I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

Permítanme adelantar mi idea sobre impunidad
como convicción -y construcción- de omnipotencia de la gran burguesía
para
su avance capitalista por despojo de derechos humanos esenciales
a las grandes mayorías y devastación del planeta.

El «sentido común» naturaliza este funcionamiento delictivo-criminal
aduciendo que a la burguesía sólo le cabe preocuparse por su rentabilidad
y
que el Estado es el responsable de regular a dicha clase dominante.

Sin embargo, en América latina donde la desigualdad social es más notable,
se hace cada vez más evidente que el Estado no es neutral y participa activamente en
organizar
la sociedad mirando a optimizar la extracción de trabajo no remunerado a los asalariados.

Ante la muerte de seis trabajadores bolivianos por incendio en un taller textil clandestino,
la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) denunció:

"Se pretende hacer pasar como un simple siniestro en un taller «familiar»
lo que -en realidad- es la consecuencia directa de un régimen de producción
basado en
la servidumbre, la superexplotación y el hacinamiento de personas indocumentadas
en aras de la máxima ganancia".

Marcelo Maggio señala respecto a esta definición de la UTC:

"El interrogante que queda planteado es hasta dónde llega
este «régimen de producción».

No es fácil reconstruir la complejidad
de lo que sucede en la sociedad.
Hay que unir puntas.

La Agencia Pulsar publicó un artículo(7/4/06) en donde afirma
«según la Defensoría del Pueblo porteña, se calcula que hay 150 mil bolivianos
que
trabajan en estos talleres del sudoeste de la Capital Federal. La relación entre
las firmas importantes y los talleres de Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Liniers
y Mataderos es directa.

Camionetas de estas 3 firmas (Montagne, Rusty y Lacar) pasan semanalmente a
buscar prendes hechas, listas para embolsar y mandar a la venta».

 Aparece otro interrogante. 150 mil personas trabajando en una superficie delimitada
como
la Capital Federal es mucha gente. Implica un ingreso de materias primas, consumo
de recursos, movimientos humanos, una comercialización de los productos y
principalmente, una generación de ganancias.

Cómo es que a un Estado, que tan fácilmente
detecta
al pibe que consume un «porrito» en la esquina,
se le escapa un detalle de semejante magnitud.

Muy simple: no se le escapa. Así funciona
el «sistema»,
el «régimen de producción».

El propio Ministerio de Trabajo reconoce que, según datos de agosto de 2005,
el 74%
del sector textil es informal. Un eufemismo que oculta las rudas condiciones de
opresión que implican. De vuelta: el 74% no es una excepción, así funciona el asunto".

Fuente: Red Acción Año XI - Número 85
Mayo 2006
Periódico de la Agencia de Noticias Redacción (AnRed)   www.anred.org
redaccion@anred.org

Ideología:

«El trabajo esclavo mata»

Marcelo Maggio dice:

"Con esta consigna el flamante gobierno de la Ciudad
intentó
consolidar las vituallas del 'cordón sanitario' de
su inminente Cromañón.

Trabajo esclavo remite a otro tiempo, al feudalismo o a épocas precapitalistas,
pero",
como opina Mario Wainfeld (Página 12 del 5/4/06):

• "No conviene abusar del término
  pues se corre el riesgo de ocultar que determinadas formas de explotación
  son
  características del capitalismo en
  su actual estadio".
   

• "El negreo, consentido e instado
  desde
  estados provinciales o municipales
  forma parte del convite al capital privado,
  imprescindible para garantizar las fuentes de trabajo".

Marcelo Maggio destaca que el gobierno nacional, también, participa
del «convite negrero».
"Sólo para el Poder Ejecutivo, trabajan 21.594 personas con contrato precario
(donde en algunos casos incluso el Estado se autoevade)".

Al gobierno nacional le toca como empleador y como garante del funcionamiento de estas reglas.

"Argentina, dicen los medios masivos, crece a tasas chinas, un 9% anual. Esto es,
hay más actividad económica año a año. Sin embargo, este dato que se plantea
como algo bueno,
lo es sólo para algunos pocos: los empresarios. A la cabeza, crecimiento de
la rentabilidad empresaria y de recaudación impositiva. A la zaga, salarios y
tasa de empleo (ver algunos datos en Daniel Muchnik, Clarín, 17/4/06).

Lo que está sucediendo es que el aumento del PBI está guardando relación con
el aumento de la «productividad laboral».
Esto es,
los mismos obreros ocupados producen más, y por eso no aumenta la ocupación
como se esperaría (no se toman trabajadores porque los que ya hay trabajan más
y producen más bienes).

Además, el costo laboral promedio de la industria
bajó respecto al 2001 un 25%.
Así,
los empresarios redujeron costos y ganaron en productividad y competitividad".

Fuente:
Red Acción Año XI - Número 85
Mayo 2006
Periódico de la Agencia de Noticias Redacción (AnRed)   www.anred.org
redaccion@anred.org

La Agencia Walsh ( agenciawalsh@yahoo.com.ar ) historia la construcción del Estado
garante del
funcionamiento mirando a maximizar las ganancias del gran capital,
en la siguiente forma abreviada:

"Si bien las Fuerzas Armadas esgrimieron como excusa principal el accionar de
las organizaciones guerrilleras, la razón principal fue la necesidad del capital
de poner coto
a la rebeldía de las masas y del movimiento obrero en particular,
lo que se concretó con la militarización de las fábricas, los centros de producción,
los sindicatos y las universidades.

Con el retiro de los militares y el advenimiento de los gobiernos democráticos
a partir de 1983,
una esperanza se abrió para los trabajadores. Sin embargo, duró muy poco.

Pronto se vio que los gobiernos civiles de Raúl Alfonsín, Carlos Menem,
Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner
mantienen
salarios bajos al tiempo que aumentaron la flexibilidad laboral y la desocupación.

Durante los dos períodos presidenciales del peronista Carlos Menem
se acrecentó
la dominación imperialista y se implementaron las decisiones emanadas
del FMI y el BM y otros organismos financieros internacionales.(...)

Un efecto de esta política fue la quiebra de innumerables fábricas por
la competencia de productos extranjeros
y otro,
la consiguiente ola de desocupación, cuyo índice llegó al 25% de la población activa.

La política del gobierno peronista contó con la complicidad de las burocracias sindicales
de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los pobres y marginados se contaron de a millón. Se perdieron conquistas laborales,
se rebajaron salarios,
se maximizaron las normas de flexibilización laboral, como la polifunción, el toyotismo
y se instituyó, casi como una ley del mercado, el trabajo en negro".

Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 2
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar

En el primer semestre de 2006, se registró un 10,9% de desocupación laboral
y un 44,2% de trabajo en negro: son 5 millones de personas que trabajan
pero
no están registradas. Esta situación se agrava en el norte de Argentina,
afecta al 50,9% de la población activa en el noroeste y al 49,5% en el noroeste.

Quienes trabajan en negro son pobres y un tercio de ellos
ha sido arrojado -casi siempre- como familia a la 'indigencia',
o sea,
al hambre, la miseria, el desamparo total.

Ismael Bermúdez (Clarín 21/9/06) explica:

"Los datos oficiales marcan que, en un año, la pobreza se redujo del 38,9 al 31,4%.
Pero
la mayor parte de esa caída se produjo en la segunda mitad del año pasado,
ya que en el primer semestre de 2006 la baja fue menor.

De esta forma, hay 12,1 millones de pobres así considerados porque no tienen
ingresos suficientes para comprar una canasta básica de bienes y servicios
que, en agosto,
era de 861,18 pesos para un matrimonio y dos hijos.

A su vez, los 4,3 millones que son indigentes, la franja más pobre,
no llegan a cubrir
la canasta básica de alimentos, valuada en agosto para una familia tipo
en 391,44 pesos.(...)

Los planes sociales inciden sólo marginalmente en la mejora de ambos indicadores sociales. Eso se explicaría porque esa ayuda estatal es de apenas 150 pesos mensuales.
A pesar
de la inflación, esa ayuda permanece sin cambios desde mayo de 2002.

Así, una familia que depende de un plan social
cubre
menos de la mitad de la canasta básica de alimentos.

Por otra parte, tanto la pobreza como la indigencia son ahora levemente
menores a las registradas en 2001. Pero en ambos casos son superiores
a las registradas
en 1998, cuando comenzó la recesión. De esta manera, aunque
la actividad económica supera las marcas de 1998,
la situación social
sigue con un considerable retraso".

Premisas e hipótesis:

"No sólo las leyes laborales defienden los intereses de
la burguesía
sino que, también, los dirigentes sindicales han negociado
Convenios Colectivos de Trabajo en perjuicio de
la clase obrera" afirma Germán Suárez.

a. Las leyes de represión y superexplotación a la clase obrera

Germán Suárez explica:

"El Estado representante de la burguesía está obligado a regular
la ley
en nombre de esos intereses. Y como la huelga implica una embestida
contra la ganancia capitalista, no resulta extraño que -en esta materia-
la legislación
tienda a restringir cada vez más este histórico derecho obrero.

El gobierno de Kirchner, que siempre ha hecho gala de su progresismo y populismo,
no escapa
a esa lógica como tampoco lo hacen los sindicatos cooptados que 'colaboran'
con la tarea.(...)

En Argentina, el régimen de huelga en los denominados
«servicios esenciales»
fue regulado por sucesivas normas.

Las últimas tres fueron el decreto 2184/90 (durante el gobierno de Menem),
la ley 25.250 (la denominada ¨Ley Banelco¨) durante la presidencia de
De La Rúa y la ley 25.887 durante el mandato de Kirchner.
Todas ellas
enumeran, por un lado, un conjunto de actividades que son tratadas como
¨servicio esencial en sentido estricto¨, es decir, que -ante una huelga- se deben
establecer
siempre las guardias mínimas. Pero, por otro lado, se habilita también la posibilidad de
declarar excepcionalmente ¨servicio esencial¨ a cualquier otra actividad. Para ello,
se podrá acudir a dos criterios:

• cuando la duración o extensión territorial de
  la medida
  pueda poner en peligro la vida, la salud o
  la seguridad de la población;
   

• cuando se trate de un ¨servicio público trascendental¨.(...)

Permite incluir cualquier otro servicio en forma excepcional,
si la Comisión de Garantías (creada a tal efecto) así lo declara.
Dicha comisión
está integrada por cinco miembros (un titular y un alterno),
de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo Nacional
en base a
las ternas presentadas por las organizaciones de empleadores y
de trabajadores más representativas,
de la Federación Argentina de Colegio de Abogados y del Consejo Interuniversatario
Nacional. El restante miembro titular y su alterno son elegidos en forma directa
por el Presidente.
De este modo, el Poder Ejecutivo sigue asegurándose esta arma jurídica para
obstaculizar la lucha de la clase obrera.

Es cierto que se han agregado algunas mejoras con respecto a los decretos anteriores.
Sin embargo,
estas medidas más favorables terminan siendo neutralizadas por la facultad
del Ejecutivo
de decretar la esencialidad del servicio en forma excepcional,
mediante la Comisión de Garantías antes mencionada.(...)

En contraposición, con el supuesto carácter progresista del gobierno de Kirchner,
vemos que el sistema legal durante su mandato cumple la misma función de siempre:
defender
los intereses de la burguesía. Muchas leyes laborales que se vienen anunciando
como 'protectoras' ya han recibido el guiño del empresariado por considerarlas
beneficiosas (para ellos).

Además, no se debe olvidar que continúa vigente el contenido básico de
las denominadas leyes de flexibilidad laboral,
sancionadas
durante los gobiernos de Menem y De La Rúa (período de prueba, negociación por
empresa, indemnizaciones tarifadas, contratos a plazo fijo, terciarización) y
que
el negocio de las AFJP sigue en pie".

Fuente: El Aromo, Mensuario cultural piquetero
Año IV - Número 31 - Septiembre de 2006
elaromo@razonyrevolucion.org
www.razonyrevolucion.org.ar

b. El pacto del gobierno de Kirchner con Moyano

Comienza cuando el gobierno de Kirchner se propone sacar a
las organizaciones piqueteras de las calles para la 'paz social'
o el funcionamiento
sin conflictos que cuestionen el crecimiento económico en exclusivo beneficio de
los poderes recompuestos después del susto ante la rebelión popular.
En la actualidad,
las patotas sindicales operan a favor de esa 'paz social', por ejemplo, en

• Esquel una es enviada para imponer la explotación minera a cielo abierto de transnacionales y
  en contra de los vecinos autoconvocados en defensa de la vida y su calidad;
   

• Neuquén (provincia) se arma contra los trabajadores de la educación pública que
  reclamaban por sus derechos.

En "Coyuntura de luchas contra la esclavitud laboral y los despidos.
La condición preKaria", Socialismo o Barbarie opina:

"La coyuntura política se muestra “planchada” en el sentido que no hay ningún proceso de pelea que
ocupe el centro de la escena política nacional como fueron
desde finales del 2004 hasta comienzos del 2006, los casos de telefónicos, el subte,
el hospital Garraham o los petroleros de Las Heras.
Es que, precisamente,

los acuerdos salariales del gobierno con Moyano vinieron para
intentar abortar y poner un “cepo” a
la principal oleada de luchas reivindicativas
de la clase obrera ocupada
en más de década y media.
Y,
en parte, es un hecho que,
en lo inmediato, lo han logrado.

Sin embargo, esto no niega que se hayan seguido desarrollando, de manera parcial
y con sus alzas y bajas, conflictos de importancia y que no han tenido aún resolución,
como es el caso de los trabajadores de hospitales nucleados en ATDEMYS en Córdoba,
o del Hospital Francés en la Capital.

Sobre todo, existe otro proceso de menor repercusión, pero que es el que
tiene mayor extensión y se concentra entre el proletariado industrial: de manera parcial, molecular, fragmentaria
y por lugares, ha venido desarrollando un conjunto de duros conflictos contra
la precariedad, la esclavitud laboral y el despotismo patronal en las fábricas:
se trata de
los casos de TBV, Ecocarnes, la Fundición Canning, FAPA-Armanino, Cerámica Cregar, etc.. Son conflictos “subterráneos” de importancia, a los que hay que prestar atención y volcar fuerzas para que triunfen.(...) ".

El pacto del gobierno con la CGT de Moyano
-según Socialismo o Barbarie-
"a principios del 2004 “modificó” la ley laboral y reformó la “Ley Banelco” cuestionada y deslegitimada por
las certezas populares de haber sido votada a cambio de las famosas coimas.

¿Qué cambios introdujo la nueva ley K? Nada de nada: sólo le otorgó más poder a
la burocracia sindical
para que pacte en las convenciones colectivas de trabajo a espaldas de los trabajadores y dejó todas las normas que permiten el trabajo eventual, las agencias, las pasantías, las tercerizadas, la polivalencia, la polifuncionalidad, etc. tal como las estableció Menem".

¿Cuál es la realidad de los trabajadores que el pacto Kirchner-Moyano legaliza?

Socialismo o Barbarie responde:

"Esta realidad se puede traducir en algunos “fríos” números:
del total de casi 11 millones de trabajadores asalariados, 4.7 millones están en “negro”;
es decir,
no tienen cobertura frente al eventual despido, ni aportes jubilatorios,
ni cobertura de obra social o por accidente de trabajo.

Otro “frío” número –en el mismo sentido– indica que de los 3.000.000 de puestos de trabajo creados desde el 2002 –con los que hace “alharaca” K– más del 70% son, precisamente,
en negro, es decir, en las mismas condiciones precarias de contratación antedichas. Y como si esto fuera poco, el promedio salarial de trabajadores en negro es muchísimo más bajo
(prácticamente la mitad) que el que está “blanqueado”.

Esto mismo hace que en muchos de estos lugares impere
un verdadero “despotismo de fábrica”:

los trabajadores prácticamente carecen de “derecho al pataleo” frente al patrón (en muchos casos, siquiera gozan del elemental derecho sindical a tener delegados) que puede hacer con ellos (si no lo enfrentan), lisa y llanamente lo que éste disponga.
Por ejemplo, intentar despedirlos con total impunidad, tal cual es
el caso de varios de los conflictos que están en curso".

¿Qué significan los acuerdos pactados entre el gobierno K y la CGT?

Socialismo o Barbarie responde:

"la ex “combativa” burocracia de Moyano, parece haber dejado de lado, incluso,
la peleas de “bolsillo” por encuadramiento sindical que venía impulsando en el período anterior para no perder su aura de “luchadora”...

Mientras se dedica a inaugurar hoteles en Mar del Plata de la mano de K, parece haber “bajado la persiana” hasta el año próximo. Después de haber cerrado
los acuerdos salariales del 19%,
aumento pagadero en cuotas y que es “comido” –a pasos agigantados– por la inflación
todos los días (lo que comienza a generar cierto malestar), cerró su tarea acordando un miserable salario mínimo que con los descuentos no llega a más de 700 pesos.

Debemos recordar el “favor” que significan estos acuerdos: respecto de los compañeros en blanco,
un techo mezquino que no sólo no termina de recuperar del todo la inflación de
los últimos años, sino que entrega en bandeja a la patronal todos los aumentos por productividad y que han hecho las delicias del aumento en las ganancias de las patronales
(los mayores márgenes en décadas).

Por si esto fuera poco, los convenios no han tocado una coma en materia de condiciones de trabajo.
Pero hay algo peor aún: han quedado fuera del aumento salarial y del salario mínimo,

el inmenso universo de compañeros que está en “negro” y que junto
con la continuidad de una tasa de desocupación que permanece elevada, tira hacia abajo las condiciones de
salario, trabajo y contratación del conjunto de la clase obrera.

Es decir, la burocracia sindical de la CGT y la CTA es cómplice de que K logre mantener, en lo esencial, las condiciones de superexplotación de la clase trabajadora heredadas de los 90.

Para quebrar este pacto siniestro, es necesario apoyar con todas las fuerzas, este proceso contra la preKariedad que está emergiendo desde abajo".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés. Opinión
24-9-06

La concertación de Kirchner es
para
la impunidad de superexplotación laboral
por los grandes capitales que les permite
la extraordinaria acumulación de riquezas
celebrada
como crecimiento económico del país
cuando, en verdad, es de los oligopolios
casi todos extranjeros.

Requiere
el pacto con el sindicalismo empresario
de la CGT y la  colaboración de la CTA 
para imponer a
los trabajadores la conciliación con
la injusta remuneración, por ejemplo,
ATE
aisló la lucha del Garraham por salarios
acordes con la canasta familiar y dejó
impune la demonización de ese reclamo
como "terrorismo sanitario", también
Hugo Yaski ensalzó
la ley de financiamiento educativo y
el sueldo de un maestro
a nivel de pobreza pero, aún peor,
ha dirigido
la degradación de CTERA en
sindicatos provinciales con lo que
se reforzó la descentralización del
sistema educativo
ejecutada en acuerdo con el BM.

Es un sistema de dominación sobre
los trabajadores
que construyeron las 'democracias'
y se basa, esencialmente, en
la despolitización mayoritaria.
Revertir lo último
implica que un número crítico
de trabajadores se unan en
proletariado
con voluntad de poner fin a
su superexplotación y de trabajar
en acuerdo con las necesidades e
intereses populares.

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

El monto actual de la 'deuda' externa es
de unos 150.000 millones de dólares.

Palabra Argentina (marzo 2006) señala:

"Con el pago al FMI realizado en los primeros días de enero, de unos 10.000 millones
de dólares,
no se produjeron cambios en ese monto, ya que el pago ha sido cancelado por
el Banco Central, y ahora el Tesoro Nacional le debe a este último.(...)

La Argentina ha pagado, en los últimos cuatro años, 25.000 millones de dólares,
utilizando gran parte de las reservas del país. Y el horizonte para los próximos meses
no es diferente.
El cronograma de vencimientos de las obligaciones externas es claramente limitante
al desarrollo del país. Entre vencimientos de capital e intereses, el gobierno nacional
deberá
pagar este año 11.699 millones de dólares (todavía más durante 2007).

¿Cómo se hace frente a esta intimidante suma?

Según lo estipulado en el presupuesto para 2006, habrá 17.853 millones de pesos
de superávit fiscal primario (3,5% del PBI aproximadamente).
De este monto,
se destinarán unos 10.645 millones de pesos para el pago de la deuda,
lo que equivale al 11% del gasto público, siendo apenas menos que
el monto
destinado a Agua potable, Vivienda y Urbanismo, Trabajo, Ciencia y Técnica y Salud.

Todavía faltan 8.000 millones de dólares para cubrir los vencimientos de la Deuda.

Si el superávit primario llega a ser superado, todo lo que se recaude por encima
de los 17.853 millones de pesos estipulados irá a parar a un fondo anticíclico,
que
servirá para el pago de la deuda externa.

Si aún esto no alcanza, se apelará a nuevas emisiones de títulos públicos,
es decir,
nuevo endeudamiento. Se prevé que la ministra de Economía, Felisa Miceli,
emita 3.000 millones de dólares en nuevos títulos de deuda,
a una tasa del 9,5% anual.(...)

¿A dónde iría ese dinero si no se destinara
al pago
de la ilegítima e ilícita deuda?

Se destinaría a seguridad social (jubilaciones, asignaciones familiares, seguros de desempleo, etc.), salud, universidades, servicios, sueldos, entre otros.
Con este dinero
podrían satisfacerse los reclamos gremiales y de desocupados.
También
se podría crear un ingreso ciudadano universal, para mitigar los bolsones de pobreza
e indigencia. Recordemos que aún con el desempleo en caída,
la pobreza
sigue abarcando al 40% de la población incluyendo a gran parte del sector asalariado;
y la indigencia
(con severas consecuencias crónicas) afecta a 6 millones de argentinos.

El mismo dinero también podría utilizarse para un acto loable,
como sería recuperar YPF. Recuperar la petrolera que sirvió al desarrollo del puebo
implicaría
lograr que la renta petrogasífera (unos 15.000 millones de dólares anuales)
quedara al servicio del pueblo...

Hay que remarcar que la Argentina no precisa
de
las inversiones extranjeras, ni de financiamiento externo:
¡sólo necesita que no se fuguen los capitales al
exterior!

Luego de la devaluación, la riqueza de argentinos fuera del país alcanzaba
los 110.000 millones de dólares
(monto cercano al actual y que creció casi a la par de la Deuda Externa),
dinero
para el lujo, el ocio y una seguridad bancaria que no se compensa con
el impacto recesivo que tiene para la economía local,
todavía
sumergida en la pobreza y la desigualdad(...).

¿De dónde provienen los recursos
para
el pago de la deuda externa?

Fundamentalmente, tenemos que decir que se soporta con los ingresos fiscales.
Y quienes
aportan la mitad de estos ingresos son los trabajadores, pese a recibir tan solo
el 25% del ingreso nacional.

La principal vía de contribución es el IVA, un impuesto indirecto que pagamos
cada vez que compramos algo en la panadería, en el supermercado o en cualquier
otro lado y que en definitiva confirma el carácter regresivo del esquema tributario
del país".

Es decir, los que reciben menos se ven forzados a pagar más
mientras que
"los que tienen más de 100.000 millones de dólares en el exterior
evaden impuestos".

contacto: palabra_argentina@yahoo.com.ar
causaolmos@yahoo.com.ar
www.palabraargentina.com.ar

Además, grandes capitales (como los que monopolizan el petróleo y el gas) son eximidos -por el gobierno de Kirchner- de pagar impuestos.

Para el año 2007, el proyecto de Presupuesto prevé dejar de recaudar 14.892 millones de pesos
por las exenciones o reducciones de impuestos al poder económico casi transnacional.

Ideología:

¿Cómo se instauró la transferencia de fondos públicos hacia el gran capital local e imperialista
y la recaudación de esos ingresos desde los bolsillos populares?

"La dictadura del '76 implicó el tránsito de una sociedad
integrada en base a un aparato productivo industrializado
en vinculación con el mercado interno,
hacia
otra sociedad valorizadora del mercado financiero frente
a la producción, lo que desembocó en una cada vez más profunda desigualdad social.

El 'mercado financiero' comenzaba a ser glorificado y
la fuga de capitales provocaba
escasos beneficios y
una inmensa cantidad de argentinos sumergidos en la miseria".

En este editorial de Palabra Argentina (Marzo 2006) se habla respecto a la planificación de
aniquilamiento de las bases para el bienestar popular y la salida del subdesarrollo:

• "En abril de 1976, Martínez de Hoz confesó que
  su programa económico tenía «como objetivo
  destruir
  el aparato productivo argentino por la ineficiencia
  de nuestro modelo industrial».(...)
  Por hacerse público estos deseos, seis años más tarde,
  provocó la denuncia de Alejandro Olmos en
  los Tribunales argentinos, iniciando la más importante
  investigación
  sobre el origen y desarrollo del endeudamiento de
  nuestro país y sentando un precedente jurídico internacional
  en dicha materia".
   

• "En 1992, Domingo Cavallo confesó que su objetivo era
  «inundar la Argentina de empresas extranjeras para que
  de ese modo
  el destino de éstas se halle relacionado con el de nuestro país».
  El resultado fue la mayor extranjerización de nuestra economía
  y
  la profundización de nuestra decadencia política, económica y social".

A continuación, Palabra Argentina (Marzo 2006) responde a las preguntas siguientes:

1) "¿Por qué considerar a la deuda externa como «odiosa»?

En primer lugar, la «deuda vieja», contraída entre 1976 y 1983 -que hoy seguimos pagando- debe ser considerada «deuda odiosa» porque no ha sido utilizada en beneficio
del pueblo.
Según el Banco Mundial
el 44% de esa deuda sirvió para la fuga de capitales,
el 33% para pagar los intereses de esa deuda
y el resto para comprar armamento.

Además, esta deuda fue contraída por un gobierno dictatorial;
pero aún si hubiese sido contraída por un gobierno democrático, sería Deuda Odiosa
en acuerdo a su fin.

2) ¿ Por qué afirmar que la deuda puede ser caracterizada como
«delito de ejecución continuada»?

Simplemente porque es un delito que permanece en el tiempo(...)".

Palabra Argentina desarrolla estas respuestas pero sólo veamos
la explicación de:

"Delito de ejecución continuada

Así como diversos fallos sobre el delito de sustracción de menores han sido
considerados imprescriptibles
por tratarse de un «delito de ejecución continuada» que permanece en el tiempo
hasta
la recuperación definitiva de la identidad por parte del menor; también,
en el endeudamiento argentino se presentan circunstancias que autorizan a
caracterizarlo bajo el mismo rótulo.

Esta tesis surge, con toda evidencia,
del modo como se consumó el delito
a través de
todas las operaciones fraudulentas
que se realizaron a partir de 1976 hasta hoy.

Los distintos ilícitos económicos cometidos durante la dictadura se continuaron
en el tiempo
mediante las sucesivas renegociaciones y mecanismos, para llegar a la suma actual,
después de haberse pagado una cifra que excede largamente ese monto.(...)

Estos ilícitos no se terminaron en 1983 con la finalización de la dictadura,
sino que siguieron adelante al refinanciárselos permanentemente. Un claro ejemplo
lo constituye YPF,
que fue endeudada a través de más de cuatrocientos préstamos ilegales,
llevando su nivel de endeudamiento a una cifra que hacía imposible
su continuación operativa,
lo que sirvió de justificativo para proceder a su privatización, despojando al país
de una de las principales fuentes de recursos.

En esa continuidad operativa de la ilicitud, existe una clara analogía de los decretos
firmados durante la dictadura y la nefasta década de los noventa
con
los decretos 319/04 y 1735/04 firmados por Kirchner.(...)".

contacto: palabra_argentina@yahoo.com.ar
causaolmos@yahoo.com.ar
www.palabraargentina.com.ar

Premisas e hipótesis:

"En diciembre de 2001, cuando Argentina declaró
el «default»,
la deuda externa reconocida por el Ministerio de Economía
era de 138 mil millones de dólares".

Red Eco Alternativa ( redeco@rcc.com.ar ) continúa:

Pese a que la Argentina se declaró
"en cesación de pagos, la deuda
creció
porque se siguieron generando intereses.

Además, porque en los tres años siguientes", las gestiones de Duhalde y Kirchner
con el mismo Ministro de Economía Lavagna "compensaron al sistema bancario
con la pesificación.
En pocos meses se pasó a deber 180 mil millones de dólares. En febrero de 2005
se cerró
el Canje de Deuda, mecanismo que negoció con quita toda la deuda externa
excepto la que se tiene con los organismos internacionales (FMI, BM, etc.).(...)
En la práctica concreta no existe tampoco la quita, sólo hay reducción de intereses y alargamiento de los plazos".

Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 3
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar

Palabra Argentina (Marzo 2006) relata que el 28 de diciembre de 2005,
un grupo
de ciudadanos "presentaron una acción de amparo contra el Estado Nacional-
Ministerio de Economía, para que se abstuviera de pagar la deuda con el FMI (...).

Además de los extensos fundamentos jurídicos del amparo, había una serie de cuestiones
de orden fáctico que no podían desconocerse:

1. La deuda con el FMI se originó en un préstamo otorgado en el 2001,
   cuyos fondos fueron íntegramente fugados por 520 empresas,
   tal como quedó acreditado en la investigación llevada a cabo
   por
   la Comisión  de fuga de Capitales de la Cámara de Diputados en el año 2002.
    

2. Las empresas fugaron más de 16.000 millones de dólares y declararon ganancias
   a la AFIP por 2.500 millones de dólares, lo que hace presumir la existencia de
   una cuantiosa evasión.
    

3. El FMI tenía conocimiento de la fuga de esos capitales tal como lo determinó
   su oficina de evaluación independiente, y su Carta Constitutiva
   le prohíbe
   efectuar préstamos para esas transferencias.(...)

Si bien es posible que se declare abstracta la cuestión en lo que hace al pago al FMI,
ya que el mismo fue efectuado,
y sus efectos son irreversibles, la justicia deberá expedirse sobre la prórroga de
la ley de emergencia económica que permite al Poder Ejecutivo, manejar a su antojo,
las partidas presupuestarias
y derivar fondos en forma arbitraria para subsidiar empresas ineficientes como
los ferrocarriles y emitir bonos de la deuda, para compensar las reservas del
Banco Central,
con las que se efectuó el pago al organismo multilateral".

contacto: palabra_argentina@yahoo.com.ar
causaolmos@yahoo.com.ar
www.palabraargentina.com.ar

Salvador María Lozada sostiene:

"A comienzos de 1984, al concluir la dictadura militar, se pudo haber rechazado
la deuda contraída por los usurpadores del poder político.(...)
Increíblemente,
se desperdició esa oportunidad singular.

Por el contrario, se siguió incrementando la deuda
hasta el punto en que adquirió dimensión de
catástrofe pública.

Casi 20 años después, cuando cayó De la Rúa, se proclamó el default
como un acto de salvación nacional.
Pero
afirmar que no se ha de pagar es reconocer que existe y que es exigible.(...)

Hablar de una quita -desde el gobierno de Kirchner- supone una vez más que
se reconoce
como debido al total de la deuda.

Como en 1984 y 2001, Argentina deja pasar la ocasión de un cambio importante,
de una cesura o corte históricos y omite nuevamente

los grandes planteamientos en los que puede hacerse fuerte;
los cuestionamientos de principio sobre la legitimidad y
exigibilidad
de importantes segmentos de la presunta deuda;
el rechazo in límine de la pretensión de muchos de
los acreedores.

Cancela voluntariamente los cruciales capítulos de la invalidez constitucional de
la deuda,
de su rechazo en los términos de la doctrina de la Deuda Odiosa,
de la aplicación posible de la doctrina Espeche Gil,
del examen de los diversos segmentos de un endeudamiento que es plural y
heterogéneo y
lo último pero no menor, del escrutinio severo de las gravísimas responsabilidades
ético-jurídicas habidas en esta materia".

Salvador María Lozada explica que según dos normas de
la Constitución

"el endeudamiento público es cometido del Poder Legislativo
porque en éste y sólo en éste se hallan representados
quienes
a la postre van a tener que soportar el pago de
ese endeudamiento: los ciudadanos de la Nación.

Debe subrayarse que ninguno de los otros poderes del Estado tiene en las normas
de los artículos 86 y 100(ahora 99 y 116) de la Constitución
-que enumeran sus atribuciones-
ninguna competencia que de algún modo, así sea remotamente o por extensión,
pueda
significar una coparticipación en materia de endeudamiento público.(...)

Las dictaduras militares o la ocupación delictiva de las funciones de gobierno,
constituyen
inequívocas situaciones en las que la concertación de deudas no puede obligar al Estado,
una vez recuperada la democracia, sino pasa por el control del Congreso,
que
tiene facultad expresa de «arreglar» la deuda interna y externa de la Nación.(...)

Uno de los actos de más insolente usurpación
del poder público
cometido durante la dictadura militar ocurrió
hacia el final de esa etapa.

Consistió en el ¨Comunicado A-251¨ del Banco Central que declaraba
(con una impudicia sin límites)
la «transformación de la deuda externa privada en deuda pública» ,
como dice el documento. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 1982.
En ese mes
y el siguiente, el gobierno de la dictadura dictó tres decretos complementarios
de ese peculiar «Comunicado». Al año siguiente, en febrero, cuando la dictadura
empezaba
ya a colocarse en estado de fuga, ratificó esos decretos mediante
una sedicente ley 22.749.

Adviértase bien, la Constitución quiere que sea el Congreso y sólo el Congreso
el que contraiga deuda pública.
En el caso de la deuda privada convertida en pública en 1982, no fue el Congreso,
ni el Poder Ejecutivo
(inconstitucionalmente delegado por el art.48 de la ley permanente complementaria
del presupuesto), ni siquiera un ministro del Poder Ejecutivo, sino
un órgano subministerial
el que creó uno de los segmentos onerosos de la deuda pública externa.

Si no hay duda de que toda la deuda externa
contraída al margen del Congreso
debe ser arreglada por éste para que valga como tal,

¿qué decir de esta deuda privada transformada
en pública
por un acto de prestidigitación del Banco Central,
de los cómplices de la dictadura ocupantes de
esa institución?

No hay la menor duda de que este engendro clama a gritos destemplados
la muy razonable invocación de la doctrina de la Deuda Odiosa.

Ningún hecho expresa mejor la evidente voluntad de utilizar el endeudamiento
de todo el pueblo a favor de un limitado grupo de personajes y empresas,
cuyos nombres
debieran estar inscriptos en algún lugar público para contrarrestar
la débil memoria colectiva
y como simple anuncio de un asomo de decencia en la vida pública argentina.

La doctrina de la Deuda Odiosa no es una antigualla perdida en la historia económica.
Tiene un sitio en internet (www.OdiousDebts.org).
Como he dicho, Estados Unidos la invoca ahora contra Alemania, Francia y Rusia,
acreedores de Irak,
para quedarse, si puede, con un país petrolero libre de deuda(...)".

Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/ marzo 2004
 www.eldiplo.org.
 secretaria@eldiplo.org.

La concertación es para la impunidad del Estado
que privilegia el pago de la ilegítima e ilícita deuda sobre la vida de
las grandes mayorías y subsidia al poder económico  con nuevo endeudamiento que sostienen
las hambrunas populares.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires
dice
el Estado argentino está llevando adelante
un plan doloso porque es realizado a plena
conciencia
del resultado inevitable que va a producir
y que no es otro que la reducción sistemática
a pobreza
de cada vez un más amplio sector de la población.

Urge asumir la responsabilidad de poner fin
a este exterminio e incapacitación de las mayorías
por unidad en diversidad
con base en una asociación socioeconómica e intercultural que construya la Argentina
para todos
los de abajo sin discriminación de ningún tipo y hermanada con los pueblos del mundo
partiendo
de la convicción mayoritaria de que
otro modo de producción y convivencia es posible.

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

"Derechos humanos debería ser, entonces, garantizar
la comida, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda,
la información y la recreación.
Pero
lejos de abordar estructuralmente esta situación dramática,
lo que se han puesto en marcha (...) son políticas de control social
y de 'combate a la pobreza'(...)
que
tienen un pilar en el asistencialismo y otro en la represión".

Claudia Korol continúa señalando que

"es un modelo basado en la multiplicación de
los mecanismos
de control social con criterios contrainsurgentes.

La impunidad, en esta perspectiva, no es más que una necesidad
del propio modelo
político, económico y social. Si la perspectiva es la criminalización de la pobreza
y la judialización de los luchadores, es necesario un poder represivo que tenga
«garantías»
para realizar una y otra vez violaciones a los derechos humanos
(entendidos en el sentido estricto de las libertades individuales)
con tranquilidad
para operar «cumpliendo órdenes» que emanan del poder político
y que son habilitadas por el poder judicial.

Impunidad y represión son dos caras de la misma moneda.

Pero como después de la rebelión popular del 2001, no se puede seguir
gobernando como antes(...)
el gobierno nacional ensaya algunas medidas y un discurso de derechos humanos,
que actúa como un manto de confusión sobre esta descarnada realidad".

Claudia Korol (del Equipo Educación Popular UPMPM) resume:

"La lucha por los derechos humanos hoy,
en la Argentina,
ha sido judicializada. Las víctimas de
las violaciones a los derechos humanos hoy,
en la Argentina,
están siendo criminalizados".

Desarrolla esas dos afirmaciones:

• "La judicialización de la protesta es el ariete fundamental para
  el disciplinamiento de los movimientos en lucha.
  La prisión arbitraria como las causas armadas contra
  militantes sociales y
  la prisión de trabajadores por reclamar trabajo genuino,
  son sólo algunos casos de un drama enorme:
  más de 4.000 procesados por movilizarse en reclamo
  de derechos humanos".
   

• "Las cárceles son depósitos de pobres, maltratados
  por un nefasto sistema penitenciario.(...)
  Miles de presos
  son amontonados en celdas en las que no existen
  condiciones mínimas de higiene, de alimentación(...)
  La mayor parte
  está sin condena, acusados de delitos que, en
  muchos casos, no cometieron".

Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 2
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar

Ideología:

En las democracias restringidas, "el «enemigo interno» ya
no es,
como en los 70, el «delincuente subversivo». Ese enemigo
fue reemplazado por el enemigo potencial, el excluido y
por ende,
las herramientas a utilizar en su disciplinamiento variaron".

María del Carmen Verdú (de CORREPI) prosigue:

"Ya no fueron las fuerzas armadas el brazo armado del sistema,
sino las fuerzas de seguridad y muy especialmente las policías.
Para ello
disponen de un arsenal de herramientas(...) que aplican sin otro criterio
de selectividad que la pertenencia de la víctima a las capas sociales oprimidas
que deben ser controladas.

Las detenciones policiales arbitrarias y las torturas en dependencias policiales,
los homicidios del «gatillo fácil» y las desapariciones forzadas de personas,
se descargan
en forma indiscriminada en los barrios pobres(...)".

Respecto a la gestión de Kirchner advierte:

"Conquistas populares como la nulidad de
las leyes de impunidad fueron presentadas
como iniciativas propias del gobierno,
directamente dirigidas a
la relegitimación del sistema(...).

Una de las más claras demostraciones de cuál es la verdadera política de
derechos humanos de este gobierno es su desconocimiento del dictamen
de la Corte Internacional en el caso Bulacio.

La 'renovada' Corte Suprema de Justicia(...) demoró un año y tres meses
para finalmente no cumplir la parte que les tocaba:
declarar
que como crimen de estado y violación a los derechos humanos, la acción penal
no está prescripta, reincorporar la familia como querellante y avanzar hasta
la sentencia.(...)

Mucho menos cumplió el estado argentino la orden de revisar
las prácticas policiales y (...) las detenciones arbitrarias.
Por el contrario,
aumentaron las facultades policiales con las reformas siempre represivas
de los códigos contravencionales.

No puede sorprender, en este marco, que los índices de gatillo fácil y torturas
sigan subiendo en todo el país(...)".

A su vez, Graciela Rosenblum (de Liga Argentina por los Derechos del Hombre)  
escribe:

"Hace poco tiempo hemos visto como de la mano del caso Blumberg
se aprobó
una de las peores reformas a nuestro Código Penal. Y más tarde,
la sanción del Código Contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Son algunos de los ejemplos de cómo,
el gobierno de Kirchner,
va asumiendo los parámetros dictados para el mundo
por los estrategas de los gobiernos de EE.UU.

A esta altura, algún lector se preguntará  que tiene que ver esto con lo que
nosotros
llamamos «judicialización de la protesta social».

Desde los años 90, en Argentina y en América se ha extendido de
manera abrumadora
la aplicación del Código Penal (es decir, las leyes para la represión de los delitos)
contra los luchadores sociales, políticos, estudiantiles, gremiales(...).

Algunos de ellos sufrieron la cárcel por períodos muy largos -como los compañeros
de la Legislatura- otros están a la espera de juicios, otros fueron condenados.
No quedan
dudas que esta situación irá en aumento, porque no hay otra forma de sostener
esta política económica-social(...) sin profundizar la política represiva por parte
del Estado.

Estado que si bien achicó las FF.AA. y de seguridad
las perfeccionó y profesionalizó
y las articula entre ellas para enfrentar la protesta social.

En definitiva, la respuesta que siempre han encontrado
los gobiernos de turno,
ha sido la misma: a mayor reclamo social, mayor represión".

Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 2
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar

David Baigún (miembro de la Comisión redactora del proyecto de reforma del Código Penal)
destaca:

"En este momento, la orientación de más rigor
en las leyes, de menos garantías para
la gente,
de represión de algunas conductas,
es una línea marcada sobre todo por
Estados Unidos.

Estados Unidos impulsa, so pretexto de la lucha contra el terrorismo,
lo que se llama la disminución de las garantías existentes
en los estados liberales tradicionales.

Ahí aparecen categorías como el testigo encubierto, el delito experimental,
zonas donde se respetan las garantías, porque hay interés en encontrar
métodos de represión directa de parte del Estado.

Por eso, hablo del «derecho penal de conquista».

Esa línea impulsada por Estados Unidos y también por las grandes potencias,
en la práctica,
hace que los sectores más fáciles de responsabilizar, porque carecen de los medios
de defensa, de los medios económicos, son los sectores populares los que cuentan
con menos garantías.(...)".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 785 - 10/8/06
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

Premisas e hipótesis

"El Estado argentino que ya había sido acusado
de acciones terroristas nacionales e internacionales
bajo la dictadura de los '70,
se integró
a la OTAN y es hoy reconocido porque
¨la Argentina ha cooperado activamente con
los Estados Unidos en operaciones de contra-
terrorismo en la región...¨
(Departamento de Estado U.S.A., citado por La Nación
4/10/05)".

Laura Ginsberg (de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) señala:

"Recientemente, el Estado nacional reconoció
ante
la Organización de Estados Americanos (OEA)
su responsabilidad por «encubrimiento agravado
y denegación de justicia» en la comisión del
atentado a la AMIA.

Declara su preocupación por lo sucedido, al mismo tiempo que continúa protegiendo
a los responsables de tanto encubrimiento y mantiene cerrados los archivos secretos
de inteligencia que prometió abrir".

Laura Ginsberg plantea:

"El Estado argentino es el responsable criminal
de la masacre de la AMIA y del atentado a
la Fábrica Militar de Río III.

Estos actos de terrorismo de Estado involucran a sus tres poderes y a las fuerzas
de seguridad e inteligencia, los mismos que contribuyen a la «lucha antiterrorista»
como
fruto de los acuerdos que se sellan en reuniones como la de esta Cumbre o las
del Comité Interamericano Contra el Terrorismo perteneciente a la OEA.(...)

Con estos atentados, Argentina ha sido laboratorio de preparación de
estas políticas «antiterroristas» regionales que impulsa el Departamento de Estado
y de elaboración
de instrumentos legales para la intervención y represión 'democrática' de
las organizaciones populares y de las crisis políticas en la región".

Laura Ginsberg nos dice:"es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas
para
comprender que la masacre de la AMIA no fue el producto de
un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de
los intereses y vínculos políticos entre los Estados que hoy se ponen de relieve en
la Cumbre de las Américas.

La impunidad de los atentados continúa, mientras
el Estado argentino
se prepara para abandonar cualquier persecución,
incluso formal, a los responsables materiales
de estos atentados(...)".

Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 2
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar

Hoy el gobierno de Kirchner, después de llevar la investigación a vía muerta y en acuerdo con Estados Unidos e Israel,
ha tomado la decisión política (disfrazada de judicial) de denunciar al gobierno del 94 de Irán como el causante de la masacre impune en la AMIA para acusar a Irán de terrorista.

También respecto a las masacres del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la de Avellaneda
con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2002,
el gobierno de Kirchner
ha paralizado y trabado el avance en las responsabilidades políticas.

Tampoco se hace cargo de esclarecer sobre la desaparición forzada
de Jorge Julio López
ni de poner fin a la impunidad del aparato represor o desmantelarlo.
No lo hará porque ha establecido el dominio del Estado policial sobre
el Estado de derecho y las fuerzas de seguridad forman las mafias de los partidos mayoritarios.

Lo de San Vicente ha venido a hacer olvidar, encubrir y desviar
la movilización popular
de exigencia de
aparición con vida y juicio y castigo a los culpables.

Graciela Rosenblum sostiene que "a veces(...) se ha sintetizado la estrategia
del imperio
en la dupla de Alca-Plan Colombia aunque, por supuesto, es mucho más compleja
y trabajada:

• legitimar la democracia representativa y el sistema político actual
  como el único posible;
   

• cooptar los partidos antes populistas o liberales para sus planes;
   

• reformular las fuerzas armadas y el sistema represivo que se ha achicado
  pero profesionalizado,
  integrándose en todas sus partes (militares, policías federales, policías provinciales, gendarmería, prefectura y también el impresionante sistema
  de vigilancia privada, llena de genocidas y oficiales retirados)".

 Fuente: Acción Contra informativa
Regional Buenos Aires en la Red Nacional de Medios Alternativos
Noviembre de 2005 -Argentina- Año 1 N° 2
reddemediosalternativos@yahoo.com.ar
 

Carlos Zamorano (de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Aaba) informa:

"La Aaba se presentó hace un par de años en
el Poder Judicial
para intentar describir, en una denuncia penal,
cuál es la situación del país.

Dijo que el Estado Argentino está llevando adelante un plan doloso
porque
es llevado a conciencia plena del resultado inevitable que va a producir
y que no es otro que la reducción sistemática a pobreza de cada vez un más amplio sector,
que
-por esa condición-  queda destituido de todo derecho humano y lo que es más grave,
sometido a tratos inhumanos y degradantes en los términos de
la Convención sobre la Tortura y corriendo el riesgo de perecer como grupo
en
los términos previstos en la Convención sobre Genocidio del año 1948".

Carlos Zamorano señala:

"Ya tenemos 65 mil presos en las cárceles y desde
el endurecimiento de las penas (mano dura,
doctrina de Blumberg)
van a pasar en cautiverio mucho más tiempo.
Tenemos
miles de casos de gatillo fácil e involucramos
en esta cifra a los muertos por torturas en
comisarías y cárceles. Y hay cinco mil ciudadanos
que están afectados
por procesos penales por haber participado en
la resistencia a los planes de ajustes sucesivos
del neoliberalismo
y en esta ciudad hay 200 mil personas que viven
en casas tomadas, lo que da lugar a una cantidad
de miles de causas penales por el delito de usurpación".

Sostuvo que el Proyecto Integral de Reforma del Código Penal es la contracultura Blumberg
y la resistencia
más científicamente expresada a ese sistema que ha sido elaborada por la Comisión Baigún.

"Termina con las penas a perpetuidad, disminuye drásticamente las escalas penales,
termina con la doble criminalización por el hecho de ser reincidente,
crea
las figuras de genocidio y desaparición forzada de personas y frente a lo obvio:
el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que es parte de este sistema,
dice
que no lo va a elevar al Congreso de la Nación".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 795 - 19/10/06
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

La concertación es para la impunidad
de despojo de la dignidad humana a
las grandes mayorías
y de destrucción del país por
el crecimiento económico en favor
exclusivo
de la alta rentabilidad de corto plazo
de oligopolios y bancos.

Esa "seguridad jurídica"
o clima de formidables negocios
de los que llama inversores, entonces,
exige represión -en todos los sentidos-
a
las necesidades y aspiraciones
de los distintos componentes
populares que para concretarlas
deberán
organizar la voluntad colectiva
de liberar su vida y trabajo
del sistema opresor-represor.