I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

En Estados Unidos, el índice bursátil
Dow Jones Industrial finalmente
volvió
a tocar un récord.

Paul Krugman (Clarín// Económico// 15-10-06) explica:

"El crecimiento económico desde comienzos del 2000, cuando el Dow alcanzó
su récord anterior,
no ha sido excepcional. Pero las ganancias empresarias, deducidos los impuestos,
se han más que duplicado, porque

• la productividad de los trabajadores sube pero
  sus salarios no y
   

• las empresas han respondido al aumento de
  los seguros de salud
  negando el seguro a un grupo cada vez mayor
  de trabajadores.

Para observar cómo se está librando la guerra contra los salarios y qué impacto
está teniendo
sobre los trabajadores estadounidenses y sus familias, se puede tomar como base
a las últimas noticias de Wal-Mart.

Wal-Mart ya tiene una merecida fama de pagar salarios bajos y ofrecer pocos beneficios
a sus empleados.(...)
No obstante, expresó su preocupación de que los salarios y beneficios estaban subiendo,
en parte «porque le pagamos al empleado más en salario y beneficios a medida que
aumenta su antigüedad».(...)

Los memos sugieren que el modo de hacer frente al  problema es

• contratar más
  trabajadores part-time";
   

• "tener un plan de techos a los salarios
  de modo
  que los empleados con más antigüedad
  no obtengan aumentos";
   

• "impedir que los trabajadores se queden demasiado
  dando otros pasos, por ejemplo, se prohíbe que
  quienes
  tienen problemas de espalda o piernas se sienten
  en banquitos".

Paul Krugman señala que:

"En los años 70, los empleadores comenzaron una exitosa campaña para hacer
retroceder
a los sindicatos. Esa campaña dependió de la violación sistemática de las leyes laborales:
los expertos estiman que para 1980 los empleadores despedían, ilegalmente, a uno de
cada 20 empleados
que votaban por la sindicalización. Pero los empleadores rara vez se toparon con
consecuencias serias por esas violaciones de la ley,
gracias
al vuelco político de los Estados Unidos hacia la derecha. Y ahora que el giro a la derecha
se profundizó, los funcionarios están buscando eliminar cualquier protección de
los derechos
de los trabajadores que las relaciones labores sigan proveyendo.(...)

Grandes empleadores como Wal-Mart han decidido
que
sus intereses son mejor servidos si trata a
los trabajadores como un commodity descartable,
mal pago y alentado a irse después de uno o dos años.

Y esos empleadores no les preocupa que los trabajadores se enojen y
formen sindicatos porque saben que los funcionarios del gobierno, que
deberían
proteger los derechos laborales, harán todo lo que puedan para alinearse
con los reducidores de salarios".

Sólo el 30% de los trabajadores ocupados gana más de mil pesos mensuales
cuando la canasta familiar ronda los 2.200 pesos.
Casi la mitad
de quienes trabajan lo hacen en negro y con sueldos de unos 300 pesos que sólo les alcanza
para mal alimentarse. Mientras los que están en blanco alcanzan la canasta de pobreza, a
excepción de un grupo minoritario.

La situación se agrava por la transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores
y otros componentes populares al poder económico y a su Estado mediante:

1. la inflación que hace que haya disminuido el poder adquisitivo
   del salario respecto al de cinco años atrás en 11,9%;
    

2. el impuesto al consumo popular sobre el cual se basa
   la mayor recaudación fiscal;
    

3. los aportes y contribuciones a la Seguridad Social
   subieron un 43,4% y tiende a crecer pero ese superávit
   se desvía
   al pago de los servicios de la 'deuda' en vez de destinarse
   a aumentar los míseros haberes de los jubilados y pensionados
   que
   se redujeron del 40 al 37% respecto al sueldo medio registrado;
    

4. las AFJP manejan fondos que pertenecen a los trabajadores afiliados por 77.000 millones de pesos,
   el 55% lo colocaron
   en bonos del Estado, 11% en acciones, casi el 10% en
   acciones y títulos extranjeros, 4% en plazos fijos y el resto
   en fideicomisos financieros y otros; 
    

5. las AFJP, además, reciben todos los meses aportes nuevos
   por más de 500 millones de pesos que, en la práctica, no son
   invertidos
   en economía de producción e infraestructura, es mínima
   esta participación.

El sistema capitalista por hacer predominar a la globalización financiera condena,
sobre todo en la mayoría de los países, masivamente a constituir población sobrante e inútil.

En la Argentina, hunde en la pobreza e indigencia a la mayoría de los menores de 18 años,
expulsa a muchos de los jóvenes universitarios del país encubriéndolo como fuga de cerebros y
está desertizando
a la Argentina en todos los sentidos.

Tortura con el hambre a niños y a ancianos, con magros sueldos a los trabajadores de la salud
y la educación pública que, además, deben sufrir el desmantelamiento de lo público y la pobreza de los de abajo.
En la universidad pública hay quince mil docentes que trabajan ad-honórem.

Refuerza la 'normalidad' de extraer trabajo no remunerado con fraudulentas e inconstitucionales prácticas. En efecto,

para pagar menos aportes ha generalizado
los contratos laborales
(ya hay un millón) bajo el esquema de tareas
'a tiempo parcial' pese a que la jornada laboral
es de 8 a 9 horas,
esos trabajadores tienen cobertura de Seguridad Social
pero tanto su jubilación como su indemnización por accidente serán más bajas
a causa del aporte por un sueldo registrado menor;

para maximizar ganancias y girarlas al exterior las empresas otorgan a terceros
(casi siempre vinculados a ellas) las mismas tareas que desarrollan en parte con mano de obra propia,
generando
en un mismo lugar de trabajo dos salarios, dos convenios o directamente trabajo en negro, violando
la Constitución nacional
que señala que por igual trabajo corresponde igual pago.

Silvia Hidalgo (Rebanadas de Realidad) relata:

"Los trabajadores telefónicos representados por FOETRA Sindicato Buenos Aires,
vienen desarrollando -desde el día lunes- un conflicto colectivo que afecta el servicio de instalación de líneas, banda ancha, reparaciones y mantenimiento en general.

Sucede que las empresas Telefónica y Telecom otorgan trabajo en negro a más de 600 trabajadores.

A estos trabajadores se los tiene a destajo, en condiciones de esclavitud,
cumpliendo jornadas de 12 ó 14 horas por $30 o $40. En algunos casos se les otorga un recibo de sueldo que no refleja la modalidad real de pago pero que están forzados a firmar a cambio de otorgarles alguna orden de trabajo para el día. Si reclaman, son despedidos, no tienen vacaciones ni aguinaldo pese a que se las "dibujan" en los recibos de haberes.

Las tareas que desarrollan son propias de la actividad telefónica y mientras cada vez más trabajadores en negro la realizan son más
los trabajadores bajo convenio a los que se les ofrece dinero para irse de las empresas.

En el mes de abril este conflicto generó el dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. FOETRA vino acatándola y tratando a su vez, de darle una solución que evitase la adopción de medidas de acción directa, pero no ha tenido hasta el presente una respuesta por parte de las empresas(...)".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés 
29-9-06

Según informó el sindicato, en las primeras horas de la mañana del jueves 19 de octubre, Telefónica impidió el ingreso a los empleados sin que medie motivo alguno y los expulsó mediante el uso de las fuerzas policiales y bomberos.
Esta situación se repitió el viernes 20. Además, la empresa militarizó edificios
donde
se sostenía la medida al enviar parapoliciales a más de 10 oficinas
para desalojar y poner fin así al plan de lucha.

Fuente: www.anred.org
26-10-06

Pero la represión no basta para poner fin a la movilización y organización de los trabajadores
por sus derechos.
De ahí que, desde los poderes establecidos, se busque consenso fanático con
el modelo económico (disfrazado de antineoliberal) que movilice en el sentido opuesto
al 2001-2002.

Frente a la actual situación de superexplotación de los trabajadores y de desaparición forzada del
albañil Jorge Julio López que fue fundamental para condenar a perpetua por genocida
a Miguel Osvaldo Etchecolatz
y en momentos en que se produce la segunda entrega de hidrocarburos,
la CGT y las 62 Organizaciones Justicialistas llevan a cabo el traslado de los restos de Perón (programado y preparado desde la gestión de Duhalde)
en la fecha que se hizo histórica por la movilización masiva en apoyo al líder.

Kirchner se proponía encabezar el acto con el ayúdenme no los voy a defraudar (tal como lo expresó pocos días después).
Pero el cortejo
no motivó la espontánea concurrencia multitudinaria y al igual que el 25 de mayo de 2006 consistió, sobre todo, en despliegue de aparatos.

 II.  ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

La ministra Felisa Miceli destacó que
el Presupuesto
está armado en función de sostener
el dólar alto y el superávit fiscal como
pilares del modelo económico.

Ismael Bermúdez (Clarín//Económico// 24-9-06) señala:

"bajo directivas de la Casa Rosada, el Banco Central sigue comprando divisas
no sólo para encarecer importaciones y abaratar exportaciones sino por una razón fiscal.
El dólar alto
garantiza un fuerte superávit primario en las cuentas públicas por las retenciones a
las exportaciones.

Y el superávit fiscal es clave:
cumplir con el pago a los servicios de la deuda le da sustentabilidad al crédito público
y
al sistema financiero ya que los bancos y las AFJP tienen una parte sustancial de sus activos
en Préstamos del Gobierno y títulos públicos.(...)

Al Banco Central le cuesta cada vez más sostener el valor del dólar alto
porque
al ser mayor la oferta excedente de dólares que el superávit fiscal primario,
tiene que comprar las divisas con emisión monetaria. Y para evitar que esa emisión
presione a la suba de los precios, tiene que esterilizar parte de lo que emite con letras.(...)

La decisión de sostener todo lo que se pueda el valor del dólar significa que en
la disyuntiva entre mayor inflación o tipo de cambio alto,
el Gobierno
se inclina por lo último. En cambio, si se estableciera una política monetaria sujeta
a metas de inflación implicaría bajar el tipo de cambio para frenar la suba de los precios.
Brasil, por caso,
optó por revalorizar su moneda y crecer menos con menor inflación".

Daniel Muchnik (Clarín 9/10/06) advierte:

"La inflación altera todo el circuito económico y social, significa

• una pérdida de ingresos,
  en especial de los sectores con ingresos fijos,
   

• un incremento de la deuda pública y
   

• una realimentación de sí mismo porque
  desata
  una carrera con 'final abierto'.(...)

Por otra parte, mediante la intervención cambiaria, el Gobierno sostiene y aumenta
el valor del dólar en pesos,
agregando una dosis inflacionaria a toda la economía.

En este sentido y frente a las críticas de varios economistas,
el Gobierno y el Ministerio de Economía en particular
se han manifestado
a favor del mantenimiento del tipo de cambio alto, a cualquier costo.
Han explicado que
en ese nivel el tipo de cambio ha sido el motor que hizo olvidar a muchos el colapso
del 2001 y 2002
aunque, paralelamente, debilitó a los asalariados.

La persistente suba de precios ensancha la brecha con los precios regulados o sujetos a acuerdos y eso conlleva
una señal de peligro porque debilita cada día más la regulación o la concertación de precios.

Es sabido que en determinado momento
esa brecha
se torna insostenible y provoca un salto
en los valores de los productos.

La contrapartida de la llamada regulación son mayores subsidios que
el Gobierno
otorga a sectores para compensarles el no ajuste de tarifas. Uno es
el caso del transporte colectivo y el otro el del transporte ferroviario donde
la Auditoría General de la Nación
reclamó transparencia a la Secretaría de Transporte que depende del Ministerio
de Planificación.

Con el fuerte superávit fiscal, esos subsidios son financiables, pero
no hay que olvidar que
la mayor recaudación oficial también se nutre de la inflación, generándose así
un círculo vicioso".

Daniel Muchnik (Clarín 30/10/06) señala:

"Todos los días algún sector o actividad productiva o de servicios
reclama
subir los precios. Otros no piden autorización alguna porque están
al margen de los acuerdos y entonces elevan los valores sin pedir permiso a nadie.

Así, con una prisa no deseada por nadie, la inflación sigue expandiéndose
por el tejido económico(...)".

Es que "el problema de fondo sigue sin atacarse:

La estructura oligopólica tanto de la producción
como
de la comercialización es, a grandes rasgos,
la principal causa de la formación de precios
que
algunos funcionarios oficiales consideran
'distorsivos' y 'explosivos'.

O dicho de otra manera, esta estructura
le estaría brindando a un sector reducido
de empresas
la posibilidad de fijar precios, al margen
de la situación real que presentan
los distintos costos operativos".

En consecuencia, la resolución de los problemas que no dejan ni sobrevivir a millones en Argentina y que degradan las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones de todo el país
exige
desmonopolizar y nacionalizar tanto la economía como el territorio
pero esto sólo es posible si hay construcción de la capacidad popular de gobernar e imponer
el proyecto de país que concrete el bienestar común. 

 III.  ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

"Los indicadores económicos siguen
expandiéndose
y muestran, hacia el futuro, una visión
optimista. Los registros arrojaron un alza
de la economía del 8,5% en los primeros
ocho meses de este año.

De este modo se consagran, para el asombro,
17 trimestres seguidos de crecimiento sostenido.
Con relación
al segundo trimestre de 1998, instante en que se
inició la gran recesión, el PBI mejoró un 11,9%,
impulsado por el sector automotor, la construcción
y la producción de aluminio y acero".

Daniel Muchnik (Clarín 23/10/06) dice:

"Sin embargo, como oposición a ese rostro sonriente del presente,
la distribución del ingreso no deja de ser injusta, desproporcionada
y
arrastra nudos que los funcionarios no logran desatar.

Hay, entonces, una cara y una contracara de la realidad que es buena para algunos
pero
incierta, carenciada y marginada para otros. Por un lado, se da el «efecto riqueza»:
los sectores medios y altos de la sociedad están fogoneando la actividad y la inversión.
Son los mismos ámbitos que alimentan un mayor consumo y por lo tanto,
empujan los precios.
Por el otro, el grupo medio bajo y el pobre no alcanzan a obtener lo que necesitan a diario.

A esta altura del ciclo expansivo no se ha logrado solucionar el atraso significativo
del salario real
en el primer semestre de 2006 con respecto a 1998 y los bolsones de pobreza e indigencia.
El total de pobreza es 29% más elevada que la de 1998 y la indigencia más que duplica a
la de 1998(...).

Entre el tercer trimestre de 2003 y el tercer trimestre de 2005
aumentaron las diferencias entre hogares ricos y hogares más pobres:
los ingresos fueron 16 veces mejores para los más ricos.(...)

"En la misma línea de la injusta distribución del ingreso hay escenarios de
la vida económica y social que están colapsados. Es el caso de la salud, de la educación
y del transporte público de pasajeros que, sugestivamente, recibe millonarios subsidios.

Faltan políticas del Gobierno para resolver estos dilemas. En el Presupuesto para el 2007
en tanto mejora la inversión en Educación,
hay un lamentable retroceso de recursos en Salud: 42 por ciento menos que los destinados
en 1998".

La desigualdad, la pobreza y la exclusión sociales aumentarán y se profundizarán
como
consecuencia de la alianza estatal con los oligopolios de agro-negocios, las corporaciones
mineras y petroleras, los grupos económicos locales y el privilegio del gobierno-estado por
el sistema financiero
que se instaura mediante la dictadura cívico-militar y es clave para el desarrollo neoliberal.

En el Estado hecho para bloquear y destruir al pueblo como sujeto del derecho a
la autodeterminación,
la doctrina de «seguridad nacional» es esencial y rige sin terrorismo de estado
pero siempre implica la sumisión del país al imperialismo liderado por Estados Unidos.

Lo demuestra el gobierno de Kirchner desde sus inicios volcado a enterrar todo vestigio de
rebelión y movilización popular.

Ana Baron (Clarín 26/10/03) relata:

"La pobreza y la exclusión social de amplios sectores de
América latina
son una de las amenazas más graves a la estabilidad política de la región según el borrador de la Declaración
final de la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica
que tendrá lugar en México.(...)

El documento es producto de una larga y tensa negociación entre los 34 países
miembros de la OEA(...)".

En subordinación a esta política con origen en Estados Unidos, el gobierno de Kirchner
-con el pretexto de prevenir la favelización- ocupa con la bonaerense, la gendarmería y
la prefectura a Fuerte Apache y las villas La Cava y Carlos Gardel.

Héctor Gambini (Clarín 14/11/03) dice: "las copan para dar más seguridad a los de afuera.
Adentro
quedan miles de vecinos que cambiarían con gusto la seguridad de un FAL por la de
un empleo estable".

En la misma fecha, se informa que Nación y Provincia acordaron implementar en forma coordinada un programa antisecuestros en Capital y el conurbano. Se resolvió armar
una mesa conjunta de tareas de inteligencia, que además participará en

• investigar
  la corrupción en la Bonaerense;
   

• establecer puestos de control en autopistas y avenidas
  que conectan la ciudad con la provincia;
   

• hacer operativos cerrojo y refuerzos de patrullajes en villas.

El ministro bonaerense de Seguridad, Juan José Álvarez (de la SIDE en la dictadura cívico-militar) habló que el plan no costaría un centavo extra porque integraría a Gendarmería y Prefectura y puso en marcha el Plan Director para saturar el conurbano de patrulleros.

Un mes antes comienza el ataque a las organizaciones piqueteras más consecuentes con
la independencia de clase.
Lucio Fernández Moores (Clarín 28/10/03) relata:

"Se tensa la cuerda entre el Gobierno y las agrupaciones piqueteras más radicalizadas.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ayer denunció penalmente a los grupos que
la semana pasada bloquearon la sede de su cartera.

Hoy, esos mismos grupos se concentrarán en Plaza de Mayo y enumerarán los hechos
de represión que, según afirman, sufrieron en sus últimas manifestaciones.

Paralelamente,
el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó que el Gobierno podría crear
una «brigada antipiquetes», integrada por policías sin armas de fuego(...)".

Julio Blanck (Clarín 31/10/03) destaca:

"El Gobierno cambió en estos días sus parámetros
para clasificar a los piqueteros.
Antes
los ordenaba según la pertenencia política(...).
Ahora estrenó un nuevo concepto:
los divide
entre ¨los que quieren conseguir trabajo¨
y los que ¨reclaman más planes para seguir
financiando a sus militantes¨(...)

Por convicción, no quiere chocar con los piqueteros. Y por conveniencia política,
sabe que hacerlo
le puede enrarecer el aire a una sociedad que espera una resolución pacífica de
los conflictos, más allá de la simpatía que le despierten o la molestia que le ocasionen".

El Gobierno planifica para controlar a los piqueteros la distribución de fondos públicos a agrupaciones afines para construcción de viviendas
y
desde el Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Alicia Kirchner, para microemprendimientos productivos y comedores escolares.

Guido Guagnini (Clarín 2/11/03) señala otra característica del combate contra los piqueteros:
las organizaciones de izquierda son bautizadas como "ideológicas" en Casa de Gobierno y
el Presidente dijo que "por más que se mejoren las cosas, nunca dejan de protestar".

Manifiesta: la reorientación de los subsidios hacia proyectos productivos es una búsqueda
del Gobierno
de aislar a los que protestan contra el «proyecto económico».

Un secretario de Estado sintetizó: "Los que quieran trabajo serán bienvenidos.
Ahora,
si quieren cambiar el proyecto económico, que se presenten a elecciones y ganen.
Porque el proyecto no va a cambiar por un corte de ruta".

Al frente de esta guerra contra las organizaciones de trabajadores desocupados, también,
están los obispos que "objetan el clientelismo social y la legitimidad de los cortes de ruta"
y
quince días más tarde una fuente eclesiástica , admite:
"la verdad es que en la Iglesia hay inquietud por la creciente conflictividad social".

Sergio Rubin (Clarín 13/11/03) informa:

"El principal problema que empieza a avizorarse
-dicen los medios eclesiásticos- es
que
sectores de ultraizquierda «se están enancando
con más fuerza» en las necesidades acuciantes
de vastos sectores populares.

Esa no es una buena combinación para muchos obispos,
que separan las protestas espontáneas de
la instrumentación ideológica.

El padre Farinello lo acaba de decir con todas las letras:

«Hay muchas políticas y grupos piqueteros que usan al pobre.
Los pobres, siempre callados, tienen miedo de que les quiten el subsidio.
Los que hablan
son los militantes que los llevan y los traen. Y esos no son pobres, sino que viven de
los pobres»(...)".

Kirchner, presidente en el Gobierno que dirige el Estado Hood Robin, dijo  (Clarín 21/11/03) que
vivir de la ayuda social no dignifica. Y coincidió con el obispo Casaretto,
quien
había dicho que si la asistencia oficial no tiene una contraprestación laboral:
"fomenta la vagancia".

Mariano Thieberger (Clarín 10/12/03) indica que Moyano es un eje en la estrategia
contra los piqueteros duros.
Se acercó al poder político durante la semana de Rodríguez Saá y en la gestión de Duhalde.

"En momentos en que la relación del Gobierno con los piqueteros está en el centro de
la escena, Moyano es otro de los jefes sindicales que se sumó al pensamiento oficial.(...)

El Gobierno prefiere -y ya se lo dijo a varios dirigentes gremiales- que sean los sindicalistas
los que se movilicen en las calles y no las organizaciones piqueteras más conflictivas".

Los grandes medios informan que Kirchner critica y presiona contra los piqueteros, preocupado
por los actos del 20 de diciembre.
Lo hace desde la defensa de quienes trabajan y en contra del enfrentamiento entre argentinos.

En la Plaza de Mayo, el 20 de diciembre de 2003, sucede la explosión de una bomba colocada
en un cesto de basura y lesiona a 26 personas.
D'Elía (artífice principal de la política de Kirchner de dividir al movimiento piquetero)
afirmó:
"no me extraña que sea una especie de autoatentado. Castells y Pitrola
están necesitando un muerto,
y como el Gobierno se plantó firme y no reprime, no me extraña que hayan explotado eso".

Ya en 2004, después de la multitudinaria marcha del 24 de marzo, se produce otra de similares
dimensiones pero en nombre de la seguridad ciudadana.
Daniel Míguez y Guido Braslavsky (Clarín 19/4/04) relatan:

"Luego de 12 días en los que su única aparición pública fue desde su lugar de internación
en Río Gallegos, el presidente Néstor Kirchner reaparecerá hoy en el escenario político
con un discurso,
que se acercará a la idea de un relanzamiento del gobierno para recuperar la iniciativa
que aparecía desdibujada en los últimos tiempos.

Será con motivo del anuncio del plan de seguridad federal
y lo hará con toda la pompa, ante la presencia de los gobernadores
que hayan aceptado la invitación cursada por el Gobierno".

En la misma fecha se informa que las Fuerzas Armadas darán asistencia técnica al gobierno
de la provincia de Buenos Aires
para reforzar las políticas de seguridad.

La "Campaña Nacional Contra la Represión y Discriminación a Personas GLTTTBI" que impulsan diversas organizaciones
como
Correpi, Área Queer, ALITT, MAL, La Fulana, ATTTA, Vox Rosario, Liga por los Derechos del Hombre, entre otras, tendrá una cita fundamental, el próximo 10 de diciembre "Día de los Derechos Humanos".

En esa ocasión, se le entregará al gobierno de Néstor Kirchner un estudio
sobre
las violaciones a los derechos humanos asentadas en
los Códigos Contravencionales y Códigos de Faltas provinciales.

Para esto se organizará un acto público bajo la consigna
"A 30 años del golpe el estado sigue reprimiendo".

Mariana Collante (ANRed) entrevista al abogado Gerardo Echeverry (Correpi):

-Parece que estas normas conllevan cierta intencionalidad política...

-Gerardo Echeverri: Claro, estas normas están para poder facultar a los poderes políticos locales a controlar a las respectivas poblaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, como no tiene policía propia
los órganos de persecución son los inspectores para temas de faltas,
los fiscales contravencionales y
la federal. Mientras que en la provincia de Buenos aires, el órgano de aplicación son
las distintas policías bonaerenses distritales, comunales y este mismo esquema se repite en cada una de las regiones de nuestro país.

El objetivo es el mismo que tiene el Código penal: controlar a la población y perseguir a determinados sectores. Pero con un agravante, las legislaciones locales
permiten
un nivel mucho más amplio de arbitrariedad en su aplicación y
una norma de estas características da mucho más poder al que la aplica.

Se busca un control arbitrario sobre los pobres en general y
sobre los opositores reales o potenciales en particular. No debemos olvidar que, en todo el país,
rige la averiguación de identidad o de antecedentes.
En este sentido, no hace falta que me explaye sobre "la portación de cara" de aplicación selectiva. (...)

Es importante destacar que esta legislación no es el producto simplemente de la derecha alistada con Macri o López Murphy. Es también, producto de lo que hizo el kirchnerismo, el ibarrismo en sus distintas vertientes,
de lo que hicieron todos los sectores salvo la izquierda. Es claro que se pusieron de acuerdo para establecer una normativa que sanciona cuestiones que tienen que ver con la pobreza,
persigue las actividades en la calle y el que está en la calle no es el rico sino el pobre.

Si vemos cuándo y cómo se aplican los artículos que tienen que ver con juego clandestino o
con la seguridad en los locales son prácticamente letra muerta.
Cromañón es un claro ejemplo,
si los fiscales contravencionales en lugar de estar persiguiendo vendedores ambulantes
hubieran estado revisando el cumplimiento del código contravencional en los boliches, tal vez Cromañón no hubiera pasado.
Desde el gobierno de la Ciudad jamás explicaron esto porque es algo indefendible, y por
supuesto, la mayoría de los sectores no se lo echaron en cara al gobierno porque para casi todos lo correcto es perseguir a los pobres y no a los que tienen bienes.

-ANRed: ¿Sucede lo mismo con el Código Penal? ¿Existe cierta selectividad en su aplicación?

-Gerardo Echeverry: El Código Penal tiene una cantidad de artículos vinculados a cuestiones económicas que prácticamente son letra muerta. En cambio, todos los delitos cometidos por
los pobres son de aplicación cotidiana.

Si uno analiza cómo se investiga vemos que el fiscal no tiene personal, entonces, delega
el poder en la policía y ésta sólo está preparada para perseguir delitos menores y no organizados.
De esta manera, se completa el círculo represivo.

Fuente: www.anred.org
2-11-06

En síntesis, la concertación de Kirchner
procura
la perpetuidad de salarios y condiciones laborales en contradicción
con la dignidad humana de los trabajadores
pero -a través del Estado policial y los grupos de choque o paraestatales- además,
pretende la 'desaparición forzada' de los expulsados por el capitalismo.