I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

A 25 años, la deliberación pública sobre la vida de la diversidad popular y su calidad sigue censurada por desinformación, criminalización de la protesta social, estigmatización del disenso o de la instalación del debate y manipulación de la opinión mayoritaria. ¿Quiénes implementan la tergiversación e invisibilidad de la práctica cotidiana de genocidios silenciosos; el extrañamiento de la autoconciencia popular; y la maceración ideológica-cultural de sentidos de vida? y ¿cómo lo llevan a cabo? La respuesta debemos buscarla en el hecho de la vigencia de la Ley de Radiodifusión de la dictadura cívico-militar y pro imperialista.

En esencia, ese bloqueo de los poderes -establecidos mediante terrorismo de estado- se realiza contra la puesta en discusión de la «deuda externa pública» como funcionamiento gubernamental a favor de sostener ese sistema básico a la entrega del país y el despojo a -y sumisión de- la diversidad popular.

Cualquier medida gubernamental con cierta trascendencia si real y efectivamente quiere atacar la extrema injusticia social requiere insertarla en poner fin al pago criminal de esa estafa (que origina otras defraudaciones) y a toda la estructura socioeconómica implícita. Pero debido a que los reconocidos como representantes de la voluntad mayoritaria están involucrados en ese formidable sistema de succión de los bienes comunes e ingresos públicos y de sometimiento al capitalismo central, sólo es posible acabar con nuestra condena a lo Sísifo mediante la recuperación de los espacios públicos para crear la comunicación social y nacional que aproveche la organización e investigación del movimiento por auditar la deuda pública externa y distinguir que su mayor parte es «deuda odiosa» o nula.

Lo más importante es la participación asamblearia de una creciente mayoría de los de abajo en discutir y comprometerse con contenidos y sentidos de reivindicaciones de la diversidad popular y resoluciones gubernamentales. En la actualidad, se oponen a este imprescindible encuentro de los de abajo, quienes siendo parte de los últimos prefieren ubicarse junto al gobierno K en nombre de combatir a la derecha. Son los progresistas y sus aliados izquierdistas que:

Cuando en la deliberación pública o grupal es fundamental que el problema a discutir no quede restringido a aceptar o no la solución bajada desde arriba sin historiarla ni insertarla en todo el funcionamiento económico-gubernamental ni referirse a quiénes fueron y son protagonistas del Estado.

Porque, en el año 1994, las AFJP (Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones) fueron creadas por aprobación del Congreso Nacional (dominado por el Partido Justicialista) como un sistema de negociado legal y  fabuloso al no arriesgar, prácticamente, nada de capital ya que, salvo los gastos iniciales en publicidad y promotores, toda la operación se realizó con el capital de los afiliados a las AFJP.

El proyecto del gobierno K "de re-estatizar por completo el sistema de previsión social, eliminando el sistema de pensiones privadas obligatorio (AFJP), crea el marco para un debate más profundo sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina" propone Mariano Féliz.
 

Pero Alfredo Zaiat plantea:"«El debate previsional del proyecto para poner fin a las AFJP» requiere el esfuerzo de no quedar atrapado en mediocres consignas políticas si el objetivo es defender a los trabajadores y sus futuras jubilaciones.

Con su amplio coro de voceros bien predispuestos, el poder económico sabe utilizar como nadie las propias defraudaciones adjudicándolas al otro como argumento de defensa de sus intereses particulares. Ese mecanismo de proyección, que sería carne de diván para psicólogos, tiene en la esfera pública un potente factor de confusión. Desde la más taimada, como sacar de contexto histórico un viejo discurso de Perón, hasta la más popular, como la definición rústica de “hacer caja”.

La anécdota de Perón es en cierto sentido frívola porque fue él quien expandió la cobertura legal del sistema de protección social estatal y su crítica en ese video apunta al manejo de las jubilaciones por parte de los gobiernos militares y civiles que lo sucedieron en su largo período de proscripción política. Que el pensamiento conservador que siempre repudió a Perón hora apele a él tergiversándolo pone al descubierto el nivel de desesperación por la pérdida de un millonario negocio con el dinero previsional de los trabajadores.

La discusión conceptual sobre la caja jubilatoria y la utilización de sus recursos resulta más interesante y reveladora de la perversidad argumental de los defensores de las AFJP. Fueron los militares, las políticas de ajuste impuestas por los grupos de poder y el propio régimen de capitalización privada que desquiciaron el sistema previsional y, por lo tanto, el haber jubilatorio. El recorrido de ese proceso permite ilustrar y tranquilizar a las almas atribuladas por el temor sobre el destino de la caja.

La situación más cercana es la que se registra con las AFJP:

• La asociación de financistas & afines han estado detrayendo recursos previsionales mes a mes del aporte jubilatorio mediante abusivas comisiones. O sea, el riesgo no es que el Gobierno se apropie de la caja jubilatoria, sino que durante catorce años fueron las AFJP que lo han estado haciendo en forma persistente con la impunidad que brinda el poder financiero sobre el dinero previsional de los trabajadores. Poner fin al funcionamiento de la jubilación privada es frenar el impúdico manotazo mensual a la caja por parte de los banqueros.
   

• Los conservadores han contribuido, también, a perjudicar a los jubilados porque en la mitad de esos años de régimen privado los aportes fueron menores al establecido por ley. Con una medida desesperada para salvar la convertibilidad agonizante, Domingo Cavallo los redujo del 11 al 5 por ciento, afectando por lo tanto la caja. Luego, el gobierno de Eduardo Duhalde lo subió al 7 por ciento y recién a partir de este año volvió al 11. Cavallo sabe bien cómo afectar la caja previsional: en 1994 redujo los aportes patronales disminuyendo así ingresos que correspondían al sistema de seguridad social. Más adelante, en 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa directamente redujo el 13 por ciento de las jubilaciones. Ya no era en la caja previsional, sino que la mano fue sin escala al bolsillo.
   

• Las jubilaciones estuvieron congeladas, durante la década del noventa (dominada por la política neoliberal) porque la creación de las AFJP desfinanció al sistema de seguridad social. La mano en las cajas previsionales fue introducida por los que ahora atemorizan con el riesgo del manejo discrecional por parte del Estado.

Los economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino estimaron que desde la creación de las AFJP, el sistema de seguridad social público resignó anualmente recursos por un monto cercano a los 5500 millones de pesos constantes de 2006. No es que ahora el sector público podrá financiarse con los fondos que iban a las AFJP, porque es lo que hacía aunque en forma onerosa emitiendo bonos que esas compañías compraban, sino que con el fin de las Administradoras se repara el error de haber desfinanciado el sistema de seguridad social.
 

Otro de los más potentes desestabilizadores de las cajas previsionales ha sido el empleo informal. La causa de ese desequilibrio se encuentra en el fuerte crecimiento del trabajo en negro desde mediados de la década del ’70. De esa forma disminuyó la relación pasivo/aportante, lo que agudizó la tensión financiera de las cuentas del sistema de seguridad social. El empleo informal significa que el empresario no realiza el aporte previsional establecido por ley, que deriva en menores ingresos a la caja. Las cámaras patronales, por ejemplo la UIA que reclama con espíritu republicano respeto a la “seguridad jurídica” con el proyecto oficial, son las que deberían aleccionar a sus integrantes que el trabajo en negro es una forma de apropiarse de recursos que corresponden a la caja previsional de los trabajadores. Del mismo modo, con la evasión en los aportes de su plantel".

Justifica al gobierno K:

"Uno de los factores relevantes, y a nivel estructural el más importante, para comprender la inestabilidad de los fondos que tuvo el sistema jubilatorio se encuentra en la inflación y, por lo tanto, en las políticas macroeconómicas que durante muchos años han tenido como guía la estrategia del ajuste. La inflación es un poderoso mecanismo de descapitalización de los fondos previsionales. Las crisis económicas han provocado fuertes desequilibrios en las cajas previsionales, como también lo han hecho con el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos. (...)

En esta instancia aparece el concepto de “intangibilidad” expresado por dirigentes políticos como fundamento para advertir sobre la necesidad de cuidar el dinero de los jubilados. Aunque parezca una herejía ante el crispado discurso de la oposición, no tocar los recursos previsionales para otros destinos que no sea para pagar las jubilaciones (“intangibilidad”) significa directamente licuar esos fondos con la inflación. O sea, meter la mano en la caja por la lenta o rápida descapitalización según el ritmo de alza de los precios. Para no repetir fracasos de experiencias pasadas, además de consolidar políticas económicas para el crecimiento y no para el ajuste, ya sin las AFJP el objetivo del sistema jubilatorio estatal debería ser mantener el poder adquisitivo del dinero de las cajas. Para ello se requiere de una administración transparente de las inversiones de esos fondos, tarea que debe ser controlada por diferentes sectores. Esa supervisión debe ser institucionalizada para evitar que ante cambios de gobiernos, como ha sucedido a lo largo de la historia con experiencias conservadoras, se termine afectando a los trabajadores y a los jubilados". azaiat@pagina12.com.ar

Fuente: Página 12 /26-10-08

Alfredo Zaiat argumenta no sólo simplificando el problema hacia la polarización del sí o no a la medida gubernamental y tratando de convencer sobre la validez de la afirmación no sólo mediante interpretaciones psicológicas de fácil llegada a la comprensión superficial e inmediata sino, también, descontextualizándola del sistema capitalista local e internacional y del gobierno, del Estado partícipes imprescindibles de la estafa.

Aclaraciones:
 

a. El negocio fabuloso de quienes lo concentran se redujo e inestabilizó por la crisis de la globalización financiera y por la reducción de aportes a un tercio de los afiliados en razón de la precariedad e informalidad laboral de Argentina.

David Cufré dice:

"El derrumbe de los mercados financieros provocó una caída en las jubilaciones que pagan las AFJP de entre 15,3 y 17,2 por ciento respecto del promedio de 2007. Ninguna de las diez administradoras pudo escapar a la debacle. Las personas afectadas suman 294 mil, quienes a lo largo del año vienen sufriendo el retroceso de sus ingresos. El próximo mes será cuando vean el impacto de la crisis global en toda su dimensión, con bajas de aquel orden (ver cuadro aparte). Sus fondos capitalizados se achican con la misma intensidad que caen las acciones y los bonos en que están invertidos sus ahorros.

Frente a esta situación acuciante, las AFJP hicieron una semana antes del anuncio de estatización total de las jubilaciones un pedido de socorro al Gobierno.

La preocupación de las AFJP quedó plasmada en un documento de la Superintendencia del sector que se titula “Propuesta urgente de cambios en la determinación de los beneficios previsionales del régimen de capitalización”. En él se advierte de entrada que es preciso avanzar sin la más mínima demora para evitar que los jubilados registren la caída más dura de octubre. “La urgencia de firmar estas normas entre hoy y mañana se debe a la necesidad de llegar a liquidarlas en el curso del mes”, agrega, en un tono que revela el grado de intranquilidad por los acontecimientos.

Las administradoras eran conscientes del golpe que significaría para su imagen las quejas de los jubilados cuando pasaran por ventanilla y se llevaran todavía menos que el mes anterior. “El objetivo central es que, dada la crisis financiera, el Gobierno empiece a tomar medidas urgentes e inmediatas, evitando que más de 300 mil personas cobren este mes menos que el mes pasado”, plantea el documento.

La solución imaginada fue cambiar las normas vigentes para esquivar los recaudos que protegen los fondos administrados. La idea era adelantar a los jubilados dinero de sus propias cuentas. De ese modo, no percibirían la baja de haberes de octubre, pero a costa de agotar sus ahorros más rápidamente. Era una fórmula que seguía la filosofía de lo que hizo Domingo Cavallo en 2001. En aquel momento, el ministro que creó las AFJP dispuso una rebaja de los aportes previsionales de 11 a 5 por ciento. Los trabajadores tuvieron de ese modo un aumento en sus ingresos de bolsillo, sacrificando sus ahorros para la vejez. La intención, en definitiva, era disimular la crisis.

Seguramente nadie imaginó que la respuesta que daría el gobierno de Cristina Fernández sería terminar con ese tipo de atajos, anunciando el envío al Congreso de un proyecto de ley para acabar con el régimen de jubilación privada".

Advierte sobre quienes sufren las consecuencias del derrumbe financiero global: "Mientras los legisladores debatan la propuesta, los jubilados de las AFJP no tendrán chance de esquivar la pérdida de ingresos. Esto afecta a quienes perciben retiros programados y fraccionarios, y a los beneficiarios de pensiones por invalidez. En total son 294 mil personas, el 67 por ciento del total de jubilados de capitalización. El otro 33 por ciento cobra rentas vitalicias, que les aseguran un ingreso fijo sin padecer los vaivenes de los mercados. En su caso, la caída de acciones y bonos limita la movilidad de sus haberes, atada a la rentabilidad que obtengan las compañías de seguros de retiro que les prestan servicio.
 

El mayor problema lo padecen quienes quedaron con retiros programados, fraccionarios y pensiones. Todos ellos mantienen su cuenta individual en la AFJP. Lo que ganan mes a mes sale del fondo administrado. Si este cae, el valor de la cuota parte disminuye y, en consecuencia, sus haberes disminuyen. Al 20 de octubre, la cotización de las cuotas partes registraban bajas de entre 15,3 y 17,2 por ciento para las diez administradoras respecto al promedio de 2007. Es decir, lo que cobran de las AFJP 294 mil personas caerá en esas proporciones.

El dato demuestra la ficción del sistema: los jubilados creían tener determinada cantidad de dinero en sus cuentas, pero cuando llega el momento de cobrar descubren que una porción de esos recursos se esfumó, sin que puedan hacer nada al respecto.

El único ingreso seguro que tienen los clientes de las AFJP es el que reciben del Estado: la Prestación Básica Universal y la Prestación Compensatoria, por los años que aportaron al régimen de reparto antes de 1994.

Aportantes y jubilados de capitalización vienen sufriendo en el año las pérdidas del crac financiero global. La rentabilidad real anual promedio, que descuenta la inflación, experimentó ocho caídas en ocho meses de 2008: fueron del 1,28 por ciento en enero, 1,75 en febrero, 0,82 en marzo, 4,70 en abril, 7,12 en mayo, 8,06 en junio, 10,08 en julio y 6,43 en agosto.

Estos resultados fueron los que dieron margen al Gobierno para avanzar con una decisión política y económica de máxima trascendencia, como terminar con las AFJP". Fuente: Página 12 /25-10-08

b. El gobierno y el Estado estuvieron al servicio del mantenimiento de ese funcionamiento estafador, desde 1994 hasta ahora, para sostener la revalorización financiera como eje central del funcionamiento económico de oligopolios; y la política fiscal hacia la inequidad social por un muy regresivo régimen tributario y por un gasto público con transferencias crecientes hacia el pago de servicios de la «deuda externa pública» y los multimillonarios subsidios directos e indirectos al poder económico.

Pablo Ceriani y Mariana González, en "Financiar el desarrollo", explican:  

"El proyecto sobre el sistema integrado previsional enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo significaría el fin de la “aventura” de la privatización de las jubilaciones en la Argentina. Desde su implementación, el sistema privado ha provocado numerosos daños, tanto al sistema previsional como a la economía argentina en general. Se dijo que la principal motivación para la instauración del régimen privado era la insolvencia del sistema previsional y la imposibilidad para el Estado de garantizar el 82 por ciento móvil.

Sin embargo, el sistema de capitalización es un sistema de ahorro compulsivo que no garantiza que las jubilaciones y pensiones guarden una proporcionalidad necesariamente razonable con el sueldo del trabajador activo. Por esa razón, el Estado se ve obligado en forma subsidiaria a financiar una parte sustancial de las prestaciones que se otorgan y a garantizar jubilaciones mínimas.

La transición de un régimen al otro resultó altamente costosa para la sociedad en su conjunto, ya que el paso de un régimen de reparto a otro de capitalización provocó que el primero se volviese fuertemente deficitario, debido a que los recursos que antes se utilizaban para pagar jubilaciones se redirigieron a las cuentas individuales de quienes así lo eligieron.

Adicionalmente, los fondos de las AFJP fueron encauzados en importante medida a la compra de títulos públicos (aún actualmente el 55% de las inversiones de las AFJP son en títulos del Gobierno argentino). De este modo, el Estado se endeudaba, pagando altísimos intereses, para recibir los fondos que había dejado de absorber al privatizarse el sistema. De hecho, el monto del déficit fiscal llegó a ser similar a la suma que se había dejado de recibir por aportes (en 1998, el déficit financiero del Estado fue de 4164 millones de pesos, mientras que la recaudación de las AFJP fue de 4187 millones). Se generó así un déficit crónico que multiplicó el endeudamiento externo. Primó desde entonces un criterio “de caja”, que se vio coronado con la ley de Solidaridad Previsional en 1995, mediante la cual prácticamente se congelaron las jubilaciones, y con el descuento del 13 por ciento de los haberes nominales de los empleados del sector público en el año 2001 (...)".

Fuente: Página 12/ 27-10-08

c. La re-estatización debe complementarse con la ruptura de dejar impunes a los grandes capitales y altos funcionarios implicados en la carga mortal a los de abajo mediante mayor deuda y degradación de vida.

Mariano Féliz (para Prensa De Frente) se refiere a: "Volver al Estado

Cualquier análisis del cambio en el sistema de jubilaciones parte del fracaso evidente del sistema creado en 1993.

Luego de 14 años:

• Los grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión (AFJP) que han cobrado cerca de 15 mil millones de dólares por mal-administrar los fondos aportados por los/as trabajadores/as. Esas comisiones se quedaron con un porcentaje de los aportes entre el 20% y el 30%.
   

• La contracara ha sido el masivo endeudamiento del sector público por los aportes cedidos a las AFJP y un sistema de jubilaciones que no garantizan jubilaciones dignas. El Estado ha perdido cerca de 5500 millones de pesos anuales por aportes personales desviados al sistema privado y unos 6000 millones al año por la rebaja de aportes patronales perpetrada en los años noventa y aún vigente. ¡La pérdida anual de recursos para el Estado equivale a la suma del presupuesto nacional para Salud, Educación y Ciencia y Técnica!
   

• Casi el 80% de quienes se jubilaron por el sistema privado reciben un complemento estatal para llegar a la jubilación mínima; en total, el Estado destina 6000 millones de pesos anuales a esos fines. Por otra parte, la cobertura del sistema previsional se redujo fuertemente desde la creación del sistema privado: sólo el 40% de los trabajadores en relación de dependencia están realizando los aportes necesarios.

El régimen de AFJP no es un sistema de previsión social sino un gigantesco negocio financiero manejado por un minúsculo número de empresas (10) en su mayoría extranjeras, que no son sino fondos de inversión. Estas manejan un fondo de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos de la deuda pública (55% del total), acciones, plazos fijos y otros activos financieros, lo cual les otorga un poder sustancial. Los principales perjudicados con la re-estatización del sistema serán estos agentes financieros, por eso hoy están en la calle, defendiendo sus privilegios con el aval de los medios empresarios de comunicación y los sectores más retrógrados del arco político.

A partir de esta evaluación del pobre rendimiento de este sistema (que podremos calificar como una de las mayores estafas de las últimas décadas) la primera pregunta que surge es por qué el gobierno no impulsó antes esta medida de re-estatización". Fuente: www.prensadefrente.org/ 29-10-08

Cuando en la deliberación pública o grupal es fundamental que cada quien se identifique como participante de una elaboración colectiva del asunto tratado y si es un periodista o un especialista, que priorice entablar diálogo en vez de convencer sobre sus razones.

Alfredo Zaiat opina sobre funciones esenciales del Estado que bajo las democracias restringidas se desmantelaron y el gobierno K prosiguió profundizando. Pero supone e induce a la creencia general de que la re-estatización de las AFJP implica avanzar contra el poder financiero y a favor de la dignidad de vida de los jubilados y pensionados. En efecto, escribe:
"Si el Estado no se ocupa de niños desnutridos o que mueren por falta de atención médica estaría incumpliendo una de sus funciones esenciales.Si se despreocupa por la calidad educativa y acceso al estudio de la población también estaría faltando a una de sus obligaciones básicas.Si no tiene compromiso por garantizar la seguridad personal y de defensa de las fronteras nacionales estaría eludiendo responsabilidades propias afectando la tranquilidad de la población. Si descuida el horizonte de ingresos de los trabajadores en la etapa de retiro del mercado laboral estaría vulnerando uno de los principales pilares de su indelegable objetivo de cohesión social.

Como esas misiones no han sido satisfechas para las mayorías a lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos que transitan por el poder y, por lo tanto, ejercen el control del sector público, incluyendo a la administración kirchnerista, son criticados. El legítimo reclamo de gran parte de la población se encuentra en que el Estado debe asumir con solvencia esos deberes indispensables para fortalecer la sociedad. Pero, a veces, esto implica enfrentar al poder, que no es otro que el económico.

Poner fin a las AFJP es una medida trascendente para que el Estado pueda cumplir con más autoridad una de esas tareas fundamentales. Para ello se debe tocar al poder financiero. Como se sabe, nunca es buen momento para afectar esos intereses, ya sea porque la economía está creciendo y no hay que perturbar las expectativas o ya sea porque existe una crisis y se corre el riesgo de agudizarla. De esa forma, desde hace varias décadas esa lógica extorsiva ha vuelto intocable al poder financiero".

Nos enseña que:

"Limitar el debate a la gestión del Gobierno y a los motivos que lo llevó a impulsar esa iniciativa resulta un abordaje político de vuelo bajo y, en realidad, encierra la defensa de los intereses mezquinos del poder financiero.

Para algunos es legítimo pensar que durante estos cinco años no se ha hecho nada en recuperar el Estado en esas funciones básicas de articulación y cohesión de una sociedad moderna. Es motivo de acaloradas polémicas lo realizado por la administración kirchnerista, y será interesante el saldo de esas discusiones en perspectiva histórica. Habrá conclusiones para todos los gustos.

Sin embargo, esa controversia no podrá ignorar que si existe una medida que busca avanzar sobre

• el poder financiero,

• la reconstrucción del sistema previsional,

• la previsibilidad de las jubilaciones y

• la justicia distributiva es la de terminar con las AFJP.

Lo que está en discusión no es un determinado gobierno, sino el rescate del sistema de seguridad social que excede a una administración. Esta, la próxima, que puede ser de otro color político, y las sucesivas podrán manejar un régimen jubilatorio que ya no será un botín de la asociación de financistas & afines.

Se ponen en juego la concepción de sociedad y las funciones y derechos sociales que el Estado debe atender. Cuando esas obligaciones son transferidas al sector privado, además de convertirse en un negocio de intereses particulares, provocan una fragmentación social y ruptura de lazos de solidaridad. Existen sociedades más individualistas, donde los grupos de presión representan múltiples intereses atomizados y la organización social privilegia la lógica del mérito individual. Son países donde la segmentación social es reproducida en las instituciones, por ejemplo en las de protección social. También existen sociedades más comunitarias, donde el Estado de Bienestar en facetas liberal, corporativo o socialdemócrata ejerce la potestad sobre el sistema de políticas sociales como eje articulador de la legitimidad de la organización social. Esta vía de intervención del sector público se observa en Europa con distintas características dependiendo los países.

El concepto de cuentas personales con el aporte previsional del trabajador, descontada una elevada comisión cobrada por las AFJP, se convierte en una de las batallas culturales más fuerte. La idea de la salvación individual acumulando fondos en una cuenta de una empresa financiera ha sido la gran obra maestra del neoliberalismo. Las privatizaciones de los servicios públicos no tardaron en mostrar su rostro oscuro de malas prestaciones, pocas inversiones en infraestructura, segmentación de clientes favoreciendo a los de mayores ingresos, desestructuración productiva de proveedores locales y ganancias fabulosas para los grupos de control. Las bondades que el marketing presentaba por el manejo privado de servicios esenciales para la población se revelaron vacías. En cambio, con las AFJP en algunos sectores aún permanece esa fantasía de futuro venturoso que tan bien supieron construir a fuerza de millonarias campañas de publicidad. Esa falsa idea de la salvación individual está incorporada por muchos de los afiliados a esas administradoras pese al desprestigio de los bancos luego de la estafa del corralito, de la impunidad del sistema financiero y del fracaso estrepitoso del fundamentalismo de mercado de Wall Street (...)". Fuente: Página 12 /25-10-08

Aclaraciones:
 

El gobierno K, como todas las gestiones de la democracia restringida, antepuso al cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales: el pago de los servicios de la llamada «deuda externa pública» y el pago adelantado a los poderes financieros globales. En este desentendimiento de sus obligaciones de mandatario, a la vez, se despreocupa del hambre de millones de niños en Argentina y del injusto drama que tortura a la gran mayoría de los jubilados y pensionados, situación que reforzó hace menos de un mes con la ley de falsa movilidad de los haberes jubilatorios.

Pero, también, el gobierno K se ha apropiado del PAMI (compartiéndolo con la mafia de Barrionuevo-Nosiglia) y de ANSeS cuyos fondos ha distribuido en forma injusta ya que -al aumentar sólo la mínima- acható la pirámide de suerte que del 17%  pasó a que el 80% cobre $690, es decir, los hundió en la indigencia y así cosechó superávit que derivó al Tesoro Nacional para el pago a los 'acreedores' externos y los subsidios al poder económico. Encima, al frente de ANSeS puso a un ultraneoliberal del CEMA y deja en vigencia la ley de Cavallo-Menem que tramposamente denominaron Ley de Solidaridad Previsional y transforma el derecho constitucional de movilidad de las jubilaciones en un forzado rehén de las leyes de presupuesto que -con el gobierno K- está dibujado de manera ostensible. En complemento, otorgó al jefe de Gabinete -otro  ultraneoliberal- súper poderes para disponer de las partidas presupuestarias al arbitrio gubernamental.
 

Mariano Féliz (para Prensa De Frente) se refiere a: "Volver al Estado
"Está claro que la decisión fue tomada en el contexto de la crisis que ha comenzado a profundizarse. Una de las principales preocupaciones del gobierno es el financiamiento de los pagos de la deuda pública, que en 2009 llegarían a cerca de 15 mil millones de dólares entre capital e intereses. Es claro para cualquiera que sostener el superávit fiscal y refinanciar los vencimientos de la deuda será algo muy difícil en lo inmediato, en el marco de un menor crecimiento de la recaudación y el cierre del financiamiento internacional. Los cerca de 4 mil millones de pesos anuales que hoy se dirigen a las AFJP vendrán muy bien a la estrategia gubernamental de evitar la cesación de pagos.

El debate del proyecto ha puesto en discusión la necesidad de bloquear el uso discrecional de los recursos por parte del gobierno y ya se propone la “intangibilidad” de los activos en manos de las AFJP. ¿Por qué “guardar” los activos en manos de las AFJP? Siendo un monto infinitamente superior a lo que se quería recaudar con las retenciones móviles y que supuestamente se iban a utilizar para resolver acuciantes necesidades sociales, ¿por qué atesorar cual reservas del Banco Central esos recursos, cuando esas necesidades urgentes evidentemente no han sido resueltas?

Y respecto a los aportes adicionales que recibirá el Estado ¿qué se propone? ¿Por qué no destinarlos a aumentar ya las jubilaciones y pensiones? La recientemente aprobada ley que re-estableció la movilidad de las jubilaciones ha creado en realidad un corsé a los ingresos de los jubilados. ¿Por qué las jubilaciones deben evolucionar según la recaudación y los salarios y no según las necesidades vitales de los mismos, es decir su canasta familiar? ¡Qué contraste con los pagos de la deuda pública, cuya única restricción parece ser su mero devengamiento!

Por último, se señala la necesidad de que el Estado (a través del ANSES) administre los fondos transferidos para mantener el valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, convertir al ANSES en un gran fondo de inversión. La “timba” de las AFJP pasará al Estado, que invertirá los fondos excedentes del sistema de manera “más eficiente”. En los últimos meses las jubilaciones pagadas por el sistema privado han caído 15% al ritmo de la crisis financiera y la caída en el valor de los activos acumulados. ¿Podría el Estado manejar mejor esos fondos? Difícilmente, y precisamente por ello debemos desarmar la concepción “bancaria” del sistema de jubilaciones.

La propuesta de administración estatal de los fondos del ANSES cual agente financiero evidencia que la economía política detrás de la reforma previsional en curso se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Se sigue pensando a la previsión social como si los aportes de los trabajadores y trabajadoras hoy sirvan para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera transferir valor real al futuro.

El error analítico clave es que el valor no puede ser trasladado al futuro. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a los jubilados tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente. No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados; el dinero (acumulado) no puede crear riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea. Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir.

Por ello, lo que debe hace la legislación previsional es establecer el monto justo de las jubilaciones en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución -del valor creado por el trabajo en el presente- a los jubilados (...)".
Fuente: www.prensadefrente.org/ 29-10-08

Cuando en la deliberación pública o grupal es fundamental, por ejemplo, atender y apreciar a quienes se han organizado, luchado contra esa estafa durante los catorce años de vigencia y tienen proyecto no de una medida estructural sino de una reforma integral del sistema previsional.

La seguridad social en la Constituyente Social

"Propuesta en materia de previsión social

La seguridad social está reconocida como un derecho fundamental de los trabajadores, tanto en la Constitución Nacional, como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, y su reconocimiento es el resultado de la lucha por establecer condiciones dignas de trabajo que se materializan en el derecho a una retribución justa, movilidad de las jubilaciones y pensiones, asignación universal a todos los mayores de 65 años y a todos los hijos menores, seguro de empleo y formación, reparación integral frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades y el derecho a la salud, como parte del derecho a la vida.

Las organizaciones de la CTA que suscriben el presente documento proponen en relación a la previsión social las siguientes reformas estructurales al sistema vigente.

Una reforma estructural en materia previsional que declare nula, de nulidad absoluta, e inconstitucional la privatización de la seguridad social llevada adelante, en la década de los noventa del siglo pasado, a través de las leyes 24241 y 24463, y todas las normas dictadas en su consecuencia, que reglamentan el actual Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, traspasando al régimen previsional público los recursos y beneficios administrados por las AFJPs y compañías de seguros comerciales.

• Convocar a un debate amplio, a todas las organizaciones sociales y políticas, sobre los rasgos fundamentales que debe tener el nuevo régimen previsional  público. Someter a la iniciativa popular una consulta a todos los trabajadores sobre los principios centrales de la reforma previsional (movilidad de las jubilaciones y pensiones, autonomía económica y financiera, gobierno y administración del sistema previsional, financiamiento, naturaleza de los aportes) y la indisponibilidad de los recursos, para otros fines que no sean los de garantizar el pago de las prestaciones.

•  Proponer un sistema previsional único, sobre la base de los principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT, estableciendo un sistema público, organizado por el Estado, orientado por los principios de justicia social, de carácter solidario, universal, redistributivo, con autonomía económica y financiera, administrado por los interesados, con la participación del Estado (artículos 14 bis, 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional).

• Declarar la intangibilidad de todos los recursos del régimen previsional público reconociendo su naturaleza de propiedad colectiva de los trabajadores, indisponible, depositados en Bancos estatales afectados a cubrir los gastos y pagos de las prestaciones previsionales.

• Restablecer el 82% móvil en todas las jubilaciones y pensiones, tanto nacionales como provinciales, respetando "el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino", es decir, "la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad" y el "carácter sustitutivo" que tiene respecto del salario, conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en recientes fallos.

• Establecer la jubilación mínima vital y móvil en un 82% del salario mínimo vital y móvil, conforme la canasta familiar, debiendo garantizarse, a todos los beneficiarios, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido, a la salud, al trabajo y al esparcimiento.

• Restablecer los aportes y contribuciones patronales en su totalidad y derogar todas excepciones al pago de aportes y contribuciones sobre rubros salariales normales y habituales.

• Reconocer el derecho de todos los mayores de 65 años a la jubilación, estableciendo una prestación de carácter universal, sin quitas, ni prueba de pobreza, financiada con impuestos específicos, progresivos, a las transacciones económicas o financieras.

• Desarrollar una política activa de control y penalización, por incumplimiento, o la omisión de los aportes y contribuciones de la seguridad social, de todos los empleadores, incluyendo al Estado, organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, con la participación de los trabajadores, para asegurar el "blanqueo" de toda actividad laboral incorporando al sistema jubilatorio a toda la población económicamente activa.

• Cumplimentar las directivas dadas al legislador ordinario por el constituyente en el art. 75 inc. 23, Constitución Nacional, dictando medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Secretaría de Previsión Social -CTA

Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de la CTA

Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina- CTA

Fuente: http://mesacoordinadora.blogspot.com/ 21-10-08

Cuando en la deliberación pública o grupal es fundamental no sólo considerar todos los aspectos estructurales y principios ético-políticos a poner en práctica sino, también, erradicar el autoritarismo implícito en un enfrentamiento que induce la mezcla de fuerzas populares con antipopulares en ambos lados.

En FeTERA SEMANAL N° 484 ( 04.11.08), el abogado laborista Horacio González (asesor en Seguridad Social de la CTA) comenta al Proyecto de Ley de traspaso de las AFJP:

"La reforma propuesta, cuya base central es la eliminación de las AFJP, permite varias lecturas: por un lado la necesidad de resolver rápidamente la eliminación de las AFJP, alejando cualquier incertidumbre sobre este tema, dado que la prolongación del debate en el tiempo, en un contexto como el actual, puede revertirse en contra de la medida. Pero, simultáneamente, es la oportunidad propicia para avanzar en una reforma estructural del sistema previsional, que le devuelva su carácter de derecho humano fundamental, a partir de la universalidad, solidaridad, búsqueda de una mayor igualdad material, administración de la previsión social, resguardo de sus recursos, proporcionalidad, carácter sustitutivo y redistributivo de la seguridad social."

Plantea:

"Consideramos que este paso debe ser el inicio de un proceso de reformas estructurales que adecuen el conjunto de la seguridad social a los principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

El proyecto de ley, que crea el SIPA debe reglamentar, expresamente, sobre aspectos centrales referidos a naturaleza de los recursos, aplicación de los mismos, criterios de resguardo, límites en las inversiones, financiación, haberes. Con relación a las prestaciones previsionales debe existir un compromiso de recomponer los haberes, respetando los criterios de proporcionalidad y carácter sustitutivo de las jubilaciones, respecto de los salarios de los activos, tanto en los mínimos, los máximos, como en las diferentes escalas salariales, conforme los fallos de la Corte, a fin de restablecer el 82% móvil.

En el art. 9, del proyecto de ley, se establece la autonomía financiera y económica de la ANSES, debe complementarse con la ampliación de la naturaleza jurídica de la ANSES, transformado en persona pública no estatal (administrada por los interesados, con participación del Estado). Debe legislarse expresamente sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de tal manera que el incremento sustancial de sus recursos, por el traspaso de las cuentas de capitalización, se corresponda con el reconocimiento y pago de la deuda que se mantiene con los jubilados, en particular, el atraso en los haberes que se desenvuelve desde 1991 hasta la actualidad.

Como decíamos antes el proyecto de ley, de por sí, importa una reforma estructural del sistema previsional vigente, al eliminar el régimen de capitalización, pero esta reforma es insuficiente, y queda a mitad de camino, sino se modifican las instituciones del régimen de reparto adecuándolas a los principios fundamentales del mismo.

No hay que olvidar que cuando se crea el sistema mixto no solo nacen las AFJPs sino que, también, se desnaturaliza el sistema de reparto ubicándolo como un régimen residual, supeditando sus prestaciones a criterios presupuestarios y prohibiendo toda forma de proporcionalidad de las jubilaciones con el salario de los activos.

En ese sentido es bueno recordar como lo hace el PEN en los considerandos, del presente proyecto de ley, que las leyes 18037 y 18038 "construyeron un sistema público y solidario del alcance general que abarcaba a la mayor parte de la población económicamente activa, cubriendo las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento" y establecían un criterio de cálculo de los haberes que tenía en cuenta el promedio de las remuneraciones de los tres mejores años de los últimos diez anteriores al cese en los servicios, abonándose un haber del 70 al 82% de ese promedio según el trabajador se jubilara a los 60 o a los 65 años de edad".

Afirma y propone respecto al objetivo de "avanzar en una reforma estructural del sistema previsional, que le devuelva su carácter de derecho humano fundamental, a partir de la universalidad, solidaridad, búsqueda de una mayor igualdad material, administración de la previsión social, resguardo de sus recursos, proporcionalidad, carácter sustitutivo y redistributivo de la seguridad social":

"Este proyecto de ley carece de casi todo, en cuanto a los citados principios de ahí, la importancia de someterlos a la discusión.

Quienes lo diseñaron lo hicieron de apuro, sin un estudio previo y en el legislativo habría que trabajar para ampliar la reforma que se propone sobre la base de los principios enunciados.

A continuación se proponen reformas al articulado y agregados a los efectos de complementar el sentido y finalidad de la reforma(...)".
Fuente: http://www.cta.org.ar/base/spip.php?page=despacho&tipo=mail&id_mot=889#10798

II. ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

A 25 años, la planificación de la miseria -o la concentración económica y desigualdad social- sigue realizándose e impunemente. ¿Quiénes acumulan cada vez más? ¿cómo lo han hecho y hacen? ¿Por qué la reforma financiera y la deuda externa impuestas mediante terrorismo de estado,  persisten encauzando el funcionamiento del país hacia su ruina y hacia la pobreza de su población?

El elogiado crecimiento económico no sólo consiste en la acumulación transnacional e imperialista sino que continúa siendo el del gran empresariado y la oligarquía terrateniente que se han enriquecido y enriquecen por:

Nos sometieron al terrorismo de estado y al yugo imperial para rifar nuestro destino común en la economía de casino tendiendo a la globalización financiera.

Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas explican:

"El endeudamiento externo y la fuga de capitales locales al exterior:

• Constituyen aspectos de un mismo proceso, ambos se generan a partir de la consolidación de un fenómeno que los precede e impulsa desde la interrupción del patrón de industrialización sustitutiva que estuvo vigente hasta mediados de la década de los años setenta. Se trata del predominio que ejerce la valorización financiera como eje ordenador de las relaciones económicas. Por cierto, ésta no alude únicamente a la importancia que adquiere el sector financiero en la asignación del excedente sino a un proceso más abarcativo que revoluciona el comportamiento microeconómico de las grandes firmas y que consiste en la inédita e inusitada importancia que adquiere en ellas la colocación de excedente en una amplia gama de activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) tanto en el mercado interno como internacional y en un sentido más amplio, en la realización de ganancias articuladas con el funcionamiento del sistema productivo. (...)
   

• Forman parte de un mismo fenómeno porque el primero de ellos ha operado porque el primero de ellos ha operado como una masa de capital valorizable para los grupos económicos y las empresas transnacionales que concentraron el grueso de la deuda externa privada".
  "Otra manifestación de la notable importancia que asume la valorización financiera en la Argentina es" el segundo de ellos.
   

• "Comenzaron a adquirir dimensiones significativas a fines de los setenta, específicamente cuando la reforma financiera instrumentada por la dictadura militar en 1977 confluye con la apertura  externa en el mercado de bienes y capitales. (...) En esos años, el endeudamiento externo no sólo sirvió para financiar la fuga de capitales sino que, asimismo, el Estado -al estatizar la deuda externa privada- efectuó una transferencia de recursos hacia el capital concentrado sin contrapartida alguna (...)".
   

• Se conectan con la desnacionalización económica porque grupos económicos, en la década de los noventa, vendieron sus empresas y participaciones accionarias en las privatizadas, sobre todo, por privilegiar la valorización financiera.
  Fuente: Realidad Económica Nº 273 de julio-agosto de 2000/ www.iade.org.ar

   

Nos forzaron a ser clientela cautiva si teníamos dinero suficiente para satisfacer necesidades básicas o expulsaron a quienes previamente les habían violado su derecho al trabajo y a esta violencia la agravaron desposeyéndolos del patrimonio creado por trabajadores e invertido por varias generaciones para garantizar los servicios públicos.

Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas advierten sobre otra forma de construcción de la desigualdad social:

"Cabe recordar que los consorcios privados -constituidos en la mayoría de los casos por grupos económicos, conglomerados extranjeros, empresas y bancos transnacionales- se hicieron cargo de las empresas públicas pagando precios subvaluados y con un alto componente en bonos de la deuda externa.

Por otra parte, la transferencia de empresas monopólicas u oligopólicas con mercados cautivos fue acompañada por marcos regulatorios que, por su precariedad, en algunos casos, e intencionalidad, en otros, no hicieron más que aumentar la capacidad de los nuevos consorcios para imponer sus intereses en la estructura de precios relativos y en el funcionamiento general de los mercados, lo cual le garantizó una elevada y creciente rentabilidad.

La conjunción de estos dos factores (bajo precio inicial y creciente rentabilidad) dio como resultado una acelerada revaluación patrimonial en términos económicos, que sólo podía realizarse en el mercado mediante la enajenación de la correspondiente participación accionaria en el consorcio. En este caso, la creciente rentabilidad operó no sólo como una forma de garantizar la concentración de ingreso sino también como la manera de aumentar las ganancias patrimoniales.

Cabe señalar que una vez que se realizaron las ganancias patrimoniales, el capital líquido que obtienen acrecienta la salida de recursos locales al exterior (...)". Fuente: Realidad Económica Nº 273 de julio-agosto 2000/ www.iade.org.ar

A su vez, Daniel Azpiazu subraya que "hay dos transformaciones decisivas, resultantes de la privatizaciones:

1. La profunda reconfiguración de la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía, ello potenció la asimétrica evolución, durante toda la convertibilidad, entre los bienes transables y los no transables en detrimento de los primeros, donde las tarifas de los servicios públicos privatizados fueron holgadamente las que más crecieron dentro de los no transables".
   La implantación del contexto operativo que privilegió a los 26 consorcios prestatarios de los servicios privatizados para la apropiación del 56,8% de la masa acumulada de utilidades de las 200 empresas más grandes entre 1993 y 2000. "En el polo opuesto, 141 empresas (el 70,5%) sólo el 16,9% explican de ese excedente económico. (...)
   Esa alteración en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía ha tenido su contrapartida en el muy regresivo impacto de las privatizaciones sobre la competitividad de la economía y en particular en la distribución del ingreso.
    

2. El otro aspecto importante que sustenta esa condición de "hito fundamental" en la Argentina contemporánea devienen del papel protagónico que las empresas privatizadas asumen en la reconfiguración de «la estructura del poder económico» en el país, con nuevos y viejos actores. En realidad, no sólo se transfirieron activos subvaluados sino, fundamentalmente, un poder regulatorio decisivo sobre la economía en su conjunto a un núcleo muy reducido de grandes actores económicos.

A partir de estos dos elementos centrales, cabe resaltar un rasgo característico de la privatizaciones argentinas, del que mucho se ha hablado: la celeridad del proceso de privatizaciones(...). A ello se suma lo abarcativo del proceso de transferencia de activos y de transferencia de poder económico. (...)

Los conflictos y contradicciones (que se remontaban a la cesación de pagos de mayo de 1988) entre la banca acreedora y los grandes grupos económicos locales quedarían saldados a partir de la convergencia de intereses en los consorcios que se harían cargo del sector más rico del estado, por las potencialidades que ofrecía en cuanto a la apropiación de rentas de privilegio: las empresas públicas.

Estos sectores del poder económico que estaban enfrentados en términos de la apropiación del excedente local -la banca acreedora y los grandes grupos económicos locales- fueron los partícipes fundamentales en el control de las empresas privatizadas (...)".
 Fuente: Realidad Económica Nº 189 de julio-agosto de 2002/ www.iade.org.ar

Nos impusieron -de modo 'democrático'-  las empresas privatizadas, los súper e hipermercados y el sector financiero que establecieron el proceso de aumento y consolidación de la desigualdad-exclusión social, la quiebra de pequeños-medianos propietarios y el colapso de las economías extra-pampeanas.

Víctor Ramiro Fernández y Juan Claudio Tealdo destacan:

"Por acoplamiento a la dinámica general del sistema de acumulación, el comportamiento del sistema financiero bancario se interrelacionó y contribuyó a potenciar, selectivamente, sectores, actores y espacios regionales, teniendo como contraparte efectos excluyentes sobre el sector industrial, los actores  PyMEs y las regiones periféricas (...)".

Fuente: Realidad Económica Nº 188 de mayo-junio de 2002/ www.iade.org.ar

Eduardo M. Basualdo historia: "Las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 constituyen un momento clave en el proceso abierto por la dictadura militar porque en esos años, a través de la quiebra del Estado que garantiza ese funcionamiento económico y social específico, se ponen de manifiesto los límites que enfrenta la valorización financiera.

Estructuralmente, el colapso estatal se genera por la imposibilidad de mantener las notables y crecientes transferencias hacia los sectores dominantes cuando sus ingresos están vinculados, principalmente, con una masa salarial decreciente. En otras palabras, no puede seguir pagando los intereses de la deuda externa y subsidiando los programas de capitalización de la deuda externa y al mismo tiempo, continuar con los subsidios implícitos de los regímenes de promoción industrial, mantener los sobreprecios a los proveedores estatales. (...)

Al excluir la vigencia de la valorización financiera como un nuevo patrón de acumulación de capital y de un nuevo tipo de Estado que lo hace posible,  los sectores dominantes instalan socialmente que este colapso es una versión ampliada de las típicas crisis de la industrialización sustitutiva a raíz de la pugna distributiva entre el capital y el trabajo que, en este caso, por su nivel de exacerbación, termina por arrasar la organización y las finanzas del sector público.

Se trata, entonces, de redefinir  el "excesivo intervencionismo estatal" que trae aparejado una "inmensa ineficiencia en el sistema económico" mediante la privatización de empresas estatales y la desregulación de la economía, dentro de la cual la desestructuración del mercado de trabajo tiene un papel central (...)".

Se refiere al modo de producción que extrema la explotación de los trabajadores y al Estado que lo garantiza:

"Como tendencia de largo plazo, se puede apreciar que durante la vigencia de la Convertibilidad se remueven drásticamente los factores económicos e institucionales que limitan un mayor avance aún del capital sobre el trabajo, desencadenándose un proceso en el cual la expulsión de mano de obra, y la consecuente desocupación y subocupación, opera en el sentido clásico del ejército industrial de reserva y además como masa marginal e incluso como  población excedente sin posibilidad alguna de reinsertarse tanto en el mercado de trabajo formal -vinculado con el funcionamiento del capital predominante o a los sectores más débiles del empresariado-, o informal.

En términos estructurales, no cabe la menor duda de que este nuevo avance del capital sobre el trabajo está directamente vinculado con:

el proceso de desindustrialización inducido a partir de la apertura externa asimétrica del mercado de bienes;

la acentuada expulsión de trabajadores de los servicios públicos privatizados que se lleva a cabo con endeudamiento externo estatal (...).

El rumbo adoptado por el sindicalismo parece haber sido definitorio en la disolución del mercado de trabajo y el consecuente avance del capital sobre el trabajo. No se trata, únicamente, de un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y relaciones de fuerzas imperantes durante la salida de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, sino en la inscripción plena de la estructura sindical como una pieza clave del transformismo argentino, que trae aparejada una modificación sustancial de su funcionamiento tradicional, aun de aquella variante burocrática y negociadora. (...)

La integración del sindicalismo al poder establecido consiste en:

• asumir y difundir entre los trabajadores que ante las nuevas circunstancias, la defensa del salario no es más la principal reivindicación de los trabajadores sino la defensa de los puestos de trabajo (...);

• adoptar en los hechos la visión de los sectores dominantes acerca de los factores que impulsan el desempleo, atribuyéndolo a la 'rigidez' del mercado de trabajo (altos salarios, aportes patronales elevados, alta indemnización por despidos, etcétera) lo cual indica que la denominada "flexibilización" laboral es el camino aconsejable para solucionarla.

Si bien, ambas líneas de acción podrían interpretarse como un error en la estrategia sindical de esos años, las dudas se disipan cuando se percibe que, al mismo tiempo, la estructura sindical se consolida mediante la participación en las nuevas actividades económicas que surgen de la desestructuración estatal que da lugar al predominio del denominado "sindicalismo empresario". No se trata, sólo, del fortalecimiento desigual de las obras sociales como fuente de financiamiento sino de la inserción del sindicalismo en la administración de fondos de pensión (AFJP), la administración de la participación accionaria de los trabajadores en las empresas privatizadas e incluso de la adquisión y/o participación en los servicios públicos privatizados (...)".
Fuente: Realidad Económica Nº 200 de noviembre-diciembre de 2003/ www.iade.org.ar

III. ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

 A 25 años, los ideales de justicia social están adquiriendo contenidos y sentidos concretos para establecer las bases de otra sociedad, otro país y otro mundo posibles.

Contra la mega minería y los agro negocios como ejes principales de desarrollo de la actual economía de enclave se ha constituido la Unión de Asambleas Ciudadanas a lo largo y ancho de Argentina e interrelacionándose confraternalmente con las organizaciones de otros países que comparten la lucha por la vida, la dignidad, el territorio..

Jorge Eduardo Rulli, en el editorial del programa radial Horizonte Sur (2-11-08), se refiere a la reunión y generación de políticas de resistencia por parte de poblaciones respecto al modelo de la soja transgénica, forrajera y tendiendo a convertirse en agro-combustibles:

"Larroque, Gilbert, Líbaros, Los Toldos, Balcarce, San Agustín, San Nicolás, San Antonio de Areco, el Barrio Ituzaingó de Córdoba, Montecristo, Oncativo, Las Petacas, Colonia Caroya, San Justo, el Barrio Malvinas de Rosario, San Lorenzo, y tantos otros,

• son puntos de la extensa geografía argentina crucificada al terrible modelo de la sojización;

• son también lugares en que los pueblos han luchado, en que han denunciado con valentía el genocidio invisibilizado de un modelo que conlleva víctimas innumerables, como contrapartida de las enormes ganancias que les posibilita a los sojeros. 

En cada una de esas localidades los vecinos se han reunido y han generado políticas de resistencia, en algunos de esos lugares se han puesto por delante de los mosquitos para impedirles pasar, han tomados fotos de los aviones que sobrevuelan los pueblos cargados de veneno, aviones que, generalmente, carecen de toda identificación, que carecen de permisos, que son conducidos en algunos casos por gente sin credenciales siquiera para el trabajo que realizan. En cada uno de esos pueblos, los vecinos han realizado incontables denuncias y  presentaciones, esperado justicia sin hallarla, porque la justicia está sorda y ciega ante los crímenes que produce la soja.

En estos días recomienza la campaña de la siembra y las llamadas y las denuncias de las víctimas nos desvelan, nos desvelan a nosotros, pero no logran despertar a la policía que mientras ve delitos en las agresiones a la propiedad privada, no lo ve en cambio en el constante genocidio de una agricultura industrial que ha multiplicado el cáncer a cifras y porcentajes escalofriantes. No logra despertar tampoco de su indiferencia a los encargados de la aplicación de diversas leyes provinciales que se proponen regular o controlar las fumigaciones.

Tampoco a los intendentes que, maniatados por los grandes intereses, se niegan a cumplir con la Ley, justificándose en la falta de recursos o encerrándose en sus despachos mientras las avionetas cruzan por encima de los pueblos. No logra despertar tampoco al Dr Esteban Righi, a cargo de la Fiscalía general de la Nación, que continúa esa larga siesta que comenzó en los setenta durante el camporismo y que continúa imperturbable sin que lo molesten, con el actual Gobierno. 

Durante los últimos cuatro años, mientras le poníamos voces al genocidio, nos han entretenido recomendándonos el agotamiento de enrevesados trámites y denuncias que no hacían sino ponerle palabras a lo evidente, a lo fehaciente, a lo irrebatible. Trámites que tan sólo mediatizaban en formularios y solicitudes de justicia la espantosa magnitud de la masacre.  Nos reclamaban que les mostráramos lo que conocían perfectamente y que no querían ver, y por lo tanto no hicieron sino perder los expedientes, darle largas, responderlos con obviedades, remitirlos en consulta a los mismos organismos del Estado como el SENASA o como el INTA, responsables de la aplicación impiadosa del modelo de agro exportación de commodities transgénicas, a su vez responsables de la contaminación y de la muerte por cáncer de las poblaciones.

Que pueda  proyectarse por un canal de aire, un documental como el de la Liga, al que vieron millones de personas y no haya un solo miembro de la dirigencia política, un Juez, un fiscal, un comisario, un director de hospital o un intendente que diga algo… que no haya habido un comentario mínimo en los grandes diarios… que un documental que vieron millones de personas y que exponía crudamente la mortandad y las deformaciones provocadas en los niños por el modelo de la soja, haya pasado sin consecuencia alguna, sin provocar vibraciones siquiera en la conciencia pública, indica un grado de anomia en la República que provoca escalofríos.

El tejido institucional se encuentra en gravísimo riesgo, los acuerdos que nos unen como República pierden vigencia, se deslegitiman, se desbarrancan por razones éticas, se convierten en mera parodia. Los marcos constitucionales son burlados por los mismos que se supone deberían preservarlos, la Ley es incumplida por los mismos que las promulgan…

Ahora, a la película Hambre de Soja y al programa de la Liga se le suma Un mundo según Monsanto, y ya tenemos la tremenda trilogía que expone con crudeza un país que fue y que dejamos que fuera con hipocresía, mientras aprovechábamos los dineros que los altos precios de la soja nos dejaba y evitábamos ver el alto costo en vidas y el sufrimiento colateral, del fuego amigo… Una historia repetida, la de nuestra cobardía…

Ahora, se pretende solucionar los problemas de la trata, del hambre o de la inseguridad al margen de la soja, como si no fueran consecuencia del mismo modelo y no fuesen los mismos que respaldan al modelo de la sojización los que regentean la pobreza, los que abastecen de servicios sexuales muchas veces con menores a las decenas de miles de camioneros que transportan los porotos, y a los miles de barcos extranjeros que cargan en los puertos esa soja. Una industria floreciente la de las miles de muchachas que sirven al proyecto de la Republiqueta Sojera, con un burdel en cada cuadra del centro de las grandes ciudades, con un burdel o varios en la entrada de cada pueblo, con muchos burdeles en cada puerto y con el añadido de servicios al propio barco para atender a los marineros…

Esto es la Argentina de la Soja y que no le inculpen esto a la Mesa de Enlace como suelen hacer, que no es el chancho el culpable sino el que lo alimenta y lo regentea… este modelo de sometimiento a los mercados globales nació y se reproduce en las Universidades y en los laboratorios, en los institutos de investigación y en los altos despachos funcionariales, también en los refugios librescos de los intelectuales que divagan sobre el barroquismo, mientras la República se disuelva en la inmoralidad de cada día…

La debacle internacional de los bancos y de los mercados, que viene inexorable, se los llevará puestos a unos cuantos… ni siquiera son capaces de pensar una alternativa ante lo irremediable… seguirán mirando para otro lado mientras el mosquito mata, mientras la Soja mata, mientras el cáncer les ralea las propias filas… ¿Se llevarán acaso esa imagen cobarde de sí mismos cuando se los lleve a ellos también tal como está ocurriendo, ese cáncer que no perdona a nadie porque estamos en el mismo barco? Es en todo caso el penoso destino que eligieron.

Nosotros optamos por luchar contra la injusticia, ellos cuando por años repitieron que preferían morir de pie a vivir de rodillas, ahora que llegó el momento de la verdad, prefieren aferrarse a todo lo que no podrán llevarse…. y terminar de manera despreciable. En verdad nos suscitan pena…".

Fuente: http://horizontesurblog.blogspot.com /www.grr.org.ar/

Contra el funcionamiento estatal de espaldas a necesidades e intereses de los de abajo y de garantías de impunidad para las transnacionales y sus socios locales, hay organizaciones sociales luchando y una expresión es la siguiente carta:

"Jujuy 16 de Octubre de 2008
 
 Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi:
 
Los abajo firmantes, integrantes de la Organización Red Puna y Quebrada y demás organizaciones sociales que adhieren a la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento sobre la situación en la que se encuentran numerosas denuncias penales radicadas en las Fiscalías Federales de nuestra provincia por casos de contaminación ambiental y para requerirle tenga bien instar a los Sres Fiscales para que cumplan con su función de llevar adelante las investigaciones penales respectivas.

En los últimos años hubo un gran salto en lo que hace a la conciencia jurídica respecto al cuidado del ambiente. Esto se tradujo en numerosas leyes y tratados ambientales y en un mayor control ciudadano sobre las actividades que pueden degradarlo. Pero sabemos que la protección ambiental no depende sólo del dictado de normas y el conocimiento de las mismas por los ciudadanos, sino también del esencial rol de la justicia a la hora de tutelar en cada caso concreto los derechos reconocidos.

Creemos que con esta idea Ud. ha creado por resolución PGN 123/06 la Unidad Fiscal para la investigación de delitos ambientales (UFIMA), teniendo por objeto generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso que se vinculen con delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos que constituyan infracción a la ley de residuos peligrosos (ley 24.051) a aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del medio ambiente (arts. 200 a 207 del CP), a las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia.
 
Cumpliendo con su misión, el Fiscal General Antonio Gustavo Gómez  - actuando como enlace de la UFIMA en las provincias del NOA- a partir de numerosas denuncias recibidas, inició una serie de actuaciones preliminares para determinar la posible comisión de hechos ilícitos ambientales en nuestra provincia. Estas investigaciones dieron origen a seis expedientes caratulados: “Actuación Preliminar N° 119/07 Mina La Pulpera P.S.A Infr. Ley 24.051”; “Actuación Preliminar N° 116/07 Minera Aguilar S/ Presunta Contaminación”; “Actuación Preliminar N° 123/07 Mina Loma Blanca y Mina Providencia P.S.A Infr. Ley 24.051”; “Actuación Preliminar N° 118/07 Contaminación en Abra Pampa por metales tóxicos”; “Actuación Preliminar N° 121/07 Orosmayo-Pirquitas P.S.A Infr. Ley 24.051”; y “Actuación Preliminar Nº127/07 Pan de Azúcar P.S.A. Infracción a la ley Nº24.051”.

Las investigaciones llevadas adelante dieron cuenta de la grave situación en la que se encuentran numerosas comunidades de nuestra puna, por la contaminación de sus ríos, aire y suelo como consecuencia de la actividad depredadora de las empresas mineras.

Cumplidas las actuaciones preliminares, el Fiscal Gómez remitió los expedientes a las fiscalías federales N° 1 y N° 2 de nuestra provincia, para que se inicien las respectivas investigaciones preparatorias y para que, llegado el caso, se inicien los juicios a fin de establecer la responsabilidad y consecuente condena a los sindicados como responsables de los graves hechos denunciados.
 
A más de un año de remitidas dichas actuaciones, nos encontramos con que estas investigaciones no han seguido curso, encontrándose en la misma situación en la que se hallaban cuando fueron remitidas.
 
Bien sabemos que la justicia se encuentra colapsada, que existen grandes cantidades de causas a la espera de una resolución y que los recursos humanos y materiales son escasos para hacerles frente. Pero también conocemos el funcionamiento del sistema penal y la selectividad con la que opera. "…la regla general se traduce en la selección (a) por hechos burdos o groseros (la obra tosca de la criminalidad, cuya detección es más fácil); y (b) de personas que causen menos problemas (por su incapacidad de acceso positivo al poder político y económico o a la comunicación masiva).

En el plano jurídico, es obvio que esta selección lesiona el principio de igualdad, que no sólo se desconoce ante la ley, sino también en la ley, o sea que el principio de igualdad constitucional no sólo se viola en los fundamentos de la ley sino también cuando cualquier autoridad hace una aplicación arbitraria de ella." (Zaffaroni, Eugenio Raúl).

Estas palabras ilustran lo que nos está pasando: "Las leyes son como las telas de araña, que aprisionan a los pequeños, pero son desgarradas por los grandes" (Solón). Delitos que tienen como autores a empresas de grandes caudales económicos y poder político (delitos de cuello blanco) quedan al margen de la persecución penal y, sin embargo, los bienes jurídicos dañados afectan a miles de habitantes, causando muchas veces daños irreversibles a la salud y al ambiente. En palabras del Fiscal Gómez: " Los Fiscales Federales representamos el interés público. Es nuestra obligación iniciar todas las causas penales que sean necesarias ante la flagrante violación a los arts. 55 y 56 de la ley 24.051. Para que el derecho a la igualdad en un ambiente sano no sea una utopía, para que ese derecho humano esencial no sea una diferencia que nos separe".

En fin, podemos sostener que el problema actual de los derechos humanos ya no reside en sus fundamentos y reconocimiento legal, sino en las garantías que los estados deben ofrecer para darles concreción y vigencia (Bobbio, Norberto).
 
Por último, y sin querer ahondar en el tema, pero fieles a la lucha que llevamos hace años, dejamos dicho que los casos que están pendientes de prosecución judicial, se encuentran en territorios de pueblos indígenas (en su mayoría Kollas) y que reflejan la situación de los mismos respecto al Estado y los poderes económicos: las políticas públicas siguen beneficiando al capital extranjero, excluyendo a los pueblos indígena del acceso a derechos humanos básicos.
 
No habiéndose avanzado en las investigaciones penales reseñadas y considerando que los delitos que allí se investigan continúan generando los efectos contaminantes y sus responsables siguen impunes, es que solicitamos al Sr. Procurador General de la Nación que, como jefe máximo de los fiscales y responsable del diseño de la Política Criminal del País, ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 y Nº2 de la Provincia de Jujuy a realizar las diligencias pertinentes para continuar las investigaciones penales y así arribar a la verdad real de los hechos que se han denunciado.
 
A la espera de una pronta respuesta, nos despedimos de Ud. saludándolo atentamente".
Fuente: www.noalamina.org/17-10-08

Ø       Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

Ø       Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.

Ø       Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".

Ø       Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).

Ø       Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.

Ø       Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.

Ø       Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.

Ø       Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.

Ø       Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación! http://petitorio.noalamina.org

Esta campaña se sostiene en que las Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el N0 A LA MINA se esmeran por estudiar la demolición socio-ambiental, documentar su argumentación y multiplicar su resistencia con el apoyo de, por ejemplo, la socióloga Maristella Svampa.

Maristella Svampa, en "Protestas contra la destrucción" (publicado en el diario Crítica de la Argentina), se refiere a:

"El crecimiento de los movimientos de resistencia contra la minería a cielo abierto empieza a tener frutos en la nueva legislación.

Cualquier modelo que se plantee como alternativa de desarrollo en una sociedad, debe ser informado y sometido a la discusión pública. No parece ser el caso en este país, donde tanto la ciudadanía, como los intelectuales y la comunidad universitaria, solemos llegar tarde, cuando los hechos ya se presentan como consumados. Así sucedió con el modelo sojero, cuya discusión debería haberse instalado en la agenda pública hace ocho o diez años atrás. Hoy, el riesgo es que -por indiferencia, desconocimiento u omisión- dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, que involucra diecisiete provincias argentinas, muchas de ellas erigidas en territorios de resistencia.

La megaminería a cielo abierto, que emplea tecnologías de lixiviación con sustancias tóxicas, es una actividad que en los últimos años viene suscitando grandes resistencias a lo largo del país. La importancia económica del sector minero no es menor, si tenemos en cuenta que, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Beneficiadas por un escandaloso marco legal creado en los 90, confirmado por las sucesivas gestiones, la puesta en marcha de este “modelo de desarrollo”, se viene realizando de manera silenciosa y vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas.

En 1997, Catamarca fue la encargada de arrancar con el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel donde la megaminería encontró un primer gran escollo. Allí, luego de conformar una asamblea multisectorial en la cual se destacaban grupos de profesionales, la población llamó a una consulta popular que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no” y desembocó en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería.

Muchos de los escenarios a los cuales se ven confrontadas las poblaciones son de una asimetría obscena, como se refleja dramáticamente en San Juan, La Rioja y Catamarca. Pero, entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, ya se sumaron siete provincias que sancionaron leyes prohibiendo este tipo de explotación minera. Tres factores clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energía que éstos conllevan. Por último, las asambleas van creando una red de territorios, de alcance regional (Asamblea Patagónica, la Asamblea Regional No a Pascua Lama, Plenario de Organizaciones del NOA), y de nivel nacional, a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 reúne a las asambleas de base.

Desde el sur y por todas partes. En la Patagonia, luego de Esquel, la acción ciudadana contra la minería a cielo abierto tuvo su epicentro en la localidad rionegrina de Jacobacci, donde había un proyecto en fase de exploración (la mina de Calcatreu). La sanción de la ley, en julio de 2005, que sólo prohíbe la minería realizada con cianuro, fue el primer triunfo de una red de territorios, que incluía a asambleas de Río Negro y Chubut, así como a organizaciones mapuches.

En Mendoza, las asambleas arrancaron en el Valle de Uco, pero en esta provincia el rasgo distintivo fueron las multisectoriales de segundo grado, en las cuales confluyeron, además de los autoconvocados, organismos gubernamentales, concejos deliberantes, iglesias y cámaras de comerciantes. La legislación del “no” estuvo lejos de tener una secuencia lineal. En diciembre de 2006, la Cámara de Diputados sancionó una ley, pero ésta se encontró con el veto “no positivo” de quien era por entonces gobernador, Julio Cleto Cobos. La explicación de Cobos, que coincidía con la Cámara de Empresarios Mineros, que catalogaban la ley como “inconstitucional”, era que “una ley provincial no puede reformar el Código Minero”, de alcance nacional, y que su aprobación prometía una lluvia de juicios de las mineras contra el Estado. Un mes después, los cortes, movilizaciones y recursos judiciales se endurecieron y tuvieron un primer correlato en una ordenanza municipal que prohibió la actividad en el departamento de San Carlos.

Desde el gobierno mendocino buscaron adormecer el tratamiento del tema hasta después de las elecciones, pero la multiplicación de los reclamos disuadió a los senadores que trataron la ley. “Ésta es una competencia de las provincias, que tienen la obligación de controlar y evitar que se produzcan daños ambientales. Se habla de seguridad jurídica y ¿cuánto se han preguntado acerca de la seguridad ambiental? Se dice que es inconstitucional y ¿qué hay del artículo 41 de la Constitución que habla del derecho a un ambiente puro?”, afirmó la senadora del ARI Alejandra Naman. Así, el 30 de mayo de 2007, como consigna el diario Los Andes, en medio de un clima de tensión, el Senado rechazó el veto de Cobos y la ley pasó a Diputados para ser promulgada.

Hoy las asambleas mendocinas están movilizadas contra el proyecto de la mina de potasio Río Colorado en el sur de Malargüe, de la empresa Río Tinto, que involucra otras tres provincias, dado que la sal de ese depósito podría contaminar el río Colorado, que se utiliza aguas abajo para riego y consumo humano en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, lo cual ya motivó reclamos del gobernador Scioli.

Que el oro quede donde está. Una mención especial merece la legislación del “no” en La Pampa, porque muestra que ahí donde no hay presiones empresariales en juego, los legisladores suelen distinguir nítidamente entre lo que pertenece al orden del interés económico y lo que remite a los derechos fundamentales. Leamos un fragmento de los fundamentos de la ley que presentó el Partido Justicialista:

“Si los recursos, suelo, agua, aire, vegetación, etc., están amenazados –aunque fuera potencialmente y de manera muy leve– eso sólo ya debe ser motivo de preocupación. (…) Ante la creciente preocupación de los ciudadanos de las provincias vecinas, creemos necesario discutir y poner en vigencia una ley como la que propone el presente proyecto para adelantarnos a futuras contradicciones en las que el afán desmedido de lucro se quiera oponer a la vida misma. Si en nuestro territorio hubiera metales preciosos muy valiosos como el oro, la plata, el plomo, bienvenidos sean, pero si su obtención es a costa del equilibrio ecológico en la región, es mucho mejor que los mismos permanezcan donde están”.

Si las provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja hoy padecen la embestida de las grandes empresas trasnacionales en alianza con los gobiernos provinciales, una primera constatación es que el escenario en el noroeste argentino presenta rasgos comparables, que lo instalan de lleno en la trampa del modelo extractivista: extendida pobreza, corrupción política, en fin, colonización de lo público por lo privado.

Aun así, varias provincias vienen recorriendo aceleradamente lo que podemos denominar “el efecto Alumbrera”. Es que en los últimos años, las denuncias por contaminación a raíz de los derrames del mineraloducto, que recorre 316 km entre Catamarca y Tucumán, más el vertido de efluentes líquidos de su planta de filtrados al canal DP2 (que motivó el actual procesamiento del vicepresidente de la compañía por la Justicia Federal), pusieron en alerta a diferentes poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero, que miran en el espejo de La Alumbrera el futuro que les aguarda. Así, frente a los nuevos proyectos mineros, las poblaciones realizan el pasaje rápido del “efecto Alumbrera” (los daños ambientales son un hecho) al “efecto Esquel” (cómo organizarse), como lo muestran las nuevas asambleas de autoconvocados en el noroeste argentino, así como el rol activo que tomaron las poblaciones originarias calchaquíes, en un proceso que marca la incipiente conformación de una red de territorios

La excepción tucumana. Resulta sugestivo que la única provincia del norte que prohibió este tipo de minería sea Tucumán, donde está la sede de La Alumbrera. Allí, en abril de 2007, se sancionó la ley del “no”, pese a que dos años antes el gobernador había vetado una ley que prohibía este tipo de minería. Impulsada desde la comisión de Ecología de la Legislatura, la ley “tuvo entre sus principales causas las reiteradas denuncias por contaminación ambiental existentes en los emprendimientos mineros de este tipo, especialmente la muy cercana Minera Alumbrera y las posibles explotaciones que podrían realizarse en la provincia”, expresó el presidente de la comisión legislativa, Alejandro Sangenis, quien reconoció el apoyo del secretario de Medio Ambiente provincial, para que el gobernador no vetara nuevamente la norma “pese a las presiones empresariales existentes”. Las posteriores declaraciones del gobernador José Alperovich son por demás elocuentes: “¿Cuánto vale la vida humana? No importa que se pierdan 500 millones de pesos en inversiones, la vida humana no tiene precio. Es una buena ley para los tucumanos” (primerafuente.com.ar)

Las sucesivas legislaciones del “no” mostraron la productividad de las escalas y las redes regionales, frente a un escenario político inicialmente adverso, a partir de la articulación de las demandas de las asambleas de vecinos, profesionales, productores y ambientalistas, y la acción de legisladores provinciales y representantes municipales, que en ciertos casos actuaron aún en contra del propio Ejecutivo provincial (así lo prueban los vetos), y de los poderosos intereses empresariales en juego. Pero las legislaciones provinciales no son una garantía absoluta, ya que lo ocurrido en La Rioja, donde el gobernador anuló la ley que prohibía tal actividad (impulsada por él mismo y sancionada en 2007), está allí para señalar la fragilidad de las instituciones, atravesadas por los intereses económicos.

 

A su vez, la dinámica de las luchas produjo también un reacomodamiento de las transnacionales mineras y de los gobiernos, quienes ahora ensayan nuevas vías, como lo indican los proyectos de reordenamiento territorial que buscan zonificar las provincias, habilitando así “áreas de sacrificio” para la explotación minera.

Son numerosos los proyectos candidatos a transformarse en la nueva La Alumbrera: Agua Rica, que pronto entraría en explotación en Catamarca (tres veces más grande que La Alumbrera), el proyecto Famatina, en La Rioja, y Pascua-Lama, de la Barrick Gold en San Juan, compartido con Chile y producto de un inédito tratado binacional que configura un territorio de soberanía supraestatal corporativa en el que se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. Mientras tanto, después de lo de Esquel, ninguna otra consulta popular fue permitida, ni tampoco, pese a la multiplicación de los cuestionamientos y resistencias, se ha abierto (ni siquiera está instalado en la agenda de la Universidad pública) un debate independiente acerca de las controvertidas implicancias del “modelo de desarrollo” vigente.

Casos testigo, de Córdoba a San Luis. Córdoba fue otro centro generador de asambleas y redes regionales. Presentada por el Ejecutivo provincial, en septiembre de 2008, la Legislatura sancionó por unanimidad la ley 9526, que prohíbe este tipo de minería, e incluye también la explotación “de minerales nucleares tales como el uranio y el torio”. Dicha ley provincial –publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado– aparece como la más completa y avanzada en la protección del medio ambiente, sentando un precedente importante en el país.

Una semana después, en octubre de 2008, San Luís siguió sus pasos. Allí, en julio de 2008, el Poder Ejecutivo Provincial había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obtuvo media sanción, pero en medio de presiones políticas y empresariales, desaparecieron los dos artículos que hacían referencia explícita a la minería metalífera a cielo abierto y la minería en uranio. Los reclamos de las asambleas y de los municipios involucrados no se hicieron esperar. Según la agencia Ecomerlo nueve intendentes realizaron una “cumbre” en Concarán, vecina a Merlo, y rechazaron cualquier actividad minera a cielo abierto. Finalmente, la provincia votó la ley, sin incluir esos dos artículos, pero enumerando las sustancias químicas que intervienen en dicho proceso extractivo.

Lágrimas de lobbistas. En agosto de 2008 la revista Panorama minero decía: “En un análisis realizado en la provincia de San Juan, se llegó a la conclusión de que de las 17 provincias que tienen potencial minero sólo 9 pueden desarrollar la actividad, pero entre ellas hay cinco con leyes provinciales prohibitivas. Esta situación cambia el mapa minero. Unas entran, otras salen y el mapa minero del país se va reconfigurando con cada vez menos jurisdicciones como jugadoras en esa actividad (...) Pero la alegría de la recuperación (por la derogación de la ley en la provincia de La Rioja) se ve empañada porque hay cuatro provincias más que quieren introducir en sus legislaciones prohibiciones similares o con algunas restricciones: San Luís, Jujuy, Córdoba y Tandil, en Buenos Aires, avanzan con leyes en el mismo sentido, con desenlace aún incierto”. Fuente: www.noalamina.org/12-11-08

Perry Anderson, refiriéndose a la realidad social latinoamericana, afirma: "Aquí y solamente aquí, la resistencia al neoliberalismo y al neo-imperialismo conjuga lo cultural con lo social y nacional.  Es decir, comporta una visión emergente de otro tipo de organización de la sociedad y otro modelo de relaciones entre estados en base a estas tres dimensiones diferentes" ".

Es citado por Raúl Ornelas, en "Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado", que constata: "que, en términos generales, la dominación capitalista ha alcanzado un desarrollo muy alto, el cual se expresa en la tendencia a convertir todo el planeta (naturaleza, relaciones y actividades sociales) en mercancías, así como por la ausencia de alternativas de ruptura viables en la actualidad. (...)

En tanto los capitales tienden a desbordar los límites de la naturaleza (la ingeniería genética) y los del planeta (exploración espacial), el sustrato de los conflictos sociales transita desde los espacios de la explotación (el mercado, la fábrica) y de la política hacia el territorio; el conflicto social se expande al conjunto de las esferas de la vida social y tiende a expresarse en su mayor agudeza en aquéllas que constituyen el sustrato de la vida: las comunidades, sus condiciones de existencia y sus espacios geográficos y simbólicos".

Destaca que "podemos hablar de una tendencia a la creciente polarización política: en efecto, las nuevas formas de dominación dejan poco espacio a las oposiciones de tipo socialdemócrata, en tanto éstas buscan refuncionalizar una forma de capitalismo que ha dejado de existir.

Es en este marco que Ceceña habla de militarización de la vida social, de contrainsurgencia sistémica y de esfumación de los espacios de disciplinamiento

en el conjunto de la sociedad, como las respuestas típicas de los sujetos hegemónicos.

Si la hegemonía se acentúa, el nivel de exclusión creado por el capitalismo contemporáneo tiende a hacerla más frágil: de hecho entramos en un período de insurrección latente.

En tanto la disputa es por la vida y por el territorio, las nuevas formas de conflicto adquieren paulatinamente la forma de resistencias sociales con horizonte anti-capitalista.

El abordar la fragilidad de la hegemonía nos permite mostrar la fuerza de la resistencia, de las luchas sociales. Para autores como Holloway y Zibechi, la agresividad creciente del capital manifiesta su debilidad ante la exclusión y la lucha social. En el mismo sentido, Ceceña argumenta que el principal límite del capitalismo son las luchas sociales (...)".

Propone, "a partir de este contexto, líneas de discusión para el debate acerca de contrahegemonías y de emancipaciones". Aclara: "De forma muy esquemática, se ha formulado  que la contrahegemonía  busca construir un poder alternativo en tanto que la emancipación busca acabar con las relaciones de poder. Estas caracterizaciones son insuficientes ante la complejidad de los procesos de lucha social.

La primera línea de discusión concierne a las características del sujeto social de la transformación:

• Desde la perspectiva de la contrahegemonía se trata de apuntar a la creación de un sujeto social que confronte exitosamente al poder establecido, un sujeto multiforme que debe construir una expresión política, unitaria y plantear una alternativa general, tanto en los temas sustantivos de la agenda nacional como en el nivel territorial, en el que se aspira a crear una fuerza que actúe en toda la nación. (...)
  No se trata simplemente de tomar el poder del Estado de los dominadores sino de construir desde la sociedad civil las bases de una nueva sociedad y de un nuevo Estado, al tiempo que se destruye la hegemonía de la burguesía. En este sentido, la cuestión de toma del poder no es vista como el punto de partida de la transformación social.
  
  En el proceso de las luchas sociales, los combates parciales y corporativos, encuentran un cauce general en la acción de la organización política (...) es decir, la creación paulatina de una nueva visión del mundo que sea aceptada como nuevo sentido de verdad, es esencial en los horizontes y ritmos de la construcción del sujeto de la transformación. (...)
   

• Desde la perspectiva de la emancipación, el sujeto que se construye es también múltiple pero caracterizado por la diversidad y anclado más en la sociedad civil (o si se prefiere, en las luchas populares) que en la esfera política. La diferencia esencial con el proyecto contrahegemónico es que la emancipación privilegia, pone el énfasis en la recuperación del control de la reproducción del sujeto transformador. Por encima de cualquier otro objetivo, el proyecto emancipador parte de enfrentar las dependencias y opresiones que viven cotidianamente los individuos y sus comunidades.
  Para ello, encara un aspecto esencial de la dominación capitalista: la destrucción de la comunidad.
  
  En efecto, la construcción de lazos comunitarios o la defensa de la existencia de las comunidades es el proceso constituyente del sujeto transformador: la comunidad es espacio y vehículo del proyecto emancipador. En ese sentido, la afirmación de la diferencia como proceso constituyente del sujeto de la emancipación, se proyecta como aspiración de superar las separaciones que caracterizan la vida social en el capitalismo: por ello la lucha debe abarcar el conjunto de las prácticas y de los espacios sociales.
  
  Volcadas hacia su interior: estas comunidades emprenden, además de las tareas políticas, un esfuerzo de supervivencia que significa ante todo ocupación y resignificación del territorio; los esfuerzos de las comunidades en lucha se dirigen a lograr la satisfacción de las necesidades básicas, alimentación, salud y educación, sin olvidar la autodefensa como condición elemental de existencia de los sujetos que resisten al poder (...)".
  
  Fuente: Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado/ coordinado por Ana Esther Ceceña - 1ª ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2006.