sufren sus consecuencias: contaminación, enfermedades, deforestación, inundaciones, pérdida de la biodiversidad, deterioro del suelo, del medio ambiente, del aire, de la flora y la fauna.
Como contrapartida, otras actividades sí producen grandes valores de uso del entorno y propenden al bienestar general de la población, aunque no son necesariamente rentables, no generan importantes valores de cambio. Por ejemplo, los ferrocarriles, entre otras muchas actividades de gran importancia social. No obstante, en la medida en que se insistió en que en parte fuesen privatizadas y transformadas en “negocios rentables” tienden a ser excluyentes y orientados sólo a sectores restringidos de la sociedad (generalmente de altos ingresos). Es por ello que durante el neoliberalismo fue privatizada parte de la educación y la salud, y se piensa en el tren bala el cuál sería accesible únicamente a segmentos de altos ingresos.
En el medio están otras industrias y actividades agropecuarias, por ejemplo la industria textil, que se orienta al mercado interno y es generadora de empleo; la industria alimentaria tradicional, acosada cada vez más por las transnacionales, y la agricultura familiar, productora de alimentos, y que opera al margen de grandes sojeros y pools de siembra orientados a las exportaciones. Todas estas actividades producen valores de uso, generan empleo en forma sustancial y, por ende, propenden mucho más que las extractivas al bien común. Una de las características esenciales del sistema capitalista es que en él se tiende a valorar todo en términos monetarios, como valores de cambio. La sociedad alternativa del futuro al que muchos aspiramos trata de que esto no sea así".
* Economista, profesor de la UBA, investigador superior del Conicet.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4716-2010-10-24.html
2. Las ganancias extraordinarias del poder económico que impiden el acceso mayoritario a la canasta familiar
Distribución del ingreso y concentración económica. Agenda para una contrarreforma
Por Natalia Aruguete
“Es necesario que el pensamiento económico argentino recupere la politicidad
e historicidad que perdió”, expresaron a Cash las investigadoras Karina
Forcinito y Victoria Basualdo, coordinadoras del libro "Transformaciones
recientes de la economía argentina", que reúne investigaciones sobre agro,
industria, servicios de infraestructura, financiamiento del desarrollo, mercado
laboral y distribución del ingreso.
¿Qué hallazgos surgen de las investigaciones sobre el sector agrícola?
–Victoria Basualdo: Hay tres aportes básicos. Un debate bastante desconocido sobre la propiedad de la tierra –ausente en el conflicto con el agro– que es decisivo. Se plantea que hubo en los últimos años un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y se destacan las dificultades actuales de medición. La información disponible es de fines de los ’80 y comienzos del ’90. Hoy no hay acceso a fuentes catastrales que permitan determinar la distribución de la propiedad.
También existe una discusión sobre cómo financiar el desarrollo.
–Karina Forcinito: Se analiza el rol del sector financiero a nivel interno y sus características, el papel del endeudamiento externo, la inversión extranjera directa y sus sesgos sectoriales conjuntamente con las consecuencias sobre el sector externo de la economía.
¿Qué implicancias tuvieron esos sesgos sectoriales?
–K. F.: El proceso de extranjerización de los ’90 privilegió sectores con ventajas comparativas naturales o con privilegios regulatorios, como las privatizadas. Se primarizó la estructura productiva: la Argentina se especializó en productos primarios con bajo valor agregado y algunos bienes manufacturados muy específicos asociados a regímenes de protección –como el automotriz– y vinculados al Mercosur. Esa especialización continúa vigente y genera vulnerabilidad a la economía.
–V. B.: Esto se vincula con el sector agropecuario. El impacto de la soja, en un contexto de “agriculturización”, tuvo efectos ambientales, sociales, productivos e influyó en la inserción de Argentina en el mercado mundial. Uno de los trabajos plantea que la adopción de biotecnología generada en los países centrales tiene implicancias en la inserción dependiente del país en la división internacional del trabajo.
¿Qué políticas públicas se proponen para revertir la actual situación?
–K. F.: El nivel propositivo es heterogéneo y con especificidades según los sectores. Pero la necesidad de desconcentrar el capital y los ingresos es una condición necesaria para el funcionamiento económico eficiente en términos sociales, que sea compatible con los niveles de igualdad social que condicionan el régimen político. Un aspecto importante es reconstruir el rol del Estado en el financiamiento del desarrollo, que con la privatización retrocede, se extranjeriza, se concentra el crédito, se desarticula la posibilidad de financiamiento interno del desarrollo y se pasa a depender fuertemente del endeudamiento externo.
¿Cuál sería el impacto económico de revertir el proceso de concentración?
–K. F.: Creemos que la desconcentración es una condición para promover, desde el Estado, un proyecto de desarrollo. Los intereses de los sectores concentrados obstaculizan los intentos por diversificar la estructura productiva. Por ejemplo, las retenciones móviles no sólo son una herramienta antiinflacionaria y redistributiva. Son necesarias para desconcentrar y diversificar, por eso generan conflicto. Además, la concentración supone ganancias extraordinarias que paga toda la sociedad a través del artificial encarecimiento de productos de primera necesidad, esenciales para la distribución del ingreso. La desconcentración es un requisito para un desarrollo económico socialmente inclusivo. Pero no hablo de equidad en los términos planteados por la Cepal.
¿Dónde reside la diferencia?
–K. F.: Para la Cepal, la equidad es producto del desarrollo tecnológico y la modernización productiva. Nosotras hablamos de la necesidad de una “contrarreforma”, en el sentido de corregir los sesgos distributivos regresivos de las reformas de mercado que favorecieron la concentración para promover igualdad social.
–V. B.: El objetivo es promover una intervención de la academia en lo social, vinculando la historia, la política y la economía. No concebimos la economía como un análisis técnico y abstracto, sino como un aporte al debate social. Surge una agenda para una “contrarreforma” económica. El conflicto del agro constituye uno de los varios frentes simultáneos que habría que abordar para replantear un proyecto de desarrollo económico que permita restaurar las condiciones de trabajo y de vida de la población". Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3476-2008-05-06.html
3. La preeminencia de la exportación sobre la satisfacción de las necesidades populares que destruye el país
Evaluación critica de la evolución del sector manufacturero 2003-2007 por Martín Schorr
“No hubo política industrial”
En el libro Hecho en Argentina, de Martín Schorr y Daniel Azpiazu, se observa el recorrido de la industria en la post-convertibilidad, período que los autores dicen no logró revertir algunas continuidades del modelo iniciado en la última dictadura y cristalizado en la década del ’90.
Por Natalia Aruguete
en suplemento CASH Pagina/12
(Publicado el 23 de Julio de 2010)
"La reactivación de la industria a partir de la devaluación no logró revertir algunas continuidades del modelo iniciado con la última dictadura militar y cristalizado durante la década del ‘90, observó el investigador de Flacso, Martín Schorr, coautor junto a Daniel Azpiazu del libro Hecho en Argentina. En diálogo con Cash, Schorr señaló los rasgos centrales del actual modelo industrial: un perfil exportador altamente concentrado y ligado al procesamiento de recursos naturales, una balanza comercial industrial deficitaria y una creciente desigualdad regional.
¿Cuál es el perfil actual de la industria en relación con el sector externo?
–Es una estructura industrial exportadora que pivotea sobre sectores capital intensivos y, por ende, muy poco generadores de empleo por unidad productiva. Al estar tan ligados a la salida exportadora, desde la perspectiva empresaria, los salarios no asumen un rol en términos de demanda sino de costo que hay que reducir. Por eso, los salarios en la Argentina son tan bajos medidos en dólares. En el plano productivo hay una industria fuertemente ligada al procesamiento de recursos naturales, que está poco integrada al resto de la estructura económica.
¿Y eso qué consecuencias trae?
–Que en su crecimiento es muy poco lo que traccionan. En paralelo, estas industrias (alimentaria, aceitera, de aluminio, de acero, automotriz y química) están controladas, en buena medida, por grandes capitales. Por eso, con la reactivación post-convertibilidad del sector se recrudeció el proceso de concentración que se viene dando desde mediados de los ‘70.
¿Cuáles son las causas de la herencia de ese modelo?
–No hubo política industrial. Es cierto que hay un entorno macro favorable, la cuestión es si con eso alcanza. En ausencia de políticas que definan la inserción de la Argentina en el mundo y, en ese marco, de políticas tendientes a un cambio en la oferta exportadora, se consolida el statu quo. Y desde el 2007 hasta hoy, la balanza comercial en la industria es deficitaria. Entonces, los actores del campo, los de la minería y del petróleo financian al resto de la industria. Un modelo supuestamente industrial terminó consolidando el poder de veto de actores poco o nada industriales, que son los únicos que generan las divisas que demanda el sector llamado a ser la “locomotora del modelo”.
¿A qué se refiere con ese poder de veto?
–Sacando la industria alimentaria y la petrolera, los demás sectores son deficitarios. Y si se avanza en rubros más complejos, hay sectores que son cada vez más deficitarios. De hecho, bienes de capital es el sector más deficitario. En una industria que necesita divisas para crecer porque tiene déficit comercial, el dueño de la divisa, por lo menos, se sienta a la mesa de discusión. Y ésos son los grandes exportadores.
¿Cómo se relaciona este perfil productivo con la dinámica en el escenario internacional?
–Hasta que explotó la crisis a mediados de 2008, el aliciente de los grandes industriales ligados a la explotación de recursos básicos fue un tipo de cambio muy favorable y un escenario externo inusitadamente favorable, en términos de demanda –en cantidad y precio– de los productos que componen la oferta exportadora de nuestra industria. En ausencia de políticas industriales activas y más articuladas, nada de eso sirvió para romper el otro problema de la industria argentina: la desintegración.
¿Qué indica el aumento de la relación entre importaciones y consumo aparente, respecto del perfil industrial?
–El sector industrial en la post-convertibilidad creció a tasas del orden de 9 al 10 por ciento anual. Al crecer el sector, crece la demanda importadora (el consumo aparente), y como no hay oferta local suficiente para acompañar esa demanda, se da un proceso de creciente peso de las importaciones en la demanda final. Hoy las importaciones tienen más peso que en el boom importador de los ‘90, lo cual marca que la industria crece, y eso es bueno. Pero muestra que la estructura industrial tiene el mismo grado de baja densidad e integración que en la década del ‘90.
¿Cómo analiza el aumento de los bienes de consumo en la composición de las importaciones?
–En las importaciones hay un aumento de todos los rubros: bienes de consumo y de consumo durable (autos, heladeras), pero también de los bienes intermedios y, fundamentalmente, bienes de capital. Al alto grado de desintegración de la industria se suma la problemática de la dependencia tecnológica, tan característica de los países subdesarrollados como la Argentina, que no se logró resolver porque no hubo políticas hacia esos sectores.
¿Cómo analiza el rol de la promoción industrial en esta etapa?
–La promoción industrial fue funcional a este perfil exportador y de actores dominantes. La política que hubo en base a la ley de promoción industrial supuso un gasto de más de 3000 millones de pesos del Estado que reforzó estas tendencias, en lugar de haber alentado otras iniciativas empresarias. Esto tiene otro correlato.
¿Cuál?
–La desigualdad regional de la Argentina. Las promociones están muy focalizadas en la región central (la Pampa Húmeda), donde están los sectores más dinámicos de este régimen económico. Es decir que tampoco hubo un boom de las economías regionales. En todo caso, hubo un boom de los grandes actores del NOA y el NEA, ligados a este perfil exportador, que consolidaron la reprimarización. Los grandes sojeros de Santiago del Estero son ganadores de este modelo, pero el pequeño productor algodonero que tuvo que retirarse hoy está pidiendo un plan social. Esto muestra el tercer aspecto crítico de este modelo, que es la inequidad en la distribución regional del ingreso. Los pocos programas de desarrollo regional se concentran en las provincias de la Pampa Húmeda, mientras que la industria metalmecánica de Tucumán o de Jujuy y los pequeños productores del interior no tuvieron apoyo. Allí se ve lo endeble de este esquema".
Fuente: http://www.libresdelsur.org.ar/opinion/%E2%80%9Cno-hubo-pol%C3%ADtica-industrial%E2%80%9D
4. El despojo de derechos y el incremento de la desigualdad social, regional en forma 'democrática' que requiere del PJ y la CGT
Aliados indeseables
Por Atilio A. Boron (Rebelión)
"El pasado
Miércoles 20 de Octubre la Argentina se re-encontró una vez más con sus peores
pesadillas: en las inmediaciones de la estación Constitución de la ciudad de
Buenos Aires una “patota” (grupo de choque) del sindicalismo peronista
asesinó a sangre fría a Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero,
quien había concurrido al lugar para apoyar la protesta de los trabajadores
ferroviarios “tercerizados” que reclamaban la regularización de su
precaria situación laboral ¡en contra del propio sindicato, la Unión Ferroviaria
que, coludida con la patronal, lanzó a sus matones a reprimir a los demandantes!
Uno de los más lúcidos observadores de la escena política argentina, Mario
Wainfeld, publicaba al día siguiente en Página/12 una extensa nota en la
que sostenía con absoluta razón que el de Ferreyra no era un crimen común y
corriente, con toda su carga de dolor, sino un asesinato político y que, como
tal, no bastaba con la fría aplicación de la legislación penal que había
prometido la Presidenta Cristina Fernández sino que había que ir mucho más allá.
Decía además que “el homicidio del joven Ferreyra debe, necesariamente,
reavivar el debate sobre el sistema sindical argentino, la dudosa legitimidad de
algunos de sus emergentes, la imperiosidad de reconocer nuevas formas de
representación o agremiación, centrales alternativas.” Ojalá que así sea,
pero para ello habría que introducir algunas consideraciones previas para que
ese debate, si efectivamente se enciende, no termine siendo un ejercicio
retórico castrado de toda capacidad transformadora. El gobierno ya ha prometido
procesar no sólo al homicida sino también a los autores intelectuales del
crimen. Sin embargo, pese a que son muchos los que en Argentina saben muy bien
donde encontrar a estos últimos a cuarenta y ocho horas del asesinato la Casa
Rosada todavía tiene las manos vacías y no hay un solo detenido.
La clave de esta incapacidad seguramente emergería luminosamente en cualquier
debate a fondo sobre la tenebrosa realidad del sindicalismo peronista. Un tal
debate requeriría, como primer paso, señalar la responsabilidad política de los
sucesivos gobiernos de la “democracia” argentina, y muy especialmente de
los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al haber convalidado -o al menos
tolerado, o confesado su impotencia ante- las prácticas patoteriles del
gremialismo nucleado en la CGT. La impunidad de que hacen gala sus jefes y su
irresistible afición por los “aprietes”, las extorsiones y las
metodologías violentas no es ajena a la decisión del kirchnerismo de haber
consagrado a tan desprestigiado grupo de la sociedad argentina como uno de sus
“aliados estratégicos” para encarar sus batallas electorales e,
inclusive, para “ganarle la calle a la derecha”, objetivo loable si los
hay. Pero uno de los inconvenientes es que esa dirigencia gremial –al igual que
el otro aliado estratégico elegido por el kirchnerismo, el Partido
Justicialista- sirve para bien poco: ni aquella ni éste evitaron que en Junio
del 2009 Néstor Kirchner fuese derrotado por un advenedizo en la crucial
provincia de Buenos Aires; y tampoco demostraron la CGT y el PJ ser capaces de
convocar y movilizar más gente que la derecha en la crisis detonada por el
debate en torno a las “retenciones” de las exportaciones agropecuarias, durante
el 2008. Con aliados como esos no se puede ir muy lejos y, mucho menos,
conquistar al estratégico electorado de izquierda y centro-izquierda que el
oficialismo necesita imperiosamente atraer a su lado para tener alguna chance de
triunfar en las próximas elecciones presidenciales. Claro está que difícilmente
podrá lograr ese objetivo si sus siniestros aliados se dedican a asesinar
militantes de izquierda, engrosando así una luctuosa lista de víctimas del
terror derechista en la que sobresalen los nombres de Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán, fusilados en Avellaneda, y el maestro Carlos Fuentealba,
vilmente asesinado en Neuquén.
En su artículo Wainfeld establece una sugerente equiparación entre el asesinato
en un cuartel del ejército argentino del soldado Omar Carrasco -crimen que
produjo una ola de indignación colectiva de tal magnitud que puso abrupto fin al
servicio militar obligatorio- y el perpetrado en contra de Mariano Ferreyra.
Pero es difícil que el desenlace de este último pueda conducir a la refundación
del sindicalismo argentino: Menem pudo acabar con la conscripción porque, en los
noventas, las fuerzas armadas se habían debilitado y desprestigiado a un grado
extremo y eran un rival muy fácil de derrotar. Carecían de prestigio y poder, y
el dinero que antes obtenían de numerosas empresas públicas, privatizadas en los
noventas, se había esfumado. El sindicalismo cegetista, en cambio, está más
desprestigiado que nunca pero, paradojalmente, se ha fortalecido al ser ungido
como la “columna vertebral” del kirchnerismo. Su reputación no podría ser
peor, pero su poderío es tan inmenso como la fortuna mal habida de sus
principales dirigentes –convertido en ostentosos millonarios- y sería una
suprema ingenuidad de la Presidenta y del jefe del PJ, Néstor Kirchner, suponer
que las presiones y chantajes de esta mafia habrán de detenerse respetuosamente
ante el sacrosanto umbral de la Casa Rosada.
Es sin dudas necesario abrir
un debate sobre el modelo sindical argentino, entre otras cosas para denunciar
su necesaria complicidad con el fenomenal proceso de concentración de riquezas y
rentas que caracterizó al capitalismo argentino en los últimos años.
Otro sindicalismo jamás
hubiera tolerado tal degradación, algo que más allá de ocasionales controversias
saben muy bien, y aprovechan, los grandes empresarios y la burocracia sindical.
De todos modos habría que decir que el debate sobre la necesidad de reformar al
decadente sindicalismo ya comenzó hace rato: la OIT envió varias admoniciones al
gobierno argentino instándolo a conceder la personería gremial a la díscola
Central de Trabajadores Argentinos (y, según algunas fuentes, a unos dos mil
sindicatos de base que llevan años reclamando infructuosamente el reconocimiento
de su personería) y la misma Corte Suprema emitió un fallo estableciendo que la
pertinaz denegatoria de la personería gremial para la CTA es inconstitucional.
Pese a ello el gobierno no se ha inmutado y la respuesta oficial ha sido el
silencio, a partir de la errónea convicción de que con el apoyo de la CGT y el
PJ el gobierno podrá sortear exitosamente el desafío de la elección presidencial
del 2011. Es por eso que hace poco más de una semana, cuando la CGT organizó un
gran acto en el estadio de fútbol de Ríver Plate para conmemorar el 17 de
Octubre (el “Día de la Lealtad” en el santoral peronista) la Presidenta
selló simbólicamente la alianza con la burocracia sindical calzándose una
camiseta de la Juventud Sindical Peronista, que en los turbulentos setentas
representaba a los sectores más virulentamente macarthistas dentro del
movimiento obrero y hoy es el portavoz de la corrupta burocracia sindical, esa
que mandó a escarmentar a los revoltosos cegando la vida del joven Ferreira. La
alianza del kirchnerismo con la CGT y el PJ es una apuesta temeraria -suicida
según algunos- y que desconoce que la única alternativa “ganadora” en la
coyuntura electoral que se avecina es avanzar por el camino de profundas
reformas económicas, sociales y políticas, algo que hasta ahora el gobierno se
ha tercamente resistido a hacer. Un sendero que, ciertamente, no se puede
transitar de la mano de tan impresentables aliados, “piantavotos”, como
les diría Juan D. Perón".
Fuente:
http://www.rebelion.org/Argentina/ 24-10-2010
5. La descentralización según el BM y la ocupación de secretarías o ministerios nacionales que se hacen para la impunidad de saqueo
El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral
El negocio
que tiene que regular y controlar mueve, sólo en la Argentina, US$ 5.000
millones. Y el funcionario lo conoce muy bien, ya que posee compañías en el
sector. La
diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, denunciará hoy ante la
Justicia al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por “tráfico
de influencias” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La legisladora aportará ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, una investigación de la que surgen
reiterados nexos entre la multinacional canadiense Barrick Gold y el funcionario
kirchnerista.
El informe de Reyes recuerda que, según consta en su propia declaración jurada,
Mayoral tiene participación
accionaria en tres empresas mineras: Micas Argentinas SRL, Minvail SA y
Millstone, y señala que esta última comparte domicilio con la sede argentina de
la multinacional Barrick Gold.
Mayoral reconoció que es dueño del 15 por ciento de las acciones de Millstone,
una compañía radicada en la provincia de San Juan que, según el directorio de
empresas que figura en la página de la Secretaría de Minería, tiene domicilio
también en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Marcelo T. de Alvear
624 1º piso. Allí mismo, figuran las empresas Barrick Exploraciones Argentina
S.A., J. S. Redpath, Rodeo S.A., Newcrest Minera Argentina SA y Minera Peñoles.
Las coincidencias no terminan
ahí. De acuerdo al informe que aporta Reyes,
el presidente de la empresa de
Mayoral es Hernán Atanasio Celorrio, quien fue durante diez años
directivo de Barrick Exploraciones Argentina S.A. Celorrio es un consultor en
derecho administrativo y minero que se desempeñó
como presidente de Barrick hasta 2006 y fue uno los gestores de Veladero en San
Juan y sentó las bases del lado argentino para el proyecto binacional Pascua
Lama, que se está iniciando junto con Chile. En la década del 90, ya
había sido uno de los
artífices de la legislación que aprobó el menemismo para brindarles a las
mineras un marco impositivo de privilegio aún vigente.
Sin embargo, el experimentado Celorrio no es el único empresario que aparece mencionado en el informe. Eduardo Represas, su socio en la compañía Novus Argentina, integra además el directorio de Minera Río Tinto junto a Igor Alcides González Galindo, nada menos que el actual presidente para Sudamérica de la Barrick. Todas las compañías tienen domicilio en el primer piso de Marcelo T. de Alvear 624.
Cuando, en 2006, se supo que Mayoral era dueño de tres empresas mineras, el
secretario de Minería relativizó la importancia de las firmas: “Ni siquiera
llegan al volumen de una pyme y la mayoría ni tiene actividad desde que estoy en
Buenos Aires”, aseguró.
“Las empresas cuentan con los beneficios fiscales otorgados por la Ley de
Inversiones Mineras. No obstante esto, la Oficina Anticorrupción resolvió que el
funcionario puede seguir en sus funciones absteniéndose de intervenir en los
asuntos atinentes a las mencionadas compañías”.
La diputada viene trabajando hace tiempo sobre la trama de intereses que gira en torno a la explotación minera. Después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara, en noviembre pasado, la Ley de Glaciares que había sido sancionada por unanimidad en el Congreso, la diputada nacional realizó el informe titulado “La punta del iceberg”. Allí, denunció la vinculación entre la empresa Bentonita Santa Gema, propiedad del senador nacional César Gioja, y la minera Barrick Gold, dado que la compañía del hermano del gobernador sanjuanino se jactaba en su propia página web de ser proveedora de la multinacional minera.
Sobre la base de ese informe, el fiscal Federico Delgado realizó la primera
denuncia penal correspondiente que quedó radicada en el juzgado de Martínez de
Giorgi quien investiga “tráfico de influencias” y “negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delitos que figuran
en el artículo 265 y 265 bis del Código Penal.
“Es la primera vez que una investigación hace evidente la relaciones
existentes entre Mayoral con importantes empresas mineras, entre ellas la
Barrick Gold, una de las mayores interesadas en el veto presidencial a la Ley de
Glaciares”, le dijo Reyes a Crítica de la Argentina.
El secretario de Minería fue secretario de la Cámara Minera de San Juan y llegó
a la función pública durante el interregno de Eduardo Duhalde, recomendado por
José Luis Gioja. Sin embargo, cuando los Kirchner arribaron al poder rompió
lanzas con sus promotores, pasó a responder al ministro de Planificación, Julio
De Vido, y comenzó a trabajar en un proyecto propio para ser gobernador de San
Juan. Por eso, pese
a sus coincidencias filosóficas, ahora el clan Gioja intenta desplazarlo".
Fuente: http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=30867 /16-9-09
En consecuencia, la «recuperación del trabajo» exige concretar cambios radicales del modelo actual o reclama terminar con el capitalismo que privilegia a los intereses lucrativos de oligopolios sobre la vida mayoritaria. Desafía a proyectar y poner en práctica otro funcionamiento socioeconómico e institucional, aquél que se responsabilice por atender a necesidades y aspiraciones populares. Éstas sólo pueden ser asumidas con autenticidad por la unidad en diversidad de los de abajo. Es un nuevo sujeto histórico que surge como síntesis articuladora de las múltiples organizaciones en rebeldía ante los atropellos y abusos de los poderes establecidos por el capitalismo e imperialismo reinante en nuestro país.
La «recuperación del trabajo» requiere que se constituya un nuevo sujeto histórico a partir del reconocimiento de que las resistencias no pueden enfrentar y derrotar a un proceso planificado -a nivel mundial- de sobreexplotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza.
◊Es prioritario que una creciente mayoría analice la realidad más allá de una comparación con la situación de 2001 y no sólo desenmascare al poder económico e imperialista como responsable de la dictadura genocida y los planes de ajustes sino, también, lo reconozca como el beneficiado del modelo actual que destruye las condiciones de vida y trabajo en procura de satisfacer a los súper negocios de transnacionales y sus socios locales. Tome conciencia de que:
1. Las reestructuraciones capitalistas deterioraron las condiciones mayoritarias de vida y trabajo
Se observa en:
◊La evolución de la "Concentración del ingreso y desigualdad en la Argentina( 1974-2003)". En noviembre de 2004, Gabriela Benza y Gabriel Calvi indican: "A lo largo de los últimos 30 años, los principales indicadores sociales registraron un persistente deterioro incluso en los momentos de bonanza económica.
En "Conclusiones sobre evolución secular y ciclos de desigualdad estilizados" aclaran que durante la dictadura cívico-militar se instrumentan medidas fundadoras del proceso de estratificación salarial. "En el marco de un régimen de alta inflación, la suspensión de las convenciones colectivas y el congelamiento salarial decretados por las autoridades de facto hicieron que «el primer ciclo de desigualdad» estuviera claramente impulsado por la concentración de los ingresos de los asalariados.
En un contexto cercano al pleno empleo, los trabajadores de mayores calificaciones lograron atenuar la caída de sus ingresos reales en mayor medida que aquellos con menores credenciales educativas. Hacia 1981, observamos un violento incremento de la desigualdad que encuentra su origen en la intensificación (por los altos niveles de inflación que siguieron al abandono de la política cambiaria) del proceso de estratificación salarial.
La crisis que dio fin al programa iniciado hacia 1977 fue, como vimos, el resultado de la alta vulnerabilidad externa a la que había quedado sometida la economía luego de la reforma financiera y la apertura comercial, primigenios pilares que sentaron las bases del proceso de reforma.
No obstante la recomposición de los niveles de desigualdad que acompañó los últimos años de la dictadura y los primeros del gobierno de la transición democrática, las secuelas derivada de la primera fase de transformaciones estructurales parecieron irreversibles. La destrucción de buena parte del aparato productivo, la gran concentración de capitales, la pesada carga de la deuda pública y los altos niveles de inflación, todos ellos heredados del período militar, conminaron al país a un estancamiento crónico durante toda la década. Con un gobierno que progresivamente asumía como propio el ideario de los principales actores económicos locales y extranjeros, el deterioro distributivo del segundo quinquenio de los '80 obedecería también a un desigual reparto de los salarios pero que esta vez no estaría asociado con algún tipo de estratificación educativa.
El leve pero constante incremento de la desocupación, que afectaría principalmente a los hogares más pobres, parece haber contribuido también a ese deterioro, dando cuenta de los primeros síntomas de la baja capacidad de absorción de mano de obra que caracterizaría en adelante el modelo económico emergente. Sin embargo, la baja incidencia de los desocupados sobre el pico distributivo registrado durante la crisis de 1989 es un indicador de que tal problema no había asumido aún los niveles endémicos que se advertirán en la década siguiente. El deterioro distributivo desencadenado por esa crisis es el resultado de la desigual distribución de las capacidades de los ocupados para lidiar con el proceso hiperinflacionario abierto.
Bajo el apogeo de la administración menemista, la Argentina transcurrió más de una década en una virulenta secuencia de opciones de política de corte neoliberal. (...)
La explosiva combinación de reformas estructurales y de políticas de estabilización centradas sobre el anclaje del tipo de cambio multiplicaron enormemente la herencia del período dictatorial. Endeudamiento masivo, desindustrialización y extranjerización quedaron ocultos entonces detrás de la publicitada estabilidad de precios y el crecimiento económico. La progresiva exclusión de vastos sectores de la población fue el principal síntoma de las características que asumiría en adelante el ahora consolidado “modelo de desarrollo”. La baja elasticidad producto-empleo de la economía se intensificó considerablemente y la desocupación entró en escena arrastrando consigo el deterioro distributivo durante los primeros años de la década. Así, la crisis distributiva desatada hacia 1995, en cuyo germen se halla la exacerbada vulnerabilidad externa de la economía, estuvo guiada novedosamente por el efecto de la desocupación y dado los niveles de desempleo, la reaparición de un proceso de estratificación salarial por devaluación educativa. La recuperación económica posterior a la crisis de 1995 incrementó la heteronomía de la política local frente a las arbitrariedades de los organismos financieros internacionales. El sesgo fiscalista predominó desde entonces como último recurso para ganar el favor de los acreedores externos, única y costosa fuente que quedaba entonces para dar liquidez a la economía. (...)
La inminente fase recesiva fue acompañada por la asunción de un nuevo gobierno que extremó los niveles de endeudamiento soberano y por tanto, la subordinación a los organismos financieros con el objetivo de conservar los lineamientos heredados de la década anterior. La restricción del gasto público encontró su máxima expresión en esta etapa de la mano de políticas que llegaron a supeditar los salarios estatales a los ingresos fiscales (...)".
Gabriela Benza y Gabriel Calvi terminan su artículo afirmando: "En el origen de la desigualdad se encuentran las transformaciones en el modo de funcionamiento económico local desatadas por la progresiva serie de reformas estructurales que han acompañado a la Argentina durante los últimos treinta años. Ante la ausencia de iniciativas tendientes a revertirlas, es probable que la dinámica cíclica vuelva a contribuir al deterioro de largo plazo". Fuente: Realidad Económica Nº 214 de agosto-septiembre de 2005/ www.iade.org.ar
◊El carácter de los cambios en la relación capital-trabajo, Clara Marticorena, en su artículo "El trabajo asalariado industrial en la posconvertibilidad",señala:
ii. "Las modificaciones en la regulación estatal sobre la relación capital-trabajo
La reestructuración capitalista operada en las últimas décadas impulsó la transformación de los parámetros que regulaban las relaciones laborales. En este marco, se implementaron mecanismos de disminución del costo laboral, formas flexibles en materia de contratación y nuevas figuras referentes a la negociación colectiva. Los principales cambios introducidos en los años '90 en la legislación sobre contratos por tiempo indeterminado, períodos de prueba, regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, contribuciones patronales, accidentes de trabajo y ámbitos y contenidos de los convenios colectivo institucionalizaron una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora dentro y fuera del lugar de trabajo de modo de adecuar las formas de compra-venta a las necesidades cíclicas del capital.
Durante la fase actual se modificaron algunos aspectos de la legislación de contenido “flexibilizador” sancionada durante la convertibilidad, se implementaron mecanismos para limitar el despido de trabajadores y políticas salariales que implicaron cierta recuperación de la capacidad adquisitiva.
Ello estuvo acompañado de cambios en la jurisprudencia a través de fallos favorables a los trabajadores en relación con la aplicación de la ley de Accidentes de Trabajo (pese a que la misma ley, ampliamente cuestionada, no haya sido derogada) y el restablecimiento del principio de solidaridad entre empresas en relación con los trabajadores subcontratados por proveedores y clientes integrados en sus cadenas productivas (Palomino y Trajtemberg, 2006). Finalmente, cabe señalar el reciente establecimiento del carácter remunerativo de los vales almuerzo, alimentarios y canasta de alimentos, aunque de forma escalonada.
Estas políticas se despliegan en un contexto signado por la necesidad de construcción de hegemonía, luego de la crisis social y política que estalló en el año 2001, y en un contexto en el cual la reconfiguración del balance de fuerzas al interior del 'bloque en el poder' es acompañada por un aumento de la autonomía relativa del Estado, aunque sobre la base de la correlación de fuerzas entre las clases sociales fundamentales alumbrada en las últimas décadas (Piva 2007).
En este sentido, no puede negarse que las disposiciones señaladas poseen efectos concretos en las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo, aunque principalmente limitados y restringidos a los trabajadores registrados. El problema radica en analizar cómo esta intervención se conjuga, se sitúa y se articula con el deterioro a largo plazo de las condiciones de explotación del trabajo por el capital. Sin duda, la modificación de algunos de los contenidos más controvertidos de la legislación laboral implementados por la comúnmente denominada ley “Banelco” tuvo como condición de posibilidad la previa reducción de los costos laborales, resultado de la devaluación y la consecuente contracción de los salarios reales. Aun así, la ley de Ordenamiento Laboral configuró mecanismos de reducción de las contribuciones patronales, aunque restringiendo su alcance, estando sus disposiciones principalmente vinculadas con la regulación del ingreso y egreso de la relación laboral.
Por su parte, el renovado dinamismo que adquirió la negociación en el nivel de rama de actividad no ha implicado un retroceso de la negociación en el nivel de rama de actividad no ha implicado un retroceso de la negociación en el nivel de empresa, sino que ésta mantiene su predominio dentro del total de negociaciones. A su vez, la mayoría de las negociaciones se han centrado sobre los contenidos salariales sin que se observe una clara reversión de los contenidos salariales sin que se observe una clara reversión de los contenidos flexibilizatorios introducidos en los convenios colectivos durante la década pasada ya sea porque se sustancian acuerdos salariales manteniendo vigentes aquellos convenios o porque se vuelven a negociar contenidos similares. Estos aspectos subrayan que formas institucionalizadas no son las que se hallan en el origen de la flexibilización laboral sino, fundamentalmente, la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Según Gramsci podemos entender esta correlación como el resultado de la relación entre la disposición de fuerzas objetivas y la correlación de fuerzas políticas en un período históricamente determinado.
Concentrándonos en el primer aspecto, debemos señalar que la magnitud del empleo no registrado como también los aún considerables niveles que presenta el ejército industrial de reserva, operan como contrapeso de las posibilidades de revertir los procesos de flexibilización “de hecho” de la fuerza de trabajo. Claramente, las condiciones objetivas no alcanzan para explicar estos procesos, sino que es preciso analizar la organización y grado de autonomía de la clase obrera, la representatividad de las organizaciones gremiales, la orientación de éstas, su homogeneidad o fraccionamiento interno, entre otros aspectos de crucial relevancia (...)".
Fuente: Realidad Económica Nº 236 de mayo-junio de 2008/ www.iade.org.ar
2. El modelo exportador cristaliza relaciones de poder transnacional que empobrecen y someten a Argentina
En 2007 Ricardo Ortiz (UBA) y Martín Schorr (CONICET-FLACSO), en "La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la postconvertibilidad", nos explican:
” III. 1. Un “modelo abierto al mundo”
A mediados de los años noventa comenzó a ganar consenso el discurso que vincula un patrón de crecimiento económico asociado a las exportaciones con la generación de una serie de beneficios que se “derramarían” a toda la sociedad. En efecto, a partir del contraste de la irregularidad de la evolución del PBI durante la convertibilidad (y de la alta exposición de la economía argentina a diferentes shocks externos, tanto de carácter real como financiero), en diversos ámbitos que abarcan desde las representaciones políticas y corporativas hasta los institutos de investigación –públicos o privados–, se han producido –y reproducido– propuestas de salida a las recurrentes crisis económicas que hacen hincapié en la necesidad de superar las restricciones externas vía el incremento de las exportaciones y la instauración de un “modelo exportador” para la Argentina. Luego de la devaluación, las estrategias exportadoras planteadas en los años previos por diferentes actores económicos se vieron reforzadas por las nuevas condiciones generadas por el mejoramiento de la competitividad internacional sostenida en la caída de los salarios reales y el reajuste de los precios relativos. Así, uno de los aspectos más importantes de la salida a la crisis recesiva adoptó la figura del “modelo exportador” como una “opción blanda” (Nochteff 1994) para aprovechar las nuevas condiciones macroeconómicas e insertarse en una economía mundial signada por un aumento considerable de la demanda y la vigencia de precios sumamente favorables para los principales productos exportados por la Argentina, en especial, cereales e hidrocarburos y sus derivados.
Esta inserción en las propuestas que hegemonizan el discurso económico se propone como el aprovechamiento de las condiciones “naturales” de la Argentina, al adaptar en muchos casos la teoría de las ventajas comparativas a la situación nacional, asumiendo que la inserción productiva del sector exportador no debe ser modificada y que la distribución regresiva del ingreso, los bajos salarios y la desocupación son un dato “normal”. Ello implica convalidar y cristalizar las relaciones de poder al interior del grupo de firmas y sectores exportadores emergentes de una década de convertibilidad y casi tres décadas de desindustrialización. La evidencia empírica disponible indica que las empresas exportadoras no escapan a los graves efectos que ha tenido la aplicación del esquema de apertura económica, desregulación y privatizaciones acontecido durante la década de 1990: distribución regresiva del ingreso, apropiación por parte de los empresarios de los aumentos de productividad, baja generación de empleo y de encadenamientos productivos en el nivel interno (Ortiz y Delfini 2003). Al analizar la evolución de las exportaciones de acuerdo con el tamaño de las firmas, se destaca el hecho de que las ventas al exterior están crecientemente concentradas en un número sumamente reducido (algo más de un centenar) de grandes empresas. Se trata, sin duda, de un muy elevado nivel de concentración económica que, no obstante, hace abstracción de un fenómeno característico de la economía argentina postdictadura militar: el control de un número importante de las principales empresas exportadoras del país por parte de algunos grandes grupos económicos de capital nacional y extranjero. En otros términos, la señalada concentración de las exportaciones no refleja en toda su dimensión el grado de oligopolización realmente existente. Además, dentro del grupo de las firmas líderes que operan en la Argentina queda en evidencia que durante la década de 1990 los sectores más dinámicos en términos de exportaciones fueron los que más disminuyeron la ocupación, a la vez que no incrementaron los salarios. Resulta notable en este sentido la caída del empleo en los sectores vinculados a la producción primaria y agroindustrial, y a la producción industrial más promovida durante los años noventa, como la automotriz (-9%, -2% y - 30%, respectivamente). El conjunto de la industria exportadora, en síntesis, fue responsable de casi la totalidad de la disminución en el empleo del total de las firmas exportadoras. A la inversa, la productividad de estas empresas se incrementó en forma considerable, lo que implicó, dado los niveles de inversión, que el aumento de la productividad se debió fundamentalmente a un aumento de la intensidad de la jornada laboral. Finalmente, y como derivación de todo ello, las empresas exportadoras más importantes de la Argentina fueron, siempre en la década del 90, más regresivas en la distribución de la riqueza generada que el conjunto de las grandes empresas no exportadoras (Ortiz y Delfini 2003).
Por otra parte, dado que la estructura exportadora argentina y de las grandes empresas se encuentra fuertemente vinculada a las ventajas comparativas naturales, y se ubica en las primeras etapas de la cadena de valor agregado, es difícil que éstas puedan aumentar el volumen de empleo. Incluso en el sector industrial los sectores más dinámicos son aquellos que se asentaron en la explotación de estas ventajas o en actividades que se ubican en las primeras etapas del proceso productivo: elaboración de alimentos, productos derivados de la refinación del petróleo o producción de commodities siderúrgicos. Merece destacarse lo ocurrido con el sector automotor, ya que contó con un régimen especial de “intercambio compensado”, un eufemismo para proteger el negocio de las grandes terminales que operan en el mercado local. A pesar de ello, la producción local ha derivado en actividades de armado y ensamblado de insumos y partes importadas (cuando no en la comercialización directa de vehículos importados por las terminales).
Como contracara de la apertura económica, la importación de insumos ha producido una disminución en el valor agregado total generado por la actividad y un importante proceso de desintegración de la producción local, al reducir la posibilidad de incremento del valor agregado generado por las empresas locales. Por ello, puede afirmarse que se ha operado un proceso de “simplificación productiva”, reflejado en que muchas firmas industriales han dirigido sus esfuerzos hacia el armado o ensamblado de partes y piezas, al disminuir el grado de “industrialización” de su oferta. Ello, además, se ve confirmado al relevarse las características de las cincuenta empresas que realizan las mayores ventas al exterior. Entre 1999 y 2006, este selecto grupo de firmas incrementó su participación en el total de las exportaciones argentinas, llegando a concentrar más del 60% de los ingresos totales del país por este concepto. Si se consideran los sectores de actividad en los que se desempeñan estas compañías, las diferencias entre 1999 y 2006 son prácticamente inexistentes: en ambos años, de las diez primeras firmas, sólo había dos exclusivamente industriales (las automotrices Volkswagen y Ford en 1999 –en las posiciones novena y décima–, y Tenaris Siderca y Toyota en 2006, en las posiciones octava y décima, respectivamente); una sola empresa minera (Minera Alumbrera), y el resto estaba constituido por petroleras, cerealeras y aceiteras (Repsol YPF, Pan American Energy, Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentín, Dreyfus, La Plata Cereal y otras). Por último, debe mencionarse el fuerte proceso de transnacionalización de la economía argentina durante los últimos quince años, tendencia que –a pesar del discurso oficial sobre el carácter “nacional” del régimen económico surgido tras la devaluación– no se ha revertido. En este sentido, al analizar la composición de la cúpula empresaria local se observa que la participación de las firmas controladas por capitales extranjeros se ha incrementado en su número y en el peso de su facturación y sus exportaciones sobre el total de las ventas internas y al exterior de las doscientas mayores empresas de la Argentina (Ortiz 2006a) cristalizando las relaciones de poder económico emergentes del criticado “modelo de la especulación y la extranjerización”. Como se verá a continuación, este proceso se repite al interior de una de las actividades más dinámicas de la última década: la explotación de los recursos naturales (...)".
Papeles
de trabajo. Revista
electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional
de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 1, nº 2, Buenos Aires, diciembre de
2007.
Fuente
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
3. La ofensiva del poder económico e imperialista contra los trabajadores persiste
Mariano Féliz*, en "Precarización sin equidad", explica: "Historiar la distribución del ingreso implica dar contenido histórico y sociológico a la determinación de los salarios (su nivel y dispersión) y la productividad laboral. Es decir, dar un fundamento social a la dinámica de las variables económicas que determinan el reparto de la riqueza social. En la Argentina, entre la Segunda Guerra Mundial y el final del segundo gobierno peronista, la batalla por la distribución fue ganada por aquellos que vivían de su trabajo. En esta etapa, con el desarrollo de su capacidad organizativa, el pueblo trabajador pudo ampliar progresivamente la apropiación de los frutos de su actividad. Entre 1943 y 1955, los salarios reales aumentaron el doble que la productividad, llevando la participación de los trabajadores en el ingreso a sus máximos históricos.
Desde el primer quinquenio de los cincuenta comenzó un proceso de avanzada de los sectores de poder que, viendo disputado su dominio, decidieron iniciar una ofensiva. El golpe del ’55 marcó el comienzo de una etapa en la cual los sectores más concentrados del capital intentaron recuperar el terreno perdido echando mano a la represión abierta del movimiento popular y a la incorporación de nuevas tecnologías. Los resultados hacia mediados de los ’70 marcaron para la gran burguesía los límites de esa estrategia. Si bien pudieron contener parcialmente el avance de los trabajadores (pues los salarios comenzaron a crecer menos que el ritmo de la productividad al tiempo que la desigualdad salarial aumentaba), estaba claro que necesitaban algo más: el descabezamiento de los sectores más movilizados del pueblo trabajador y la desarticulación de la solidaridad de clase construida durante la sustitución de importaciones.
La dictadura militar primero y luego, con otros matices e intensidad, los gobiernos electos que la sucedieron, avanzaron en el deterioro de la capacidad de trabajadores de disputar su participación en la distribución del ingreso. Hoy, a pesar del crecimiento de la economía y la productividad, los niveles de pobreza y desigualdad distributiva son inusitadamente altos y persistentes. Mientras que el ingreso por habitante es mayor que hace treinta años, la pobreza es 10 veces más elevada (alcanzando a más de 25 por ciento de la población), la desigualdad de ingresos aumentó un 50 por ciento (los ingresos del 10 por ciento más rico de la población son 28 veces mayores que el ingreso del 10 por ciento más pobre) y los salarios reales se encuentran aún 20 por ciento por debajo de los niveles de aquellos años. La participación de trabajadoras en el ingreso se redujo por debajo de los niveles de las últimas décadas en el presente modelo neodesarrollista.
Este es el resultado de la proliferación de formas de contratación precarias que dejan a millones de trabajadores desprotegidos y dificultan su organización para luchar por mejores condiciones. Los sindicatos encuentran serios problemas para articular estas diferentes figuras. En general, ni siquiera lo intentan. En este marco, muchos jóvenes trabajadores se ven forzados a navegar como pueden el circuito infernal que ofrecen las empresas de empleos temporarios. Crece la productividad laboral, la intensidad y la extensión de la explotación, pero el pueblo trabajador (disperso y desarticulado) aún busca los medios para disputar en las empresas y fuera de ellas, una mejor distribución de la riqueza.
Pero la desigualdad que resulta de la precarización puede transformarse en una fuente de conflicto cuando se politiza. El crecimiento con desigualdad, como el actual, es crecimiento con pobreza y salarios bajos. Crecimiento que no es desarrollo y conduce inevitablemente a la inestabilidad social y política.
Frente a esto, el Gobierno debería actuar sobre los elementos que fundamentan la pobreza y la desigualdad: atacando la precariedad laboral, los bajos niveles de salarios y una política fiscal y tributaria regresiva. Sin embargo, ha privilegiado otra modalidad de intervención: reprimir para aplacar el descontento de manera directa cuando judicializa la protesta social, e indirectamente a través de la intervención coactiva de sus organizaciones sindicales y políticas afines".
* Economista, docente-investigador de la Universidad Nacional de La Plata
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-103559-2008-05-05.html
◊Es prioritario que una creciente mayoría sepa cuál es su importancia en imponer un rumbo al destino común; cómo los más poderosos pueden ser derrotados; y el papel imprescindible de las izquierdas en la democratización de los países planetarios:
1. El triunfo de la fracción del bloque dominante con menos poder por usar un discurso rescatador del imaginario social
En 2007 Ricardo Ortiz (UBA) y Martín Schorr (CONICET-FLACSO), en "La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la postconvertibilidad", nos relatan:
” II. La estrategia de la “fracción devaluacionista” ante la crisis de la convertibilidad
Es evidente que un cambio discursivo comenzó a generarse con creciente fuerza entre los sectores dominantes de la Argentina a partir de las devaluaciones en el sudeste asiático (1997) y Brasil (1999), en coincidencia con el comienzo de una acentuada recesión económica en el orden local a mediados de 1998, que tendría hondas repercusiones sobre ciertas fracciones del bloque de poder, en especial aquellas cuya dinámica de acumulación y reproducción ampliada del capital se apoyaba en lo sustantivo en torno de la actividad manufacturera: caída en las ventas internas, fuerte disminución en la tasa de ganancia, dificultades crecientes para exportar y para seguir beneficiándose de la especulación financiera en el frente interno, etc. Ello, a diferencia de lo sucedido en la crisis de 1995, cuando las firmas líderes prosiguieron con el fuerte proceso de expansión y acumulación que habían venido registrando desde el lanzamiento de la convertibilidad (Schorr y Wainer 2005). Fue en ese momento cuando los representantes de la industria –o, como les gusta autodenominarse, los “sectores de la producción”– reclamaron en forma manifiesta medidas que compensaran la sobrevaluación del peso. (...)
A lo largo de esos años (1998-2001) se fueron conformando dos bloques alrededor de los que giraron las disputas por el sentido que adquiriría la salida de la crisis: por un lado, sectores del “empresariado productivo” agrupados en torno de la UIA y, por el otro, buena parte del sector financiero local y las empresas privatizadas. De manera externa a estos dos núcleos se encontraba el principal representante institucional de los acreedores externos: el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, tras tener una posición inicial a favor del mantenimiento de la convertibilidad, finalmente terminó cerrando filas detrás de la salida devaluacionista. Desde la perspectiva prodevaluación, en el empresariado argentino las voces calificadas fueron haciéndose escuchar. En esa línea, el grupo económico Techint cumplió un rol más que destacado a la hora de criticar el “modelo” –más allá de que éste lo había beneficiado ampliamente–, y fueron sus propios directivos los que llevaron más lejos el ataque al “1 a 1”. (...)
Frente al nuevo gobierno, los sectores prodevaluación intentaron una estrategia dual: en el corto plazo, apostar a las “devaluaciones indirectas” y, con un objetivo cuya concreción les insumiría un poco más de tiempo, impulsar la conformación de una fuerza social de mayor alcance. Para la primera de las metas, prontamente propusieron la mejora de la competitividad externa de las exportaciones vía una disminución de los costos mediante la rebaja de los aportes patronales, el congelamiento del salario mínimo y la flexibilización de las condiciones de trabajo, algo que obtuvieron en forma paulatina, incluso a través de medios ostensiblemente ilegales y que derivaron en una fuerte crisis política como el escándalo de las “coimas” en el Senado para la aprobación de las leyes de flexibilización laboral, que incluyó la renuncia del vicepresidente de la Nación. También con la creación de una “canasta de monedas” que reemplazaría al dólar como único referente del peso convertible. Para el segundo objetivo, el más estratégico, se hacía necesario que el “frente por la devaluación” se extendiera más allá de los sectores empresariales (industriales y algunas entidades agropecuarias) y se acercara a las representaciones de los trabajadores, a buena parte de la clase política y a otros ámbitos (como la Iglesia). No alcanzaba, para ello, con reclamar la rebaja de los costos empresarios a costa del ingreso de los asalariados.
Hacía falta asentar un discurso integrador, que rescatara del imaginario social ciertos valores positivos que refirieran a la defensa de “la producción”, “la industria”, “el trabajo”, el “regreso del Estado”, “la Nación”, todos ellos en oposición a las características del “modelo” que habían generado la crítica situación social y económica: “la especulación financiera” y la “extranjerización”, principalmente. Estos planteos estaban formulados de una manera general e interpelaban a un amplio conjunto de grupos sociales a los que, a fines del año 2000, el presidente de la UIA, Osvaldo Rial, los definía de la siguiente manera: La sociedad, los industriales, los productores agropecuarios, los pequeños comerciantes, los trabajadores, los sectores de la cultura y los religiosos debemos entender que de la crisis salimos con un modelo que estimule la producción y el poder adquisitivo de la gente (Clarín, 24/11/00).
La “salida devaluacionista” de la convertibilidad pudo congregar a muy diversos sectores articulándose en lo ideológico-discursivo sobre la valorización de los mencionados conceptos, los que, por la propia naturaleza de los objetivos del capital concentrado interno que conducía dicho bloque social, estaban definidos de una manera un tanto peculiar. Se insistía en que la convertibilidad y el anclaje cambiario habían sido el origen de todos los males, sin hacer mención al proceso de reformas estructurales que habían sido introducidas como el “caballo de Troya” de las políticas económicas de los años noventa (Nochteff 1999). Así, se eliminaba del diagnóstico un elemento central que determinaba gran parte de las graves condiciones sociales y económicas de finales de la década y que apuntalaron la crisis de 2001.
Ignacio de Mendiguren (UIA) lo expresaba de esta manera: La vulnerabilidad externa se fue agudizando a lo largo de los años noventa como consecuencia de la falta de una política de desarrollo de los sectores productivos y del empresariado nacional, que determinó un significativo déficit comercial, transferencias crecientes de utilidades y dividendos, un aumento vertiginoso del endeudamiento externo; [de allí que] la pérdida de competitividad del sector productivo argentino es una realidad innegable. Desde los inicios de la década de los noventa, se generó una distorsión en los precios relativos de los sectores transables que se tradujo en una apreciación de la moneda nacional y la consiguiente pérdida de competitividad (UIA, 2001).
Los planteos por un “nuevo modelo económico”, sustentados sobre la modificación del tipo de cambio, contaron con el creciente apoyo de amplios sectores del espectro político-sindical nacional y de buena parte de la “comunidad académica” local e internacional (Schorr 2001). Con la mira puesta en construir una fuerza social capaz de impulsar y convalidar este “proyecto productivo”, se insistió en que con él se podría mejorar el ingreso de los sectores populares y se beneficiaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas, al vincular más fuertemente, a medida que se profundizaba la crisis, las ideas de “devaluación” y de “redistribución del ingreso”.
En enero de 2002 el presidente provisional Eduardo Duhalde expresó : “Mi gobierno pondrá fin a la alianza del poder político con el poder financiero, que perjudicó al país, para sustituirla por una alianza con la comunidad productiva” (Clarín, 5/1/02). Para llevar adelante este “modelo productivo”, creó el Ministerio de la Producción, cuyo primer titular fue De Mendiguren, quien repitió el discurso que venía sosteniendo acerca de las “virtudes” del nuevo régimen, el cual debería recomponer el ingreso de los sectores populares:
“Vamos a reconvertir a los sectores productivos para que tengan valor agregado dentro de una economía abierta, competitiva y globalizada pero de manera exitosa y no para desintegrarnos en ella. Queremos una visión estratégica que nos dé mejores salarios, como hacen otros países” (Clarín, 18/1/02). De todos modos, esta perspectiva no hizo más que retomar, a partir de un nuevo nivel del tipo de cambio (muy superior, en términos reales, al vigente durante la convertibilidad), la vieja teoría del “derrame”, según la cual la recomposición de las ganancias de una parte de la gran burguesía local y de otras fracciones de los pequeños y medianos empresarios productores de bienes transables se trasladaría en parte a los asalariados y la creación de empleo. Ahora bien, en términos estrictos y concretos, la “distribución del ingreso” tal como lo planteaban los sectores devaluacionistas implicaba que la masa de ganancias generada por la economía argentina se redistribuyera –a partir de los efectos generados por la devaluación– hacia las grandes empresas exportadoras y, en muy menor medida, hacia las pequeñas y medianas industrias que habían logrado sobrevivir al cepo de la convertibilidad.
Al final, el impacto de la devaluación sobre los ingresos de los sectores populares sería absolutamente regresivo, debido a la valorización en divisas que tuvieron los alimentos y a la inflación; así, no se mejoró sino que se agravó la situación de los sectores populares.
En síntesis, frente a la creciente crisis de acumulación que experimentaba el capital concentrado interno (ya que para una parte importante de la burguesía no podía garantizarse el funcionamiento de la economía y una tasa y regularidad de acumulación capitalista) sumada a la crisis política y de régimen, el grupo devaluacionista logró generar un esquema de alianzas sociales mucho más sólido, inclusivo y plural en su integración que el que conformaron los impulsores de la opción dolarizadora. Para ello fue primordial que ganara la disputa ideológica (identificación del origen y las razones de la crisis) y que se concentrara la solución en una sola medida: la modificación del tipo de cambio. Al no plantearse con similar claridad otros lineamientos de la política futura (sólo se hacían menciones generales a la “distribución del ingreso”), estos últimos fueron interpretados de acuerdo con lo que cada fracción social deseaba o intentaba lograr. Quien pudiera hegemonizar el movimiento social y lograra organizarlo detrás de sus propuestas sería quien llenara de contenido esa reivindicación. En las condiciones de debilidad de los sectores populares propios de tres décadas de políticas neoliberales, la dirección estuvo en manos de los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros productores de bienes transables y orientados a la exportación.
En consecuencia, se terminó por dar la “paradoja” de que si bien la fracción del gran capital que ejerció la conducción del armado del “bloque devaluacionista” tenía por diversas razones menos poder económico que sus contrincantes (por su relativamente bajo peso en la estructura productiva doméstica a raíz de la fenomenal extranjerización de los años noventa, por ocupar un lugar marginal en el mercado mundial, etc.), logró elaborar una propuesta de resolución de la crisis de carácter “inclusivo” (ello, con independencia de que éste fuera genuinamente procurado o un mero artilugio con vistas a agrandar y diversificar su base social de apoyo). Y de ese modo pudo “torcer el curso de la historia” a su favor. Sin duda, reparar en estas cuestiones es de lo más relevante ya que expresan el carácter central que asumen las instancias ideológicas y políticas en el análisis de un proceso económico o, más específicamente, porque indican que en las coyunturas históricas en las que se disputa la hegemonía dentro del bloque dominante, el poderío estructural de un actor no necesariamente determina hacia dónde se inclina “el fiel de la balanza”; su accionar asume más importancia en el plano políticoideológico (...)".
Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 1, nº 2, Buenos Aires, diciembre de 2007. http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
2. Los logros sociales, políticos y constitucionales que sin duda se deben a la izquierda
Andrés de Francisco (Rebelión), en "Los límites de la izquierda", expresa:
"Hay logros sociales, políticos y constitucionales que sin duda se deben a la izquierda. El sufragio universal, conquistado o concedido, fue un logro de la izquierda y del movimiento obrero. Los derechos de huelga, reunión y manifestación, los sistemas de protección y seguridad social, los sistemas públicos de salud, los sistemas laicos de enseñanza obligatoria y gratuita, el derecho laboral favorable al factor trabajo. Todo este complejo sistema de derechos sociales y políticos es sin duda un logro de las fuerzas democráticas de la izquierda. Sin embargo, a la vez puede decirse que la izquierda ha sido derrotada.Primero, porque esos logros están en franco retroceso tras tres décadas de durísima y eficaz ofensiva neoliberal, esto es, de desregulación, privatización y re-mercantilización de la vida social y económica que, naturalmente, afecta a unos países más que a otros. Y, como se puede comprobar a diario, la salida al gran crash del 98 y a la crisis sistémica subsiguiente se está saldando con un reajuste aun más duro en contra de las clases trabajadoras y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Quedan muy lejos las medidas del laborista Clement Attlee quien, tras la II Guerra Mundial, nacionalizó el 20% de la economía británica, es decir, sus sectores estratégicos, y la axiología que informa las políticas públicas contemporáneas parece haber olvidado el célebre principio –freedom from want- que guiaba el informe Beveridge de 1942. Muy lejos de aquella audacia está la voluntad política de los representantes de la izquierda institucional de hoy. Pero la izquierda ha sido derrotada, en segundo lugar, como movimiento socialista, como ese conjunto de fuerzas revolucionarias y/o reformistas dispuestas a superar, destruir o enterrar el capitalismo, en beneficio de un modo de producción más eficiente y racional, y de un modelo social basado en la justicia y la igualdad. Como si del negativo de esa utopía se tratara, lo que tenemos ante nuestros ojos es una globalización grancapitalista con todo su espectáculo de miseria moral y material, de injusticia, corrupción y desenfreno, con todos sus fetichismos de la riqueza y el lujo, con su ética individualista del consumo irresponsable, con su frívola superficialidad posmoderna, etc.
Se trata de una derrota con profundas raíces históricas que a mi entender tiene tres episodios cruciales. Primero, la reacción fascista que siguió al fracaso revolucionario de la socialdemocracia europea en los años 20 del siglo pasado y que tuvo por misión, en parte cumplida, la destrucción del movimiento obrero y su cultura organizativa. Segundo, el estalinismo, que no sólo purgó criminalmente a la generación que hizo la revolución, sino que también arrebató la autonomía de los partidos comunistas europeo-occidentales, quebró su independencia intelectual, cercenó su creatividad y los empobreció moralmente. Tercero, el propio desarrollo del capitalismo tardío trajo consigo un conjunto de transformaciones tanto en la estructura de clases –diferenciando a las fuerzas del trabajo, eliminando la centralidad de la vieja clase obrera industrial y terciarizando la economía- como en el plano cultural –con el giro posmoderno- y el político –con la aparición de nuevos movimientos sociales con nuevas agendas políticas (igualdad de género, derechos de las minorías, o protección del medioambiente). Con sus mejores hombres y mujeres purgados, destruidas sus gloriosas tradiciones organizativas, descentrada su base social, faltos de autonomía y creatividad (tras refugiarse en la Realpolitik estalinista y en las tristes simplificaciones de la guerra fría), y para colmo desconcertados con la propia complejidad del capitalismo de la gran corporación…; con todos esos lastres a sus espaldas, la izquierda europea, sin verdadera implantación social, con direcciones aburguesadas y retóricas pseudorrevolucionarias, a la que el mismo Mayo del 68 pilló desprevenida, no estaba preparada para hacer frente a la tenaz ofensiva contra la democracia y la ciudadanía desatada en el último tercio del siglo XX.
Contra la democracia y la ciudadanía, en efecto, porque esa ofensiva ha impuesto un perfil netamente oligárquico en la estructura del poder social y porque, en esa misma medida, ha desfigurado por completo el principio de soberanía popular. A mi entender, a ello han contribuido decisivamente al menos los siguientes desarrollos:
1) La oligopolízación de los mercados, que supone una quiebra del principio (en alguna medida democrático) de soberanía del consumidor. En un mercado de competencia no oligopólica, los consumidores fijan los precios conformando una demanda agregada y en esa medida son soberanos. En los mercados oligopólicos, las grandes corporaciones imponen los precios al consumidor limitando la competencia entre productores y controlando la oferta. Un mercado muy importante para la cultura democrática es el de la información y la comunicación. Pues bien, se trata de un mercado altamente concentrado. Jerry Mander, de hecho, estima que 7 grandes corporaciones1 se reparten el control del 70% de los media mundiales, lo que incluye televisión, satélites, agencias de información, sistemas de cable, revistas, diarios, edición de libros, producción cinematográfica e internet. Esto significa que una exigua minoría tiene el enorme poder de influir en –y manipular- los contenidos de conciencia y el pensamiento de miles de millones de habitantes del planeta. La fuerte oligopolización del mercado mundial de la comunicación y el control de la oferta informativa suponen que la sociedad civil carece en buena medida de una opinión pública propia, autónoma, plural y críticamente formada, y que es llevada a pensar y saber lo que conviene a las élites del poder.2 La manipulación que sufrió la opinión pública mundial en la última guerra de Irak no es más que un ejemplo. Es verdad que hay redes, circuitos y grupos alternativos –en internet y fuera de ella- que conforman espacios de comunicación resistentes al proceso de homogeneización cultural vigente, pero su influencia real es muy limitada, si observamos, por ejemplo, que el americano medio ve 30.000 anuncios publicitarios al año o que el japonés medio se sienta ante el televisor 4 horas y media diarias.
2) La trasnacionalización corporativa que, entre otras muchas cosas, permite la opacidad contable de las operaciones entre empresas matrices y filiales, y supone la quiebra del principio democrático de la accountability. Tanto fiscal como financieramente, las grandes corporaciones trasnacionales escapan al control de los Estados y de cualesquiera organismos reguladores: la reciente crisis económica mundial es fuertemente deudora de esa impunidad con la que los altos directivos de tantas grandes empresas camuflaron sus malabarismos contables, especularon con productos financieros de altísimo riesgo y ocultaron su irresponsabilidad –y sus robos- tras una falsa pantalla de sedicentes ingenierías de inversión creativa. La fuerte financiarización de la economía global no ha hecho más que agravar estos de por sí ya graves problemas del capitalismo tardío.
3) La colonización del Estado, lograda por medio de los numerosos puentes de ida y vuelta entre los consejos de dirección de las grandes empresas o grupos financieros y los gobiernos, o lograda mediante amenazas de desinversión o deslocaliación de las multinacionales, o mediante presiones especulativas de mercados fuertemente controlados por potentes grupos de inversión. A esa colonización del Estado contribuye en paralelo el conjunto variable de mecanismos contramayoritarios de los sistemas representativos modernos, desde el veto presidencial o el bicameralismo hasta los sistemas electorales no proporcionales o sesgados para excluir a las minorías antisistema o más radicales, pasando por la marcada oligarquización de las estructuras de poder en los partidos políticos. Todo ello hace que el gobierno del Estado sobre-represente los intereses del dinero y la riqueza (los moneyed interests), mientras que los intereses de las mayorías trabajadoras y/o desempleadas –base social de la democracia- quedan sub-representados, diferidos, marginados o silenciados.
4) El sometimiento de pueblos enteros a través del mecanismo de la (re)negociación asimétrica de la deuda externa de los países. En todo el mundo, pero sobre todo en los países más pobres y endeudados, las instituciones de la gobernanza neoliberal (FMI, Banco Mundial, etc.) han impuesto condiciones salvajes –recortes sociales, privatizaciones, desinversiones- para la concesión de nuevos empréstitos, condiciones que han empobrecido aún más a esos pueblos atándolos por el cuello a la soga de una deuda externa creciente que sólo enriquece a los países y entidades acreedores. En el mundo griego antiguo, antes de las primeras reformas democráticas de Solón, a uno se le podía esclavizar si no saldaba sus deudas. En el mundo contemporáneo la deuda externa es la principal causa de que muchos países vean dramáticamente condicionada su soberanía nacional.
5) Finalmente, la geopolítica (neo)imperialista, militarmente sostenida, de las grandes potencias para el control y apropiación de las principales fuentes de energía y recursos –vegetales, hídricos, minerales o alimentarios- así como las principales rutas comerciales desde los países productores (muchos subdesarrollados) hacia los países ricos del hemisferio norte. El imperialismo no lo ha inventado el capitalismo, huelga decirlo. Antes bien, es el modus operandi histórico de los Estados fuertes, al margen del régimen político: la democracia ateniense fue imperialista, como lo fue la república romana, como lo han sido tantas y tantas tiranías. Sencillamente, las potencias capitalistas –con EE.UU a la cabeza- no se han quedado atrás, han continuado valiéndose de esa vieja lógica del poder, y el resultado ha sido el mismo de siempre: el expolio y la desposesión de los legítimos propietarios de esos recursos vitales, con la colaboración infame y servil de las oligarquías locales: otra batalla más ganada a la soberanía nacional de numerosos países.
Este ataque multilateral a la democracia ha tenido por consecuencia que los grupos (o países o pueblos), más pobres y vulnerables (y mayoritarios), masas ingentes de trabajadores o desempleados, tengan menos libertad, menos libertad de la opresión y menos libertad de la privación. Son menos soberanos como miembros del cuerpo cívico –del que muchos van quedando de facto excluidos- y viven más a merced de las decisiones de minoritarios pero muy poderosos grupos de interés. Desapoderadas política y socialmente, las mayorías que viven –o aspiran a vivir- de su trabajo quedan crecientemente expuestas a la amenaza terrible de la privación y la escasez. Este proceso multilateral y multinivel de oligarquización tiene –conviene subrayarlo- una terrible consecuencia: el paralelo deterioro de la cohesión social. En efecto, por la vía de la creciente concentración de la riqueza los índices de desigualdad se disparan hasta dar en la polarización social. Las clases medias se proletarizan, las clases obreras se empobrecen y precarizan, crecen las bolsas de marginación y exclusión, aumenta el miedo, la inseguridad y la desconfianza interpersonal.3 El vínculo societario se debilita, se exacerba el oportunismo y cunde el resentimiento de los más desfavorecidos hacia una sociedad que les da la espalda. Al final, rotos los lazos de unión entre el bien público y el privado, ya nadie cree en la sociedad como un proyecto compartido y cohesionado de cooperación social.
La libertad como eje irrenunciable de la izquierda
El diagnóstico anterior se asienta en una idea central: la libertad de los muchos es la gran víctima del proceso de globalización grancapitalista desatado en estas últimas décadas de ofensiva neoliberal. He insistido en esa idea porque, aunque a menudo se olvide, y es penoso tener que recordarlo, si el pensamiento de la izquierda ha tenido un eje central y prioritario, éste ha sido el de la libertad. La izquierda, en efecto, tanto en su gran matriz socialdemócrata clásica como en su vertiente anarquista, no ha tenido otra utopía que la de una sociedad emancipada, esto es, una sociedad de hombres y mujeres libres, libres de la opresión y libres de la necesidad. Sea dicho al paso que ambas formas de libertad negativa no son independientes. Marx, por ejemplo, creía firmemente que la libertad de la opresión sólo se alcanzaría una vez superadas las servidumbres de la necesidad. Pensamiento, sin duda, profundo, que tiene profundas raíces clásicas. Sea como fuere, y dejando de lado ahora estas y otras sutilezas de la libertad, sí quisiera llamar la atención sobre su importancia, sobre su centralidad para la utopía de la izquierda. ¿Por qué es tan prioritaria y urgente la libertad? ¿Por qué no puede la izquierda renunciar a ella? El más sabio de los locos jamás imaginado dice de la libertad que “es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; [que] con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”.4
¿Tiene razón Cervantes? ¿Por qué? Tiene razón, a mi entender, porque la libertad es la condición de la vida auténtica, esto es, de una vida basada en actividades y quehaceres queridos por ellos mismos. Dicho de otra forma, la libertad es la condición de la autorrealización individual y del desarrollo personal. Una vida impuesta por la voluntad ajena es una vida amputada y subalterna, expuesta siempre a la arbitrariedad del poder, una vida –como bien sabía Montesquieu- marcada por el miedo y el silencio. A fuerza de temer, callar y consentir, el hombre sin libertad aprende a renunciar a sí mismo, esto es, a hacer aquello que le permitiría realizar su potencial creativo. El horizonte vital de las personas está lleno de posibilidades, pero la vida real se va tejiendo a base de decisiones y de no-decisiones, de acciones y de no-acciones. La falta de libertad restringe y angosta ese horizonte vital: acota las decisiones y acciones en ámbitos de dominación –son acciones y decisiones forzadas- y desplaza al mundo imaginario de las no-decisiones y las no-acciones lo que el individuo haría por sí mismo, de buena gana, voluntariamente. La falta de libertad nos obliga a renunciar a lo que nos haría felices o apetecería y a hacer lo que a otros hace felices o apetece. Por eso, repito con nuestro hidalgo universal, la libertad “es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.
Que la izquierda ha olvidado su compromiso central con la libertad ha quedado testimoniado en muchas ocasiones. Todavía causa rubor recordar las torpes justificaciones del estalinismo en nombre de no se sabe qué patrones de igualdad o qué conjunto de necesidades básicas (como si la libertad no fuera la primera necesidad básica…). La revolución cubana es admirable en muchos sentidos, sin duda: lo es por sus logros sociales, por su diplomacia, por su solidaridad internacional, por su resistencia tenaz y a menudo heroica ante un largo historial de intentos de desestabilización desde fuera. Pero sorprende que buena parte de la izquierda no se atreva a criticar la falta de libertades del pueblo cubano (y se conforme con justificaciones contextualistas, que no dan tanto de sí, por importante que sea el bloqueo norteamericano).5 Y en la misma línea, prefieren ignorar la deriva cesarista de la revolución bolivariana en Venezuela6 o el peligro totalitario que encierran los “derechos colectivos” que nutren parte de la nueva marea nacionalista. Un autor tan sofisticado como Gerald Cohen, uno de los padres del llamado marxismo analítico y emblema de la izquierda académica contemporánea, no hace mucho que situaba los valores de la comunidad y la igualdad en la base de la utopía socialista7 con el ostensible olvido de la libertad. Sin duda, ellos son valores importantes, pero no conviene olvidar que buena parte de los afanes de la izquierda moderna consistieron también en liberar a la sociedad del yugo comunitario de la sociedad tradicional. O que el principio comunista de distribución pensado por Marx, “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”, no es un principio igualitarista de distribución sino un criterio de solidaridad basado en el altruismo incondicional y la reciprocidad generalizada. En cualquier caso, una comunidad igualitaria sin libertades individuales parece más bien una contrautopía.
La consecuencia de este olvido de la libertad no es sólo la preocupante disociación entre libertad e igualdad sino una suerte de distribución de valores entre izquierda y derecha, por la cual la libertad sería el principal valor de la derecha y la igualdad el de la izquierda. Así las cosas, no es de extrañar que gran parte de la filosofía política contemporánea se haya entregado –y en buena medida extraviado- en un complicado debate –en alguna medida estéril y bizantino- sobre la métrica de la igualdad, desde que Amartya Sen lanzara su célebre pregunta “¿Igualdad de qué?”.8 Es curioso constatar que de toda la batería de métricas propuestas –los recursos, las oportunidades, las capacidades, los funcionamientos- a nadie se le ocurriera proponer directamente la que siempre ha estado en la agenda republicano-democrática radical de la izquierda histórica, a saber, la libertad misma, y hacer de la igual libertad (la aequa libertas) el ideal a analizar.
Sea como fuere, la igual libertad –como decía antes- ha sido el eje central del proyecto emancipatorio de la izquierda histórica. Obviamente, no cualquier libertad, sino esencialmente la igual libertad de la opresión y la necesidad. La sociedad emancipada sería así una comunidad política (es decir, una sociedad de ciudadanos activos) en la que no hay dominadores ni dominados, sino sólo hombres y mujeres igualmente libres, con las condiciones políticamente garantizadas para desarrollar una vida digna y realizarse a sí mismos. La igual libertad de la opresión y la necesidad no exige que seamos iguales en muchos otros aspectos. No exige la igualdad de recursos, ni tampoco la igualdad de capacidades o funcionamientos. Pretender semejante igualdad sería un ejercicio absurdo y condenado al fracaso. Lo que exige la igual libertad de la opresión/necesidad son niveles de suficiencia material, garantías constitucionales y, como veremos, también límites institucionales; exige que todos tengamos un nivel suficiente de recursos, bienes e ingresos, un nivel suficiente de garantías frente a la enfermedad, frente a los golpes del azar y la fortuna, frente a la intromisión, la extorsión o la discriminación, etc., y que todos respetemos ciertos límites social-republicanos al uso de determinados bienes primarios. Que todo ello supone atacar la desigualdad, ocioso es decirlo; por ejemplo, exige la igualdad de oportunidades o la igualdad jurídica.9 Pero sobre todo supone atacar la extrema desigualdad material, esto es, la polarización social, por la cual amplias masas de la población mundial se ven condenadas a la exclusión de todos esos recursos, oportunidades y garantías mínimos, y forzadas por ello a llevar una vida miserable y sometida. Todas las propuestas interesantes que se han venido proponiendo en los últimos años (tasa Tobin, incremento fiscal de un 2% a la décima parte más rica del planeta, la renta básica de ciudadanía, la condonación de la deuda externa de los países más pobres) son medidas encaminadas a reducir o erradicar la extrema polarización del capitalismo contemporáneo, pero no tienen por objeto la igualdad como tal en ninguna de sus métricas convencionales.
Libertad y capitalismo
Armada con este principio normativo de la igual libertad de la opresión/necesidad, la izquierda, tanto la socialista de raíz republicano-democrática como la anarquista, ha sido y no puede dejar de ser una izquierda anticapitalista. Porque para esta izquierda, el capitalismo es un sistema de dominación social, es decir, un sistema donde una parte importante de la población –las clases subalternas- tiene seriamente cercenada su libertad, está sujeta a dominación, y vive –esto es- alienada. Y porque para esta izquierda el mercado capitalista es un sistema asimétrico de intercambio desigual entre grupos, pueblos y países, a resultas del cual los más vulnerables van quedando privados de sus medios de vida y desapoderados. La alienación es lo contrario de la libertad. Estar alienado, en efecto, significa ser alieni iuris, estar bajo la jurisdicción de otro, sometido a su voluntad. Para la izquierda la alienación está en el centro de la realidad cotidiana del capitalismo así como la desalienación o la emancipación humana está en el centro de su utopía. A mi entender, la izquierda del futuro tiene que ser en esto perfectamente radical y afirmar su identidad anticapitalista. Luego diré en qué precisos sentidos.
Ahora bien, el capitalismo es resistente y combatirlo o hacerle frente implica reconocer muchas cosas, pero entre ellas las tres siguientes sobre las que no suele ya insistirse demasiado.
Primera: el capitalismo genera la ilusión de la libertad, esto es, la falsa conciencia por la cual la dominación real –no reconocida en muchos casos- es voluntaria y libremente aceptada por los que la padecen. El contrato de trabajo es un contrato formalmente libre, nadie me obliga a aceptarlo, no hago más que alquilar libremente mi fuerza de trabajo, que es mía. Y sin embargo, la empresa capitalista es un espacio de dominación donde el trabajador está sometido a la ajena jurisdicción, pese a, y a través de, la libertad formal del contrato. Se trata de una ilusión muy poderosa que no sólo oculta la coacción estructural que padecen en general las clases asalariadas, unas más que otras, sino que se integra en otras propiedades del sistema capitalista como su alta complejidad, su desarrollada división del trabajo y sobre todo en la competencia generalizada, y es reforzada por ellas. Cuando uno compite en un sistema complejo, diferenciado y abierto, simplemente para ganarse la vida o prosperar, tenderá a pensar que sus logros y sus fracasos se los debe exclusivamente a su propio mérito y a su esfuerzo personal. Y comoquiera que eso del esfuerzo y el mérito son hechos reales, que efectivamente cuentan y retribuyen, el individuo tenderá a creerse íntegramente responsable de su destino social, plenamente dueño de sus propias decisiones y, por responsable, libre.
Segunda: el hecho de la competencia universal unido a la mencionada ilusión de la libertad genera una nueva ilusión, la del individualismo idiótico o apolítico, esto es, la ilusión según la cual los problemas de los individuos tienen una solución puramente individual, no colectiva. Este individualismo hay que entenderlo dinámica o dialécticamente en el siguiente sentido: crece y decrece según crezca o decrezca la capacidad de autoorganización política de las propias fuerzas anticapitalistas. Así, por ejemplo, la atomización social de la sociedad-masa del capitalismo globalizado contemporáneo ha facilitado enormemente la ofensiva neoliberal de las últimas tres décadas que, a su vez, ha dado un giro de fuerza a esa misma atomización. Sin organización no hay resistencia colectiva, sin resistencia las élites en el poder imponen su criterio. En décadas pasadas solía hablarse del “sujeto revolucionario” y hubo grandes debates sobre si la clase obrera había dejado de serlo y sobre si había otro sujeto en la recámara para sustituirlo. A mi entender, nunca hubo un sujeto revolucionario, al menos si por tal entendemos un ente colectivo hecho y acabado, que camina cual gigante pisoteando las contradicciones del sistema y dispuesto a sacarse de su enorme chistera la nueva y feliz sociedad. No hace falta haber leído a F. Engels o a E.P. Thompson para saber que ese “sujeto” siempre fue un movimiento frágil y fluido, que hubo de formarse y construirse políticamente y que siempre fue vulnerable a sus propias tensiones internas y a todo tipo de estrategias externas de división. Y, desde luego, justo es decir en honor a la verdad que fue un gran mérito de sus dirigentes y bases que el movimiento obrero del XIX alcanzara tal punto de autoorganización y autoconciencia política que llegara a plantar cara al poder social y político de la burguesía del XIX y aun del siglo XX. Pero, insisto, ese “sujeto” no existe sino que está siempre por construir. Ahora, más lábil y evanescente que nunca, también. Sin olvidar –conviene subrayarlo- que el individualismo idiótico y la ilusión de la libertad son dos de los principales obstáculos en el camino de esa tarea de arquitectura política y de reorganización de las fuerzas de la izquierda. Pero hay más.
Tercera: no todo es alineación y dominación en el capitalismo, lo cual, por más que salte a la vista, tampoco suele reconocerlo el pensamiento de la izquierda. Pero lo cierto es que el capitalismo genera muchos espacios de libertad real. Ese mismo trabajador precario y servil en su puesto de trabajo se siente libre en otras muchas facetas de su vida: elige, compra, decide, vota, opina, piensa, lee, habla, discute, sale, entra, va y viene… Tendrá miedo a quedarse sin trabajo, a no llegar a fin de mes; habrá muchas cosas que no podrá hacer, porque carecerá de los recursos necesarios... Todo eso es cierto y es grave, pero ese mismo trabajador precario no tiene miedo a que lo encarcelen sin ton ni son, a manifestar su opinión política, a movilizarse, a la policía secreta, al chivatazo de sus vecinos, a cambiar de fe, etc. En definitiva, hay muchos espacios no imaginarios sino reales de libertad negativa en el capitalismo, de cosas que uno puede hacer sin impedimento externo, sin miedo a ser reprimido.
Y es que las sociedades capitalistas no son sólo capitalistas. Son también sociedades plurales, abiertas, diferenciadas: en definitiva, modernas. Y aunque el capitalismo –como régimen de propiedad y dominación- es compatible con sistemas cerrados y dictatoriales, lo es aún más con sistemas representativos y parlamentarios con garantías jurídico-constitucionales a los derechos de libertad individual. Con ello no hago más que constatar la evidencia histórica, a saber que modernidad y capitalismo han ido de la mano y se han alimentado mutuamente.
El eje de la modernidad
Llegados a este punto, quisiera preguntar lo siguiente. Si la izquierda es anticapitalista ¿acaso ha de ser también antimoderna y renunciar al proyecto emancipatorio que la modernidad sin duda encierra? Si, por el contrario, la izquierda sigue apostando por la modernidad, ¿debe encontrar algún acomodo con el capitalismo?
La modernidad es una realidad histórica pero también es un proyecto político-social basado en la libertad. Supone la emancipación, para empezar, de la ignorancia –recordemos el sapere aude de Kant, el gran filósofo de la modernidad: ¡“atrévete a saber”!-, y abre de par en par las puertas del conocimiento: ya no hay castas sacerdotales “letratenientes” ni biblias en latín que nadie entiende. La modernidad promete también la emancipación del yugo comunitario, del estrecho cerco de sus necesidades básicas, de la tiranía del nacimiento y la sangre, de la jerarquía social heredada y la limitación corporativa, de la estrechez aldeana de miras y de las ataduras de la tradición. Rotas todas esas cadenas, queda el individuo casi desnudo e ilimitado, solo ante sí, ante un horizonte de posibilidades de autodespliegue y autocreación, de autodesarrollo y autorrealización. Queda el individuo moderno, con su alma fáustica, dispuesto a experimentarlo todo, a conocerlo todo, a apropiárselo todo, a traspasar barreras sociales y ascender hasta lo más alto, a transformar indefinidamente el mundo –a desarrollarlo- para plegarlo a sus crecientes, ilimitadas, siempre nuevas, necesidades.10 ¿Está dispuesta la izquierda a retroceder en ese camino, a volver a encadenar la libertad individual, a cercenar las posibilidades de autodespliegue del individuo? ¿O sigue asumiendo la izquierda el proyecto emancipatorio moderno, sin reparos, pese a sus contradicciones? ¿Debe la izquierda encontrar límites y ponerle bridas a la modernidad?
Yo creo que sí, que la izquierda debe ser crítica con la modernidad y encontrarle esos límites, pues de lo contrario la modernidad misma se autodestruye. Como ya dramatizó Goethe, hay en ese afán del hombre moderno por experimentar el mundo y desarrollarlo a su antojo un elemento diabólico. El desarrollismo moderno, en efecto, desata fuerzas que pronto escapan al control humano y en su impulso creativo arrasan con lo que encuentran a su paso. No sólo destruyen así, sin piedad, la inocencia de un mundo ya perdido que sólo aspiraba a su reproducción simple sino que pierden de vista la escala humana de la misma dinámica social y acaban por crear mundos artificiales, feos y disfuncionales, en los que no se puede vivir, pero que les son impuestos a poblaciones enteras inmoladas en el altar de los pingües beneficios de las grandes corporaciones y/o de los delirios de grandeza de gobernantes estúpidos y venales.
Mas, ¿cuáles han de ser esos límites? ¿Cómo y dónde echar el freno?
A mi entender, sin renunciar al proyecto emancipatorio de la modernidad, la izquierda ha de buscar dos tipos de límites: límites cívicos al individualismo y límites ecológicos al desarrollismo. Va de suyo que limitar algo no significa destruirlo. Antes al contrario, a veces la mejor manera de conservar algo es impedir, limitando sus manifestaciones, que crezca hasta volverse autodestructivo. El individualismo moderno tiene dimensiones maravillosas a las que no podemos renunciar. Tampoco sería razonable renunciar a lo que es constitutivo de la naturaleza humana, su creatividad transformadora y constructiva de mundos artificiales. El problema central de la modernidad es el desenfreno, esto es, la falta de límite del individualismo desarrollista. Así, pues, empezando por el primer tipo de límites, tarea de la izquierda es recuperar cosas que la modernidad parece haber olvidado, a saber: la obligación social frente al oportunismo individualista, el deber cívico frente a la desafección y el cinismo, la virtud frente a la idioteia y el narcisismo, en fin, el compromiso y la responsabilidad frente al nihilismo subyacente a la propia modernidad. En resumidas cuentas, la izquierda debería combatir el desenfrenado individualismo reinante, con todos sus fantasmas, y reclamar la presencia del ciudadano y su mirada política, la que apunta al bien público y no sólo al interés privado, la que deriva en acción política visible y democrática y desconfía de las manos invisibles y los mecanismos espontáneos de coordinación social tan caros al liberalismo económico, la que es capaz de controlar al poder político participando en la cosa pública en lugar de replegarse en una privacidad silenciosa y conformista. La cuestión es cómo: ¿cómo devolver el protagonismo al ciudadano y ponerlo en el centro de la vida pública, máxime cuando el capitalismo, de la mano de la competencia y sus libertades negativas, genera la ilusión –y la patología- del individualismo idiótico?
Además, ¿de qué ciudadano debemos hablar en el siglo XXI? Ciudadano viene de ciudad y, aunque no se advierte demasiado, es lo cierto que la globalización está suponiendo la remunicipalización del planeta. Mas la nueva centralidad de las ciudades no es la de la antigüedad mediterránea, ni la de Medievo, en las que resurge y se transforma el viejo ideal republicano de ciudadanía forjado por Grecia y Roma. Es más bien un escenario de gigantismo municipal, de megaciudades-región a una escala desconocida en el registro histórico. ¿Qué piensa la izquierda de este proceso de hiperconcentración urbana? ¿Tiene la izquierda un modelo de megacuidades-región para el siglo XXI? ¿Cuál es su modelo de desarrollo urbano? ¿Está más cerca del de un Robert Moses en Nueva York o de su gran oponente, la Jane Jacobs que defendía la barriada con todo su caudal de capital social? ¿Está por el hormigón o por la calle de nuestra infancia y la tienda de la esquina? ¿Apuesta por la velocidad de la vía rápida o por la comunidad y la cercanía del vecino? ¿Cómo devolver la escala humana al desarrollismo heredado? Por otro lado, hoy más que nunca el mundo es un sistema complejísimo de interdependencias globales, hasta tal punto que ya no se puede hablar de espacios públicos locales. Al contrario, muchos de los problemas locales son en realidad derivaciones de un espacio público planetario y por lo tanto sólo admiten soluciones globales. Esta aldea global parece reclamar más que nunca ciudadanos del mundo capaces de hacer suyos problemas de toda la humanidad. Éste es, sin duda, otro de los grandes retos de la izquierda: vertebrar una ciudadanía planetaria, cosmopolita, construir una sociedad civil transnacional capaz de hacer frente al proceso creciente de concentración oligopólica del poder económico a escala mundial y de armar la necesaria contra-hegemonía en el seno de la opinión pública global. Tarea sin duda de dimensiones titánicas.
Ahora bien, ese ciudadano de nuevo cuño, si ha de cobrar el debido protagonismo, no sólo debe cuidarse de la ciudad, esto es, del espacio público-político, por amplio que sea. En realidad, y vamos al segundo tipo de límites –los ecológicos-, la ciudad y la política tienen su alteridad. A eso que está más allá (o más acá) de la política los griegos lo llamaban physis. Las leyes de la ciudad constituían el nomos frente a las leyes de la naturaleza que constituían la physis. Esta dicotomía sigue vigente, por supuesto, y conviene decir que la naturaleza no sólo es el suelo sobre el que el hombre ha construido su mundo social. Al hacerlo, además, el hombre no ha dejado de transformar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. A decir verdad, no pudo ser de otra forma: la ciencia y la técnica son los colmillos y las garras con las que hemos aprendido a sobrevivir como especie. Pero de la misma manera que el mal ciudadano –el idiotés- explota y corrompe a su ciudad, se beneficia de forma oportunista del sacrificio de otros, también el homo faber ha llegado a sacrificar el esfuerzo de millones de años de dura selección natural a proyectos miopes de desarrollo repletos de efectos perversos a menudo irreversibles. La racionalidad instrumental sin la cual el hombre no se entiende a sí mismo se ha vuelto contra el propio hombre y ha levantado una devastadora lógica de la dominación que amenaza la viabilidad misma de la especie.
No cabe duda: hoy ya no podemos seguir viendo la naturaleza sólo con los ojos fríos y desencantados –modernos- de la ciencia y la técnica. Me atrevería a decir –y ello es urgente- que hay que volver a ungir a la naturaleza de misterio, de magia, de religiosidad. Y descubrir un nuevo modo –si se quiere, poético- de mirarla y relacionarse con ella. La biología evolucionaria puede explicar la precisa funcionalidad de un órgano, pero no la belleza del organismo. El árbol produce oxígeno, pero esa utilidad –vital para el hombre- no es la única justificación del árbol: además, es bello. Tal vez mirando a la naturaleza poéticamente –más allá de su utilidad y su función- seamos capaces de cultivar una verdadera conciencia ecológica. Como bien entendió Kant, el juicio estético es un juicio desinteresado; dicho de otra forma: cuando contemplamos la belleza en lo último que pensamos es en aprovecharnos de ella. Al contrario, la queremos por ella misma y deseamos que se quede intacta, tal como está, eternamente, pues cualquier intromisión o modificación la destruiría. Pese a las críticas de Nietzsche, tan influyentes, creo que Kant estaba en lo cierto al desligar el gusto por lo bello del interés de la voluntad.11 Y desde luego, mirando a la naturaleza no sólo como el resultado ciego y acumulativo del azar y la necesidad o como materia y energía susceptibles de ser utilizadas en nuestro beneficio, sino además como obra de arte, le devolveremos el “aura” que la ciencia y la técnica le han arrebatado, captaremos su absoluta singularidad y –como querría Benjamin- la contemplaremos como la “manifestación irrepetible de una lejanía”.12 Sólo así, siempre a la distancia estética, podríamos hacerla objeto de culto, y estaríamos en mejor situación de preservarla. Sea como fuere, con una estética subyacente o sin ella, parece claro que si la globalización pide ciudadanos del mundo y una cultura cosmopolita, ese concepto de mundo habrá de incluir al mundo natural, a la physis. La reconciliación no sólo debe ser la del hombre con su (cosmo)polis. Ha de ser más profunda: ha de ser también la del ciudadano con la tierra.
Cabe preguntarse, sin embargo, si el capitalismo es compatible con una estética contemplativa y con una verdadera conciencia ecológica. W. Sombart, en un texto memorable, expresaba elocuentemente sus dudas sobre la primera pregunta: “la vida en un ambiente capitalista acostumbra al espíritu… a aquilatar también el valor de las cosas que se sitúan fuera de la esfera económica; esto quiere decir, a valorar las cosas y las personas midiéndolas con su valor pecuniario…De esta manera, respecto a las cosas se pierde el sentido de lo que sencillamente es bello sin más, de aquello que es solamente la perfección de la forma, es decir, el sentido artístico propiamente dicho, que ni se puede cuantificar ni pesar ni medir”.13
Así, sigue argumentando Sombart, el valor se convierte en precio, que es medible, la grandeza (greatness) se confunde con lo grande (bigness) y el éxito se ve reducido a riqueza contante y sonante: “Tener éxito –sigue diciendo- significa siempre adelantarse a otros, ser más, rendir más, tener más que otros, 'ser más grande'. Por su naturaleza se valora más el éxito de aquel tipo que se puede expresar en números: es decir, la riqueza”.14 Esta filosofía cuantitativista no hace sino meterle presión competitiva al individuo, sacándolo de sí, e impide que rija su vida por el ideal de “la armonía de una personalidad centrada en sí misma”; bien al contrario, lo empuja a una vida de incesante autosuperación alimentada por una ambición “sin límite”.15 El espíritu del capitalismo no parece, pues, muy amigo de la contemplación estética; como diría Brecht, el hombre del capitalismo mira a la naturaleza con impaciencia.16
Pero hay más palos capitalistas –o modernistas- puestos en la rueda de la conciencia ecológica. En especial uno que tiene que ver ya no con las leyes de la economía sino con las de la energía. En efecto, la economía capitalista es un sistema termodinámico abierto basado en la masiva utilización de recursos no renovables y la no menos masiva emisión de residuos no reabsorbidos, sin cálculo alguno del llamado “coste físico de reposición”.17 Como tal sistema termodinámico, está sometido a la ley de la entropía y es temporalmente insostenible. Cualquier proyecto serio de reformas encaminadas a recuperar la sostenibilidad económica de nuestras sociedades industriales implicaría un cambio radical en el modo de vida occidental, basado en el confort y el consumismo, a su vez, basados en un acceso muy desigual a recursos limitados muy desigualmente apropiados y repartidos. Una reorientación ecológica de la economía moderna que tenga en cuenta su dimensión física y termodinámica –en la tradición “bioeconómica” iniciada por el gran Georgescu-Roegen18- es tan necesaria como seguramente irrealizable pues supone la renuncia a las señas de identidad mismas de la civilización industrial capitalista. Y tal vez no estemos dispuestos a semejante sacrifico o no sepamos cómo ejecutarlo. Pese a la sobrecogedora ironía con que lo dice, tal vez tenga razón el propio Roegen: “Quizá el destino del hombre sea tener una vida corta pero ardiente, excitante y extravagante en vez de una existencia larga, sosa y vegetativa. Dejemos que otras especies –las amebas, por ejemplo, que no tienen ambiciones espirituales- hereden una tierra todavía bañada por un sol abundante.”19
Límites social-republicanos a la propiedad
Si analizamos pues críticamente el capitalismo como modelo de desarrollo, con mirada estética o sin ella, se deduce la necesidad de una política de límites bioeconómicos al crecimiento. Es una cuestión de pura racionalidad estratégica global. Ahora bien, el capitalismo no es sólo un modelo de desarrollo; es también, ya lo sabemos, un modelo de dominación social que arraiga en la estructura de la propiedad, en sus esquemas de distribución asimétrica, en sus sistemas mercantilizados de intercambio y asignación, y en sus pautas de acumulación. Entre otras “grandes transformaciones”, lo que el capitalismo ha hecho a lo largo de su joven historia moderna y contemporánea ha sido mercantilizar –esto es, convertir en mercancía- determinados bienes primarios que –al menos desde una perspectiva republicana- son esenciales para construir una identidad cívica, para dotar –esto es- a la condición de ciudadanía de un contenido material sustantivo. Son bienes cívico-constituyentes. Así ocurre, principalmente, con la vivienda, con el trabajo y con el capital mismo. En el capitalismo estos bienes han sido entregados al mercado y su uso apenas conoce límites a su enajenabilidad o a su acumulabilidad. Pues bien, una política anticapitalista de izquierdas, a mi juicio, debe buscar el modo de imponer justamente esos límites social-republicanos al uso de aquellos bienes, y desmercantilizarlos en la medida de lo razonablemente posible.20
La vivienda –el oikos- es un bien fundamental para la vida humana. Es el lugar de residencia, espacio de intimidad individual y familiar pero a la vez centro de gravedad de una geografía comunitaria donde el individuo construye sus vínculos vecinales más cercanos. En esa geografía está el barrio, el distrito, la circunscripción, y allí está la escuela, la asociación de vecinos, el mercado –el ágora-, la calle, la iglesia, el centro de salud, la agrupación del partido, etc. En esa geografía votamos, compramos, paseamos, charlamos, comentamos. La vivienda es la célula de ese pequeño pero complejo organismo social, y ha de quedar fijada, esto es, protegida de la esfera de la circulación comercial. La propiedad inmobiliaria consigue ese fin, dota de seguridad al individuo y hace a cada ciudadano un “demandante residual” de la riqueza comunitaria. Para el republicanismo, la vivienda tiene un significado cívico-político: significa un espacio físico seguro en la comunidad, no una mercancía cuyo valor está definido en un mercado impersonal. Así, todos los programas orientados a restringir la acumulabilidad y la capitalización de la vivienda tiene un fundamento social-republicano: alquileres de renta limitada, propiedad inmobiliaria con limitaciones sobre las plusvalías, limitación de los derechos de los acreedores sobre la vivienda del deudor (si es primera residencia), incremento de la presión fiscal sobre segundas viviendas vacías y cerradas. Etc. Desde un punto de vista social-republicano, la vivienda es un bien primario, que ha de ser universalizable como bien seguro y protegido de las disolventes leyes del mercado inmobiliario, que dejan sin techo a los grupos económicamente más vulnerables e incrementan artificialmente los costes hipotecarios, en beneficio de unos pocos, de la población en su conjunto. El que cada ciudadano posea un lugar seguro de residencia no puede depender sólo de un incierto y caprichoso mercado, o de los inciertos ingresos salariales de los ciudadanos, sino que tiene que implicar una activa política social-republicana de la vivienda.
Lo mismo ocurre con otros derechos de propiedad cruciales, cuales son los derechos de propiedad sobre el capital o sobre el trabajo. En efecto, hay formatos de empresa que congenian bien con los parámetros desmercantilizadores republicanos aquí propuestos. En concreto, la empresa cooperativa –ya se organice según el modelo yugoslavo o según el más flexible modelo Mondragón- impone restricciones decisivas a la acumulación y a la transferencia de activos o acciones por parte del miembro o socio, y también impone restricciones sobre el control y la distribución de beneficios residuales. Por lo común, el miembro de una cooperativa de producción ha de revender sus acciones a la empresa o dar a la empresa opciones de compra o derechos de veto o aprobación respecto de la transferencia de esas acciones. A su vez, los miembros y sólo los miembros son los demandantes residuales de las ganancias de la empresa, y nunca tienen una libertad irrestricta para enajenar sus derechos de pertenencia. A cambio de esas restricciones, el trabajador está protegido de la explotación y dominación capitalista, y de las incertidumbres e inseguridades de un mercado de trabajo que puede llegar a ser cruel.
El trabajo asalariado mismo también puede entenderse desde esta filosofía social-republicana y considerarlo un bien fundamental del trabajador que debe estar protegido de la lógica disolvente del mercado. De hecho, toda la normativa sobre rescisión de contratos por “causa justificada” tiene su fundamento en esa filosofía. El empresario no tiene una libertad irrestricta para despedir al trabajador a su antojo. Los costes asociados al despido también son mecanismos social-republicanos de protección del trabajo como un bien con características cercanas a la propiedad. Lo mismo ocurre con la representación de los trabajadores y la posesión de derechos de voto en el comité de dirección de la empresa, cuando se da el caso. Entre la mercantilización plena de la relación salarial y su constitucionalización en sentido social-republicano como un derecho de propiedad sobre el trabajo hay un continuum cuya solución de continuidad está siempre políticamente determinada según la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, según el ciclo económico, según las políticas públicas de empleo, según el nivel de servicios asistenciales, etc. Es algo que estamos viviendo a diario.
La paradoja del argumento aquí defendido
Empezamos subrayando la centralidad para la izquierda del ideal de la libertad, y nos revolvimos contra su olvido. Sin embargo, según avanzaba el argumento, no hacíamos otra cosa que reclamar límites y más límites. La paradoja es que esos límites, en última instancia, son límites a la libertad individual, a la libertad de uso de determinados bienes, impidiendo por ejemplo venderlos o acumularlos o permitiéndolo bajo determinadas condiciones; límites al crecimiento, que sin duda supondrían innumerables cortapisas a la libertad de acción y elección. La restricción de la libertad individual en nombre de la propia libertad es una de las paradojas centrales de la teoría política republicana y toca cuestiones complejas como las de la naturaleza de la ley, la legitimidad democrática o el principio de soberanía. En este texto no hay ya lugar para desarrollar estos temas. Pero sí diré que la única salida posible a esta paradoja de la aequa libertas está en el punto de equilibrio en el que una comunidad política decide democráticamente poner límites a su propia capacidad de limitar las libertades individuales. Ese punto de equilibrio es inestable, sí, pero la aproximación a él ha de ser uno de los desiderata fundamentales de toda comunidad democrática que se tome realmente en serio la igual libertad de todos. El ideal regulativo que ha de guiar la búsqueda de ese equilibrio no puede ser otro que el de la justicia social: la justicia guiará el ejercicio de la soberanía democrática, dará legitimidad al proceso legislativo y hará que la ley sea expresión de lo universal. Los clásicos hicieron de la justicia una de las cuatro virtudes cardinales; y Rawls la convierte en la primera virtud de la sociedad bien ordenada. El problema es que la justicia no está dada, sino que hay que construirla teóricamente, y hay tantos modelos de justicia como teorías de la justicia. Pues bien, la izquierda debe entrar en ese debate y optar. Una pista: una de las teorías de la justicia más potentes y avanzadas jamás propuesta –la de John Rawls- da primacía a las libertades básicas, no cuenta los derechos de propiedad de los medios de producción entre dichas libertades básicas, y –un detalle no menor- es neta, manifiesta y radicalmente anticapitalista. Fuente: http://www.rebelion.org/ Opinión::La izquierda a debate/ 20-06-2010
En consecuencia, la «recuperación del trabajo» que dio origen a nuestra especie y a la gran variedad de culturas planetarias, desafía a organizar el funcionamiento socioeconómico e institucional que atienda a las necesidades e intereses de la diversidad popular y no, a las de las transnacionales y sus socios locales.
Es prioritario que una creciente mayoría adquiera autoestima y autoconfianza en que puede romper con el círculo perverso de seguir creyendo que no se puede gobernar sin la CGT ni el PJ. Sepa cuál es su importancia en imponer un rumbo al destino común; comprenda cómo los más poderosos pueden ser derrotados; y analice el papel imprescindible de las izquierdas en la democratización de los países planetarios.
Es imprescindible que salga de las opciones presentadas por esquemas simplificadores del presente rumbo al futuro próximo y se sitúe en el actual proceso de acumulación de riquezas y poder de los mismos de siempre.Como el profesor universitario Mariano Féliz, en "Precarización sin equidad", señala:
"Historiar la distribución del ingreso implica dar contenido histórico y sociológico a la determinación de los salarios (su nivel y dispersión) y la productividad laboral. Es decir, dar un fundamento social a la dinámica de las variables económicas que determinan el reparto de la riqueza social". Esta reflexión crítica del período que comienza a mediados de los setenta servirá a una creciente mayoría para convencerse de que el crecimiento en desigualdad será erradicado por su organización y lucha.
"El Gobierno debería actuar sobre los elementos que fundamentan la pobreza y la desigualdad: atacando la precariedad laboral, los bajos niveles de salarios y una política fiscal y tributaria regresiva. Sin embargo, ha privilegiado otra modalidad de intervención: reprimir para aplacar el descontento de manera directa cuando judicializa la protesta social, e indirectamente a través de la intervención coactiva de sus organizaciones sindicales y políticas afines". Desde el año 2003 hasta hoy no hubo ninguno de estos cambios estructurales y no podrá haberlo con la racionalidad en la puja distributiva -al decir de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- del pacto del Gobierno, la CGT con la UIA.
La toma de conciencia que comprometa con los cambios sociales requiere, entre otras luchas, acabar con la impunidad del poder económico e imperialista y de las burocracias tanto sindicales como políticas.
