I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

A 25 años, podemos comprobar que -respecto a la primera mitad de los setenta- ha habido:

•  Desmantelamiento del Estado de bienestar básico para las grandes mayorías que resultan desamparadas aunque no totalmente gracias a la responsabilidad de los trabajadores del sector público.

• Reducción y congelamiento de los salarios de trabajadores registrados en valores que no cubren la canasta familiar y son impuestos en acuerdo con las conveniencias de la patronal.

• Sometimiento de casi la mitad de los trabajadores ocupados a despojo de todos los derechos laborales y a sueldos de miseria.

• Expansión notable de la pobreza estructural a la cual han sido arrojados buena parte de los menores de dieciocho años y casi todos los del noreste y noroeste de Argentina.

• Extensión del desempleo y la subocupación estructurales que continúa ampliándose por desalojos de tierras, destrucción de hábitats, etc.

• Privilegio gubernamental de la exportación sobre el mercado interno y ataque al consumo elemental de la población por un modelo inflacionario y un altísimo IVA.

• Situación de clientela cautiva y rehén de los concesionarios de servicios públicos y empresas estratégicas.

• Asfixia de pequeños y medianos propietarios y colapso de economías regionales.

Este tremendo padecimiento y criminalidad contra los de abajo es producto y simultáneamente, es funcionamiento de la creciente concentración y desnacionalización tanto de la economía como del territorio.

Pero tamaña desigualdad e injusticia social ha resultado del dominio interno que construyeron monopolios y oligopolios transnacionales -con la complicidad de los grandes grupos locales, los partidos de Estado y la CGT- mediante el sistema de la deuda pública externa que, junto con la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, garantizan la transferencia de riquezas e ingresos hacia los llamados acreedores e inversores desde la dictadura genocida.

Ya Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar en marzo de 1977 cuando se cumplía un año del golpe neoliberal de estado, advierte:

La política económica de esa Junta -dictada por el FMI-BM y conducida por José Alfredo Martínez de Hoz- explica sus crímenes y la miseria planificada.

Esa política económica perseguía subordinar el país a la globalización financiera. Objetivo que se complementó con el de producir el estrangulamiento-desarticulación de las industrias de Argentina e intervenir hacia encarrilarlas hacia lo que ejemplifica ARCOR y que el gobierno de Néstor Kirchner mostró como empresa de potencial educativo.

Ideología

Veamos cuál es la concepción del gobierno K respecto a su responsabilidad de garantizar el bienestar básico para todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno, para este fin tengamos en cuenta a la Declaración conjunta de Diálogo 2000 Argentina - Red Jubileo Sur Brasil- Coordinación de la Auditoría Ciudadana Red Brasil sobre las Instituciones Financieras Internacionales-Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima (Federación Luterana Mundial):

"¡LA VIDA ANTES QUE LA DEUDA!

 

Ante la cancelación de la deuda reclamada por el Fondo Monetario Internacional, por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina, las organizaciones y campañas de Jubileo Sur en estos países manifestamos lo siguiente:

1.  Denunciamos que se cumple con el FMI, dejando de lado la gran deuda histórica, social y ecológica que se tiene con ▪nuestros pueblos, ▪los miles de campesinos que esperan ansiosos la tan mentada reforma agraria,  ▪los pueblos originarios expulsados de sus tierras,  ▪los niños y niñas que mueren cada día de hambre en los dos países de mayor producción alimenticia de América Latina, ▪los y las trabajadoras que sufren la precarización de sus empleos y sus salarios, ▪los millones de argentin@s y brasilen@s que sobreviven en la miseria.
   
   ¿Cuándo se saldará esta enorme deuda con nuestros pueblos? Mientras Argentina cancela, de un solo pago, los 9.810 millones de dólares reclamados por el FMI, miles de ahorristas, mayoritariamente jubilados, siguen dentro del corralito bancario sin poder tener acceso a los ahorros de toda su vida. Mientras en Brasil se dispone de 15.500 millones de dólares para pagar al Fondo, continúan las políticas de ajuste y reducción a los principales gastos e inversiones sociales.
    

2. Rechazamos que la coordinación entre nuestros países se haya puesto al servicio del pago de deudas ilegítimas, inmorales, odiosas y ya pagadas, y con ello, de la profundización de la impunidad que goza el organismo contra el cual los mismos gobiernos, haciendo eco de los reclamos populares, han elevado fundadas críticas acerca de su corresponsabilidad en las crisis que se sucedieron en nuestros países. En Argentina, el Fondo concedió préstamos en plena crisis, violando su Carta Orgánica, primero con el “blindaje” que facilitó la fuga de capitales y luego para compensar a los bancos involucrados. Desde aquel 19 de diciembre de 2001, en medio de la crisis social más aguda de nuestra historia, se ha pagado al FMI más de 8.343 millones de dólares netos. Juntos, nuestros dos países contaban con considerable fuerza para cuestionar los pagos reclamados por el Fondo en vez de privilegiarlo entre todos los supuestos acreedores, tanto externos como internos.
   En cambio, esta decisión premia al FMI, dejándolo libre de culpa y cargo, mientras profundiza el incumplimiento de las obligaciones de nuestros gobiernos frente a los millones de compatriotas que sufren la violación cotidiana de sus derechos humanos económicos y sociales a través del empobrecimiento y la indigencia.
    

3. Alertamos que el mismo Fondo Monetario Internacional es quien propicia la política de desendeudamiento que supuestamente traerá más autonomía y soberanía para nuestros países. Desde los inicios de la Administración Bush, opositora acérrima de los grandes préstamos de emergencia que se estilaron a fines de los años noventa y que dejaron al Fondo con un pasivo peligrosamente alto y concentrado en cuatro países, ha ganado prioridad dentro del organismo la necesidad de recuperar su solvencia y por ende, capacidad de actuar, por medio del cobro riguroso y en la medida posible anticipado, de las grandes deudas pendientes. A mediados de julio de 2005, el propio Fondo le planteó a Argentina que debía pagarle su deuda con reservas del Banco Central. Así, la decisión tomada por los dos gobiernos, complementando la cancelación que realizó Rusia a fines de 2004, contribuye a cerrar el círculo del desendeudamiento motorizado por el FMI. El último de los grandes deudores del Fondo, Turquía, está pagando puntualmente y se encamina también a cancelar su deuda. Por eso las felicitaciones de Rodrigo de Rato, director gerente del FMI, no se hicieron esperar. "Nos complace la decisión de Brasil" afirmó primero, para agregar categóricamente que la "gestión política acumulada por las autoridades ha proporcionado la base para la confianza de los mercados y Argentina debería seguir el ejemplo". Dos días después, Argentina cumplió.
    

4. Cuestionamos el argumento de que nuestros países ganarán grados de libertad en el diseño de sus políticas económicas, sobre todo cuando los mismos gobiernos continúan sus políticas de endeudamiento en los mercados financieros y con otros organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
   El visto bueno del Fondo sigue siendo un requisito para esas transacciones. Asimismo, mientras los dos países continúen integrando el FMI, permanecerán sujetos a sus políticas de supervisión y control. Es por lo menos curioso, además, que dos gobiernos que desde hace dos años se han jactado públicamente de la independencia de sus decisiones frente a los condicionamientos impuestos por el Fondo, ahora destacan como lo más importante de su decisión el haber recuperado esa misma independencia. ¿Tendríamos que haberles creído entonces? ¿o ahora?
    

5. Rechazamos también por ser cuando menos engañosa, la afirmación que esta quita significa una reducción del pago de intereses, porque nuestros países, al mismo tiempo que pagan al FMI, con intereses del 4 a 6% anual, toman préstamos en el mercado internacional a tasas de interés cercanas o mayores al 10%, y aún fluctuantes. De hecho si de ahorrar se trata, sería más sensato cancelar las deudas que conllevan mayores tasas de interés que las cobradas por el Fondo, como planteó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su visita a la región unos meses.
    

6. Señalamos que estas decisiones presidenciales afectan la soberanía y la construcción democrática de nuestros países, al actuar en forma unilateral e inconsulta, desconociendo las responsabilidades constitucionales de los Parlamentos así como también, la participación y control de la ciudadanía. En el caso de Argentina, se pasa por encima del fallo de la Justicia Federal en la Causa Alejandro Olmos, que sustanció la naturaleza fraudulente de la Deuda Externa y la giró al Congreso Nacional para que éste se haga cargo de gestionar la deuda e identificar y sancionar a los responsables de su criminal acumulación.
   En Brasil, se viola la obligación constitucional del Parlamento de realizar una Auditoría de la Deuda. Asimismo se desoye la voluntad popular que en varias oportunidades se ha pronunciado sobre estos temas. En septiembre de 2000, se llevó adelante en Brasil el Plebiscito Popular sobre la Deuda Externa, donde más de 5.700.000 brasileñ@s se pronunciaron por romper el acuerdo con el FMI y NO continuar pagando la deuda sin la realización de una Auditoría. En Argentina, en noviembre de 2003, las 2.300.000 personas que participaron en la Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda y la Militarización, también se manifestaron abrumadoramente por el NO pago de la Deuda Externa.
    

7. Por lo tanto reclamamos a nuestros gobiernos, con los Parlamentos respectivos y la amplia participación y control ciudadano, que realicen una Auditoría integral antes de continuar pagando lo que se nos reclama, para establecer con transparencia y fundamentos, quiénes realmente deben a quienes. Durante la reciente III Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, así como en la II Asamblea Global de Jubileo Sur realizada en setiembre, en La Habana, los miles de participantes de todo el continente reafirmamos que uno de los ejes centrales para la construcción de alternativas de Vida y Soberanía es el reconocimiento de que somos Nosotros, los pueblos, los verdaderos acreedores. Una Auditoría integral, no sólo de las deudas financieras, sino también de las enormes deudas sociales, históricas y ecológicas que se adeudan a los pueblos de Brasil y de Argentina, mostraría con fuerza cuáles son las deudas que tendrían que ser canceladas con prioridad y urgencia, incluyendo los pagos al Fondo Monetario Internacional que el mismo tendría que restituir y reparar.
    

8. Convocamos asimismo a las organizaciones y movimientos de nuestros países, a la ciudadanía en general, a unirse a estas demandas, estimulando el debate y la movilización y colaborando en la investigación, la denuncia y la organización para construir alternativas de justicia.

¡SÍ A LA VIDA, NO A LA DEUDA!
¡NO PAGAMOS PORQUE NO DEBEMOS!
¡SOMOS NOSOTROS/AS LOS ACREEDORES!".

Argentina – Brasil, 19 de diciembre de 2005

Fuente: http://www.mopassol.com.ar/Images/Images/notconde.htm

Premisas e hipótesis

La política de 'des-endeudamiento' del gobierno de los Kirchner:

Porque reconocer la «deuda pública externa» como legítima y legal es desconocer su carácter de "deuda odiosa" al haber sido contraída por la dictadura genocida sin beneficio alguno para la población y su carácter de "delito de ejecución continuada"  debido a que se realizaron operaciones fraudulentas para la permanencia del sistema de deuda hasta hoy.    

Pero, también, la «deuda pública externa»:

• "Es esencialmente un hecho político, sistematizado durante la última dictadura militar de 1976, y en una instancia posterior resulta un hecho económico.

•  Implica -como hecho político- por un lado, dominación; por el otro, desestructuración. Dominación y renuncia a la soberanía política, porque tanto acreedores como organismos multilaterales de crédito dirigen la economía nacional. Desestructuración porque a partir de estas políticas impuestas y condicionadas la Argentina ha sufrido el desgarramiento social, cultural, económico y político; es decir, el Hombre Argentino del que hacía mención Scalabrini Ortiz, ese colectivo compuesto por los cualquiera, ha sido quebrado.

• Es, como dijo Alejandro Olmos, la columna vertebral del país. Quien la controle, logrará controlar cualquier aspecto apegado a ella (y en tanto es columna, todos los aspectos de la vida están relacionados directa o indirectamente a ella).

• Derivó, a posteriori, en ilícitos manejos de ella que provocaron la privatización de las empresas estatales de servicios públicos. No fue ineficiencia la causa de su privatización. No hay que confundir causa y efecto. La ineficiencia fue un efecto y la causa, el endeudamiento externo. La privatización, el objetivo cumplido.

• Conforma un sistema, el "sistema de la deuda" (el hecho político), un proceso que permite que la deuda opere como una forma determinada de control económico, para que empresas transnacionales y centros financieros puedan extraer las riquezas producidas en las zonas periféricas.

• No hay coincidencia entre lo declarado en los repertorios oficiales, a través de sus voceros de la prensa burguesa, y lo que surge de la documentación existente en los archivos.

• Fue necesario un escrupuloso quebrantamiento del orden legal, a partir de su arbitraria modificación o su directa violación, para instrumentar este sistema de la deuda.

• Hay que llamar la atención, como hace tiempo lo hizo Rodolfo Puiggrós, acerca de las causas internas y externas. Puiggrós se refería a ellas denunciando a los círculos dirigentes que sujetaban la totalidad de la realidad americana a las causas externas, y así se concebían como espejo de Europa y de Estados Unidos, y convertían a la Argentina en una factoría administrada desde afuera. Puiggrós buscaba rescatar los procesos internos, resaltando la influencia de la masa trabajadora argentina. Nosotros llamamos la atención acerca de la identificación de las causas que empujan la realidad, para denunciar que la Deuda Externa y todo lo que ella conlleva, tiene sus raíces tanto en causas externas como internas, pero ambas referidas al ámbito dirigencial: funcionarios, representantes, empresarios, tanto nacionales como internacionales, son los creadores, conciente o inconscientemente, de este "sistema de la deuda".

• No se acabará el "sistema de la deuda" por sí solo. Es un aceitado mecanismo que se reproduce interminablemente, resultando imposible de cancelar las obligaciones pactadas.

Éstas son algunas de las conclusiones a las que se llega a partir de la investigación realizada por Alejandro Olmos durante 18 años".

 Fuente: "La «deuda vieja» o el comienzo del «sistema de la deuda»" de Palabra Argentina bajo la dirección de Alejandro Olmos Gaona/
 Palabra Argentina Nº 4, marzo 2006/ www.palabraargentina.com.ar

En diciembre de 2006 Héctor Giuliano, en "La 'política secreta' del Gobierno: ¿un Plan de Ajuste al revés?", explica en qué consistió el éxito de Roberto Lavagna como Ministro de Economía:

"El hombre que “piloteó” esta forma de salida de la Convertibilidad a través de la alternativa Devaluación – inmediatamente después del “trabajo sucio” de la renuncia a la paridad 1 a 1 por Remes-Lenicov y la consiguiente disparada inflacionaria – fue el Dr. Roberto Lavagna, Ministro de Economía de las administraciones Duhalde y Kirchner.

El gran “éxito” de Lavagna fue haber logrado que la macro-devaluación del peso no se transformara en una hiperinflación interna.

Y eso se consiguió, bajo su gestión, con un altísimo costo financiero, económico y social: el Corralón de los Depósitos, el subsidio al Sistema Bancario a través de Redescuentos del Banco Central, la caída más grande de la Historia Argentina en materia de Salarios Reales y Jubilaciones, el aumento brutal de la Pobreza y la Indigencia Social ; y la instauración de regímenes asistenciales masivos para hacer frente a un nuevo estamento poblacional en la Sociedad Argentina : el de la Pobreza Estructural. Y, lo más importante, sin cuestionar el problema de la Deuda , que era y es la Causa de la Crisis Argentina.

Funcionalmente hablando, este esquema de salida de la Convertibilidad fue exitoso, en el sentido de haber logrado los fines de Estabilización buscados, a costa de los efectos citados, pero sin “estallidos sociales” y sin cambios sustanciales en la Clase Política.

Los resultados obtenidos en la Argentina fueron así comparativamente mejores y de mayor magnitud que los producidos con los ajustes post-default de Rusia en Agosto de 1998 y de Brasil en Enero de 1999.

Ambos antecedentes confirmaron ante los Acreedores Externos que era posible proceder a una macro-devaluación controlando los efectos hiperinflacionarios internos a través de una política de gobierno que soportase la fortísima regresión económica y social derivada de la Crisis de la Deuda.

La finalidad última de tal esquema de salida de la Convertibilidad -  tal como fue utilizado en la Argentina – era garantizar ante el Exterior una estabilización a mediano plazo que permitiese retornar lo más pronto posible al Mercado de Capitales lo que, en buen romance, significaba volver a endeudarse".

Se refiere a:

"La Política del Gobierno

El dilema principal en la salida de la Convertibilidad era básicamente cómo superar el problema de los déficit gemelos – fiscal y de balanza de pagos – provocados por el Endeudamiento Público.

Durante la década del ´90, la Política de Dólar Barato favorecía la Transferencia de Capitales - a través del libre movimiento de entrada y salida de divisas con un “seguro de cambio gratuito” y avalado por Ley  - especialmente para colocaciones financieras locales a tasas de interés diferenciales mucho más altas que los niveles internacionales.

El stock de Reservas del BCRA se mantenía elevado gracias al ingreso de Capitales Financieros más que al de Inversiones Extranjeras Directas (IED) y descansaba sobre la paridad artificial de un peso sobrevaluado.

Esto se interrumpió con la Crisis de Deuda del 2001, después que la fuga masiva de Capitales blanqueó la incapacidad de pago del país y que el corte de la renovación de vencimientos llevó al default de Diciembre.

Viendo las cosas “desde el otro lado del mostrador” – esto es, en la visión de nuestros Acreedores – el problema era como restablecer en la Argentina , a mediano plazo, la estabilización monetaria quebrada, el mayor recupero posible de los valores de Deuda y como normalizar el Tipo de Cambio para que el país pudiera encarar un nuevo ciclo de endeudamiento.

La nueva experiencia – en la Argentina y en parte de Iberoamérica – era así re-estabilizar la situación con una nueva paridad monetaria, más alta que la anterior – la Política de Dólar Alto – pero revirtiendo los déficits gemelos para normalizar los pagos de la Deuda. Es decir, resolver el problema de pasar de una Política de Endeudamiento con Dólar Barato a una  Política de Endeudamiento con Dólar Caro.

Para ello, el Gobierno Argentino debía producir una suerte de “Plan de Ajuste al revés”, en el sentido de pivotear fuertemente sobre el aumento de los Recursos mientras se lograba un retraso relativo en los niveles de Gasto Público.

La macrodevaluación de comienzos del 2002 – que eliminó la alternativa de moneda paralela pensada bajo Rodríguez Saá - reemplazó las cuasi-monedas existentes por más Deuda y provocó la más grande redistribución de ingresos regresiva de la Historia Argentina ; y fue manejada en un marco de importantes cambios en las Finanzas Públicas.

Bajo un régimen de Emergencia Económica que continúa hasta nuestros días, el Estado pasó a tener una enorme masa de Recursos Extra-ordinarios, producto de varias fuentes principales:

1. Las Retenciones a las Exportaciones,

2. El Impuesto al Cheque,

3. El atraso de la actualización del Mínimo no Imponible en el Impuesto a las Ganancias,

4. El mantenimiento igualmente bajo del mínimo para el Impuesto a los Bienes Personales, y también

5. El IVA, que como Impuesto al Consumo en época de alta Inflación, sigue generando altos ingresos al Estado.

Paralelamente, el retraso salarial frente a la Inflación derivada de la Devaluación provocó la mayor caída en los ingresos reales de los asalariados y jubilados que se tenga memoria, licuando las Remuneraciones de la Administración Pública y del Sistema Previsional medidos en términos de dólar; el Desempleo y la Pobreza generalizados – inicio masivo de una nueva era de Pobreza Estructural en la Argentina – neutralizó en forma determinante las presiones de recupero salarial; y el Ajuste de Gastos Públicos sólo fue mitigado, parcialmente, con el aumento de los Planes Asistenciales paliativos de la pobreza generalizada que se había producido por la Crisis de la Deuda.

Con el agravante que gran parte de estos Programas de Asistencia Social fueron y son financiados con Deuda Externa tomada con los Organismos Multilaterales de Crédito – Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – préstamos éstos que no tienen, por definición, capacidad de repago, porque constituye un despropósito tomar deuda en moneda extranjera para financiar planes sociales que se pagan en pesos.

Los elevados excedentes fiscales que se están registrando en la Argentina tienen esta explicación de base y constituyen la batería de herramientas excepcionales de cuya duración depende la continuidad del nuevo Modelo de Tipo de Cambio Alto dentro del Sistema de la Deuda Pública.

El proceso de normalización se afianzó finalmente, luego del desequilibrio inicial,  con la estabilidad del tipo de cambio a una “nueva paridad fija” de 3 a 1 – sostenida de hecho por el BCRA (6) – con la recuperación de los niveles de Reservas en divisas (cuestión vinculada a lo anterior) y, por último, con la vuelta al Mercado de Capitales, cuyo punto de nuevo arranque a nivel internacional fue el Megacanje Kirchner de 2005: el nuevo Plan Brady de la Argentina.

El megacanje sin capacidad de repago

En el trabajo antes citado sobre el Megacanje Kirchner de Junio de 2005, el problema de esta nueva reestructuración de Deuda ha sido tratado en forma más pormenorizada. Aquí sólo nos interesa destacar los compromisos y efectos principales derivados de dicha operación en lo tocante a la falta de capacidad de pago demostrada por parte del Gobierno. (..)

La Economía Argentina post-Megacanje está signada por tres “agujeros negros” financieros de muy difícil resolución fiscal:

• El aumento inercial de la Deuda Pública en pesos indexados por Inflación (unos 5.500 MD anuales).

• La existencia de Tasas de Interés crecientes y la toma de nueva Deuda a tasas más caras (con un piso del 8 % para los Bonos del Estado y otro entre 6/7 y 12 % para Letras y Notas del BCRA, respectivamente). 

• La capitalización de gran parte de los Intereses (aproximadamente la mitad de los 8.000 MD devengados por año).

Por eso – como se explicó más arriba – LA DEUDA PÚBLICA ESTÁ CRECIENDO HOY “INERCIALMENTE” AL RITMO DE UNOS 10.000 MD ANUALES.

Y a ello debe sumársele el “cheque en blanco” constituido por los cupones ligados al Crecimiento (UL PBI) – que Cafiero y Llorens estiman en el orden de los 30.000 MD a valores constantes - y por los compromisos de Recompra anticipada de Deuda (por el equivalente a otro 5 % sobre la diferencia entre las tasas de crecimiento económico reales y presupuestadas).

Estos conceptos – que se abonan, por primera vez, en Diciembre de este año – suponen un importe a pagar de unos 800 MD para ambos ítems; y en el año 2007 pudieran elevarse a más de 1.000 MD.

De hecho, el Gobierno Kirchner está destinando hoy gran parte de los excedentes de la recaudación fiscal – más de una tercera parte (unos 1.000 MD) – a reforzar los pagos por Intereses de la Deuda.

Los vencimientos de imposible cumplimiento en concepto de Capital, la potenciación de los Intereses (por tasas de interés crecientes, por capitalización de intereses y por indexación de bonos en pesos) y los adicionales a pagar por Unidades ligadas al PBI y por Recompra anticipada de Deuda constituyen una combinación financiera “explosiva” cuya magnitud aumenta como “bola de nieve” imparable para la Argentina.

Este tema – la Deuda sin Capacidad de Repago y el crecimiento de los compromisos a pagar por encima de las posibilidades fiscales – configura un cuadro gravísimo dentro de la Política de Estado de Endeudamiento Público que han venido siguiendo los distintos gobiernos de nuestro país y que ahora, bajo la Administración Kirchner , está dando un nuevo “salto cualitativo” que conlleva una Tercera Ola de Endeudamiento.

Y todo este esquema, que es vendido a la Opinión Pública como producto de una renegociación supuestamente exitosa, descansa en UN MEGACANJE QUE NO CIERRA. 

La crisis de deuda y perspectivas

La Argentina no ha salido de su virtual default: el país no puede Amortizar Capital y sólo está pagando poco más de la mitad de los Intereses Devengados de su Deuda Pública.

Esta Deuda es superior a la declarada por el Gobierno Kirchner y está creciendo – como en la década del ´90 – a un ritmo de aproximadamente 10.000 MD anuales.  

La actual Administración está volviendo al Mercado de Capitales colocando Deuda nuevamente sin demostrar su capacidad de repago, mientras los sectores vinculados a la Banca Acreedora nos prodigan elogios y nos “fabrican” buenas notas.

Este proceso está ocultado a la Opinión Pública siguiendo una regla tradicional: la complicidad entre las Administraciones Gubernamentales de turno y los Medios de Comunicación masivos que dependen de las grandes Estructuras de Poder Económico-Financiero.

Pero, más tarde o más temprano, las inconsistencias de este “nuevo Modelo internacional” que se está ensayando hoy en la Argentina , después del fracaso del modelo de la Convertibilidad, van a terminar mostrando inexorablemente sus efectos.

La experiencia internacional parece indicar que los grandes Países Deudores, como la Argentina, no pueden sostener el cumplimiento de sus planes económicos y financieros sin caer en reestructuraciones de Deuda que tienen un ciclo de tiempo entre tres y cinco años.

En este sentido, los Ciclos Financieros se corresponden, cada vez más, con los Ciclos Políticos; y no es casual que pesados escalones de compromisos se agraven con los cambios de períodos de Gobierno (como, en nuestro caso, el 2008-2010).

Embarcado, forzosamente, en la navegación por las azarosas aguas de la Política de Endeudamiento, la Administración Kirchner estaría apelando a varios distractivos de la Opinión Pública que, mientras los indicadores macroeconómicos sigan dando positivos, le sirven para “patear hacia adelante”, una vez más, la problemática de la Deuda.

Pese a que las autoridades de Economía muestran serenidad frente al grave panorama financiero de aumento del Endeudamiento Argentino y sus Servicios, los hechos concretos avanzan sin pausa dentro del nuevo esquema de Dólar Alto y toma de Deuda a tasa más cara.

El Gobierno Kirchner, en este aspecto, básicamente no ha hecho sino lo que las administraciones anteriores: entrar y tratar de mantenerse en un régimen de Patrón Dólar a Paridad Fija sostenida con Deuda Pública.

Y el “nuevo modelo” – en este caso, con la variante Tipo de Cambio Alto  en lugar de Bajo - resistirá mientras los Capitales Financieros sostengan ese Tipo de Cambio con endeudamiento a corto plazo a través del Banco Central y con endeudamiento a mediano y eventualmente largo plazo vía Tesoro Nacional. 

La diferencia - que pese a su importancia sigue siendo de forma más que de fondo - reside en el nivel de la paridad pero no en la lógica del Endeudamiento.

Estamos entonces frente a una reformulación parcial y, en cierto sentido, “cosmética” del problema de la Deuda , de un cambio aparente pero no de un replanteo verdadero de la cuestión en  función de los Intereses Nacionales, de una ficción en la capacidad de pago del país y, en definitiva, de un engaño a la Opinión Pública y a la Ciudadanía Argentina.

ES EL ERROR Y LA MENTIRA DE QUERER LIBERARSE DEL PROBLEMA DE LA DEUDA SIN SALIR DEL SISTEMA DE LA DEUDA".- Fuente: http://www.lucheyvuelve.com.ar/deudaex/megaposttk.htm 9/12/06

En octubre de 2007, Mariane Pécora formula las preguntas siguientes que contesta Alejandro Olmos Gaona: 

MP: ¿El FMI presionó para que Kirchner cancelara la deuda?
AOG: Desde julio de 2004 el FMI venía exigiendo la cancelación de la deuda. Supongo que ésta fue una nueva imposición del FMI, aprovechando el pago de Brasil. El anuncio de Kirchner fue totalmente efectista y obediente: lo hizo al día siguiente que Lula anunciara la cancelación de la deuda, y 24 horas después de que Rodrigo de Rato instara al gobierno argentino a "seguir el ejemplo". Mucha gente cree que se acabó la Deuda Externa. Pero lo que se pagó es sólo el 9% de una deuda global de 140.000 millones de dólares. Este año, "doña" Felisa Miceli tendrá que emitir 3.000 millones de dólares en nuevos títulos de deuda, para compensar las reservas utilizadas en la cancelación, a una tasa anual del 9.5%.

MP: Entonces, ¿por qué se insiste en que esta "cancelación" de deuda nos beneficia?
AOG: No tiene ningún beneficio. Tampoco nos liberamos del FMI, nada que ver. Argentina forma parte del FMI desde 1956, y este organismo audita anualmente las cuentas públicas de todos los países miembros. El FMI seguirá haciendo "lobby" a favor de los acreedores de Argentina. Hay 39.000 millones de dólares en títulos de la deuda en manos del Club de París, de otros grupos financieros internacionales, y de bonistas particulares. Para pagarlos se nos exigirá un superávit fiscal permanente, algo imposible de sostener. Lo absurdo de todo esto es que el Poder Ejecutivo, teniendo elementos concretos para impugnar la deuda -denuncia y sentencia en la justicia penal- no dice nada y paga.

MP: ¿La gente adhirió a esta medida, o más bien fue una manipulación mediática?
AOG: No me cabe duda de que se creó toda una parafernalia mediática. Pero también hay mucha gente que está encantada. Por ejemplo: hace dos meses Hebe de Bonafini me dijo: "Todo lo que hagas sobre la deuda, yo te lo firmo". Ahora apoya el pago de Kirchner. Nora Cortiñas, en cambio, firmó el amparo que presentamos ante la justicia. Lo lamentable es que uno asocia: Nora dice que no, entonces a Nora no le dan un peso. Hebe, tiene una Universidad, un hotel monumental... Es duro pensar esto, pero finalmente se concluye que las cuestiones políticas se negocian a través de los intereses particulares.

MP: Algo parecido sucede con quienes negocian la Deuda con los acreedores y cobran comisiones.
AOG: ¡Por supuesto! En esta oportunidad negoció la deuda Federico Molina, ex director de Crédito Público Nacional. Existen muchos funcionarios que manejan los pagos de la deuda externa. Un caso paradigmático es el de Daniel Marx, que fue secretario de finanzas de tres ministros -Machinea, López Murphy, y Cavallo- y manejó la deuda externa desde 1986 hasta 2001.

MP: ¿Las negociaciones ocultan un mecanismo de recompensas y comisiones?
AOG: Claro que sí. Por ejemplo, en 1992, con el "canje de deuda" del Plan Brady, donde se refinanciaron 31.000 millones de dólares, entre honorarios y comisiones se pagaron alrededor de 250 millones de dólares. Daniel Marx, Domingo Cavallo y Walter Klein intervinieron en estas negociaciones. Con el Plan Brady el tesoro norteamericano garantizaba los bonos de la deuda Argentina, que pasaran a valer de 0,18 centavos a 1,00 dólar cada uno. Así se quintuplicó el precio de cada bono y la deuda total. Luego, Cavallo, contrató a los "bancos tenedores de bonos" para que determinaran el monto de la deuda Argentina y los intereses. De esta manera los bonos fueron vendidos por los "bancos tenedores" a sus clientes. Los bancos cobraron y los clientes pasaron a ser los nuevos acreedores de la deuda Argentina. Más tarde, con esos mismos bonos se compraron las empresas públicas privatizadas. Uno de los representantes de la "banca tenedora" era Guillermo Walter Klein, artífice junto a Martínez de Hoz y Cavallo de la deuda de la dictadura.

MP: ¿No hubo ningún tipo de control sobre esas operaciones?
AOG: El Congreso de la Nación tiene la obligación de controlar pero no lo hizo. Le había otorgado facultades a Cavallo y sabía que estaba negociando con los bancos para reestructurar la deuda. En 1993, Menem informa al Congreso que, producto del acuerdo con los bancos, se emitirán tres tipos de bonos. No dice qué contratos se firmaron, qué comisiones se pagaron, ni cuánto costo la reestructuración. Al Parlamento tampoco le interesó averiguarlo. Presumo que hay comisiones y honorarios que se pagaron con Fondos Reservados. Por ejemplo: mucha gente cree que Cavallo diseñó el plan económico del menemismo. Imposible, es un incapaz. Cavallo contrató al City Bank y a J. P. Morgan, para que diseñaran el plan económico que llevó adelante.

MP: ¿Cómo lo sabe?
AOG: En el expediente de la causa penal que iniciara mi padre, José Luis Rodríguez, ex gerente de Deuda Externa del Banco Central, declaró que el ministro Cavallo contrató al City Bank y J. P. Morgan, para hacer el canje de deuda del Plan Brady. Revisando los archivos del Ministerio, hallé el plan económico que el City Bank y J. P. Morgan prepararon para Cavallo. También encontré documentos que prueban el grado de complicidad del FMI en todo esto. Entre ellos, una carta del director del FMI, Michell Camdessus, fechada el 16 de junio de 1993 y dirigida a la comunidad financiera internacional, en la que sugiere aprobar toda la política económica del gobierno porque Argentina se había comprometido a transformar el país a través de las privatizaciones de las empresas públicas. Existen dos cartas del mismo tenor, una firmada por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, y otra firmada por Enrique Iglesias, presidente del BID. Es decir, que todo lo que ocurrió de 1992 en adelante, se programó en Estados Unidos con la colaboración del FMI; del BID y del Banco Mundial.

MP: ¿Está probada la ilicitud de la Deuda Externa?
AOG: En la causa que iniciara mi padre se detectaron más de 470 operaciones ilegítimas.

Existen contratos de deuda manifiestamente ilegales: no responden al orden legal de la Nación, violan la Constitución y violan el Derecho Interno.

Por ejemplo: hay una cláusula firmada que dice "que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la República Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato" ¿Usted firmaría un contrato que desde "el vamos" se presume ilícito? La deuda externa Argentina no tiene justificación administrativa, económica ni financiera.

De 7.000 millones que el país debía cuando asumió la dictadura, pasó a deber 45.000 millones en 1983.

Cavallo, Aleman, Sigot, González Solar, estatizaron la deuda privada de empresas como: Macri, Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Papel Prensa, etc.

En 1984, el Ministro de Economía, Bernardo Grinspun, alcanzó a auditar el 50% y determinó que el t90% de la deuda era fraguada. En 1985, José Luis Machinea firma los pagarés y hace responsable al Estado de la deuda privada frente a los acreedores internacionales. La deuda privada se refinanció permanentemente y hoy representa 70.000 millones. La mitad de la Deuda Externa total.

 MP: ¿Por qué le llama «Deuda Odiosa»?
AOG: Porque una «deuda odiosa» es aquella que ha contraído un Estado y no ha sido utilizada en beneficio del pueblo de ese Estado. El Banco Mundial, certificó que la deuda contraída durante la dictadura en nuestro país fue utilizada en: un 40% para fuga de capitales, un 30 % en pago de intereses de la deuda y un 30 % en compra de armamentos. O sea que el pueblo no vio un centavo. Algunas personas creen que la deuda es odiosa porque fue contraída por una dictadura. La deuda Argentina es odiosa desde todo punto vista: fue contraída por una dictadura, no fue utilizada en beneficio del pueblo, se fugaron capitales y se compraron armas. Pero, estrictamente el término "deuda odiosa" no tiene nada que ver con un gobierno dictatorial. En Derecho Internacional, lo que se firma es con prescindencia de la legitimidad del gobierno que lo haya firmado, sea un régimen de facto o de derecho. Lo paradójico, es que el autor de la teoría de la "deuda odiosa" es el propio Estados Unidos, fueron sus juristas quienes establecieron que una deuda debía ser repudiada cuando no había sido contraída en beneficio del pueblo. Y es lo que está planteando en Irak en este momento, para quedarse con ese país pero sin la deuda externa europea.

MP: ¿Se puede salir del mecanismo de la Deuda Externa?
AOG: Con voluntad política, y no la hay. Con otra clase de dirigentes, que no tenemos. Argentina está viviendo un problema gravísimo: tiene una clase dirigente profundamente mediocre e inculta sin idea ni conciencia de cuál es la función del Estado. La política ha pasado a ser un empleo altamente rentable y la clase política está sólo para hacer un culto de ese negocio.

El que accede al poder político no lo hace para servir al Estado sino para servirse de él.

Para romper el mecanismo de dominación de la deuda externa habría que cambiar la clase política.

Venezuela es un ejemplo de lo que pasó con la decadencia política, Chávez no es un "loquito". Para que surgiera un Chávez hubo que luchar 30 años. Nosotros a lo mejor tenemos que luchar más años, hasta que la gente tome conciencia. Mientras tanto, la deuda seguirá creciendo y dentro de dos años el gobierno actual o el que le suceda, nos dirá que tenemos que renegociar nuevamente la deuda

MP: ¿Qué pasa si dejamos de pagar? ¿Nos invaden?
AOG: Tenemos que preguntarnos qué nos va a pasar si seguimos pagando... No existe un solo caso de un país que haya sido invadido por no pagar. Acá hay una especie de colonización mental. Se paga por una razón de economía convencional. Hasta los economistas del grupo Fénix, que tienen una perspectiva distinta de la economía, dicen que hay que hacer quitas, pero hay que pagar.

Hace unos años, Thomas Hender, diplomático norteamericano, que fue Secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, en un trabajo llamado "Ensayo de Simulación", se preguntaba lo qué pasaría si Latinoamérica dejara de pagar la deuda. Concluyó que sólo dos países podían darse el lujo de no pagar: Venezuela y Argentina. Además, expresó particularmente que a Argentina no le convenía pagar, sino transferir esos fondos al mercado interno y buscar otros mercados alternativos.

Hender no es marxista, forma parte de gobierno norteamericano.

MP: ¿Cómo afecta en la vida cotidiana la deuda externa?
AOG: En la vida cotidiana, el efecto es inmediato: lo que compramos todos los días en la panadería, en el supermercado, en la librería, en cualquier comercio del barrio, tributa un impuesto. Parte importante de ese impuesto va a pagar la deuda externa. Nosotros estamos tributando todos los días para pagar algo que no debemos. Nos están sacando plata del bolsillo para pagar un fraude".

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2007/10/557013.php 16 Nov 2007

También en Boletín Nº 219 - Buenos Aires, 18 de octubre de 2007 de MORENO http://www.info-moreno.com.ar/

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info), en "Así 'distribuye' la riqueza el Gobierno KK, 'Nacional y Popular'. El Club de París cobra, el imperialismo de fiesta", señala:

"La presidenta Fernández de Kirchner anunció esta semana que saldará la deuda que le reclamaba al país el Club de París, al contado y en su totalidad, tal como hizo su marido con el FMI. Lo hizo en el marco del acto por el día de la industria, donde grandes empresarios, todos ligados a los intereses de capitales transnacionales (como parte o como socios menores), aplaudieron a rabiar la medida.

 El Club de París, por si hace falta decirlo, es uno de los instrumentos de dominación del imperialismo, está conformado por casi una veintena de países y es hegemonizado por el G 7 (los siete países más poderosos de la Tierra). La “deuda” que “honrará” el gobierno “nacional y popular” con semejante organismo –unos u$s 6700 millones, más de 20.000 millones de pesos- fue contraída, una parte, en épocas de la Dictadura Militar, y otra por el gobierno de De La Rúa y Cavallo, a través de un préstamo del gobierno español que sirvió para salvar el patrimonio de las empresas ibéricas en medio del derrumbe económico del 2001. Ambas razones son más que suficientes para considerar ilegítimos los reclamos. Y, por supuesto, ningún beneficio para el pueblo argentino.

Aunque algunos impresentables lo han intentado –como D’Elía, Moyano o el banquero Carlos Heller-, resulta difícil defender esta nueva genuflexión kirchnerista ante la presión imperialista, ya no sólo desde un punto de vista de clase (de los trabajadores), sino también desde uno de defensa de los intereses nacionales. Ni qué hablar desde uno meramente humanista. ¿Cómo puede realizarse semejante erogación hacia los centros de poder foráneos, mientras existen enormes necesidades básicas insatisfechas en nuestro pueblo? Parece mentira que hace sólo un par de meses atrás, la propia presidenta, para defender la necesidad de la resolución 125 de retenciones móviles a la renta de la patronal agraria, nos decía que iba a utilizar ese dinero para la construcción de escuelas, hospitales y caminos. Aquello significaba unos u$s 1200 millones, y nunca se recaudaron; hoy se pagan u$s 7000 millones a un organismo de crédito multinacional, con las famosas reservas del Banco Central: ¿aquellas obras ya no hacen falta? Es evidente que para el oficialismo K las prioridades son otras, que están muy lejos de las necesidades de las mayorías populares.

Los que defienden la medida oficial esgrimen que era necesaria para poder tener acceso a créditos más baratos, “para no aislarnos del mundo”: lo mismo nos dijeron con el pago al FMI, con el Canje de Kirchner-Lavagna, con los Blindajes, los Megacanjes y los Planes Brady.

Sin embargo, el problema del endeudamiento y el acceso a créditos blandos siguió siendo un estigma para la economía del país, cuyos efectos indeseables siempre los terminaron pagando con su propio sacrificio los que no participan de la fiesta de los acuerdos: las mayorías asalariadas y desocupadas. (...)

Lo que vuelve a ocultar el oficialismo es la verdadera razón de la medida, que son los compromisos asumidos para el pago de la deuda: sólo el año que viene habrá que erogar casi u$s 20.000 millones, y como no hay medios a poder hacerlo en su totalidad, necesitan refinanciar una parte, lo que según ellos, después del pago al Club del París, se podrá hacer con menores costos. De todos modos, habrá que esperar nuevas presiones para satisfacer las demandas de los acreedores que no entraron en el Canje del 2005 (los que hoy representan u$s 30.000 millones). El kirchnerismo, como muchos sostenemos desde hace años, no ha venido para garantizar el bienestar popular después de la hecatombe del 2001, sino a recomponer la gobernabilidad y las instituciones del sistema capitalista. “Implementar un capitalismo serio” y “recrear la burguesía nacional”, como dijo Néstor Kirchner en su discurso de asunción allá por el 2003, aunque todos sabemos que en este mundo globalizado no hay posibilidad de una burguesía que no sea socia menor del capital transnacional. Si no pudo ir a fondo desde el principio, no fue porque no haya querido, sino porque el humor popular se lo hubiese impedido. Hoy está claro que va camino a congraciarse con el establishment mundial.

Por supuesto que para el caso, como lo han hecho todos los gobiernos “democráticos” que lo precedieron, las decisiones se toman entre gallos y media noche, encerrados entre cuatro paredes, sin consultar la opinión popular al respecto, y sin, mucho menos, informar las formas y las consecuencias del camino elegido. Lo concreto es que la deuda pública ha sido –y por lo visto seguirá siendo por muchos años, a menos que el pueblo en su conjunto tome una actitud digna y soberana de defensa de sus intereses- el centro de la política argentina. Todo gira a su alrededor. Ese es el escenario que nos han impuesto el imperialismo con sus cómplices-lacayos locales. Por eso sabe a poco el enjuiciamiento de los ya seniles genocidas de la última dictadura, porque ellos fueron instrumento de los que hoy se benefician de su trabajo sucio. Los verdaderos ideólogos hoy están libres de culpa y cargo, y determinan la política a seguir. Son los mismos que festejaron ruidosamente el anuncio del pago en la Casa Rosada. Y el gobierno kirchnerista-peronista es parte de ello.

La muletilla de los que aprueban el pago tanto de ésta como de toda “deuda” reclamada por el poder económico transnacional es que “no podemos aislarnos del mundo”. Para ellos, no importan las maniobras fraudulentas que hayan ejercido los acreedores, ni los sufrimientos y penurias que hayan provocado a millones de seres humanos. “Hay que pagar” nos dicen. La cuestión medular, entonces, es preguntarse a quién o a quiénes beneficia estar relacionados con “el mundo” en estos términos. Lo que nos ha demostrado la historia reciente es que seguramente a las mayorías populares seguramente no. Nunca recibieron más que promesas incumplidas de futuros bienestares, mientras el presente fue siempre de penurias.

Si estar relacionados con “el mundo” en los términos que “el mundo” (gobernado por el Mercado inhumano) produce la infelicidad de la mayoría del pueblo, entonces habría que replantearse esa relación. La voracidad de las burguesías en todo el mundo modela la dolorosa realidad que vivimos. Las pretensiones de la patronal agraria en el actual conflicto agrario en nuestro país es un ejemplo de lo antedicho: a ellos no les importa el hambre de sus compatriotas, sino quién les puede pagar el mejor precio por sus productos. Esa es, en esencia, la concepción capitalista de la realidad.

Al pueblo en su conjunto se le sigue negando la posibilidad de influir en este imprescindible debate. Así le está vedado, el comenzar al menos, a solucionar verdaderamente los problemas de nuestro país. Seguramente si empezamos por contemplar las necesidades de cada habitante de nuestro suelo en vez de las ambiciones de los centros del poder mundial, abriremos una etapa distinta y mejor para nuestra sociedad. Y no pagaríamos lo que estamos pagando. El discurso pasa a ser una simple anécdota cuando lo concreto es lo contrario de lo que se declama. Y lo cierto es que, con gobiernos como este, a los dueños del mundo no les hace falta el FMI.

La verdadera solución de los acuciantes problemas del pueblo está en las antípodas de lo que pregona el kirchnerismo: plantear la ilegitimidad de la deuda pública del Estado argentino, desde una postura digna y soberana, haciendo centro en la socialización de la riqueza que producen los trabajadores, para utilizar los recursos en beneficio de la sociedad toda, sería sólo el comienzo.

 Pero para ello hace falta una herramienta política que hoy no existe en nuestro país, y que es obligación de todos los que soñamos una sociedad distinta contribuir a hacer realidad". Fuente: www.argenpress.info /8-9-08

Entonces:

II.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

A 25 años, seguimos sometidos al 'gran' empresariado local -como socio menor de las transnacionales y adicto a la globalización financiera- que se ha beneficiado enormemente de la dictadura cívico-militar y de todo el periodo de democracia restringida porque ambas impusieron su acumulación pro imperialista y en contra del país y de los de abajo. También hoy el 'modelo productivo' degenera al Gobierno K conforme con las exigencias de esas patrias contratista y financiera que operan mirando exclusivamente por acumular riquezas en el avance del capitalismo mundializado.

El 10 de mayo de 2003, Matías Kulfas y Martín Schorr -en "Deuda externa y valorización financiera"- concluyen: "uno de los principales aspectos que ha intentado enfatizar este trabajo es que el fenómeno de la deuda en la Argentina no puede ser circunscrito estrictamente a una problemática o contradicción restringida exclusivamente a un universo de acreedores externos e instituciones financieras internacionales por un lado, y al Estado nacional por el otro.

Antes bien:

el endeudamiento público externo juega un papel central en el proceso de valorización financiera que ha regido los patrones de la acumulación de capital en la economía local durante el último cuarto de siglo. Así, pues, la constatación empírica de la creciente acumulación de capital y la cooptación de los poderes públicos perpetrados por los sectores concentrados del capital local permiten confirmar que el proceso de endeudamiento argentino no debe ser visto como una conspiración internacional en contra del desarrollo argentino sino, antes bien, como una pieza fundamental a partir de la cual se ha estructurado el capitalismo argentino de fines del siglo XX.

En ese contexto, el endeudamiento público ha sido, durante los años noventa, la herramienta que permitió garantizar la continuidad de la convertibilidad y el proceso de fuerte expansión que registraron las fracciones empresarias líderes, y, con ello, el sostenimiento de una de las etapas de mayor crecimiento del producto de la segunda mitad del siglo XX, sólo que esta vez acompañada por una inusitada desintegración productiva y social que culminó con el crecimiento explosivo de los índices de desocupación, pobreza e inequidad distributiva.

Ante este escenario, afrontar la crisis de la deuda limitando su resolución a la obtención de mejores condiciones de negociación para una reestructuración con quitas ante los acreedores y los organismos internacionales, o bien el repudio total o parcial de la deuda, constituyen visiones parciales de las contradicciones del capitalismo argentino actual.

En un sentido amplio, la Argentina no podrá solucionar su crisis de la deuda si no realiza las reformas políticas y económicas que le garanticen

• la reversión de la valorización financiera como eje de la acumulación del capital y

• la recuperación del control de los resortes de la economía por parte del Estado antes que por el "mercado" (esto es, por el capital concentrado interno).

En otras palabras, si no se logra estructurar un proyecto político, económico y social de crecimiento económico, valorización productiva e inclusión social difícilmente se logre superar la problemática del endeudamiento. La crisis de la deuda no se resuelve con ingeniería financiera sino, como primera y principal medida, con un nuevo proyecto económico y social, así como, naturalmente, con una coalición política y social que la sustente.

Este último argumento, traducido a una expresión concreta, significa que la sociedad argentina en su conjunto debe resolver sus contradicciones con los sectores económicos que se han beneficiado con la valorización financiera y el endeudamiento externo, y que han puesto un cepo sobre las posibilidades de desarrollo económico. (...)

Esta responsabilidad de los sectores concentrados del capital local en el endeudamiento de la Argentina debe ser aprovechada también a la hora de establecer negociaciones tendientes a reestructurar la deuda externa, más aún en un contexto internacional relativamente favorable (dado el importante nivel de debate existente sobre diversas cuestiones vinculadas con la problemática de los países muy endeudados). En este sentido, a la responsabilidad de los organismos internacionales asociada con la aplicación y el monitoreo de las políticas económicas que condujeron al endeudamiento actual, y a la más prolongada y pronunciada crisis de la historia argentina contemporánea, debe adicionarse la creciente masa de capitales locales fugados al exterior durante, fundamentalmente, la segunda mitad de los años noventa y los meses previos al derrumbe de la convertibilidad.

Esta doble responsabilidad se traduce, por un lado, en la negociación de una fuerte quita sobre las deudas de acreedores externos y organismos internacionales (que incluya también una considerable reprogramación de los pagos y reducciones en la tasas de interés a devengar) y, por otro, en poner en disponibilidad las rentas y parte de los capitales fugados para el pago de las obligaciones externas. De esta manera, la Argentina podría reducir sustancialmente el peso de su deuda y evitar que ésta opere como una severa restricción sobre sus programas de desarrollo, generando los medios para que sean los sectores beneficiarios del régimen de la valorización financiera quienes terminen sobrellevando la carga y el pago de la deuda y de sus servicios". Fuente: Realidad Económica Nº 198 de agosto-septiembre de 2003/ www.iade.org.ar

Esta propuesta no la concretó el gobierno K por falta de voluntad política ya que se define capitalista y en consecuencia, lucha por convencer o imponer la conciliación con (que es sometimiento a) los grandes capitales locales e imperialistas. Esta posición es coherente con la participación del matrimonio Kirchner en esa cúpula justicialista que fue y es fiel al legado de la dictadura cívico-militar tanto en cuanto a la regresiva política fiscal como en cuanto a la seguridad jurídica (o  al clima de súper ganancias) para monopolios y oligopolios.

Ideología

Veamos cuál forma de percibir, pensar e interpretar la realidad nacional e internacional debemos cambiar para adueñarnos de conciencia deconstructora de la inculcada por los poderes establecidos mediante terrorismo de estado y consolidados, expandidos por democracias restringidas e incluso hoy por quienes concilian su reivindicarse revolucionarios con el respaldo a los Kirchner. Resulta fundamental:

IAR Noticias, en "Mientras la economía mundial se derrumba: La fortuna de los ricos duplica el PBI mundial", sostiene:

"Un selecto grupo de mega-empresas y multimillonarios multiplican a escala sideral su activos empresariales y sus fortunas personales mientras el proceso inflacionario-recesivo desatado desde las economías centrales (Estados Unidos y Europa) ya genera pobreza y devaluación acentuada del poder adquisitivo de las mayorías a escala planetaria.

Los "súper-ricos", ejecutivos y accionistas de los grupos capitalistas que se reparten el mundo como si fuera un pastel, los que aparecen habitualmente retratados en los ranking del jet set decadente, conforman el resultante final de un proceso de acumulación de riqueza en pocas manos a costa de la crisis mundial y del achicamiento progresivo de la participación de las mayorías en el proceso de reparto de la producción mundial.

Mientras la economía mundial ya ingresó en un proceso inflacionario-recesivo que impacta en la suba de los alimentos y del costo de vida de amplias capas de la sociedad mundial (sobre todo de las más vulnerables y desprotegidas): bancos, empresas trasnacionales, (sobre todo petroleras) registran balances de ganancias descomunales superiores al presupuesto y al PBI de decenas de países de la periferia juntos.

En el año 2007, 500 multimillonarios sumaban una fortuna de casi tres billones de dólares, una cifra equivalente a:

• el presupuesto anual de EE.UU., la mayor potencia imperialista del planeta, y a

• decenas de PBI (producción del pastel) anuales de países dependientes.

Si quiere saber cuantas tajadas del pastel de la producción mundial se robaron esos multimillonarios, divida el PBI mundial por el total de población mundial, luego de comprobar cuanto le tocaría a cada poblador mundial en un reparto equitativo del PBI, réstele a la fortuna de un súper-rico de la pirámide: Lo que le sobra (al multimillonario) de la parte que en realidad le tocaba, es el producido del robo capitalista. Si se quiere saber cuanto se roban el conjunto (los multimillonarios) hay que hacer la misma operación agregando la cantidad de súper-millonarios existentes.

La prensa internacional (del sistema), sus periodistas y comentadores, difunden estas cifras, impresionantes y fantásticas, destilando una rara mezcla entre admiración y envidia por no estar en el lugar de los rankeados, a los que consideran personas tocadas por la "varita mágica" del éxito y el prestigio social.

Este viernes, la prensa internacional informa, sin más comentarios, y sin analizar el resultante y el impacto social que produce la acumulación de riqueza en pocas manos, que las fortunas personales crecieron a niveles récord el año pasado.

Pese a la crisis económica-financiera mundial y la crisis social que genera la suba de precios de los alimentos y de la energía, las riquezas personales en todo el mundo crecieron un 5 por ciento a US$ 109,5 billones, según un informe sobre "riqueza mundial" publicado el jueves por Boston Consulting Group (BCG).

Para ilustrar lo que afirmábamos al principio (el macro-robo capitalista del producido mundial) hay que señalar que la cifra acumulada, según el informe, de US$ 109,5 billones de riqueza acumulada en manos de los "millonarios" (con las súper-fortunas en la cima) se aproxima a casi dos veces el PBI mundial (la riqueza anual producida por todos los países) que ronda en los US$ 70 billones.

Pero, para dar una mejor idea de lo que significa, en términos de comparación, esta cifra de US$ 109,5 billones, hay que puntualizar que equivale a casi dos veces y media el PBI anual de Estados Unidos y la Unión Europea, las dos potencias económicas centrales que concentran más del 60% de la producción mundial.

Esa masa increíble de dinero acumulada por una minoría de "población rica" (regida en el vértice de la pirámide por los súper-ricos) es lo que le falta a los más de mil millones de personas que "sobreviven" con un promedio de un dólar diario, según el Banco Mundial y otras instituciones del sistema, y más de tres mil millones que no alcanza a cubrir el parámetro de necesidades básicas, medidas por alimentación, vivienda y salud.

Más que ningún análisis estructural, esa cifra acumulada muestra el irracionalismo demencial (y caníbal de su propia especie) del sistema capitalista legitimado como "sistema único" al que ya nadie cuestiona ni analiza, salvo los medios alternativos y de contra información que sólo existimos minoritariamente en la Internet.

Según el informe de Boston Consulting Group, más bajo de la pirámide de los "súper-ricos" el 1 por ciento de los hogares poseía un 35 por ciento de la riqueza mundial el año pasado. (...)

Además, la mayoría de las súper-fortunas provienen de "negocios" relacionados con la finanzas, el "espectáculo", el deporte, la "cultura", las grandes producciones de Hollywood, las grandes cadenas de diarios, radio y televisión, la moda y los cantantes "fashion", y en general todo lo que "divierte y entretiene" a los televidentes y espectadores de todo el mundo, mientras las mayorías del planeta se margina cada vez más del "circuito" laboral y comercial del sistema.

Esta concentración de riqueza en pocas manos que "nadie ve", expresada brutalmente en el ranking de multimillonarios de Forbes, o en el listado de ganancias y facturación de las trasnacionales y bancos capitalistas que controlan las acciones y los índices de Wall Street y de las principales plazas financieras mundiales , está ahí, al alcance de nuestras narices.

No es la resultante de la "brecha entre ricos y pobres" como sostienen los curas y los encuestadores, sino el emergente descarnado y real de la explotación del hombre por el hombre del sistema capitalista que ha tocado niveles de impunidad nunca vistos en la historia de humanidad(...)".
Fuente: www.rebelion.org/Economía /13-9-08

Andrés Wainer y Martín Schorr historian para explicar las diferencias de trayectorias de dos empresas industriales medianas a partir de la dictadura genocida y reflexionan:

"La reestructuración económica de las últimas décadas (con su correlato en una acelerada reprimarización del entramado productivo) no sólo no afectó sino que potenció a actores como Arcor, cuya dinámica de acumulación pivotea sobre un rubro de reducido dinamismo en el escenario internacional; actividad que ha sido estratégicamente favorecida tanto por las ventajas comparativas naturales con que cuenta la Argentina como por las distintas políticas económicas que, con sus matices, se desplegaron a lo largo de las sucesivas administraciones gubernamentales de los últimos treinta años.

Las evidencias analizadas en este trabajo llevan a concluir que gran parte de las causas de desarrollo y la expansión de este conglomerado económico -como el de tantos otros- no parecen ubicarse en el plano subjetivo ni en la 'calidad' de los empresarios argentinos, sino prioritariamente en un contexto signado por el accionar del aparato estatal y por su funcionalidad respecto de la inserción estructural del grupo que coincide con la ubicación pasiva y subordinada de la Argentina en el mercado mundial en el marco de una economía globalizada.

El caso contrario lo representa Servotron, que pasó de ser una empresa mediana con una producción compleja y de alto valor agregado a una comercializadora y prestadora de servicios. Como se analizó, la masa crítica  que la firma había logrado construir entre mediados de los años sesenta y setenta fue paulatinamente desmantelada por las reformas estructurales derivadas de las políticas aplicadas durante la dictadura militar de 1976-1983 y liquidada definitivamente por el shock neoliberal instrumentado durante el decenio de los noventa.

En este sentido, la producción de bienes industriales con alto valor agregado e importante densidad en materia científico-tecnológica que se había desarrollado al calor del esquema de sustitución de importaciones fue castigada directa e indirectamente por el manejo macro y mesoeconómico de las últimas décadas, en un cuadro caracterizado por el predominio hegemónico de la -en más de un sentido retrógrada y "colonial"- «teoría de la dotación de factores».(...)

El relegar a un segundo plano analítico las decisiones microeconómicas y en consecuencia, poner el énfasis en el sentido adoptado por las políticas públicas implementadas -y su funcionalidad respecto de la realidad estructural de las diferentes fracciones del capital- en la explicación de los disímiles comportamientos económicos verificados en el sector industrial, brinda importantes elementos de juicio para identificar cuáles fueron los agentes económicos que se buscó favorecer -por acción u omisión- mediante el funcionamiento estatal.

Así, puede concluirse que a diferencia de lo que pregonan sus defensores, las políticas de ajuste ortodoxo inspiradas en los postulados neoconservadores no fueron ni "uniformes" ni "neutrales" en términos de sus impactos sobre los distintos tipos de empresas que conforman el espectro industrial argentino".  Fuente: Realidad Económica Nº 223 de octubre-noviembre de 2006/ www.iade.org.ar

A su vez, Daniel Azpiazu se refiere a la ley Nº 26.360 de Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura, promulgada en abril de 2008, como continuidad de la ley 25.924 que estuvo vigente entre octubre de 2004 y fines de 2007.

Cuando está terminando el desarrollo del artículo "¿Aliciente a la formación de capitales de emprendedores o 'promoción' de la concentración económica?", dice:

"En suma, existen elementos de juicio suficientes como para afirmar que, por un lado, la mayoría de las inversiones "promocionadas" igualmente se hubieran realizado en tanto contaban con suficientes alicientes "de mercado" sin necesidad de asignación de recursos públicos o, más precisamente, sin conllevar sacrificio fiscal alguno; por otro lado, fundamentalmente, la promoción industrial desplegada en los últimos años (y nada hace prever que se modificará en el marco de la continuidad del régimen -ley Nº 26.230-) ha resultado plenamente funcional a la consolidación oligopólica de determinados grandes agentes locales y en ese marco, a la profundización del proceso de concentración económica en el país.

Basta un simple repaso sobre el posicionamiento de mercado de las mismas. En los ejemplos de Cargill, Urquía (Aceitera General Deheza), Molinos Río de la Plata (grupo de Pérez Companc) y Louis Dreyfus queda conformado el núcleo de cuatro de las cinco principales agroindustrias del país y la restante, Bunge Argentina, es co-controlante junto con Aceitera General Deheza de uno de los mayores proyectos de inversión aprobados -Terminal 6 Industrial S.A.-.

Por su parte, las empresas del grupo Techint junto con Acindar conforman el duopolio que caracteriza a la producción siderúrgica del país. Las firmas controladas por el grupo Madanes son, en un caso, monopólica en el mercado interno (Aluar) y en el otro (Fate), la principal firma del oligopólico mercado de los neumáticos. En una menor escala pero, atento a las peculiaridades del mercado cementero (...) prácticamente monopólico territorialmente emerge el caso de Petroquímica Comodoro Rivadavia. En el ámbito del oligopólico mercado automotriz están presentes tres (Peugeot Citroen, Daimler Chrysler y Volkswager) de las cinco principales corporaciones del país.  Por último, Repsol YPF no sólo es la principal empresa local sino que, a la vez, cuenta con un poder fuertemente oligopólico en todos los segmentos de mercado en los que opera".

En las reflexiones finales, aclara: "Ello no implica desconocer la existencia de otros regímenes de promoción (como, entre otros, el automotriz, el de sofware, autopartes, editoriales) aunque sí alertar sobre las insuficiencias y limitaciones que devienen de instrumentos de política industrial que emergen -por lo menos, casi como "trajes a medida" de unos pocos actores y sectores que, por sus características, muy difícilmente podrían ser objeto fundamentado para el otorgamiento de cualquier tipo de incentivo fiscal. Más aún cuando ello conlleva la consolidación de un precario perfil de especialización productiva que, naturalmente, se ve reproducido en términos de la inserción del país en la división internacional del trabajo (...)".

Fuente: Realidad Económica Nº 238 de agosto-septiembre 2008/ www.iade.org.ar  

Premisas e hipótesis

La política económica del gobierno de los Kirchner implica la continuidad en la acumulación de los grandes capitales que:

Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar en marzo de 1977 cuando se cumplía un año del golpe neoliberal de estado, caracteriza esa etapa fundacional:

"En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
Los resultados de esa política han sido fulminantes.

En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subtérráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.
 

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en sólo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta

• Reconoce sólo  como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
   

• Aumenta el 722% en los precios de la producción animal en 1976 lo que define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".
   

• Hace al espectáculo de una Bolsa de Comercio donde -en una semana- ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".
   

• Desnacionaliza bancos poniendo el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera; indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado; devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso; rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina.

Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán dcsaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles".
Fuente: www.lafogata.org/Rodolfo Walsh

Matías Kulfas y Martín Schorr -en "Deuda externa y valorización financiera"- destacan:

"El actual capitalismo argentino reconoce, en la última dictadura militar, un quiebre fundamental en los patrones centrales que hacen a la valorización del capital y la distribución del ingreso. Por su parte, las reformas económicas de los años noventa consolidaron y acentuaron los rasgos esenciales de la mencionada reestructuración.

En dicho contexto, el endeudamiento externo del país comenzó a desempeñar un papel fundamental, no sólo como resultado de las transformaciones en el escenario internacional (el surgimiento de la denominada "globalización financiera", la aceleración de los flujos internacionales de capitales, etc.) sino también (y no menos importante) porque el endeudamiento externo ha operado como el elemento que ha hecho viables los procesos de valorización financiera de los sectores dominantes locales".

En 1977, José A. Martínez de Hoz inicia el proceso de implantar el predominio de la economía de casino sobre la de producción mediante la Ley de Entidades Financieras que liberó el mercado de dinero, dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo y mediante el mecanismo de devaluaciones preanunciadas que se denominó "la tablita"  se evitó la licuación de las ganancias obtenidas o sea los depósitos locales se hacían sabiendo que al retirarlos no estarían desvalorizados.

Domingo Cavallo, como presidente del Banco Central en 1981, implementó lo que fue, "en los hechos, la estatización de la deuda externa privada. Este proceso prosiguió a lo largo de los años ochenta.

Se trató de una extraordinaria transferencia de recursos públicos hacia los sectores concentrados del capital. Cabe recordar que sólo 28 grupos económicos locales y 102 empresas transnacionales concentraban nada menos que el 64% de la deuda externa privada y que, además, los deudores habían sido obligados por sus acreedores a disponer de depósitos bancarios con garantía, de modo que se consagró la legitimación de la fuga de capitales locales registrada a comienzos de los ochenta.

El fenómeno verificado fue entonces una extraordinaria transferencia de capitales hacia el exterior, lo cual expresa la contracara del crecimiento de la deuda", sostienen Matías Kulfas y Martín Schorr. Fuente: Realidad Económica Nº 198 de agosto-septiembre de 2003/ www.iade.org.ar

Por su parte, Alejandro Jasinski y Alejandro Olmos Gaona -el 15 de septiembre de 2005- desarrollan el proceso de construcción de este sistema de saqueo e imposición del subdesarrollo:

"La reforma financiera consistió en desmontar el aparato regulador, liberar el control de los bancos, de los créditos, de las tasas de interés. Esto provocó un grave perjuicio para la economía nacional, ya que permitió que la deuda externa contraída fuera en su mayoría financiera y no comercial. A su vez, permitió el enriquecimiento de pequeños grupos privados a través de operaciones delictivas. La política de apertura financiera vino acompañada por la alta disponibilidad de fondos en el mundo, provenientes del aumento del precio del petróleo. 

Para implementar estas reformas, fue necesaria la modificación del marco legal, para revestir de legalidad una acción ilegítima. Como concluyó Alejandro Olmos: “Primero se modificó la ley, después se hipotecó al país”. Cuando no alcanzó, se recurrió simplemente a la trasgresión de las normativas vigentes. 

Lo primero que logró modificar Martínez de Hoz fue el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Lo hizo con la promulgación de la ley 21.305 de 1976. Esta ley rompió con la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de jueces extranjeros. En la práctica, no era más que declinar la competencia de los tribunales nacionales ante cualquier contrato firmado. Como escribió Olmos, el objetivo de dicha ley fue muy claro, ya que sólo contenía un artículo.
La firma de la Ley 22.434 completó este aspecto.

Un ejemplo destacable fueron las cláusulas de los contratos de deuda de YPF. Una de ellas decía: “El presente acuerdo se regirá por las leyes de Inglaterra y será interpretado, en todo los aspectos, conforme a dichas leyes”. Otra ley vertebral fue la 21.382, del 13 de agosto del 76, de inversiones extranjeras. Se igualó a los capitales internacionales con los nacionales; y se les permitió a los primeros disponer de una herramienta de seguridad jurídica y legal de gran importancia. Las entidades financieras tuvieron libertad absoluta para manejar los depósitos bancarios, las tasas de interés y los créditos; el Banco Central pasó a controlar la oferta y la demanda de dinero.

El mercado financiero se desreguló, pero los depósitos fueron garantizados por el Estado. Otras leyes de menor relevancia, pero igualmente dañinas, fueron la liberación de precios y el aumento de 30% en combustibles; ley 21.342 del 1º de julio de 1976 que liberó el régimen de alquileres; Ley 21.599 del 15 de julio de 1977 que disolvió la Confederación General Económica de la República Argentina; Ley 21.608 de julio de 1977, del Régimen de Promoción Industrial que benefició a las empresas de los grupos dominantes. 

Otras de las normas conocidas fue la famosa “Tablita”, del 20 de diciembre de 1978, que constituyó una devaluación pautada mensual del peso. La estipulación de la lenta desvalorización de la moneda local permitió la especulación de operaciones de corto plazo y alta rentabilidad. Uno de los propósitos que afirmaba perseguir Martínez de Hoz era proveer al país de un marco productivo competitivo. Para ello, buscó engrosar las reservas del Banco Central. El camino que encontró para conseguirlo fue el endeudamiento de las empresas del estado, cuyo caso prototípico fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Así comenzó a conformarse la Deuda Pública. 

Paradójicamente a lo que pretende la economía de mercado, se necesitó de una estricta planificación estatal para endeudar a las empresas públicas, de manera de conseguir los dólares necesarios para sostener la política monetaria. El secretario de Programación Económica durante la gestión de Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, fijaba cada tres meses los cupos de endeudamiento que debían afrontar las empresas públicas, práctica regulada por la resolución 170/80. Este endeudamiento, que no reflejaba las reales necesidades de las empresas, era sólo nominal, porque los dólares eran desviados al Banco Central, y la empresa endeudada recibía el equivalente en pesos. Las empresas no eran usufructuarias del crédito. Las divisas recibidas fueron volcadas al mercado de cambio para favorecer la política de apertura económica.

Hubo casos donde, a pesar de incrementarse el endeudamiento, disminuyeron los activos. Con la prestación de los créditos de las empresas públicas al BCRA se producía una ficción del nivel de reservas internacionales, ya que 10.000 millones de dólares que figuraban como activo, en realidad configuraban un pasivo. En ocasiones, se obligaba a las empresas a reemplazar al acreedor interno por el externo. Agua y Energía Eléctrica fue obligada a tomar un préstamo del Lloyds Bank, por 120 millones de dólares, para cancelar un préstamo con el Banco de la Nación. 

En el orden de lo dicho, el caso YPF debe ser rescatado como emblema de la entrega del país, ejemplo paradigmático de la desnacionalización del Estado. En la última etapa del proceso, la deuda de YPF había llegado a 6.000 millones de dólares, había crecido desde 1976 unas 16 veces, y llegó a constituir un décimo de la deuda total del país. YPF fue endeudada con el pretexto de que no alcanzaba a cubrir sus costos. Fue sometida a una brutal descapitalización: la empresa vendía a pérdida, por debajo del costo, a empresas como Shell y Esso. De lo obtenido, además, sólo retenía un porcentaje (llegó a retener sólo el 30%), mientras que el resto iba al Tesoro Nacional. Además no recibía nada por sus ventas a otras empresas públicas. Con los exiguos ingresos debía hacer frente al costo operativo. Para cubrir estos déficit, eran requeridos préstamos.

Pero se encubría una política económica decidida a devastar la empresa. Por si fuera poco, se le prohibieron los privilegios de seguro de cambio (que sí recibían empresas privadas) y no se le permitió convertir las deudas a moneda local. Estas prácticas violaban las leyes 17.329 y 17.597, que prohibían al gobierno fijar precios de venta del petróleo por debajo de sus costos. De allí que luego se haya generado una fachada ineficiente y deficitaria de la empresa, que justificaría luego su privatización. 

Como veíamos, la apertura económica también significó el endeudamiento de las empresas privadas. Según los informes del BCRA, en 1983, el 84% de los 14.000 millones de dólares de deuda privada era deuda financiera. El endeudamiento del sector privado fue constituido en gran medida a través de actos ilícitos, que fueron probados más tarde por las pericias judiciales. Es necesario retener la ilicitud de estos créditos, ya que como vicios de origen no pueden ser borrados por las reestructuraciones posteriores. La ilicitud se observa en actos como los “autopréstamos”, no registro de los pagos de la deuda, seguros de cambio, avales del estado, “bicicleta financiera”, entre otros. 

Una parte de esa deuda privada estaba garantizada por el Tesoro Nacional, a través de los avales del Estado. Luego del vencimiento de estas deudas, como las empresas avaladas no cumplieron, el Estado respondió con las garantías comprometidas, pagando o refinanciando los compromisos con títulos que ahora lo convertían a él en el deudor. Según las investigaciones realizadas, nunca se efectuó reclamo alguno ni acción judicial a las empresas avaladas para recuperar lo debitado. Pero tampoco se estuvo en condiciones de hacerlo ya que no se poseían los documentos o registros que ratificaran esos avales. Cabe decir que la mayoría de estas empresas que contrajeron deudas y fueron avaladas, eran lo suficientemente solventes para hacer frente a sus compromisos. 

Otros de los mecanismos de endeudamiento fueron las deudas internas de las filiales con sus casas matrices. Las multinacionales capitalizaban a sus filiales y configuraban esas transferencias como préstamos, según lo explicó Martínez de Hoz. También se tomaron créditos por importación. Pero como estas operaciones se realizaron en negro, no se registró el pago y quedó contabilizada la deuda. Situación que permitió la fuga de capitales. Es decir que existieron registros contables de deudas inexistentes, que ya se habían pagado. Uno de los mecanismos más notorios de ilicitud es el “autopréstamo”.

Quienes tuvieron la oportunidad de girar fondos al exterior, tenían las garantías para requerir préstamos en dólares. Pero esos préstamos, que fueron utilizados para especular en la Argentina (“bicicleta financiera”), eran los mismos dólares de las personas que los tomaban. A saber, una persona con dinero en un banco en el exterior traía ese dinero al país; pero en lugar de concretar una extracción de dinero, lo hacía como préstamo. Es decir, se creó Deuda Externa que luego fue estatizada.

Esto evitó cualquier medida restrictiva en la Argentina que pudiera contener los fondos en el país. Ya que la salida de dinero consistía en el “pago” de una deuda. Además, permitió evadir los impuestos a las ganancias, ya que se descontaban los intereses abonados por los “préstamos”.  Con los fondos obtenidos en los bancos extranjeros, los deudores privados pudieron transformar al país en un casino. La denominada “bicicleta financiera” fue la operación más frecuente. La “bicicleta” consistía en conseguir préstamos del exterior en dólares a bajas tasas de interés, luego depositarlos en el país en pesos a altas tasas, reconvertirlos a dólares finalizado el plazo y llevarlos afuera.

Este proceso se efectuaba garantizado por una devaluación controlada (“tablita”) que no licuara las ganancias obtenidas, ya que los depósitos locales se hacían sabiendo que al retirarlos no estarían desvalorizados.

En síntesis, individuos se endeudaban en el exterior a tasas razonables (3 o 4 % anual) y depositaban en Argentina ese dinero en pesos al 12 o 14 % mensual. En 1977 las tasas de interés de plazo fijo a 30 días alcanzaban un 130 por ciento anual. Luego los convertían en dólares y los redirigían al exterior. La conversión no hacía licuar sus ganancias. Y el circuito se repetía cada vez más con sumas mayores. La salida de los dólares del país constituyó una Fuga de Capitales. A medida que el endeudamiento fue creciendo, para sostener estas políticas, también aumentaba la fuga de divisas. Se entiende que este dinero ingresado no se invirtió en actividades productivas en el país, sino que sirvió para funcionar como una timba. Los mecanismos para la fuga de capitales fueron diversos, siendo la práctica más concurrente la instalación de empresas off shore, en paraísos fiscales. 

Entre 1976 y 1983 se fugaron casi 30 mil millones de dólares, un monto apenas menor que el de la deuda externa para el mismo período. Una vez entrada la década del 80, el contexto internacional cambió, y la situación económica empeoró; ligado a este panorama se produjo el primer relevamiento presidencial de la dictadura. Viola sustituyó a Videla, y en el ministerio de Economía Martínez de Hoz le dejó su lugar, el primero de abril de 1981, a Lorenzo Sigaut. 

Los cambios producidos por el nuevo modelo parasitario eran evidentes. Las altas tasas de interés había desestimulado toda inversión productiva y el consumo. Los préstamos necesarios resultaban tan caros que muchas de las pérdidas generadas en el sector productivo eran compensadas con los juegos financieros. Lo más conveniente era, para quienes pudieron, lanzarse a la rueda de la fortuna. El margen financiero o spread era demasiado tentador en la city porteña como para arriesgarse a una aventura productiva. Sin embargo, en la nueva década, la banca internacional dejó de tener exceso de dinero y ya no le sedujo otorgar créditos. Las tasas de interés aumentaron inconteniblemente y se exigió el pago de las deudas.

Con la triplicación de las tasas de interés se hicieron insoportables los servicios de la deuda. Estos servicios se fueron pagando a costa de nuevos préstamos, generando una condena como la de Sísifo, sin fin. Desde 1981 hubo una continua sucesión de ministros de Economía y funcionarios del Banco Central: Roberto Alemann, José Dagnino Pastore, Domingo Cavallo, Jorge Whebe, Julio González del Solar. Todos ligados a los grupos económicos que conformaron la nueva clase dominante. Uno de los mecanismos que también resulto lesivo para los intereses del país fue el de los “seguros de cambio”. Al igual que los avales del estado, significaron un beneficio para el deudor.

Estos seguros comenzaron en 1981. Eran una garantía para los deudores contra las devaluaciones que se pudieran sufrir. Quienes se endeudaban podían requerir un seguro de cambio, para cubrir las diferencias cambiarias. Esto permitió, con la posterior estatización, licuar la deuda privada. En otros términos, independientemente de la paridad real del peso con el dólar, el Estado garantizó un determinado nivel de cotización. La diferencia generada por la modificación cambiaria entre el momento de la toma del préstamo y el pago del mismo fue cubierta por el Estado, a través del BCRA. Esta situación se tornó más grave en cuanto que esos préstamos habían sido contraídos ilegítimamente. La estatización o transferencia de deuda fue de 14.500 millones de dólares. 

Muchos de estos mismos “desendeudados” fueron los que posteriormente participaron de la capitalización de deudas con empresas públicas.

Es decir, el Estado emitió títulos para suplir las deudas privadas. Cuando disminuyó su cotización en el mercado mundial, los privados los adquirieron y se convirtieron en acreedores de una deuda que tenían ellos. Esos mismos títulos que antes los marcaban como deudores y luego como acreedores los cambiaron por las empresas del Estado. 9 Este proceso finalizó el 1º de julio de 1985 con José Luis Machinea a cargo del Banco Central. Donde se terminó de reemplazar la deuda privada original por “Obligaciones del Banco Central”, de manera que se desobligó a los deudores privados. Otro de los actos de comprobada ilicitud fue el manejo de las reservas internacionales del BCRA.

El caso fue investigado por las pericias oficiales, de las que luego hablaremos, que luego fueron incorporadas a la causa 14.467. El BCRA carecía de información exacta y fundamental sobre los movimientos de divisas. Los estados de la deuda externa total surgieron de los resultados provistos por los deudores, pero sólo con finalidad estadística, por lo que no tenían valor contable. El BCRA, como se pudo comprobar, no tenía contabilizada la deuda externa, ni tenía registrados los avales otorgados por el sector público. Se desconocía el monto real de la deuda externa. En 1976, las reservas rondaban los 620 millones de dólares, de los cuales el 35% se hallaban colocados a interés. En 1979 ya habían alcanzado los 10.500 millones de dólares. La finalidad era acumular dólares para colocarlos a plazo fijo en los mismos bancos que prestaban. Pero por esos fondos se pagaban tasas mayores a las que se recibía por la colocación. Y se comprobó también que en la misma fecha se colocaban reservas a intereses menores que los que ofrecían otros bancos. Estos fondos eran colocados a 30, 60, 90 y 180 días en los bancos y no se invertían en el país. 

Estas colocaciones eran registradas en una libreta negra, que llevaba el BCRA, una libreta que no era oficial. A su vez, se contrato a una misión del FMI que dio margen a la Argentina para que se siguiera endeudando, lo que demuestra la corresponsabilidad del acto. Además, las colocaciones se hacían a plazos mayores que los del vencimiento del préstamo. Es decir que se tomaba un préstamo para aumentar las reservas, se lo colocaba a plazo fijo, pero era un plazo superior al vencimiento de los préstamos, por lo que para cancelar los servicios era necesario tomar nuevos préstamos. Asimismo, las colocaciones se hacían congelando tasas. Es decir, en el momento en que la tasa era alcista, lo que provocaba disminución de beneficios. Como consecuencias indirectas, se financió al Tesoro de los Estados Unidos al adquirir automáticamente sus emisiones de Letras, por intermedio del Sistema de la Reserva Federal de ese país, cuando se excede el saldo operativo mínimo de 500.000 dólares. Según los peritos, el aumento de reservas fue paralelo al aumento de la deuda.

Entre 1978 y 1980 había un exceso de reservas que no se justificaba, proveniente del endeudamiento, y que generaba pérdidas por las diferencias entre las tasas de interés. La cantidad de reservas comenzó luego a descender, a la par que aumentaba el atesoramiento externo de dólares y los viajes turísticos, los autopréstamos y el pago de deuda sin eliminar su registro. El mismo Martínez de Hoz afirmó que había 4.000 mil millones de dólares que se pagaron, que no se contabilizaron, y que luego representaron el doble del monto. Los delitos cometidos en el proceso de endeudamiento durante el período militar están indiscutiblemente probados por la Justicia Argentina. En la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en junio de 2000, se reúnen decenas de investigaciones, millares de fojas, que esclarecen todos los mecanismos mencionados hasta ahora. Informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de ex funcionarios, todos datos que durante 18 años fueron recopilándose y que desentrañan todos los dispositivos utilizados para estafar y someter al país, todas las ilicitudes y trampas. La denuncia, en la cual Alejandro Olmos no se situó como parte querellante, estaba dirigida contra todos los funcionarios que intervinieron en el proceso: desde Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein hasta Enrique Folcini. Prueba tras prueba, en el Juzgado se fueron sumando expedientes, legajos e informes". 

Alejandro Jasinski y Alejandro Olmos Gaona responden a la pregunta de quiénes son privilegiados por esas políticas delictivas de estado:

"Los beneficiarios de este esquema implementado fueron los grupos económicos internacionales (a través de las empresas multinacionales) y nacionales, los cuales constituyeron desde entonces la nueva clase dominante: Macri, Fortabat, Bunge y Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, entre otros. La dictadura dio pie a que ciertos empresarios nacidos durante las décadas del 40 y 50, durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, se transformaran en una nueva oligarquía.

En principio podría considerarse la naciente burguesía nacional; pero rápidamente dieron cuenta de su incapacidad para asumir ese rol, de manera que se desentendieron del desarrollo industrial del país; principalmente porque, hijos culturales del colonialismo, desdeñaron todo lo autóctono.

Estos mismos grupos empresariales transnacionalizados, ligados a los grupos financieros internacionales, fueron los que conformaron la deuda privada que luego se estatizó con seguros de cambio.

Quienes surgieron aquí como nueva oligarquía dominante, no suprimieron a la oligarquía tradicional y se aliaron al imperialismo. Al hacer la distinción entre los gerentes y los dueños, aludimos a la influencia del neoliberalismo como modelo que transformó a la política en una cuestión gerencial, en administración local de negocios transnacionales. Y allí entraron en juego los dueños, el poder económico apátrida. El modelo implantado, que reemplazó al modelo productivo, fue el rentístico-financiero. La desaparición de toda forma de creación de riqueza llevó a que sólo el dinero proveniente del exterior fuera el sostén de la economía. Fue un régimen cuya condición de supervivencia provenía del endeudamiento externo. El marco teórico de este modelo es el “pensamiento único”. Una ideología que sobrepasó los campos económicos y que actualmente aspira a dar cuenta de todo aspecto de la vida humana y social. El neoliberalismo encuentra bastiones de propaganda en fundaciones y universidades privadas, sustentadas con el dinero que extraen los beneficiarios de su modelo. CEMA, FIEL, Fundación Mediterránea, son los principales centros de estudio neoliberal, con doctores en Economía, que han aportado prácticamente a todos los ministros económicos desde 1976 (...)". 

Al finalizar su artículo "Aportes para el conocimiento de una investigación" señalan:
"Si analizamos el desarrollo de la deuda argentina a través de la apretada síntesis que hemos desarrollado puede observarse que la deuda actual es continuación de la deuda originada en los noventa; y ésta última es producto de la originada durante la dictadura militar, la que a través de sucesivas refinanciaciones fue creciendo hasta alcanzar las cifras ya consignadas. Y esto que sostenemos no es producto de un enfoque apresurado de la cuestión sino de la evidencia que surge de dos causas penales donde una multiplicidad de documentos, pericias y testimonios lo demuestran de manera incontrovertible. No cabe más que tomarnos de lo que afirmara José Luís Torres: “El tiempo no marchita la verdad ni pone tersura a la mentira”. Fuente: http://www.palabraargentina.com.ar/anexo_documental/La_Deuda_Externa_en_los_'90_Jasinski_Olmos_Gaona.pdf

Gabriela Benza y Gabriel Calvi, en "Concentración del ingreso y desigualdad en la Argentina (1974-2003), manifiestan en noviembre de 2004:

"A lo largo de los últimos treinta años los principales indicadores sociales registraron un deterioro persistente incluso en los momentos de bonanza económica.  El primer síntoma de este deterioro se observa tempranamente y es efecto de las políticas económicas implementadas durante la gestión de la última dictadura militar:

El carácter regresivo del período se pondrá de manifiesto, fundamentalmente, en la abrupta caída del salario real, del orden del 47% entre 1974 y 1982.
Durante los '80, al estancamiento del salario real -que sólo mejoró coyunturalmente hasta 1984- se sumó una importante disminución del PBI per cápita y un sensible incremento de los índices de desocupación y subocupación horaria.
Los años '90 profundizarán las tendencias regresivas observadas y el crecimiento económico registrado en buena parte de la década no tendrá mayores efectos sobre el bienestar de la población.

El explosivo aumento del desempleo y la subocupación horaria se erigen, durante esta década, como principales emergente de una economía con escasa capacidad de absorción de mano de obra: la desocupación alcanzó al 18.4% de la población activa hacia mayor de 1995; la subocupación creció en forma constante llegando a niveles del 15% a fines de la década.

La aguda recesión que atravesó la economía desde mediados de 1998, combinada hacia 2002 con el abandono del anclaje cambiario, intensificó el carácter regresivo del modelo. El desempleo y la subocupación horaria mostraron durante los cuatro años recesivos (1999-2002) una tendencia creciente hasta alcanzar, en mayo de 2002, picos de 21,5% y 18,6% respectivamente. A este desalentador panorama se sumará, en 2002, un alza generalizada de precios por efecto de la devaluación -que alcanzaría un 30% en total en el primer semestre de ese año- que profundizaría el deterioro salarial e incrementarla sensiblemente los niveles de pobreza.

El salario real, que no había mostrado síntomas de recuperación durante los '90, cayó un 18% entre 2001 y 2002. Como resultado de estas tendencias, hacia 2003 los niveles salariales eran un 65% más bajos que los registrados en 1974. Por su parte, la pobreza mostró una tendencia a aumentar fuerte y constantemente a lo largo de la década: entre 1991 y 2001 la proporción de la población bajo la línea de pobreza había pasado del 25% al 38%. Sobre estos ya muy altos niveles, el incremento de precios de 2002 condujo a -que asociada con la evolución de precios al consumidor- la pobreza se incrementara en forma alarmante alcanzando al 57,5% de la población urbana (...)".

De sus estudios, concluyen: "Las crisis distributivas y las eventuales recuperaciones tienden a apuntalar, en nuestro país, los niveles de desigualdad alcanzados durante la etapa precedente. En este sentido, tales crisis pueden ser tenidas por puntos de inflexión que consolidan nuevos pisos distributivos a partir de los cuales evoluciona la situación posterior.

De estas consideraciones se desprende que, detrás de la evolución de largo plazo del reparto del ingreso per cápita familiar mensual (IPCF) entre 1974 y 2003 es posible detectar distintos ciclos de desigualdad (1974-1981); 1982-1989; 1990-1995; 1996-2002) en cada uno de los cuales se incrementa la inequidad distributiva en forma progresiva".  A continuación analizan cuáles son los factores asociados al deterioro del IPCF.

Al finalizar se refieren a que para revertir sustancialmente la tendencia al deterioro secular de la distribución del ingreso es indispensable erradicar "las transformaciones en el modo de funcionamiento económico local desatadas por la progresiva serie de reformas estructurales durante los últimos treinta años". Fuente: Realidad Económica Nº 214 de agosto-septiembre 2005/ www.iade.org.ar

Respecto del gobierno K veamos que dice sobre el modelo de desarrollo implícito en la ley Nº 26.360 promulgada en abril de 2008 para el período entre octubre de 2007 y septiembre 2010, Daniel Azpiazu, en "¿Aliciente a la formación de capitales de emprendedores o 'promoción' de la concentración?":

"Ahora se trata, en otras palabras, de la promoción de la formación de capital en la industria, con superiores incentivos para aquélla que se oriente a incrementar las exportaciones. Vale resaltar que ello se inscribe en un contexto macroeconómico donde convergen un tipo de cambio "competitivo", acelerado y sostenido crecimiento de la demanda externa y de los precios de los principales rubros de exportación del país -commodities, aun en el campo de las manufacturas- y , en lo doméstico, muy bajos costos salariales en escala mundial".
Fuente: Realidad Económica Nº 238 de agosto-septiembre de 2008/ www.iade.org.ar

 III.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

A 25 años, comprobamos que el proyecto de apropiación del país y de violencia e inseguridad jurídica para toda la diversidad popular continúa concretándose acelerada y profundamente. El gobierno K -con el imprescindible respaldo del Partido Justicialista- impone el sistema de saqueo y genocidio del capitalismo central mediante la disolución nacional en nombre de un falso federalismo. En efecto, veamos cómo se pretende implantar los enclaves extractivos-exportadores de las corporaciones globales y globalizadas en:

Las Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA titulan:

"Quieren definir por ley “areas de sacrificio” a favor de las mineras

Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina – 17/10/08. Es para que sean determinadas en Santa Cruz las áreas donde estará permitida la explotación. La iniciativa del gobierno de Daniel Peralta induce a los legisladores santacruceños a que analicen y definan una reglamentación para la explotación de yacimientos mineros y trazar los límites geográficos fuera de los cuales esta industria tan controversial no se podrá instalar. Se trata entonces de establecer qué zonas serán sacrificadas a favor de las mineras. Algo similar pretenden concretar en la vecina provincia de Chubut, donde los pobladores ya rechazan la actividad. En ambos casos las extensas regiones áridas de la meseta -donde el agua es escasa y por lo tanto más importante para las actividades humanas y productivas- quieren ser liberadas al accionar de la extracción minera. Si se resguarda una zona ¿significa que en otra se puede contaminar y saquear? Lo que no es bueno en un lugar ¿puede transformarse en bueno en otro lugar?
Fuente: diario El Patagónico

La novedad fue confirmada esta semana por el propio gobernador Daniel Peralta, quien en declaraciones a medios de prensa capitalinos aseguró que "en los próximos días vamos a enviar a la Cámara de Diputados la Ley de Utilidad Minera relacionada con el uso del suelo".

El mandatario también dejó en claro que esta iniciativa hará cumplir su premisa de no llevar la minería hacia la zona de la precordillera, sus nacientes de lagos y sus ríos.

Al respecto, advirtió que una vez que el tema forme parte de la agenda legislativa, los diputados deberán "determinar los lugares donde el Gobierno puede permitir la explotación" y en qué sectores esta actividad va a estar "completamente vedada".

De este modo, la expansión integral de la actividad minera quedará en manos de los diputados y de los intereses de cada localidad a los que estos representen, atendiendo además a los lineamientos de la gestión provincial para que esta industria genere mano de obra santacruceña y ponga en marcha la economía de sus ciudades mediante la provisión de insumos y servicios.

Asimismo, trascendió que el proyecto que se envíe desde el Ejecutivo incluirá un importante llamado que los parlamentarios deberán tener en cuenta a la hora de trazar el mapa de la minería en Santa Cruz.

Por ello será necesario que haya una observación minuciosa en cuanto a la preservación de bosques, lagos y ríos, así como también las distancias existentes entre la explotación y los centros urbanos".  Fuente: www.noalamina.org/ 17-10-08

Pero esos proyectos -puestos en práctica- han demostrado destruir presente y futuro de las poblaciones que se asocian para luchar contra el entramado de intereses espurios entre los poderes establecidos en municipios, provincias.

a. La Red Puna y Quebrada comunica:
"Jujuy, Argentina – 16/10/08. La Red Puna y Quebrada y otras organizaciones sociales solicitaron al Procurador General de la Nación –Dr. Esteban Righi- que ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 y Nº2 de de Jujuy a continuar las investigaciones penales de presunta contaminación ambiental por la actividad minera que lleva a graves situaciones en numerosas comunidades de nuestra puna por la contaminación de sus ríos, aire y suelo a causa de esa actividad depredadora. Las actuaciones preliminares fueron cumplidas por el Fiscal Antonio Gustavo Gómez quien remitió los expedientes a las fiscalías federales N° 1 y N° 2 de nuestra Jujuy, para llevar adelante las investigaciones preparatorias, llegado el caso se inicien los juicios y condena a los responsables. A más de un año de remitidas dichas actuaciones estas investigaciones están en la misma situación que cuando fueron remitidas. Están involucradas las empresas y explotaciones Mina La Pulpera, Minera Aguilar, Mina Loma Blanca y Mina Providencia, contaminación en Abra Pampa por metales tóxicos, Orosmayo-Pirquitas y Pan de Azúcar".
Fuente:www.noalamina.org/ 17-10-08

b. Los Vecinos Autoconvocados de Tinogasta comunican:
"Minera Alumbrera operó para que la justicia desaloje corte en Tinogasta

Tinogasta, Catamarca, Argentina - 25/10/08. La Justicia de Tinogasta se dispone en las próximas horas a desalojar el corte que impide la circulación de camiones de gran porte por el interior de esta ciudad. Durante los últimos días, personal de Minera Alumbrera llegó a Tinogasta a intentar destrabar el corte, reuniéndose con autoridades de la municipalidad, la policía, la justicia y defensa civil. Tan es así que funcionarios del departamento Tinogasta se movilizaron por todas partes en vehículos de la empresa Alumbrera, acompañados por personal de la misma, tratando de destrabar el conflicto. Luego de diversas tratativas, aparentemente Minera Alumbrera ganó las negociaciones. ¿O habrá realizado una oferta difícil de rechazar, al estilo "El Padrino"?

De la manera que haya sido, ya se encuentra en Tinogasta la guardia de infantería de la policía de la provincia, enviada especialmente para la ocasión. Aparentemente, la fiscal Dra. Silvia Álvarez habría cambiado de opinión con respecto a sus declaraciones, en las que pronunciaba que no era competente para entender en el tema. Al momento de redactar este comunicado, los diversos vehículos de Empresa Alumbrera se encuentran estacionados en frente a la Comisaría de Tinogasta, tal como si fueran móviles de policía.

Con respecto a la quema de la parte trasera de uno de los camiones, ya circulan versiones de que en las próximas horas, se ordenaría el allanamiento de las viviendas de integrantes del grupo de Autoconvocados, solamente por las meras conjeturas de las autoridades. Lo que continuaría con las diversas intimidaciones al grupo de Autoconvocados.

Todo esto nos lleva a la triste conclusión de que en Catamarca, no existen las libertades individuales, no existe la autonomía de los gobernantes, por encima de las autoridades, o paralelamente, existe todo un aparato de poder de Empresa Alumbrera, que compra y vende voluntades, que corrompe y obliga a las autoridades a actuar en función de los intereses empresarios.

Desde el grupo de Autoconvocados repudiamos todas estas tácticas de intimidación, que intentan adjudicar la quema de un camión, que según comentarios del mismo chofer, la policía dejó de custodiarlo momentos antes del "controlado" incendio de sus ruedas traseras. También denunciamos la manipulación de funcionarios para cumplir con intereses de la empresa.

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Fuerzas parapoliciales realizan seguimiento y tareas de inteligencia en Catamarca
Tinogasta, 25/10/08.
Este informe se realiza con información proporcionada por diversas fuentes y de Javier Rodríguez Pardo, que en estos momentos se encuentra en Tinogasta reunido con miembros de asambleas de Catamarca y La Rioja. Todos ellos están siendo seguidos y vigilados por vehículos sin identificación.

La situación en Tinogasta está que arde: cada día con más fuerza en Catamarca (y en otras provincias "mineras") se hace sentir la "terrible verdad" sobre quién es que gobierna y maneja los hilos de la justicia provincial.


A los hechos que ya son de conocimiento público sobre el bloqueo a los camiones con carga para la minera en Tinogasta, debemos agregar que hace apenas unas horas vecinos autoconvocados de Chilecito impidieron el paso de otros 6 camiones con destino a La Alumbrera.

En este caso, a pesar de que la policía de La Rioja se ofreció para colaborar con los camioneros y en contra de los vecinos, personal de la empresa transportista prefirió dar la vuelta para buscar otro camino hacia la mina.

Cronología de los hechos en Tinogasta, Catamarca:

A) Vecinos del Barrio La Paz de Tinogasta, cansados de los destrozos que provocan este tipo de transportes en sus casas con rajaduras de 5 cm. en sus paredes, más los cortes de cables eléctricos y roturas de pavimento y cañerías de agua, realizan el primer bloqueo.
B) Vecinos autoconvocados de asambleas ciudadanas bloquean el paso de 3 camiones en otro acceso de Tinogasta.
C) La fiscal Silvia Liliana Alvarez, que en un primer momento dice ser incompetente, aprovechando un momento en que quedaron pocos compañeros, ordena a un grupo policial despejar el paso de los camiones del segundo bloqueo.
D) El corte en el barrio La Paz se mantiene hasta el otro día. El juez Marcelo Gómez ordena a la guardia de infantería que desalojen el paso y escolten a los camiones retenidos. Estos salen en contramano rompiendo cables.
E) La noche anterior en un "extraño" atentado se incendian dos cubiertas traseras de uno de los camiones detenidos.
F) El juez Marcelo Gómez, con una celeridad poco frecuente, ordena el allanamiento de 17 viviendas. Once casas del barrio La Paz son allanadas por personal policial y además se allanan seis casas de asambleístas de Tinogasta. En grupos de entre 6 y 8 policías provocan la zozobra y amedrentamiento de familias cuyo único prontuario es ser públicamente defensores de la vida.

Lo tragicómico de estos allanamientos –en una de las actas realizadas en casa de una compañera figura el secuestro de una caja de fósforos conteniendo 85 cerillos (?)- no debe hacernos perder de vista el verdadero trasfondo de la cuestión.
Veamos:
- ¿Quién provoca ese incendio de las cubiertas del camión, para hacerlo aparecer como un acto de terrorismo por parte de los vecinos? Si realmente algún vecino hubiera querido hacer daño hubiera incendiado la cabina del camión y no dos ruedas traseras.
- ¿Porqué el juez ordena con tanta celeridad el allanamiento de 17 viviendas?
- ¿Porqué 11 en La Paz y no todo el barrio? ¿Porqué 6 casas de Tinogasta, que casualmente pertenecen a asambleístas y no otras?
- ¿Quién identifica a las personas cuyos domicilios deben ser allanados? ¿En base a qué información identifica los domicilios a allanar?
¿Quién le da esa información al juez?

Mientras los camiones estuvieron bloqueados, las camionetas de la minera La Alumbrera circulaban por las calles de Tinogasta con personal policial acompañando a los empleados de la minera. Esas camionetas estacionaban frente a la comisaría como si fueran móviles policiales.
En estos momentos, vehículos que no son de la policía realizan seguimientos a los vecinos miembros de asambleas y siguen realizando tareas de inteligencia.
¿No estamos viviendo en "democracia"? ¿No hay una ley nacional que prohíbe expresamente este tipo de tareas de seguimiento y persecución de ciudadanos?
¿Por qué la empresa minera tiene la libertad de intimidar a los vecinos de las asambleas?
¿Quién protege a los ciudadanos frente a este poder de las mineras en complicidad con las autoridades del ejecutivo municipal y provincial, el personal policial y de la justicia?

EXPRESAMOS NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD A LOS COMPAÑEROS PERSEGUIDOS.
ESTAS ACCIONES DE INTIMIDACION POR PARTE DE LAS MINERAS Y LOS GOBIERNOS Y LA JUSTICIA CÓMPLICES SÓLO LOGRAN QUE ESTEMOS MÁS UNIDOS.

EL PUEBLO DEMANDARÁ A LOS TRAIDORES Y ENTREGADORES.
SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS".

Fuente: http://www.noalamina.org  / 27-10-08

El 22 de noviembre de 2006, a más de un mes en que el Congreso sancionó la denominada “ley larga” para crear un régimen de otorgamiento de las nuevas áreas de exploración y explotación, el Senado aprobó la denominada ley “corta” de hidrocarburos. Ésta transfirió a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito. La iniciativa se aprobó por 53 votos contra uno: el socialista Rubén Giustiniani, quien argumentó que “este proyecto es coherente con la ley de privatización de YPF. Y es la continuación de la política neoliberal de los noventa en materia energética”. Por supuesto, César Gioja que -con su hermano Gobernador de San Juan- participa de  la mega minería transnacional pero -a causa de la falsa democracia- es titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, remarcó que “esta ley contiene un alto voltaje político, ya que resuelve con madurez democrática un viejo conflicto entre la Nación y las provincias”.

El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, el 30 de noviembre de 2006, expresa:

"Cuando todos los indicadores nos muestran el fracaso del modelo energético liberal, más se acrecientan las acciones gubernamentales para mantenerlo, a costa de los ingresos de todos los argentinos.

La reciente norma de desgravaciones para la exploración -un premio a los responsables de no haber invertido- la ley de desgravación a las obras en infraestructura, la firma de contratos secretos ubicados dentro de la modalidad de los llamados "de participación" , donde los privados van a desgravar el riesgo minero y mantener un alto porcentual del capital de la UTE que integran con ENARSA, la insuficiencia de las redes troncales de gas natural y energía eléctrica, la situación crítica de la generación de energía, la creciente demanda insatisfecha de gas natural y de combustibles líquidos y, especialmente la alarmante caída de la producción y las reservas de gas natural y petróleo, permiten asegurar que en los próximos años perderemos nuestro abastecimiento logrado a fines de la década de los 80 ’. Volveremos a ser un país importador -mientras podamos hacerlo- y el precio internacional se irá incorporando a nuestra vida económica familiar.
Los problemas energéticos del mundo son tratados por las máximas autoridades de cada país: presidentes o primeros ministros, y secretarios de energía y de defensa . Pensar que este tipo de problemas pueden ser tratados por gobernadores, adquiere niveles de insensatez alarmantes. Nadie ha visto al Gobernador de Texas intervenir en estas cuestiones. Solamente las autoridades nacionales deben ocuparse del tema, tanto de la definición de la política interna como de las relaciones políticas y comerciales con el exterior. Por ejemplo, ¿qué hará el Estado nacional si el Gobernador Sobisch decide, basándose en su propia e inconstitucional Ley Provincial de Hidrocarburos, vender su gas al exterior y no a las demás provincias argentinas?

Cuestiones Constitucionales y Legales
El indisimulado apuro con que el proyecto es tratado en el Congreso Nacional delata la intención de no discutir; de esta forma se evitan considerar otros aspectos constitucionales. En efecto, el proyecto en cuestión está basado en un pacto reciente llamado Acuerdo Federal de Hidrocarburos, suscripto entre las provincias productoras y el Estado Nacional, que no es otra cosa que un acuerdo donde los beneficiarios del esfuerzo de varias generaciones de argentinos se apropian de las riquezas generadas por bienes comunes. Se arrogan además la potestad de crear una Comisión Legislativa Petrolera, de la que se excluye al resto de las provincias. En otras palabras; la materia hidrocarburífera es un tema privativo de los estados productores; ergo, las provincias refinadoras, en especial Buenos Aires y Santa Fe, que no revisten el carácter de productoras, no tienen nada que opinar, al igual que aquéllas que solamente son consumidoras.

Cabe recordar que en los proyectos modificatorios de la Ley N º 17319, preparados por la OFEPHI, se creaba un Ente Federal integrado casi totalmente por los representantes de las productoras, que reglamentaba todo lo referido a la refinación y a la comercialización; por ejemplo, las estaciones de servicios de la Capital Federal debían ajustarse a normas emitidas por las provincias productoras. Así como la igualdad de las provincias está garantizada por el Senado y, supuestamente, la igualdad de los ciudadanos lo está en la Cámara de Diputados; en el tema hidrocarburífero habrá provincias más iguales que otras.

Tendremos emiratos y provincias pobres; en la realidad, desaparecerán las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nos llama la Constitución.

De ser sancionado el proyecto de Ley Corta, y producida legalmente la "retirada" del Estado Nacional de sus tareas de control -que hoy son concurrentes con las de las provincias y que no son ejercidas por ninguno de los dos estamentos- dejará a los ciudadanos de las restantes jurisdicciones sin defensa ante una aplicación de una explotación irracional de los hidrocarburos, que nada tiene que ver con " la utilización racional de los recursos naturales " prevista en el Art. 41 de la CN , ni con la exigencia fijada por ese mismo artículo, de que " las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras ".

Debemos preguntarnos como harán las provincias para auditar a las petroleras, infinitamente más poderosas que ellas; más aún cuando no han sido capaces de controlar ni la producción, ni el venteo, ni la depredación. ¿Cómo controlaran, por ejemplo, la limitación a la acumulación de contratos de exploración y de explotación? No debemos olvidar que los pueblos indígenas verán más dificultada su participación en las gestiones referidas a la explotación de los recursos naturales que los afecten.
 

El tema de las exportaciones no es menor; ¿quién las autorizará? ¿quién determinará si estamos autoabastecidos? Recordemos que actualmente todas las exportaciones resultan violatorias de la CN, por los párrafos del Art. 41 recién copiados y por la obligación establecida en el Preámbulo de "proveer a la defensa nacional". ¿Podrá el PEN suspender las exportaciones o fijar cupos productivos, ya que estos temas son propios de la defensa de la Nación?

La Ley de Hidrocarburos solamente permite exportar excedentes, lógicos en el caso de los combustibles líquidos, pero exige para hacerlo que estemos autoabastecidos. En cualquier país sensato para considerar logrado el autoabastecimiento se estima un horizonte de reservas no menor a los treinta años, límite muy superior a los existentes en Argentina, que además están en caída libre; hoy no estamos autoabastecidos y seguimos exportando, ¿Qué pasará si un nuevo gobierno determina el cese de las ventas externas? Más aún, en el caso del gas natural, el 38 % de los habitantes no accede a sus redes y el bien sustituto, el GLP,- es de precio libre pues no está considerado un servicio público y cuesta un 800 % más; ¿Qué pasará si, por ejemplo, Neuquén decide vender a Chile y no a las provincias del NEA?.

Por más que la legislación menemista lo niegue - mediante decretos desreguladores de 1989, leyes orgánicas de la industria del gas y de la energía eléctrica en cuanto hace a los sectores de producción y generación, ley del GLP- la realidad nos muestra que esas actividades son un servicio público esencial. Sostenía Arturo Illia en su decreto de anulación Nº 744/63, " Que se hace necesario investir a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, directamente vinculados a la satisfacción regular y continua de una necesidad colectiva, del carácter de un servicio público". Arturo Sampay, en el Informe Despacho de la mayoría sobre la Constitución Nacional de 1949 expresaba: " Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social, pues hoy el concepto de servicio público se identifica con todas las actividades productoras de bienes requeridos por el conjunto de la población, cada vez más numerosos gracias al progreso de la técnica.. ".
 

Basta una simple lectura para ver que las manifestaciones del PEN y el contenido del proyecto de Ley Corta son totalmente contrarios a los textos de Illia y Sampay; hoy, la Administración Kirchner deja en manos de gobernadores inescrupulosos la administración del bien más preciado del que disponemos los argentinos. De un mercado oligopólico centralizado, pasaremos a un mercado de similares características, pero federalizado.
En las circunstancias señaladas, no podemos dejar de recordar las palabras que el Gral. e Ingeniero Alonso Baldrich pronunciara en 25 de junio de 1927: "¿ Cómo podría sostenerse, dada la incapacidad técnica y financiera de las provincias, que ellas pudieran explotar esta compleja, difícil grande e importante industria del petróleo? Se verían obligadas a entregarlos a las compañías extranjeras, como ya sucede en el Norte y, entre éstas y la Nación, es cuestión de cordura y patriotismo contratar con la Nación, evitando que, convertido en oro negro, emigre la riqueza que pertenece al país ."

Fuente: http://www.info-moreno.com.ar/  Editorial del Boletín Nº 178

Al año siguiente se aplica la ley corta para entregar el mayor yacimiento de petróleo, el Grupo MORENO declara (23-5-07):

El gobierno de la Provincia del Chubut, con el acuerdo del Gobierno nacional, acaba de prorrogar la concesión que el gobierno de Carlos Menem otorgara en 1997 a la firma británica BP o British Petroleum, del yacimiento de Cerro Dragón.

Con esta decisión se resuelve mantener la entrega petrolera de los años 90, sin consulta de ningún tipo, ni al pueblo de Chubut ni al de la Nación.

Así, a pesar de las declamadas frases, estos gobiernos continúan sosteniendo el modelo de saqueo del subsuelo argentino. En los años 90, cuando reinaba el neoliberalismo y pretendía imponerse como pensamiento único, el gobierno nacional negoció con algunas provincias (especialmente Salta, Santa Cruz y Neuquén) junto a las privatizaciones de las grandes empresas públicas, la entrega de acciones de YPF y el reconocimiento de discutidas regalías, a cambio de la escandalosa reelección de Carlos Menem y la promesa de provincializar el subsuelo.

La historia de las acciones de YPF y el destino del ingreso por su venta no finaliza con el siglo XX, manteniéndose hasta hoy el misterio sobre su origen, la renta financiera obtenida y su actual destino. En cuanto a la promesa de la provincialización, fue cumplida con la reforma constitucional reeleccionista de 1994, pero ésta provincialización no sirve a los intereses provinciales, ya que se continúa en una carrera de prórrogas -con una anticipación por demás llamativa- de las concesiones anteriores y otorgamiento de nuevas concesiones de exploración en las provincias. Esta carrera por prorrogar, autorizar y conceder, muestra la perversidad de esta política que entrega el petróleo a cambio de no se sabe qué ventajas. La historia nos dirá para qué se eliminó a YPF, una de las principales empresas petroleras del mundo, cuya sigla incluso la multinacional extranjera mantiene hoy, por el prestigio histórico que alcanzara, a pesar de las miles de campañas realizadas para desprestigiarla y justificar su destrucción.

El perfeccionamiento de la política se consolidó con la promulgación, en enero de 2007, de la Ley 26.197 -conocida por “Ley Corta”- ante la imposibilidad de reformular integralmente la vigente Ley de Hidrocarburos 17.319. Con la “Ley Corta” se reglamentó la norma constitucional de provincialización.

La prórroga, prácticamente hasta el año 2047, de Cerro Dragón, se hace sospechosamente cuando aún faltan 10 años para completar el período de la concesión, otorgada ya originalmente con diez años de prórroga, lo que ahora el gobierno provincial repite. No se cumple con la Ley de Hidrocarburos, que aún no han podido abrogar, en su exigencia de que, para prorrogar la concesión, se debe haber cumplido con principios de racionalidad en la extracción y con los intereses hidrocarburíferos de la Nación.

¡Cómo se puede prorrogar sin haberse definido tales obligaciones! En este modelo concesional, para dar un nuevo período, se debió haber llamado a licitación.
¿Quién se beneficia con esta entrega? Obviamente no el país, ya que una provincia está entregando 40 años de extracción, lo que hará que, en el período más exigente de la necesidad de petróleo en el mundo, los argentinos recibiremos yacimientos agotados tras una exploración de muchas décadas. Es evidente que únicamente la favorecida será la firma británica, con su socia minoritaria y local, Bridas. Recibirán más de 10 mil millones de pesos por el petróleo extraído.

La provincia, que muestra como un triunfo el aumento –condicionado- de un 3% de la regalía, será la primera perjudicada cuando se agote el petróleo y luego de 40 años una mísera regalía del 15% -que no llegará a los 800 millones de pesos- no haya servido para desarrollar nuevas fuentes de trabajo y producción para la próxima generación de chubutenses y argentinos.

El MORENO ratifica la denuncia de esta entrega que muchas instituciones y personas prestigiosas de Chubut y de todo el país vienen censurando, sin que los gobiernos atinen y se animen a consultar a la población de la Provincia y de la Nación.

Argentina, con estas medidas alejadas de las que se realizan en toda Sudamérica y en gran parte del mundo, puede quedar con el desprestigio de ser el último y único país que intenta mantener el neoliberalismo energético, que nos impide crecer a más altos niveles que el presente, desarrollar nuestra industria y realizar una política distributiva más justa".
Fuente: http://www.4semanas.com.ar/15052007/entregapetrolera.htm/

A fines de septiembre de 2008, otra entrega importante:

"Primera renegociación de Eskenazi. Le extendió ocho contratos hasta 2027

NEUQUÉN.- El gobernador neuquino, Jorge Sapag, anunció ayer que alcanzó un acuerdo con la petrolera YPF para extender concesiones petroleras hasta 2027, lo que reportará a la provincia ingresos adicionales por $ 542,5 millones, según informó la agencia estatal de noticias Télam. El nuevo entendimiento se conoció ayer a través del decreto 1662/08, que da cuenta de la extensión de la concesión de explotación de YPF en ocho áreas hidro
carburíferas de la cuenca neuquina, la más grande de la Argentina. La importancia de este acuerdo no es menor si se tiene en cuenta que fue la primera renegociación exitosa de un contrato de concesión que la petrolera cierra luego del ingreso en su capital accionario del Grupo Petersen, que lidera el banquero Enrique Eskenazi, cuyo hijo, Sebastián, es el principal ejecutivo de YPF. "La política de renegociación de los contratos petroleros se encuadra en un marco constitucional, en un cuerpo legal e institucional y en el Código de Minería que avalan el actual dominio y administración del recurso hidrocarburífero", aseguró Sapag. El gobernador recordó que la denominada ley corta de hidrocarburos ratifica la potestad de las provincias sobre los yacimientos. Así, son los gobiernos provinciales los que renegocian los contratos de concesión. Sapag dijo que "este nuevo marco legal otorga a los gobiernos provinciales la autoridad de aplicación y, en ese sentido, el Estado provincial puede controlar, supervisar, vigilar, sancionar, caducar, multar y verificar los cumplimientos de exploración, explotación, medio ambiente y extensión de plazos". El mandatario provincial precisó que "el 80 por ciento de la economía de la provincia está relacionada con la actividad hidrocarburífera, un panorama que requiere de manera urgente conseguir recursos para diversificar la economía y buscar en las energías alternativas nuevas fuentes de ingresos". Más ingresos. Este primer acuerdo permitirá a la provincia obtener ingresos extraordinarios por $ 542,5 millones por la renegociación de ocho áreas, excluyendo el yacimiento Loma de la Lata, cuyo contrato había sido prorrogado por 25 años en 2000.

Las regalías que percibirá la provincia aumentarán del 12 al 15% de lo producido en una etapa inicial y ascenderán al 18% si cambian los precios en el mercado interno. Los fondos serán destinados por la provincia a obras de infraestructura, equipamiento y recursos coparticipables para los municipios. El mandatario neuquino adelantó que mañana elevará el proyecto de renegociación a la Legislatura de la provincia para su tratamiento y señaló que "será el modelo por seguir con las otras empresas, con las cuales se está en conversaciones"".
Fuente: http://www.oceba.gba.gov.ar/prensa/modules.php?name=News&file=article&sid=17109 / 24/09/2008
 

Ideología

Veamos hasta qué perversión de funcionamiento político, social y cultural nos conducen los poderes establecidos para propulsar el capitalismo, hoy, de tal concentración y centralización económica-territorial que echa a un número creciente de familias y personas hacia el conurbano bonaerense donde ellas levantan asentamientos desprovistos de todos los derechos humanos y asediados por razzias, ocupaciones policiales,  gatillo fácil y encarcelamiento bajo estado de excepción. Como esto no basta para meterles terror. Van por los menores que no se alisten como futuros gendarmes.

Pero, además, quieren modelar un consenso amplio acerca de que los niños despojados de todo derecho son quienes hacen zozobrar la vida 'normal' de las poblaciones. Lo cierto sobre la inseguridad de vida y futuro reside en que el 60% de los niños son pobres y 25 mueren cada día.

Y que los sostenedores del capitalismo o del sistema que tortura de ese modo a niños, se esmeran en que nos apartemos de rebelarnos e indignarnos contra tan monstruoso 'orden' social y rechacemos los "sucios, feos y malos" según nos acostumbraron a etiquetar.

Hoy:

La Agencia de Noticias Pelota de Trapo difunde el comunicado de prensa que firman Alberto Morlachetti y Adolfo “Fito” Aguirre respectivamente Coordinador Nacional del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y Coordinador Provincial del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia:

"Por amor a nuestros niños. No a la baja de edad de imputabilidad

Los accionistas de los niños descalzos piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran esos pequeños hambrientos de miradas oscuras que piden un poco de amor aunque sea de segunda mano.

Los destinatarios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, nacida para proteger alimentar acariciar al cachorro humano recorren las calles tirando de sus carritos cargados con los despojos de una felicidad ajena y descartable.

Los hacedores de leyes duras y penas de acero no salieron en otros momentos a alentar rebeliones, cuando el menemismo saqueaba nuestro país con privatizaciones impuras mientras amontonaba pobres a la intemperie.

Hoy el 60 por ciento de los pibes son pobres. Mientras el hambre -asesino serial- anda suelta por las calles matando 25 niños por día en un sistema patrocinado por el odio, que se empeña en enfatizar la “inutilidad” social de los excluidos, intentando bajar la edad de punición, para someterlos a drásticos procesos de encierro, para que no prediquen el evangelio de su disidencia, ni siquiera en el gráfico y terrible lenguaje de las paredes de un calabozo.

Quieren que la vida no valga nada. Una semilla de mijo en un granero. Pero que vayan sabiendo que la dignidad no se mide por el tamaño de los patrimonios, sino por aquellos benditos esperanzados que caminan a través de los siglos detrás de la utopía".

http://www.pelotadetrapo.org.ar
 

"Prólogo a Nota: Ante el supuesto crecimiento de la inseguridad en territorio bonaerense el gobernador Daniel Scioli manifestaba ayer en conferencia de prensa, que para frenar el delito hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores a 12 años.
Tema controvertido que enfrenta a cientistas sociales desde hace muchos años. Scioli advirtió que en territorio bonaerense viven unos 400.000 menores de edad «sin trabajo y sin estudio». Sin duda estos pibes constituyen el objeto privilegiado de la punición y señalamiento social".

Alberto Morlachetti (Agencia de Noticias Pelota de Trapo) continúa diciendo que "la nota publicada el 7 de abril del 2004 conserva plena vigencia:

Algunos periodistas de mala fama construyen opinión pública en busca de consensos para reprimir a los niños. Rossana Reguillo escribe que los signos son preocupantes. En la vida cotidiana, en los discursos políticos y periodísticos, va cobrando fuerza ese discurso autoritario, duro, de limpieza social, que amenaza con ganar adeptos porque ofrece la cómoda certidumbre de que la única salvación consiste en el exterminio de todos aquellos elementos que amenazan y perturban el simulacro de la vida colectiva que se mantiene a fuerza de murmullos y suspiros entrecortados para no despertar al demonio. Pero si bien no creo que estemos en el infierno, vivimos su anticipo.

García Márquez se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio.

En eso andan los medios de comunicación, con letra de imprenta o imagen de 4 tintas. Las semillas de las palabras caen en la tierra de los condenados y la cubren con una vegetación delirante.

Radio 10, a través de su mentor, el "periodista" Daniel Hadad, se destaca en la Cruzada contra los niños "infieles", alentando a tomar por asalto las calles contaminadas de pibes de malabares para que puedan los "buenos peregrinos" derramar toda esa gracia inocente en el "Santo Sepulcro" de los supermercados.

Un cronista policial en TV habló de ladrones de "pantalón corto": de la maldad de los niños pobres, que no tienen códigos como los tenían los ladrones de ayer, expresaba con cierta nostalgia. Carlos Ruckauf -con su vocación intacta de mano dura- manifestó a Página/12 que "los jueces alientan a los asesinos".

Se ha transformado a los grandes medios de comunicación en la sede de una estrategia temporal de represión y menoscabo de la vida de los pobres. Somos consumidores del espectáculo siempre "deleitoso" de la miseria, de la tragedia y del espectáculo "conmovedor" de los esfuerzos de los que la provocan, para luego erradicarla, y ponen en el cielo un grito desgarrador: hay que bajar la edad de imputabilidad disparando a las víctimas.

Fue aquí -decía Camus- "donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa".

¿A qué edad imputamos a un menor? ¿A los 14 años? Parece no ser suficiente. ¿Quizás a los 12? ¿Hay discernimiento en esas edades? ¿Sabe un niño diferenciar lo bueno de lo que no lo es? ¿Lo prohibido de lo permitido? Manuel Ossorio, hombre de prestigio del Derecho, dice que "quien obra sin discernimiento absoluto no puede darse cuenta del alcance, del valor ni de las consecuencias de las acciones que realiza". El discernimiento puede estar disminuido por varias causas, las anímicas, el miedo, la ofuscación.

¿No está mutilado un niño que sufre hambre, abandono, que ha sido violentado, que vive a la intemperie? ¿No está afectado el niño que no tiene los insumos básicos de la crianza humana: la familia, la ternura, el abrigo, el pan?

Es entonces que dentro del ámbito del Derecho Penal los niños, afectados por la ausencia de derechos que nunca le otorgaron, no pueden discernir plenamente la índole delictiva del acto que realizan, porque no pueden diferenciar entre el bien y el mal.

Invocar discernimiento precoz es condición, pero no suficiente. Entonces, invocan las figuras más nefastas del oscurantismo penal, nos recuerdan la concepción positivista del "delincuente natural", las genéticas irreparables de nuestros niños pobres.

En La pena de muerte de Albert Camus y Arthur Koestler, este último escribe que en Gran Bretaña los niños de menos de siete años no eran pasibles de la pena de muerte. Sin embargo, entre los siete y los catorce años podían ser ahorcados si había contra ellos "una prueba evidente de perversidad". La perversidad producía la "mayoría de edad penal". Así, en 1801, Andrew Brenning, un niño de trece años, fue ahorcado en público por introducirse en una casa, forzando la entrada, y robar una cuchara. En 1833 un niño de nueve años fue condenado a la horca por haber robado, a través de una vidriera rota, unas tizas de colores.

Los medios de comunicación van contra la familia y le imputan engendrar más hijos de los que la pobreza le permite, de haber transformado la crianza humana en algo lábil, cuando procede el tiempo de los azotes, de utilizar a sus hijos, de convertirlos en pesadillas humanas. Y van contra la escuela pública por no haber puesto sus técnicas de dominación para someterlos. Esto ocurre en abril de este año. Pero es una historia que ya nos contaron los libros o nuestros abuelos con sus tertulias, esa memoria carnal que se transmite a través de las ternuras.

Cuando la inmigración en Argentina fue objeto del menosprecio social, a fines del siglo XIX y principios del XX, en realidad, lo que se buscaba era eliminar a los no asimilables, los hombres y mujeres que luchaban por sus derechos. Meléndez, en el año 1900, encontraba en la herencia una de las causas de la delincuencia de menores, principalmente en las colectividades italiana y francesa. Luis Agote, diputado por el Partido Conservador, decía el 27 de agosto de 1919 en la Cámara de Diputados: "Tengo en mi banca varias sentencias de jueces condenando por reincidentes a chicos de 10, 11, y 12 años de edad. Si se buscan los antecedentes de estos pequeños criminales, se encuentra que son lustrabotas, vendedores de diarios o mensajeros".

Hoy como ayer se oculta, se niega, se vela las causas que producen el maltrato y el abandono.
Se trata como un fenómeno individual lo que es un producto social, y se le adjudica a la familia humilde una responsabilidad que es colectiva. La mayoría de los medios informativos no derrama una sola palabra, una sola imagen sobre el capitalismo que omite generar "condición humana".

En el espacio no euclidiano del nuevo milenio, una curvatura maléfica desvía invenciblemente todas las trayectorias. Es el fin de la linealidad, del progreso. En esta perspectiva, el futuro ya no existe, como lo expresa Jean Baudrillard.

Para todos los niños tiene la muerte una mirada, explotados directa o indirectamente por el sistema -son hoy como ayer- la expresión más elocuente de un continente de violencia y de explotación de la vida humana. El hambre que mata niños cada día, sin ese poco de pan que era obligado, sin la ayuda de aquellos que debieron cantarles".

Fuente: www.argenpress.info  /24-10-08

Pero:

La Asamblea Permanente Por los Derechos de los Pibes, en comunicado de prensa, señala :

"El día de ayer, más de 30 organizaciones políticas, culturales, de derechos humanos, estudiantiles, gremiales, profesionales y trabajadores de Infancia de la Municipalidad y de la Provincia de Buenos Aires nos reunimos en la Facultad de Derecho a debatir y plantear propuestas de cara a la situación de vulnerabilidad y abandono de la Niñez y la Adolescencia por parte del Estado, y buscar acuerdos para exigirle al gobierno nacional, provincial y municipal el pleno funcionamiento, el fin de la represión a los niños y adolescentes, basta de criminalización de la pobreza, y la completa aplicabilidad de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

En el marco de este encuentro se decidió acompañar a la organización Autoconvocados por los Derechos de los Pibes en la primera audiencia pública, a realizarse el día viernes 24 de octubre a las 10hs, en el Tribunal Ubicado en las calles 10 e/49 y 50,en el marco del recurso de amparo presentado a favor de los chicos en situación de calle, donde las autoridades provinciales deberán dar explicaciones de las políticas sociales que están llevando adelante respecto a la problemática de la niñez en situación de calle.

El próximo viernes (31/10) se realizará en la ciudad de La Plata una "Marcha por la seguridad de todos los pibes", porque "inseguridad es morir de hambre y no tener futuro", según indica la convocatoria impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. La movilización, que comenzará a las 17 horas en la Plaza Moreno, reclama la inmediata y efectiva implementación de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. Asimismo, la convocatoria cuestiona la criminalización de la pobreza efectuada desde el Estado y algunos de los principales medios de comunicación, y rechaza la iniciativa del gobernador bonaerense de bajar la edad de imputabilidad, anunciada en los últimos días.

"Ningún pibe nace chorro. Ellos son las víctimas. Exigimos que el Estado no los abandone", expresa con claridad una de las consignas de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez". Fuente: www.anred.org /  31-10-08

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en su artículo Nada que envidiar a Blumberg, afirma: "el mismo kirchnerismo, a través de algunos de sus gobernadores, intendentes y diputados, son los que hacen campaña con medidas reaccionarias como proponer que los chicos de 12, 13 ó 14 años sean tratados como "adultos" en caso de que cometan delitos.

Nos mienten -y, desgraciadamente, muchos se lo creen- cuando nos dicen que un menor de edad que comete un delito es impune.
Como si los institutos de menores estuvieran vacíos y buscando inquilinos. Como si los procesos "tutelares", que sólo tutelan los intereses de los ricos, dieran alguna salida humanitaria a la cruda situación de tanto pibe en la calle, sin familia, sin escuela, sin juegos, sin futuro. Como si los jueces y asesores de menores fueran otra cosa que administradores de cárceles, eufemísticamente llamadas "institutos".

El menor de edad sometido a un proceso penal tiene menos garantías que un adulto, sea cual fuere el delito cometido. Si tiene menos de 16 años, no será formalmente condenado, pero quizás pasará más tiempo encerrado que cualquier adulto en su situación. Seguro, más que cualquier policía torturador o fusilador.

Nos mienten cuando escriben de "la problemática de los menores". Digan la verdad, es la "problemática de los menores pobres", porque a los ricos, aunque le saquen el arma al papá gendarme y fusilen a sus compañeritos de escuela, les espera la mejor defensa que el dinero pueda pagar, y, en el peor de los casos, una internación en una institución privada que no se diferencia mucho del country o la quinta del fin de semana.

Cuando hacen falta grandes titulares en los diarios que avalen la represión, siempre están a mano los pibes pobres, esos que los policías explotan como mano de obra barata, y que, si desobedecen son carne de gatillo. Nada que envidiar a Blumberg". Fuente: http://www.correpi.lahaine.org

A. En vez de respetar el derecho constitucional a una vivienda digna, se los desaloja con fuerzas de seguridad

Carlos del Frade, en "Democracia y diccionario", advierte:

"La Argentina cumple un cuarto de siglo de democracia ininterrumpida.
Un hecho inédito en su atribulado recorrido histórico.

Veinticinco años de caminar sobre una bella palabra que remite al poder popular, a la igualdad de posibilidades, a la justicia social, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a todo aquello que hace a la vida del ser humano en relación con los demás.
Pero la palabra, como diría aquel desgarbado y notable escritor que nació en estos arrabales del mundo, Julio Cortázar, ha sido violada, vaciada de contenido. Y no por culpa de su repetición y uso, sino por la escasa correspondencia entre realidad material y significado.

La democracia de diccionario poco tiene que ver con la vida de las mayorías argentinas, a pesar del primer cuarto de siglo de práctica continua de algo parecido.

Por eso cuando los grandes medios de comunicación que siguen funcionando con una ley impuesta por los proveedores de la muerte que impusieron el terrorismo de estado, es necesario pensar en aquello que se avanzó y lo que no fue superado en este tramo de la evolución del pueblo.

Una pregunta clave es saber cuánta separación existe entre aquella noche carnívora caracterizada por la permanente represión y estos días del presente.

Las respuestas, entonces, no hay que buscarlas en el diccionario ni en los ensayos filosóficos y sociológicos, sino en las postales que sintetizan la realidad concreta de la existencia colectiva de los argentinos.

La noticia viene de los barrios porteños de Almagro y Palermo, emblemáticos territorios vinculados a las mejores historias de una ciudad que alguna vez soñó con ser Europa. La Policía Federal “desalojó violentamente a un grupo de personas de una casa tomada ubicada en la calle Acuña de Figueroa y Córdoba. Desde el interior de la casa intentaron resistir con piedras y palos el operativo, mientras que la Infantería disparó balazos de goma”, rezan las crónicas.

Las notas agregan que “desde el interior del inmueble se escuchaban los gritos de los habitantes que se resistían a dejar el lugar. Ante el ingreso de los efectivos, la gente se enfrentó a los uniformados. La vivienda es un hotel en donde viven entre treinta y cuarenta familias pero la propiedad fue vendida, por lo que debía ser desalojada. Mujeres con niños salían desesperadas ante la tensión que se vivía en el lugar”, remarcan las fuentes.

Una descripción que bien puede ser una pintura de Vanzo o un fragmento de “Tiempos Modernos”, del genial Carlitos Chaplin.

“Mujeres con niños salían desesperadas ante la tensión que se vivía en el lugar”, marca el escrito periodístico.

A un cuarto de siglo de funcionamiento de la democracia argentina, las madres que intentan defender la precaria vivienda que ocupan en el corazón de renombrados barrios porteños, deben abrazar a sus criaturas para que los palos y las balas de goma no les hagan mal.

Una exacta referencia que demuestra que, a pesar del tiempo transitado, la democracia en estos arrabales cósmicos sigue siendo una lejanísima expresión de un diccionario que todavía no se conjuga en la vida concreta de las mayorías".
Datos: Diarios Crónica y Crítica 24-10-08

Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.ar/30/10/08
 

B. En vez de posibilitar condiciones dignas de vida y trabajo a los pobres, se los encarcela y tortura

La Agencia EFE informa:

"Buenos Aires.-  Las personas alojadas en cárceles, comisarías y psiquiátricos de Argentina reciben en forma "cotidiana" torturas y malos tratos, advierte un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) divulgado hoy.

Según cifras oficiales de 2006, en las 39 cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra más de la mitad de los presos del país, hay unos 25.200 reclusos, muchos de los cuales están encausados sin sentencia firme.

"A pesar de las reiteradas denuncias de organizaciones locales -estatales y no estatales- las torturas y malos tratos siguen constituyendo un problema extendido y generalizado en nuestro país", indica un anticipo del estudio sobre los Derechos Humanos en Argentina 2007, difundido este domingo por el diario Clarín.

El documento, que será presentado en mayo próximo, asegura que "este tipo de prácticas están presentes en el trato cotidiano que reciben personas alojadas en cárceles, comisarías y psiquiátricos".

El Centro hace referencia a denuncias de detenidos y familiares de presos, que alertan sobre la aplicación de descargas eléctricas y golpes en las dependencias policiales.

Sin embargo, señala que "al no existir un registro que reúna información documentada en forma metódica sobre casos de torturas y tratos degradantes en todo el país, resulta dificultoso establecer con precisión su dimensión cuantitativa".

"Esta situación impide la posibilidad de desarrollar políticas efectivas para erradicar la tortura y los malos tratos. La falta de información sistemática y confiable generó reclamos de Naciones Unidas al Gobierno argentino en 1997 y 2004", puntualiza el informe.

El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una organización no gubernamental, aseguró que durante el primer cuatrimestre del 2007 se produjeron 2.057 hechos con lesiones o muertes en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.

A tono, en una reciente encuesta de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 60 por ciento de los presos consultados aseguró haber sido golpeado y más de la mitad de ellos terminaron "con lesiones físicas".

El hacinamiento, el déficit de infraestructura y el maltrato han sido denunciados por distintos organismos humanitarios como los principales problemas que sufre la población carcelaria del país".

Fuente: http://www.soitu.es/soitu/2008/03/23/info/1206284991_095141.html

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La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) recuerda:

"El pasado 15 de octubre se cumplieron tres años de la Masacre de Magdalena. Ese día, 33 jóvenes, entre 20 y 30 años, fueron asesinados en la Unidad Penal Nº 28 de esa localidad. Tras un incendio generado en el pabellón Nº 16, el Servicio Penitenciario trabó las puertas y reprimió a los presos alojados en pabellones vecinos que intentaban salvar la vida de sus compañeros. Los extintores se encontraban vacíos y el motor de la boca de incendio desconectado.

Aunque lo quieran adjudicar a falta de presupuesto, errores humanos, falta de formación de los penitenciarios, o maldad congénita de uno o dos uniformados, los sucesivos hechos confirman que la muerte de pobres es una efectiva y sistemática política de estado ejecutada en penales superpoblados. Sólo los casos más recientes son los 14 internos muertos en el penal de Coronda en 2005, o los 39 muertos en la Unidad 1 de Santiago del Estero en noviembre de 2007, en circunstancias similares a las de Magdalena.

Las muertes en cárceles ocupan un lugar importante entre los casi 2.500 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983. Jueces y fiscales hacen su parte de la tarea, dedicándose a amparar a los autores de estos hechos. En octubre de 2006, a pocos días de cumplirse un año de la Masacre de Magdalena, el juez de Garantías Nº 1 de La Plata, Federico Atencio, a pedido de los fiscales Sergio Delucis y Ma. Laura D' Gregorio, dispuso la detención de 15 penitenciarios. Dos semanas después, la Sala II de la Cámara, a cargo de Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Ma. Elia Riusech, los eximió de prisión porque "hay demasiados implicados en esta causa como para que sólo ellos tengan prisión preventiva".

Los 15 integrantes del SPB, procesados por abandono de persona calificado, homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público, están excarcelados. Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, estos hechos son crímenes de estado, además de graves ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos, pese a ello, están en sus casas.

Treinta de los asesinados, igual que el 70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, no estaban condenados.
La presunción de inocencia no se aplica cuando el acusado es pobre, y es detenido "preventivamente". No sucede los mismo con los integrantes de las fuerzas de seguridad que asesinan con la tortura o el gatillo fácil. Como el primer delito es ser pobre, las cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como desechos humanos, en las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa, sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud, lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus carceleros con el aval y la promoción por parte del poder ejecutivo y el judicial.

Camino al juicio oral, la investigación sobre la Masacre de Magdalena no ha avanzado en determinar las responsabilidades políticas por las 33 muertes. Ni Felipe Solá, ni el ex ministro de justicia Di Rocco han sido procesados por estas muertes. Mucho menos el jefe del SPB, Fernando Díaz, que hoy sigue en funciones poniendo placas con los nombres de los muertos en la Masacre, reclamando más presupuesto y propagandizando la "formación en derechos humanos" para que sus agentes sigan torturando y matando, mientras recitan el Pacto de San José de Costa Rica.

Ni tragedia, ni deuda de la democracia, ni defectos del sistema que aún no se han podido corregir: el encierro, hacinamiento, las torturas y el asesinato de pobres es la política de "derechos humanos" que implementa el gobierno de turno y que su brazo armado ejecuta cotidianamente en las cárceles, en los barrios, en las comisarías".
Fuente: www.argenpress.info /23-10-08

Premisas e hipótesis

El tan aplaudido crecimiento económico implica un modo de producción que perpetúa el sometimiento a empobrecer y arruinar tanto el presente como el futuro de las grandes mayorías a favor del capitalismo e imperialismo.
 

Ahora, el gobierno K nos despoja de fondos públicos y subsidia directa e indirectamente a las transnacionales y sus socios locales cuando:

Recordemos que el gobernador neuquino, Jorge Sapag cuando anunció el acuerdo con la petrolera Repsol-YPF para extender concesiones petroleras hasta 2027, justificó esa entrega (de extremo menosprecio por los de abajo) con el hecho de que reportará a la provincia ingresos adicionales por $ 542,5 millones y que esos fondos serán destinados por la provincia a obras de infraestructura, equipamiento y recursos co-participables para los municipios.

Veamos parte de la realidad mayoritaria de Neuquén.

A. Problemas básicos a la dignidad de vida

Jimena Pollet (Agencia Periodística del Mercosur/ APM) comunica:

"La falta de soluciones habitacionales en la ciudad capital de la provincia de Neuquén se convirtió en un serio problema social. Las causas están relacionadas con el crecimiento poblacional, el alto costo de la tierra y la casi nula acción de los gobiernos.

Los problemas habitacionales que sufre esta ciudad argentina son diversos. La dimensión del problema es tal que se ha perdido la cuenta de la cantidad de personas que necesitan una vivienda. Los datos oficiales son aproximados y desactualizados. Desde la subsecretaría municipal de Vivienda, a cargo del Arq. Carlos Di Camilo, se caracterizó la demanda a partir de una encuesta hogareña, realizada hace un año, que obtuvo cifras alarmantes: existen 15.000 familias sin hogar propio, de las cuales 7500 viven en condiciones de hacinamiento o la relación entre salario y alquiler no cierra.

Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros Públicos, Guillermo Reybet, declaró que el déficit actual es de 20.000 viviendas lo que genera una problemática importante en cuanto a los valores locativos; “al no haber disponibilidad suben los valores locativos y de la propiedad”, explicó.

Esos datos toman mayor gravedad al considerar la existencia de más de 70 tomas o asentamientos ilegales, por un total de 4800 familias que viven en condiciones infrahumanas. A ello se le agrega el crecimiento imparable de la ciudad por la existencia de una población propia muy joven y la llegada de cinco familias (diarias) de otras provincias o países vecinos en busca de oportunidades.

Las soluciones llegan a cuentagotas. En el mes de agosto, el actual intendente Martín Farizano, se comprometió con los habitantes de tres tomas del Oeste de la ciudad de Neuquén a regularizar su situación antes del 30 de septiembre de este año, lo cual se ha concretado a medias. Además, anunció la entrega de 185 viviendas en los próximos meses y que el Estado nacional incluiría a Neuquén en un programa a cuatro años de regularización de villas, mejoramiento habitacionales y construcción de nuevas casas.

Los anuncios pierden importancia ante la magnitud del problema y su crecimiento diario. En los últimos dos meses el número de tomas en Neuquén creció un 10 por ciento. Muchos de quienes optan por esa alternativa se jactan de ser la tercera generación de “tomadores”. Asimismo, de 48 barrios que tiene Neuquén en la actualidad, 14 nacieron como asentamientos ilegales.

El proceso de ocupación de tierras fiscales comenzó en la década del `70 y con el tiempo se consolidaron como barrios, y la “toma de terrenos” como parte de la cultura de un pueblo.

 Según un análisis realizado, en función del crecimiento poblacional de Neuquén se precisaría la construcción de 3000 viviendas por año para que el déficit no crezca y evitar asentamientos masivos. Pese a ello, los planes que se desarrollan son de 300 ó 400 viviendas y llevan más de un año en completarse, para entonces el déficit se duplicó.

Por su parte, la concejal Alejandra Barragán (UNE) acusó al gobierno provincial de inacción. Los archivos dicen que hace 15 años que Provincia no lanza la construcción de un plan de viviendas y, cuando lo hizo, las obras quedaron inconclusas. “No vemos en el presupuesto provincial una estrategia para abordar el tema, sabemos que el Estado se retiró de todas las obligaciones y no está presente siquiera en una futura planificación. Sólo habla de los recursos que Nación destinará a las provincias y no queremos estar a la espera de las migajas que se puedan conseguir a través de acuerdos”, denunció Barragán.

Oportunamente, esta semana Neuquén se sumó al Plan Nacional “Casa Propia” que tiene como objetivo acercar al crédito hipotecario a aquellas personas que no califican para acceder a préstamos bancarios y a su vez exceden las condiciones para obtener una vivienda social. Chubut, La Rioja y Tucumán son las otras tres provincias beneficiarias. En una primera etapa, se construirán 100 viviendas de un total de 8.500 que contempla el programa federal para Neuquén. En contraposición, el municipio capitalino registra: 5000 inscriptos para obtener tierras; 6200 viviendas deficitarias críticas, de las que 2700 son ranchos.

Es dato sienta otra característica de la ciudad. La composición social ligada a los altos valores inmobiliarios, hace que se pueda contar a más del 80 por ciento de la sociedad neuquina como excluidos del acceso a la vivienda y a más del 50 por ciento de la población de las tomas como asalariados (empleados de comercio, de la construcción, docentes, policías). Cifra que crece cada día ya que los sectores medios encuentran cada vez más dificultades para soportar un alquiler.

En el primer semestre de 2008 los alquileres subieron un 20 por ciento. Actualmente, el valor de un departamento de un ambiente promedia los 1200 pesos por mes, mientras que una casa de dos o más habitaciones, entre 1800 y 2000.

La falta de viviendas en la ciudad de Neuquén colaboró inconscientemente con el desarrollo de localidades vecinas como Cipolletti (Río Negro), Plottier y Centenario (en menor medida). Sin embargo, éstas también sufren las consecuencias y comienzan a expandirse hacia otras ciudades rionegrinas como Fernández Oro y Allen.

Actividades como la petrolera y la de servicios influyen fuertemente en el valor de los inmuebles y de los alquileres, sobre todo en los sectores de altos ingresos. Las empresas buscan lugares amplios y en barrios cerrados de buen nivel. La diferencia está dada en que quien trabaja en la actividad petrolera tiene un ingreso superior al de la media y puede pagar valores locativos altos y prioriza zonas residenciales de altos niveles provocando un reacomodamiento de la oferta.

Los 1100 dólares promedio que vale el metro cuadrado de construcción y la falta de terreno para edificar, hace casi titánica la tarea de tener el hogar propio. A pesar de ello, en Neuquén hay una inversión importante en construcción pero mayormente destinada a altos ingresos teniendo una gran incidencia el valor de la tierra en el área elegida. Es así que los malos augurios son para los emprendedores de ingresos medios, porque el valor de la vivienda va a seguir subiendo debido al aumento de costos de la construcción". Fuente http://www.prensamercosur.com.ar /17-10-08 y www.rebelion.org /Argentina/ 21-10-08

B. Respuesta gubernamental y estatal

En la provincia de Neuquén, el 4 de abril de 2007, se fusiló al profesor Carlos Fuentealba cuando la movilización docente por dignidad de salario y condiciones laborales se replegaba ante el descomunal despliegue represivo. El gobernador Jorge Sobisch se vanaglorió de ese hecho aberrante y resultó impune.

Hace poco, la Agencia de Noticias Red Acción relató:"Más de 80 familias fueron desalojadas por la policía neuquina. Los vecinos del barrio Confluencia que quieren ingresar al predio están siendo ferozmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Varios son los heridos y más de 25, los detenidos.

Las fuerzas policiales UESPO arrancaron el operativo las 23 horas del día de ayer. Una vez cercado el predio, comenzaron los disparos de gases lacrimógenos y balas de goma. A medida que fueron ganado terreno, arrasaron con fuego incendiando casillas, autos y hasta los animales que se encontraban en el lugar.

El violento desalojo sorprendió a los/las vecinos/as ya que en la última semana se había firmado un convenio con el Subsecretario de Tierras y Vivienda del Municipio, Carlos Di Camilo. Municipio, en el que se les garantizaba la estadía sin represión ni desalojo en el lugar.

La violenta represión esta dejando varios/as vecinos/as heridos/as y otro monto de detenidos/as que fueron secuestrados/as en la dependencia de la UESPO. "Esta situación implica un grave atentado a los Derechos Humanos de las víctimas" precisó Maria Elena, miembro de la Asociación Zainuco , quien hasta estas horas se encuentra en el lugar tratando de precisar los nombres y números de detenidos.

A las 04.30 de esta madrugada, organizaciones sociales, sindicatos y la diputada provincial Paula Sánchez junto delegados y delegadas de las/los vecinos/as afectados/as mantuvieron una reunión con el Comisario Daniel Mellado a cargo del operativo. Ante la solicitud de retiro de las fuerzas policiales, el cese de la represión y la liberación de los presos, el comisario aseguró que tienen orden de no detener el operativo hasta no garantizar el desalojo absoluto del predio". Fuente: www.anred.org /15-10-08

Recordemos que los monocultivos para la exportación (fundamentalmente la soja transgénica), la mega minería a cielo abierto, las mega represas e hidrovías, la superexplotación hidrocarburífera y marina, la quiebra de las pymes rurales y urbanas y el boom inmobiliario: resultan en desposeimiento, privación de todos los derechos humanos y coacción a desarraigarse para un número creciente de familias y personas.  Comprobemos cómo se consolida esta injusticia social mediante:

A. Continuidad del esquema de corrupción, clientelismo, pobreza, promesas y consolidación del sistema

Carlos del Frade (APe), en "Larga vida a la década infame", rememora:
"El 6 de septiembre de 1930 fue la fecha de nacimiento de la llamada década infame. Fue el golpe contra el segundo gobierno de Hipólito Irigoyen y aunque tuvo una impronta vinculada a los negocios de las grandes petroleras que no querían la profundización del proyecto de YPF, también comenzó una práctica política de miseria, clientelismo y promesa permanente.

Nacieron las villas miserias y el tango discepoliano y las aguafuertes de Roberto Arlt denunciaban aquella mezcla de anuncios de futuros mejores y mantenimiento del privilegio de unos pocos a costillas de vastos sectores populares que eran hundidos en el hambre y la desesperación.

Eran los días del conservadurismo en el Gran Buenos Aires, sumado a la mano dura de las mafias vernáculas.

Doble moral que decía tener un compromiso con los más altos valores de la nación, por un lado, mientras las clases dominantes afianzaban sus métodos de corrupción y compra de voluntades a bajo costo.

Doble moral, doble discurso.

Más pobreza para muchos, más riquezas para unos pocos.

Y el esquema seguía su curso gracias al devastador efecto de la promesa: aquello que promete un horizonte distinto al mismo tiempo que obtura la pelea en el presente, la aplaza, a través de dádivas que vienen desde distintos sectores del poder.

Aquella década del treinta, aquellos años de la década infame no desaparecieron en la evolución social y política de la Argentina.

Hubo permanentes reciclajes de esta forma de ingeniería política y social que llegan a estos atribulados tiempos del tercer milenio.

Corrupción, clientelismo, pobreza, promesas y consolidación del sistema. He allí la matriz conceptual de la siempre viva década infame.

Procedimientos cotidianos que muestran su vitalidad en distintos puntos de la geografía argentina.

Una reciente investigación periodística da cuenta de esta clave histórica: en el primer año de gobierno de la doctora Cristina Fernández, el hambre creció en un 30 por ciento en la región del conurbano bonaerense, al mismo tiempo que reapareció “el clientelismo K”, sostienen los diarios.

Confirmación de aquella matriz inaugurada como método serial a principios de los años treinta.

Para la organización Red Solidaria ya hay medio millón de nuevos pobres en la zona que, según todos los analistas, definen las elecciones presidenciales en el país de los argentinos.

El dato no debe generar sorpresa, sino conciencia sobre cómo construyen poder los sectores dominantes en la Argentina.

No se trata de un viaje en el tiempo, sino la lógica de un sistema que sabe reproducirse más allá de cambios formales.

La década del treinta sigue viva en la Argentina.

Y el verdadero rostro de la infamia está en sus consecuencias, medio millón de nuevos pobres en aquéllos que siguieron la mecánica de la promesa y el clientelismo".

Datos: Diario Perfil 26-10-08
Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.ar/6-11-08

B. Continuidad del mecanismo de condena de los excluidos como enemigos públicos

Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires gracias a Néstor Kirchner, rotula: "Las villas son como aguantaderos, lugares de alta peligrosidad porque salen a robar y vuelven".

Luciana Bercovich de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contesta:

• "Scioli habla del problema de la inseguridad y la verdad es que quienes más sufren esta inseguridad son los habitantes de las villas, porque allí hay una total ausencia del Estado".

• "Los funcionarios responsables de implementar políticas de Estado son los responsables de la seguridad. Tienen que hacer su trabajo en lugar de mostrar un discurso tan estigmatizante. A las villas hay que urbanizarlas e integrarlas".

El sociólogo Alberto Morlachetti, Coordinador Nacional del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, también se indignó ante las declaraciones de Scioli, subrayó: "Las personas realmente peligrosas para este país no viven en la villa. Hoy el paco es un problema muy grave, pero los chicos que lo consumen no lo fabrican y los que se lo ponen en la mano tampoco son de la villa".

Agregó: "A las villas van a parar las personas que migran, que no tienen vivienda y están forzadas a estar en lugares no habitables. (...) No es cuestión de abrir calles. Que abran todas las que quieran, pero la verdadera cuestión es que la gente no tendría que estar allí porque toda persona tiene derecho a una vivienda digna".

Desde Red Solidaria, Juan Carr aportó otro enfoque: "Yo conozco la Argentina y puedo asegurar que la proporción de honestos y deshonestos es homogénea. La mayoría es gente honesta y hay unos pocos que no, pero que se mueven más que los honestos. Y esto pasa tanto en la villa como en el country". Fuente: Clarín/ 9-11-08

C. Continuidad de la puesta en práctica de los códigos contravencionales
A lo largo y ancho se multiplican para criminalizar tanto la pobreza como la protesta social. Su aplicación es ejemplificada por

Carlos del Frade (APE) que señala:"La Bonaerense descargó su invencible furia contra los cartoneros del Gran Buenos Aires. Detuvieron una docena de personas, entre ellas, cinco chicos y le pegó duro a otros cinco.

Los reprimieron porque quieren seguir trabajando como recolectores informales de basura, porque siguen resistiendo en ese último peldaño de la economía y no caer en el impuesto destino de la delincuencia hacia el que los empuja la propaganda del sistema. No, ellos, las familias de cartoneros del Gran Buenos Aires quieren ganarse el pan desde los viejos valores que indican que no hay que embromarle la vida a los otros. Por eso necesitan continuar con su trabajo.

La Bonaerense los reprimió.

Fue entonces que las familias que viven alrededor del relleno sanitario de José León Suárez cortaron el camino del Buen Ayre, querían la libertad de sus seres queridos.

-No es la primera vez que la policía nos reprime, por eso pedimos seguridad para entrar al predio a buscar alimentos y materiales -dijo Alicia Duarte.

La crónica periodística desnuda el desprecio del sistema: “La empresa (CEAMSE) deja entrar durante 45 minutos por día a la gente de los barrios cercanos, quienes buscan alimentos y objetos reciclables en la montaña de basura. Los vecinos denunciaron el maltrato policial y pidieron que se abran más plantas de reciclaje que generen empleo”, apuntan los medios de comunicación.

Para colmo de males el cartón fue devaluado por los grandes acopiadores, ahora solamente pagan el cincuenta por ciento de lo que venían abonando hace meses atrás.

Para el Ceamse, la Bonaerense es sinónimo de algún tipo de garantía: desde que está la “maldita” policía el “ingreso de la gente es más ordenado”. El orden del sistema. Ese conjunto de leyes no escritas que castiga a los empobrecidos y los convierte en victimarios cuando se les ocurre reclamar por sus derechos. El viejo orden del sistema es el que garantiza La Bonaerense.

El orden que se completa con cuarenta y cinco minutos de tolerancia para que las familias de José León Suárez separen la basura y elijan algo de valor que les permita gambetear el hambre, también integrante de ese orden sacrosanto del que habla la empresa y protege La Bonaerense.

Suele la historia repetirse como farsa o tragedia, dicen los entendidos.

Fue allí, en esos basurales de José León Suárez, que casi una veintena de trabajadores fueron fusilados en junio de 1956 por intentar el regreso de la democracia en una Argentina que había recuperado el orden de las élites.

Aquellas balas de 1956 contra hijos del pueblo trabajador fueron el documento de identidad de un sistema que no tiene ninguna consideración a la hora de reprimir a los que considera molestos.

Medio siglo después, en los alrededores de los basurales de José León Suárez, ha quedado demostrado la plena vigencia del orden de los pocos.

La represión a las familias de cartoneros es descendiente directa de aquellas balas, es consecuencia directa de un sistema que produce pobres para después reprimirlos cuando ellos salen a gritar que son algo más, que son seres humanos".
Fuente: www.argenpress.info /10-11-08

Fernanda Nicolini entrevista a Elías Neuman respecto a “Bajar la edad es pura demagogia”

(APe).- El reconocido criminólogo sostiene que el verdadero problema es el de los menores excluidos y la falta de políticas públicas. Opina que nadie sale a robar con el Código Penal bajo el brazo.

Más allá de las aclaraciones por parte del Ministerio de Justicia bonaerense acerca de impulsar la idea a nivel nacional de reducir la edad de imputabilidad sólo para algunos delitos, Elías Neuman, reconocido criminólogo, profesor de la UBA y autor de decenas de libros, es tajante: “Bajar la edad de imputabilidad suena a medida demagógica y sin mayor sustento. Porque ése no es el problema, ni nunca lo fue.
El problema es la carencia de políticas criminológicas con respecto a niños y jóvenes”.

–¿Por qué algunas personas creen que sería una solución?
–Porque creen que la pena disuade. Pero el chico o el adulto que va a cometer un delito no lleva el Código Penal bajo el brazo. Voy a poner un ejemplo: en el país existe la pena de muerte extrajudicial, es el llamado gatillo fácil, que sucede tanto en la calle como dentro de las cárceles. A pesar de que el delincuente sabe que si sale a robar y las cosas resultan mal puede recibir la muerte instantánea, adentro o afuera, sale igual. El problema de fondo es otro.

–¿Cuál?
–El problema con los chicos, algo que el gobernador Scioli debería saber antes de ponerse a hablar de estas cosas, es que son en su mayoría, diría en un 98 por ciento, excluidos sociales. En el sentido de falta de un lugar digno para vivir, falta de educación, de nutrición adecuada y, quien lea las historias clínicas de los presos adultos que están hoy en las cárceles, verá que esas historias te hablan de hogares disociados y eyectores. El chico no gana la calle o el paco por deporte, es una respuesta al hecho de que tiene una verticalidad terrible sobre sí y sobre todo falta de amor. Entonces cuando los políticos piensan en un programa dicen algo facilongo como “achicamos la edad”. Pero no hablan de la única solución que baja el delito como el pleno empleo, por ejemplo. Quizás es porque cierta gente les dejó de interesar. En el capitalismo industrial, aunque no quiero decir que haya sido muy bueno, el ser humano interesaba porque era un eslabón de la cadena de producción. Hoy no, es un capitalismo financiero y de servicios, entonces ¿qué interesan esas personas?

–¿En otros países se ha bajado la imputabilidad como medida?
–Hay países que son un aquelarre, como México, donde yo también trabajo. Allí hay 32 estados y cada uno tiene un estatuto de menores y cada cual le pone la edad que quiere, de modo que si cometés un delito en un estado a los 15 años, sos imputable, y si cometés el mismo a poquísimos kilómetros cruzando la frontera, no sos imputable. No cambia nada. Por eso no es con un cambio numérico como se solucionan estas cosas. En un país donde la mayor tragedia es el hambre, éstos no son problemas jurídicos sino sociales. Porque para que se cumplan las leyes, lo primero que hay que hacer son políticas de prevención y no de represión, porque con la represión se llega a un punto en el que lo único que importa es la venganza. Además, la pena de prisión ya no es la que restringe la libertad deambulatoria o locomotiva, la pena de prisión hoy aniquila la identidad y la dignidad de la persona, que es el principal derecho humano. Habría que llamarla pena de martirio.

–Hoy por hoy, cuando un menor de 16 delinque, ¿qué sucede?
–Queda a criterio del juez y puede terminar en uno de los muros de estos reformatorios que en realidad son deformatorios absolutos. Lo que ocurre en ellos es terrible porque allí estos chicos subrayan sus resentimientos. Son verdaderas cárceles de menores, no otra cosa. El encierro implica días calcados, derechos de piso que hay que pagar que muchas veces son escabrosos; es lo más lejos que hay de la reeducación, sólo sirven para sacar de ahí a un delincuente de verdad.

–¿Cuál sería un modelo de reeducación?
–Paradójicamente, en la provincia de Buenos Aires también hay sitios y fundaciones para chicos que funcionan muy bien. Y pongo como ejemplo Pelota de Trapo, en Avellaneda, en donde trabajé. Scioli lo tiene muy cerca y lo puede ir a ver. Hay chicos de la calle que vivieron ahí y hoy son profesores de Computación, estudian Derecho, Psicología. Y a estos chicos nadie les pregunta si delinquieron o no.

–Pero frente a la hipótesis de que se baje la imputabilidad, ¿qué pasaría?
–Nada, no pasaría nada. El delito va a continuar porque, vuelvo a insistir, la pena no disuade. ¿Desde cuándo disuade una pena? Por supuesto que soy partidario de estudiar la temática empezando a pensar de qué chicos se trata: son chicos de abajo y excluidos sociales. Por eso habría que hacer un análisis si la inseguridad social no es en realidad un paradigma del modelo neoliberal. ¿No será que el miedo social es industrializado ahora políticamente para reproducir el sistema?

–¿Y quién se beneficia de esta politización del miedo?
–Yo escribí un libro algo surrealista que se llama Los que viven del delito y los otros, la delincuencia como industria. Y ahí estudio: si el delito fuese un hecho normal y no fuera algo disvalioso, imputable y punible, ¿quiénes dejarían de trabajar? En este momento vos no estarías trabajando y yo no estaría hablando. Desaparecería la industria de la seguridad, de las casas en los countries, la policía, los jueces, los abogados. Y si esto es una industria, ¿cuál es la materia prima? Son los chicos, esos mismos chicos a los que se los vacían en los grandes silos que son las cárceles o reformatorios y se los moldea con una proyección de resentimiento absoluta. Por eso después cometen los delitos que cometen. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿por qué siempre que se habla de violencia social se enfoca el delito de abajo? Yo no voy a negar que es dramático porque víctima y victimario se ven, gritan, matan, mueren. Pero ¿qué ocurre con los delitos económicos? Yo puedo asegurar que un solo delito de corrupción tiene un coste social y económico para el país ciento de miles de veces más grande que aquel detrimento económico causado por los que están en prisión".
Gentileza Diario Crítica de la Argentina 29-10-08

Fuente:http://www.pelotadetrapo.org.ar/4-11-08

"Una reflexión sobre la inseguridad"

Juan S. Pegoraro, en mayo de 2003, sostiene:

"A mi entender la actual inseguridad está asentada en una base material distinta a aquella que estaba presente en otras etapas de la humanidad, y aún en la era del Estado Keynesiano.

Es una nueva forma de inseguridad que no se ha producido por designio divino ni por un espasmo de la naturaleza ingobernable e irreducible; como diría Marx, “la naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o mercancías y por otra, personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo” (El Capital: I, 203): se ha producido, como siempre, por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel; esta política ha expandido los miedos sociales que están presentes en la cotidianeidad como el miedo que produce la inseguridad en el trabajo, el miedo que produce el desamparo en la salud, en la educación y en la seguridad social.

De tal manera el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no controla y ello ha aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo (“próximo”, Freud...) y a esto pretende conjurarlo invocando una poción mágica, un pharmakon: el Derecho Penal, que con violencia supuestamente anula la violencia (Resta, 1995).

Pero el derecho penal no posee cualidades prácticas per se ya que las normas están mediadas ya por individuos portadores de relaciones sociales que ocupan cargos en las instituciones estatales, ya por dichas instituciones estatales (corporativas) como el Poder Policial, el Poder Judicial y el Poder Penitenciario que son las que ejercen o no ejercen el Derecho Penal. En realidad, como sabemos, es el poder policial el que en los hechos maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana (Ferrajoli, 1989) y no como se cree esa institución subordinada que es la justicia. No tanto porque no comparta la visión de la (in)seguridad como la de la policía, sino que dicho poder carece de capacidad operativa para vigilar, controlar, disciplinar, normalizar las conductas humanas que es el verdadero objetivo de la dominación social y no la moral ciudadana. Lo contrario sería caracterizar al capitalismo y al orden social y las instituciones que lo componen, por una intención de nobleza, de justicia, de moralidad, de ética general y universal solidaria y fraterna, que se propone la felicidad de todos donde la continua acumulación originaria y la tasa de ganancia serían solo un componente material contingente". 

Fuente: www.argumentos.fsoc.uba.ar/n02/articulos/inseguridad_pegoraro.pdf -mayo 2003