Qué Mundo

Julio 2018

Con unión de progresismos a imperialismos al subordinar mayorías y expandir extractivismos.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Analicemos para descubrir a Lula y al PT en su conciliación de clases menospreciando su compromiso con las demandas más sentidas del pueblo trabajador:

 

El PT, el neoliberalismo y el régimen brasileño

13 de junio de 2017

 

Edison Urbano

Movimiento Revolucionario de Trabajadores, Brasil.

 

El ritmo vertiginoso de la crisis política brasileña y la posible “resurrección” del PT, de la mano del regreso de Lula, vuelven a poner en el centro la trayectoria de este partido y su papel en momentos decisivos1 . Del origen en las huelgas metalúrgicas al ascenso popular de los ‘80 y la sorpresa del “Lula-lá” en 1989 Lula surge como figura nacional como presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (ciudad industrial del Gran San Pablo), un sindicato cuya dirección había convivido con la dictadura y que de repente, renovando su dirigencia, se ve al frente de un auge de huelgas obreras.

 

El PT será entonces la combinación del despertar político de amplios sectores de trabajadores y un proyecto de canalizar las energías para un partido reformista, actuante dentro del orden burgués. Al menos cuatro sectores sociales distintos se unen para encabezar la fundación del PT: el llamado “nuevo sindicalismo” encabezado por Lula; sectores de la Iglesia católica; sectores de la intelectualidad de izquierda influenciada por el eurocomunismo; y las corrientes organizadas de la izquierda radical, sobre todo las de origen trotskista y las ex guerrilleras.

 

En las resoluciones de los primeros encuentros, así como en su programa, se manifiesta el eclecticismo característico de esa “amalgama política”: una fraseología acerca de un “nuevo tipo” de socialismo, de contornos indefinidos, sin una estrategia clara de poder. El historiador Lincoln Secco resumía esa fase del partido, de los años ‘80 hasta mediados de los ‘90, diciendo, “El resultado de esos encuentros terminaba siendo una tesis moderada enmendada por los radicales”2 . A medida que se va enraizando en la sociedad y creciendo, el PT manifiesta su orientación profundamente conciliadora en los momentos políticos fundamentales de la transición: en la campaña por elecciones directas y la Asamblea Constituyente tutelada por el expresidente José Sarney (PMDB) y los militares, en las elecciones de 1989. Sin dejar de dirigir las huelgas económicas de los trabajadores y, por esa vía aumentar su influencia, la operación fundamental del PT será siempre la de separar la esfera económica de la política, dejando esta última invariablemente bajo la hegemonía de la burguesía.

 

El creciente descontento con los sucesivos fracasos de los planes económicos de Sarney da origen a un nuevo ciclo de huelgas, que coincide con la primera elección presidencial directa en 1989. Entonces explota el “fenómeno Lula”, que sorprendió a todos y disputó cabeza a cabeza con el aventurero reaccionario Fernando Collor de Mello. La derrota de Lula en 1989 tuvo, sin embargo, el efecto contradictorio de reforzar la estrategia electoralista de la dirección del PT. El PT como pilar del régimen: del “Fora Collor” a la oposición moderada a Fernando Henrique Cardoso. Comprometido con el “orden democrático”, el PT es uno de los últimos partidos en adherir al impeachment de Collor, no por críticas de izquierda sino al contrario: por miedo a la inestabilidad que podría generar, como argumentó José Dirceu, en ese entonces diputado federal por el PT, jefe de Gabinete de Lula. Más tarde, cuando el proceso ya era inevitable, el PT actuó como partido de la contención, evitando que la lucha contra Collor tuviera una cara obrera. En una consciente división de tareas, la dirección petista cedió el protagonismo a la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), dirigida por el PCdoB. La izquierda petista, en el pico de influencia interna, organizó encuentros obreros, como el de Belo Horizonte, pero no hizo de ellos un bastión para una salida independiente.

 

Ese compromiso fundamental con la estabilidad burguesa será la “segunda alma” del PT a lo largo de su historia. Si en la lucha contra la dictadura en los años ‘80 el PT ya había mostrado que su apuesta a la conciliación de clases era más importante que su compromiso con las demandas más sentidas del pueblo trabajador, hay sin embargo un cambio cualitativo operado durante los años ‘90. Como señaló un estudioso del papel del PT durante el “Fora Collor”: Ese comportamiento político puede ser considerado un indicador del proceso de aceptación pasiva por parte del PT, de las propuestas neoliberales (...). No se trata, por lo tanto, de una adhesión activa al neoliberalismo. Ocurre que la táctica petista de priorizar la lucha por la ética en la política en detrimento de la lucha contra el neoliberalismo (...) tuvo consecuencias políticas3.

 

Vale señalar que en ese debate la dirección del PT, con Dirceu y Lula a la cabeza, mantuvo una postura tan a la derecha que las corrientes que se reivindicaban trotskistas se diferenciaron adoptando un programa tan adaptado como la propia lucha por el impeachment. Esta actitud no era una cuestión aislada. En mayo de 1991, en una entrevista a la revista Exame, Aloizio Mercadante, miembro fundador del PT, decía: Creo que el tiempo de protesta como propuesta política se terminó. O superamos esta fase de la política como negación y como denuncia, por una política de la afirmación, de la construcción y de la alternancia, o difícilmente encontraremos una respuesta a los problemas de la sociedad4.

 

Ya en 1994 intendentes petistas –Antonio Palocci en Ribeirão Preto, entre otros– dieron comienzo a la privatización de las empresas municipales de telecomunicaciones: “fueron privatistas avant la lettre, antes que el gobierno de FHC [Fernando Henrique Cardoso]”5 .

 

Embriagados con la posibilidad de elección de Lula, los dirigentes petistas se hicieron aún más conservadores después de 1989. Junto con eso, incluso en la izquierda, se consolidó una expectativa de que el proceso político brasileño tuviera que pasar por la experiencia de Lula en el gobierno –en las versiones más “izquierdistas” de esa tesis, como la del grupo morenista PSTU y sus congéneres, eso sería sólo la antesala de la radicalización revolucionaria de las masas–. Así, a lo largo de los ‘90, el PT fue el “ala izquierda” de la aplicación de los planes neoliberales, un sustento por izquierda de la democracia degradada creada en 1988. A través de la burocracia sindical, el PT también fue responsable de la aprobación de la reestructuración neoliberal de las relaciones de producción (bancos de horas, precarización, tercerización, flexibilización, etc.).

 

En este proceso tuvieron un papel importante las “cámaras sectoriales”, un símbolo del PT de los ‘90. En esta propuesta, teorizada por el economista Paul Singer, la vieja idea de los difusos “consejos populares” defendidos en el programa del PT de los ‘80, se transformaba en una directamente liberal: cámaras de conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores como eventual “forma de gobierno”. En la práctica, las cámaras sectoriales fueron también un mecanismo para romper la unidad de la clase (divisiones por gremio y sector para negociaciones salariales y de convenio). Estos mecanismos cumplieron un papel importante para que los capitalistas pudiesen imponer su ofensiva neoliberal. Por otro lado, cuando tuvo la oportunidad de enfrentar al neoliberalismo de FHC en una batalla decisiva, el PT capituló en la gran huelga petrolera de 19956.

 

Más tarde, durante el período 1998/99, cuando la popularidad del Plan Real ya se había liquidado y FHC, después de ganar nuevamente en primera vuelta contra Lula, devaluó la moneda, la estrategia petista cobró nuevo precio.

 

Lejos de apostar a la lucha de clases, más que nunca el PT hizo un pacto de estabilidad para apostar a una elección “tranquila” de Lula en 2002.

 

La elección en frío de Lula contuvo la explosión popular contra el neoliberalismo.

El PT llegó al gobierno. No como producto de una gran movilización de masas, sino al contrario, como resultado “frío” y puramente electoral del desgaste del neoliberalismo de FHC. Lo importante es que fue el resultado de la estrategia deliberada de la dirección petista. De ahí la necesidad de rechazar los argumentos cínicos que atribuyen el conservadurismo de los gobiernos de Lula y la timidez de sus medidas populares como fruto de una “correlación de fuerzas desfavorable”.

 

Se fue consolidando cada vez más en una estrategia de inmovilismo, y fue así que se dio su llegada al gobierno federal en las elecciones de 2002. Cabe recordar que en esa época se combinaban el descontento popular con FHC, acumulado desde 1998, con el agotamiento del ciclo neoliberal de los ‘90 en toda la región, dando origen a rebeliones populares y levantamientos de masas como las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 en Argentina, las rebeliones populares en Bolivia en 2000, 2003 y 2005 –solo contenidas luego de la asunción de Evo Morales, que en ese sentido tuvo un papel similar al de Lula: con la diferencia que el brasileño tuvo un carácter preventivo y logró impedir una explosión de masas–. Desde este punto de vista, el problema del “lulismo” para la clase obrera no fue sólo que no modificó, sino por el contrario, profundizó la subordinación estructural del país al imperialismo, su atraso económico, sus desigualdades históricas (la base de apoyo fundamental fue el trinomio agronegocio, bancos y constructoras).

 

De hecho, mantuvo y extendió lo principal de la década neoliberal, como la precarización del trabajo, muchas de las privatizaciones, la penetración de las multinacionales, la reprimarización exportadora, la dependencia del capital financiero internacional y el deterioro de los servicios públicos. Esto tuvo consecuencias cuando la marea creciente del mercado mundial impulsada por China-Estados Unidos entró en una crisis histórica, cuyo agotamiento puede ser simbolizado por Trump y el Brexit. Incluso para un intelectual ligado orgánicamente al proyecto petista, el lulismo sería un fenómeno conservador, como fue analizado en el célebre artículo sobre las “Raíces sociales e ideológicas del lulismo”, … para analizar la naturaleza del lulismo, consideramos conveniente agregar la combinación de ideas que, a nuestro modo de ver, caracteriza la fracción de clase que por él sería representada: la expectativa de un Estado suficientemente fuerte para disminuir la desigualdad, pero sin amenazar el orden establecido7 .

 

Ahí está la esencia del problema: ¡un intento de disminuir la desigualdad sin amenazar el orden establecido! El PT se consolida como un pilar decisivo del régimen burgués, pero asume una ubicación aún más profunda cuando, a la cabeza del poder ejecutivo, le pone su marca, bajo el nombre de lulismo, a lo que sería el efímero sueño dorado del capitalismo brasileño. Combinando crédito, consumo y conciliación, y distribuyendo mediante planes asistenciales, se creyó que se podría crear un “Brasil potencia” con gradualismo lulista. Sin embargo éste representaba sólo un proyecto estructuralmente regresivo, basado en la exportación de commodities, agronegocio, relación con las constructoras y Petrobras –un proyecto que la revista inglesa The Economist no dudó en llamar “Hacienda del Mundo”, pero que durante algunos años generó euforia en empresarios y petistas–.

 

La crisis económica mundial y las jornadas de junio de 2013

Lo interesante es que todo esto desembocó en las movilizaciones de junio de 20138. Bajo el impacto de la crisis económica mundial, de la “primavera árabe” y de los levantamientos de la juventud en varios países, la juventud brasileña desató enormes manifestaciones espontáneas, en principio por el aumento del transporte, pero después “contra todo” y por más derechos. Aquello que André Singer había analizado en el auge del lulismo como separación de clase media y de importantes sectores organizados de los trabajadores con relación al PT –que entonces encontraba una nueva base social en los pobres urbanos de la “nueva clase C”– siguió desarrollándose hasta el “momento de escisión” en junio de 2013. Digna de mención fue la hostilidad con la que los ideólogos petistas respondieron al hecho de que las masas volvían a las calles. Se quebraba, de hecho, la mayor conquista de los gobiernos petistas, que era el total inmovilismo de la sociedad civil9.

 

El PT en el gobierno supo hacer falsas promesas para intentar desviar el proceso, y crear un pacto nacional represivo para garantizar el Mundial de Fútbol de 2014, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas y la ley de antiterrorismo de Dilma Rousseff, entre otros. Si en las elecciones Dilma tuvo que hacer una demagogia de izquierda, diciendo que no descargaría la crisis sobre los trabajadores, el día siguiente a la asunción bastó para desenmascarar el fraude electoral. Así se formó el caldo de cultivo para el golpe institucional del 2016. En otras palabras, fue el propio PT el que allanó el camino a la llegada de la derecha al poder, y cuando el golpe institucional ya estaba en curso, hizo lo que pudo para dar un marco “discursivo” a su enfrentamiento, sin organizar una lucha real con los métodos de la clase trabajadora.

 

El escenario actual

Después de pasar por la operación judicial “Lava Jato”, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, el PT herido de muerte amenaza con resurgir, por dos vías distintas y opuestas. Por un lado, preservado por el golpe institucional (que evitó que fuera el artífice central de los ataques con los que la burguesía quiere descargar la crisis sobre los trabajadores), el PT adquiere sobrevida. En este sentido, no es una “sorpresa” la vuelta del “Lula 2018” como reacción ante el agravamiento de los ataques bajo el golpista Temer. Por otro lado, la posible salvación del PT puede venir de los “de arriba”. Bajo el impacto de los interminables entramados de corrupción, de la posible (aunque no probable) evolución más “radical” de la operación Lava Jato en el sentido de “Manos Limpias” y de la virtual inviabilidad política de todos los partidos centrales del régimen político (PSDB, PMDB, PT), es posible un nuevo e inesperado papel de garante del orden para Lula y el PT. Seguir este escenario político turbulento, atentos a las manifestaciones ruidosas y también a las silenciosas entre las masas, es una tarea de primer orden en este momento. La entrada en escena de los trabajadores con sus propios métodos (como en el gran paro general del 28A), que estamos viendo frente a los ataques de Temer, plantea un escenario propicio para avanzar.

 

Para una conclusión

El papel histórico de los partidos, las clases, los individuos, no se establece por una sumatoria difusa de microexperiencias cotidianas, por más significativas que sean. En la historia de los pueblos y de las clases y, por lo tanto, de los partidos, existen puntos de inflexión en los que el cúmulo de pequeñas experiencias se concentra en momentos de decisión. Así fue, en el caso del PCB, antecedente histórico del PT, con el discurso de Prestes en 1945 a favor de Getulio Vargas y de “apretar los cinturones”, así fue el nuevo giro del PCB en 1958 a favor de la colaboración de clases abierta y del pacifismo, justamente en la inflexión de la etapa preparatoria que en pocos años antecedía el proceso revolucionario de 1961-1964 y el golpe fatal de 1964. El PT debería ser evaluado según el papel fundamental que el partido cumplió en el desvío de la lucha contra la dictadura, en nombre de conquistar la democracia; más tarde, en la crisis del “Fora Collor”, en nombre de preservarla; en la oposición a FHC, en nombre de garantizar la estabilidad y la elección de Lula; los acuerdos ultraconservadores del lulismo, en nombre de la gobernabilidad; la aceptación del golpe, en nombre de no dividir al país. En todos los momentos decisivos en los últimos casi treinta años, lo que se mostró una y otra vez es que el primer compromiso del PT es con el orden burgués. Siempre en defensa de la estabilidad, de la gobernabilidad y de la institucionalidad burguesa, puede ser considerado con razón como el gran aval del régimen de 1988.

Es lo que vemos incluso ahora frente a los ataques del gobierno golpista de Temer. Frente a la reforma jubilatoria, para el PT la huelga general no es una medida defensiva que se transforma en ofensiva contra el gobierno. Al contrario, es una amenaza para la presión parlamentaria o, como mucho, una demostración moderada, para negociar mejores condiciones. Lo mismo podemos decir del sentido estratégico del discurso de Lula en la avenida Paulista en el pico de la movilización contra el golpe en marzo de 2016, cuando planteó mostrar moderación e incluso hacer un guiño a la derecha golpista. Allí prevaleció, una vez más, el compromiso con el orden burgués.

Una figura emergente en la izquierda brasileña actual, el líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) Guilherme Boulos, afirmó recientemente, ¿Cuál es el papel de la izquierda? La izquierda tiene que ser capaz de presentar una salida a la crisis, que no sea la posición de aval de una República que perdió la credibilidad social. La defensa de las garantías constitucionales contra los arbitrios del poder judicial y la antipolítica reaccionaria no puede confundirse con un pacto de salvación del régimen. Tomando esta idea, pero yendo necesariamente más allá: cuando hablamos de la necesidad de imponer con la lucha una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, no estamos hablando sólo, ni principalmente, del ordenamiento político y jurídico del país, sino de dar una respuesta que parta de anular todas las leyes antipopulares de Temer y los gobiernos anteriores, y que ponga sobre la mesa los grandes problemas nacionales, para que los trabajadores vean en la práctica que sólo un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo podrá dar solución a las demandas más sentidas de las masas. El régimen no sólo está en crisis, sus entrañas están expuestas y todos pueden ver lo podrido que está. Ofrecer una salida anticapitalista, obrera y popular está a la orden del día.

Traducción: Isabel Infanta

 

1. Esta es una versión adaptada del artículo “Notas sobre o PT, o neoliberalismo e a crise do regime de 1988” disponible en http://esquerdadiario.com.br/ ideiasdeesquerda. 2. Lincoln Secco, História do PT, São Paulo, Ateliê Editorial, p. 100. 3. Danilo Enrico Martuscelli, “O PT e o impeachment de Collor”, disponible en www.scielo.br. 4. Citado en Danilo Martuscelli, ob. cit. 5. Lincoln Secco, ob. cit., p. 166. 6. Ver Leandro Lanfredi, “A greve dos petroleiros de 1995: o papel do PT e o avanço do neoliberalismo”, Ideias de Esquerda 1, mayo de 2017. 7. André Singer, disponible en www.scielo.br. 8. Ver Iuri Tonelo, “Herencia de junio: empieza a surgir un ‘sujeto peligroso’ en Brasil”, IdZ 5, noviembre 2013. 9. En diferentes claves, ese proceso fue analizado por Perry Anderson, Luiz Werneck Vianna y Francisco de Oliveira, entre otros autores marxistas y no marxistas.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/wp-content/uploads/2017/06/13_16_Urbano.pdf

 

 

Los gobiernos progresistas por gestionar el Estado aceptan la razón o función del mismo de conciliar a los trabajadores y los pueblos con el capital local e imperialista.  Adoptan el doble discurso e ilusionan que el modelo extractivista exportador conduce a la independencia política económica de nuestros países. Cuando lo cierto es que nos subordinan al saqueo de Estados Unidos-Europa-Japón y/o China. Justifican los extractivismos como usufructuo de esas riquezas para el bienestar social. Pero la realidad concreta es que sostenemos a nuestros opresores en su 'orden' mundial regido por:

 

 

1) La geopolítica minera de Estados Unidos.

La estrategia del extractivismo

6 de julio de 2018

 

Donald Trump afirma que muchos países se benefician y se aprovechan de Estados Unidos; que son víctimas a costa del enriquecimiento de otros. Sin embargo, las trasnacionales de Estados Unidos o las que se asientan en este país, así como grandes sectores industriales, son de las más ricas y poderosas del planeta, quienes se han enriquecido de los Tratados de Libre Comercio que ha impuesto a todos los países de América Latina y el Caribe así como en otros continentes.

Por Gustavo Castro Soto
Otros Mundos AC / REMA / M4

 

La guerra comercial que ha desatado del presidente de Estados Unidos altera la estrategia extractivista y amenaza nuevos territorios campesinos y de los pueblos originarios, ya que conlleva otras repercusiones políticas, económicas, sociales, militares y ambientales. Nuevos frentes de resistencia se podrán abrir donde menos se esperaban. El conflicto de Trump con Canadá, Rusia, China, México, Japón y la Unión Europea entre otros frentes, les plantea a las grandes trasnacionales, a los potentes sectores industriales de Estados Unidos así como a las corporaciones mineras del mundo, buscar otros territorios, nuevos países dónde imponer las políticas extractivistas necesarias. O quizás extraer los minerales de su propio territorio, lo que implicaría mermar sus reservas minerales en algunos casos y agudizar conflictos sociales y ambientales.

El Departamento de Economía de Guerra de los Estados Unidos creó dos conceptos claves. El de “minerales estratégicos” y el de “minerales críticos”. Los minerales estratégicos son aquéllos de urgente necesidad e imprescindibles para la industria bélica. En su momento fueron estratégicos: manganeso, cromo, níquel, estaño, tungsteno, vanadio, aluminio, magnesio, cobre y cuarzo hialino. Los minerales críticos son aquellos que no existen en su territorio o son muy escasos. (Ver Manual “La Mina nos Extaermina”)

En la medida en que la ciencia y la tecnología avanzan; cuando se descubren nuevos inventos y mejoras industriales; cuando se crean otras necesidades en el mercado; cuando se establecen nuevos Tratados de Libre Comercio; cuando se generan guerras comerciales y se modifican los acuerdos arancelarios; o cuando por su acceso y otras condiciones hacen poco rentables la extracción de ciertos minerales, algunos de ellos pierden relativa importancia y otros se vuelven “estratégicos” o “críticos”. Es así como la mirada hacia otros territorios cambia la estrategia de intervención. Esta intervención puede ser por medio de invasiones armadas, creación de conflictos internos para justificar la intervención o por Tratados de Libre Comercio o sus diversas variantes llamados Acuerdos de Alcance Parcial, Tratados Bilaterales de Inversión, Sistema Generalizado de Preferencias, Tratados de Integración, Acuerdos Comerciales Preferenciales, Acuerdos Parciales o Acuerdos de Asociación. Para ello, es necesario la modificación de las Constituciones nacionales de los países donde se pretende extraer los minerales -así como de sus leyes secundarias- con el fin de armonizarlos y garantizar el extractivismo de las grandes empresas mineras.

Desde esta perspectiva habrá que contextualizar las políticas de Donald Trump. Estados Unidos abandona el Tratado Transpacífico; pretende negociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México; China aplica de igual manera sanciones y aranceles en respuesta a medidas parecidas del presidente Trump; Estados Unidos se enfrenta a Canadá en otra guerra arancelaria cuando éste país negocia un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estados Unidos impone un arancel del 25% al acero y un 10% al aluminio y pretende cobrar arancel a la importación de vehículos de la Unión Europea, especialmente los provenientes de Alemania.

Todos los sectores industriales que usan acero y aluminio tendrán que subir sus costos o reubicarse en otros países para mantener la cuota de extracción, despojo y acumulación. La industria siderúrgica, alimentaria, química, médica, automotriz, bélica, espacial, de construcción, de energía, entre otras muchas, entran en cuestión frente a la modificación de la estructura arancelaria. Todos los sectores requieren de insumos minerales cuya ruta de extracción se ve modificada.

Según el Mineral Commodity Summaries 2018 del U.S. Department of the Interior y del U.S. Geological Survey, los 63 minerales claves para la industria y la economía de las corporaciones radicadas en los Estados Unidos se extraen de 53 países del mundo (ver cuadros más abajo). Sin embargo, su dependencia es más grave cuando la tercera parte de esos minerales depende al 100% de extraerlos principalmente de 24 países. Esto no significa que de dichos países son los únicos de donde se extraen los minerales, o los únicos lugares donde existen, sino que de ahí ha decidido extraerlos por condiciones geográficas, políticas o económicas ventajosas. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos despliega una geopolítica específica para tener acceso a estos países y extraer lo que necesita para sus empresas.

Estos 21 minerales de los cuales Estados Unidos depende al 100% de extraerlos e importarlos de otros países son: trióxido de arsénico, asbestos, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, mica, sienita, niobio, cuarzo, tierras raras, rubidio, escandio, estroncio, tántalo, talio, torio, vanadio e itrio. Esto significa que la industria de Estados Unidos depende 100% de la importación de estos minerales para la industria de fármacos, construcción, papel, cemento, automotriz, energía, metalurgia, aleaciones, maquinaria industrial, vidrio, cerámica, medicina, turbinas, equipo médico, industria aeroespacial, aviones militares, relojes atómicos, pirotecnia, telefonía, satélites, computadoras, televisores, implantes médicos, combustible nuclear, filamentos de lámparas eléctricas, material cerámico de alta temperatura, lamparas electrónicas, lentes de alta calidad para instrumentos de precisión, electrodos especiales para soldadura, reactores nucleares, entre otros muchos productos y sectores. Esto tiene repercusiones en las empresas trasnacionales más importantes de estos sectores.

Desde otra perspectiva, Estados Unidos depende casi al 100% de 24 países: Marruecos, China, Bélgica, Brasil, Rusia, Canadá, México, Sudáfrica, Vietnam, Alemania, Reino Unido, Ucrania, Francia, República de Corea, Gabón, Australia, Georgia, Austria, Japón, Rumanía, Estonia, Ruanda, India y República Checa. Es significativo que de estos países hay algunos que aportan el 100% de todo el mineral que requiere, como es el caso de Canadá que aporta a Estados Unidos el 100% del cesio, sienita, turba y rubidio. Cabe destacar que el cesio no es muy abundante en la corteza terrestre y hay solo 7 partes por millón.

Por su lado, China aporta a Estados Unidos casi el 100% de escandio. China, Canadá y Rusia son los países que más le aportan minerales a Estados Unidos y es con quienes el Presidente Donald Trump tiene mayores conflictos comerciales. Rusia y Alemania le aportan casi el 100% del talio; India y Reino Unido el 100% del torio; Brasil y Rusia le aportan el 100% del asbesto.

México, China, Sudáfrica y Vietnam aportan a Estados Unidos casi el 100% de la fluorita que necesita para su industria. Cabe mencionar que en México se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo y el país exporta entre el 60 a 75% de su producción total de fluorita.

Existen otros 31 minerales de los cuales Estados Unidos depende entre el 50% y el 99%; y por último, otros 11 minerales de los cuales depende en un porcentaje de entre el 26% y el 47%. Pero entonces, ¿por qué Donald Trump se enfrenta contra los países de quienes depende al 100% de sus minerales? ¿Por ignorancia? ¿Por estrategia? Sea cual fuera la causa, el problema para los pueblos es que el extractivismo de los minerales va cambiando, y por ello es necesario implementar estrategias de prevención contra el Modelo Extractivo Minero. Decretar territorios libres de minería es una tarea prioritaria para la defensa de la vida, así como mapear preventivamente los territorios con la participación y apropiación del conocimiento de los movimientos territoriales ayudará a enfrentar la depredación del modelo extractivo.

Descargue el documento completo (PDF) a continuación:

LA GEOPOLÍTICA MINERA DE ESTADOS UNIDOS. La estrategia del extractivismo (195,24 kB)

Otros Mundos AC/Chiapas, México

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China contra Estados Unidos

2)La nueva lucha imperial por África

22 de junio de 2018

 

 Por Lee Wengraf

El Salto

 

Lee Wengraf explica cómo la urgencia por conseguir beneficios, la volatilidad económica y la militarización de África solo auguran inestabilidad, un aumento de la explotación y violencia.

Desde los comienzos del nuevo milenio, las economías del África subsahariana han experimentado un auge espectacular. Este aumento ha estado marcado por el rápido incremento del comercio y la inversión en el continente, fenómeno a veces descrito como 'la nueva lucha por África', en el que compiten los Estados Unidos, los países europeos y China. Sin embargo, China va en cabeza en muchos frentes y su marcada competición global con los Estados Unidos se está llevando a cabo en el continente africano.

Para los EE UU, las tensiones imperialistas se vienen expresando de un tiempo a esta parte con la creciente guerra comercial con China. Pero el ascenso del país asiático como potencia global lleva varios años acelerando esta rivalidad. Más allá de una lucha por el mero acceso a los recursos, el imperialismo es la ofensiva competitiva por el control de los recursos y los mercados. África es una pieza crucial de los objetivos estratégicos de China para conseguir su crecimiento económico y el monopolio.

 

EL 12% DE LA INDUSTRIA

La expansión china en el continente africano ha sido espectacular y abarca desde el comercio hasta la extracción y la producción. Las empresas chinas son las responsables, aproximadamente, del 12% de la industria del continente, con un valor de alrededor de 500.000 millones de dólares.

En 2012, China se convirtió en el mayor socio comercial de África; el comercio entre EE UU y África comenzó a descender y el país norteamericano dio un vuelco radical, dejando de lado las importaciones de petróleo de África para centrarse en la producción doméstica. Los puestos de trabajo creados por la inversión directa extranjera (FDI, por sus siglas en inglés) procedente de China en 2016 se duplicaron con respecto al año anterior y suponen más del triple de los que creó la inversión estadounidense.

Pero como Brookings describe en un informe reciente : "El papel de China en el continente africano se ha definido por la financiación de más de 3.000 proyectos de infraestructuras enormemente cruciales [...]. China ha concedido préstamos por valor de más de 86.000 millones de dólares a gobiernos africanos y entidades estatales entre 2000 y 2014, una media de 6.000 millones de dólares al año. Como resultado, China se ha convertido en el acreedor más importante de la región, representando el 14% del total de la deuda del África subsahariana". De China procede, aproximadamente, la mitad de los contratistas internacionales en el sector de la construcción.

 

"INFRAESTRUCTURAS POR PETRÓLEO"

Normalmente, la construcción de infraestructuras que realizan las empresas chinas para estados africanos son préstamos respaldados por ingresos del petróleo o de minerales y se los califica como acuerdos de trueque de "infraestructuras por petróleo" sin "ninguna restricción". En 2015, en una visita de gran relevancia, el presidente Xi Jinping se comprometió a hacer una gran inversión de 60.000 millones de dólares. Estos acuerdos hacen posible un giro retórico por parte de los negociadores chinos. Concretamente, permiten que los países africanos tengan la oportunidad de trazar una ruta independiente, al margen de las condiciones onerosas de las multinacionales occidentales y las instituciones financieras internacionales (IFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (WB por sus siglas en inglés).

La causa de la crisis de la deuda africana que se produjo durante los años ochenta y noventa fue la asfixiante austeridad de los programas de ajuste estructural de las IFI. Los préstamos se acompañaban de duras condiciones de privatización, de desregulación, de recortes muy profundos en los presupuestos nacionales e imponiendo tipos usureros de repago.

Así, poco después de la recesión de mediados de los setenta, las políticas neoliberales y los ajustes estructurales sentaron las bases de la recuperación de la rentabilidad global por medio de condiciones de mercado e inversión favorables a Occidente, políticas que equivalían a un ataque sin restricciones a las clases trabajadoras africanas y que facilitaban la "nueva lucha" actual por la inversión en África y su rápido crecimiento económico.

China ha sido capaz de aprovecharse de forma considerable de la misma reestructuración neoliberal para alimentar su propio y enorme crecimiento, aunque tiene otros competidores en África, como Rusia e India. Y pese a que los Estados Unidos siguen siendo los mayores inversores del continente, con unas inversiones que alcanzan los 50.000 millones de dólares, las políticas que han impulsado ese crecimiento, paradójicamente, han fortalecido también a sus competidores.

LA BASE CHINA EN YIBUTI

La exacerbada implicación económica por parte de China ha aumentado la importancia de sus relaciones en África, tanto a nivel financiero como estratégico. Al igual que los Estados Unidos, con el Mando África (AFRICOM) y la red de bases de drones y centros de formación en el continente, la presencia militar china también se ha expandido, con una nueva base militar y un papel cada vez más importante dentro de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Según el Daily Beast: "Pekín gasta veinte millones de dólares al año en el alquiler del inmueble de su base en Yibuti y ya ha desplazado a más de 1.000 efectivos al lugar, aunque tiene espacio suficiente para diez veces más, si fuera necesario. Además de eso, el Gobierno chino ha dado a su país anfitrión créditos que sobrepasan los 1.100 millones de dólares para mejorar su puerto comercial, construir otro aeropuerto, un ferrocarril que llegue a Adís Abeba y una tubería para traer agua de Etiopía".

En suma, estos movimientos han elevado enormemente las tensiones imperialistas entre las grandes potencias en África. A principios de año, el general Thomas Waldhauser declaró ante un comité de las Fuerzas Armadas estadounidenses que estaban "controlando atentamente la invasión china y su presencia militar emergente en Yibuti".

El ex secretario de Estado Rex Tillerson, en una visita a cinco países africanos en marzo de este año, criticó duramente las relaciones de China en África, declarando que su postura "incentiva la dependencia mediante el uso de contratos opacos, prácticas crediticias abusivas y tratos corruptos que enredan a los países en deudas y socavan su soberanía, negándoles un crecimiento autónomo a largo plazo. La inversión china tiene el potencial de abordar la falta de infraestructuras en África, pero su enfoque ha llevado a un endeudamiento creciente y se han creado pocos puestos de trabajo, si es que se ha creado alguno, en la mayoría de los países".

Asimismo, la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, un plan global para vincular comercio e infraestructuras conectando varios continentes —África oriental incluida—, en la que Pekín va a invertir 1,4 billones de dólares, ha producido ansiedad en los Estados Unidos: hace poco, el secretario de la Marina, Richard Spencer, describió el proyecto como un ejemplo de "capital que se ha convertido en un arma".

 

USO DE LA FUERZA

Tales avisos destilan hipocresía. Estados Unidos tiene mucha experiencia en la imposición de políticas con el único propósito de crear economías propicias para las inversiones en África (y en el resto del hemisferio sur) y siempre está preparado para amenazar con el uso de la fuerza militar cuando sea necesario para proteger sus intereses. Una caída global en los precios de las materias primas en 2014 y 2015 desencadenó un sufrimiento económico en los países africanos productores de petróleo, cuyos ingresos dependen en gran medida de los altos precios del petróleo.

Aunque el Banco Mundial ha previsto que el producto interior bruto (PIB) promedio para estos países suba moderadamente por encima del 3% en 2018 y 2019, las futuras caídas en los precios de las materias primas auguran nuevas rondas de rescate de los IFI, más recortes presupuestarios y la cruel medicina de la austeridad, que garantiza un duro golpe para la clase trabajadora y para los pobres. Las instituciones occidentales no son las únicas responsables de esta pauperización. Un mercado volátil y una falta de liquidez de los países productores de petróleo llevará a los prestamistas chinos a retirar sus propios préstamos.

La nueva lucha por África sólo está alimentando las rivalidades imperialistas entre las principales potencias mundiales, sobre todo entre los Estados Unidos y China. Mientras que el PIB se ha elevado a nuevas cotas en este auge sin precedentes, la cruda realidad es que existe una creciente desigualdad entre la mayoría de la población del continente y las clases dirigentes africanas; muchos de estos dirigentes son socios entusiastas del capital global.

La urgencia por conseguir beneficios, la volatilidad económica y la militarización de África solo auguran inestabilidad, un aumento de la explotación y violencia. Los activistas por la justicia social están debatiendo intensamente la naturaleza del papel de China en el continente, una cuestión crucial que afronta la izquierda antiimperialista, porque lo que está en juego en esta lucha no hará más que aumentar. 

 
Artículo publicado originalmente en la web británica Red Pepper.

Traducido por Isabel Pozas González.

https://www.elsaltodiario.com/africa/china-estados-unidos-nueva-lucha-imperial

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243205

 

 

Los gobiernos progresistas se esmeran en manipularnos para que creamos como lo más crucial para decidir nuestro presente futuro al voto por su continuidad o por su regreso. Sin embargo, la democracia burguesa ha alcanzado su máxima degradación como lo prueban: los llamados golpes blandos, el balotaje donde después de más de una década el Kirchnerismo presenta a Scioli tan derecha como Macri, también los triunfos electorales de Dilma en Brasil y de Lenin en Ecuador sobre neoliberales que condujeron a los programas de estos últimos. Por eso es fundamental prestar atención a Guillermo Almeyra señalándonos al referirse a México: Ya no estamos "frente a la clásica elección dónde cada seis años los ciudadanos escogen quién los va a oprimir y explotar durante ese sexenio. No se trata de alternar el equipo de capitalistas en el poder. Debemos enfrentar una crisis de civilización producida por el capitalismo que no encuentra el modo de salir de una crisis que comenzó en los ochenta del siglo anterior y se prepara a tratar de superarla mediante una guerra que elimine cientos de millones de personas, destruya bienes e industrias obsoletas y concentre como nunca el poder y la riqueza en un mundo bárbaro. Hoy estamos ante la alternativa: superar el capitalismo o vivir como esclavos en un mundo de ruinas cada vez más insostenible. Vote por quien vote, vote o no, lo esencial es prepararse para lo que se viene y para una dictadura férrea de un capital que no admitirá limitación alguna".

 

 

 

 México y el mundo

22 de junio de 2018

 

 

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)

Aunque muchos parecen no haberse enterado, México está en el continente americano, junto Estados Unidos, donde tiene millones de trabajadores y está unido al resto del planeta por fuertes relaciones comerciales y por su dependencia del capital financiero internacional. No se puede entender el proceso electoral ni lo que podría suceder en los próximos años con o sin AMLO como presidente si no se entiende cuáles son los intereses y planes del gran capital ni qué efectos tendrá la transformación climática. 

Un ejemplo, mientras para el mundo la disolución de los glaciares y del hielo en los Polos es un tremendo desastre pues cambia la salinidad de los océanos, acaba con cientos de especies marinas, amenaza islas y ciudades costeñas con una grave inundación, desertifica enteras regiones, destruye cultivos y modos de vida milenarios (como el cultivo de vides o de olivares en países como Francia o Italia) y provoca enormes migraciones humanas, para el gran capital es una nueva oportunidad para seguir destruyendo el planeta porque permitirá explotar el petróleo y los minerales del Ártico y de la Antártida y eliminará decenas de millones de pobres, que no son consumidores y crean problemas políticos. Mors tua, vita mea (lo que para ti es mortal, para mí es la base de mi vida) o, como decía un humorista brasileño, para la bacteria la penicilina es una enfermedad…

Estamos en la fase final del capitalismo cuando éste siente ya no tener futuro y se dedica a despojar, robar, guerrear por los recursos escasos, entre ellos el petróleo, los minerales raros, el agua y los capitalistas piensan en emigrar a la Luna o a Marte mientras en los sectores más pobres se agrava la barbarie y el desprecio por la vida humana y la sociedad y cunde la matanza de mujeres como expresión del temor a la reproducción misma de la especie.

Trump es mucho más peligroso que Hitler porque tiene mucho más poder y adversarios más débiles sobre todo después de la derrota sufrida por los trabajadores en todo el mundo a partir de los ochenta. Las consecuencias de una guerra mundial serán además mucho más graves que las de la primera y la segunda guerras mundiales porque esa guerra será atómica y abarcará América del Norte, Europa, Asia e, indirectamente, todos los continentes y podría cesar el tráfico intercontinental marítimo y aéreo. La seguridad alimentaria es, por consiguiente, indispensable y es igualmente fundamental planificar la producción de maquinarias e insumos industriales y de productos de uso para el consumo en los países como México que probablemente será teatro directo de operaciones militares sólo por su petróleo, que Estados Unidos incautará.

 

Añadamos que la guerra de tarifas iniciada por Washington y la anulación de tratados internacionales rompen el multilateralismo y abren el camino a una guerra comercial y a la ley de la selva en escala internacional. Esas medidas desatan el rearme generalizado y una recesión porque los precios de los bienes importados aumentarán, reduciendo el consumo y, por lo tanto, la producción industrial. Los países pobres, ya afectados por el cambio climático y la pobreza, deberán cargar con una desocupación enorme que no encontrará ya la válvula de escape de la emigración debido a las medidas racistas y xenófobas de los países imperialistas.

El rearme y la guerra de tarifas según los planes de Estados Unidos buscan reducir el ritmo de crecimiento de la economía china y crear de ese modo problemas sociales y políticos al gobierno de Beijing que sin duda alguna reaccionará, como siempre lo ha hecho. Al mismo tiempo, en todos los países, la pérdida de independencia, la crisis económica, la disgregación del Estado y las consecuencias de los crecientes y cada vez más costos desastres ambientales (huracanes, sequías e inundaciones) causarán movilizaciones sociales y migraciones internas que los gobiernos carentes de consenso y a cargo de Estados cada vez más débiles intentarán reprimir.

En los próximos años, por consiguiente, cualquiera sea el presidente de México, deberá hacerse cargo de una semicolonia con una economía semidestruida y que será aún más golpeada y de un Estado en disgregación y controlado por el gran capital extranjero y, a nivel de muchos estados, por la delincuencia organizada que forma parte integrante del capital financiero internacional.

No estamos, por consiguiente, frente a la clásica elección dónde cada seis años los ciudadanos escogen quién los va a oprimir y explotar durante ese sexenio. No se trata de alternar el equipo de capitalistas en el poder. Debemos enfrentar una crisis de civilización producida por el capitalismo que no encuentra el modo de salir de una crisis que comenzó en los ochenta del siglo anterior y se prepara a tratar de superarla mediante una guerra que elimine cientos de millones de personas, destruya bienes e industrias obsoletas y concentre como nunca el poder y la riqueza en un mundo bárbaro. Hoy estamos ante la alternativa: superar el capitalismo o vivir como esclavos en un mundo de ruinas cada vez más insostenible. Vote por quien vote, vote o no, lo esencial es prepararse para lo que se viene y para una dictadura férrea de un capital que no admitirá limitación alguna.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243241

En consecuencia, es hora de comprender que la burguesía local en contubernio con las imperialistas implantó el neoliberalismo mediante su dictadura militarizada y genocida. También que la clase política le sirvió para legalizar y legitimar su insaciable acumulación de poder y riquezas. Desde hace dos años o un poco más se presenta sin mediadores ni formalismos democráticos. Ha supuesto su omnipotencia en base a la caída de los gobiernos progresistas y a que éstos hicieron cuanto pudieron por conciliar las mayorías con la lógica del sistema a la medida del acaparamiento oligopólico, también por dividirlas, subsumirlas en la obediencia debida y por quitarles autonomías. Por último, la grieta o polarización abajo según conviene a los poderes constituidos las mantiene confundiendo disyuntivas. Tomemos nota sobre:

 

Las pretensiones del neo-gamonalismo

12 de abril de 2018

Por Raúl Prada Alcoreza

Hemos dicho varias veces que uno de los grandes problemas de las sociedades humanas es que no aprenden de las lecciones históricas, políticas, económicas, que les tocó experimentar; aunque lo hagan más tarde, pierden un valioso tiempo, que muchas veces es largo. Concretamente, refiriéndonos a la llamada “izquierda” dijimos que, en vez de aprender, prefirió mantener su ideología, en distintas versiones, los mismos paradigmas, aunque contrastados por la propia realidad experimentada. Sin embargo, tenemos que decir lo mismo de la llamada “derecha”; tampoco aprende; es más, incluso es más tozuda que la “izquierda”. Ante la crisis de la “izquierda”, ahora, en pleno ingreso al siglo XXI, y el derrumbe de las formas gubernamentales clientelares, cree que esta caída avala sus posiciones recalcitrantemente conservadoras. No entiende que, mas bien, primero sus caídas, la de los gobiernos conservadores, la de los gobiernos liberales, la de las dictaduras militares, la de los gobiernos neoliberales, se debe a la ilegitimidad de sus formas gubernamentales elitistas, ilegitimidad que se manifiesta y se hace patente, cuando el pueblo sale a las calles a enfrentarlas.

 

La “izquierda” también llega a una crisis de legitimidad, aunque lo hace por otro rumbo; por la exacerbada demagogia, por un populismo estruendoso, pero inefectivo, por un derroche de imágenes y de ideología, sin sostén consistente en las composiciones de fuerzas y en las estructuras de poder. Entonces ambas formas de ilegitimidad tienen que ver con el manejo de poder por parte de élites, ya devengan éstas de los tradicionales conservadurismos o de las burguesías intermediarias emergentes, ya devengan éstas de los nuevos ricos que hablan a nombre del pueblo.

 

La “derecha”, que no ha aprendido las lecciones, quiere volver a gobernar, en algunos casos ya lo ha hecho, después de la crisis y caída de los “gobiernos progresistas”, de una manera no solo parecida a sus poses coloniales, raciales, pretendidamente “civilizadas”, ostentosamente jerárquicas y autoritarias, aunque al estilo propio, de las clases dominantes, que creen que han nacido para gobernar y enriquecerse a costa del pueblo; pueblo que debe agradecer por su existencia, la de la élite, la de la aristocracia criolla, la de la tecnocracia neoliberal. No entienden que, como se dice popularmente, los tiempos han cambiado; el pueblo no es el mismo que esquilmaron y despreciaron. Están ante un pueblo que ha aprendido a empoderarse, que sabe que la legitimidad la atribuye el pueblo, que el soberano es el pueblo. Aunque se haya equivocado apoyando a demagogos y usurpadores de las luchas sociales, sabe bien claro, donde se encuentran los amos originales, los patrones originales, los déspotas originales, a diferencia de los nuevos amos, los nuevos patrones y los nuevos déspotas, que emergen de las versiones populistas del siglo XXI.

 

¿Qué buscan con sus amenazas? Como en los más descarnados tiempos de la dictadura militar, despiadada con su pueblo y con los y las rebeldes, empero sumisa con los amos del mundo, sus máquinas de guerra, sus máquinas extractivistas, sus máquinas económicas. De “patriotas” sólo tienen ese apego delirante a los símbolos más generales, que se pierden en colores de la bandera o en la idea más engolosinada y abstracta de “patria” y de “nación”, cuando a la nación concreta y a la patria concreta, que radica en el pueblo y en las territorialidades, la dilapidan y destruyen, entregándola a la vorágine escandalosa de las empresas trasnacionales y del capitalismo financiero y especulativo. Militares y potentados de este estilo muestran los dientes, en pleno derrumbe de los “gobiernos progresistas”. No ven que lo que van a desatar es la movilización general, que puede derivar en la insurrección, que puede desatarse como levantamiento armado popular.

 

La hipocresía de las castas dominantes, históricas y herederas de la colonia, en la coyuntura presente, es que señalan como mal irradiante de la corrupción a las prácticas paralelas de los “gobiernos progresistas”, olvidando que todas sus formas gubernamentales, la de sus gobiernos, las practicaron con antelación. Además, que, en la composición de la estructura de poder de la corrupción, que encubrieron los “gobiernos progresistas”, ellos, estas castas, participaron abiertamente. Esta pose moral no se sostiene desde un principio, ni como comedia, pues no sólo que se sabe quiénes estuvieron comprometidos en los dolosos comportamientos de sobornos, de prebendas, de desvíos de fondos, de traslados a cuentas privadas, sino que las mismas investigaciones lo han demostrado. Esta pose moral sólo es válida para sus castas, pues el pueblo sabe de dónde viene y quienes son los actores.

 

¿Acaso la confianza de estas castas dominantes tradicionales, sobre todo de sus generales y estrategas, viene de cierta certeza de que el imperio los va apoyar? Incluso ante el espectro de un levantamiento popular, parecen apostar a este apoyo, como en los viejos tiempos. ¿Prefieren destrozar sus países, como ocurrió en los países árabes, donde intervino sinuosamente el imperio, en la forma de la cuarta generación de la guerra? Esta actitud no tiene que ver con el patriotismo, ni ninguna de sus versiones ideológicas, vengan de donde vengan, conservadoras, nacionalistas, socialistas; sencillamente, en términos fácticos y constitucionales es una traición a la patria. ¿No es más conveniente ponerse a dialogar, conformar diálogos de paz antes de la guerra?

 

La coyuntura es realmente incierta. Lo que no entienden las castas dominantes tradicionales es lo que significan las conquistas sociales, la ampliación y profundización de la democracia, aunque ésta sea formal; lo que significa ampliar los derechos sociales, generar los derechos colectivos y, mucho menos, los derechos de la naturaleza. Estas castas tienen restringida su humanidad a intervalos muy estrechos, donde conciben que humano lleva el nombre de hombre, además se lo imaginan blanco, como ellos de estirpe criolla; ampliando un poco de perfiles mestizos, empero de alcurnia. Los humanos de color no serían exactamente humanos, a no ser que sean sumisos y obedientes; la mujer es la costilla de Adán, entonces fiel esposa y respetuosa, por lo tanto, subordinada. Todo lo que entra en el denominativo de naturaleza es apenas campo de objetos o de cosas, recursos para beneficio y usufructúo del hombre; en la dimensión económica son materias primas.

 

Esta gente concibe la “felicidad” en el beneplácito de los halagos y reconocimientos dados en sus entornos, dados en los sistemas de signos de las castas. Por lo tanto, en los cuadros que se imaginan siempre están en el centro, como patriarcas, llevando adelante las tradiciones, las buenas costumbres, los valores aprendidos, las usanzas recibidas. En este sentido, no entra en sus cabezas la felicidad de los otros, menos la felicidad de las otras. Los otros y las otras son “felices” porque los tienen como íconos de la cultura, de la política, del “saber”, aunque este huele a moho; porque están alrededor de los patriarcas que velan por ellos. Por eso les molesta epidérmicamente ver marchas sociales, ser afectados por expresiones populares; peor aún, si son demandas, más grave cuando son interpelaciones. Cuando lo popular se hace gobierno, con todas sus contradicciones y mezclas insondables, interpretan lo que acaece como señales del apocalipsis. Esto sólo puede suceder en el fin del mundo, cuando no hay orden, no hay valores, no hay jerarquías, que se respeten. Odian lo popular en todas sus formas y expresiones. Sólo los más perspicaces juegan al gato pardo; se arriman al pueblo, incluso hacen gala de este acercamiento, viendo con buenos ojos estos roces, que confunden con “democracia”. Pero, estos gatos pardos son pocos, incluso pueden incursionar en política y participar de los cambios y transiciones. La mayoría de la casta es conservadoramente recalcitrante.

 

Sin embargo, la realidad efectiva, en la que se encuentran y en la que se despliegan y realizan como castas, es como un atado de contradicciones. Los señores de las castas tradicionales se involucran, secretamente, como en la noche, solapadamente, en lo mismo que se inmiscuyen, embarrándose, los políticos populistas; se implican en el lado oscuro de la economía y en el lado oscuro del poder. Cuando lo hacen, desprenden una especie de esquizofrenia; consideran que viven en mundos paralelos; lo que hacen lo hacen por aventura; sería como el principio de un comportamiento que busca dejar de aburrirse. Los involucrados en este juego paralelo, de manera aventurera, son también pocos; la mayoría lo hace por necesidad; la crisis de las castas, en la modernidad vertiginosa los empuja al pragmatismo más descarnado.

 

Habría que preguntarse: ¿qué diferencia hay entre unos y otros, entre los corruptos de las castas dominantes tradicionales y los corruptos populistas? La respuesta no está en que hacen lo mismo, pues hacen lo mismo de diferentes maneras. Los de las castas lo hacen para mantener las apariencias; requieren sostener sus altos y renombrados estilos de vida; en cambio, los populistas lo hacen porque desean lo que son las castas dominantes, quieren ser lo mismo. Creen que para ser lo mismo basta el dinero, sumas grandes de dinero. Ahora bien, entre estos extremos del intervalo social de la corrupción, hay puntos o trazos medios; se trata de los que provienen de la mal llamada “clase media”.

 

Los militares devienen de ahí. En las dictaduras militares las jerarquías castrenses se involucran también en prácticas paralelas de enriquecimiento privado. Era como el cobro a su acción decidida y lapidaria por salvar a la sociedad del “comunismo”. Es más, creen que lo que hacen es más “legitimo” pues son la institución tutelar de la “patria”; concentran en la institución armada del Estado el valor simbólico de la “patria” y son la defensa indiscutible de la “nación”. El problema de esta concepción, que no llega a estructurarse como ideología, sino tan sólo como conjunto de pretensiones, entra en contradicción con su quehacer, con sus prácticas y desenvolvimientos. Las dictaduras militares han servido a la geopolítica del imperialismo en plena guerra fría, entregando el país a las incursiones económicas de la hiper-potencia vencedora de la segunda guerra mundial. Esto no es “hacer patria”, como les gusta decir, sino externalizar los recursos y la soberanía a la geopolítica imperialista.

 

También devenidos de las “clases medias” se encuentran los políticos liberales y neoliberales. Empecemos con los segundos; bajo el manto del ajuste estructural, de requerimiento del equilibrio económico, los gobernantes neoliberales, se aprovecharon de las privatizaciones para hacerse ricos. Los liberales, que son anteriores, incursionaron en estas prácticas paralelas, tan viejas como la misma historia del poder, empero, en escalas mucho menores que los exaltados neoliberales, más jóvenes y audaces.

Estamos entonces ante una variopinta estratificación social de la corrupción, donde se incluyen los populistas y los “izquierdistas”. Ante esta gama no es sostenible ningún discurso de pretensiones moralistas, que pueda mostrarse como ejemplar. Todos están implicados. Entonces, no se trata de señalar sólo a parte de esta gama variopinta de la corrupción, sino de desmontar y desmantelar toda la economía política del chantaje. Llamemos a las cosas por su nombre; no es sostenible la inculpación de la corrupción a los populistas, suponiendo que el populismo incentiva la corrupción. La corrupción es tan vieja como el poder, sus genealogías son tan largas y mutantes como las genealogías del poder. Los corruptos no solamente son populistas, tampoco sólo “izquierdistas”, son también neoliberales, liberales, militares, conservadores. Entonces no juzguemos la corrupción porque es populista, desde la otra perspectiva ideológica, porque es neoliberal, u otra cosa, sino que la corrupción es eso, corrupción y que los corruptos son corruptos.

No busquemos la culpa en lo que dicen que son, en su ideología, sino en las dinámicas y funcionamientos mismos de las estructuras y formas de poder; sobre todo de ejercer el poder.

 

El debate de fondo no está en  por qué Lula y no Temer, por qué Dilma y no otros implicados de la oposición congresal, sino en hasta cuándo los pueblos van a sostener las formas de reproducción del poder, sean de “derecha” o de “izquierda”, para simplificar. El acontecimiento político no puede comprenderse si se lo reduce a la figura esquemática y simplona del movimiento del péndulo; pasa de “derecha” a “izquierda”, después de “izquierda” a “derecha”. Esto es un reduccionismo harto inocente. El tema es que tanto unos como otros participan de la reproducción del circulo vicioso del poder. Entonces se trata de discutir cómo salimos del circulo vicioso del poder.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/04/12/las-pretensiones-del-neo-gamonalismo/

 

 

Precisamos, abajo y a la izquierda, involucrarnos en las luchas de las diversidades de abajo contra las transnacionales y los estados imperialistas en contubernio con capitales y estados locales. Hacerlo reparando que dicha opresión capitalista es de  carácter totalitario y multifacético. Por tanto, nos interpela a los distintos de abajo desde nuestros peculiares lugares o sensibilidades como ejemplifica “La desposesión de la vida cotidiana”:

 

 

El Seminari Crític de Economia Taifa publica el informe “La desposesión de la vida cotidiana”

Las claves del despojo global
9 de agosto de 2016

Por Enric Llopis (Rebelión)

 “Mientras asistimos a la mayor desposesión de derechos y recursos que afecta especialmente a la población más vulnerable, se está generalizando un discurso que pretende animarnos a salir de la crisis con esfuerzo, empeño y buena disposición, siempre en clave individualista”. El informe número 11 del Seminari d’Economia Crítica “Taifa”, dedicado a “La desposesión de la vida cotidiana”, analiza las claves del despojo, para lo que toma como punto de partida las nuevas orientaciones del capitalismo mundial y se centra en la merma del sistema fiscal en el estado español, los procesos de desindustrialización, la liquidación del Estado del Bienestar y las desigualdades, la mercantilización del sistema de salud y los entresijos de la factura eléctrica, entre otros puntos. “El sector público se vacía y los servicios sociales se debilitan o desaparecen”, apunta el informe de 144 páginas publicado en junio de 2016.

El capítulo final del documento –“Las estrategias invisibles de subsistencia ante la crisis económica”- aborda las consecuencias del modelo en la vida corriente de la población. Según la Encuesta de presupuestos familiares, el gasto medio de los hogares cayó entre 2007 y 2013 un 27,1% (en términos constantes). La debacle fue incluso mayor de lo que se podría augurar si se considera la mengua de los ingresos familiares. Éste es el resumen: la crisis y los mecanismos de desposesión han pasado factura. Según el informe FOESSA de integración social y necesidades sociales de 2010, el 16% de la población española reconocía tener una dieta inadecuada por la falta de recursos económicos. Además, un 4% (1,9 millones de personas) padecían “insolvencia” alimentaria, por la que no podían afrontar las necesidades de nutrición básica. El Síndic de Greuges llegó a cifrar en 50.000 (sólo en Cataluña) los menores con privaciones en la alimentación por la pobreza de sus familias. El defensor del pueblo catalán agregó que 751 niños sufrían malnutrición infantil. El Seminiari Taifa constata además, a partir de informaciones del diario El País, que sólo en 2009 la empresa proveedora del suministro eléctrico detectó 9.000 “enganches” a la red en el País Valenciano.

A escala global se reproduce la tendencia predatoria y la concentración de la riqueza en pocas manos. Intermón-Oxfam ha revelado, de acuerdo con informaciones de Credit Suisse, que el 1% de la población mundial acumula una riqueza mayor que el 99% restante; y que en 2015 se podía equiparar la riqueza de 62 personas con la de 3.600 millones de seres humanos (la mitad más pobre de la humanidad). Eran 62 personas que habían incrementado su patrimonio un 45% en un quinquenio. Al tiempo que se produce esta evolución, la OIT señala que en 2014 había más de 201 millones de personas desempleadas en el planeta, lo que suponía 31 millones de parados más desde los inicios de la crisis. Asimismo, se ha impuesto con toda su fortaleza el “casino” global. De acuerdo con las cifras del Banco de Pagos Internacionales, el dinero ficticio creado en el mundo financiero multiplica por más de diez los bienes y servicios. Y el capital ficticio continúa aumentando de manera sustancial.

¿Dónde se localizan los recursos? La economía sumergida en el estado español se estima en torno a los 253.000 millones de euros (entre el 19% y el 29% del PIB, aunque el porcentaje más citado es el del 24,6%). Se trata de uno de las cifras más elevadas de la UE, que además podría haber aumentado durante la crisis (entre 2008 y 2012) en 60.000 millones de euros. El fraude fiscal en la UE se calcula en torno a un billón de euros, y España se sitúa en los primeros lugares de la UE-15 en este apartado, según el informe del Grup d’Economia Crítica “Taifa”. “Son los más ricos, los más poderosos económicamente quienes defraudan más”, resaltan los autores del estudio. El 86% de las personas con fortunas superiores a los 10 millones de euros evaden sus obligaciones fiscales. A ello se agregan casos conocidos de elusión tributaria como el de Inditex, que canalizaba las operaciones de comercio electrónico mediante una sociedad –irlandesa- con domicilio fiscal en Dublín. El documento “La desposesión de la vida cotidiana” recuerda que la transnacional abonaba así el 12,5% del impuesto de sociedades, un tipo muy inferior al 30% que debería pagar en España. Por otro lado, 33 de las 35 sociedades del IBEX 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, de las que apenas facilitan información. La presión fiscal sobre estas grandes empresas “es excepcionalmente baja y llegan a pagar un 3,5% sobre el total de los resultados”, abundan los economistas del Grupo Taifa.

Otro proceso que ha acelerado la crisis es el de la desindustrialización del estado español. En 1970 España ocupaba la novena posición mundial en producción manufacturera, con una cuota del 2,3% global. El porcentaje ha caído actualmente al 1,7%, lo que sitúa a España en el lugar número 14 de la ratio mundial. La producción manufacturera representaba el 30% del PIB a principios de los 70 y el 22% de los puestos de trabajo, porcentajes que han descendido hoy al 12% y 13% respectivamente. En cuanto al capítulo quinto del informe, “la gestión del desempleo: menos y peor trabajo, y más beneficio”, los autores subrayan que las reducciones de plantilla continúan en la actualidad y que los mayores porcentajes se registran en las grandes empresas: el 75% de las sociedades con al menos 500 empleados han realizado despidos. Menos personas realizan más trabajo que antes de la crisis. La OIT se ha hecho eco de esta tendencia, al advertir que las nuevas tecnologías están sustituyendo al trabajo humano a un ritmo “muy rápido y preocupante”.

El informe “La desposesión de la vida cotidiana” pone también el acento en los procesos de exclusión laboral. Según la empresa de trabajo temporal Manpower, son tres millones de personas las que en el estado español tienen pocas posibilidades de acceder al mercado laboral. Se trata de un mercado “gestionado de tal manera que quienes no cumplen suficientemente los criterios empresariales de ocupabilidad dejan de existir como fuerza de trabajo”, subrayan los economistas. El 42% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de dos millones de parados se hallan en situación de subempleo, ya que trabajan menos horas de las que quisieran. En cuanto a la duración de los contratos, el 12% de la generación de empleo durante 2015 fue a tiempo parcial, capítulo en el que España cuenta con el récord del mundo respecto a la población joven. Los números de la precariedad pueden espigarse en múltiples fuentes. En España hay más de seis millones de personas ocupadas con sobrecualificación (el 30% del empleo total), según la OCDE. El informe “Estado del trabajo decente en el mundo” de la OIT también apunta que uno de cada cinco trabajadores en el estado español son pobres. La categoría de “trabajador pobre” (quienes perciben por debajo del 60% de la renta media) pasó del 18% al 22,2% entre 2000 y 2014.

En “La sociedad del cansancio” el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han destaca que la explotación a la que uno mismo hoy se somete “es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad; esta forma de explotación resulta mucho más eficiente y productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación”. Sobre la comunicación en el mundo capitalista, también sometida a procesos de despojo, el informe del Seminari “Taifa” recoge las palabras con las que el antipsiquiatra marxista, David Cooper, se dirigió a los jóvenes en mayo del 68: “En 1871 los comuneros de París, antes de disparar contra las tropas, dispararon contra los relojes, destrozando todos los relojes de París. Con ello, acababan con el tiempo de los otros, con el tiempo de los patrones”. El grupo de economistas hace hincapié en la “descontextualización” y la “aceleración hasta el paroxismo de la ‘inmediatez’” a la que conducen las nuevas tecnologías de la información. “Está sucediendo, te lo estamos contando”, fue durante mucho tiempo el lema de la CNN. Por último, enfatiza el documento, “la crisis ha exacerbado las diferencias entre los ganadores y los perdedores”. Entre los 34 países miembros, la OCDE señala a España como uno de los que presentan un peor coeficiente de desigualdad (Gini). De hecho, sólo seis países muestran peores resultados: Estonia, Grecia, Israel, México, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21534

 

 Crisis civilizatoria

 

Deconstruyamos conceptos claves para la autodeterminación de los pueblos. En particular enfoquemos los falsos dilemas «desarrollo-ambiente» y «desarrollo-autonomía de los pueblos indígenas». Al aceptarlos como verdades irrefutables le damos la espalda, por ejemplo, a la sustitución de la Amazonía por petróleo, agrocombustibles o cultivos de coca. Apreciemos que una lucha trascendente contra Lula la realizaron indígenas en defensa de tan imprescindible bioma creado bastante por el trabajo de esas comunidades y pueblos.

Brasil: conflictos en el horizonte de la relación Lula – indígenas

16 de septiembre de 2004

 

Las conclusiones de un encuentro del sector previenen sobre la inminencia de conflictos con consecuencias imprevisibles entre indios e invasores.

La violación de los derechos de los pueblos indígenas, agravada en la actual administración del Gobierno Federal, coloca al movimiento indígena en el desafío de rever su relación con el Estado brasilero y repensar sus métodos de lucha, dice una parte del comunicado de la Coiab.

Participaron del encuentro, treinta líderes de la Amazonia occidental, que incluye los estados de Acre, Amazonas, Rondonia y Roraima.

Según la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera este es un momento en que ?la política indigenista del Gobierno Federal es caracterizada por la desatención, la morosidad, la omisión y connivencia explícita delante de crecientes manifestaciones de falta de respeto a los derechos ndígenas.?

Como ejemplos de esa situación de "desconsideración" la Coiab cita los casos de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol, en Roraima, que hasta ahora no fue homologada. También menciona la Tierra Indígena Baú, del pueblo Kaiapó, en Pará que fue reducida al 17 por ciento.

El documento describe que en el Congreso Nacional y en otras instancias gubernamentales, se fortalecieron sectores contrarios a los derechos indígenas. Por último la Coordinadora remarca que ya en la mitad de su mandato, el gobierno Lula no presentó hasta ahora una propuesta clara de política indigenista, construida e implementada com la participación directa de los pueblos y organizaciones indigenas.

Las propuestas delineadas durante el encuentro, incluyen iniciativas referidas a cuestiones como protección de la biodiversidad y gestión sustentable de las tierras indígenas; definición de los mecanismos de movilización en defensa de los derechos indígenas a nivel local, nacional e internacional; y creación de un sistema de información sobre casos de violación de los derechos indígenas; entre otras.

Rebelión, Internet, 14-9-04  Leer

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Arrasando la Amazonia en nombre del progreso (de las multinacionales). Destrucción de la selva amazónica por el avance del monocultivo de soja

12 de junio de 2006

Empresas multinacionales están devorando la Amazonia para plantar soja. Y la carne alimentada con esta soja (pollos, cerdos y vacas) termina en los estantes de los supermercados europeos y en los mostradores de empresas de comida rápida como Kentucky Fried Chicken y Mc Donald´s. En ese sentido, la norteamericana Cargill no oculta que está ayudando a establecer plantaciones de soja en la Amazonia y, junto a Archer Daniels Midland (AMD) y Bunge, controlan el 60% de la soja brasileña. Además, estas tres compañías juntas controlan mas de tres cuartas partes de la trituración de soja en Europa.

La selva amazónica es la mayor extensión de Bosque Primario del planeta y en ella viven el 50% de las especies vegetales y animales conocidas, y 220.000 indígenas de 180 pueblos diferentes. Pero está desapareciendo a un ritmo alarmante. Todas las medidas que se han tomado para atajar esta situación se están revelando inútiles, ya que la tasa de deforestación continúa aumentando. Este aumento se debe, en buena parte, a un nuevo agente de deforestación, que se suma a la actividad maderera ilegal, y que se ha agravado durante los últimos años: la plantación de soja transgénica en zonas de selva previamente deforestadas.

Por Hernán L. Giardini (desde Santarém, Brasil)

El viaje en avión desde Manaus hacia Santarém fue de lo más revelador: pude comprobar la inmensidad de la Amazonia y deslumbrarme con el imponente río Amazonas y sus brazos; pero también pude observar con mis propios ojos la destrucción de miles de hectáreas de bosque.

La selva amazónica es la mayor extensión de Bosque Primario del planeta. La vastísima y compleja red fluvial que configura el río Amazonas y sus innumerables afluentes es el mayor reducto de biodiversidad intacta que queda en el mundo y su reducción es un problema de escala global.

Cubriendo el 5% de la superficie terrestre, la Amazonia se extiende por aproximadamente 7,8 millones de kilómetros cuadrados en nueve países (Brasil Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Guayana Francesa y Venezuela). Del total, más de 5 millones de Km2 se concentran en Brasil. La región amazónica posee 25 mil kilómetros de ríos navegables y contiene cerca del 20% del agua dulce del planeta, y se estima que allí viven el 50% de las especies vegetales y animales conocidas:

- 350 especies de mamíferos, siendo 62 sólo de primates. - 1.000 especies de pájaros. - 60.000 especies de plantas, siendo 5.000 sólo de árboles. - 3.000 especies de peces. - 100 variedades de anfibios. - 30 millones de especies de insectos. - Millones de invertebrados.

En las profundidades de la selva amazónica habitan unos 180 pueblos originarios diferentes (unas 220.000 personas) que, junto con muchas más comunidades tradicionales, dependen del bosque que les proporciona todo lo que necesitan, desde alimento y cobijo hasta herramientas y medicinas, y que juega un papel crucial en su vida espiritual.

La soja, nueva amenaza

Al igual que los bosques nativos argentinos, la selva amazónica está desapareciendo a un ritmo alarmante. Todas las medidas que se han tomado para atajar esta situación se están revelando inútiles, ya que la tasa de deforestación continúa aumentando. Este aumento se debe, en buena parte, a un nuevo agente de deforestación, que se suma a la actividad maderera ilegal, y que se ha agravado durante los últimos años: la plantación de soja transgénica en zonas de selva previamente deforestadas.

El cultivo de soja se ha convertido en uno de los principales agentes de la destrucción de la selva amazónica brasileña. Se calcula que, hasta el momento, 1,2 millones de hectáreas de selva han sido arrasadas para cultivar soja. La expansión del monocultivo de soja en la Amazonia implica la pérdida de biodiversidad y en muchos casos la contaminación del agua de las reservas indígenas.

Entre agosto de 2003 y agosto de 2004 se han perdido en un solo año 27.200 km2 de selva amazónica, un área del tamaño de Bélgica, y tres cuartas partes de dicha destrucción fueron ilegales. Se calcula que se pierden más de 3 km2 por hora.

En 2004 y 2005 se plantaron más de un millón de hectáreas de soja dentro del bioma amazónico. Soja que, por su alto valor proteico, se utiliza principalmente para producir el alimento del ganado que comen en Europa.

Lo cierto es que empresas multinacionales están devorando la Amazonia para plantar soja. Y la carne alimentada con esta soja (pollos, cerdos y vacas) termina en los estantes de los supermercados europeos y en los mostradores de empresas de comida rápida como Kentucky Fried Chicken y Mc Donald´s. En ese sentido, la norteamericana Cargill no oculta que está ayudando a establecer plantaciones de soja en la Amazonia y, junto a Archer Daniels Midland (AMD) y Bunge, controlan el 60% de la soja brasileña. Además, estas tres compañías juntas controlan más de tres cuartas partes de la trituración de soja en Europa.

 

Organizaciones ambientalistas comprobaron que mucha de la soja que llegaba a las instalaciones de Cargill procedía de la Hacienda Lavras, que se asienta en terrenos adquiridos ilegalmente y parte de los cuales se habían deforestado para plantar la oleaginosa. Muchas de estas haciendas están implicadas en otras actividades ilegales, como robo de tierras y esclavitud (el gobierno brasileño ha reconocido la existencia de 8.700 trabajadores en régimen de esclavitud en dos estados brasileños).

El gigante agroalimentario Cargill, es la mayor firma privada de los Estados Unidos, con unos ingresos cercanos a los 63.000 millones de dólares en 2003. Es el rey indiscutible del comercio mundial de grano. Compra, vende, transporta, mezcla, muele, moltura, refina y distribuye por todo el planeta.

En febrero de 2006, el segundo tribunal más importante de Brasil falló que Cargill debía cumplir la legislación brasileña y realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, no sólo del puerto que ya habían construido en la ciudad amazónica de Santarém, sino por los distintos impactos en toda la región. A pesar de los fallos adversos, el puerto ilegal de Cargill sigue funcionando y diariamente envía toneladas de soja amazónica hacia los puertos europeos. La multinacional posee 13 silos en zonas de selva deforestada, más que ninguna otra empresa. Pero tanto Bunge como ADM siguen los pasos de Cargill, y cuentan con ocho y cuatro silos respectivamente en la Amazonia.

La deforestación de la Amazonia por el avance de la frontera agrícola debe ser imperiosamente detenida, tanto por lo que implica la importante pérdida de biodiversidad como por su influencia en las condiciones meteorológicas de la región y sobre el cambio climático global, dada la capacidad de los árboles de fijar el dióxido de carbono y producir oxígeno. Además, la quema de la selva, como paso previo a la plantación de soja transgénica, produce el 75% de las emisiones de efecto invernadero de Brasil.

Marcha por la selva en pie

Pero las voces de oposición también se hacen escuchar: A pesar de un insoportable calor, en Santarém, el domingo 21 de mayo cerca de mil personas participaron desde la mañana de la “Marcha Pela Floresta em Pé” (“Marcha por la Selva en pie”) realizada en defensa de la producción familiar y contra el monocultivo de soja. La misma fue organizada por varias agrupaciones, como el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales, el Grupo de Trabajo Amazónico, el Frente en Defensa de la Amazonia y Greenpeace. En la pacífica manifestación estuvieron presentes ribereños, pescadores, indígenas, campesinos, estudiantes y trabajadores rurales de toda la región.

Las más de 30 organizaciones participantes de la marcha prepararon una carta para ser enviada al presidente Lula, señalando la contradicción existente entre el apoyo dado por su gobierno al agronegocio y su intención de proteger el medio ambiente. La carta, firmada también por varios movimientos sociales y organizaciones de todo Brasil, solicita recursos para la producción familiar, la implementación de las reservas forestales comunitarias y el manejo adecuado de recursos naturales para la generación de renta.

La marcha comenzó con una concentración frente al Mercado 2000, un local simbólico para las comunidades locales ya que allí los productores familiares comercializan sus productos. Luego siguió en dirección a la entrada del puerto ilegal de Cargill.

Durante la caminata las personas gritaban: “¿Qué pasó con la selva que estaba aquí? ¡La soja se la comió!”. Al llegar a la puerta de la multinacional, estallaron los gritos de: “Fuera Cargill, nosotros somos de la Amazonia y defendemos Brasil”. Cerca de cien hombres de la Policía Militar armaron un vallado humano frente a la entrada de la empresa, impidiendo el ingreso de los manifestantes. Allí se realizó un acto con oradores y números musicales.

“Nosotros, nativos, estamos sintiéndonos agredidos en nuestra cultura, etnia y naturaleza porque forasteros agreden nuestra región, generan lucro para pocos y nosotros nos quedamos sin nuestra selva y sin futuro para nuestro pueblo”, señaló Edilberto Sena, del Frente en Defensa de la Amazonia.

Concluyendo la jornada fue servido un almuerzo con productos cultivados mediante agricultura familiar. Cerca de allí unos cincuenta productores de soja intentaron impedir la marcha y agredieron verbalmente a los participantes desde sus autos y camionetas, pero fueron contenidos por los policías. Mientras tanto, en las profundidades de la selva amazónica, las comunidades resisten a las topadoras que siguen “preparando el terreno” para la futura producción de soja transgénica.

Fuentes:

- COIAB – Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña. www.coiab.com.br - Diario da Amazonia.www.diariodaamazonia.com.br - Diario Vermelho. www.vermelho.org.br - Frente en Defensa de la Amazonia - Greenpeace Brasil. www.greenpeace.org.br - GTA - Grupo de Trabajo Amazónico. www.gta.org.b Leer

 

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La selva amazónica está en grave peligro

3 de julio de 2009

 Por Norberto Ovando

 

La privatización ocasionará un problema de imprevisibles consecuencias en la Selva Amazónica.

El Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, ratificó la llamada Medida Provisoria 458 en beneficio de los grileiros, como se denomina a los ocupantes irregulares de estas tierras selváticas que se asentaron en territorios fiscales y no cuentan con títulos de propiedad.

La decisión afecta a unas 67 millones de hectáreas de floresta en la Amazonia Legal, una extensión que equivale a dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires.

Tal como fue ratificada la ley por el Ejecutivo brasileño, una persona que llega a la Amazonía y reclama como propia una porción de tierra de hasta 400 hectáreas, podrá recibir un título sin que nadie verifique si realmente es ocupante de esa extensión. Como se puede leer en la ley, tierras de hasta 100 hectáreas de superficie se darían sin cobro a los ocupantes, de 101 a 400 saldrían a la venta con un precio simbólico y de 401 a 1500 hectáreas serían vendidas a precio de mercado.

 

Las de mayor extensión como las que irían de 1501 a 2500 hectáreas saldrían a subasta pública y las de más de 2500 hectáreas pasarían a manos del estado las que podrían ser vendidas con autorización del Congreso.

Las tierras "privatizadas" podrán ser explotadas para diversos cultivos y cría de ganado. Pasados tres años, sus dueños podrán ponerlos a la venta.

 

Un veto parcial

La sanción de la ley se hizo con pocas reservas: el ejecutivo ejerció su derecho al veto en dos puntos de la norma, que habían sido incluidos durante el debate parlamentario. El artículo 7, contemplaba la transferencia de tierras a personas jurídicas, o a individuos que no habitan en la región y administran sus terrenos mediante terceros o testaferros. De esta manera, sólo las personas que viven en las tierras selváticas de manera permanente, y que se han instalado allí antes de diciembre de 2004, pueden reclamar la posesión legal. El Presidente Lula eliminó, además, el punto que extendía la posibilidad de adquirir títulos de propiedad a nombre de empresas.

 

Deforestación

Prestigiosos climatólogos piensan que la Amazonía sufrirá más sequías este siglo por efecto del cambio climático y por lo tanto será más vulnerable a los incendios, por eso se debe controlar la deforestación que hasta el momento promedia en un 1% anual de su superficie.

La Amazonía brasileña perdió entre febrero y abril de 2009, 197 Km2. de cobertura selvática, un área similar al territorio de una isla como Aruba.

Es 90,1% inferior a la devastada en el mismo período del año 2008 (1.992 Km2), según el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), pero se aclaró que el área selvática destruida en el período puede ser muy superior a la anunciada debido a que la gran nubosidad en el trimestre afectó los cálculos realizados con imágenes de satélite.

Del total del Amazonas brasileño, el 25 % ya está en manos privadas - hacendados, forestadotes, cultivadores, etc. -, y cerca del 28 % lo constituyen reservas ambientales y tierras indígenas. Es decir, resta un 48 por ciento. Sobre ese porcentaje el gobierno brasileño estaría privatizando 67 millones de hectáreas, poniendo en peligro la biodiversidad.

La palabra "biodiversidad" se compone de la palabra griega "bios" (vida) y la palabra latina "diversitas" (diversidad o diferencia). De manera general, por consiguiente, biodiversidad quiere decir: diversidad de la vida.

 

Brasil y sus compromisos

El Gobierno de Brasil firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), comprometiéndose a proteger lo que la biodiversidad nos da: recursos para alimentación, agua, bosques, materia prima, etc., sabiendo que ésta se encuentra amenazada por diferentes causas, entre las que se destaca la intervención del propio ser humano. La Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Rosalía Arteaga Serrano, dijo que la firma del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2005 para la sostenibilidad del Amazonas “es de extrema importancia para la Amazonía, dado que la biodiversidad es un tema estratégico”. El programa se realiza en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, adoptado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

La Acción Global para la Biodiversidad, Cuenta Atrás 2010, liderada por la Oficina de la UICN para Europa (UICN-ROfE ), invita a los gobiernos a conservar la biodiversidad, promoviendo y apoyando la implementación de los compromisos existentes relacionados a la conservación de la misma. América del Sur es una región clave, con el 40% de la biodiversidad, 25% de los bosques y 26% de fuentes renovables de agua dulce de todo el planeta.

Durante la reunión de expertos que se realizó en Lima, Perú el 19 de junio de 2009, María Luisa del Río, Directora General de Diversidad Biológica del Ministerio de Ambiente de Perú, afirmó que “no podemos pensar y tomar acciones como si viviéramos en un mundo homogéneo; somos heterogéneos en clima, diversos en especies, en lenguas, en etnias, expresiones culturales. Nuestro reto es buscar esa expresión común, esa unión dentro de la biodiversidad, puesto que la biodiversidad es salud, alimentación, cobijo, industria, turismo… es nuestra razón de ser.”

La Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN - le solicita al Gobierno de la República Federativa del Brasil, que asuma el compromiso de proteger a perpetuidad la totalidad de la Selva Amazónica por poseer un "valor universal excepcional", y se declare Patrimonio de la Humanidad.

 

Conclusión

Un país, aunque soberano, no debe disponer unilateralmente sobre el futuro ecológico y ambiental de la humanidad.

“El problema de privatizar y acabar con el ecosistema de la Amazonía, no es solo un problema de las sociedades de los países en donde está esa mega-reserva ecosistémica de la tierra, sino del planeta y de la humanidad en su conjunto”, expresó Omar Cabezas Lacayo, Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombusdman (FIO). El biólogo Edward O. Wilson dijo en la década de los 80 “Lo peor que puede suceder es la pérdida genética y de diversidad de especies motivadas p

or la destrucción de hábitats naturales. Esta es una locura que difícilmente nuestros descendientes jamás puedan perdonarnos."

Éste puede ser el comienzo de la devastación masiva de la selva pluvial amazónica, como lo fue, años atrás, la devastación de las selvas ecuatoriales, las de Borneo e Indonesia y los bosques tropicales africanos. Las selvas no se deben vender, las selvas se deben conservar.

Norberto Ovando, vicepresidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales – AAPN Martes 30 de junio de 2009. Número 105

Diagonal, Internet, 2-7-09  Leer

 

 

Evaluemos cómo el menosprecio e irrespeto por los derechos de la naturaleza pervierte la capacidad de  previsión de catástrofes socioambientales y de valoración de la diversidad humana. Comprobemos:

 "el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos:

A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8]".

 

 

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

26 de agosto de 2016

 

 

Extractivismo predador. Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja.

16 de agosto de 2016

Por Verena Glass (texto y fotos)

En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respectados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia.

 

1) “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente enregiones poco desarrolladas.
2)“En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada. [1]

 

No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.

 

Estigmatizar como “subdesarrollado” el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un “vacío poblacional” se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al “furor infraestructural” en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.

 

Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cientos de vestigios que comprueban la existencia de una multiplicidad de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]

 

Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta(tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.

 

De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y, a pesar de devastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5]

 

El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito

La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]

En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina “riquezas” y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”. A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].

La palma aceitera y los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”

Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]

De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.

Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].

Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].

En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.

A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:

 

Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia

A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13].

 

En 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando que ese producto se está acarreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos eigarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endosulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.

Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta

Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.

En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.

Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].

 

Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.

 

Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local

O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]

Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.

Las falsas soluciones

Impulsada por el Estado bajo la premisa de la “sustentabilidad climática” y del “desarrollo social”, el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.

Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como “productor de combustible” (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín Maria Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza comogreen grabbing(proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.

La soja y la disputa de la “riqueza”

La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción de commodities del Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.

No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender cómo, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.

Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.

La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.

Además de destacar cómo la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]

 

Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte de Brasil”[22].

 

Los ferrocariles en Maranhão atraviesan y afectan profundamente a comunidades y poblados

Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.

La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas. En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]

Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, “crecimiento” o “desarrollo”[25].

Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.

 

Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.

Notas

[1] Luis Nassif, “As usinas-plataforma do rio Tapajós”.Carta Capital. 10/12/2013. Disponible aquí.
[2] Juliana Lins, Terra preta de índio e as populações do presente: a herança que chega até o quintal. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Manaus. 2013. Disponible aquí (pdf).
[3] Marcos Pereira Magalhães, “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible aquí.
[4] Ibíd.
[5] Socióloga argentina, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, galardonada con el Premio Konex en dos ocasiones (2014 y 2016). Parte de su producción está disponible en la página web: http://www.maristellasvampa.net.
[6] El término extractivismo se usa acá en el sentido de actividades que sacan grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados (o que lo sean de manera limitada), principalmente para la exportación, lo que no se limita a los minerales o al petróleo.
[7] El Parlamento Amazónico es una entidad que congrega a los diputados estatales de los nueve estados de la Amazonia brasileña. Dicha afirmación se dio en una reunión en mayo de 2016, como lo cuenta el texto “Mineração em terra indígena e ligação com Pacífico são destaques em reunião do Parlamento Amazônico”. 19/6/2016. Disponible aquí.
[8] Observamos, como justificativa, que la elección de esos dos proyectos económicos para el análisis se debe a características aparentemente opuestas en cuanto a su interferencia social y ambiental en el bioma: mientras la palma aceitera tiene alta demanda de mano de obra y se estructura sobre un proyecto político de interacción con la agricultura familiar, la soja tiene uno de los menores índices de empleo del agronegocio, a la vez que su expansión es uno de los principales motores de los conflictos agrarios en la región. La palma aceitera pretensamente ocupa áreas degradadas, mientras que la soja ha sido, históricamente, uno de los principales conductores de la deforestación en Amazonia. Los dos proyectos, cada uno a su manera, han dejado huellas profundas en los territorios y sus habitantes tradicionales
[9] Varios análisis han sugerido que el biodiesel y el bioetanol reducen sustantivamente las emisiones de CO2 una vez que las emisiones de gases de la quema de dichos combustibles se neutralizarían por la absorción de CO2 en la etapa de crecimiento de los cultivos
[10] Un ejemplo de dicha tendencia ha sido la reacción del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un debate climático en Perú en 2008, en que denuncias sobre efectos reversos de la agroenergía asumieron grandes proporciones: “Quieren descontaminar el planeta y combatir el calentamiento global, firman el Protocolo de Kioto, y cuando Brasil ofrece un combustible no emisor de CO2, prefieren usar uno que lo emite”, afirmó Lula. “Biocombustibles calentó la cumbre”, APF. 17/5/2008. Disponible: aquí.
[11] RAISG Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada, Deforestación en la amazonia (1970-2013). Disponible aquí (pdf).
[12] Juan Luis Dammert B., Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la amazonía andina: el caso de la palma aceitera. Disponible aquí (pdf).
[13] Cf. Repórter Brasil, Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. 2013. Disponible aquí.
[14] Ibíd.
[15] Ibíd.
[16] Verena Glass, “Plantio de dendê entra na lista de atividades com trabalho escravo”, Repórter Brasil. 1/7/13. Disponible:aquí.
[17] “Con el concepto de acumulación primitiva, Marx describe, tomando como ejemplo el caso de Inglaterra, la transición del feudalismo al capitalismo como un proceso en el que los campesinos se separan de sus medios de producción. En el centro de dicho análisis se encuentra la explicación de la formación histórica del modo de producción capitalista, que se caracteriza por la oposición entre el capital y el trabajo.” Maria Backhouse, A desapropriação sustentável da Amazônia. O caso de investimentos em dendê no Pará, Fair Fuels? Working Paper 6, Berlín. Disponible aquí.
[18] Maria Zeferino Barbosa, “Fronteira Agrícola: a soja na Amazônia Legal”, Análises e indicadores do agronegócio, Instituto de Economia Agrícola (Ipea), v.10, n.1. Enero de 2015. Disponible aquí (pdf).
[19] “de soja na Amazônia resultou no desmatamento de mais de 18 mil hectares”, A Crítica. 26/10/2012. Disponible aquí.
[20] Tatiana Freitas, “Agronegócio segue ganhando relevância nas exportações do Brasil”, Folha de S.Paulo. 30/7/2015. Disponibleaquí.
[21] Danilo Fariello, “Avançam projetos para escoar grãos para o Norte”, O Globo. 14/3/2016. Disponible aquí.
[22] “Investimentos em novos terminais automatizados podem melhorar produtividade”. Disponible aquí.
[23] “CPT Santarém apresenta dossiê contra Cargill em audiência pública na região”. Disponible aquí.
[24] Sobre el tema, el diario Folha de S.Paulo publicó, en 2014, un estudio contundente: “BR-163 Insustentável”. Disponible aquí.
[25] Podríamos discutir la continuidad, no sólo en Brasil, de los proyectos vinculados a la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), como la construcción del ferrocarril transoceánico que pretende unir los polos productores de Brasil al Océano Pacífico en Perú, atravesando miles de kilómetros de territorios tradicionales en la Amazonia y en los Andes, así como proyectos de ferrocarriles en Colombia y Venezuela, o mismo el Canal de Nicaragua, financiados con recursos chinos, pero preferimos dejar ese debate para otro momento.
[26] O presente de Karo Ebak aos Munduruku. Disponible aquí.

Para leer más

Backhouse, Maria. A desapropriação sustentável da Amazônia: o caso dos investimentos em dendê no Pará. 2013. Disponible:aquí.

Barber, Christopher P., Cochrane, Mark A., Souza Jr., Carlos, M. William F. L. Roads, Deforestation, and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon. Biological Conservation. 2014.

Frayssinet, Fabiana. Soja faz renascer estrada amazônica.Envolverde. 7/1/2016. Disponible: aquí.

Glass, Verena. “Mapa social: Expansão do dendê pela Amazônia gera problemas”. Repórter Brasil, s.d. Disponible: aquí.

Magalhães, Marcos Pereira. “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible: aquí.

Miranda, Rogério Rego, Silva, Marcos Alexandre Pimentel da. Das agroestrategias aos eixos territoriais do agronegócio no estado do Pará.

Boletim DATALUTA, n.99. Marzo 2016. Disponible: aquí (pdf).

Patroni, L. Nova rota diminui custo de transporte da soja produzida em MT. O Globo. 27/3/2016. Disponible: aquí.

PNUMA. The state of biodiversity in latin america and the ribbean. Disponible: aquí.

Repórter Brasil. A agricultura familiar e o programa nacional de biodiesel. São Paulo: Repórter Brasil. 2010. Disponible: aquí (pdf).

______. Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. São Paulo: Repórter Brasil. 2013. Disponible:aquí (pdf).

______. O Brasil dos agrocombustíveis: palmáceas, algodão, milho e pinhão manso. São Paulo: Repórter Brasil. 2008. Disponible: aquí (pdf).

______. O dendê na mirada da lei. São Paulo: Repórter Brasil. 2015. Disponible: aquí (pdf).

Sá, Eduardo. Rondônia é o Estado com maior número de mortes por causa do conflito fundiário. Carta Maior. 19/4/2016. Disponible: aquí.

Santos, Chico. Safra de grãos fica mais competitiva com o Arco Norte. Valor Econômico. 30/3/2016. Disponible aquí.

Silva, Elielson Pereira da. Agroestratégias e monocultivos de dendê: a transferência silenciosa das terras da reforma agrária para o grande capital na amazônia paraense. Dissertação de mestrado. Gestão de Recursos Naturais, UFPA. 2015. Disponible en: aquí (pdf).

Fundación Rosa Luxemburgo

Leer

En consecuencia:"La Amazonía, por su contexto y coyuntura, nos ofrece la posibilidad de un análisis crítico en pos de caminos y alternativas para superar la encrucijada mediante la que el paradigma del poder y del saber –basado en la idea de «dominación de la naturaleza» (Francis Bacon)– nos condujo al colapso ambiental que hoy vivimos".

Reflexionemos sobre qué nos explica Carlos Walter Porto-Gonçalves.

 

Amazonía: encrucijada civilizatoria.

Tensiones territoriales en curso.

21 de mayo de 2018

 

 Por Carlos Walter Porto-Gonçalves

En este ensayo se analiza la compleja y contradictoria dinámica socio-geográfica de la Amazonía, con especial atención en sus múltiples territorialidades de las que emanan diferentes potencialidades para el futuro de la región.

Se consideran también las distintas escalas geográficas comprometidas (local, regional, nacional e internacional / global) y las tensiones-contradicciones-conflictos que protagonizan y enfrentan los grupos sociales allí asentados; sobre todo los que derivan de la nueva fase de reconfiguración regional que ocasionan varios megaproyectos de infraestructura que actualmente están en desarrollo.

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Amazonía, encrucijada civilizatoria (8,50 MB)
Por la Tierra
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Discrepamos en "que los movimientos sociales deben continuar presionando el cumplimiento y la profundización de sus agendas y reivindicaciones. Los gobiernos progresistas deben reconocer y transformar los errores y las criticas saliendo de la dinámica extractivista que tanto daño le hace a la naturaleza y con ello al ser humano y que termina profundizando la crisis socioambiental por la cual atravesamos. Se reconoce que las posibilidades de transformación hacía la construcción y consolidación de nuevos paradigmas civilizatorios sólo podría ser realizada en el marco de gobiernos que aseguren derechos y libertades para los pueblos y que comprendan que son dimensiones independientes la administración de los Estados y la dinámica sociopolítica de los pueblos. Se reconoce que esas trasformaciones se tejen y construyen en los territorios y que son impulsadas por los pueblos que los habitan, en donde los Estados solamente las reconocen, propician e impulsan, y que la autonomía de dichas dinámicas es fundamental para su consolidación y materialización en el horizonte de construir un mundo donde quepan muchos mundos".

 

En principio  el matrimonio K  lideró el Partido Justicialista que, mediante la Triple A y el terrorismo de estado de la dictadura pro imperialista, se homogeneizó como derecha y a través de su papel imprescindible para la democracia restringida y la acumulación gran capitalista se volvió mafioso. De modo que es un embaucamiento reaccionario indicar la continuidad de la subordinación a los gobiernos progresistas. Todos han probado y prueban su estar para promover los extraordinarios negocios de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. No han cometido errores, están compenetrados de la lógica del Capital. En cambio nosotros, los diversos de abajo, luchamos por recuperar la dignidad humana nuestra y la de nuestro trabajo. Es conquistar nuestra emancipación del Capital, dedicar nuestro trabajo a la  atención de necesidades e intereses populares y a la transformación de la naturaleza respetando los equilibrios, ciclos...de la Madre Tierra que son básicos para la vida en general, la salud de nosotros y el trabajo garantizador del presente-futuro.

 

Los gobiernos progresistas están contra los bienes comunes y contra la autodeterminación de los pueblos. Han tenido demasiado tiempo y poder para recapacitar. Sólo cabe que tribunales populares los juzguen por responsables necesarios para la expansión extractivista.

 

 

 

El Foro Social Mundial 2018,

una mirada al extractivismo progresista

30 de mayo de 2018

 

Por Luis Enrique Orduz

El Foro Social Mundial (FSM) fue sacudido por el asesinato de Mariela Franco, mujer, negra, lesbiana, defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que venía investigando y denunciando el asesinato y desaparición de hombres y mujeres negras en las favelas de Río de Janeiro; rechazamos de manera enérgica el silenciamiento de las voces de quienes construyen un mundo donde quepan muchos mundos y exigimos a los Estados la protección de líderes y lideresas populares así como resultados prontos en las investigaciones para determinar los autores materiales e intelectuales de este tipo de hechos.

 

El evento se realizó en Salvador de Bahía (Brasil), del 13 al 17 de marzo, donde se realizaron múltiples foros, mesas redondas y talleres, confluyeron elementos de análisis comunes sobre el contexto actual latinoamericano en el cual destacan el avance en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema en los países que por más de una década contaron con gobiernos progresistas donde se logró hacer frente a la avanzada neoliberal que con su desregulación económica genera marginalidad socioeconómica, violencia, despojo, privatización, perdida y/o restricción de derechos para inmensas capas sociales y el favorecimiento de la acumulación de capitales para muy pocos. Sin embargo, hubo una crítica generalizada a la profundización extractivista en estos países lo que ha generado una degradación socioambiental no muy diferente a la generada por gobiernos neoliberales.

 

El eclipse del progresismo.

En varios espacios se realizó una crítica incisiva a los gobiernos progresistas que, en algún sentido, se considera defraudaron las plataformas sociales que los llevaron al gobierno, en particular, por la profundización de las economías mono productivas basadas en la explotación exacerbada de materias primas. Estos países afianzaron sus transformaciones sociales apoyadas por el ciclo de los altos precios de los commodities, lo que les permitió tener mayores ingresos económicos para así generar una redistribución de las ganancias, luego de haber nacionalizado algunas industrias extractivas o de renegociar las condiciones en las cuales se venía realizando la explotación.

 

Algunos análisis se aventuraron a afirmar que proyectos extractivos como la explotación petrolera en el parque Yasuní en Ecuador, la carretera que atraviesa el Tipnis en Boliva o la apertura del arco minero del Orinoco en Venezuela   que se iniciaron en estos países en las últimas décadas sólo se pudieron llevar a cabo en el contexto del progresismo ya que estos gobiernos tenían mayor legitimidad social y que, posiblemente, lo proyectos hubiesen tenido una resistencia mayor en contextos de gobiernos neoliberales que no contaban con respaldo popular.

El avasallante crecimiento económico de China generó una presión sobre la demanda de los commodities que propició la llegada de mayores flujos de capital provenientes del gigante asiático lo que provocó el endeudamiento público a favor de esta economía que, en el caso de Bolivia, llega al 25% del PIB. El arribo de empresas chinas representa una continuidad en la pérdida de soberanía para nuestras naciones y la continuidad de un modelo dependiente, en el cual los préstamos realizados deben ser ejecutados por empresas chinas quienes traen su mano de obra. Además de Bolivia, los casos de Ecuador, Brasil, Venezuela y Nicaragua son alarmantes.

Se reconoció que no es posible ni deseable que los Estados terminen desarrollando y absorbiendo todas las reivindicaciones sociales ni que los liderazgos populares sean cautivados por los gobiernos. Asimismo se reconoció que las luchas populares no terminan con el reconocimiento legal o administrativo de las reivindicaciones, donde el ejemplo más palpable se observa con la declaración de la naturaleza como sujeto de derechos en las constituciones de Ecuador y Bolivia, lo que, lamentablemente, no significó una disminución en los atropellos cometidos contra ésta.

 

Salidas y alternativas

Pese a la adversidad y al surgimiento del denominado giro a la derecha que ha venido sucediendo en algunos países que venían de un ciclo progresista, como Argentina y Brasil, donde en este último se disfrazó de legalidad un golpe de estado y la posterior persecución de Dilma Rousseff y Lula da Silva para impedir su acenso presidencial pese al amplio respaldo popular con el que aun cuentan, se rescatan experiencias que nos permiten mantener viva la esperanza de construir posibilidades de vida digna para nuestros pueblos latinoamericanos.

En particular, resaltan las siguientes:

 

  • El municipalismo libertario construido y ejercido por la comunidad kurda que reivindica su existencia con independencia y autonomía de cualquier Estado,  ejerciendo formas organizativas y de toma de decisión horizontales basadas en el ejercicio de espacios asamblearios, lo que asegura la construcción y consenso de decisiones colectivas, así como el manejo de sus recursos en pro del desarrollo de la colectividad y adecuado a las características propias de sus necesidades.

  • El ecofeminismo como propuesta que pasa por reconocer que los tres ejes que han  llevado a la crisis sistémica por la cual pasa la humanidad en su conjunto son o en América latina: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Denuncia se hace urgente el  reconocimiento del ser humano como un sujeto interdependiente y ecodependiente en constante relación y simbiosis entre sí y con los territorios que lo rodean. Se reconoce en la movilización de las reivindicaciones de género el escenario de mayor integralidad en las propuestas de transformación hacia una mejor sociedad.

  • El gobierno de los bienes comunes como el agua, las selvas, la biodiversidad, el conocimiento de las comunidades, entre otros, se alza como una de las estrategias más importantes en el proceso de autonomía de los pueblos, basada en la construcción de reglas de cuidado, reproducción y uso que provengan de los mismo interesados y que en esa medida sean interiorizadas y cumplidas reconociendo las particularidades de cada contexto local, lo que permite un uso más acorde con los tiempos de regeneración de la naturaleza y reconoce el conocimiento que las comunidades tienen sobre el territorio que habitan y transforman.

  • El buen vivir como cambio paradigmático de la civilización moderna que comprende la interrelación del ser humano con la naturaleza en una reconfiguración del ser genérico libre y en relación directa con el medio que lo rodea, reconociendo y respetando los tiempos de resiliencia de la naturaleza, disminuyendo las necesidades creadas por el modelo capitalista y con ello el consumo de bienes y servicios que la lógica de acumulación ha impuesto en nuestra cultura.

 

Quizá una de las conclusiones que se pueda extraer del encuentro es que los movimientos sociales deben continuar presionando el cumplimiento y la profundización de sus agendas y reivindicaciones. Los gobiernos progresistas deben reconocer y transformar los errores y las criticas saliendo de la dinámica extractivista que tanto daño le hace a la naturaleza y con ello al ser humano y que termina profundizando la crisis socioambiental por la cual atravesamos. Se reconoce que las posibilidades de transformación hacía la construcción y consolidación de nuevos paradigmas civilizatorios sólo podría ser realizada en el marco de gobiernos que aseguren derechos y libertades para los pueblos y que comprendan que son dimensiones independientes la administración de los Estados y la dinámica sociopolítica de los pueblos. Se reconoce que esas trasformaciones se tejen y construyen en los territorios y que son impulsadas por los pueblos que los habitan, en donde los Estados solamente las reconocen, propician e impulsan, y que la autonomía de dichas dinámicas es fundamental para su consolidación y materialización en el horizonte de construir un mundo donde quepan muchos mundos.

La realización de un próximo FSM es incierta.

Relacionado (…)

Fuente: https://lasiniestra.com/el-foro-social-mundial-2018-una-mirada-al-extractivismo-progresista/

 

 

Estamos los de abajo del  mundo entero con el imperativo de la toma generalizada de conciencia respecto a que debemos enfrentar al capitalismo local y mundial  desde la unidad de voluntad en procura de nuestros buenos vivires convivires. En ese camino andan:

 

 

 

Confrontando al modelo del hambre
7 de agosto de 2013

Por Radio Mundo Real

 

Al llegar a su fin este martes 6 de agosto la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria se reivindicó como un instrumento de unidad de los pueblos que enfrentan al modelo de producción y distribución alimentaria global, el cual mantiene en situación de hambre a mil millones de personas en todo el planeta.

Escuchar audio aquí.

 

Aunque se señala que la creación de esta Alianza “no parte de cero” dado que se basa en casi dos décadas de confluencia de organizaciones y redes regionales en lo cual ha dado luz y profundidad al concepto de Soberanía Alimentaria, la declaración final de la Asamblea, celebrada en las afueras de Bogotá, reconoce la importancia de estructurar esta plataforma dando inicio a una nueva etapa de confluencia y movilización.

 

“El objetivo de la Alianza es ser el instrumento de unidad de los pueblos que luchan por la Soberanía Alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el Buen Vivir y la Soberanía de los Pueblos”, indica la declaración. Para ello se requiere resistir al modelo de desarrollo imperante “que privatiza los sistemas alimentarios, la cultura, saberes y conocimientos a favor de las grandes corporaciones”.

De esta forma la Soberanía Alimentaria se convierte en “principio, visión y legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales, que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto”.

Para ello, se reivindica la necesidad de defensa de los territorios entendidos como tierras, manglares, humedales, aguas y bosques, para fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la explotación a gran escala; el extractivismo y privatización de bienes; la agricultura industrial a gran escala, fomentada desde la lógica del sistema capitalista todavía predominante que mercantiliza la vida.

“Recorremos este camino defendiendo nuestra Biodiversidad a partir de las prácticas agrícolas tradicionales de nuestros pueblos con base agroecológica que son una respuesta concreta a los graves problemas globales que sufre nuestro planeta”, señala la declaración que será aprobada este martes 6 por los delegados y delegadas a la Asamblea.

 

Asimismo, la Soberanía Alimentaria con base en la Agroecología se señala como capaz de superar los grandes problemas ambientales que hoy amenazan la vida: la desertificación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y claramente de dar respuesta al hambre en el planeta, así como al aumento inflacionario de los precios agrícolas.

 

Para la Alianza la lucha por la Biodiversidad incluye la protección de las semillas y el conocimiento tradicional, libre de patentes y de propiedad intelectual. “Contra las ‘Monotecnologías’ tales como los transgénicos, la geoingeniería, etc., que amenazan, socavan, destruyen los ecosistemas terrestres y acuáticos y se apropian o contaminan los saberes ancestrales. Así mismo, significa recuperar y defender la diversidad silvestre y cultivada, especialmente de las semillas y animales como patrimonio de los pueblos”.

 

Para ello, la Alianza reivindica el camino de la Agroecología, entendida como “modo de vida que recupera todo lo que hemos perdido, una conexión con los saberes ancestrales. Es una fuerza que enfrenta al modelo capitalista; rescata los mercados locales como parte fundamental de preservar los valores, saberes de las comunidades; pone en discusión los precios, fomenta el intercambio y el trueque como modelo económico de una economía social y solidaria”.

 

Finalmente, los participantes de esta Asamblea fundacional manifiestan su convicción de que “el paso que estamos dando resulta trascendental en la lucha por lograr las transformaciones profundas que nuestro Continente requiere frente al agotamiento de un modelo de desarrollo que sobre la base del extractivismo en sus diferentes formas marca la continuidad de siglos de despojo y exterminio”.

 

Concluida la Asamblea, los participantes continuarán reunidos para participar de la Consulta Regional de organizaciones de la sociedad civil sobre el Marco Estratégico Global del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y las definiciones sobre “inversión agrícola responsable”, todo lo cual transcurrirá el miércoles 7 y jueves 8 de agosto. Leer

 

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16 de Octubre: ¡Por la Soberanía Alimentaria y

contra las corporaciones transnacionales!
16 de octubre de 2016

Por La Vía Campesina

 

El 16 de octubre, Día Internacional de Acción Mundial por la Soberanía Alimentaria contra de las corporaciones transnacionales (TNCs)convocado por La Vía Campesina, continuamos la lucha para acabar con el control corporativo de nuestros alimentos y el rechazo a los acuerdos de libre comercio.

 

A través de su extensa, y clandestina, campaña de presión y “lobby”, las empresas transnacionales han puesto en lugar los marcos de políticas públicas, jurídicos, económicos y de política comercial para legitimar su codicia por las ganancias y la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, el Sistema de Cortes sobre Inversiones (ICS) o sobre Solución de Diferencias entre Estados (ISDS) y los tratados de libre comercio (tales como el propuesto Tratado de Asociación e Inversión Transatlántico [TTIP], Acuerdos Comerciales e Económico ente Canadá y la Unión Europea [CETA], North American Free Acuerdo de comercio [TLCAN], Tratado de Asociación Transpacífico [TPP], Asociación Económica Regional Integral [RCEP]. Todos favorecen a las corporaciones en su avanzada para asegurar el control total de la producción y distribución agrícola mundial. Las patentes y los regímenes de propiedad intelectual son sus herramientas para lograr esto. En este proceso, las semillas campesinas, la base de la agricultura, se consideran ilegales. La biodiversidad se erosiona y es reemplazada por monocultivos uniformes en grandes escalas. El acaparamiento de tierras de los campesinos, especialmente en los países en desarrollo, se lleva a cabo bajo el pretexto del reto de "alimentar a 9 mil millones de personas para el año 2050" a través de sus tecnologías avanzadas y destructivas.

 

Sin embargo, los pueblos del mundo están luchando para hacer retroceder la captura corporativa, ocupando las tierras, sembrando y protegiendo sus propias semillas y también luchando a nivel nacional e internacional. En la ONU, La Vía Campesina y sus aliados continúan luchando por la adopción de la Declaración de Sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales para garantizar el reconocimiento y la protección para el mismo grupo [1] que contribuye en gran medida a la realización del derecho a la soberanía alimentaria en todo el mundo. Un tratado vinculante para hacer retroceder el poder de las empresas transnacionales y hacerlas responsables por los crímenes que cometen es un próximo paso necesario. Del 12 al 16 octubre de 2016, un Tribunal Internacional de Monsanto en La Haya, País Bajo se llevará a cabo junto con la Asamblea Popular para escuchar y evaluar casos en contra de Monsanto y otras empresas y determinar la responsabilidad criminal.

 

Desde 2015, hemos visto niveles sin precedentes de consolidaciones por las pocas corporaciones agroalimentarias en forma de fusiones y adquisiciones como Monsanto-Bayer, Dow-DuPont, Syngenta-ChemChina, Agrium Inc. y Potasa Corp. Con estas consolidaciones, solo cuatro corporaciones controlan más de dos tercios de la producción mundial de insumos agrícolas, dándoles la capacidad de mantener la agricultura mundial como rehén de sus ganancias. El hambre y la pobreza empeorará en la medida en que estas corporaciones que ganan grandes ganancias a través de secretos, la diversidad de alimentos se estrechara y la impunidad reforzara su control sobre las políticas agrícolas de los estados soberanos.Al celebrar este día, vamos adelante hacia una transformación radical del sistema alimentario justo y digno para todos, basado en los principios de la Soberanía Alimentaria, que reconoce las necesidades de las personas, otorga dignidad y respeta la naturaleza, y pone a la gente por encima de las ganancias.

¡Soberanía Alimentaria YA!

¡Por la Soberanía Alimentaria y la Tierra con Solidaridad y lucha!

Contacto: Andres Arce Indacochea

Comunicador European Coordination Via Campesina

+3248955297

Notas:

[1] Los campesinos producen más del 70% de los alimentos consumidos a nivel global.  Leer

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Instalemos el debate de una creciente mayoría de los diversos de abajo del Abya Yala sobre cómo UNASUR no ha contribuido a la autodeterminación de nuestros pueblos. Al contrario, recordemos a Emiliano Teran Mantovani señalando: "La UNASUR se propone mapear todos los recursos naturales de la región mediante el Servicio Geológico Suramericano (SGSA), insertarse de una manera repotenciada al mercado global capitalista ‒aquí no se habla en ningún sentido de post-desarrollismo, post-extractivismo, ni mucho menos post-capitalismo‒, así como impulsar toda una red de infraestructuras territoriales para la integración multimodal: ferrovías, hidrovías, carreteras, puertos y aeropuertos [7] , bajo la lógica del COSIPLAN (antiguo IIRSA). Los peligros de que la hibridación que impulsan las formas mutantes del neoliberalismo, por las diversas razones antes mencionadas, termine configurando una política masiva de acumulación por desposesión son muchos. La profundización del extractivismo, con sus crecientes necesidades expansivas de flujos de capital y de conexiones globalizadas abre aún más estos riesgos".Leer 

 

Salgamos del siguiente reclamo por UNASUR para escrutar qué es la IIRSA estimada como lo medular de esa unión.

 

 

La crisis de UNASUR: Podrán vaciar los edificios,

pero nunca detener la construcción

10 de julio de 2017

Por Mabel Severich Larrea y Javier Tolcachier 

Alainet

 

 

Las recientes declaraciones del presidente de Ecuador Lenin Moreno acerca del edificio sede de la Secretaria General de UNASUR, han puesto al organismo regional nuevamente en el ojo de una tormenta que augura ser larga aún.

“Tenemos que hacer un trámite para pedir a la UNASUR que nos devuelva el edificio. No está cumpliendo ninguna tarea. Se han retirado la mitad de los integrantes. Pasaremos a la UNASUR a otro espacio", dijo y agregó: "La UNASUR está abandonada, se ha constituido en un nuevo 'elefante blanco', que en algún momento habrá que considerarle otro destino sin que pensemos en la posibilidad de que cierre UNASUR”.

"Habrá que asignarle otro edificio porque si no está haciendo nada, ese edificio sale sobrando" señaló también el mandatario durante un diálogo con periodistas de medios internacionales acreditados en el país.

Un día más tarde, durante la firma para la creación de la Secretaría Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Latacunga, Cotopaxi, indicó: “En el edificio de los 45 millones (de dólares) funcionará la universidad de los indígenas. Estamos realizando los trámites necesarios para que el edificio sea restituido”

Precisiones

El edificio, localizado en la Mitad del Mundo, a unos 30 kilómetros de la capital, fue donado a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) por el Estado ecuatoriano en diciembre de 2016.

A fin de contrastar las expresiones públicas del presidente Moreno, se hace necesario hacer algunas precisiones:

1.- El artículo quinto del documento con el que se realizó la donación del edificio estipula con claridad que sólo hay tres causales para que éste retorne a manos de la cancillería ecuatoriana. 1) si los países deciden cambiar la sede de la Secretaría General a otro país miembro; 2) si el Estado ecuatoriano denuncia el Tratado Constitutivo para abandonar el organismo y 3) si los Estados Miembros deciden la terminación del Tratado Constitutivo. Por lo tanto, no existiría – o al menos no estaría contemplado legalmente - el recurso de “hacer un trámite, para pedir la devolución”. Si Ecuador denunciara el Tratado, así como cualquier otro que lo hiciera, tendría obligaciones con el organismo hasta después de seis meses, plazo en el que recién entraría en vigor, según lo estipula el artículo 24, párrafo segundo, del propio Tratado.

2.- En Abril de este año, seis de los países miembros decidieron boicotear el funcionamiento de UNASUR. En el documento remitido al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia – país en ejercicio de la actual presidencia pro témpore -, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron “no participar en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización". La consigna de “no participar”, aún cuando atentatoria contra el normal funcionamiento de la entidad e inequívoca en términos diplomáticos, no ha significado hasta ahora que alguno de esos países denuncie el Tratado y se retire definitivamente del organismo.

3.- Por otro lado, en relación al trabajo de coordinación efectuado desde la Secretaría General, a la que se pretende ahora evacuar de su sede: si bien el cargo de Secretario General de la UNASUR está vacante desde el 31 de Enero de 2017, producto de desavenencias entre los Estados miembro acerca del perfil de la candidatura presentada en su momento por el gobierno argentino, la Secretaría General de UNASUR ha continuado funcionando. Aunque no es la única instancia, es la que permite efectivamente la vida institucional del organismo, mucho más allá de un simple sistema burocrático.

¿Qué pasará por ejemplo con el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y con logros tales como el Banco de Medicamentos? ¿O con el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED)? ¿O con los doce Consejos Ministeriales, cada uno con avances interesantes para la región? Toda esa estructura se mueve bajo la coordinación y apoyo de la Secretaria General.

La información existente indica que durante los últimos años (desde 2015 hasta la fecha) la Secretaría ha propiciado cerca de 400 eventos, entre internos y externos. Sin contar las centenas de reuniones y videoconferencias de los diferentes consejos.

Sólo en lo que va de 2018, se realizaron más de cincuenta eventos entre conferencias, cursos y charlas. Además de ello, centenas de niñas, niños y jóvenes -todos ellos provenientes de escuelas públicas de zonas deprimidas aledañas a la sede- usan la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en la misma. Por lo antedicho, es impropio calificar su situación como la de “estar abandonada” o ser “un elefante blanco”.

4.- Hay por lo demás un error de apreciación de la propia infraestructura de la cual se pretende su devolución. ¿Cómo podría funcionar en la sede de la Secretaria General de UNASUR una Universidad? La norma ecuatoriana de Educación Superior establece cierta cantidad de metros cuadrados por alumno para ambientes educativos, así como determinadas características físicas.

El edificio de la Mitad del Mundo cuenta con un auditorio (para 150 personas), el salón de presidentes (para 100 personas) - que por las características de su disposición sólo podría usarse como auditorio - y seis ambientes que son salas de reuniones y videoconferencias. Todo lo demás son oficinas, y aunque siempre es posible hacer “adaptaciones”, quien conoce la sede de la Secretaría General fácilmente entiende que no es una estructura propicia para una Universidad.

Ante este escenario, inevitablemente emergen varias preguntas. ¿Cuál es el sentido de lo anunciado por Lenin Moreno? Y mucho más allá: ¿Cuál será el destino de UNASUR? Contra todo pronóstico, ¿será Ecuador, el país que apostó tangiblemente por la integración regional, el que le dé muerte civil denunciando su Tratado y abandonando la organización?

El trasfondo político

Este severo golpe a uno de los organismos más importantes emergidos del proceso de soberanía regional no puede sino interpretarse a la luz del giro a la derecha en el curso político y diplomático del gobierno de Lenin Moreno.

La persecución judicial en curso contra Rafael Correa, ejecutada por un fiscal y una jueza encargados nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, designado luego de una consulta popular heterogénea que tenía como principal objetivo la proscripción electoral del ex presidente; el relanzamiento de la cooperación de seguridad y las relaciones de “amistad” con Washington, refrendadas en la última visita del vicepresidente Pence al país; la presencia de funcionarios del FMI por más de dos semanas, monitoreando las cifras económicas; el anunciado acercamiento y participación en la próxima reunión de la Alianza del Pacífico e incluso el último voto de abstención en la OEA en relación a Venezuela, son todos indicadores evidentes de que el país otrora progresista está regresando velozmente al redil cautivo de la estrategia hegemónica de EEUU para la región.

En este contexto, sólo cabe esperar – lamentablemente y tal como está sucediendo – la obediencia dócil del actual gobierno ecuatoriano para colaborar con el desmonte de mecanismos de integración soberanos, independientes de la digitación habitual que el país del Norte ejerce sobre organismos “interamericanos” como la OEA.

Está claro que la integración suramericana y la de América Latina y el Caribe, que avanzaron a pasos raudos impulsadas por una mayoría relativa de gobiernos defensores del multilateralismo y la autodeterminación regional, tiene que desandar otros caminos. Dicha lógica de articulación interestatal es hoy prisionera de personeros sin poder real, pero que actúan como correa de transmisión del neocolonialismo del capital concentrado, poco interesado en variantes autónomas y democráticas de gobierno. Mucho menos si éstas logran acuñar peso propio y erigir barreras ante la dominación global en base a la integración de sus potencialidades.

Es evidente que se hace imperativo continuar la acumulación histórica de soberanía desde la integración de los pueblos, retomar la lucha en las calles y desde la base social para no estar ni sentirnos debilitados ante el Norte. UNASUR es y seguirá siendo una utopía cercana para Suramérica, esperanza y lucha por asumirnos como continente que puede concebir y producir “la unidad en la diversidad” en función de la ampliación de derechos y posibilidades de sus habitantes.

Parafraseando a Neruda, podrán vaciar los edificios, pero no lograrán detener la construcción.

Mabel Severich Larrea es comunicadora social y ex funcionaria de la Secretaria General de UNASUR. Javier Tolcachier es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Argentina y periodista en agencia internacional de noticias Pressenza.  

https://www.alainet.org/es/articulo/193963

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243962

 

 

 

La IIRSA: ¿Un lenguaje común?

29 de marzo de 2007

 

Los megaproyectos en infraestructura, anunciados como complemento del ALCA se mantienen como meta aun por parte de gobiernos que han hablado de un modelo alternativo. La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad.

“La cordillera de los Andes es ciertamente una belleza, pero es un terrible problema de ingeniería”. Carlos Lessa, presidente del BNDES [1]

Cuando han entrado en grave crisis los tradicionales esquemas de integración en Suramérica y los problemas en Mercosur y la CAN son notorios, vuelve a ponerse sobre la mesa la debilidad de la integración física y de infraestructura de la parte sur del continente.

Los megaproyectos en infraestructura, anunciados como complemento del ALCA se mantienen como meta aun por parte de gobiernos que han hablado de un modelo alternativo. La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad. El presente artículo aporta en este sentido.

Desarrollo e integración

Alrededor de las negociaciones de integración comercial en América Latina, que desde el ALCA –Área de Libre Comercio de las Américas– hasta la CSN – Comunidad Suramericana de Naciones– pasando por los TLC –Tratados de Libre Comercio–, se surte un proceso paralelo, cuyo objetivo expreso es dotar de infraestructura vial, portuaria, energética y de canalización y conexión de grandes ríos al subcontinente, para lograr ahora sí el prometido (y nunca obtenido) desarrollo. El mensaje utilizado transmite una magnificación de la trascendencia de las obras y su casi automático efecto sobre el crecimiento económico y la mejora de condiciones socioeconómicas. Frente a esta expectativa, se precisó la sola decisión de los gobernantes y de los financiadores para elaborar un diseño y un Plan de Acción, haciendo caso omiso de las normas sobre participación ciudadana y consulta en el caso de los grupos étnicos. Pero lo paradójico es que los proyectos contenidos en la IIRSA –Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América– y la determinación de diseñar y avanzar en las obras se toman desde diferentes orillas ideológicas.

En efecto, la fuente de la IIRSA se encuentra en las Declaraciones y Planes de Acción adoptados en Cumbres de Presidentes de las Américas [2], de las cuales se han celebrado las siguientes: Miami 1994, Cumbre de Desarrollo Sostenible de Bolivia 1997, Santiago de Chile 1998, Québec 2001, Monterrey 2004 y Mar del Plata 2005. Estas cumbres tenían como uno de sus objetivos el impulso del ALCA, cuyo proceso se detuvo aparentemente pero cuyas finalidades se están logrando a través de los TLC. La Cumbre de las Américas de Québec, en su Plan de Acción “para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano”, concretó y seleccionó aún más los temas en 17 grandes capítulos, que a su entender contribuirán a lograr los objetivos propuestos, al paso que el tema de la infraestructura física se considera vital para todo el proceso integrador, como se observa en el interés otorgado al Plan Puebla-Panamá –PPP– y a la Iniciativa de Infraestructura Regional –IIRSA. Para ello se apela al “ambiente normativo”que incluye la adopción de regímenes legislativos y administrativos. [3]

La importancia concedida a la infraestructura, la determinación del principal banco regional para apoyarla y la oportunidad de negocios que genera, se expresan en las palabras del ex presidente del BID, Enrique Iglesias, cuando sostiene: “Este desarrollo de la infraestructura, que estuvo desde la posguerra prácticamente monopolizado por la gestión e inversión estatales, comenzó a experimentar transformaciones profundas a principios de la década del 90. En el marco de los procesos de estabilización macroeconómica y apertura externa que viven nuestros países, se modificaron los mecanismos tradicionales de provisión de infraestructura. En toda la región el sector privado pasó mayoritariamente a detentar la responsabilidad primaria en materia de gestión y expansión de la infraestructura física. De hecho, más de la mitad de la inversión privada en infraestructura hacia los países emergentes en esos años se dirigió a nuestra región. Esta inversión se concentró en los sectores más atractivos comercialmente y con menor percepción de riesgo, las telecomunicaciones y el sector energético”.

Y hay que creerle, siendo el BID uno de los impulsores de las reformas al Estado en América Latina durante los 90, cuando señala que “el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de nuevos operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica.” [4]

Pero también desde propuestas propias diferentes al ALCA se avala al IIRSA, y es así como en la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones se considera que “no sería factible sin los avances de IIRSA, ya que gracias a ésta existe una agenda común de acciones y proyectos para la integración física de América del Sur, articulando los grandes espacios interiores y brindando una oportunidad única para el desarrollo descentralizado de nuestros países”. El mismo funcionario señaló que IIRSA será fundamental para promover la cohesión regional, mientras se avanza en instrumentos complementarios para fortalecer la dimensión del desarrollo en la integración sudamericana.

Y obras de mucha envergadura, como el gasoducto del Sur, se adscriben al IIRSA, sin hacer ninguna distinción: “El gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de Sudamérica, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Ignacio Lula da Silva, de Brasil. Tendría 7 mil kilómetros que pueden ampliarse a más de 10 mil, dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción costaría 25 mil millones de dólares”. [5]

Como se aprecia, existe una comunidad de intereses en torno a las grandes obras de desarrollo para la región, y las determinaciones que se toman no dependen de una u otra orilla ideológica, sino de un modelo de desarrollo en el cual coinciden los diferentes enfoques. Estas políticas de integración física, y energética continúan proponiendo el modelo de desarrollo que nos haga competitivos en el mercado mundial, advirtiendo –como se hace desde dos siglos– que la falta de vías de comunicación es uno de los factores que ha impedido un mejor comercio intraregional, y este conjunto de obras es el medio que solucionará tal distorsión de carácter comercial. Y, la justificación de toda la vida, radica en que los “accidentes físicos, o naturales”son los que han impedido una mejor comunicación entre los países. De allí ha surgido el concepto de que América del Sur es un subcontinente conformado por “islas” [6], hecho causado por la presencia de la cordillera de los Andes y la Amazonía. Estas cinco islas, son: la plataforma Caribe, la plataforma Atlántica, el enclave amazónico, la cornisa andina, y el enclave amazónico sur. Si bien la argumentación central es la unión del continente para mutuo beneficio, el resto del discurso apunta a aumentar el comercio extraregional y no el intraregional, como meta que conduzca al desarrollo.

Estos planteamientos encuentran un marco conceptual en el documento del BID “Informe sobre Progreso Económico y Social BID, Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo en América Latina, 2002”. Acá el BID recuerda que “las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma de política comercial, que apuntan a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta.”, y que la integración regional “es una parte integral del proceso mismo de reforma estructural”.

En su papel de dinamizador de la integración, se ve asimismo como una institución que debe maximizar su apoyo a la preparación de los países regionales para lograr una inserción competitiva y socialmente benévola a una economía mundial globalizada, a través de la integración regional y de la cooperación funcional.

Este cambio se fundamenta en que las viejas iniciativas para la integración de la posguerra en América Latina y el Caribe (ALC) estaban diseñadas para respaldar y profundizar una estrategia estatal aislacionista de industrialización mediante la sustitución de importaciones. Tal enfoque se derrumbó con la crisis económica de los ochenta y ahora el comercio es el nuevo paradigma, hacia el cual debe orientarse el desarrollo.

Este nuevo regionalismo surgido en los noventa se apoya en un nuevo marco de políticas como el desarrollo de reformas estructurales, las cuales están dirigidas a posicionar las economías para integrarse a las fuerzas de la globalización, a transformar la producción y a fomentar la competitividad. Se hace necesario consolidar y refinar las reformas estructurales de países individuales, la implantación de protocolos de segunda generación, y el fortalecimiento de la institucionalidad regional y su contrapartida nacional. Hay que modernizar los mecanismos de solución de disputas modernos y transparentes; porque tiene que mejorarse la capacidad de negociación y el cumplimiento de acuerdos, y el desarrollo de sistemas tributarios compatibles con mercados integrados y atractivos para el fomento del comercio y la inversión externos, se señala.

En cuanto hace a las medidas que deben tomarse para asegurar reglas e instituciones adecuadas al actual proceso de integración, éstas deben estar encaminadas a fortalecer la institucionalidad regional y su contrapartida nacional, garantizando que se aceleren los procesos de solución de conflictos, con el objeto de reducir la incertidumbre de los agentes económicos y minimizar las trabas en el tratamiento de problemas, generar incentivos para aumentar la cooperación, reducir los costos de transacción y desarrollar regímenes regulatorios comunes.

El planteamiento del BID es lograr que los asuntos domésticos, léase los nacionales, se neutralicen a través de lo que señala como el mejoramiento de la calidad y el apoyo técnico de los órganos intergubernamentales para que sus decisiones estén basadas en instancias técnicas independientes y se minimice la vulnerabilidad a las coyunturas políticas domésticas. Es decir sustraer o minimizar la intervención del Estado en estos asuntos.

También el BID es claro en señalar sus prioridades, las cuales atienden a proyectos de integración subregional, hemisférica e interegional (Norte-Sur) pertinentes desde el punto de vista económico (no todos lo son) y que tengan respaldo político. Y apoyar países en diagnóstico sobre la necesidad de establecer instituciones regionales para que funcionen bien los diversos tipos de acuerdos, incluyendo el análisis de las posibles formas de financiación de las instituciones que los diagnósticos recomienden.

La IIRSA se inspira en el pensamiento desarrollista de mediados del siglo XX, que ha servido de plataformas gubernamentales a nivel nacional, y –como ya mencionamos– desde 1994 se incluyó en las Declaraciones y Planes de Acción adoptados en Cumbres de Presidentes de las Américas. Fue, precisamente en la reunión presidencial de Brasilia de 2002 donde se aprobó la IIRSA, que es el conjunto de grandes vías, hidrovías, hidroeléctricas, represas, puertos, gasoductos, en fin todo un conjunto de grandes proyectos, y que tienen como justificación integrar la región. Según un documento de la Reunión Ministerial de Energía, Transporte y Comunicaciones, su objetivo “es el de estimular la organización del espacio suramericano a partir de la contigüidad geográfica, la identidad cultural, y los valores compartidos de los países vecinos suramericanos”. [7]

El espíritu integrador así definido se refrendó en el denominado Consenso de Guayaquil sobre integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo [8], y los presidentes “reiteraron su voluntad de seguir impulsando acciones de coordinación y cooperación con miras a la conformación de un espacio común sudamericano y en este sentido reafirmaron el conjunto de postulados que se han establecido en las distintas Cumbres Presidenciales que han celebrado, particularmente en la I Reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasilia en el año 2000”.

Allí depuraron más la relación entre infraestructura y desarrollo, a la cual calificaron de esencial para la integración económica de la región, pero lo que es más importante como palanca del “desarrollo de sus países, al mitigar la pobreza e incorporar a los individuos, particularmente de los sectores marginados o más vulnerables, a los beneficios de la sociedad moderna”. De igual forma, coincidieron en que esta relación debe tener una Visión Estratégica de Suramérica –VESA– que tiene como base el principio de regionalismo abierto arriba citado y está condicionada a los resultados del análisis de cinco principios básicos: perspectiva geoeconómica, sostenibilidad social, eficiencia económica, sustentabilidad ambiental y desarrollo institucional (Punto 6).

Asimismo, según el documento de Consenso, con la IIRSA se logra la integración multisectorial, la de distintas áreas geográfica y la de las denominadas zonas internas de América del Sur, todo con el fin de “promover y facilitar el crecimiento y desarrollo económico y social de América del Sur; mejorar la competitividad internacional de la región, incrementar su participación en la economía mundial y enfrentar mejor los desafíos que impone la globalización; y fortalecer la integración y cooperación regional mediante la ampliación de mercados, la convergencia de políticas públicas y el acercamiento social y cultural de Sudamérica”.

En el año 2000, los Programas Estratégicos de Integración, formulados a partir de las cumbres, se consolidaron en un único plan, la IIRSA, que reúne las conclusiones de los estudios previos del BID y la CAF. Después se adoptó el Plan de Acción para la IIRSA, el cual tiene como enfoque los “ejes de integración y desarrollo, complementado con el desarrollo de procesos sectoriales necesarios para optimizar la competitividad y sostenibilidad de la cadena logística. A partir de esta visión estratégica deberán identificarse los requerimientos de tipo físico, normativos e institucionales para el desarrollo de la infraestructura básica al nivel suramericano, en la presente década. Para ello, se establecerán acciones por lo menos en tres planos: coordinación de planes e inversiones, compatibilización y armonización de los aspectos regulatorios e institucionales y mecanismos innovativos de financiamiento público y privado.” [9]

La IIRSA se concreta en los Ejes de Integración y Desarrollo, EID, a través de los cuales se diseñan y arman transectos o franjas que unen varios países y varios sectores productivos o que sirven de base para ellos, como el transporte. Así logran canalizar y darle una movilidad y rapidez a los flujos de comercio que se tienen ahora, y a los que se calcula llegar. Se prevé un mejoramiento de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones en apoyo a las actividades productivas específicas de cada una de estas franjas. Estos Ejes de Integración y Desarrollo se planean “en función de los negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados globales” [10]

El Plan contempla estas acciones básicas:

(i) Diseñar una visión más integral de la infraestructura mediante el desarrollo sinérgico del transporte, la energía y las telecomunicaciones. (ii) Encuadrar los proyectos dentro de una planificación estratégica a partir de la identificación de los ejes de integración y desarrollo regionales. (iii) Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura. (iv) Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre los Estados. (v) Valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos. (vi) Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las poblaciones locales en los ejes de integración regional. (vii) Incorporar mecanismos de participación y consulta. (viii) Buscar que las obras de infraestructura generen la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean sólo corredores entre los mercados principales. (ix) Desarrollar nuevos mecanismos regionales para la programación, ejecución y gestión de proyectos. (x) Estructurar esquemas financieros adaptados a la configuración específica de riesgos de cada proyecto.

Hasta el momento se han establecido los siguientes Ejes de Desarrollo:

- Eje Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) - Eje Mercosur (Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) - Eje del Escudo Guayanés (Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam) - Eje del Amazonas (Perú, Ecuador y Brasil) - Eje Perú-Brasil-Bolivia - Eje Interoceánico Central (Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil) - Eje de Capricornio (Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil) - Eje del Sur (Chile y Argentina) - Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Eje Andino del Sur

La Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 fue aprobada por el Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA y definió un grupo de 31 proyectos de integración acordados por los países a partir de los resultados logrados durante la fase de planificación territorial y de ordenamiento [11]. De esta selección se desprende el sentido de las obras, los obstáculos geográficos que pretende resolver y se puede prever la rapidez que alcanzarán las exportaciones de recursos naturales, el paso de recursos hacia el Pacífico desde países orientales como Brasil, y la funcionalidad de hidrovías como la Paraguay –Paraná, que facilita el transporte de soya hacia el mercado europeo. La IIRSA ya es un hecho, sin que los habitantes de las regiones incluidas hayan tenido una participación proporcionada a su envergardura.

Cómo opera el IIRSA

Para conocer como opera ahora la IIRSA, debemos remontarnos al seguimiento de las Cumbres de las Américas, que está a cargo del Grupo Interagencial [12], integrado por entidades no por gobiernos. Inicialmente este grupo estuvo conformado por el BID, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OEA. Después, en el Plan de Québec los socios institucionales se ampliaron al Banco Mundial y esta agrupación se propuso participar “en todas las etapas del proceso de la Cumbre de las Américas”, para lo cual firmaron una ‘carta de entendimiento’, con la cual se aseguraba la coordinación entre las entidades y la inclusión de otras entidades de cómo “los bancos multilaterales subregionales de desarrollo”. [13]

Asimismo, se designó un Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), conformado por los coordinadores nacionales para las Cumbres de los 34 países miembros. Tiene un Comité Directivo integrado por los países que han sido y serán sede de las Cumbres de las Américas y el Comité Ejecutivo está conformado por el Comité Directivo, Brasil y un representante regional de Caricom, Centroamérica, Grupo de Río y Comunidad Andina.

El IIRSA, opera [14] a través de un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), un Comité de Coordinación Técnica (CCT) y Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE). El CDE está integrado por representantes de alto nivel designados por los gobiernos de América del Sur. La Secretaría del CDE es ejercida por el Comité de Coordinación Técnica (CCT) y conformada por el BID, la CAF y el Fonplata, según el Mandato de la Reunión Presidencial de Brasilia.

Las acciones del CDE tienen como objetivos básicos: la aprobación y desarrollo de una visión y un vocabulario unificado, la recomendación de directrices destinadas a las estructuras competentes internas de los gobiernos y la formulación de propuestas que puedan perfeccionar las iniciativas en proceso de implantación.

El CCT está integrado por representantes del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Este Comité se orienta hacia la identificación de una cartera de proyectos fundados en una visión unificada, la intervención del Estado reservada sólo para mitigar las “fallas de mercado” y sus riesgos, la promoción de la participación del sector privado en la operación y financiamiento de proyectos y promover, identificar, cuantificar y seleccionar los recursos financieros públicos y/o privados para el desarrollo de los proyectos.

Los GTE se constituyen para cada uno de los ejes de integración y desarrollo, y para cada uno de los procesos sectoriales de integración aprobados por el CDE. Se encargan de analizar temas específicos para cada eje o proceso, tales como armonización y/o compatibilización de marcos normativos, métodos para la identificación y evaluación integrada de proyectos, estudio de los aspectos ambientales y sociales, acciones que impulsen el desarrollo de zonas de densificación económica abarcadas por el área de influencia del eje respectivo y definición de mecanismos institucionales al nivel de cada gobierno para atender las acciones requeridas, entre otros.

Los Ejes de Integración y desarrollo identificados, son:

• Eje Mercosur (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Valparaíso) • Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz) • Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (San Pablo-Campo Grande-Santa Cruz-La Paz-Ilo-Matarani-Arica-Iquique) • Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname • Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata • Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú) • Eje Marítimo del Atlántico • Eje Marítimo del Pacífico • Eje Neuquén-Concepción • Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta • Eje Bolivia-Paraguay-Brasil • Eje Perú-Brasil (Acre-Rondonia)

La financiación estuvo y está impulsada desde el BID, Fonplata y la CAF [15]. Dentro de las modalidades utilizadas por el BID está el “Fondo para el financiamiento de operaciones de cooperación técnica para Iniciativas para la Integración de Infraestructura”, destinando una partida de US $20 millones para financiar la preparación de proyectos de infraestructuras de integración, con especial mención a los proyectos incluidos en la IIRSA.

Esto, como se advierte, contribuye para la liberación de sus recursos, con destino “a financiar cooperaciones técnicas no reembolsables para el desarrollo de estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseño de proyectos, estudios relacionados con la viabilidad (técnica, económica, financiera, social, institucional y jurídica) de los proyectos, así como preparación y revisión de documentos para atender solicitudes de financiamiento y/o licitaciones. En el marco de esas actividades, el Fondo podrá también financiar estudios sociales y ambientales, colaboraciones público-privadas para proyectos específicos, evaluaciones ambientales estratégicas, así como actividades de fortalecimiento institucional” [16].

Al BID se añaden otros entes como el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil [17], el cual aprobó varias partidas para la construcción y modernización de hidroeléctricas en Venezuela y en Ecuador. Una de las glosas que ha recibido por parte del nuevo gobierno boliviano es que el gobierno brasileño otorga el financiamiento, por medio del BNDS o PROEX, para la construcción de carreteras, con la condición de que se contraten empresas y compra de insumos brasileños. De acuerdo con el gobierno boliviano, lo que se quiere ahora “es que la contratación de la empresa cumpla todos los requisitos. Vale decir, que la adjudicación de la obra sea a través de licitación pública. Actualmente, este proceso se realiza a través de una invitación directa, debido a que el crédito es gestionado por la empresa o constructora que desea proveer el bien o servicio” [18].

En otro tipo de colaboraciones sobre los procesos de construcción, recientemente la CAF fortaleció alianzas para promover infraestructuras sostenibles en América Latina. En este país asistió “al Foro de Infraestructuras y Servicios, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, donde disertó sobre los desafíos de América Latina en la actualidad y el papel de la CAF en la financiación de infraestructuras, particularmente en el desarrollo de la red transuramericana” [19].

Teniendo como marco coercitivo las restricciones fiscales de los países, que en principio dificultarían la obtención de nuevos créditos para adelantar los proyectos de la IIRSA, se propone combinarlos con el ingreso directo del sector privado. Las dificultades se atribuyen a la situación fiscal de los países y se señala la necesidad de trabajar con organismos multilaterales y los países para desarrollar mecanismos que sean innovadores y atraigan al capital privado, como las alianzas público-privadas, o por ejemplo los fondos de avales y garantías regionales para eliminar las asimetrías del nivel riesgo-país de cada uno de las naciones sudamericanas. Asimismo, según la nota citada, uno de los propósitos de una reunión que debió tener lugar el año pasado con el FMI fue “que las inversiones públicas no sean consideradas gastos, lo cual es un impedimento para elevar los egresos en obras de infraestructura”. De esta manera la cartera de proyectos de la IIRSA en su totalidad se podría considerar como proyectos pilotos ante el FMI para que puedan financiarse. [20]

Estas notas dejan entrever los dilemas fiscales frente a la magnitud de las inversiones, las condicionalidades en que se están ocurriendo y la voluntad política para allanar los caminos –valga la expresión– para adelantar la IIRSA.

Efectos socioambientales y la ausencia de los ciudadanos; un asunto de seguridad humana

De la misma manera que los procesos de integración de libre comercio –ya sea OMC, ALCA [21] o TLC– no se han debatido en los Parlamentos ni han contado con la participación ciudadana, el proceso de integración de la infraestructura expresado en el IIRSA se ha adoptado sólo por parte de los Ejecutivos. Esto resulta paradójico cuando en el mismo lapso los Estados latinoamericanos han suscrito innumerables instrumentos de Derechos Humanos a favor de la participación social y del Derecho Ambiental, [22] que consagran principios como el de precaución, el cual se antepone a cualquier otro cuando de decisiones ambientales se trata. Y en sus Constituciones han instituido el Estado de Derecho, siendo que un primer contenido esencial de ese Estado es la garantía de los derechos fundamentales, puesto que se trata de superar la mera protección de la igualdad formal y conseguir el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

De forma mecánica y con supuestos no probados, o mejor dicho con abundantes pruebas en contrario, se parte de que la región y los organismos de crédito “han acumulado una rica experiencia en las consideraciones ambientales y sociales de los proyectos” y, por lo tanto, ahora lo que corresponde es sólo ampliar estos parámetros para que entren a jugar en el plano regional.

Las interrelaciones entre ambiente e infraestructura se posponen hasta cuando exista “concordancia con las posibilidades reales de financiamiento e inversión”. Es decir, el aspecto ambiental, que debiera ser un objetivo prioritario en un plan de integración que consultara las aspiraciones de la población, se coloca en un segundo plano, por cuanto lo primero es la integración en inversión a cargo del BID, la CAF y el Fonplata y aumentar el papel del sector privado en la financiación de los proyectos y en su operación.

En la definición y selección de proyectos, se dice, habrá mecanismos que hagan efectiva la participación y la contribución activa de las comunidades involucradas. Pero la experiencia nos enseña que los proyectos son presentados de manera aislada, sin que nos podamos dar cuenta de la envergadura de su alcance y los costos totales de las inversiones. Y adicionalmente en los sistemas planificados para que el esquema funcione en ninguna parte aparece la participación ciudadana como elemento definitorio. Se hace un diseño de sistemas en las materias físicas, reguladoras y de inversión [23] pero no en asuntos de 

participación ni en los ambientales.

Los proyectos fueron y serán escogidos con base en criterios que conjugan la cobertura geográfica de países y regiones, los flujos existentes y los potenciales; las inversiones que se hayan realizado recientemente, el interés y grado de participación del sector privado y por último la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos. Los contenidos materiales del derecho al medio ambiente [24], lo definen como un derecho de tercera generación, como el derecho al desarrollo, el cual tiene como meta lograr y garantizar una vida digna para todos los habitantes. Y el derecho al ambiente reafirma la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos; y reconoce que el derecho al desarrollo debe estar ligado con el derecho a un medio ambiente sano, seguro y ecológicamente racional.

El derecho al ambiente tiene una vía afirmativa, en cuanto le concede a las personas el derecho a disfrutar de un ambiente sano, libre de daños ambientales; a disponer de alimentos y agua sanos y seguros, y a tener asistencia oportuna en caso de catástrofes naturales. Y, por la vía negativa, ninguna persona debe estar sometida a factores que produzcan degradación ambiental y contaminación. Es igualmente derecho de las personas que se proteja el aire, el agua, la flora y la fauna, los procesos esenciales de la naturaleza y el espacio necesario para mantener la diversidad.

Un aspecto relevante respecto de la IIRSA es contraponer a su falta de transparencia y de ausencia de controles ambientales, la propuesta que contiene el proyecto de Declaración sobre el derecho al ambiente, según la cual las personas tenemos el derecho a permanecer en nuestras tierras o lugares de asentamiento aún frente a situaciones de proyectos importante, a menos que las obras sean urgentes y no puedan lograrse por otros medios.

Este principio rescata la lucha de infinidad de pueblos que han sido desplazados de sus lugares de origen para dejar paso a obras de infraestructura, que no siempre han generado el desarrollado pregonado y que en cambio si han alterado la vida de muchas personas. Este precepto se hace más exigente respecto de los pueblos étnicos, indígenas y afro americanos que constituyen buen parte de la población que reside en los terrenos que serán abiertos al desarrollo por causa de la IIRSA.

Otro asunto es el relativo a la participación en sus dos acepciones: como un deber, puesto que los ciudadanos están obligados a participar activamente en la evaluación previa, el seguimiento y el control de las decisiones que puedan alterar el medio ambiente; y como un derecho se considera que además de la oportuna información las personas deben disponer de los procedimientos idóneos para asegurar la efectividad de su derecho; de medidas para reducir los procesos productivos modalidades de consumo nocivas y asegurarse que las transnacionales cumplan en todas partes los mínimos requisitos ambientales.

Pero no creemos que si la revisión socio ambiental es una de las últimas como se plantea en el IIRSA, se pueda modificar la definición de los ejes. Por lo tanto estos serán los que defina los proyectos, sin que ninguna de las consideraciones sociales y ambientales hayan sido consultadas con los ciudadanos de los países. Las obras que hacen parte de la IIRSA han sido definidas en la esfera presidencial y de los entes financiadores. Su adopción no ha pasado por parte de los Parlamentos, ni menos han sido objeto de consultas o de participación ciudadana. Son ya numerosos los casos en que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado los daños socio ambientales que causarán o ya lo hacen, las obras incluidas en el IIRSA. Y como la misma página electrónica de la IIRSA lo coloca, la sociedad civil ha solicitado participación y facultad de decisión sobre estas obras que los afectarán. En un reciente Taller convocado por ONG de Europa y América Latina, [25] concluyeron que es necesario el control por parte de la sociedad civil sobre el proceso de formulación e implementación de IIRSA, sea cual fuere la naturaleza de los gobiernos involucrados, y reclaman que los estándares ambientales y sociales pactados por los gobernantes europeos con su sociedad civil se apliquen también a las inversiones relacionadas a América Latina. Denuncian que se trata de la aplicación de un modelo desarrollista tradicional bajo la etiqueta de desarrollo sostenible, pero en realidad basado en la extracción y exportación de recursos naturales, lo cual implica que es necesario un cambio de paradigma de desarrollo. Proponen una serie de Estrategias como EAIA, Estudios (alternativos) de Impacto Ambiental y Social de IIRSA, a nivel de cada proyecto, de cada país y del conjunto de la Iniciativa. Las herramientas de las EAE son sustanciales en estos estudios: Evaluaciones Ambientales Estratégicas y formulación de proyectos alternativos (con menos impacto negativo) para cada proyecto IIRSA, en particular los proyectos anclas, o megaproyectos críticos. Anotan que dentro de los estudios ambientales son muy importantes los impactos culturales sobre pueblos indígenas, por ejemplo, el impacto de proyectos que cruzan áreas consideras sagradas por los pueblos indígenas.

Pero la resistencia y procesos de incidencia ante los gobiernos se extienden a casos concretos como el de las hidroeléctricas que se irían a construir con el caudal del río Madeira en el Brasil, [26] situado en la Amazonía. Se sostiene que habrá un gran desastre ambiental por el impacto de las represas sobre la fauna, la biodiversidad. Se reiteran los daños que obras similares en esta zona han causado a las poblaciones y al medio ambiente. Señalan que existen fuentes alternativas de energía, que comienzan con el ahorro doméstico, y que evitarían que se propaguen estas obras en un medio tan frágil como el amazónico.

Frente a obras como la hidrovía Paraguay-Paraná, las organizaciones de la sociedad civil habían logrado detenerlas cuando se comenzaron a proyectar y dar los primeros pasos para su construcción, pero con el lanzamiento formal de la IIRSA, la amenaza de nuevos estudios se ha vuelto a agitar. Esta obra que se proyecta para agilizar la exportación de soya y que significa grandes obras en detrimento de la riqueza ictiológica y del caudal de los ríos Paraná y Paraguay ha sido resistida por la Coalición Ríos Vivos, que agrupa a cientos de organizaciones de diversos movimientos sociales, sectores académicos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas de América Latina, tuvo su origen en 1994 con el claro objetivo de evitar los graves impactos sociales, ambientales y económicos que la realización del Proyecto Hidrovía provocaría sobre la región y sus pueblos. En el año 2003, dirigió una comunicación [27] en la cual reclama que el proyecto Hidrovía estaba siendo reabierto de manera sigilosa y con total ausencia de consulta pública. Como en esa oportunidad, denuncian a la comunidad internacional la falta de transparencia y democracia en las decisiones que están siendo tomadas por el PNUD. Señalan que no se toman en cuenta las propuestas hechas por estudios alternativos y piden que no se avance en los estudios para IIRSA antes de una evaluación socio-económica-ambiental estratégica con amplia participación social.

Las políticas sobre integración física y energética que se implementan continúan proponiendo el modelo de desarrollo que nos haga competitivos en el mercado mundial, lo cual conlleva a la promoción y ejecución de proyectos de desarrollo que tienen un gran impacto en el nivel social y ambiental. A pesar de estar ratificadas todas las convenciones y demás instrumentos ambientales por casi la totalidad de los países del hemisferio, excepción hecha de Estados Unidos, los impactos sociales y ambientales de estas obras no se precisan en la forma que se requeriría. Nos referimos a que el conjunto de obras es de una envergadura continental y para ello la ponderación de los factores de riesgo, con base en estudios ambientales del conjunto, no se han ordenado ni se prevén en la escala requerida o como meta de la liberación. O sea que en últimas las obras podrían quedar como testigos de una falta de planeación regional que podría tener enormes impactos en materia de intervención de ecosistemas protegidos, territorios de comunidades indígenas y negras, campesinas sin que al final tengamos un incremento del comercio que se decía iría a transitar por estas megaobras. Carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, gasoductos constituyen entre otros, los propósitos de estas metas sobre infraestructura.

Sin embargo, en todo el proceso preparatorio del ALCA y a pesar de enunciarse una estrategia de fortalecimiento sociedad civil para su participación en los procesos hemisféricos y nacionales, lo cierto es que no se permitió ejercer ese derecho ciudadano y en el comienzo las negociaciones fueron secretas y los documentos confidenciales. Si ahora aparece un llamamiento a recibir documentos de las organizaciones ha sido más bien en respuesta a las movilizaciones que por voluntad de los gobiernos.

 

IIRSA: la integración a la medida de los mercados*

Raúl Zibechi, Uruguay. * Extractos editados por Deslinde. Un aspecto clave de la IIRSA... consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por lo tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las “formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco”.

(...) La mayor parte de los ejes de integración y desarrollo del IIRSA están interconectados. De los 10 ejes, 4 involucran la región amazónica y 5 unen los océanos Pacífico y Atlántico. De esta manera, todas las riquezas naturales del continente quedan a disposición de los mercados.

(...) En realidad, una parte de estos proyectos ya están en marcha aunque no se menciona que forman parte de la IIRSA. Según el Informe Anual de la CAF de 2002, en ese momento fueron identificados cerca de 300 proyectos de integración física en América del Sur, de los cuales 140 podían ser ejecutados inmediatamente y 60 de ellos relacionados con la IIRSA ya estaban en marcha: 40 de transporte, 10 de energía y 10 de telecomunicaciones.

(...) La región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Esta profunda modificación de la geografía (quizá el proyecto más ambicioso sea unir los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná) no persigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados globales. Puede decirse que se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”. Los ejes o corredores... deben combinar una moderna plataforma de telecomunicaciones con la infraestructura necesaria para el transporte intermodal.

(...) La intermodalidad se asienta en la “revolución de los contenedores”... Esto se vincula al nacimiento de las “fábricas globales” que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una suerte de “autómata global”, ya que las grandes empresas se han deslocalizado y abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, “integrado industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas centro-periferia, pero de carácter industrial”, como lo muestra la industria maquiladora. El IIRSA es precisamente el eslabón sudamericano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordinada.

Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los Estados, la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de los Estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada región y cada país pierden sus rasgos diferenciadores y los Estados pierden autonomía frente a las multinacionales y los Estados del primer mundo.

 

Dos casos: Brasil y Bolivia

Este proyecto de integración afecta de modo diferente a cada país y a cada región del continente pero, a grandes rasgos, pueden definirse “ganadores” y “perdedores” en función de los beneficios o daños resultantes de la implementación de la IIRSA. Uno de los problemas del proyecto es, precisamente, que ahondará las diferencias entre países, regiones y sectores sociales ricos y pobres, ya que todos se integrarán en el mercado mundial de forma desigual, en función de las “ventajas comparativas” que hoy presentan.

Para ejemplificar estas diferencias tomaremos en cuenta dos países: el más pobre del continente, Bolivia, y uno de los países más industrializados del mundo, Brasil.

 

En Bolivia sólo es pobre la mayoría indígena. Cuenta con importantes reservas de hidrocarburos, las segundas del continente luego de las de Venezuela. Tiene además una posición geográfica clave, ya que por su territorio rico en biodiversidad –que va del altiplano andino a la selva amazónica– deben pasar cinco ejes de integración y desarrollo que unen el Pacífico y el Atlántico. Por eso la banca internacional definió en el plan El Cambio para Todos que Bolivia debía convertirse en “país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos”. Como país de tránsito, los corredores de exportación de bienes y servicios formarán parte de importantes proyectos binacionales de generación y distribución de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.

 

Según los planes definidos en la IIRSA, el país se verá abocado a la construcción de una nueva Red Fundamental de Carreteras, que dejan zonas enteras del país aisladas pero conectan las reservas de hidrocarburos con los mercados mundiales. El Eje Interoceánico Central –que une el puerto brasileño de Santos con los chilenos de Arica e Iquique– atraviesa Bolivia por la zona central y es imprescindible para países como Brasil y Chile, que son los más interesados en impulsar el comercio bi-oceánico. El Eje Perú-Brasil-Bolivia permite unir el Estado brasileño de Rondonia con el Pacífico, para sacar la gigantesca producción de soya de ese Estado “aprovechando una de las pocas regiones del continente en el que el cruce de los Andes presenta menores dificultades”. De este modo Bolivia es objeto de grandes inversiones que fraccionan su territorio con cinco corredores.

Brasil está en la situación opuesta. Este tipo de integración exógena le permitiría “avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina, resultado de la estrategia desarrollada desde los 80 de alcanzar el liderazgo regional a través de la incorporación a su zona de influencia de los países de su entorno geográfico más próximo: Argentina, Uruguay, Paraguay, luego Bolivia y Chile, posteriormente los demás países de la Comunidad Andina y luego toda Sudamérica, con el fin de fortalecer su economía frente al ALCA”.

Brasil está en condiciones muy similares a los países del primer mundo a la hora de sacar provecho de la IIRSA. En los hechos, Brasil tiene una relación con los demás países sudamericanos –con la parcial excepción de Argentina– similar a la que tienen los países del centro con los de la periferia. En primer lugar, Brasil es el más interesado en la región en poder sacar su producción industrial y del agrobusiness por el Pacífico. En segundo lugar, son brasileñas algunas de las empresas que construyen parte de la infraestructura, como la Constructora Norberto Odebrecht, que tiene inversiones en casi todos los países de la región, o como la petrolera Petrobras. En tercer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es uno de los principales financiadores de la IIRSA.

El Complejo Río Madera, que es uno de los núcleos del Eje Perú-Brasil-Bolivia, es quizá el mejor ejemplo. Carlos Lessa, ex presidente del BNDES, sostuvo que con ese proyecto “Brasil promueve su propia versión de la conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia, con su megaproyecto que ilustra los sueños de integración de América Latina, en cuyas fronteras está todo por hacer”. El proyecto Complejo Río Madera incluye dos hidroeléctricas en Brasil; esclusas para hacer navegable el río, lo que supone la eliminación de una zona de cachelas que “interrumpen” la navegación; una hidroeléctrica en el Río Beni (Bolivia) y puertos para la hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios (Brasil-Bolivia-Perú). El proyecto permite “la generación de energía en cantidades significativas y a bajo costo y para la consolidación del Polo de Desarrollo del agrobusiness en la región oeste de Brasil y la Amazonía boliviana”, lo que permite la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities.

El proyecto tendrá un enorme impacto ambiental y beneficiará sólo a Brasil. “Las empresas brasileñas se constituirán en el único comprador de toda la energía producida, imponiendo condiciones de compra, contratos y precios”. El proyecto demanda una inversión de U$S 6 mil millones, beneficiará a las brasileñas Odebrecht, Furnas Centrais Elétricas y al grupo Tedesco Maggi (el mayor exportador de soya de Brasil), que ha invertido U$S 100 millones en la navegabilidad del Río Madera, “donde posee la flota más importante de barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte fluvial de 210 mil toneladas por mes”.

Observado en perspectiva, proyectos como el Complejo Río Madera forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios “vacíos”, de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos y confirma la impresión de que “los gobernantes brasileños parecen haber llegado a la conclusión de que el aumento de la competitividad brasileña en el mercado internacional depende, en gran medida, de la integración de Sudamérica”. Sólo habría que agregar que se trata de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado mundial.

* Por Margarita Flórez , Abogada ambientalista. Investigadora de ILSA, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

Notas: http://www.deslinde.org

[1] Fragmento de su intervención durante el Seminario sobre IIRSA auspiciado por BNDES y la CAF, en el 2003. Citado por Guillermo Carvalho, en “La integración Sudamericana y el Brasil: el protagonismo brasileño en la implementación de la IIRSA”. Actino Aid, 2006, página 35.

[2] “Las cumbres hemisféricas surgen en el contexto de reorganizar las relaciones interamericanas, adaptando las discusiones y los procedimientos a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del mundo y de la región” (documento “Antecedentes de las Cumbres de las Américas”. Red Interamericana para la democracia) www.redinter.org [3]www.oea.org/Cumbres

[4] El Secretario de la CAN destaca el papel de IIRSA en la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Comunicado de la CAN, Lima, 23 nov. 2004. Una cartera de proyectos con visión regional de desarrollo fueron destacados hoy en la inauguración de la Sexta Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de la IIRSA. ver aquí

[5] El faraónico proyecto transportará 150 millones de metros cúbicos de combustible a través de la Amazonía. “No tiene coherencia económica”, advierten opositores; comunicadowww.amigransa.org

[6] Ver aquí, En Carvalho, op. cit.

[7] Ver el texto completo de la reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de América del Sur, Plan de Acción para la Integración en la Infraestructura Regional en América del Sur, Comité de Coordinación Técnica, CCT, BID/CAF/Fonplata, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre 2000, en www.iirsa.org

[8]Fue adoptado a continuación de la reunión presidencial realizada entre los días 26 y 27 de julio de 2002 , con ocasión del centésimo octogésimo aniversario del encuentro de los Libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, por los Jefes de Estado de Argentina, Eduardo Duhalde; Bolivia, Jorge Quiroga; Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Chile, Ricardo Lagos; Colombia, Andrés Pastrana; Paraguay, Luis Ángel González Macchi; Perú, Alejandro Toledo; Venezuela, Hugo Chávez Frías; Uruguay, Luis Hierro López, vicepresidente de la República, en representación del presidente Jorge Batlle; Guyana, Samuel R. Insanally, ministro de Relaciones Exteriores, en representación del presidente Bharrat Jagdeo; y Suriname, Maria Elizabeth Levens, ministra de Relaciones Exteriores, en representación del presidente Runaldo Ronald Venetiaan. [9] Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur.Comité de Coordinación Técnica (CCT); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Corporación Andina de Fomento (CAF); Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Montevideo, República Oriental del Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2000.

[10] En “Una visión estratégica para América del Sur”. Sinergia Latinoamericana, Año3, No. 10. Octubre 2003. [11] Ver aquí [12] Fuente: www.oea.org

[13] Informe del Grupo de Trabajo Conjunto XXIX Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) Santiago, Chile. Junio 2003. Secretaría de Cumbres de las Américas. http://www.summit-americas.org/S [14] www.iirsa.org

[15] Ver entre otros documentos en www.iirsa.org : “Un Nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur”, Departamento de Operaciones 3, BID, 2000.[16] Ver aquí [17] Mensaje enviado por alcidesf@riosvivos.org.brFórum Carajás” forumcarajas@elo.com.br - To tge@topica.com -Sent: Tuesday, December 02, 2003 6:41 PM Subject: Re: [GTEnergia] IIRSA.

BNDES libera US $387 milhões para hidrelétricas na Venezuela e no Equador Projetos são os primeiros oficializados dentro da política de integração da infra - estrutura na América do Sul. Oldon Machado, Negócios.2/12/2003.

[18] “BNDS. Según informes de prensa, este banco brasileño otorgó hasta el momento U$S 9.000 millones en préstamos a la región. Argentina, Paraguay y Uruguay son sus principales clientes”. Citado por La Razón, domingo, abril 23 de 2006, La Paz, Bolivia. En el artículo “Evo dejará de contratar créditos no concesionales”. [19] Comunicado de la CAF, Caracas, 31 de mayo 2006, www.caf.org

[20] Comentario de Roberto Salinas, coordinador por Paraguay de la Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica (IIRSA). Pedirán al FMI flexibilizar normativas para invertir. Fuente:http://www.lanacion.com.py 24/05/2005 [21] Y como indicador del cumplimiento de la participación ciudadana, se señala que “existen 67 OSC acreditadas en el marco de las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y otras están en proceso de conseguir la acreditación”. Es decir que nueve años desde la primera Cumbre de las Américas apenas este número de organizaciones se han acercado a las oficinas de enlace nacionales, que son los entes facultados para organizar la participación. Ante este desastre democrático, el Consejo Permanente adoptó la Resolución 840 de 2003, que institucionaliza el diálogo, durante la Asamblea General de la OEA, entre los Jefes de Delegación y las organizaciones de la sociedad civil. www.oea.org

[22] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto de San José; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Declaración de Estocolmo; Declaración de Río; Programa 21; Convenio 169; Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB. [23] a) Sistemas Operativos de Transporte Multimodal; b) Sistemas Operativos de Transporte Aéreo; c) Facilitación de Pasos de Frontera; d) Armonización de políticas regulatorias, de interconexión, de espectro, de estándares técnicos y de universalización de Internet; e) Instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional; f) Marcos normativos de mercados energéticos regionales.

[24] Informe final de la Relatora Especial, Fatma Zohra de 6 de julio de 1994, en el Anexo 1. [25] Taller IIRSA: un modelo de desintegración territorial Viena, 11 de mayo del 2006 co-organizado por Both Ends, Amigos de la Tierra Internacional, Ceades, Ilsa, M'bigua y Sobrevivencia, durante el Encuentro Enlazando Alternativas 2, Viena, mayo 2006 [26] Carta de ONG brasileñas dirigida al presidente Lula da Silva el 6 de Junho de 2006.

[27] 10/03/03. Carta sobre el proceso de actualización de los estudios del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná, Campo Grande, 3 de marzo de 2003. Administrador Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Mark Malloch Brown; Presidente Cooperación Andina de Fomento, Enrique García Secretario Ejecutivo; Comité Intergubernamental de la Hidrovía, Ing. Juan Antonio Basadonnawww.riosvivos.org.br

Ecoportal

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/La_IIRSA_Un_lenguaje_comun

 

En consecuencia, debemos dejar de mirar por los gobiernos progresistas. Es hora de descubrir cómo la autodeterminación de los pueblos del Abya Yala se está creando desde los diversos de abajo que se organizan para convertir en realidad concreta a los buenos vivires. Aprendemos de países que como no tuvieron gobiernos progresistas no atraen como revolucionando significados e implicancias del estar siendo humanos. Sin embargo, comprobemos en qué consiste transformar radicalmente nuestra condena a malvivir o desaparecer por la IIRSA y el Proyecto Mesoamérica.

 

Un movimiento fluido: construyendo

un buen gobierno del agua en México
mayo 2018

 

Gerardo Alatorre Frenk

Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas.

 

Vivimos en un mundo transnacional; una élite global corporativa maneja los flujos financieros y comerciales, la geopolítica, los grandes medios de comunicación; y la mayoría de nuestros gobiernos latinoamericanos son engranes de esa máquina. Esto impacta directamente las políticas de gestión hídrica: además de fomentar la privatización de los servicios de abasto y saneamiento de agua, se impulsan reformas estructurales que buscan asegurar la disponibilidad del líquido para la minería a cielo abierto y los emprendimientos energéticos (hidroelectricidad, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y cultivo de agrocombustibles).

 

Sin embargo, los Estados pueden verse obligados (o están viéndose obligados) a abrir espacio político a otras maneras de concebir e instrumentar la gestión de las cuencas y el agua.

 

Veremos aquí el caso de Agua para Tod@s Agua para la Vida, un ejemplo de cómo están gestándose futuros distintos al que el sistema hegemónico nos presenta como único posible. Quizá en todo el planeta están emergiendo futuros de carácter comunitario, solidario y sustentable; si en ocasiones resulta difícil percibirlos es, probablemente, porque son tan nuevos que faltan palabras para nombrarlos.

Una coyuntura propicia para la defensa del agua y el territorio.

Al ir estructurándose el proyecto corporativo de control del agua como elemento de la acumulación capitalista, y al hacerse visibles sus efectos sociales y ambientales, también van surgiendo otros proyectos, en los que el agua es concebida como un bien común, un elemento vital para los seres humanos y no humanos, y un sustento para la salud, la alimentación y diversas necesidades sociales básicas. Frente a las pretensiones de centralizar la toma de decisiones al servicio de la acumulación de riqueza y poder, surgen actores políticos que buscan instaurar formas de gobierno democráticas y descentralizadas donde las comunidades, a distintas escalas, asumen el control de la gestión del agua y las cuencas. Así va adquiriendo consistencia un poder alternativo, un poder emergente, un contrapoder, que cristaliza en organizaciones, instituciones, redes, programas, agendas de acción política, etc., desde la escala local hasta la mundial.

 

El agua se ha convertido en un campo de batalla y es, a la vez, un poderoso aglutinante político. Actores sociales y políticos con intereses muy distintos convergen cuando del agua se trata, llegando, inclusive, a la alta diplomacia. Una chispa aportada por el Gobierno boliviano encendió en 2010 toda una presión internacional que llevó a la firma, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Resolución que establece el derecho humano al agua y al saneamiento.

 

El Gobierno mexicano suscribió dicha Resolución y, dos años después, el derecho humano al agua quedó plasmado en la Constitución mexicana, reconociéndose la necesidad de una nueva legislación del agua, capaz de garantizar el ejercicio de dicho derecho; la nueva ley habrá de llamarse Ley General de Aguas (LGA). El artículo 4 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […] El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

 

A raíz de esta reforma constitucional se produce en México un fenómeno muy poco común: la sociedad civil se organiza, sin pasar por los partidos políticos, para elaborar una iniciativa ciudadana de ley. Un grupo de profesionistas políticamente activos en distintos lugares del país convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios de agua e investigadores que desde años atrás ya veníamos movilizándonos a escala local, regional o de cuenca, para construir contrapoder en cuestiones ligadas a la gestión del agua. Consideramos que se trataba de una coyuntura favorable para avanzar hacia una más consistente coordinación de esfuerzos, con vistas a incidir políticamente a escala nacional, así como a potenciar, fortalecer y proteger las luchas regionales.

 

En diciembre de 2012 tuvo lugar un primer Congreso Nacional, al que asistimos cerca de 400 personas y así nació la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida (www.aguaparatodos.org.mx), en la cual ha venido participando quien esto escribe. No solo se planteó la redacción de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA); en última instancia, lo que nos convocó fue el propósito de construir lo que llamamos un buen gobierno del agua, es decir una gestión democrática, participativa, descentralizada y sustentable del agua y las cuencas. Actualmente participan en Agua para Tod@s algunos sindicatos, centrales campesinas, comunidades eclesiales de base, periodistas y abogados, además de distintos comités comunitarios de agua, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

¿Cómo se tejen sinergias entre tan diversos actores? ¿Cómo se articulan distintas escalas temporales y espaciales de construcción de contrapoder? ¿Cómo dialogan y se complementan –o no– los distintos saberes, haceres y poderes que confluyen en Agua para Tod@s? Son cuestiones que aquí abordaremos; pero antes, veamos qué es lo que está en juego.

La gestión hídrica en México.

Nuestro país es sumamente contrastante en lo social, lo cultural y lo climático. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, en tanto que algunas familias figuran entre las más acaudaladas del mundo. Hay una importante diversidad étnica, que se refleja, por ejemplo, en los 7,4 millones de hablantes de lenguas originarias, de las que hay más de 70; el náhuatl es la lengua materna de casi dos millones de personas y el maya, de más de 860 000. En cuanto a la diversidad climática e hídrica, todo el norte del país está expuesto a las sequías, mientras en el sur hay zonas que se inundan durante las temporadas de lluvias. Tres millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, y 40 millones sufren las consecuencias de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

 

Son muy diversas las formas de organizar el abasto de agua. En las áreas rurales y semiurbanas de México, las comunidades suelen tener Comités de Agua, encargados de dar mantenimiento a los manantiales o pozos donde las familias se abastecen, y de convocar el trabajo comunitario para dotarse de infraestructura de almacenamiento y distribución del líquido. En el extremo opuesto están las gigantescas obras de infraestructura con que las megalópolis buscan resolver su abasto de agua y el drenaje de las aguas servidas.

 

La política hídrica mexicana ha tenido un carácter centralizador. El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el poder de concesionarlas o no. Aunque desde 2004 ha habido procesos de descentralización, estos no se han traducido en más participación social, comunitaria, sino del sector privado.

En la escala local, el abasto y saneamiento están a cargo de los gobiernos municipales. En general, sus procedimientos de gestión excluyen la participación de los habitantes y, en lugar de ello, propician el clientelismo y la corrupción. Los fondos se manejan, en muchos casos, de manera discrecional, en beneficio de intereses político-partidarios o privados.

La ineficacia de los organismos operadores municipales ha venido utilizándose como argumento a favor de la privatización de los servicios. Al mismo tiempo, como ya dijimos, el agua se convierte en elemento clave para los emprendimientos mineros y energéticos. Estas políticas vulneran el derecho al agua del 10 % de la población del país1, afectaciones que están agudizándose por los ya mencionados contrastes climáticos, que podrían ir acentuándose como consecuencia del cambio climático global.

Distintos proyectos de país, distintas propuestas de LGA.

En 2015, el Gobierno federal mexicano sometió su proyecto de LGA a la aprobación de la legislatura. No lo logró, en parte por las violaciones al reglamento que conllevó su intento de hacerlo en modalidad fast track, y en parte por la fuerte oposición que suscitó por parte de la ciudadanía y sectores de la clase política. Se trataba de un proyecto de ley favorable a los procesos de privatización y al uso de agua para megaproyectos de distinta índole. Además, se perpetuaban con él los esquemas “lineales” y “tuberos” característicos de la actual legislación; lineales, porque sigue planteándose una gestión del agua basada en la secuencia extracción > conducción > utilización > contaminación > desecho, y no un esquema cíclico. Y “tuberos” porque, para abastecer a las poblaciones, se plantea la construcción de obras de conducción, bombeo y trasvase, trayendo agua de donde sea, y afectando a las cuencas y a las comunidades expropiadas, en ocasiones de manera irreversible.

 

Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA) va encaminada a construir un gobierno del agua basado en los principios ético-políticos de sustentabilidad, equidad y participación. El primero establece nuestra responsabilidad de asegurar el acceso al agua tanto para las comunidades humanas como para las demás especies y los ecosistemas. El principio de equidad establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso de la gente al volumen mínimo necesario para cubrir sus necesidades cotidianas, independientemente de su poder adquisitivo, edad, género y lugar de residencia. El de participación postula que es en lo local, en la gestión de los manantiales, arroyos, pozos y tomas de agua, en cada comunidad o colonia, donde pueden potenciarse los saberes de la gente, sus formas de organización y sus mecanismos para planear, conducir y supervisar la gestión del agua. Existe aquí una apuesta por descentralizar los saberes y el poder.

 

En la redacción de la IC-LGA participaron personas de muy distintos sectores: profesionistas de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil, así como equipos de académicos que trabajamos con comunidades rurales y urbanas en temas de gestión territorial. Durante 2012 y 2013 el trabajo se organizó en comisiones que generaron propuestas de políticas para distintos ámbitos temáticos: sistemas municipales de agua y saneamiento, manejo de cuencas, protección de acuíferos, sistemas de concesiones, justicia hídrica, prevención de la contaminación, soberanía hídrico-alimentaria y otros. Un equipo de abogados tradujo estas propuestas al lenguaje jurídico y así se llegó a un borrador final en 2014.

 

Durante 2013 y 2014 se organizaron 99 foros públicos en distintas regiones del país, con la participación de organizaciones de base, asociaciones ciudadanas, instituciones académicas y algunos funcionarios de gobierno y legisladores. De esos foros surgieron propuestas que permitieron afianzar la iniciativa de ley. En febrero de 2015, la Iniciativa Ciudadana de LGA fue presentada a diputados y senadores en un acto público de entrega-recepción y ese mismo mes fue publicada en la Gaceta del Senado, respaldada con las firmas de 22 senadores de cuatro partidos políticos.

 

El proceso de elaboración de la IC-LGA y la conformación de un movimiento nacional por un buen gobierno del agua han conllevado diálogos entre saberes y discursos de muy distinta índole. Un ejemplo ilustrativo concierne a las distintas maneras de concebir y ordenar el territorio: el enfoque de cuenca, que acostumbran emplear los hidrólogos, los geógrafos y los ecólogos, puede ser muy diferente a la territorialidad mítica ancestral, la lógica de gestión productiva y el control agrario en que suele basarse la gestión territorial comunitaria; pero del diálogo entre ellos surgen aprendizajes muy útiles para unos y otros, y las posibles contradicciones se convierten en complementariedades. Asistimos a una ‘polinización cruzada’ entre el saber científico y los saberes arraigados de quienes trabajan en los territorios. En el ámbito de los derechos, se retroalimentan mutuamente las exigencias inmediatas de las comunidades con las reivindicaciones de quienes, en el ámbito nacional e internacional, luchan por mayor transparencia y contra la impunidad de las empresas transnacionales3.

 

La IC-LGA establece prioridades de uso y destino del agua, colocando en primer lugar a los propios ecosistemas, en segundo al consumo personal doméstico y, en tercero, a la soberanía alimentaria. Las concesiones quedarían supeditadas a la disponibilidad del líquido una vez cubierto lo prioritario. En la planeación del manejo del agua y las cuencas, el instrumento central serán los Planes Rectores, que se elaborarán por consenso desde el nivel local.

 

Se trata de una propuesta bien fundamentada en términos técnicos, sociales, políticos, financieros y jurídicos. Señal de ello fue su adopción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, durante un lapso de año y medio (2013-2014).

 

Para la gestión del agua (planeación, ejecución, vigilancia y sanción), la IC-LGA propone un diseño institucional conformado por instancias ciudadanizadas en distintas escalas, respetando los usos y costumbres de las poblaciones, en particular sus formas organizativas. Se busca asegurar el acceso de la gente al agua mediante una gestión integral de las cuencas, y se aplica el principio precautorio: cualquier actividad o proyecto que pudiera significar un riesgo para las comunidades, su territorio y sus aguas necesitará someterse a su consentimiento libre e informado.

Agua para Tod@s está potenciando y enlazando las corrientes de contrapoder que en la dimensión local, regional o institucional ya venían alimentando quienes en ella confluyen. La IC-LGA ha sido un elemento aglutinador, que se complementa con las estrategias para construir, en el aquí y el ahora, un buen gobierno del agua. (De hecho, sabemos que una ley no es suficiente para el ejercicio del contrapoder; numerosas leyes mexicanas, que podrían propiciar una gestión territorial participativa y sustentable, se quedan en el papel cuando la correlación fáctica de fuerzas les es desfavorable.) Pero veamos cuál ha sido la estrategia legislativa.

Estrategias legislativas de construcción de contrapoder.

Prevén las leyes mexicanas dos figuras para dar cabida a las propuestas de política emanadas de la ciudadanía: la Iniciativa ciudadana (que requiere el respaldo de poco más de 100 000 ciudadanxs) y la Consulta popular (que, suscrita por 1,6 millones de ciudadanxs, haría obligatorio el examen de una propuesta de ley por parte del poder legislativo).

 

Ya se han colectado suficientes firmas (con los respectivos números de identificación oficial) para presentar la Iniciativa ciudadana, gracias a la activa participación en la campaña de colecta de diversos sistemas comunitarios del agua, pueblos originarios, estudiantes, investigadores, sindicatos y organizaciones campesinas.

 

Agua para Tod@s ha seguido abriendo espacios de debate, tanto para ir sumando voluntades como para realizar ajustes que requiera la propuesta de ley. En 2015 y 2016, a convocatoria de cinco rectores universitarios, se llevó a cabo el Consenso Nacional por el Agua, proceso de análisis y propuestas con visión nacional e internacional. Se realizaron 23 eventos y foros de trabajo, en los que se generaron propuestas para fortalecer la IC-LGA y se involucró a nuevas organizaciones en su promoción y en la construcción del buen gobierno del agua.

 

Agua para Tod@s ha reflexionado en torno a las perspectivas de las distintas propuestas de LGA en la actual coyuntura política pre-electoral (en 2018 habrá elecciones federales). Actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controla el poder ejecutivo y el Congreso, pero sus perspectivas para las elecciones son sombrías y en lo relacionado con la LGA el propio grupo en el poder está dividido: el PRI no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo federal. La tensión política en torno a la legislación del agua es muy fuerte. Por un lado, a las corporaciones de la energía y de la minería les urge tener en las leyes mexicanas la garantía que eventualmente les permitiría interponer demandas contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI); por otro lado, hay una fuerte oposición, tanto en las organizaciones sociales y en la opinión pública como en parte del aparato estatal, frente a las pretensiones de privatizar la gestión del agua y autorizar su uso para los megaproyectos.

 

Se trata de una cuestión política delicada. Las autoridades saben, por experiencia, que es riesgoso intentar una aprobación fast track de su propuesta de ley: los intentos realizados hasta ahora se han convertido en oportunidades para que Agua para Tod@s, aprovechando los reflectores de la prensa y la opinión pública, dé a conocer ampliamente su contrapropuesta. Es poco probable que el poder ejecutivo federal asuma el costo político de un posible rechazo a su Ley General de Aguas, lo cual permite suponer que será en el sexenio 2018-2024 cuando veremos enfrentarse, en las arenas legislativa y sociopolítica, a las distintas iniciativas de ley.

 

Dos elementos centrales tiene, en este ínterin, la estrategia de Agua para Tod@s: por un lado, se busca redactar e impulsar leyes estatales del agua inspiradas con la IC-LGA; desde 2016 organizaciones de 12 estados del país se han involucrado en este esfuerzo, y han realizado gestiones con diputados locales de diversos partidos para ir generando consensos. Por otro lado, como veremos enseguida, Agua para Tod@s intenta construir –aquí y ahora– un buen gobierno del agua. Para contextualizar, vale la pena hacer un breve recuento histórico. 

 

Estructura agraria y control del agua y el territorio en México.

De la Revolución Mexicana se derivó una constitución agrarista (la de 1917). Durante el reparto agrario del siglo XX pasaron a manos campesinas 100 millones de hectáreas, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rural total del país. Se establecieron aproximadamente 30 000 ejidos y comunidades. El artículo 27 constitucional señala que las aguas, incluyendo las subterráneas, son de la nación; solo pueden usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal. Pero a principios de la década de 1990 asumieron el poder los hijos de la escuela de Chicago y se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN, NAFTA en inglés), para lo cual el Gobierno promovió cambios en la ley minera, la forestal y la Ley de Aguas Nacionales. Se desconocieron los derechos históricos al agua, sustituyéndolos por un sistema único de concesiones que incluye mecanismos para su compra y venta. También se modificó el artículo 27 para establecer un mercado de tierras y desmantelar la propiedad social. Al entrar en vigor el TLCAN, se levantaron en armas las comunidades zapatistas en Chiapas.

 

Un cuarto de siglo después, sin duda ha avanzado la “regularización” de la propiedad ejidal y su transformación en propiedad privada. Pero también se desarrollan, en todo el país, movilizaciones de los pueblos, buscando resguardar el control de sus tierras y aguas frente a amenazas diversas, incluyendo megaproyectos energéticos y de minería metálica a cielo abierto.

 

Combinando acciones jurídicas con el control físico del terreno y con otras diversas estrategias, surgen en todo el país movilizaciones para defender el agua y el territorio. Las comunidades campesinas e indígenas se han venido apoyando en herramientas de defensa jurídica como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena: “1) antes de tomar siquiera la decisión de implementar un proyecto el Estado deberá proporcionar a los pueblos y a las comunidades la información completa, lo cual debe incluir los estudios de impacto social, cultural y ambiental, y 2) antes de expedir cualquier autorización y/o permiso, el Estado deberá realizar la consulta para obtener el consentimiento de la comunidad, la cual deberá celebrarse en su lengua, bajo sus usos y costumbres y durará todo el tiempo que sea necesario”4.

 

La legitimidad internacional del control comunitario sobre los territorios y el agua descansa en la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el Convenio 169 de la OIT, que pone en primer plano a los pueblos originarios, pero que también empieza a respaldar a los pueblos equiparables. Estos, en el caso de México, son los pueblos campesinos o urbanos con raíces culturales mesoamericanas.

 

En Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Sierra Norte de Puebla hay experiencias importantes de control comunitario del territorio. Un ejemplo notable es el del municipio poblano de Cuetzalan. En 2009, a raíz de afectaciones graves al suministro de agua provocadas por proyectos turísticos, se realizó una serie de talleres de diagnóstico comunitario con amplia participación popular y apoyo de un equipo de universitarios. En 2010 este equipo presentó en las comunidades los resultados del diagnóstico y puso a consulta una propuesta de ordenamiento territorial que definía una zonificación del municipio y establecía lo que puede o no hacerse en cada zona. Después de 14 meses de trabajo, en sesión solemne del Cabildo, se aprobó unOrdenamiento Territorial Ecológico, que de esta manera adquirió un estatus de ley y que, desde entonces, permite a las comunidades protegerse de los proyectos energéticos y mineros impulsados por las instancias de gobierno y por diversas empresas. 

 

Construyendo, desde la sociedad civil, un buen gobierno del agua.

Los esfuerzos de Agua para Tod@s y de las organizaciones regionales y comunidades que ahí confluimos van encaminados a construir una gestión democrática, participativa y sustentable del agua, en la cotidianidad de los espacios micro, abarcando, en la medida de lo posible, dimensiones meso, y manteniendo esfuerzos (como la campaña de firmas) para lograr transformaciones en lo macro.

 

Seis ejes estratégicos nos parecen fundamentales: el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, la creación de instancias de contraloría ciudadana, la resistencia frente a los procesos de privatización, la cogestión de cuencas con participación ciudadana, la construcción de capacidades de presión política a partir de la opinión pública y el tejido de redes amplias a escala nacional e internacional. Abordaremos, ahora, cada uno de estos ejes, esperando proporcionar pistas para otros movimientos en México y otras regiones del continente y del mundo.

 

Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua.

Hicimos ya mención de los Comités de Agua, formas organizativas que perviven, como “usos y costumbres”, en numerosas comunidades de México y que han permitido la protección y el mantenimiento de las fuentes de agua (pozos, manantiales, arroyos). Actualmente, estos sistemas se ven sujetos a tensiones políticas, no solo por los intentos de privatización de los servicios de abasto de agua: la ‘municipalización’, término que en otros contextos implica un regreso al control público de los servicios de provisión de agua (después de procesos privatizadores), en estas comunidades puede significar lo contrario: la pérdida de control comunitario al quedar esos servicios a cargo de autoridades municipales que no rinden cuentas, que suelen corromperse y que gestionan el agua de manera clientelar.

 

¿Existe hoy margen político para un control territorial directo por parte de las comunidades? Esto depende tanto de las correlaciones de fuerzas (tensiones y negociaciones entre las distintas partes con intereses en la gestión del agua) como del grado de organización de las propias comunidades. Agua para Tod@s enlaza varias experiencias regionales en las cuencas de la región central del país: la Ciudad de México y el Estado de México. Se han fomentado vínculos entre los sistemas comunitarios y algunas universidades que colaboran en la realización de diagnósticos, el monitoreo de la calidad de sus aguas, el diseño de sistemas de potabilización, y el mapeo y protección de sus zonas de recarga y descarga.

 

Desde 2015 el Sistema de Agua Potable de Tecámac (Estado de México) convocó a integrantes de organismos comunitarios de agua y a investigadores y estudiantes universitarios a debatir en torno a la situación y necesidades de estos órganos. En un evento de ese año varias organizaciones deciden apostar por la profesionalización de los Comités. Les da ánimos un video sobre la lucha de Cochabamba, Bolivia, en 2000, que invita a “recuperar la confianza, la alegría, la transparencia, la reciprocidad y la lucha permanente en el trabajo colectivo de los grupos, así como la capacidad de gestionar y convivir con el agua como un ser vivo y no como un recurso”5.

 

En 2016 Tecámac pone en marcha la Escuelita del Agua, que incluye cursos y talleres de formación y coaprendizaje para que quienes conforman los Comités de Agua de distintas regiones se doten de habilidades organizativas y técnicas (políticas de tarifas, distribución, sustentabilidad económica, manejo de infraestructura). Han tenido logros en el control democrático por parte de las asambleas de usuarios y la rendición de cuentas por parte de las mesas directivas electas.

Las contralorías ciudadanas.

La ciudadanía está formándose y construyendo capacidades para vigilar el desempeño de las autoridades y denunciar casos de incumplimiento. Entre los casos donde están involucradas las organizaciones de Agua para Tod@s están los de Tabasco, Puebla, Saltillo (Coahuila) y Ciudad de México. En algunas delegaciones de esta ciudad, como Xochimilco e Iztapalapa, la vigilancia va dirigida a evitar la sobreextracción de agua subterránea, que ya ha provocado hundimientos graves.

 

A escala nacional, la instauración en 2016 de un Sistema Anticorrupción abre el espacio institucional formal que requiere una Contraloría Social del agua.
 

Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos.

Ha venido reduciéndose el presupuesto de la CONAGUA para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El correspondiente a 2017 tuvo un recorte de 72 % en relación con el de 2016. Suponemos que estas restricciones económicas van encaminadas a ejercer presión sobre los organismos operadores para obligarlos a aceptar la participación privada.

 

Ya se han dado en México procesos de privatización de organismos operadores de agua en algunas poblaciones de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Puebla y Veracruz. El incumplimiento de contratos y de las metas establecidas (con excepción de la eficiencia de cobranza, para lo cual se recurre a cortes de agua a los usuarios morosos), la información incongruente presentada por las empresas concesionarias, la falta de transparencia y la nula de respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios, además de los arreglos subrepticios entre autoridades y socios privados, hacen suponer actos de corrupción.

 

La movilización de organizaciones de usuarios del agua ya logró la remunicipalización de dos de los organismos privatizados (el de Navojoa, Sonora, y el de Ramos Arizpe, Coahuila). Y donde esto no ha sido posible, están desarrollándose luchas importantes.
 

Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas.

Estipulan diversas leyes mexicanas mecanismos para la participación ciudadana en política pública. Desgraciadamente, su alcance es limitado, por falta de autonomía financiera y porque no son vinculantes: solo pueden hacer recomendaciones. Tal es el caso de los Consejos de Cuenca. No dan voto pero sí, a veces, voz a los distintos tipos de usuarios del agua (uso público urbano, agrícola, industrial, etc.) así como a otros sectores interesados (entre ellos, el académico).

 

Varios integrantes de Agua para Tod@s participan o han participado en los Consejos de Cuenca. A través de estos(as) compañeros(as) se ha logrado sensibilizar a algunos de los Consejos de Cuenca. Esto fue palpable en 2016, cuando la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) promovió un proceso de "consulta" sobre la LGA; varios Consejos de Cuenca insistieron en la importancia de integrar las propuestas de la IC-LGA.

 

En algunas regiones hay organizaciones que impulsan esquemas de cogestión de cuencas, en los que se establecen convenios con comunidades rurales y municipios urbanos. Es el caso de la cuenca del río Pixquiac, en Xalapa, Veracruz. Los usuarios urbanos nos “corresponsabilizamos” del cuidado de la cuenca donde se genera el agua que usamos; se incluye en el pago por el servicio de provisión de agua una cuota con la que se constituye un fideicomiso, que a su vez permite financiar programas comunitarios encaminados a un manejo sustentable de la cuenca, que incluyen, por ejemplo, la creación de viveros forestales para la reforestación y la restauración de zonas degradadas, la diversificación de los sistemas productivos, el ecoturismo comunitario y la construcción de estufas ahorradoras de leña.

 

Presencia y visibilidad en el espacio público.

La presencia activa en los espacios públicos de debate y la difusión de información, de manera directa y a través de los medios masivos, han permitido formar una opinión pública que está ejerciendo presión política. Por ejemplo, dar a conocer el recorte de 72 % del presupuesto federal destinado a la Comisión Nacional del Agua en 2017 (en comparación con el de 2016) permitió hacer visibles los planes del Gobierno federal de impulsar la ‘privatización inducida’ de los servicios de agua y saneamiento.

 

Se han dado a conocer los problemas, las luchas y las alternativas viables. Y también se ha recurrido al ciberactivismo, como fue el caso de la movilización vía Change.org en contra de los “Lineamientos” que legalizarían el uso de agua para extraer hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.

 

Ha habido concentraciones masivas en las calles y plazas, y recorridos como la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (convocada por la Tribu Yaqui en 2015). Esta Caravana, siguiendo tres rutas, recorrió durante 10 días el país para confluir en la Ciudad de México. Participaron más de cien organizaciones, pueblos indígenas y movimientos sociales, recorriendo 85 poblaciones rurales y urbanas, y logrando visibilidad en los medios (más de 5000 notas en la prensa, TV y redes sociales). Estos actos masivos permiten aprender todos de todos y también alimentan las esperanzas, pues nos ayudan a recordar que no estamos solos. Si bien el contrapoder se construye en el espacio público, una de sus bases de sustento está en la dimensión subjetiva, donde se genera y se reproduce la motivación de participación.

 

Redes nacionales e internacionales.

El posicionamiento político de las propuestas y acciones de Agua para Tod@s se ha afianzado gracias a los vínculos (solidaridad, apoyo mutuo y confluencia en coyunturas clave) con varias organizaciones campesinas de alcance nacional, universidades, sindicatos importantes como el de telefonistas y redes de índole socioambiental (Alianza Mexicana contra el Fracking, Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, etc.). La relación con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental también ha sido fructífera.

 

También se tejen lazos en la dimensión internacional: con la RedVIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con la Red para el Agua Pública (Reclaiming Public Water) y con organizaciones europeas como Agua de Todos (Portugal), K136 (Tessaloniki, Grecia) y Acqua Benne Comune (Italia).

 

Gradualmente, con ayuda de los “agentes bisagra” (personas u organizaciones familiarizadas con distintos códigos culturales, lingüísticos y organizacionales) se van articulando diferentes ámbitos de lucha.

En síntesis.

La experiencia de Agua para Tod@s muestra los límites y alcances de la organización ciudadana para construir contrapoder. Un día podemos tener la satisfacción de ver suspendido (aunque sea de manera provisional) un proyecto minero o hidroeléctrico, y al día siguiente nos enteramos, con frustración y enojo, de la aprobación (sin consulta ni debate) de leyes que atentan, directamente, contra el derecho humano al agua. Cada vez más gente está alerta y se fortalece la capacidad organizativa en lo local y lo regional, pero subsisten las estructuras que permiten a las instituciones gubernamentales ejercer el poder de manera vertical.

 

¿Qué hemos aprendido, en términos de la construcción de contrapoder? Para comenzar, constatamos la importancia de combinar distintas estrategias; conjuntar las de tipo legislativo y la acción directa sobre los territorios; articular, de manera dialogal y complementaria, a una diversidad de actores, de culturas, de epistemes y de escalas espaciales y temporales. Paralelamente, ir construyendo saber transdisciplinario, a partir del diálogo entre saberes académicos y no académicos. De manera gradual ir articulando, también, distintas escalas: lograr que las luchas locales, arraigadas en territorios concretos, retroalimenten y sean retroalimentadas por los esfuerzos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los universitarios en las escalas regional, nacional e internacional. Tejer sinergias con las luchas por los derechos humanos, por el derecho a la alimentación y a la salud, por el derecho a la información y a la consulta, por el ambiente sano, por el derecho a la diversidad cultural.

En estos tiempos de políticas neoliberales y Estados amafiados, el principal aprendizaje apunta, quizá, a la importancia de mantener las esperanzas de poder construir futuros más sustentables y justos, en los que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho al agua y muchos otros derechos fundamentales.

NOTAS:

1. Valadez Rodríguez, A. (2017). "Las industrias extractivas despojan de agua a 10% de mexicanos: académico", La Jornada,  [consultado el 13 de febrero de 2018].

2. Ver La Jornada del Campo, Nº 80, del 17 de mayo de 2014, sobre El buen gobierno del agua.

3. Ver Alatorre, G. (2015) 'El derecho humano al agua y la movilización ciudadana por cambios legislativos y políticos en la gestión del agua'. En: García López y Travieso (coords.) Derecho y Gestión del Agua, pp. 75-100. Ciudad de México: Ubijus Editorial.

4. Ver el artículo de X. Martínez Esponda (2014): 'Los derechos humanos, la defensa de los pueblos y los proyectos de desarrollo en Veracruz. Historia de un desencuentro'. El Jarocho Cuántico, Suplemento de La Jornada Veracruz. Número especial: 'Ríos y territorio, despojo y resistencias'.

5. Ver artículo

6. Ver Alatorre (2017) 'Apprentissage social et mobilisation citoyenne pour une gestion démocratique, équitable et durable de l’eau au Mexique'. Canadian Journal of Environmental Education, 22:11-26.

SOBRE EL AUTOR

Gerardo Alatorre Frenk es fundador del Grupo de Estudios Ambientales (GEA A.C.), donde trabajó de 1977 a 2000. Tiene una maestría en Desarrollo Rural y un doctorado en Antropología. Desde 2010, es miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Es investigador-activista en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruz y su trabajo académico se centra en promover los aprendizajes que se generan en torno al manejo y defensa del territorio por parte de los movimientos sociales.

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por 
Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.

Fuente: http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10422&n=0