Interbarrial

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1. Desde la concertación K para la impunidad del sistema

a. Acerca de cuál es la voluntad de Kirchner respecto a acabar con la impunidad instalada, sobre todo, a partir de 1976
se deduce del presente y del análisis sobre la continuidad con el pasado.

En el documento leído y entregado a los medios en la conferencia de prensa convocada por
el Espacio Justicia YA, en La Plata, que se realizó el 18 de octubre de 2006 se continúa:

Con la lucha incansable de todo el pueblo logramos la nulidad de las leyes de impunidad
y comenzaron los juicios.
En 30 años, la condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz es el primer castigo ejemplar:
reclusión perpetua y efectiva en una cárcel común, por los crímenes cometidos
en el marco de un genocidio.
Esta condena es un paso muy grande en la lucha contra la impunidad y abre un nuevo marco jurídico que permite ir a fondo contra todos los genocidas de la última dictadura militar.

El juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz se desarrolló bajo amenazas constantes
y hechos inquietantes: (...)".

La duda que siembra esa ambigüedad se suma al miedo de reconocer que un hecho como éste sea posible e impide que sectores más amplios de la sociedad se involucren.
Las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios y los mensajes cruzados entre el gobierno nacional y el provincial aportan a esa confusión y especulación que paraliza a la sociedad. En el mismo día se escuchó al Secretario de Derechos Humanos de
la Provincia diciendo que no descartaba que Julio estuviera muerto y al Jefe de Gabinete de
la Nación manifestando su optimismo y su confianza en que un final feliz estaba cerca.

No sólo hubo declaraciones que intentaron cargar las culpas en las víctimas. También
se dijo después de una marcha multitudinaria: "Esperamos que López ahora se anime a salir".
Y
se llegó a insinuar la responsabilidad de los organismos de Derechos Humanos involucrados en el juicio o del Tribunal por no haber pedido custodia para los testigos.

Está claro que la seguridad de testigos y querellantes sólo la garantiza
el contexto político adecuado, y en todo caso, lo que esta situación desnuda es
que el Estado
no tomó en serio lo que significaba empezar los juicios contra los genocidas. Muchos de ellos siguen en actividad en las fuerzas armadas, en las de seguridad y en los servicios de inteligencia y aquéllos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente, por ejemplo, el caso de Astiz. (...)

También es responsable de garantizar la seguridad de los testigos, los querellantes y
de todo el pueblo
dando señales claras de que realmente quiere terminar con la impunidad de los genocidas.
Para eso es imprescindible que:

- exonere a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se hayan desempeñado en los campos de concentración

- remueva a los fiscales y jueces cómplices de la dictadura

- promueva la eficacia y rapidez de los juicios impulsando la sustanciación
de una sola causa por cada circuito represivo
y asignando los recursos humanos y la infraestructura necesarios.

La ciudad de La Plata sabe muy bien de desaparecidos en democracia: Andrés Nuñez,
Miguel Bru, hoy Jorge Julio López.
No podemos a permitir que haya un solo desaparecido más en nuestra ciudad.

JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata ; Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD);
Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada ; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la Salud , la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos ( La Plata ); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata ; Liberpueblo;
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo ( La Plata).

Eduardo S. Barcesat, en 1985, continúa que el aparato represor
no puede
ser desvinculado del "poder judicial y la burocracia instalada por los usurpadores
en la administración de la cosa pública.

Acá la tesis reviste las formas de un axioma casi matemático:
tanto como sea el desmontaje y cambio, tanto será el efecto de ruptura y
afianzamiento del estado de derecho.

También aquí debemos invocar las resoluciones de la Xa. Conferencia Nacional de
Abogados. En su materia específica y adoptando la postura previamente sostenida
por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el certamen máximo de la abogacía
se definió
por la remoción de todos los miembros de la administración de justicia que
hubieran prestado juramento por los objetivos y estatutos del
proceso de reorganización nacional, priorizados por sobre la Constitución Nacional.(...)

Lamentablemente, también en este aspecto, el de la constitución del Poder Judicial
de la Nación en forma condigna a las previsiones de la 'ley de leyes',
el caso argentino
exhibe los condicionamientos y la proyección del estado de excepción en el estado de derecho:
el 87% de los miembros de la anterior administración de justicia,(...) ingresó
al estado de derecho, pese al vicio de origen de su presencia en uno de los poderes regulares del estado.

Se carece de información fehaciente sobre las modificaciones introducidas en otros estamentos de la burocracia estatal, pero la cifra global, que expresa un incremento
de 120.000 agentes en la administración pública,
acredita
que sólo se 'licuó' la influencia del aparato heredado, pero que no se desmontó el mismo.(...)

Si recordamos el tríptico a que hemos aludido en este ensayo como caracterización
del terrorismo de estado: secreto-clandestinidad-impunidad.

Ese desmontaje hubiera exigido, en el caso argentino, un accionar conjunto de
los tres poderes regulares del estado: legislativo, ejecutivo y judicial,
que
pusiera en evidencia, que diera a publicidad la nómina de los integrantes del aparato de terror,
que hiciera conocer a la ciudadanía su metodología y que sometiera al debido proceso judicial
a todos los responsables de hechos delictivos aberrantes y atroces.

Este desmontaje y su efecto de iluminación, hubiera sido -asimismo- la respuesta que
los familiares y las entidades defensoras de derechos humanos aguardaban para
el esclarecimiento de la situación y paradero de los desaparecidos(...)".

"El proceso de descomposición del estado de derecho que resultó del abandono o
de la inconsecuencia con el programa de liberación y justicia social
masivamente apoyado por el pueblo argentino,
se prosigue
con la adopción -¿o aceptación?- de la ley 20.840, denominada de 'defensa nacional'.

Las primeras expresiones del futuro terrorismo de estado son de la autoría de
la Alianza Anticomunista Argentina (la 'Triple A'), organización criminal formada
y financiada desde un sector del aparato de estado ejercitado por
el gobierno constitucional.

Operada la asunción del poder por las fuerzas armadas, en una gestión incruenta,
toda vez que ningún sector, ni militar ni civil, pudo oponer una defensa eficaz al
golpe de estado,
se generaliza y profundiza la metodología del terrorismo de estado,
ya diseñada en el año 1975.

Se opera un singular fenómeno institucional que es la apropiación por el usurpador
del mismo estado de sitio impuesto, en su momento, por la autoridad legítima
del estado,
como instrumento de salvaguardia constitucional". Por eso, la propuesta de
supresión del instituto del estado de sitio en una futura reforma constitucional.

Eduardo S. Barcesat dice -en 1985- que, en el caso argentino, exhibe un tríptico:
secreto, clandestinidad e impunidad.

"No debe conocerse la suerte de la víctima, su desaparición forzada debe ser operada
de modo que no sea discernible quién o quiénes la cometieron, ni dónde ha sido conducida
la víctima, ni qué se ha hecho o hará de él.

Este modo de proceder no puede estar previsto en un estamento normativo público:
ni en la constitución del estado de excepción ni en sus normas generales públicas;
pertenece a
la metodología de represión, a esa suerte de 'mundo invertido' que son
las directivas y que invisten ese carácter secreto y clandestino.

Es un triste registro de la administración de justicia argentina durante el terrorismo de estado,
que no haya podido ser esclarecido en sede judicial un solo caso de desaparición forzada.
Y ese secreto y clandestinidad
parecen haber logrado tal grado de eficacia que proyecta su cono de sombra sobre
la acción del actual Poder Judicial de la Nación: tampoco ahora se ha logrado esclarecer
un solo caso de detenido-desaparecido. (...)

El secreto y la clandestinidad del terrorismo de estado produce
una ideología propia
que encubre la situación real. De un lado, el poder usurpador proseguirá una intensa campaña
en la que se machacará la función suprema de las fuerzas armadas y de seguridad como
custodios del ser nacional, las esencias patrias y el tradicional modo de vida, occidental y
cristiano.
Del otro lado, el terror llevará a una convicción ciudadana del 'no te metás' y
del 'por algo será' enunciados que evidencian la anestesia cívica que padeció la comunidad
argentina durante el largo período de terror".

El aparato de producción de bienes y prestación de servicios quedó virtualmente
destrozado al finalizar la dictadura militar.

Junto con ello se gestó una deuda externa espuria e ilegítima, cuya receptación
íntegra e intocada puede amenazar y postergar indefinidamente el recupero del
aparato productivo y el desarrollo independiente.

También -y sobre todo- aquí, el dilema se expresa como continuidad o ruptura.(...)

Todo parece indicar, en el caso argentino, que la política económica y la deuda externa
gestadas
durante la excepcionalidad institucional, se proyectan, en un sesgo de continuidad, sobre
la matriz económica de la sociedad.

La deuda externa ha sido receptada 'in totum'. Las recomendaciones sobre el control
de legitimidad de la deuda externa aún no han concretado en el órgano a quien le está
atribuida la facultad constitucional de establecer y aceptar los empréstitos externos
(Poder Legislativo de la Nación)(...)".

b. Acerca de cómo procede Kirchner, se desprende de dos realidades interrelacionadas.

Daniel Cadabón (Rebelión), en La tercera desaparición está en marcha,
señala
"al gobierno nacional y al provincial, como partícipes necesarios, hasta aquí, en la parálisis
en que se encuentra la causa".

Destaca que "tanto Bonafini como Carloto, privilegian los discursos oficiales por sobre
la movilización popular.
Pero la afirmación de que el "estado va a investigar hasta las últimas consecuencias
la desaparición de López" va a terminar en una lamentable farsa,
porque tiene como único objeto regenerar ilusiones democráticas en la población,
las que se han visto resentidas por los acontecimientos registrados en el último mes y medio, plagados de amenazas a jueces, fiscales, testigos y militantes populares de
la causa de los Derechos Humanos.

La salida que ofrecen los organismos, cooptados por el kirchnerismo, en medio de este cuadro es enormemente antipopular y lleva a la impotencia por dos razones:

La primera tiene que ver con que se trata de reestablecer la creencia en una salida oficial a esta crisis; sea mediante la duplicación de las recompensas o la ilusión de que las formaciones del estado, infectadas de "procesismo" tanto en sus estructuras de funcionamiento como en sus integrantes, sirvan para investigar la desaparición de un testigo clave en
declarar al proceso dictatorial como un acto de genocidio.

La segunda por el intento de que este caso no supere los límites oficiales e
impulse a movilizarse al conjunto de los sectores sociales, fundamentalmente al movimiento obrero, hasta que el compañero López aparezca con vida".

Es saludable el posicionamiento de considerar el papel que juegan
los organismos de derechos humanos, cooptados por Kirchner, para que los Gobiernos
sigan
sin asumir acciones efectivas para esclarecer qué sucedió con Jorge Julio López
y
con la carátula de "averiguación de paradero", es el Encuentro 30 años, Memoria,
Verdad y Justicia que exige
el cambio por " secuestro " que incluye investigación del aparato que lo secuestró
y juicio-castigo de los responsables de su desaparición forzada.

Daniel Cadabón, además, advierte otra forma de paralizar o desviar el reclamo y protesta social al denunciar:

Política de privilegiar los grandes negocios sobre la vida de las mayorías

Sara Torres, protagonista de las luchas de las mujeres por sus derechos e integrante de
Red No a la Trata,
denuncia el desamparo de las víctimas y la inacción del Estado, así como la falta de
respuestas judiciales para las personas que exigen la aparición de sus familiares
a la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed).

Sara Torres, co-coordinadora de la organización Red No a la Trata, nos introduce en
una problemática que ha crecido -en estos últimos años- en nuestro país,
con la llamada "ruta del Mercosur" y la proliferación de prostíbulos.

Ernestina Arias (ANRed) le pregunta: ¿Qué es Red No a la Trata y qué actividades realiza?

"Es una red que se formó con personas independientes, ONGs y organismos del Estado para combatir la trata de personas. Se formó en el año 2004 y surgió de un seminario contra la corrupción que organizó la ONG Mujeres en Igualdad.
Se decidió que
el tema más importante a discutir era el de la trata de personas como
el flagelo más creciente y nuevo que estaba afectando a todos y a todas.
Entonces,
en ese momento, se formó la red y se constituyó una red electrónica.

Las primeras peticiones al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nacieron con los intentos de modificación del Código Contravencional porque estuvimos tanto en las batallas del '94 para que se incorporaran los temas de género a la Constitución,
como en el '98 con la derogación de los edictos policiales.
En el Código Contravencional habían puesto la penalización para la mujer en situación de prostitucion y para que nos calláramos pusieron "los clientes".(...)

Nuestra actividad principal fue armar una red para intercambiar materiales sobre
la problemática de la trata.
Entramos en una polémica cuando la Argentina ratificó la Convención de Palermo, porque descubrimos que los intereses de los grupos multinacionales era que se incorporaran
los vicios de consentimiento. O sea que se va a asistir a las víctimas que, con engaños, amenazas, abuso de poder, entren en una situación de trata, dejando por descontado que hay algunas mujeres que van y dicen "ay, trátenme, trátenme".

Puede haber personas que por necesidad o por una serie de cosas (que en nuestra posición abolicionista, nunca es de libre elección)
la prostitución sea la única posibilidad que tienen de ganar dinero, porque están
en situación limite o desestructuradas de cualquier medio. Entonces, empezamos a intentar incorporar en
la discusión general que la Argentina primero tiene que cumplir con la convención del '49, que es ley nacional desde 1959 y que impide el establecimiento de prostíbulos sobre suelo argentino.

En todo el país está lleno de prostíbulos, pero como es un gran negocio, y en este momento, entre armas, drogas y explotación de prostitución, todos los negocios ilegales están compitiendo, acá estamos en esta batalla".

Y Sara Torres corrobora el desamparo: "¡No! Y menos en Córdoba. Ni siquiera pudimos conseguir que
nos dieran un código procesal para ver en qué podíamos ayudar. Se hizo un peritaje y
no había abogado que
lo firmara en Córdoba, todas las "catástrofes" juntas…
Pero hay que seguir luchando. Siempre pongo el ejemplo de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón.
Susana participa en la Red No a la Trata. Estuvo en Buenos Aires y fue a ver a
Aníbal Fernández para que la recibiera nuevamente Néstor Kirchner, porque denunció lo que sucede en La Rioja,
y ellos le prometieron -y eso a mí me consta, en la reunión que tuve con Aníbal Fernández estaba ella- todos le prometieron cosas. Y no se están ocupando.

Nadie se mete con los dueños de los prostíbulos. Lo más importante es que ella buscando a su hija encontró 92 chicas, decíme

-Sara Torres contesta: "Recientemente se presentaron 3 proyectos de ley en la comisión de salud para reglamentar la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos peleando desde la Constitución, manteniendo la posición abolicionista en Argentina:
no se pueden establecer prostíbulos.

Entonces, hicieron una propuesta para la libreta sanitaria. Pero les salió mal y no se hará.
Es la campaña de la derecha, que vienen haciendo desde el tema del Código Contravencional, cuando metieron el artículo 81, que fue para mantener la caja chica de la policía, para poder penalizar y después coimear y tener ingresos extras legitimados.

Un ejemplo:
yo empecé trabajando el tema prostitución, además de sexualidad, desde hace mucho. Trabajé 20 años en Seguridad Social. Entonces tenía que incorporar a trabajadores al sistema, es decir que estaban en negro, los tenía que blanquear. Trabajadores rurales, cosechadores de naranja, basureros de la ciudad de Buenos Aires, y... cabarés y casas de masajes".

En respuesta Sara relata: "Estuve con las mujeres que laboralmente estaban en blanco, y descubro en su recibo de sueldo que no cobraban salario familiar. Me pasé noches y noches en cabarés, y nunca me traían las partidas de nacimiento de los hijos. Hasta que una compañera me dio una de las lecciones más lindas de mi vida; una mujer rubia, alta, hermosísima, que ella sola había armado el sindicato de variedades en Bahía Blanca, brava ella.

Entonces me llama, y me dice "vení chiquita, ¿vos te crees que alguna de nosotras va a ser tan gila de traer la partida de nacimiento de nuestros hijos, del colegio donde va y el domicilio de donde vive? Podemos cobrar mucho salario familiar, pero te digo que nosotras estamos en situación de esclavitud".

Ahí fue donde yo entendí por qué no podía ser un trabajo. Esto pasó en el '80. Ahí tenía
la información y empecé a cruzar datos de quiénes eran los dueños de los prostíbulos.
Encontré
funcionarios del Proceso, policías, inspectores municipales. Y algunos testaferros de la Iglesia. Tenían tantos boliches que hacían una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
en cada lugar, una distinta. Karina, por ejemplo, que era uno de los cabarets más grandes de Buenos Aires, se llamaba "Corrientes 636 SRL", ¡le ponían la calle y el número para distinguir el boliche!. Por supuesto nadie escuchó mis denuncias".

En el periódico de la Agencia de Noticias RedAcción, Ernestina Arias informa:

"En la llamada «trata de personas» miles de vidas hacen facturar millones de dólares
y no estamos hablando de trabajo en blanco o negro,
sino
de mujeres, niñas y niños que secuestrados por redes delictivas son sometidos a prostitución
en contra de su voluntad. El tráfico de personas ocupa el segundo lugar entre
las actividades ilegales más lucrativas del mundo, luego del tráfico de armas y luego del de
drogas.

Genera ganancias de 12.000 millones de dólares por año. Según el Fondo de Población de
Naciones Unidas, cada año 4 millones de mujeres son vendidas con fines de prostitución,
esclavitud o matrimonio
y 2 millones de niñas son introducidas en el comercio sexual.(...)

Mientras, el Estado hace caso omiso, como si esas vidas que se llevan las redes de trata
nunca hubieran existido.
Es cómplice, participa de la lógica del mercado esclavista, oferta y demanda de cuerpos,
de vidas.
Sin embargo, eso no desalienta la lucha de cada familiar y organización que continúan
en la búsqueda de la tan ansiada justicia, que no se rige por
las leyes de ningún mercado nefasto".

Remo Carlotto, presidente de la comisión de derechos humanos,
encabeza la avanzada oficialista para la disolución del Banco Nacional de Datos Genéticos
y
creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos, dentro de la estructura del Gobierno
(Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de la Nación)
con
un titular designado por el Presidente. Pasarían a él todos los bienes y toda la obra del
Banco creado en 1987 por la ley 23.511 en la órbita del Hospital Durand bajo la dirección
de Ana María Di Lonardo. Ese cargo, al que había accedido por concurso, permitió a la médica
-abruptamente cesanteada por edad hace ocho meses- realizar un acopio de información
genética ejemplar y único.

No sólo posibilitó seguir ubicando por vía de los ADN a los hijos de los desaparecidos
sino que hay también muchas más causas de sustitución de identidad
( que preocupan a la asociación «Quiénes Somos» o de la monja Martha Pelloni en
su combate contra el tráfico de niños), esclarecimiento de violaciones, compatibilidad
para transplantes, etcétera.

2. Desde las necesidades y aspiraciones populares

Los factores locales de poder, subordinados e integrados al capitalismo mundializado bajo
la hegemonía de Estados Unidos, publicitan e imponen sus candidatos y por haber comprendido esto,
una minoría heterogénea vota en blanco, lo anula o se ausenta.
También, muchísimos votamos por lo que creemos el mal menor o en contra de...

Pero la grave situación de pobreza de las mayorías, de desmantelamiento del sector público,
de expulsión masiva del trabajo y las tierras, de degradación de las condiciones laborales y
medioambientales, etc. se volverá de un grado más catastrófico por los proyectos
que están siendo frenados por sectores, organizaciones, grupos o poblaciones movilizados
y que se pretenden concretar con los resultados de las elecciones 2007.

De ahí el imperativo de utilizar el período electoral para instalar la deliberación pública, a lo largo
y ancho del país, sobre los problemas que deciden el destino común.
Se trata de poner en debate lo que hasta ahora queda dentro de un fragmento de cada sector
de los trabajadores
por el entramado mafioso-económico y político de la CGT con el gran empresariado y
el gobierno-Estado, también por cómo está organizada y dirigida la CTA.

Sin embargo, observamos la unidad de lucha de los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires por reivindicaciones que hacen a una cuestión fundamental para toda la población,
el 70% de la asistencia médica es cubierta por ellos y desde los gobiernos se los desfinancia
a favor del gran negocio privado.
Entonces, en este caso, un camino hacia la superación del colapso sanitario y del estrés en que viven los trabajadores de la salud sería involucrar a la población para que se convierta en protagonista de esa transformación y multiplicar esta comunicación social en todo el país.

Hacia lo mismo podría confluir el encuentro de docentes, estudiantes, padres y población
en general para efectivizar los cambios imprescindibles de la educación pública mirando a
las necesidades e intereses populares.

Está, también, la situación del Hospital Francés, la de las empresas recuperadas
por sus trabajadores y la de trabajadores en lucha por defender su fuente laboral que
se plantean y quieren resolverse desde
la alianza gubernamental con los grandes medios por un lado y por otro, los grupos de choque,
las fuerzas de seguridad y la 'justicia' como si esos conflictos no se hubiesen originado en desfalco de directivos o delincuencia de la patronal.

Las situaciones anteriores tienen cierta analogía con los deudores hipotecarios, los ahorristas
y los pequeños-medianos propietarios.
Se los condena mientras el gobierno-Estado nos fuerza a todos los de abajo a compensar
los bancos y sostener el actual funcionamiento altamente rentable del sistema financiero que
Martínez de Hoz diseñó.

En consecuencia, surge otra manera de articular teniendo en cuenta las incompatibilidades
de intereses de una diversidad popular con respecto a un determinado sector beneficiario del modelo económico, por ejemplo,
en contra del boom inmobiliario por distintas razones
(los inquilinos, los sin techo, los de las villas, los afectados por colapso de infraestructura...
los que nos adelantamos a denunciar los graves perjuicios sociales, ambientales, culturales,
económicos de la ocupación de Puerto Madero y la costa del Río de la Plata ).

Ahora, para otro país y otro mundo, es crucial la unidad en diversidad que asuma las siguientes responsabilidades:

a. La recuperación y ocupación de todos los espacios públicos para derrotar la represión
e impunidad.

El Encuentro de Instituciones Judeo-Progresistas de Argentina, Brasil y Uruguay
que se llevó a cabo en Montevideo durante los días 14 y 15 de octubre de 2006,
emitió una declaración donde afirma:

Sostiene que "ambas cuestiones son expresiones de una misma
política de fascistización de la vida".
Y por eso, expresa:

El paso siguiente es cercar el Estado represor y manipulador con protagonismo popular

A diecinueve años de la Masacre de Budge, el policía Balmaceda -uno de los asesinos-
por fin está preso. Fue detenido muy cerca del lugar donde vivía, "lo que demuestra
que estaba protegido por un pacto de impunidad" indica León Zimerman, abogado
que representó a las familias de las víctimas desde el primer momento.

León Zimerman es claro a la hora de explicar qué hay detrás de la política de gatillo fácil
que tuvo en la Masacre de Budge a una de sus expresiones más contundentes.
La policía y las otras fuerzas de seguridad "forman parte del poder que está al servicio
de los intereses económicos que regulan a los poderes, son funcionales a un sistema
que es el capitalismo y el neoliberalismo que es una de las tantas variantes del capitalismo".

Y enfatiza: "Son parte esencial y el aparato político no sólo los consiente,
sino que los prepara para esto.
No les dice que deben ir a matar a los chicos de Budge, pero una vez producido el hecho
los defiende,
trata de prolongar la situación, manifiesta que los tres chicos tenían un frondoso
prontuario cuando ninguno tenía antecedentes tal como quedó demostrado en la causa.
En ese momento
el gobierno bonaerense sabía que les habían plantado armas y sin embargo, dijo que los chicos
habían disparado cuando luego se demostró que no tenían ni siquiera una marca de pólvora
en las manos".

En este sentido, reflexiona que "la Masacre de Budge y todo lo que tiene que ver con
la política de gatillo fácil
está ligado a la desaparición de Jorge Julio López" y señala que también en ese caso
no se puede hablar de elementos residuales de la dictadura genocida,

Por lo que Zimerman recalca que "quienes organizaron el golpe de Estado del 76
fueron básicamente fuerzas civiles, las mismas que actúan hoy
¿o acaso la General Motors, la Ford, Mercedes Benz, Compañía Química, Bayer
y tantas otras que tuvieron campos de concentración son distintas?

Habrán cambiado sus directorios, pero son las mismas empresas, tienen tanto o más poder
que en esos años y son las que deciden las políticas económicas globales en la Argentina"
y finaliza aseverando que "no estamos ante resabios, sino ante lo mismo que actúo en el 76
y por eso
en la desaparición de López y en los casos de gatillo fácil, se trata siempre de lo mismo y
podemos afirmar que quienes representan a los ejecutivos nacional y provincial son personalmente responsables de que estas cosas sigan ocurriendo".

Las detenciones de Miño y Balmaceda en un lapso menor a dos meses, responde
según Zimerman
a "la presión existente y la lucha de todos estos años. Hubo una lucha permanente
de los familiares y el barrio de Ingeniero Budge, es evidente que desde que se produjo
el asesinato hasta este último mes de mayo, durante 19 años se organizaron los actos,
reclamos, escraches a la comisaría y los homenajes en la esquina donde ocurrió el asesinato".

A esto, indica el abogado, "hay que sumarle que en la zona sur del Gran Buenos Aires,
quienes actuamos en este tema a la vez lo hacemos en el tema del Pozo de Banfield y
estamos tramitando denuncia por agresiones policiales a distintos grupos juveniles, la última
de hace quince días donde se agredió y torturó brutalmente a dos jóvenes en la comisaría
de Mármol, por lo que el viernes 3 se escrachó esa comisaría.

También durante todos estos últimos tiempos mantuvimos varias entrevistas con
los responsables del Ministerio de Seguridad reclamando por cosas vinculadas a estos temas.
Todo esto
generó una situación muy explosiva para el Ministerio de Seguridad y para
el propio Ejecutivo bonaerense...que íbamos
a hacer un fuerte reclamo muy duro si antes de fin de año no se detenía a
estos suboficiales que estaban en fuga".

Zimerman puntualiza que "es interesante analizar cómo se desarrolló
una lucha popular prolongada
que no cedió en todo este tiempo y se transformó en un hecho emblemático
porque hablar de la Masacre de Budge es hacerlo del comienzo del gatillo fácil y de
las reacciones populares contra los atropellos policiales, no porque antes no los haya habido,
sino porque nunca se había visto reaccionar a sectores tan grandes de la población".

A dos meses de la desaparición de Jorge Julio López, el Encuentro 30 años, Memoria,
Verdad y Justicia
determinó que el sábado 18 de noviembre se lleve a cabo una movilización a Plaza de Mayo
y otras similares en distintos puntos del país.

Al mismo tiempo, se va a reclamar al Congreso y el Ejecutivo información sobre López,
y
la nulidad de los indultos. En el mismo sentido, se va a solicitar una reunión al ministro
del Interior, Aníbal Fernández para que el funcionario informe sobre las acciones que
el Ejecutivo realiza respecto a la desaparición forzada de López.

El Encuentro, también, se va a reunir con la CTA para coordinar acciones y pedirá a la CGT
que se sume a la movilización.
Hay instalación de mesas de difusión en diferentes plazas porteñas durante el domingo 12 de
noviembre.

b. El compromiso activo con los agrupamientos locales e interregionales en torno a un interés que le es vital y es central para el desarrollo social, nacional y continental por lo que resulta
esencial no dejarlos aislados y asumirlos como causa de todos los de abajo.

El Movimiento Campesino Liberación (MCL) adhirió y se solidarizó con el reclamo del pueblo
de Gualeguaychú y Colón en contra de la instalación definitiva de las pasteras en la margen
este del Río Uruguay.

Indica que son esos pueblos quienes visualizaron "lúcida y claramente, las consecuencias
sociales, ambientales, culturales y económicas que traería esa industria no sólo para
el litoral entrerriano sino para el país todo y la región".

Concluye que urge "un ordenamiento territorial distinto -al de las multinacionales- en el marco
de la defensa de los intereses de las mayorías populares".

Tanto los monocultivos de eucaliptos y pinos como papeleras y pasteras ya están constituyendo la avanzada de toda una transformación de la Mesopotamia
en inhabitable para la población por la falta de agua, además de la contaminación y en zonas francas que consolidan la disolución nacional.

La modificación radical de esas eco-regiones y de la cuenca del Río de la Plata afectará
a todo el país, Paraguay, Uruguay, Brasil que, también, están siendo apropiados para
los agronegocios de las transnacionales.

La desertización y las catástrofes ambientales (como las plagas, sequías e inundaciones)
se refuerzan
con el boom sojero, el boom minero y el boom inmobiliario.
Hablar de desertización no es referirse a desiertos que son eco-regiones con vida constructora
de un equilibrio ecológico, es hablar de una destrucción total de las condiciones de vida que
tardaron milenios en constituirse.

Encima la alianza de las transnacionales con todos los factores locales de poder arrasa
la soberanía alimentaria
y expulsa, extermina a las comunidades rurales que son fundamentales en la co-evolución de
la sociedad con la naturaleza que dio origen a nuestra especie y a nuestra salud.

Los cambios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos y el envenenamiento de las aguas
no sólo son mortíferos, cancerígenos...para las poblaciones cordilleranas sino que dañarán
a todas las de Argentina y Chile.
Establecer la nacionalización de la unidad en diversidad de los de abajo es crucial para
detener la desolación y organizar otro país, otro mundo.

Julio Sevares (Clarín 21/10/06) caracteriza como modelo energético perverso a
que

En el caso del gas, la escasez que obliga a importar se debe también a que
es más rentable exportar que vender internamente. En este caso, se agrega
que,
en la última década, la mayor parte de las inversiones del sector
se concentró en la instalación de gasoductos orientados al mercado externo,
como los destinados a Chile y Uruguay, mientras las de exploración fueron reducidas.

El modelo local consiste, en suma en que, al mismo tiempo que no se amplían
las reservas,
se va exportando parte de las reservas acumuladas en su mayor medida por
la YPF estatal. Según Bernal, a fines de los años 90 se llegó a un nivel de
extracción que debería haberse alcanzado recién en 2010.
Por eso,
la relación entre reservas y producción petrolera se redujo a casi la mitad
desde ese momento y actualmente garantiza menos de 10 años de
abastecimiento.(...)

El mercado argentino está dominado por empresas extranjeras que
casi
no agregaron reservas y exportan las que recibieron de YPF estatal.

Fernando Krakowiak (Página 12, 7/11/06) informa sobre la lucha, investigación y consecuencia de una organización que debe apoyarse:

"El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno) presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Estado y de los decretos 1055, 1212 y 1589 que habilitaron la desregulación del sector energético y la posterior privatización de YPF.

"Así como se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, hay que voltear el estatuto del vaciamiento y del mayor latrocinio del país", aseguró el cineasta Fernando 'Pino' Solanas, presidente del Moreno. Además, la entidad formuló una denuncia penal por evasión fiscal contra las petroleras Repsol, Shell, Pecon y Esso, a las que acusa de transferir al exterior ganancias no declaradas ante la AFIP. (...)

El abogado Salvador María Lozada, patrocinante del amparo, aseguró ayer que esos tres decretos, los cuales continúan rigiendo con leves modificaciones la política petrolera,
"son incompatibles"
con las normas específicas vigentes en el sector desde la década del '60 y agregó que
"la inconstitucionalidad se tornó aún más palpable con la reforma de la Constitución de 1994, que introdujo la obligación de preservar y cuidar los recursos naturales y condena su explotación abusiva". La acción de amparo por "inconstitucionalidad" fue presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal.

El Grupo Moreno presentó también una denuncia penal por evasión fiscal contra Repsol, Shell, Pecon y Esso. "Sacaron del paí###ás de 4000 millones de dólares, pero sólo declararon poco más de la tercera parte de esa suma", afirmó Fernando 'Pino' Solanas.

Esta denuncia se basa en la investigación realizada por la Comisión de Fuga de Capitales que presidió el entonces diputado y actual titular del Correo Argentino, Eduardo Di Cola. En la denuncia, formulada en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini, también
se responsabilizó a las autoridades del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos "por no haber realizado ningún tipo de investigación" ".

¡Fuera Repsol y demás Multinacionales de Argentina y de Bolivia!
Petróleo y gas: nacionalización ya!