Explotarlos desde niños y criminalizarlos

1) "Las múltiples formas de violencia que involucran a niños y adolescentes adquieren cifras y contornos precisos cuando se trata de inculparlos, incluso de colocarlos en primera fila entre los enemigos públicos  
de la comunidad.

En cambio, se desdibuja y casi naturaliza cuando ellos son objeto de violencia, casos que representan la mayoría, según las estadísticas disponibles".

Marta Vasallo (el Dipló/ marzo 2005) explica que
"las formas específicas de violencia padecida por niños y adolescentes, que fueron el centro de la VI Conferencia Iberoamericana de Niñez y Adolescencia (octubre 2004), están mucho más extendidas 
que la muerte violenta: su explotación en la región.

Trabajan 17,5 millones menores de 18 años, de los cuales 7,5 millones tienen entre 5 y 14 años.(...)
Como trabajadores, los niños y adolescentes se ubican en la franja de mayor precariedad, ya que mayormente trabajan en la economía informal, en tareas agropecuarias; en la zona andina, en minería y fábricas
de ladrillos; en América Central, en fábricas de cohetes; en toda la región, en basurales, pesca y buceo.

El trabajo doméstico es una de las principales actividades de las niñas, un trabajo oculto y plagado de riesgos, sin embargo no reconocidos.
El Convenio 182, adoptado en 1999 por la OIT, es el instrumento legal dirigido a eliminar las peores formas de trabajo infantil, entendiendo por tales aquellas asimilables a la esclavitud:

• venta y tráfico de niños y adolescentes;

• servidumbre por deudas;

• trabajo forzado;

• reclutamiento para conflictos armados;

• utilización, reclutamiento u oferta para prostitución, producción y actuación pornográfica y para producción y tráfico de estupefacientes".

 2) "Un marco teórico que asume, casi naturalmente, que hay una relación directa entre marginalidad, pobreza y delito.

Sobre la base de esta concepción se autoriza a los jueces penales a intervenir en la vida de los niños y de sus familias en supuestos que tienen que ver con lo que la ley llama un estado de peligro, riesgo moral o material".

Mary Beloff (Clarín 3/4/05) prosigue en la entrevista:
"Y esto autorizó intervenciones estatales coactivas que no se rigen por ningún debido proceso, porque dentro de esta lógica no hay ninguna imputación de delito, sino que toda esta intención estatal está dirigida a enderezar, a corregir, a sacar al niño del riesgo, a no punir sino a proteger, a ayudar, a salvar a los niños".

-Claudio Martyniuk le pregunta:
¿Usted sugiere que en ese trabajo de 'salvación', el chico no es tratado como una persona? 

-"Esto es lo que no está dicho. Y el precio que se pagó fue la pérdida de la subjetividad jurídica. Se objetiviza al niño, pero eso pasa con los detenidos, porque esta actitud tiene que ver con la lógica penal. La lógica tutelar es una lógica penal no asumida.(...)".

-Los jueces, que tienen tanto poder sobre los chicos, ¿de qué manera lo ejercen?

-"La función de enderezar al que estaba en la mala senda les corresponde a los jueces de menores, que son jueces penales. 
Este juez tiene más poder que un juez de instrucción, porque puede tomar medidas que afectan no sólo a los niños sino también a la familia.

Y puede hacer, prácticamente, lo que quiera porque no tiene límites: los expedientes son secretos y casi no se permite la presencia del abogado defensor.(...)".

3) "La criminalización de la protesta social no busca más que judicializar la pobreza, es decir, que el solo hecho de ser pobre y estar en condiciones miserables de vida puede dar lugar a causas judiciales.

Se busca con esta medida que las personas que intenten reclamar por sus derechos puedan ser penalizadas, como si estuviesen cometiendo un acto criminal".

León Zimerman (Nuestra Propuesta 21/4/05) denunció:

• "La situación de marginalidad de miles de trabajadores ocupados y desocupados hace que nuestros jóvenes no sólo queden excluidos del sistema de salud, educación, vivienda y toda contención social, 
  sino que son eliminados por la policía del gatillo fácil.
  Para justificar este accionar se criminaliza a las víctimas, poniéndolas en el banquillo de los culpables cuando a los principales asesinos y delincuentes los ampara el poder político y judicial".
   

• "La criminalización de la protesta social es una de las defensas que tiene el sistema económicosocial 
  que dirige al país para mantener los privilegios de los sectores que no fueron afectados por esta crisis.
  El objetivo de esta decisión política es lograr que el conjunto de la población acepte sin reclamo, sin exigir nada, la actual situación económica, como si fuera una cosa natural".