Tengamos presente el enfoque de la «reforma agraria integral» como lucha de clases y como otro desarrollo para indagar su importancia en la construcción de la seguridad imprescindible a todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno. Recordemos que la «reforma agraria integral» de nuestra época es anticapitalista y antiimperialista. Es tarea de nosotros -los diversos de abajo- ponerla en práctica a medida que llevamos a cabo la lucha por emanciparnos de la alianza opresora (de las transnacionales y los capitales dominantes de la globalización financiera con sus socios locales) que nos condena a la inseguridad por desocupación o subocupación; por salario (o jubilación) inferior al costo de la canasta básica; por quita del derecho a acceder a la atención médica y a medicamentos; por precariedad de las condiciones sociales e individuales de vida cotidiana; etc..

Precisamos afianzar la «reforma agraria integral» como programa común y como reestructuración socioeconómica a medida que avanzamos en la batalla por derrocar a la alianza expoliadora. Esto nos exige admitir la desterritorialización, la aculturación y la incomunicación en que el capitalismo nos ha colocado para dominarnos. Es tomar conciencia generalizada de esa realidad para volcarnos a recuperar (o crear) «territorios» hermanados a lo largo y ancho del país-mundo. Significa ejercer lógicas comunitarias por deconstrucción de nuestros hábitos tanto de individualismo como de delegación de la responsabilidad sobre el presente-futuro en quienes ganan elecciones por apoyo de los poderes establecidos, establecidos con terrorismo de estado a partir de mediados de los setenta. Es conseguir el reconocimiento y la confianza mutuos durante la resistencia, en forma conjunta, al actual desarrollo de súper negocios de los capitales cada vez más concentrados y acaparadores de las posibilidades de vida. E ir conformando sociedades con raíces y proyectos compartidos.

Sobre todo, esos territorios como comunidades o sociedades de nuevo tipo se fundan en la unidad de voluntad de derrotar a quienes nos avasallan y de concretar este objetivo mediante constitución de asambleas deliberativas sobre cómo organizarnos para garantizar el «buen vivir» de todos nosotros desde cada comunidad y desde el conjunto en el país, continente, mundo. También para verificar el cumplimiento de lo programado; analizar cómo esos principios y objetivos básicos han dado lugar a iniciativas más adecuadas a la heterogeneidad de los territorios; e incluir los logros, errores, conflictos en la constante revisión crítica (a realizar por cada comunidad local y el conjunto) de cómo se está construyendo la convivencia entre los de abajo y la naturaleza.

Contra nuestro proceso de liberación y de autodeterminación en diversidad progresa hoy, en la Argentina, el kirchnerismo. Brega por reforzar la subsunción socioeconómica de toda la diversidad popular en el funcionamiento del capitalismo a escala planetaria e imponer la conciliación de clases. En diciembre de 2010, el gobierno CFK estableció los pactos sociales en los sectores petrolero, minero, de construcción y en enero de 2011 intentó con el bancario. Esta herramienta para encorsetar a los trabajadores en salarios acordes con la alta rentabilidad de los grandes capitales o sea con la explotación laboral propicia la acumulación oligopólica y hoy tiende a profundizarse mediante:

"Cómo lograr una seguridad democrática" por Horacio Cecchi

“Algunos comisarios pueden representar un problema pero la enorme mayoría de los policías realiza su trabajo con mucho esfuerzo y riesgo”, declaró la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al término del seminario internacional “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina”. El encuentro, convocado por el Acuerdo de Seguridad Democrática, había reunido a expertos nacionales e internacionales y representantes políticos de todo el arco democrático representado en ASD. Durante dos jornadas, el seminario buscó debatir para alcanzar un amplio consenso de base, sobre el modo en que desde la tribuna política se informa la inseguridad a la sociedad, sobre los miedos y su multiplicación geométrica azuzada desde los medios y sobre la presión que genera el reclamo posterior sobre los jueces y las leyes.

“Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y que en el pasado condujeron al terrorismo de Estado”, dijo Garré durante su discurso de clausura, en el que elogió el consenso logrado por la alianza multisectorial Acuerdo de Seguridad Democrática. Unos minutos antes, el auditorio Bioy Casares a pleno, en el Centro Cultural Borges, recibía con un cerrado aplauso la condena a perpetua a Luis Patti. “Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia de seguridad y de conducta policial”, dijo el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS y uno de los integrantes del Acuerdo.

En el auditorio se encontraba, entre otros, León Arslanian, también organizador de la iniciativa y ex ministro de Seguridad bonaerense.

Durante la mesa anterior, referentes del arco político democrático, todos firmantes del ASD, habían debatido sobre los acuerdos básicos a los que se debía llegar para evitar manipulaciones de los discursos punitivistas desde el ámbito político y a través de los medios. En pocas palabras, cómo evitar que un delito sea trasladado a la sociedad multiplicado como una ola de inseguridad, que luego instale la supuesta necesidad de leyes más duras. Estaban en la mesa los diputados nacionales Vilma Ibarra (NE), Felipe Solá (PF), Mónica Fein (PS), María Luisa Storani (UCR), Horacio Alcuaz (GEN) y el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro (FpV), todos firmantes del Acuerdo. En la audiencia se encontraban Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria; Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. El consenso, arduo por tratarse de un año electoral, fue motivo de elogio por la ministra Garré, quien vio con optimismo que se hubiera alcanzado un acuerdo que enfrente “la demagogia punitiva”.

En la mesa de los representantes políticos quedó expuesto principalmente el mensaje mediático de la inseguridad. Solá sostuvo que “el problema es la repetición de la televisión. La letra con sangre entra. Repiten, repiten, repiten y terminan agrandando la información”. Ante esto, Ibarra defendió la importancia de “alcanzar acuerdos fuertes, que permiten pararse frente al miedo” y recordó las presiones que sufrieron los diputados que se enfrentaron a los reclamos en el período de las leyes Blumberg. Fein defendió las mejoras de profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad de su provincia, Santa Fe. Alcuaz se dirigió hacia dentro de los propios partidos, sostuvo una mirada crítica a lo actuado, mencionó las presiones que sufren los diputados para defender una postura no punitivista. Storani sostuvo que “hay que enfrentar estos pedidos y para eso el acuerdo tiene que ser transversal y comprometer a nuestros militantes”. El Chino Navarro volvió sobre los medios y sostuvo que “el negocio de los medios no sólo es el rating. También es tratar de meter miedo, que permite hablar de inseguridad y de presencia policial”.

El caso del jury al juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari fue introducido en el debate. La sola mención de su apellido provoca conmoción en la comunidad judicial, los organismos de derechos humanos y diferentes representantes de la sociedad desde el lunes pasado, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento aceptó iniciarle juicio político. En el debate quedó presente la noción de que el jury a Sal Lari intenta imponer un fuerte mensaje de sujeción de los jueces a la decisión política.

El encuentro de ASD, auspiciado por la oficina regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se desarrolló durante miércoles y jueves y cubrió diferentes aspectos del amplio abanico del concepto de seguridad y las políticas a implementar en una sociedad democrática. Entre los especialistas internacionales participaron Amadeu Recasens i Brunet, ex director de la Escuela de Policía de Cataluña; Gino Costa, ex ministro de Interior de Perú y consultor de la ONU para los Derechos Humanos; Robson Rodrigues, coordinador general de las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro; el periodista Marco Lara Klahr, coordinador del proyecto Violencia y Medios en Insyde. Y una nutrida lista de especialistas argentinos, entre ellos el juez federal Daniel Rafecas; la titular de la Comisión Nacional en materia de drogas, Mónica Cuñarro; Juan Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y Gabriel Kessler, sociólogo del Conicet, entre otros".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-166329-2011-04-15.html

◊"A combatir el delito" por Nicolás Lantos

"Los ciudadanos tendrán un rol mayor en las políticas de combate contra el delito a partir de que se implemente el Plan Nacional de Participación Comunitaria que, a pedido de Cristina Fernández, lanzará el 21 de este mes la ministra Nilda Garré. Se trata de un plan que se aplicará de forma progresiva y prevé la participación de Organizaciones No Gubernamentales y vecinos en la puesta en práctica de programas y el control del accionar de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país, aunque sus primeros pasos se darán en la ciudad de Buenos Aires. “El derecho a la seguridad, deber del Estado, obra de todos” será el slogan con el que buscarán una mayor participación popular en la resolución de esta problemática.

De esta manera, el gobierno nacional busca retomar la iniciativa en un tema que hoy en día es usufructuado por la oposición, que lo tomó como bandera de campaña. La consigna es responder críticas con acciones. En ese sentido, el Plan Nacional de Participación Comunitaria, que había sido anunciado por la ministra Garré en una entrevista con Página/12 hace dos semanas, tiene como finalidad acercar herramientas para que los ciudadanos formen parte activamente de las políticas públicas en el área de seguridad, para mejorar con sus propuestas los planes de trabajo y a su vez controlar la labor policíaca en el día a día.

“Nuestra idea es trabajar intensamente en armar foros que controlen todo el accionar policial y el mapa del delito. La gente es la que más cerca está de todo lo que pasa en cada barrio”, había anticipado Garré. A eso se le agregará la participación de “organizaciones barriales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos y foros participativos” de toda la ciudad. “Hay unas mil quinientas ONG cuyo trabajo, en algún punto, tiene vinculación con temas relacionados con la seguridad”, explican desde el Ministerio. Consultados por este diario informan que hay “más de 600 que ya fueron contactadas, y a partir del anuncio muchas otras se acercarán para participar”.

El plan se lanzará el 21 de este mes y se irá aplicando en forma progresiva con la idea de que esté en funcionamiento pleno para fines de mayo, en coincidencia con el comienzo de la campaña. Para el 21 se prevé una actividad en la Biblioteca Nacional, que incluirá un acto en la explanada de ingreso, donde hablará la ministra; un plenario con especialistas en derechos humanos, seguridad y participación ciudadana, y culminará con cuatro talleres del que formarán parte las ONG que participen del programa y que servirán para comenzar a poner en práctica las primeras mesas barriales.

• El primero de los talleres hará eje en la formación ciudadana y en “la capacitación en el diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana”.

• El segundo, de prevención comunitaria de la violencia, buscará articular esas políticas en una “gestión asociada con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

• El tercero, de prevención y control comunitario, avanzará en la creación de “mesas barriales, planes locales de prevención y evaluación comunitaria del servicio de policía.

• El cuarto taller evaluará los resultados del Operativo Centinela en la provincia de Buenos Aires y buscará, a través de “mesas regionales de articulación comunitaria”, realizar “aportes de la comunidad al funcionamiento del Operativo”que puso a efectivos de Gendarmería a realizar controles en zonas “calientes” del conurbano.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163448-2011-03-04.html

◊"Nilda Garré lanzó el Plan de Participación Comunitaria

La ministra de Seguridad presentó los lineamientos del programa que tiene como objetivo fomentar el involucramiento de la sociedad. Pidió trabajar con una “mirada integral que permita responder de forma múltiple” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Nilda Garré.

“Es una enorme satisfacción estar aquí poniendo en marcha un plan de trabajo que tiene como objetivo la construcción de una política de seguridad que esté en consonancia con el proyecto de profundización de nuestra democracia”. Con estas palabras, la ministra Nilda Garré dio comienzo al plan nacional de Participación Comunitaria en Seguridad.

En la explanada de la Biblioteca Nacional, la funcionaria presentó los lineamientos del programa que tiene como meta que los ciudadanos se involucren en la temática.

“Existe una relación entre la calidad del sistema democrático y el rol que el Estado le reconoce a la ciudadanía en el ámbito de las políticas de seguridad”. Garré propuso tener una “mirada integral que permita responder de forma múltiple a un objetivo irrenunciable como es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas”.

“La optimización de la calidad de nuestro sistema policial tiene mucho trabajo por delante. Esto reclama que desde ahora tengamos claro que no sólo debemos convocar a la ciudadanía, sino que tenemos el deber de articular con otras áreas”, subrayó.

“Hay un compromiso con la construcción de la ciudadanía y el Estado de Derecho como herramientas de inclusión: no podemos darnos el lujo de postergar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno en pos del objetivo común, que es el de promover una mayor seguridad y darle menores chance al enraizamiento de una cultura violenta”, agregó la ministra.

En otro tramo de su discurso, Garré anunció que desde el Ministerio van a firmar acuerdos con instituciones educativas para capacitar a la gente en materia de seguridad. “Vamos a poner en marcha escuelas de participación comunitaria en seguridad, lo que nos permitirá reforzar las capacidades en cada territorio. Vamos a firmar convenios con la Universidad de las Madres y la Facultad de Ciencias Sociales, con quienes hemos acordado una propuesta curricular desde la perspectiva de la educación popular”, dijo.

“Es preciso enmarcar esta propuesta en el modelo de gobierno en sentido amplio. Esta convocatoria es el punto de partida con el que pretendemos poner en marcha un proceso de participación popular progresivamente en todo el país.Queremos construir, de la mano de la comunidad organizada, el ámbito de lo público”, puntualizó la ministra.

Como medidas para desarrollar en ese sentido, Garré indicó: “Proponemos elaborar en cada caso cartografías de prevención que sirvan como diagnostico contra la violencia. No se trata de un espacio virtual que sólo sirve para colorear un espacio cibernético del que nadie se hace cargo. Queremos mapear para corregir, o para reafirmar el rumbo allí donde las cosas se estén haciendo bien”.

Por último, la ministra hizo un llamado a romper con la cultura corporativa dentro de las fuerzas de seguridad. “Esta tarea no será posible si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura del secreto. El principal enemigo de los miles de hombres que hacen su trabajo y arriesgan su vida no es el pueblo, sino la falta de trasparencia que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa del trabajo de sus compañeros”.

Fuente: http://www.elargentino.com/nota-132953-Nilda-Garre-lanzo-el-plan-de-Participacion-Comunitaria.html

En busca de saber qué función de las fuerzas de seguridad se concreta y privilegia en nuestra cotidianeidad, comprobamos que se las despliega en proporciones desmesuradas (y con frecuencia encabezadas por la gendarmería) para la expropiación monopólica de los bienes comunes, la defensa de ese apoderamiento y la implantación de los negocios del poder económico en detrimento de la vida y de su calidad. Ejemplos:

A) Puesta en marcha de la Subestación Rigolleau por Edesur en pleno casco urbano y fuerte Estado policial para garantizar el negocio de suministro a countries en perjuicio de la vida mayoritaria.

El 26 de abril de 2011 la Agencia de Noticias Red Acción difunde convocatoria:

¡LLAMADO A LA RESISTENCIA!

ASAMBLEA PERMANENTE TODOS LOS DIAS 19 HS. EN 145 Y 21

Las próximas horas son cruciales debido a que los obreros siguen trabajando y las obras que vienen realizando desde la calle 142 hasta 144 están a horas de su finalización.

¡Sólo resta una cuadra para la puesta en marcha de la Subestación Rigolleau! DEFENDAMOS ENTRE TODOS LA ÚLTIMA CUADRA SIN CABLEADO.

Frente a la situación de militarización que sufre el barrio Rigolleau desde hace ya una semana, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida se encuentra realizando guardias las 24 hs. del día en calle 21 y 145 ante el inminente avance de EDESUR de la mano de la represión policial. Es así que convocamos a todos los vecinos de Berazategui y a todos aquellos quienes puedan acercarse y sumarse a la resistencia que los vecinos venimos llevando a cabo hace mas de seis años. Invitamos a todos a acercarse sin preocupación, a pesar del chocante vallado policial emplazado en los alrededores para intentar disuadir la libre circulación de la población en general.

Desde la madrugada del día lunes 18 de Abril, tras un avance represivo de la infantería de la policía bonaerense, en un operativo de magnitud desmedida, el barrio se encuentra militarizado. Sumado a esta situación denunciamos: la presencia de oficiales de civil en autos y motos particulares, la mayoría de ellos con patentes viejas; la intimidación que realizan los efectivos filmando, tomando fotografías y amedrentando a vecinos con amenazas improcedentes; y la “cooperación” de una patota rentada que en varias ocasiones pretendió provocar a los vecinos.

Asimismo, los vecinos venimos denunciando las irregularidades técnicas que observamos, a pesar de que las autoridades correspondientes hacen oídos sordos a nuestro reclamo de la obligatoria presencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que en este caso son los responsables directos de controlar las obras. Entre estas irregularidades podemos enumerar: las cuatro roturas del caño maestro de gas, posteriormente emparchado con cámaras de bicicleta, las varias roturas de caños de agua, la rotura del conducto cloacal, sin dejar de lado el accidente sufrido por un obrero que quedó atrapado en un pozo luego de que el mismo se desmoronara provocando también la inestabilidad de un palo de luz que fue apuntalado solo con alambre y madera, y que podría haber causado una electrificación letal, ya que los obreros se encontraban trabajando bajo la lluvia.

Ante el vacío legal y político, los vecinos no bajamos los brazos y responsabilizamos a Edesur, al intendente interino Patricio Mussi, al actual secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi (ex intendente del Municipio de Berazategui) y a las autoridades Provinciales y Nacionales.

Reiteramos el llamado a todos los sectores -sociales, gremiales, políticos, religiosos y ambientalistas- a unirse a esta lucha en defensa de la vida y de un medio ambiente sano y libre de contaminación.

Agradecemos a todos aquellos que ya se sumaron y vienen apoyando la voluntad inquebrantable de los vecinos.

NO a la represión.

NO a la criminalización de la protesta.

¡QUEREMOS LUZ SIN CONTAMINACIÓN!

Exigimos diálogo con las autoridades correspondientes para resolver el conflicto. Traslado inmediato de la Subestación Rigolleau fuera del casco urbano, a una zona no poblada.

- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA -

Fuente: http://www.anred.org /breve.php3?id_breve=6152 26-04-2011

El 27 de Abril de 2010 la Comisión Prensa y Comunicación de la UAC: Unión de Asambleas Ciudadanas contra el saqueo y la contaminación Informa

URGENTE DIFUNDIR COMUNICADO DE PRENSA

LOS VECINOS DECIMOS BASTA

Exigimos la desmilitarización del barrio y el traslado definitivo de la Subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada.

Movilización y corte de vías por tiempo indeterminado en 14 y Lisandro de la Torre, Berazategui, el día jueves 28 de abril a las 8:00 A.M. Concentramos en la esquina de las calles 145 y 21.

La “justicia” ha decidido, descaradamente, respaldar los intereses económicos de la empresa multinacional Edesur con la complicidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ignorando los derechos humanos y los derechos constitucionales del pueblo argentino. Haciendo uso de las fuerzas represivas garantizadas por el Estado, la empresa Edesur, ha establecido un verdadero estado de sitio militarizando con mas de 400 policías el barrio desde hace 10 días, al mejor estilo de la dictadura militar.

La resistencia vecinal en las calles ha logrado pacíficamente frenar esta obra durante 6 años, pidiendo el traslado definitivo de la subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada, en defensa de la vida y de un medio ambiente libre de contaminación.

Por eso hoy más que nunca, habiendo agotado los vecinos todas la instancias legales, hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias este proyecto de muerte y enfermedad, que cuenta además con el respaldo de la Unión Industrial de Berazategui, los intereses inmobiliarios de barrios privados y countries y de la Empresa Rigolleau, quienes serán beneficiarios directos de esta subestación.

Esta lucha ha sido la lucha de toda una comunidad que ejerce su legítimo derecho a la vida y a una sociedad justa, entendiendo que sin salud no tiene sentido el progreso.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, religiosas, culturales y ambientales a unirse a esta lucha de los vecinos en su irrenunciable reclamo por la vida.

• Exigimos el traslado definitivo de la subestación fuera de toda zona poblada.

• Exigimos la desmilitarización del barrio.

• No a la represión, fuera las patotas rentadas por las autoridades.

• No a la criminalización de los reclamos sociales.

• Hacemos responsables de cualquier incidente y todas las consecuencias que deriven de este conflicto, a la empresa Edesur y a las autoridades, a quienes demandamos por no cumplir con sus deberes de funcionarios: garantizar la salud pública y la seguridad de la población.

Contactos: Javier: 1533883785 y Albano:1564539463

LUNES 2 DE MAYO DE 2011 - 13:30hs

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE BERAZATEGUI, POR REPRESION A LOS VECINOS EN SUBESTACION RIGOLLEAU DE BERAZATEGUI

En repudio a la salvaje represión sufrida por los vecinos en la Subestación Rigolleau hoy en horas de la madrugada, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida realiza en estos momentos una ocupación pacífica del Municipio de Berazategui (Av. Mitre y 14).

Hoy, a las 3:30am, aproximadamente 150 efectivos policiales reprimieron con extrema violencia y salvajismo a los vecinos que nos encontrábamos resistiendo pacíficamente en 21 y 145, Berazategui, en contra de la puesta en marcha de la Subestación Rigolleau.

Los efectivos policiales, uniformados y de civil, formaron 2 cordones policiales, acorralando a los vecinos y golpeando de forma extrema con palazos, golpes de puño, escudazos, etc.

Hubo una vecina detenida por acusación falsa, 16 heridos de gravedad, quienes al ser trasladados al hospital Evita Pueblo no fueron atendidos debidamente y se les negaron los certificados de guardia. Se les fueron arrebatadas y posteriormente destruidas las cámaras de compañeros comunicadores.

Asi mismo, anunciamos que la Asamblea realizará sucesivas medidas de fuerza en el transcurso del día y de la semana.

RESPONSABILIZAMOS DE ESTE ACTO DE REPRESIÓN CRIMINAL AL INTENDENTE INTERINO DE BERAZATEGUI JUAN PATRICIO MUSSI, AL EX INTENDENTE DE BERAZATEGUI JUAN JOSE MUSSI (ACTUAL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN), A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES, A LA POLICIA BONAERENSE Y SU CUERPO DE INFANTERIA (ACTORES MATERIALES DE LOS SUCESOS DE REPRESIÓN), Y AL GOBIERNO NACIONAL QUE SIGUE REPRIMIENDO Y DE FORMA CADA VEZ MÁS VIOLENTA LA PROTESTA SOCIAL.

ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA BERAZATEGUI

Adhieren:
CTA, Partido Nuevo Encuentro, CCC - Corriente Clasista y Combativa, Trabajadores del Hospital Evita Pueblo (Berazategui), Coalición Cívica / ARI, Partido Socialista Auténtico, Proyecto Sur, Colectivo Audiovisual del Sur, Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible, Biblioteca Popular Las Vueltas del Caracol, Coordinadora de Artistas y Comunicadores (CAC), Juventud de la CTA de Berazategui, Madres de Plaza de Mayo de Berazategui, Juventud de Frente, PTS, Libres del Sur, Foro Regional del Rio de la Plata en Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, SUTEBA Berazategui, Peronismo Militante, Partido Obrero, MST, La Organización de Trabajadores Radicales, UCR Berazategui, Agrupación 678 Berazategui, Centro de Estudiantes Media nº7, Encuentro por la Memoria la verdad y la Justicia, Coor. Estudiantil "AEIOU", Foro por los Derechos de Los Niños Niñas y Adolescentes, Docentes y Padres de la Escuela da Vinci, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Coordinadora de Organizaciones de Base- COB La Brecha.

Reproducimos Comunicado de Prensa:

Censura a la Libertad de Prensa

Durante los sucesos de represión ocurridos en la madrugada de hoy lunes 2 de mayo de 2011, en las calles 145 y 21 de Berazategui, sufridos por la asamblea de vecinos autoconvocados por la vida en contra de la Subestación Rigolleau, trabajadores de prensa del Colectivo Audiovisual del Sur, nucleados en la agencia de noticias ANRED que se encontraban cubriendo el conflicto fueron violentamente golpeados durante la represión y abiertamente censurados en su actividad periodística y en su derecho de libertad de prensa. http://www.anred.org/article.php3?id_article=4160

-------

B) El acampe por justicia, libertad y recuperación de sus tierras que se levantó por apriete de La Cámpora y la gendarmería sin respetar los tiempos indígenas.

Los miembros de la Comunidad Qom de La Primavera, Formosa, Argentina, que desde hace 5 meses están en Buenos Aires acampando, donde hoy se encuentran por segunda vez en huelga de hambre, "con el propósito de dar su vida por la causa de llegar a vivir en paz con su tierra y de manera digna, y ya no perderla", señala el comunicado de la Comunidad Qom La Primavera. Además denuncian intento de desmonte de 100 hectáreas en Salta contra los Wichí y amenaza de represión de la Gendarmería Nacional contra los Nam Qom que realizan un corte de ruta en Formosa. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado argentino para que garantice la seguridad e integridad física de sus integrantes.

Difundimos el siguiente comunicado de prensa:
SEGUNDO DIA DE HUELGA DE HAMBRE QOM
CRECE LA SOLIDARIDAD
Y EL GOBIERNO MUESTRA QUE NO ES INDIFERENTE, SINO QUE ESTÁ EN CONTRA DE DAR UNA RESOLUCIÓN POSITIVA: AMENAZA CON REPRIMIR

Buenos Aires 26 de abril de 2010
Con escudos y camiones hidrantes, la policía amenaza con reprimir el corte de Avenida de Mayo y 9 de julio en apoyo al reclamo de tierras y justicia, que llevan a cabo, tras la represión, muertes, heridos y desalojo que sufrieron el 23 de noviembre de 2010, ofensiva que padecen permanentemente las comunidades de Pueblos Originarios en sus territorios; los miembros de la Comunidad Qom de La Primavera, Formosa, Argentina, que desde hace 5 meses están en Buenos Aires acampando, donde hoy se encuentran por segunda vez en huelga de hambre, con el propósito de dar su vida por la causa de llegar a vivir en paz con su tierra y de manera digna, y ya no perderla de todos modos olvidados e invisibilizados, como les ocurre cada día por desnutrición, enfermedades, contaminación, exclusión, falta de acceso a la identidad, agua, explotación y todo tipo causas evitables hasta la persecución y represión.

Luego de todo lo padecido la policía de Formosa continúa en La Primavera, en estos momentos está persiguiendo y tratando de asustar a los miembros de la Comunidad en el lugar donde se encuentra la familia de Félix Díaz, teniéndolos casi como rehenes a merced de su violencia y desprecio contra los indígenas, que reclaman por sus derechos. Son mandados por el Gobierno de la provincia. Los tractores han entrado en esas tierras aprestándose a construir la dependencia de la Universidad de Formosa, por la cual les quitaron 600 hectáreas, que es una vergüenza nacional, por aceptar tierras expropiadas a quienes legítima y formalmente pertenecen.

Desde anoche hay un corte total de la ruta 11 a la altura de Nam Qom, a pocos kilómetros de la Capital formoseña, hoy por la mañana llegó la Gendarmería nacional a advertirles que los van a desalojar así tengan que matarlos, a lo que los Qom responden que ahí morirán reclamando por la devolución de tierras y derechos que también deben ser para los indígenas.

En el interior Formoseño en Bartolomé de las Casas, Perín e Ingeniero Juárez miembros de las comunidades Qom llevan a cabo cortes en apoyo, todos tienen el mismo reclamo, de tierras, viviendas y derechos básicos que les son negados. También en Chaco en la zona de Bermejito se solidarizan con tres cortes de ruta. Y se sumarán más. Todos podemos tomar alguna medida de adhesión desde nuestros lugares o acercarnos.

Kollas de Salta y Jujuy se solidarizan, Wichís, Diaguitas, Mapuches, todas las comunidades, naciones, pueblos. Desde todos los sectores del pueblo argentino y del mundo acompañamos el reclamo, es nuestro reclamo. La supervivencia con la tierra es menester de la especie humana que ningún poder puede torcer contra la naturaleza a fuerza de opresión, indiferencia y represión.

Salta se apresta a desmontar 100 mil hectáreas denuncian los Wichí, y ponen el cuerpo al monte como a su propia vida porque la es, y la de todos. No podemos dejarnos solos en esta lucha a la que ningún poder puede oponerse más que el de la naturaleza, porque los que se creen poderosos también son humanos, son aire, son agua, son tierra y destruyendo lo que los compone, se destruyen a sí mismos y su descendencia.

Abramos nuestra sensibilidad ante el reclamo que llevan a cabo los herederos de la sabiduría forjada por la experiencia con esta tierra, que los bárbaros que planearon exterminarlos y aún no pueden. Que no ganen con la difusión por todos los medios de su ignorancia, el espíritu que si no tenemos, podemos recuperar y compartir, de vida, respeto por ella y el medio que la hace posible.

Esta lucha no es contra nadie, los Qom no van a ceder a que los pongan contra sí mismos quienes hacen de eso un modo de vida, que pretenden imponer para todos.

Rita Venturino

Comunidad Qom de La Primavera en huelga de hambre

Nunca renunciaremos a nuestro territorio!

Para más información sobre el tema:

http://comunidadlaprimavera.blogspot.com

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4139

En consecuencia, el Plan de Participación Comunitaria en Seguridad nos constriñe -a los de abajo- a un falso protagonismo ciudadano en cuanto nos aparta del poder de establecer convivencia entre vecinos cada vez más abierta a hermanarse en un nosotros abarcativo de todos los diversos de abajo. Nos apresa en el orden que garantiza el Estado mirando a la seguridad jurídica (o al privilegio de negocios exorbitantes) del poder económico transnacional y transnacionalizado, cuya acumulación monopólica se hace a expensas de la vida mayoritaria. Nos conduce a que prefiramos el supercontrol sobre nosotros a nuestra libertad familiar e individual y a la justicia social. Por eso, no reparamos en la impunidad capitalista e imperialista para promover el Acuerdo de Seguridad Democrática como si fuera obra de nuestra alianza multisectorial, cuando es la de sus partidos políticos y de su sociedad civil. Tampoco así ejercemos Memoria, Verdad y Justicia (por la desinformación reinante) al tener expectativas en Nilda Garré que estuvo al frente de las tropas argentinas que ocupan Haití junto a las otras componentes de la Minustah dirigida por Brasil en acuerdo con sus prácticas militares contra los pobres de las favelas. De ahí la inclinación de Nilda Garré a usar la gendarmería para guardar el orden turístico de la ciudad de Buenos Aires desalojando a los Qom y sumarle 6.000 efectivos más en la provincia de Buenos Aires como su primera medida en la gestión de Ministra de Seguridad de la Nación. Ministerio que es creado como respuesta a la trascendente acción de los sin techo con la toma del Parque Indoamericano ante la situación de emergencia habitacional sin atención por parte de las autoridades. Es decir, que ese Ministerio no tiene el objetivo central de atender a la vida mayoritaria y menos a su calidad, como Nilda Garré aseveró. Para aclarar aún más sobre el refuerzo del Estado policial y no del Estado de derecho, consideremos cómo surge la represión militarizada contra el pueblo de la Gendarmería Nacional.

 

Maristella Svampa y Claudio Pandolfi, en "Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina"*, advierten: "En Argentina, el reemplazo de un semiEstado de providencia por un Estado neoliberal trajo aparejado una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, lo cual se tradujo en la multiplicación de las desigualdades sociales, la concentración económica y la marginalización de vastos sectores de la población. Este proceso de transformaciones, que arrancó en los años ´70, con la última dictadura militar y tuvo su punto de inflexión en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno (19891999), se continuó durante el breve gobierno de la Alianza (19992001) y tiende a encontrar consolidación bajo la gestión actual de N.Kirchner (2003). La instalación de este modelo de exclusión social requirió importantes cambios en las formas de intervención social del Estado: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución –cada vez más masiva de planes sociales y asistencia alimentaria entre las poblaciones afectadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de los conflictos sociales, a través de la represión y la criminalización de los grupos sociales más movilizados. En este artículo nos ocuparemos de abordar algunos aspectos del proceso de criminalización de la protesta social, una de las variables configuradoras de la política neoliberal en América Latina, que encuentra particular énfasis en la Argentina. En efecto, en nuestro país el tratamiento represivo del conflicto social ha sido acompañado por un sostenido proceso de judicialización de la protesta, que eleva a más de 4.000 los procesamientos, registrados principalmente en las regiones y provincias más conflictivas. El número de procesamientos muestra que, lejos de ser casuales, éstos forman parte de una política de Estado, expresada a través de una de las divisiones administrativas del poder estatal – la justicia, que actúa en sus diferentes jurisdicciones (provincial y federal, respectivamente). Desde comienzos de los ´90, el endurecimiento del contexto represivo se tornó visible en el aumento del pertrechamiento de las diferentes fuerzas (policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante(…)".

*El presente artículo retoma partes del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina ,elaborado por el espacio “Alerta Salta”, del cual ambos autores forman parte. Fuente: http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo16.pdf

 

¿Quiénes defienden la vida y los derechos humanos de todos los de abajo? Los pueblos originarios, las organizaciones campesinas y las de los vecinos autoconvocados (sobre todo las asambleas de la UAC) son quienes han comprendido que el actual crecimiento económico es antagónico con las necesidades y aspiraciones populares. Han tomado conciencia de que las condiciones de vida y trabajo están siendo destruidas por las privatizadas, los agronegocios, la megaminería a cielo abierto, la superexplotación pesquera e hidrocarburíferas, los megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios, la IIRSA. Advierten que este modelo se asocia con las redes de trata y prostitución, el narcotráfico, los juegos de azar; etc.. Por lo que disputan territorios a las transnacionales y sus socios locales.

 

Pero conquistar la seguridad de presente y futuro les exige y nos exige realizar la resistencia en mancomún. Enfrentamos un Estado (en todas sus instancias) que legaliza, legitima y subsidia directa e indirectamente la apropiación, el control y el uso del territorio por transnacionales (en alianza con factores locales de poder) para devastarlo o trastocarlos en ambientes artificiales. Es que hoy es central para el poder hegemónico en el capitalismo mundializado tener acceso a los suministros de energía y a los otros recursos estratégicos. La «reforma agraria integral» se practica por transformación de esas distintas resistencias en sociedades con raíces y proyectos compartidos. Pero, claro, antes es imprescindible que nosotros, los de abajo, consigamos reconocimiento y confianza mutuos como producto de nuestras luchas coordinadas entre sí para derrotar al poder económico e imperialista. También precisamos constituir asambleas deliberativas en cada territorio y en el conjunto para proyectar rumbos hacia el buen vivir de todos.

 

Ideología

Hemos constatado que los conceptos de "calidad de vida mayoritaria" y de "delito" para la ministra Nilda Garré, así como para el progresismo e izquierdismo K, se asemejan a los de la ultraderecha pero se contraponen a la concepción del "buen vivir" hacia donde la «reforma agraria integral» se desarrolla. Pero lo principal es que el plan de participación comunitaria sólo procura someternos mediante la infiltración de la creencia de nuestro estar instaurando la paz social cuando, en verdad, consolidamos nuestra situación de prisioneros de un entramado expoliador, mafioso y criminal. Todavía más, nos conduce a identificamos con el poder económico e imperialista y su gobierno-Estado. Con la comunidad organizada, propuesta por Nilda Garré, para construir el ámbito de lo público, nos embaucan y frustran otra vez al constituirse como antinomia de espacio en común y plural. Tal comunidad es organizada para mantenernos circunscritos a cuidar de los pequeños delincuentes y a alertarnos por presencias extrañas a nuestros barrios. Está moldeada -en esencia- para expulsar a los desposeídos, para ejercer supercontroles sobre personas o grupos con comportamientos 'sospechosos', para censurar y estigmatizar el disenso, etc. Peor aún, nos pone bajo la policía y nos conviene recordar:

Policía. Mafia, impunidad y política
Una banda descontrolada

Por: Martín Latorraca ( Sudestada)

Informe especial sobre la organización delictiva más poderosa y ramificada del país. Un mapa que contiene gatillo fácil, manejo del negocio ilegal y vínculos con punteros. El descontrol de la Federal y la Bonaerense. La “nueva” estrategia de seguridad del gobierno: más uniformados en las calles. La impotencia del Estado y la presión de los medios y la derecha. Opinan Carlos Rodríguez, Ricardo Ragendorfer y Alejandra Vallespir.

A fines de la década del sesenta, el periodista Rodolfo Walsh publicó una investigación que desnudaba el sistema represivo y delictivo montado por la policía en esos años; un trabajo donde definía a la corrupción policial con una frase contundente: “La secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata”. Mucho tiempo después, el negocio que se desprende de la actividad policial se diversifica en innumerables ramificaciones, como un eslabón más de un sistema degradado, donde la corrupción y el descontrol son elementos básicos del escenario cotidiano, aun en las instituciones responsables de la seguridad pública.

En este plano, y en muchos casos, la policía asume hoy un lugar clave en la cadena decadente del sistema: es el último eslabón en un marco de descontrol casi absoluto que le permite moverse cada vez con mayor autonomía; es la encargada del trabajo sucio, la responsable del encubrimiento, la recaudación clandestina y la operatividad necesaria para el poder político y el judicial. Sin embargo, en un reciente encuentro organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, buscó por todos los medios discursivos posibles que sus palabras fueran un bálsamo para los oídos de los uniformados federales: “No tengo ningún detalle que me permita iniciar una denuncia, sólo son dichos de vecinos”, expresó Garré con relación al accionar corrupto de la fuerza que dirige. Pero lo que importa no es suscribir la mirada crítica sobre alguna de las fuerzas represivas del Estado, sino sobre todas: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.

En este sentido, la socióloga de la UBA y especialista en criminología, Alejandra Vallespir, en su libro "La policía que supimos conseguir", hace un análisis diametralmente distinto al de Garré:“No se trata de que hay algunos policías buenos y otros malos en una institución subordinada al poder político y de servidores públicos. Sino que hay una única policía que suscribe una doble matriz: por un lado tiene la suscripción a las leyes y por el otro tiene un pacto con los poderes corporativos. Cuando la policía deja de actuar bajo el marco institucional para moverse mediante pactos es cuando estamos en presencia del delito. O sea que la misma estructura que utilizan para combatir el delito la usan para cometerlos. Uno se encuentra que los de robos y hurtos, roban y hurtan; los de defraudaciones y estafas, defraudan y estafan; los de narcotráfico, narcotrafican. Hay una especie de división institucional que ha hecho una organización racional de sus recursos pero en espejo”. Basta con preguntarse cuál es el elemento común que se destaca en los asesinatos de los pibes en José León Suárez, Baradero o Villa Lugano; de María Soledad Morales, Walter Bulacio, José Luis Cabezas, Natalia Mellman, Diego Peralta y Ezequiel Demonty; en la desaparición de tantos, de los cuales conocemos sólo un puñado de nombres: Miguel Bru, Julio López o Luciano Arruga; en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; en la masacre de Villa Ramallo y en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón en 2002, en el asesinato de Mariano Ferreyra este año en Avellaneda, y en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, entre tantos otros. La respuesta a esta serie de sucesos no podría ser más preocupante: en cada uno de los casos mencionados están involucradas, de las formas más disímiles, las fuerzas de seguridad del Estado. Si a los ejemplos expuestos (que podemos mencionar con nombre y apellido y los que, además, han tenido gran repercusión a nivel mediático), se le suman las innumerables denuncias por gatillo fácil, secuestros extorsivos, escuadrones de la muerte, torturas en comisarías, tráfico de armas, narcotráfico, piratería del asfalto, coimas, juego clandestino y trata de blancas; el resultado es lapidario.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº 98 - mayo 2011)
Fuente: http://www.revistasudestada.com.ar/web06/article.php3?id_article=790

Descubrir los verdaderos fines del Ministerio Nacional de Seguridad, vuelve destacable la convocatoria de la Presidenta a "institucionalizar el modelo". Cristina Fernández de Kirchner, como gestora de la gobernabilidad, responde a mandatos del capitalismo mundializado cuyo objetivo es contener los conflictos en cada país ante las contradicciones flagrantes de la acumulación oligopólica (de riquezas e ingresos) con las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías, también a consecuencia de las rebeliones populares en los países periféricos. A diferencia de la etapa neoliberal en que Cavallo-Menem-PJ aplicaron el Consenso de Washington sin anestesia, en la actual desposesión territorial se programa y ejerce seducción segmentada en acuerdo con la diversidad de los de abajo. Implica llevar a cabo el neoinstitucionalismo económico que hace centro en la intervención del gobierno-Estado para debilitar y acotar la actuación de los distintos de abajo. Los de abajo somos incluidos en instituciones con sus respectivas normas, valores, objetivos y planes que convergen a garantizar el clima de supernegocios del bloque dominante. Es decir, nuestros comportamientos son modelados en consonancia con la seguridad jurídica de los opresores abusando de nuestras pobrezas, marginalidades, vanidades, e ideologías erróneas. De esta manera, el crecimiento económico puede continuar profundizando la desigualdad e injusticia social sin mayores conflictos.

Para aclarar, fragmento y subtitulo la entrevista de Verónica Gago y Diego Sztulwark (Página 12) al ecuatoriano Pablo Dávalos, "asesor de la Conaie, la organización indígena más grande del Ecuador, miembro de Clacso y profesor universitario. Pablo Dávalos advierte sobre el “neoinstitucionalismo”, la continuación, dice, del neoliberalismo por otros medios. Las políticas extractivistas en América latina y el significado del sumak kawsay, la filosofía originaria del “buen vivir”, que en Ecuador está incorporada a la Constitución". La nota se titula:

El ecuatoriano Pablo Dávalos y sus reflexiones sobre el posneoliberalismo

“El centro del problema no es el neoliberalismo, es el capitalismo”

Analicemos:

"–Una de las paradojas más visibles en Ecuador es que a la vez que es una economía dolarizada, tiene la legislación más avanzada sobre “el buen vivir”. ¿Cómo conviven esas dos realidades? ¿Qué materialidad tiene, más allá del texto constitucional, la cuestión del buen vivir?–Nosotros utilizamos el dólar para todas las transacciones, no tenemos moneda nacional. La pérdida de la moneda nacional se dio en la crisis financiera que tuvimos en 1999 y 2000. En esa crisis, los bancos implosionaron, produjeron una grave situación de conmoción y el gobierno de ese entonces optó por rescatarlos con recursos públicos, entre ellos, la moneda nacional. Las consecuencias fueron una devaluación y una inflación sin precedentes en el Ecuador que determinaron el fin de la moneda nacional y la adopción del dólar. Los dólares entonces tienen que venir necesariamente por la vía del comercio exterior. Eso ha obligado a que la economía ecuatoriana sea muy abierta con relación a los mercados mundiales. Al estar muy abiertos, somos muy vulnerables. El esquema de dolarización se ha sostenido, básicamente, por las remesas que envían los migrantes. En el año 2006, esas remesas alcanzaron un punto de 3000 millones de dólares, que para una economía tan pequeña como la ecuatoriana es muy significativo. Y, además, por la coyuntura de los altos precios del petróleo: en el año 2008, cada barril de petróleo se incrementó por sobre los 100 dólares, que para una economía que exporta petróleo como la ecuatoriana es también muy significativo.

–Es decir que la dolarización se sostiene por ingresos externos... –Estas dos fuentes, el petróleo y las remesas, han sostenido la dolarización hasta el día de hoy, lo que ha significado que la economía ecuatoriana se convierta en una economía de rentistas, de consumo, en la que no hay producción. Eso también se puede visualizar en el hecho de que el desempleo –el abierto y el encubierto (es decir el subempleo)– alcanzan al 60 por ciento de la población económicamente activa de Ecuador. Es decir, cada 100 ecuatorianos en capacidad de trabajar apenas 40 ecuatorianos tienen empleo formal. El resto no tiene empleo y tiene que buscar estrategias de sobrevivencia. La dolarización ha trastrocado también el sistema de precios. En este momento, nuestra canasta familiar está sobre los 550 dólares, mientras que el salario mínimo vital está en 240 dólares. La poca industria nacional que queda es más bien complementaria a las importaciones. Esto también ha significado que el poder de los bancos se vaya concentrando cada vez más, porque son los que determinan a quiénes entregan créditos para la dolarización, y en función de esa capacidad de arbitraje se le otorga un enorme poder al sistema financiero.

–¿Qué se plantea desde el gobierno actual frente a esta situación? –El gobierno necesita dólares y tiene que apostar a garantizar su mayor entrada. Pero como no hay industria, la única forma por la cual esos dólares ingresan es por la vía del endeudamiento y por la vía de la renta de los recursos naturales. No existen otras fuentes. Por un lado, el gobierno ha empezado un agresivo proceso de endeudamiento, sobre todo con China. En los últimos meses del año 2010 ha suscrito convenios bilaterales con China por cerca de 5 mil millones de dólares y ha entregado el petróleo como garantía de pago de esa deuda. Y la otra apuesta del gobierno de Rafael Correa está en ingresar a la extracción de recursos naturales, en especial la minería y los servicios ambientales".

"–¿Qué tipo de propuesta surge de los movimientos sociales? –Ante eso, los movimientos sociales, y en especial el movimiento indígena, han propuesto un nuevo paradigma de vivencia y convivencia que no se asienta ni en el desarrollo, ni en la noción de crecimiento, sino en nociones diferentes como la convivialidad, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad. Este nuevo paradigma o esta nueva cosmovisión es denominada como la teoría de sumak kawsay o el “buen vivir” y efectivamente ha sido recogida en la Constitución ecuatoriana como régimen alternativo de desarrollo.

–¿Podría definir los puntos centrales de su carácter alternativo? –En primer lugar, hay que romper las individualidades estratégicas, porque en el capitalismo uno piensa primero en sí mismo, uno dice “primero yo, yo soy ciudadano, yo soy consumidor, yo maximizo mis propios beneficios y utilidades”. La noción de sumak kawsay plantea una solidaridad de los seres humanos consigo mismos, que ha sido rota por el discurso del liberalismo. Pero, a diferencia del discurso del socialismo –que planteaba una relación con una sociedad más grande, y de esta sociedad con el Estado–, en el discurso del sumak kawsay la relación del individuo ya no es con el Estado sino con su sociedad más inmediata, con su comunidad, de donde los seres humanos tienen sus referentes más cercanos. Y esta sociedad a su vez se relaciona con otras sociedades más grandes de tal manera que las estructuras de poder se construyen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Lo segundo que plantea el sumak kawsay es quitarnos de la cabeza la noción de que más es preferible a menos. Es decir, de que siempre tenemos que producir y tener más según reza el paradigma del desarrollo, del crecimiento, de la acumulación. Y a no ver en los objetos la ontología de los seres humanos.

–Eso supone casi un cambio radical en los modos de vida... –Por eso lo tercero tiene que ver con la dimensión del tiempo. Nosotros creemos que el tiempo es lineal y, por tanto, creemos en la acumulación. La estructura del tiempo que en este momento pertenece al capital. El sumak kawsay plantea devolverle a la sociedad el tiempo: una noción de temporalidad donde el tiempo pueda ser circular abierto. Un cuarto elemento es conferirle un sentido ético a la convivencia humana. Para el liberalismo puede haber democracia política pero no puede haber democracia económica, por eso la formación de utilidades de las empresas y de los consumidores no tiene absolutamente nada que ver con la ética. El sumak kawsay propone un cambio en ese sentido: ya no puedo enmascarar decisiones sociales en nombre de un consumo individual. Y eso significa que los recursos que han sido producidos por la explotación laboral o la depredación ambiental ya no pueden ser objetos del intercambio social. Hemos ahora logrado cierta legislación, por ejemplo para defendernos de la esclavitud o del trabajo infantil. Pero tenemos que avanzar más allá".

"–Cuando se habla de alternativa en el Cono Sur, generalmente se postula al neodesarrollismo contra el neoliberalismo. ¿Cuáles serían los rasgos alternativos a esta vía neodesarrollista que hoy es la que tiene un consenso relativo en la región?–El centro del problema no es el neoliberalismo. El centro del problema es el capitalismo. El neoliberalismo es una forma que asume el capitalismo, una forma concentrada en el poder que tienen las corporaciones y el capital financiero-especulativo. El capitalismo puede crear nuevas formas ideológicas, políticas, simbólicas, y un modo de reinventarse y lograr legitimidad a través de estas formas que ni siquiera son keynesianas, sino neodesarrollistas. Y fundamentalmente implican pensar que si nosotros explotamos la naturaleza vamos a tener recursos para hacer obra social. Eso es un engaño; como fue aquello que se decía en la época del neoliberalismo: que si privatizábamos absolutamente todo, íbamos a tener estabilidad económica. Finalmente, nunca tuvimos estabilidad económica. Igual ahora: si explotamos todos los recursos de la naturaleza, tampoco vamos a tener recursos para el sector social, ni tampoco recursos para el pleno empleo.

–¿Usted advierte sobre la capacidad del neoliberalismo para reinventarse? –Estamos viendo cómo América latina entra en un proceso de reconversión caracterizado por la desindustrialización y la producción básicamente de commodities basadas en materias primas, donde los gobiernos utilizan el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el despojo territorial, que significa la propiedad de pueblos ancestrales, para poner esos recursos naturales a circular en la órbita del capital. El neoliberalismo, a través del Consenso de Washington y las políticas del FMI y del Banco Mundial, adecuaron las economías en función de las necesidades del sistema-mundo, pero eso no significa que el neoliberalismo haya alcanzado las metas de estabilidad macroeconómica, ni mucho menos. Ahora estamos pasando a una nueva dinámica sustentada en la producción y en la renta de materias primas. Hay que estar atentos a los discursos que quieren justificar estas derivas extractivistas. El sistema que llamamos capitalismo tiene que ser cambiado, con las relaciones de poder que lo atraviesan, con los imaginarios que lo constituyen. El capitalismo tiene que ir al archivo de la historia de la humanidad, porque si sigue simplemente va a poner en riesgo a la vida humana sobre el planeta Tierra.

–Desde su perspectiva, el neodesarrollismo es compatible con el liberalismo. ¿Tiene esto que ver con cierto giro en las “recetas” de los organismos internacionales como el Banco Mundial?–Es una pregunta muy pertinente, y pongo un ejemplo clarísimo. En América latina, ¿dónde han visto algún debate, algún texto, que critique al neoinstitucionalismo económico? Pero resulta que el neoinstitucionalismo económico es la doctrina, es el corpus teórico-analítico-epistemológico que está conduciendo las transformaciones y el cambio institucional de América latina y el mundo. Los penúltimos Premios Nobel de Economía, Elinor Ostrom y Oliver Williamson, son Premios Nobel institucionalistas. Joseph Stiglitz, a quien seguramente conocen bien en la Argentina, es un Premio Nobel institucionalista. También Douglas North de 1993 o Gary Becker de 1992. El institucionalismo plantea un discurso crítico a los mercados. Hay un texto de Stiglitz que se llama “El malestar en la globalización” publicado a inicios de 2000, donde se convierte en el más duro crítico del FMI y lo acusa de cosas que nosotros desde la izquierda lo habíamos acusado ya en la década del ’80. ¡Pero resulta que entonces Stiglitz era presidente del Banco Mundial! Es decir, trabajaba en Washington en la oficina de enfrente a la del FMI. Esto se explica porque tienes al Banco Mundial realizando estudios a propósito de la reactivación del Estado; hay uno de 1997 que se llama “Reconstruyendo el Estado”, en el que plantea la forma por la cual tienes que reconstruir el Estado y la institucionalidad pública. Pero también recomienda la participación ciudadana, la democracia directa, el respeto a la naturaleza, la eliminación de la flexibilización laboral, etc. Entonces, una de dos: o el Banco Mundial se hizo de izquierda, o la izquierda se hizo del Banco Mundial.

–¿Cuál es su respuesta? –Es necesario empezar a indagar y a posicionar los debates económicos. Porque en la década de los ’80 teníamos en claro lo que significaba el Consenso de Washington y el neoliberalismo. En la versión de Friedman, de Hayek, de Von Mises o de los neoliberales criollos, como Cavallo. Ahora bien, resulta que el neoliberalismo va cambiando, va mutando; el capitalismo de 2000 no es el capitalismo de 1990, en absoluto. Por eso es que ahora acude a otros expedientes teóricos mucho más complejos, con una epistéme más interdisciplinaria. ¿Y qué hacemos nosotros en la izquierda? ¡Nos quedamos criticando el Consenso de Washington cuando el Consenso de Washington ya ha sido criticado por el mismo FMI e incluso por el Banco Mundial! Y resulta que ahora, en la década del 2010 vemos cómo los cambios teóricos se dan hacia el neoinstitucionalismo y la izquierda latinoamericana no han creado su oportunidad de debatir, analizar y discutir con el neoinstitucionalismo económico. No podemos quedarnos en los marcos epistemológicos que justifican la nueva imposición neoliberal. Por eso, nosotros hablamos de postneoliberalismo, aquí en el Ecuador, para referirnos a la etapa del cambio institucional".
Fuente: http://www.rebelion.org / Ecuador/ 12-04-2011

-------------------------

◊Podemos preguntarnos cómo se expresa el neoinstitucionalismo económico en Argentina bajo gestión CFK:

• Una es la extensión del estado de excepción en las cárceles (superpobladas de excluidos por el sistema de saqueo) a los asentamientos precarios que resultan, sobre todo, de la expulsión de campesinos e indígenas de sus territorios. De modo que a quienes se despoja de derechos básicos se los rinde mediante terrorismo de estado y narcotráfico.

• Otra consiste en la apropiación de creaciones subversivas tales como la autogestión territorial por los trabajadores desocupados y la autogestión de empresas que sus trabajadores recuperan. Apunta no sólo a quebrar y fragmentar ese ejercicio de autonomía sino también a incluir los excluidos (por el modelo) en una economía social, solidaria o cooperativa que los contenga, los hunda en el cotidianeidad de supervivencia y los subordine a sostener la representatividad de CFK. Lo fundamental es que amplía y refuerza el desentendimiento masivo de que la actual mercantilización totalitaria de la naturaleza y la territorialidad de dominación destruyen las condiciones de vida y trabajo en el país-continente-mundo. Es decir, los conduce a evadirse de la realidad concreta determinada por el raudo crecimiento de los agronegocios; la megaminería a cielo abierto; la superexplotación pesquera e hidrocarburíferas; los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios y de la IIRSA.

Por supuesto, pasará un tiempo y los que pueden expresarse en los medios acusarán a los de abajo de haber sido los que votaron a los Kirchner. Es lo que hace Ricardo Foster hoy respecto al menemismo. Casi al finalizar su nota, señala: "El menemismo le compró el alma a un amplio sector de argentinos que estuvieron dispuestos a vender el futuro de sus hijos en nombre de la quimera primermundista (...). Nada, o demasiado poco, quedó de aquella otra sociedad articulada desde la lógica de la solidaridad y de la equidad; de aquellas experiencias de ciudadanía que apuntaron a la integración y a la multiplicación de la esfera pública como ámbito de encuentro y de acción transformadora.

Junto con la rapiña del Estado, el menemismo desbastó el ámbito de lo público y deslegitimó los lenguajes de la política llevándolos exclusivamente a la zona espuria de la corrupción y de las cuestiones judiciales. Lo que se vació de contenido fue precisamente aquello que habilita a la creación de una ciudadanía más democrática y participativa reduciéndola a masa anónima de ciudadanos consumidores, de votantes culposos (...).

Por eso, constituye un desafío de primer orden rediseñar las condiciones políticas y culturales que hagan posible torcer el rumbo fijado por la ideología neoliberal que logró horadar los núcleos igualitaristas (...)".Fuente: revista Caras y Caretas Año 48- Nº 2.232/ marzo de 2009

Ricardo Foster sataniza al menemismo ocultando que fue posible gracias al Partido Justicialista vertebrando los 'feudos' provinciales y adueñándose de un sindicalismo en connivencia con la gran burguesía. Por supuesto, soslaya que también los gobiernos K se sostienen por el contubernio del PJ y la CGT con el poder económico e imperialista. Además, encubre que el menemismo consolidó el proceso de reestructuración ya instaurado ( por la alianza de las grandes burguesías imperialistas con todos los factores locales de poder) mediante Estado terrorista y continuado por el gobierno constitucional de Alfonsín. Tampoco destapa al Consenso de Washington ni como las privatizadas, el supermercadismo y las cadenas de comida rápida nos han convertido en su clientela cautiva y despojado de derechos básicos a la condición humana para mercantilizarlos. Los elude porque se basa en la lógica del pacto social de impunidad oligopólica en contra de la seguridad jurídica de los de abajo. Comparte con el acuerdo social o mesa de diálogo tripartito que los de abajo no debemos rebelarnos contra quienes nos condenan a malvivir y por eso, rechaza a la gran movilización popular contra el neoliberalismo que se dio el 19 y 20 de diciembre de 2001, más demoniza al movimiento de las asambleas populares. Es que, como los intelectuales de Carta Abierta, pretende uniformarnos en un hacer política de modo 'correcto', en un pensamiento dicotómico o maniqueísta que -como el pensamiento único de los noventa- censura la puesta en debate del modelo en beneficio del sistema capitalista mundializado.

José Nun precisa más qué persiguen los intelectuales progresistas K. Dice que "la autonomía moral exige un grado razonable de seguridad económica que la sustente y los conocimientos, la posibilidad de un acceso informado y crítico a las alternativas políticas disponibles. Tal es la inspiración básica de los programas de construcción de ciudadanía en los que muchos nos empeñamos desde comienzos de esta década, cuando la crisis económica empujó a la miseria a más de la mitad de los argentinos. En un contexto así, el clientelismo se había vuelto una solución bastante racional en tiempos electorales.

Sólo que hoy comprobamos que a ese problema se le suma otro: el de la «reconstrucción de la ciudadanía», en el contexto de lo que Robert Reich rebautizó como "supercapitalismo". Concierne a capas considerables de la población que no son pobres pero que fueron tenazmente trabajadas por la prédica mediática de dirigentes camaleónicos y de periodistas bien pagos por las grandes corporaciones que carecen de acceso informado y crítico o directamente perdieron todo interés en la política.

Las consecuencias están a la vista: el «que se vayan todos» no acompañado de un esfuerzo sostenido de participación y de discusión ideológica condujo a un resultado esperable. "Se quedaron todos" y en una alarmante cantidad de casos, disfrazados de aquello que no son".Fuente: revista Caras y Caretas Año 48- Nº 2.232/ marzo de 2009

José Nun pone de manifiesto su cinismo al justificar los aparatos clientelares que todavía están en plena vigencia y al invertir la realidad de las consecuencias. En efecto, a partir del año 2003 Néstor Kirchner hizo posible que todos los componentes del Estado opresor -incluso él y su esposa- volvieran a su función de privilegiar al poder económico e imperialista a expensas de la insatisfacción de necesidades e intereses populares y lo consiguió simulando estar identificado con los reclamos más sentidos y reivindicados por los de abajo. Más nada habría conseguido si la gran burguesía transnacional y sus socios locales no hubieran establecido otro modo de continuar profundizando la apropiación tanto económica como territorial de Argentina.

José Nun habla de la maceración ideológica o lavado de cerebro durante los noventa pero, desde su cargo de Secretario de Cultura de la Nación, intenta de otra manera lo que procura hoy el proyecto de "comunidad organizada" de Nilda Garré desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. En efecto, señala desde su posición de docto menospreciador de la diversidad e iniciativa popular:"casi no se habla de la corrupción del conocimiento de la realidad que acompañó a la económica y está destruyendo el sentido cívico de la población sin que sus víctimas siquiera se enteren. O peor aun, que se crean los verdaderos custodios de la democracia cuando no hacen nada para ser partes activas de ella.

Es fundamental la construcción de ciudadanía; pero también lo es su reconstrucción, antes de que una derecha rapaz y una izquierda boba nos precipiten otra vez al abismo del que tan costosamente se vino saliendo en los últimos años (...)". Fuente: revista Caras y Caretas Año 48- Nº 2.232/ marzo de 2009

◊Podemos preguntarnos qué persiguen los intelectuales K con la construcción y reconstrucción de ciudadanía. Nos aclara Pablo C.V. (Rebelión) que nos explica sobre la «sociedad civil burguesa»:"Para Gramsci, la SCB actúa de modo complementario a los aparatos coercitivos de la sociedad política (superestructura). Según el filósofo cubano Jorge Luis Acanda la versión gramsciana de la SCB se puede definir como:

“el conjunto de organismos vulgarmente considerados 'privados', que posibilitan la dirección intelectual y moral de la sociedad mediante la formación del consentimiento y la adhesión de masas. La sociedad civil está articulada por múltiples organizaciones sociales, de carácter cultural, educativo, religioso, pero también político e incluso económico. Por mediación de ella se difunden la ideología, los intereses y los valores de la clase que domina al Estado, y se articula el consenso y la dirección moral e intelectual del conjunto social. En ésta se forma la voluntad colectiva, se articula la estructura material de la cultura, y se organiza el consentimiento y la adhesión de las clases dominadas”.

La violencia estatal es condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento del status quo. La condición de suficiencia la otorga la legitimidad. De la misma manera que el Antiguo Régimen necesitaba de la religión como fuente de legitimidad del poder, las sociedades modernas necesitan del 'consenso social' como fuente de legitimidad. La producción de consenso social es la principal tarea de la SCB. Ésta es toda esa anatomía social, mediática y cultural, con su opinión pública y publicada, de la democracia burguesa desarrollada, que sirve para absorber las contradicciones internas del sistema, difundiendo 'hacia abajo' la ideología dominante y filtrando 'hacia arriba' la protesta social y las iniciativas colectivas hasta adaptarlas a los intereses de la burguesía. En definitiva, mientras que el Estado tiene el monopolio de la violencia, la SC es el gran organismo gestor del monopolio de la paz social". Fuente:www.rebelion.org / Opinión/ 01-03-09

La intelectualidad K como la 'Mesa de diálogo' batallan por instalar un imaginario social en contra de la lucha de los de abajo por sus reivindicaciones y bloquear la ruptura con la enajenación de la soberanía popular. Saben que sólo por esas luchas y elaboraciones, los diversos de abajo podrán establecer encuentros e intercambios que irán definiendo su toma de conciencia sobre la impunidad del poder económico e imperialista que sigue creciendo en opulencia y omnipotencia por apoderamiento de bienes comunes sociales y naturales e inclusión de nosotros en la pobreza cada vez más estructural.

Quizás dentro de la intelectualidad K no todos sus integrantes sean concientes sobre qué están favoreciendo pero lo cierto es que nos inculcan e imponen la conciliación con quienes han planificado la miseria en forma de despidos masivos, de profundización de la desigualdad social, de flexibilización y precarización laboral, de salarios que no cubren la canasta familiar, de extensas jornadas laborales, de regresivo régimen tributario, de desmantelamiento del sector público, etc.

En esa conciliación perversa está el pago de la estafa oficializada como deuda pública externa y que Cristina Fernández de Kirchner destaca como su responsabilidad central, cuando ese mecanismo de eterna transferencia de riquezas e ingresos hacia quienes dominan la globalización financiera desmantela al sector público ya en situación de emergencia, promueve los agronegocios, mantiene la regresividad del régimen tributario, tortura y mata a los jubilados-pensionados tanto por haberes de miseria como por el PAMI saqueado, etc.

La Presidenta dice identificarse con la lucha contra la impunidad de los genocidas militares y policías pero:

Eduardo M. Basualdo define cómo se estableció el poder real de Argentina en "Las características generales de la valorización financiera en la argentina (1976-2001)": "El régimen social de acumulación que impuso la dictadura militar, interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones, constituyó un caso particular del nuevo funcionamiento de la economía mundial, quizás el más profundo y excluyente en América Latina en términos relativos. Al igual que lo que ocurrió en la economía capitalista, en la sociedad argentina se impuso un planteo donde la valorización financiera del capital devino como el eje ordenador de las relaciones económicas, lo cual, por cierto, no aludió únicamente a la importancia que adquirió el sector financiero en la absorción y asignación del excedente sino a un proceso más abarcativo que revolucionó el comportamiento microeconómico de las grandes firmas oligopólicas, así como el de la economía en su conjunto.Ciertamente, la deuda externa y específicamente la del sector privado cumplieron un papel decisivo en esta etapa porque el núcleo central del nuevo patrón de acumulación estuvo basado en la valorización financiera que realizó el capital oligopólico local –constituido por los grupos económicos locales y los intereses extranjeros radicados en el país– a partir de la misma.

Específicamente, se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) para valorizarlos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional y posteriormente fugarlos al exterior. De esta manera, a diferencia de lo que ocurría durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, la fuga de capitales al exterior estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo porque este último ya no constituyó, en lo fundamental, una forma de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo sino un instrumento para obtener renta financiera dado que la tasa de interés interna (a la cual se coloca el dinero) era sistemáticamente superior al costo del endeudamiento externo en el mercado internacional. Indudablemente, este proceso no hubiera sido factible sin una modificación en la naturaleza del Estado que, desde este punto de vista, se expresó al menos en tres procesos fundamentales.

• El primero de ellos radicó en que gracias al endeudamiento del sector público en el mercado financiero interno –donde es el mayor tomador de crédito– la tasa de interés en dicho mercado superó sistemáticamente al costo del endeudamiento en el mercado internacional.

• El segundo consistió en que el endeudamiento externo estatal fue el que posibilitó la fuga de capitales locales al exterior, al proveer las divisas necesarias para que ello fuese posible.

• El tercero y último fue la subordinación estatal a la nueva lógica de la acumulación de capital por parte de las fracciones sociales dominantes, que posibilitó que se estatizara, en determinadas etapas, la deuda externa privada.

Al dejar de ser el endeudamiento externo una forma de financiamiento de la expansión industrial y devenir en un instrumento para la obtención de renta financiera se produjo la escisión del mismo, tal como se verifica en el Gráfico 3, con respecto a la evolución de la economía real. Dicha escisión no solamente trajo aparejadas recurrentes crisis económicas que desencadenaron, tal como ocurrió en la economía internacional, la destrucción de capital ficticio sino que también provocó al menos dos procesos que restringieron severamente el crecimiento económico (Calcagno, 1987; Basualdo, 2000b). La primera de esas restricciones consistió en la salida de divisas al exterior que se generó por el pago de los intereses devengados a los acreedores externos (los organismos internacionales de crédito, los bancos transnacionales y los tenedores de bonos o títulos emitidos tanto por el sector público como por el sector privado). Ciertamente, la evolución de los intereses pagados que se acumularon entre 1975-2001 fue espectacular, ya que se expandieron al 16% anual acumulativo, llegando al final de período a 117 mil millones de dólares, monto que supera el nivel del PBI que en 2002, luego de la ruptura del régimen convertible, rondó los 105 mil millones de dólares. La segunda restricción al crecimiento fue la fuga de capitales locales al exterior por parte de residentes locales, cuya expansión a lo largo de las últimas décadas fue más reducida que el pago de los intereses.

Es definitorio para aprehender la naturaleza de la deuda externa y del proceso en que se insertó, comprender que la misma no genera renta por sí misma. Por lo tanto, de ella no surgió el excedente que se transfirió a los acreedores externos en concepto del pago de los intereses, ni la amortización del capital, ni tampoco los recursos que los deudores externos privados transfirieron al exterior. Para estos últimos, su endeudamiento externo fungió como una inmensa masa de recursos pasible de ser valorizada en el mercado financiero interno, pero no generó la renta que dichos agentes económicos obtuvieron al endeudarse pagando la tasa de interés internacional y percibiendo la tasa de interés interna. Identificar el origen del excedente apropiado por la valorización financiera y las transferencias de recursos a los acreedores externos es de una importancia vital para comprender la profunda revancha social que implicó el nuevo patrón de acumulación de capital. Ciertamente, ese excedente no provino de la expansión económica, porque el crecimiento de las transferencias de recursos al exterior y de los intereses pagados lo superó largamente. Su origen se encuentra en la redistribución del ingreso y de hecho, tal como se constata en el Gráfico 4, la misma comenzó con anterioridad a la puesta en marcha del funcionamiento pleno de la valorización financiera en 1979, cuando convergieron la Reforma Financiera de 1977 y la apertura discriminada en el mercado de bienes y en el mercado de capitales. La conjunción del deterioro del salario real primero y la eclosión de la desocupación y subocupación después, trajeron aparejada desde la dictadura militar en adelante una inédita reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. Esta profunda redistribución del ingreso fue el prerrequisito que hizo posible la valorización financiera que llevarán a cabo los sectores dominantes basados en el endeudamiento externo durante los treinta años en que rigió ese patrón de acumulación de capital y cuyos resultados fugaran al exterior. El nuevo y menor nivel de la participación de los asalariados en el ingreso fue irreversible pero las modalidades mediante las cuales se mantuvo fueron, tal como se observa en el Gráfico 5, diferentes a lo largo del tiempo. En los primeros años de la dictadura militar, la concentración del ingreso avanzó, exclusivamente, mediante una brutal caída del salario real promedio, mientras que en la década del ochenta comenzó a incidir la desocupación y, más aún, la subocupación de la mano de obra. Finalmente, durante la década del noventa, si bien se acentuó la contracción salarial, la principal vía de la reducción de la participación de los asalariados en el valor agregado fue el explosivo crecimiento de la desocupación y, en menor medida pero también significativo, el de la subocupación de la mano de obra. Fenómenos, todos ellos, que desencadenaron los inusitados niveles de pobreza extrema que irrumpieron en esos años. Este proceso se expresó, desde la dictadura militar en adelante, en una creciente heterogeneidad de la clase trabajadora, que estuvo estrechamente vinculada a la profunda reestructuración industrial de las últimas décadas. Así, los regímenes de promoción industrial aplicados durante las décadas anteriores y que subsidiaban prioritariamente al capital –y principalmente a las grandes firmas oligopólicas dentro del mismo– y no al trabajo, produjeron una doble fractura en la clase trabajadora industrial. Por un lado, surgió un nuevo estrato de trabajadores industriales que estuvo constituido por los nuevos operarios de las plantas manufactureras radicadas en las regiones promocionadas. Los mismos tenían un escaso grado de sindicalización y percibían, para igual calificación, salarios más reducidos que los trabajadores de los centros industriales tradicionales. Por otra parte, como en buena medida las nuevas plantas industriales resultaron del traslado de los establecimientos que estaban radi- cados en las zonas tradicionales (Gran Bs. As., Rosario o Córdoba), estas políticas tendieron a consolidar el proceso de desocupación y marginalidad social en los lugares de origen porque, si bien se trasladaron las plantas industriales, no ocurrió lo mismo con los trabajadores que hasta ese momento estaban ocupados por las mismas. Por lo tanto, de ese proceso emergió otro estrato dentro de la clase trabajadora, que son los desocupados, que mantuvieron obvias diferencias con los anteriores, tanto como las que ambos –desocupados y nuevo proletariado industrial– mantuvieron con los trabajadores industriales tradicionales. Es indudable que esta situación se agravó durante los años noventa, en consonancia con una profundización del proceso de desindustrialización y la privatización de las empresas estatales, deviniendo los trabajadores desocupados en uno de los estratos más dinámicos en las luchas sociales que se desplegaron durante los últimos años de la Convertibilidad. Si bien todos los estratos mencionados anteriormente forman parte de la clase trabajadora, es indudable que la profunda heterogeneidad de los trabajadores no sólo volvió más dificultosa la convergencia sobre reivindicaciones comunes sino que, incluso, se comenzaron a esbozar contradicciones entre ellos. (…)

La dictadura militar en marzo de 1976 redefinió drásticamente el comportamiento económico en tanto interrumpió la industrialización basada en la sustitución de importaciones e impuso un nuevo régimen social de acumulación sustentado en la valorización financiera. Cabe entonces preguntarse acerca de las causas estructurales y políticas que provocaron esta modificación en el patrón de acumulación vigente y su reemplazo por otro que necesariamente suponía una catástrofe económica y social. Resulta poco discutible la significativa influencia que ejercieron las profundas transformaciones en el sistema capitalista mundial, ya que la creciente liquidez internacional, fuertemente impulsada por el incremento en el precio del petróleo, le otorgó a los bancos transnacionales una masa de recursos inimaginable sólo pocos años atrás. Si bien la expansión de la deuda externa había comenzado años antes, el endeudamiento estatal de esos años estuvo en función de la evolución de la economía real y más específicamente de las necesidades de divisas necesarias para cerrar las eventuales brechas externas derivadas de los desequilibrios en la balanza comercial. El del sector privado por su parte, fue aún más modesto y estuvo en directa relación a la expansión de la producción vía un incremento de la inversión en maquinaria y equipo. Bajo esas circunstancias resultaba evidente que la ampliación del giro bancario tenía severas restricciones por el lado de la demanda, que sólo podían removerse si se alteraba drásticamente el tipo de endeudamiento externo, lo cual necesariamente implicaba, por el carácter dependiente de este último, una profunda modificación del patrón de acumulación vigente. Las presiones del sistema financiero internacional y específicamente de la banca transnacional para incentivar la expansión de los flujos de capital, y particularmente del endeudamiento externo de los países dependientes, constituyeron factores básicos que impulsaron la interrupción de la industrialización. Sin embargo, a pesar de su importancia, resultan insuficientes para explicar la irrupción de un nuevo patrón de acumulación de capital en el país, porque la implementación específica de los cambios la realizaron algunas de las fracciones del capital interno. Por lo tanto, además de tomar nota de la presencia del capital financiero internacional en el nuevo bloque de poder que se constituyó a partir de la dictadura militar, es necesario indagar las transformaciones y realineamientos de las fracciones del capital internas, así como los factores que las provocaron.

Tal como se mencionó anteriormente, la instauración de la valorización financiera del capital interrumpió y desplazó un proceso de industrialización que estaba superando su principal restricción en términos del crecimiento económico. Desde el punto de vista estructural, es relevante tener en cuenta esta creciente consolidación de la industrialización, no solamente para comprender ese período sino también para aprehender las causas internas que desencadenan su interrupción. La sustentabilidad que logró la sustitución de importaciones mediante las exportaciones de productos industriales y la deuda externa implicó una modificación substancial en el poder relativo que detentaban las distintas fracciones dominantes. La influencia de la oligarquía agropecuaria pampeana se deterioraba a medida que ese proceso avanzaba, con el agravante de que la fracción social que la conducía, la oligarquía diversificada, ocupaba un papel poco significativo en las exportaciones dinámicas, las de bienes de origen industrial. Por otra parte, ninguno de los proyectos políticos alternativos dentro del peronismo, que era la fuerza política hegemónica de ese entonces, incorporaba a los terratenientes pampeanos como parte central de sus alianzas sociales sino que, por el contrario, en los mismos se suponía, al menos implícitamente y en el mejor de los casos, su subordinación a la expansión de las otras fracciones empresarias. La oligarquía pampeana y específicamente la fracción diversificada de la misma fue la contraparte local del capital financiero internacional y sus intelectuales orgánicos fueron los que encabezaron la estrategia reestructuradora que acabó con el planteo industrial vigente hasta ese momento. Para que ello fuese posible, dado el predominio estructural del capital extranjero, a partir del control del aparato estatal, fracturaron a las demás fracciones del capital, integrando parte de sus respectivos miembros al nuevo bloque social dominante, recreando de esta manera la composición de la propia fracción diversificada de la oligarquía. La conformación de un nuevo bloque social dominante abrió un proceso diferente en términos estructurales basado en la centralización del capital, en el cual los grupos económicos locales –expresión de la renovada oligarquía diversificada– ganaron posiciones en detrimento del capital extranjero y la burguesía nacional. La nueva situación en la economía real se puede apreciar analizando las tendencias de largo plazo en las ventas de las 200 empresas de mayor facturación (Gráfico 6). Los grupos económicos locales (oligarquía diversificada) aumentaron su participación en las ventas de las firmas líderes durante la dictadura militar, y a partir de 1981 superaron, salvo en 1984, a las restantes formas de propiedad dentro del capital privado hasta fines de la década del noventa, a excepción, como se verá más adelante, de las asociaciones entre el capital extranjero y los propios grupos económicos. No obstante, esta significativa incidencia de los grupos económicos locales en la economía real refleja sólo parcialmente su expansión(…)".
Fuente: libro "La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera" http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C04Basualdo.pdf

"¿Profundizar cuál modelo?" por Fabiana Arencibia (Red Eco)

Datos oficiales muestran la concentración de la riqueza en manos de un grupo de empresas que son en su gran mayoría de capital extranjero. Esas mismas operan en la formación de los precios y arrastran a millones de argentinos a la pobreza. El modelo actual sostiene esta estructura productiva.

Es comprensible que el gobierno nacional y sus partidarios políticos peronistas K trabajen y defiendan la gestión actual. Podemos decir que corresponde a la lógica de defensa de su identidad/ideología/política partidaria. Lo que no se entiende es que desde otros sectores se afirme la posibilidad de profundizar este modelo, cuando datos de entes oficiales muestran cómo se mantiene la estructura productiva existente desde hace décadas y dentro de la cual, algunas mejoras sólo significan pan para hoy y hambre para mañana.

Nos referimos a diversos espacios políticos llamados progresistas y a quienes se definen desde lo ideológico como revolucionarios, y que siempre han sostenido la imposibilidad de humanizar el capitalismo y la necesidad de un cambio de estructuras para lograr el verdadero bienestar del pueblo trabajador, de los postergados y excluidos.
Sin embargo hoy parecen compartir la idea de que el actual proyecto del gobierno es el camino posible para enfrentar a lo que llaman la derecha destituyente.

Sólo analizando diversas informaciones, muchas oficiales, se puede concluir quiénes son los que siguen manejando la economía y se benefician a corto y largo plazo con este modelo.

Concentración y extranjerización de la actividad productiva

En primer lugar nos remitimos a datos oficiales que muestran cómo se compone la estructura productiva de nuestro país, cómo está concentrada la economía y el alto grado de extranjerización.

A fines de diciembre último, el INDEC dio a conocer los datos de la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) con información correspondiente al 2009. Estos datos no incluyen la actividad financiera y agropecuaria.
De allí surge que existen 500 grandes empresas que concentran un 22 por ciento de lo que el país produce (producto bruto /valor agregado). De ese total, 417 ganaron en aquel año 9.000 millones de pesos más que las utilidades que tuvieron 427 de de las grandes compañías en el 2008. Menos capital concentrado se llevó más ganancias.

También se visualiza con este informe el alto nivel de concentración ya que dentro de ese conglomerado de 500, son 4 las empresas que concentran el 16 por ciento de la producción, se llevan casi un 20 por ciento de las utilidades y apenas emplean un 1,6 por ciento de trabajadores asalariados.

Otro dato de relevancia que aporta la ENGE se refiere a la extranjerización: casi 7 de cada 10 de las empresas más grandes del país son extranjeras. Más precisamente, son 324 las empresas extranjeras que concentran la actividad productiva en Argentina. Y también son extranjeras las primeras seis, las mas grandes de las grandes: YPF, Cargill, Telecom, Petrobras, Carrefour y Jumbo. En cuanto a las áreas productivas, el capital extranjero se divide así : 36 de las 40 mineras, 61 de las 76 dedicadas a producción de combustibles, químicos y plástico, 35 de las 43 que producen maquinarias, equipo y vehículos y 58 de las 107 firmas que elaboran alimentos, bebidas y tabaco.

La extranjerización de la actividad económica alcanza a las petroleras, cuyas cinco principales empresas son de capital extranjero (YPF, Petrobras, Pan American Energy, Shell y Esso); a las automotrices (Volkswagen, Toyota, Ford, Peugeot Citroën), a las telefónicas (Telecom, Telefónico, Caro y Telefónica Móviles) y a las dos mayores cadenas de hipermercados (Carrefour y Jumbo).

Cuando pensamos en la inflación y buscamos las causas que la provocan, vemos que esta estructura concentrada es en gran parte la responsable del aumento de los precios, no así los trabajadores que piden aumento de salarios para recuperar, en parte, su capacidad adquisitiva.

El economista Julio Gambina bien lo describe en su artículo "La inflación marca el ritmo de la economía en Argentina", al afirmar que: “La suba de precios es un mecanismo utilizado por los capitales más concentrados para defender sus ganancias (...) Esa defensa de las ganancias es un asunto derivado de la concentración económica existente en la Argentina y de su poder para imponer condiciones de funcionamiento del orden económico y social. (…) allí se encuentra la dominación del sistema económico, donde muy pocas empresas definen la situación de las principales ramas de la producción” (artículo completo http://www.fisyp.org.ar/modules/news/article.php?storyid=681).

Todo sube y sube…

Datos macroeconómicos dados a conocer por los funcionarios de gobierno y por entidades industriales hablan de un crecimiento que derrama sobre los que menos tienen -a través de la intervención del Estado vía endeudamiento externo e interno- sólo las migajas de las grandes ganancias de la industria, el agro y la actividad financiera.

El Ministro de Economía, Amado Boudou informó esta semana que Argentina obtuvo en 2010 un superávit primario (antes de pagar vencimientos de deuda) superior en un 45% al del 2009 (25.082 millones de pesos, es decir, 6.270 millones de dólares).

Los tres componentes más importantes se debieron al dinero de las arcas de la ANSES (que es plata de los jubilados presentes y futuros), del Banco Central (utilidades) y de la recaudación tributaria cuyo mayor ingreso lo aportó el IVA (impuesto al consumo que afecta más a los que menos tienen).

Por su parte, el titular del organismo recaudador (AFIP) dio a conocer que la recaudación durante el 2010 alcanzó un nivel récord superando la meta anual con casi 410 mil millones de pesos. Ricardo Echegaray, destacó que la recaudación impositiva "está duplicando, y en forma sostenida, al mejor momento de ingresos de la década de los 90".

Esta semana se informó además que las reservas del Banco Central superaron los 52.500 millones de dólares.
Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial en los primeros once meses del año pasado acumuló una expansión del 12,3 por ciento. El sector automotriz creció un 36 por ciento (récord histórico con un máximo de 724.023 unidades); la industria metalmecánica un 22; y alimentos y bebidas, que se incrementó 13,7 por ciento.

Un estudio de la consultora económica Orlando Ferreres y Asociados marcó un crecimiento de la actividad económica del 8,2 por ciento en el 2010. El sector agrícola fue el que más creció (casi un 20 por ciento). Las exportaciones crecieron un 23 por ciento y los depósitos promedio del sistema financiero superaron los $ 384 mil millones de pesos en diciembre último, un 41,6 por ciento más que en igual mes de 2009.

…Y la inflación también

Estimaciones privadas de distintos orígenes dan cuenta de que la inflación acumulada en el 2010 habría sido el doble de que mide el Indec. Esto duplica por lo tanto en número de argentinos que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos y servicios (CBT).

Así alrededor de un 24 por ciento de los argentinos (9.5 millones de personas) son pobres y cerca de 3 millones son indigentes porque no llegan a cubrir el costo de la canasta básica alimenticia (CBA). Estos son promedios dentro de un territorio en donde la pobreza alcanza al 40 por ciento en la zona noreste y alrededor de un 34 en la del noroeste.

Para el Indec una familia tipo necesita para comer, y por lo tanto no ser considerada indigente, 579 pesos de ingresos por mes y 1.253 pesos para no quedar debajo de la línea de la pobreza. Estas cifras ascenderían a alrededor de 1.160 y 2.500 respectivamente según mediciones privadas.

La economista Graciela Bevacqua estima que la inflación 2007-2010 llega a 122 por ciento. Para realizar sus mediciones en el centro de estudios Buenos Aires City utiliza la metodología tradicional del Indec. Es que Bevaqua era directora de IPC (índice que mide la inflación) en el Indec cuando el organismo fue intervenido en enero de 2007. Entonces fue desplazada de su cargo por negarse a entregarle al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la lista de establecimientos donde se tomaban las muestras.

“El Indec ocultó más de 80 puntos de inflación durante estos cuatro años (...) La mayor subestimación en ese período se dio en el rubro alimentos y bebidas, que es el que más pesa en el IPC. Sólo para 2010, nosotros calculamos el 39,7 por ciento, contra el 14,7% del Indec”, dijo Bevacqua.

Las grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, son quienes concentran la actividad económica y la riqueza. Pensar que de allí deberían provenir los recursos y no del permanente endeudamiento, sería una alternativa más que lógica y n

Sobre todo porque según los últimos datos del Ministerio de Economía, al 30 de setiembre de 2010 la deuda pública ascendía a 172.079 millones de dólares. No analizaremos en esta nota el tema de la deuda. Sólo la referenciamos con la deuda a principio del gobierno peronista K: 178.768 millones de dólares. O sea que debemos casi lo mismo en 7 años, luego del pago al FMI, dos canjes y pagos de intereses anuales promedio de 6.000 millones de dólares.

Para lograr al menos una equitativa distribución de la riqueza hay que plantearse un modelo de ruptura de las actuales estructuras productivas que es todo lo contrario a profundizar este modelo.

Fuente: http://www.rebelion.org/ Argentina / 29-01-2011

En consecuencia, la racionalidad y ausencia de conflictividad que pide la Presidenta es para garantizar la seguridad jurídica a las transnacionales, los capitales de la globalización financiera y sus socios locales. Como todos los mandatarios del período posterior al Estado terrorista, ha declinado la soberanía nacional pero la creencia mayoritaria en su autoridad representativa de los intereses nacionales y populares hace posible la impunidad de saqueo, devastación y superexplotación laboral de esos oligopolios. Pero se multiplican las resistencias al modelo que privilegia el crecimiento de la rentabilidad del poder económico e imperialista y la afirmación en sujetos colectivos de derechos. Abren camino a la plataforma en común que es la «reforma agraria integral». La asumen como producto y proceso de comunidades organizadas para satisfacer necesidades e intereses de los diversos de abajo. Comunidades que tienden, con autogestión y autogobierno, a crear el buen vivir de cada una y de todas.

Premisas e hipótesis

Nos situamos, a consecuencia de la ideología que nos domina por trabajo del gobierno CFK y sus intelectuales, como si el país fuese una isla paradisíaca y estuviésemos al margen de la crisis estructural del sistema capitalista mundializado. Creemos que el neodesarrollismo avanza en sentido antagónico al neoliberalismo pero es parte del capitalismo mundializado y parte subordinada al G-7. Por esta falsa interpretación de la realidad a causa de desinformación, no sólo permanecemos de espaldas a la destrucción de las condiciones de vida y trabajo sino también estamos confiados en la seguridad de porvenir y vemos como ajenos los dramas de otros pueblos y hasta los de componentes de Argentina. Sin embargo, hay enfrentamientos en:

Ana Esther Ceceña (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica), en "El postneoliberalismo y sus bifurcaciones", advierte: "El neoliberalismo tocó fin definitivamente con la crisis estallada en 2008. No hay vuelta atrás. El mercado, por sí mismo, es autodestructivo. Necesita soportes y contenedores. La sociedad capitalista, arbitrada por el mercado, o bien se depreda, o bien se distiende. No tiene perspectivas de largo plazo.

Después de 30 años de neoliberalismo ocurrieron las dos cosas. La voracidad del mercado llevó a límites extremos la apropiación de la naturaleza y la desposesión de los seres humanos. Los territorios fueron desertificados y las poblaciones expulsadas. Los pueblos se levantaron y la catástrofe ecológica, con un altísimo grado de irreversibilidad, comenzó a manifestarse de manera violenta.

Los pueblos se rebelaron contra el avance del capitalismo bloqueando los caminos que lo llevaban a una mayor apropiación. Levantamientos armados cerraron el paso a las selvas; levantamientos civiles impiden la edificación de represas, la minería intensiva, la construcción de carreteras de uso pesado, la privatización de petróleo y gas y la monopolización del agua. El mercado, sólo, no podía vencer a quienes ya estaban fuera de su alcance porque habían sido expulsados y desde ahí, desde el no-mercado, luchaban por la vida humana y natural, por los elementos esenciales, por otra relación con la naturaleza, por detener el saqueo.

El fin del neoliberalismo inicia cuando la medida de la desposesión toca la furia de los pueblos y los obliga a irrumpir en la escena (...)".

Los cambios de fase

La sociedad capitalista contemporánea ha alcanzado un grado de complejidad que la vuelve altamente inestable. De la misma manera que ocurre con los sistemas biológicos (Prigogine, 2006), los sistemas sociales complejos tienen una capacidad infinita y en gran medida impredecible de reacción frente a los estímulos o cambios. El abigarramiento con el que se edificó esta sociedad, producto de la subsunción pero no eliminación de sociedades diferentes, con otras cosmovisiones, costumbres e historias, multiplica los comportamientos sociales y las percepciones y prácticas políticas a lo largo y ancho del mundo y abre con ello un espectro inmenso de sentidos de realidad y posibilidades de organización social. La potencia cohesionadora del capitalismo ha permitido establecer diferentes momentos de lo que los físicos llaman equilibrio, en los que, a pesar de las profundas contradicciones de este sistema y del enorme abigarramiento que conlleva, disminuyen las tendencias disipadoras. No obstante, su duración es limitada. En el paso del equilibrio a la disipación aparecen constantemente las oportunidades de bifurcación que obligan al capitalismo a encontrar los elementos cohesionadores oportunos para construir un nuevo equilibrio o, en otras palabras, para restablecer las condiciones de valorización del capital. Pero siempre está presente el riesgo de ruptura, que apunta hacia posibles dislocamientos epistemológicos y sistémicos. Los equilibrios internos del sistema, entendidos como patrones de acumulación en una terminología más económica, son modalidades de articulación social sustentadas en torno a un eje dinamizador u ordenador.

Un eje de racionalidad complejo que, de acuerdo con las circunstancias, adopta diferentes figuras: en la fase fordista era claramente la cadena de montaje para la producción en gran escala y el estado en su carácter de organizador social; en el neoliberalismo el mercado; y en el posneoliberalismo es simultáneamente el estado como disciplinador del territorio global, es decir, bajo el comando de su vertiente militar, y las empresas como medio de expresión directa del sistema de poder, subvirtiendo los límites del derecho liberal construido en etapas anteriores del capitalismo.

Los posneoliberalismos y las bifurcaciones

La incertidumbre acerca del futuro lleva a caracterizarlo más como negación de una etapa que está siendo rebasada. Si la modalidad capitalista que emana de la crisis de los años setenta, que significó una profunda transformación del modo de producir y de organizar la producción y el mercado, fue denominada por muchos estudiosos como posfordista; hoy ocurre lo mismo con el tránsito del neoliberalismo a algo diferente, que si bien ya se perfila, todavía deja un amplio margen a la imprevisión.

Posfordismo se enuncia desde la perspectiva de los cambios en el proceso de trabajo y en la modalidad de actuación social del estado; neoliberalismo desde la perspectiva del mercado y del relativo abandono de la función socializadora del estado. En cualquiera de los dos casos no tiene nombre propio, o es un pos, y en ese sentido un campo completamente indefinido, o es un neo, que delimita aunque sin mucha creatividad, que hoy están dando paso a otro pos, mucho más sofisticado, que reúne las dos cualidades: posneoliberalismo. Se trata de una categoría con poca vida propia en el sentido heurístico, aunque a la vez polisémica. Su virtud, quizá, es dejar abiertas todas las posibilidades de alternativa al neoliberalismo -desde el neofascismo hasta la bifurcación civilizatoria-, pero son inciertas e insuficientes su fuerza y cualidades explicativas.

En estas circunstancias, para avanzar en la precisión o modificación del concepto es indispensable detenerse en una caracterización de escenarios, entendiendo que el espectro de posibilidades incluye alternativas de reforzamiento del capitalismo -aunque sea un capitalismo con más dificultades de legitimidad-; de construcción de vías de salida del capitalismo a partir de las propias instituciones capitalistas; y de modos colectivos de concebir y llevar a la práctica organizaciones sociales no capitalistas.

Trabajar todos los niveles de abstracción y de realidad en los que este término ocupa el espacio de una alternativa carente de apelativo propio, o el de alternativas diversas en situación de coexistencia sin hegemonismos, lo que impide que alguna otorgue un contenido específico al proceso superador del neoliberalismo.

a. El posneoliberalismo del capital

Aun antes del estallido de la crisis actual, ya eran evidentes los límites infranqueables a los que había llegado el neoliberalismo. La bonanza de los años dorados del libre mercado permitió expandir el capitalismo hasta alcanzar, en todos sentidos, la escala planetaria; garantizó enormes ganancias y el fortalecimiento de los grandes capitales, quitó casi todos los diques a la apropiación privada; flexibilizó, precarizó y abarató los mercados de trabajo; y colocó a la naturaleza en situación de indefensión. Pero después de su momento innovador, que impuso nuevos ritmos no sólo a la producción y las comunicaciones sino también a las luchas sociales, empezaron a aparecer sus límites de posibilidad. Dentro de éstos, es importante destacar por lo menos tres, referidos a las contradicciones inmanentes a la producción capitalista y su expresión específica en este momento de su desarrollo y a las contradicciones correspondientes al proceso de apropiación y a las relaciones sociales que va construyendo:

1. El éxito del neoliberalismo en extender los márgenes de expropiación, lo llevó a corroer los consensos sociales construidos por el llamado estado del bienestar, pero también a acortar los mercados. La baja general en los salarios, o incluso en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo en un sentido más amplio, fue expulsándola paulatinamente del consumo más sofisticado que había alcanzado durante el fordismo.La respuesta capitalista consistió en reincorporar al mercado a esta población, cada vez más abundante, a través de la producción de bienes precarios en gran escala. No obstante, esta reincorporación no logra compensar ni de lejos el aumento en las capacidades de producción generadas con las tecnologías actuales, ni retribuir las ganancias esperadas. El grado de apropiación y concentración, el desarrollo tecnológico, la mundialización tanto de la producción como de la comercialización, es decir, el entramado de poder objetivado construido por el capital no se corresponde con las dimensiones y características de los entramados sociales. Es un poder que empieza a tener problemas serios de interlocución.
    

2. Estas enormes capacidades de transformación de la naturaleza en mercancía, en objeto útil para el capital, y la capacidad acumulada de gestión económica, fortalecida con los cambios de normas de uso del territorio y de concepción de las soberanías, llevaron a una carrera desatada por apropiarse todos los elementos orgánicos e inorgánicos del planeta. Conocer las selvas, doblegarlas, monopolizarlas, aislarlas, separarlas en sus componentes más simples y regresarlas al mundo convertidas en algún tipo de mercancía fue -es- uno de los caminos de afianzamiento de la supremacía económica; la ocupación de territorios para convertirlos en materia de valorización. Paradójicamente, el capitalismo de libre mercado promovió profundos cercamientos y amplias exclusiones. Pero con un peligro: Objetivar la vida es destruirla.

   Con la introducción de tecnologías de secuenciación industrial, con el conocimiento detallado de genomas complejos con vistas a su manipulación, con los métodos de nanoexploración y transformación, con la manipulación climática y muchos otros de los desarrollos tecnológicos que se han conocido en los últimos 30 años, se traspasó el umbral de la mayor catástrofe ecológica registrada en el planeta. Esta lucha del capitalismo por dominar a la naturaleza e incluso intentar sustituirla artificialmente, ha terminado por eliminar ya un enorme número de especies, por provocar desequilibrios ecológicos y climáticos mayores y por poner a la propia humanidad, y con ella al capitalismo, en riesgo de extinción.

   Pero quizá los límites más evidentes en este sentido se manifiestan en las crisis de escasez de los elementos fundamentales que sostienen el proceso productivo y de generación de valor como el petróleo; o de los que sostienen la producción de la vida, como el agua, en gran medida dilapidada por el mal uso al que ha sido sometida por el propio proceso capitalista. La paradoja, nuevamente, es que para evitar o compensar la escasez, se diseñan estrategias que refuerzan la catástrofe como la transformación de bosques en plantíos de soja o maíz transgénicos para producir biocombustibles, mucho menos rendidores y tan contaminantes y predatorios como el petróleo.

   El capitalismo ha demostrado tener una especial habilidad para saltar obstáculos y encontrar nuevos caminos, sin embargo, los niveles de devastación alcanzados y la lógica con que avanza hacia el futuro permiten saber que las soluciones se dirigen hacia un callejón sin salida en el que incluso se van reduciendo las condiciones de valorización del capital.

3. Aunque el neoliberalismo ha sido caracterizado como momento de preponderancia del capital financiero, y eso llevó a hablar de un capitalismo desterritorializado, en verdad el neoliberalismo se caracterizó por una disputa encarnizada por la redefinición del uso y la posesión de los territorios, que ha llevado a redescubrir sociedades ocultas en los refugios de selvas, bosques, desiertos o glaciares que la modernidad no se había interesado en penetrar. La puesta en valor de estos territorios ha provocado una ofensiva de expulsión, desplazamiento o recolonización de estos pueblos, que, evidentemente, se han levantado en contra. Esto, junto con las protestas y revueltas originadas por las políticas de ajuste estructural o de privatización de recursos, derechos y servicios promovidas por el neoliberalismo, ha marcado la escena política desde los años noventa del siglo pasado. Las condiciones de impunidad en que se generaron los primeros acuerdos de libre comercio, las primeras desregulaciones, los despojos de tierras y tantas otras medidas impulsadas desde la crisis y reorganización capitalista de los años setenta-ochenta, cambiaron a partir de los levantamientos de la década de los noventa en que se produce una inflexión de la dinámica social que empieza a detener las riendas sueltas del neoliberalismo.

No bastaba con darle todas las libertades al mercado. El mercado funge como disciplinador o cohesionador en tanto mantiene la capacidad desarticuladora y mientras las fuerzas sociales se reorganizan en correspondencia con las nuevas formas y contenidos del proceso de dominación. Tampoco podía ser una alternativa de largo plazo, en la medida que la voracidad del mercado lleva a destruir las condiciones de reproducción de la sociedad.

El propio sistema se vio obligado a trascender el neoliberalismo trasladando su eje ordenador desde la libertad individual (y la propiedad privada) promovida por el mercado hacia el control social y territorial, como medio de restablecer su posibilidad de futuro. La divisa ideológica del "libre mercado" fue sustituida por la "seguridad nacional" y una nueva fase capitalista empezó a abrirse paso con características como las siguientes:

1. Si el neoliberalismo coloca al mercado en situación de usar el planeta para los fines del mantenimiento de la hegemonía capitalista, en este caso comandada por Estados Unidos, en esta nueva fase, que se abre junto con la entrada del milenio, la misión queda a cargo de los mandos militares que emprenden un proceso de reordenamiento interno, organizativo y conceptual, y uno de reordenamiento planetario.

El cambio de situación del anteriormente llamado mundo socialista ya había exigido un cambio de visión geopolítica, que se corresponde con un nuevo diseño estratégico de penetración y control de los territorios, recursos y dinámicas sociales de la región centroasiática. El enorme peso de esta región para definir la supremacía económica interna del sistema impidió, desde el inicio, que ésta fuera dejada solamente en las manos de un mercado que, en las circunstancias confusas y desordenadas que siguieron al derrumbe de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, podía hacer buenos negocios pero no condiciones de reordenar la región de acuerdo con los criterios de la hegemonía capitalista estadounidense. En esta región se empieza a perfilar lo que después se convertiría en política global: el comando militarizado del proceso de producción, reproducción y espacialización del capitalismo de los albores del siglo XXI.

2. Esta militarización atiende tanto a la potencial amenaza de otras coaliciones hegemónicas que dentro del capitalismo disputen el liderazgo estadounidense como al riesgo sistémico por cuestionamientos y construcción de alternativas de organización social no capitalistas. Sus propósitos son el mantenimiento de las jerarquías del poder, el aseguramiento de las condiciones que sustentan la hegemonía y la contrainsurgencia. Supone mantener una situación de guerra latente muy cercana a los estados de excepción y una persecución permanente de la disidencia.

Estos rasgos nos llevarían a pensar rápidamente en una vuelta del fascismo, si no fuera porque se combinan con otros que lo contradicen y que estarían indicando las pistas para su caracterización más allá de los "neos" y los "pos".

Las guerras, y la política militar en general, han dejado de ser un asunto público. No solamente porque muchas de las guerras contemporáneas se han enfocado hacia lo que se llama "estados fallidos", y en ese sentido no son entre "estados" sino de un estado contra la sociedad de otra nación, sino porque aunque sea un estado el que las emprende lo hace a través de una estructura externa que una vez contratada se rige por sus propias reglas y no responde a los criterios de la administración pública.

El outsourcing, que se ha vuelto recurrente en el capitalismo de nuestros días, tiene implicaciones muy profundas en el caso que nos ocupa. No se trata simplemente de privatizar una parte de las actividades del estado sino de romper el sentido mismo del estado. La cesión del ejercicio de la violencia de estado a particulares coloca la justicia en manos privadas y anula el estado de derecho. Ni siquiera es un estado de excepción. Se ha vaciado de autoridad y al romper el monopolio de la violencia la ha instalado en la sociedad.

En el fascismo había un estado fuerte capaz de organizar a la sociedad y de construir consensos. El estado centralizaba y disciplinaba. Hoy apelar al derecho y a las normas establecidas colectivamente ha empezado a ser un disparate y la instancia encargada de asegurar su cumplimiento las viola de cara a la sociedad. Ver, si no, los ejemplos de Guantánamo o de la ocupación de Irak.

Con la reciente crisis las instituciones capitalistas más importantes se han desfondado. El FMI y el Banco Mundial son repudiados hasta por sus constructores. Estamos entrando a un capitalismo sin derecho, a un capitalismo sin normas colectivas, a un capitalismo con un estado abiertamente faccioso. Al capitalismo mercenario.

b. El posneoliberalismo nacional alternativo

Otra vertiente de superación del neoliberalismo es la que protagonizan hoy varios estados latinoamericanos que se proclaman socialistas o en transición al socialismo y que han empezado a contravenir, e incluso revertir, la política neoliberal impuesta por el FMI y el Banco Mundial. Todas estas experiencias que iniciaron disputando electoralmente la presidencia, aunque distintas entre sí, comparten y construyen en colaboración algunos caminos para distanciarse de la ortodoxia dominante.

Bolivia, Ecuador y Venezuela, de diferentes maneras y con ritmos propios, impulsan políticas de recuperación de soberanía y de poder participativo, que se ha plasmado en las nuevas Constituciones elaboradas por sus sociedades.

La disputa con el FMI y el Banco Mundial ha determinado un alejamiento relativo de sus políticas y de las propias instituciones, al tiempo que se inicia la creación de una institucionalidad distinta, todavía muy incipiente, a través de instancias como el ALBA, el Banco del Sur, Petrocaribe y otras que, sin embargo, no marcan una pauta anticapitalista en sí mismas sino que apuntan, por el momento, a constituir un espacio de mayor independencia con respecto a la economía mundial, que haga propicia la construcción del socialismo. Considerando que, aun sin tener certeza de los resultados, se trata en estos casos por lo menos de un escenario posneoliberal diferente y confrontado con el que desarrollan las potencias dominantes, es conveniente destacar algunos de sus desafíos y paradojas.

1. Para avanzar en procesos de recuperación de soberanía, indispensable en términos de su relación con los grandes poderes mundiales --ya sea que vengan tras facetas estatales o empresariales--, y para emprender proyectos sociales de gran escala bajo una concepción socialista, requieren un fortalecimiento del estado y de su rectoría. Lo paradójico es que este estado es una institución creada por el propio capitalismo para asegurar la propiedad privada y el control social.

2. Los procesos de nacionalización emprendidos o los límites impuestos al capital transnacional, pasándolo de dueño a prestador de servicios, o a accionista minoritario, marca una diferencia sustancial en la capacidad para disponer de los recursos estratégicos de cada nación. La soberanía, en estos casos, es detentada y ejercida por el estado, pero eso todavía no transforma la concepción del modo de uso de estos recursos, al grado de que se estimulan proyectos de minería intensiva, aunque bajo otras normas de propiedad. Para un "cambio de modelo" esto no es suficiente, es un primer paso de continuidad incierta, si bien representa una reivindicación popular histórica.

3. El reforzamiento del interés nacional frente a los poderes globales o transnacionales va acompañado de una centralización estatal que no resulta fácilmente compatible con la plurinacionalidad postulada por las naciones o pueblos originarios, ni con la idea de una democracia participativa que acerque las instancias de deliberación y resolución a los niveles comunitarios.

4. Las Constituyentes han esbozado las líneas de construcción de una nueva sociedad. En Bolivia y Ecuador se propone cambiar los objetivos del "desarrollo" por los del "buen vivir", marcando una diferencia fundamental entre la carrera hacia delante del desarrollo con la marcha horizontal e incluso circular del buen vivir, que llamaría a recordar la metáfora zapatista de caminar al paso del más lento. La dislocación epistemológica que implica trasladarse al terreno del buen vivir coloca el proceso ya en el camino de una bifurcación societal y, por tanto, la discusión ya no es neoliberalismo o posneoliberalismo sino eso otro que ya no es capitalista y que recoge las experiencias milenarias de los pueblos pero también la crítica radical al capitalismo. Los apelativos son variados: socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, socialismo en el siglo XXI, o ni siquiera socialismo, sólo buen vivir, autonomía comunitaria u horizontes emancipatorios.

Ahora bien, la construcción de ese otro, que genéricamente podemos llamar el buen vivir, tiene que salirse del capitalismo pero a la vez tiene que transformar al capitalismo, con el riesgo, siempre presente, de quedar atrapado en el intento porque, entre otras razones, esta búsqueda se emprende desde la institucionalidad del estado (todavía capitalista), con toda la carga histórica y política que conlleva.

c. El posneoliberalismo de los pueblos

Otro proceso de salida del neoliberalismo es el que han emprendido los pueblos que no se han inclinado por la lucha electoral, fundamentalmente porque han decidido de entrada distanciarse de la institucionalidad dominante. En este proceso, con variantes, se han involucrado muchos de los pueblos indios de América, aunque no sólo, y su rechazo a la institucionalidad se sustenta en la combinación de las bifurcaciones con respecto a la dominación colonial que hablan de rebeliones larvadas a lo largo de más de 500 años, con las correspondientes a la dominación capitalista. Las naciones constituidas en el momento de la independencia de España y Portugal en realidad reprodujeron las relaciones de colonialidad interna y por ello no son reconocidas como espacios recuperables.

La resistencia y las rebeliones se levantan a veces admitiendo la nación, más no el estado, como espacio transitorio de resistencia, y a veces saltando esta instancia para lanzarse a una lucha anticapitalista-anticolonial y por la construcción-reconstrucción de formas de organización social simplemente distintas.

Desde esta perspectiva el proceso se realiza en los espacios comunitarios, transformando las redes cotidianas y creando condiciones de autodeterminación y autosustentación, siempre pensadas de manera abierta, en interlocución y en intercambio solidario con otras experiencias similares.

Recuperar y recrear formas de vida propias, humanas, de respeto con todos los otros seres vivos y con el entorno, con una politicidad libre y sin hegemonismos. Democracias descentradas. Este es el otro camino de salida del neoliberalismo, que sería muy empobrecedor llamar posneoliberalismo porque, incluso, es difícil de ubicar dentro del mismo campo semántico. Y todos sabemos que la semántica es también política y que también ahí es preciso subvertir los sentidos para que correspondan a los nuevos aires emancipatorios.

Lo que viene después del neoliberalismo es un abanico abierto con múltiples posibilidades. No estrechemos el horizonte cercándolo con términos que reducen su complejidad y empequeñecen sus capacidades creativas y emancipatorias. El mundo está lleno de muchos mundos con infinitas rutas de bifurcación. A los pueblos en lucha toca ir marcando los caminos.

Bibliografía (...) Fuente: www.rebelion.org /Opinión/ 03-03-09

"Pan para hoy, incertidumbre para mañana" por Raúl Zibechi*

La explotación y exportación de recursos primarios o bienes comunes, está permitiendo a los gobiernos de la región (Suramérica) atravesar la crisis global sin grandes cataclismos internos, a lo que pueden sumar extensas políticas sociales. Queda en el tintero un amplio debate sobre el modelo extractivo y sus consecuencias a mediano plazo.

El gobierno de Evo Morales consiguió acumular, por vez primera en la historia de Bolivia, reservas internacionales que superan los 9.000 millones de dólares que el próximo año superarán los 10.000 millones. En los últimos 15 años Bolivia casi duplicó el ingreso per cápita pasando de 896 dólares anuales a 1.683 dólares en 2009, aunque esas cifras no contemplan la inflación. Ambos incrementos se deben al impacto de los ingresos que percibe el país por sus exportaciones.

Hace doce años, en 1998, las exportaciones mineras e hidrocarburíferas suponían el 47 por ciento de las exportaciones de Bolivia. Hoy representan el 80 por ciento, según un reciente informe difundido por el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). Una tendencia no muy diferente a la que se registra en la mayor parte de los países de la región, donde la reprimarización de la producción y las exportaciones viene siendo la norma. Los altos precios de las commodities alientan esta tendencia que, sin embargo, augura problemas para el futuro inmediato.

Neoliberalismo y neocolonialismo

Por «extractivismo» entendemos la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancías. Se trata de una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral. Forma parte del proceso de financierización de las economías, toda vez que podemos considerar el extractivismo como un proceso más especulativo que productivo: las inversiones son mínimas y el retorno del capital es tan veloz como sucede en el sistema financiero.

En la producción de soja, y en otros rubros de la agricultura, se alquilan las tierras y las máquinas, de modo que la inversión fija es muy baja en el conjunto del capital movilizado. Pero el retorno se produce en apenas una cosecha, al cabo de la cual el pool de siembra puede emigrar a cualquier otro lugar porque -precisamente- no se ha fijado en ningún espacio físico. Algo similar sucede con la minería, con la peculiaridad de que las ganancias son fabulosas.

Es un modelo excluyente porque no necesita personas. Más aún, las personas son un obstáculo. Mientras el modelo basado en la producción industrial durante la sustitución de importaciones necesitaba trabajadores calificados y gran cantidad de obreros y empleados en la producción y la distribución, y necesitaba a los consumidores de esas mercancías, con el modelo extractivo sucede todo lo contrario: la mecanización hace irrelevante el trabajo humano (la minería tiene un sistema muy similar al de las plataformas petrolíferas con alta rotación de trabajadores especializados que viven muy lejos del lugar de trabajo). Y no hay consumidores, ya que los productos primarios son exportados a países lejanos para alimentar ganado o para ser procesados.

Es un modo de producir mercancías que destruye la naturaleza. "El proceso de privatización y concesiones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y forestales, se ha ido profundizando con los últimos tres gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15 por ciento de la Amazonía lotizada y concesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a privatizar el 72 por ciento del territorio amazónico en lotes concesionados y entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a las reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario", dijo el dirigente indígena peruano Alberto Pizango al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Bagua, el pasado 5 de junio.

Pobreza y control territorial

La extracción empobrece a los países productores y enriquece a las multinacionales. Paga impuestos apenas simbólicos y en ocasiones nada, ya que estos emprendimientos suelen implantarse en limbos jurídicos como las zonas francas y aprovechan todas las ventajas que les ofrecen los países propietarios de esas riquezas.

Forma parte de lo que el geógrafo David Harvey ha definido como "acumulación por desposesión" o, si se prefiere, por robo o apropiación. Aún cuando pueda cuestionarse el desarrollismo, el extractivismo no se inscribe ni siquiera en esa genealogía, ya que se salta el proceso industrializador en los países donde se instala. El reciente informe del Banco Mundial, "Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?", afirma que los países de la región "llegaron a ser de los más prósperos del mundo gracias a la producción de metales precios, azúcar, caucho, granos, café, cobre y petróleo".

Suena extraño que la expoliación colonial sea leída de ese modo por una institución que pretende orientar las políticas nacionales. Más aún, asegura que "las exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la región, llenando las arcas de los gobiernos", y que América Latina "puede derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero" de las economías centrales. Casi un insulto.

Omite, por ejemplo, la creciente militarización de áreas enteras para despejar población molesta para este tipo de acumulación, que tiene en la guerra colombiana su mayor expresión. Los territorios de la guerra son exactamente aquellos donde las multinacionales han puesto sus ojos para apropiarse de los bienes comunes como lo muestran varios estudios. En paralelo, el agronegocio se apropia de millones de hectáreas desplazando a la población campesina productora de alimentos, con lo que la seguridad alimentaria de las naciones de debilita.

En consecuencia, este modelo genera pobreza y exclusión. El economista argentino Claudio Katz recordó un estudio de CEPAL que afirma que en la Argentina el decil más rico tiene un ingreso per cápita mayor que ese mismo sector en los países anglosajones, en tanto la población con menores ingresos es veinte veces más pobre que los estratos más bajos de los países desarrollados.

Debate urgente

Esta etapa del modelo neoliberal está siendo conducida en buena medida por gobiernos progresistas y de izquierda. Desde el lado de quienes defienden los monocultivos, la minería y la explotación de los hidrocarburos pueden aportarse argumentos valiosos para establecer un debate realista sobre los problemas y ventajas del modelo extractivo.

Estos emprendimientos aseguran un flujo de caja a los estados para poder cumplir con sus obligaciones, entre las que destacan el pago mensual de salarios y beneficios sociales para los más pobres. Más aún, se podría argumentar que cierto nivel de extractivismo es un "mal necesario" para amasar los excedentes que permitan dar un salto industrialista.

El informe del CEDLA sobre Bolivia señala por lo menos tres debilidades inherentes a este modelo: la volatilidad de los ingresos fiscales por la inestabilidad de los precios internacionales de las commodities; la fragilidad en la ejecución del gasto ya que "la eventual caída de estos ingresos afecta a la ejecución de proyectos estratégicos"; y finalmente que "la creciente explotación de recursos no renovables requiere de fuertes inversiones lo que conduce a que los gobiernos opten por contratar deuda externa a fin de sostener esas inversiones".

Un problema adicional es que aún no existen actores sociales y políticos poderosos como para presionar para ir más allá del extractivismo. Durante la fase de las privatizaciones existían sujetos que pudieron resistirlas, en particular los sindicatos estatales. Ahora no existen esos sujetos, deben ser construidos en una situación muy compleja: predomina un discurso estatal "progresista" que justifica el extractivismo, pero la mayor parte de la población no puede "ver" el modelo cuyos emprendimientos están en áreas rurales lejanas a las grandes ciudades.

Como mínimo, sería deseable que se instalara un debate público sobre el tema que no se reduzca al porcentaje de impuestos que deben pagar las empresas. Algo se ha avanzado sobre el tema, sobre todo en el costado ambiental. Pero la madeja está lejos de desovillarse: el nudo de la cuestión es cómo transitar de la extracción hacia la producción, no sólo sumando algo de valor agregado (el mal menor) sino estableciendo pautas para un crecimiento autónomo de los precios internacionales, tan caprichosos en sus explosivos aumentos como depredadores en las debacles.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

Fuente: http://alainet.org/active/41887 27-08-2010

"Otro monocultivo, las mismas consecuencias" por Darío Aranda.
Concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. El monocultivo de árboles conlleva a consecuencias similares a la soja, pero con un perfil mucho más bajo. Con gran presencia en la Mesopotamia, comienza a extenderse en la Patagonia. Al igual que la minería, una legislación generosa incentiva su avance.

Son como un ejército en formación. En línea, verdes y prolijos. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecieran clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por la dirigencia política y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad, altos consumos de agua y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Hay que ser claro, las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones referentes del Pueblo Mapuche, en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y su superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada el año último– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA, exención de Ingresos Brutos e impuesto inmobiliario. Análisis de una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.

Industria poderosa

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millón de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento (4,7 millón), seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento (898 mil toneladas), Buenos Aires y Corrientes con el ocho por ciento (661 mil y 650 mil, respectivamente). Río Negro y Neuquén son aún jugadores menores (69.000 y 65.000 toneladas, respectivamente), pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son, con sus particularidades, los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. Según datos oficiales, el 48 por ciento se destina a plantas de celulosa, el 41 por ciento para aserraderos y ocho por ciento a tableros. El resto se utiliza para postes, leña y carbón.

“En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros. El 80 por ciento de la madera de exportación tiene como destino los Estados Unidos (para la industria de la construcción), el 20 restante se distribuye entre España, Francia, Inglaterra y Brasil. Casi la totalidad (el 95 por ciento) es pino.

AFOA explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la Ley 25.080. Justamente la nueva legislación fue la que impulsó la “modernización del sector”, explica Barros. En el mercado internacional compite desde atrás con Brasil y Chile, referencias forestales del sector argentino. Reconoce que la crisis económica mundial produjo un “amesetamiento” de la producción, pero aún así se continua sembrando árboles. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En Argentina no hay campesinos, como sí hay en Brasil o México. Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción”.

Según la Secretaría de Agricultura, en Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad 24 pueblos indígenas. No existen datos oficiales, pero las estimaciones de las organizaciones indígenas varían entre el 1,1 a 1,9 millón.

Provincia modelo

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del 90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Durante años fueron desoídos y hasta ninguneados. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, campesinos e indígenas alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas desde siempre. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet Sociedad Anónima ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio indígena. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos. Desde la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) aseguran que es sólo un ejemplo, entre cientos, del accionar forestal sobre territorio campesino e indígena.

Durante gran parte del siglo pasado, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas, y por dos factores: la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba mate, las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales (con leyes blandas, desgravación impositiva y subsidios generosos).

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, se valen de contratistas –medianas o pequeñas empresas– que muchas veces son las que hacen punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la expulsión de habitantes ancestrales y la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo relevamiento afirma que, en la última década y en la zona de la pastera Alto Paraná (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la RAOM, desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal.

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.

Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica, y protagonizan conflictos con pueblos originarios y familias campesinas.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, explica la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. A pesar de habitar el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado penalmente por“robo” en su propia tierra.

“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales (que siempre pastaron en el lugar) y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza que incluyen los llamados ‘bonos verdes’ (certificados ambiéntales que cotizan en bolsas de valores), entre otros mecanismos de control y saqueo de nuestro territorio. No permitiremos que nuestros espacios sean parte de ese juego”.

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras: toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas. “El Estado de Río Negro y sus funcionarios niegan sistemáticamente nuestros derechos como Pueblo Mapuche. Exigimos, en cumplimiento de las leyes, que restituyan a la comunidad Pichún su fracción del territorio y que se retire la empresa Emforsa del lugar”, aclaró el CAI.

La empresa Emforsa rechazó dialogar con este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que no respondió los llamados.

La zona cordillerana de Río Negro vivió su avanzada forestal en la década del 80, de la mano de aserraderos, con desmontes y expulsión de pobladores rurales. A nivel nacional funcionaba el Ifona (Instituto Forestal Nacional, disuelto en 1992) y, en la Patagonia, el Servicio Forestal Andino (SFA), aún vigente. “Estos organismos iniciaron la implantación de cultivos de pinos de especies exóticas, mecanismo con el que se presionó a los pobladores, mayormente fiscaleros sin título de propiedad. Esos proyectos de forestación ‘pequeños’ abrieron el camino para la creación de la empresa de capitales mixtos como Emforsa, que se extendió definitivamente en el territorio en la década del 90”, detallaron desde el CAI.

En los últimos años, Emforsa pretendió avanzar con forestaciones en la zona de Ñorquinco, 130 kilómetros al sur de Bariloche, en espacio territorial de la comunidad Kom Kiñé Mu. El intento empresario fue rechazado por las familias mapuches, pero las tierras son codiciadas para ese monocultivo.

¿Tierras fiscales?

La Corporación Forestal Neuquina (Corfone) es la empresa mixta que impulsa el avance de los pinos en la provincia. En 2009 planifica sembrar 3500 hectáreas y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios locales el presidente de la Corporación y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. La Comisión de Forestación de la tradicional entidad sincera las ventajas: “La aplicación y cobro de los subsidios nacionales y provinciales han sido unos de los factores de mayor incidencia en el crecimiento de la actividad forestal”, resalta desde su sitio de internet, y augura un futuro prometedor: “La Provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y Cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”.

Lo que la Sociedad Rural y el gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los periodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales es desde días hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, afirma Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino coincide: “Se pretende extender la superficie implantada, de hecho fue uno de los ejes de la campaña del actual Gobernador (Jorge Sapag), que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa.

“El discurso de la forestación en Neuquén es casi exclusivamente estatal”, advierten desde la organización y explican que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”. Entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de ceder temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez dentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde las familias exigen la devolución y la empresa quiere echarlos”, denuncia la Mesa.

Otra forma del modelo forestal, solapada, fue instalar viveros de pinos en los pueblos. “Pusieron en marcha emprendimientos con una gran cantidad de empleados, casi todos campesinos jóvenes que comenzaron a trabajar en la actividad forestal, abandonaron su campo, dejaron su trabajo en la producción ganadera, característica de la zona. Es una estrategia para descampesinar los parajes, ‘por las buenas’, con un impacto cultural y social muy grande”,denuncian desde la Mesa Campesina.

Argentina, capital forestal

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años.

Durante la presentación del XIII Congreso, en mayo pasado, el secretario general del evento, Leopoldo Montes, se entusiasmo con una gran noticia: “No será exclusivamente académico, trataremos de fomentar el ámbito para que las altas delegaciones e inversores que vienen de países como China, Canadá o Estados Unidos puedan tener contacto y generar negocios con empresarios nacionales”.

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –sobre todo consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibiloni, el secretario de Ambiente de Nación.

———————–

Una ley generosa

A lo largo de la Cordillera se multiplican las asambleas ciudadanas que enfrentan el desarrollo minero a gran escala, con denuncias de contaminación. Luego de cinco años de movilización comenzaron a ganar espacio en la agenda porteña y pusieron en evidencia una infraestructura jurídica (Ley 24.196), aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, con enormes ventajas impositivas. De idéntica manera, pero silenciada, las empresas forestales también contaron con la bendición menemista: la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”, sancionada el 16 de diciembre de 2008 y promulgada un mes después, el 15 de enero de 1999.

La ley beneficia tanto a personas físicas como jurídicas, y subsidia generosamente todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. “Se incluye las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera”, señala el artículo tres de la ley, que incluye especies nativas como exóticas. El artículo seis detalla los beneficios: no deben pagar impuestos de sellos ni impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

“Se elimina el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre producción, corte y transporte de la madera en bruto o procesada proveniente de los bosques implantados”, explicita la ley. También cuenta con devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para la compra o importación de bienes, locaciones o prestaciones de servicios; y pueden amortizar el impuesto a las ganancias de la compra de maquinarias y de las inversiones en obras civiles.

El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explica, por las dudas, la ley. Implica que, por ejemplo, el corralito bancario de 2001, que afectó a todos los argentinos, no perjudicó a las empresas del sector, sean pequeñas, medianas o grandes. Tampoco pagan el impuesto al cheque, que sí tributan todos los ciudadanos. La frutilla del postre la colocan las provincias, que tienen potestad (por la misma ley) de extender la “estabilidad fiscal” veinte años más, por lo cual la industria forestal cuenta con 50 años sin cambio alguno en su política tributaria.

El artículo doce suma otro beneficio: “Las empresas estarán exentas de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave a los activos o patrimonios afectados a los emprendimientos forestales”.

El artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento. Los subsidios serán mayores en la Patagonia, donde se cubren el 80 por ciento de los campos de hasta 500 hectáreas, y el 20 por ciento de las de 700.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la década del 90, en la redacción de la norma e impulsó su sanción. “Tomamos como referencia la ley minera”, sincera Jorge Barros, vocero de la entidad, aunque al instante toma distancia:“Nuestro sector no tiene beneficios exagerados, contamos con menos ventajas que la industria minera”.

Raúl Gorriti milita junto a familias campesinas, integra la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) y desde hace una década estudia, y denuncia, el accionar forestal. En cuanto a la ley 25.080, no tiene dudas. “Es un negocio redondo. Dicen que favorece también a los pequeños productores, pero la realidad es que las mayores beneficiadas son las grandes corporaciones madereras, que tienen espalda suficiente para esperar los tiempos de los subsidios del Estado. Esta expoliación de la naturaleza, del pueblo y los fondos públicos es la misma política que favorece a las petroleras y las mineras. Es parte de la entrega del patrimonio nacional”, denuncia.

Eduardo Stirneman integra el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), impulsa la actividad y conoce la ley a la perfección, tanto en su teoría como en su práctica comprobable. “El pequeño y mediano productor no tiene grandes probabilidades de ser beneficiados con la ley, sobre todo por los atrasos en los beneficios, que se demora hasta tres años en pagar. Al pequeño no le sirve”, afirma el profesional, y sincera quiénes son los ganadores: “Los grandes productores aprovechan la estabilidad fiscal, los reintegros de IVA y Ganancias, y amortizan la compra de herramientas”.

Paradójicamente, cuanto mayor es el negocio, mayor es el subsidio. La ley 25.080 es clara: “La Autoridad de Aplicación establecerá un monto mayor de apoyo económico no reintegrable cuando los proyectos se refieran a especies, nativas o exóticas, de alto valor comercial”. El artículo 32 insta a la creación de una comisión bicameral del Congreso, para realizar un seguimiento de la norma, y también controlar. Pero la comisión nunca se creó.

En 2007, el sector exportó por 1.000 millones de dólares. Dependiendo del producto, tiene retenciones de entre el cinco y diez por ciento. Aunque desde AFOA solicitan su reducción a la mitad.

La ventajosa ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero el lobby forestal comenzó mucho antes a exigir la prorroga. Hizo punta la Asociación Forestal Argentina (AFAO), donde están presentes las más grandes empresas del sector, aliada estratégica de senadores y diputados mesopotámicos. En mayo de 2008, AFOA expresó mediante un comunicado su “preocupación por la lentitud en el trámite requerido para prorrogar la ley”. El 27 de junio, la Comisión de Presupuesto del Senado recibió a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que dieron el visto bueno para la prorroga. “Es urgente tener dictamen”, afirmó el legislador misionero Eduardo Torres. En agosto tuvo media sanción en Senadores y en noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“La prorroga de la Ley aporta los cimientos para que Argentina se pueda consolidar finalmente como un jugador de peso en el circuito forestal internacional”, celebró en un comunicado la Asociación Forestal Argentina, que destacó “la proactiva actuación del Secretario de Agricultura, Carlos Cheppi”.

———————–

El aspecto ambiental: Cuando el bosque no es bosque

“Las plantaciones de árboles a gran escala se extienden en prácticamente todos los países de la región. Ya sean para celulosa, madera, aceite o combustible están implicando una serie de graves impactos que afectan a las comunidades locales, tanto sociales y ambientales, con uso de agrotóxicos y degradación ambiental de suelo, agua, flora y fauna”, denuncia el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). En la misma línea, en septiembre pasado, profesionales y estudiantes forestales de 29 países lanzaron una alerta mundial sobre el cultivo industrial. “Los monocultivos de árboles no son bosques”, advierte desde su título el llamado a tomar conciencia.

“Muchos gobiernos del mundo promueven la expansión de monocultivos de árboles a gran escala, a pesar de los graves impactos sociales y ambientales ya constatados en las plantaciones existentes. Quienes impulsan este modelo afirman que las plantaciones son bosques, lo cual no es cierto”, aclara la campaña, lanzada por profesionales de América, Asia y Europa. El colectivo advierte sobre la pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico (tanto agotamiento de fuentes de agua como inundaciones y deslizamientos), degradación de suelos y expulsión de población rural.

El Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) explica que el fenómeno forestal se remonta a la década de 1950, cuando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) impulsó el monocultivo de eucaliptos y pinos en gran escala, en consonancia con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La FAO fue la que definió a las plantaciones industriales como ‘bosques’, y esa definición sirvió a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde”, aclara la organización.

Desde una definición técnica, un bosque es un lugar diverso que presenta tres estratos vegetales: uno en el que predominan los pastos, otro de arbustos y un tercero con especies arbóreas. En el bosque habitan muchas especies animales y de allí los hombres generan soberanía alimentaria, abrigo, calefacción y medicinas. “Eso no se encuentra en un monocultivo de pinos”, explican desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino.

Desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA) niegan consecuencias ambientales, explican que las empresas del sector cumplen con los más altos estándares internacionales y precisa que, en la Patagonia, el avance forestal se da sobre tierras empobrecidas, que no tienen otra utilidad productiva.

“Comienzan sembrando pinos en tierras muy degradadas, pero luego van avanzando sobre otras, destinadas a la cría de animales o agricultura familiar”, explica Diego Solana, de la Mesa Campesina, y se suma al debate del costo ambiental. “Hay arraigado un discurso que dice que ‘el verde es vida’, y no es así. El monocultivo forestal desaloja y excluye, no genera alimentos ni materiales para las familias de la zona, tiene como consecuencia la falta de diversidad, la proliferación de plagas y, sobre todo, no es complementario con otras actividades, por ejemplo con la cría de ganado, característica de la región. Por si fuera poco, expulsa familias campesinas e indígenas. En resumen: es como el monocultivo de soja”.

La Patagonia es el segundo polo forestal, luego de la Mesopotamia, pero aún no está claro el destino final del planificado crecimiento para el mediano plazo. Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas advierten dos posibles usos: futuras (y cuestionadas) plantas de celulosa en la región y el turbio negocio de los “bonos verdes”, una suerte de “acciones ambientales de bolsa” surgidas del Protocolo de Kyoto (acuerdo internacional que tiene como fin reducir la emisión de gases que provocan el calentamiento global).

Como parte del Protocolo, las actividades que contribuyen a transformar el dióxido de carbono (CO2) –como los bosques de pinos industriales, por el proceso natural de fotosíntesis– son premiadas con certificados canjeables por dinero. Además de la veta económica, los bonos verdes son fichas en el mapa geopolítico mundial: los países de primer mundo obligados, por el Protocolo de Kyoto, a bajar sus emisiones de dióxido de carbono impulsan en países subdesarrollados actividades que obtengan bonos verdes y así se les permite (por el mismo acuerdo) continuar con su estándar de vida y altos niveles de contaminación.

Con los bonos verdes los países centrales mantienen su monumental emisión de gas a cambio de impulsar monocultivo de árboles en países dispuestos a transformar su biodiversidad.

Jorge Barros, de AFOA, explica que aún no existe desarrollo forestal en pos de los bonos verdes, pero advierte que “puedo haberlo”. “Es factible, pero los actores protagónicos serían las grandes empresas, con no menos de 5.000 hectáreas comienza a ser rentable”, señala.

En Chubut, un actor de peso comenzó a forestar, en silencio. En sólo cinco años, el Grupo Benetton lleva sembradas 6700 hectáreas. En Neuquén es de conocimiento público que las empresas petroleras quieren hacer punta en el rentable negocio de los bonos verdes. “Chevron y Repsol son las empresas socias del Gobierno”, afirmó Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche. Información corporativa, de ambas compañías, confirma el trabajo junto a la empresa estatal Corfone. Chevron lleva sembradas 5.000 hectáreas, mientras que Repsol-YPF ya alcanzó las 10.000 y avanzará con otras 5.000 para 2011. Otro destino de las plantaciones de árboles puede ser una actividad de bajo perfil, pero seductor para las petroleras: la obtención de combustible a partir de subproductos de árboles.

Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2009/07/30/la-invasion-forestal/

"El mapa de la "judicialización" de la protesta social en Misiones" por Sebastián Korol (Revista Superficie)

"No lo vamos a dudar. Recurriremos a la justicia cada vez que sea necesario para garantizar que quienes ejercen el derecho a reclamar no impidan la libre circulación de los demás ciudadanos”. Jorge Franco, Ministro de Gobierno de Misiones

“El poder público persigue penalmente a quienes participan en protestas sociales, en vez de ver estos hechos como un homenaje a la democracia. Son actos de heroísmo de personas que, con gran coraje cívico y a pesar de haber sufrido situaciones tremendas, se levantan y reclaman al Estado que cambie su actitud”. Roberto Gargarella, sociólogo, abogado constitucionalista

Desempleo, precarización laboral, explotación, pauperización educativa, abandono sanitario, hambre. Las causas enumeradas obligaron a trabajadores (ocupados y desocupados), peones rurales, estudiantes, afectados por represas, padres y vecinos autoconvocados de diferentes puntos de la provincia de Misiones a tomar las calles, rutas, edificios públicos y plazas en reclamo de soluciones al gobierno del Frente Renovador. Las respuestas obtenidas: represión, persecución política, criminalización, judicialización. La política de la mano dura se impuso como oficial en el Estado del “Crecer más, crecer en paz”. Prueba de ello es que en los últimos tres años se abrieron más de cuarenta procesos judiciales contra luchadores populares, de los cuales varios ya se encuentran en avanzada instancia, próximos a dictamen de sentencia.

La judicialización de la protesta social es una realidad que atraviesa a todo el territorio nacional. Según estimaciones del espacio “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” -integrado por más de 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles de todo el país- actualmente existen en Argentina cerca de 5.000 personas procesadas por participar de protestas sociales. Conforme a datos oficiales, la provincia con mayor incidencia de pobres (29,5%) y la segunda en indigentes (7,9%) del país es Misiones (Inti, 2009). Vastos sectores de la población misionera no disponen de los más elementales derechos: alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad social. En la tierra colorada también está vedado el derecho a la protesta. “El primer derecho”, como destaca el constitucionalista Roberto Gargarella, para quien el reclamo social constituye la base para la preservación de los demás derechos. “Si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”, advierte.

Durante la década del 90 emergieron en Argentina nuevas formas de protesta, caracterizadas por la acción directa como el corte de ruta (piquete), el escrache (acción de repudio), los levantamientos comunitarios (estallidos sociales y puebladas), entre otros. El nuevo ciclo de protesta fue desplazando a repertorios tradicionales de acción colectiva, como la huelga y las grandes concentraciones políticas, propias de etapas anteriores. Y entre las nuevas modalidades se instaló con mayor fuerza el corte de ruta como herramienta de resistencia contra el neoliberalismo. Siempre que algún piquete o movilización tiene lugar sobre rutas o calles de Misiones, los funcionarios del gobierno provincial, jueces, fiscales, políticos y periodistas levantan la voz casi al unísono para expresar que “los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro", en referencia al derecho a la “librecirculación”. Según entienden importantes juristas y doctrinarios, no es posible equiparar el derecho a reclamar con el derecho a transitar, ya que los actores o grupos sociales no se encuentran en la misma condición socieconómica. Quienes llegan al piquete u otra medida de fuerza (movilización, toma de edificio público, sentada, huelga, etc.) están en una situación de evidente desventaja, ya que agotaron las instancias formales y/o administrativas, las autoridades no los atendieron y tampoco tienen recursos para acceder a los medios de comunicación masiva. Es por ello que ven en el corte de ruta o calles la última salida para hacer valer los derechos que apuntan a la consagración de sus vidas. Ante esta situación, el Estado ejecuta respuestas violentas, criminaliza a sus actores y los judicializa, en lugar de otorgarles una protección especial y una efectiva y rápida solución a los problemas que ponen sobre el tapete.

Lista negra renovada “La persecución judicial a los luchadores sociales significa que el Estado represor está intacto y que no duda en desplegar toda la fuerza para acallar a quienes reclaman”, expresa desde Puerto Iguazú la docente y militante del Polo Obrero (PO) Ramona Romero, caso emblemático de la judicialización de la protesta social en Misiones. La mujer, junto con siete padres autoconvocados (Edgardo Landa, José Aquino, Evaristo Barroso, José Luis Suárez, Alberto Escobar, Santiago Galeano) y el sindicalista Angel Sosa) fueron procesados en agosto de 2008 por reclamar mejores condiciones educativas para las escuelas más pobres y abandonadas de la ciudad de las casi-maravillosas cataratas. “No sólo estoy en las puertas de un juicio oral, sino que durante los activos reclamos que llevaban a cabo los padres defendiendo la educación de sus hijos me han perseguido sistemáticamente con causas prefabricadas, presiones psicológicas por parte de las autoridades con acoso policial y separada del cargo de directora de la escuela 694 de modo totalmente ilegal”, señala. Apoyar y solidarizarse con los históricamente hambreados y pisoteados tareferos (peones de la yerba mate) de Montecarlo fue motivo suficiente para que la justicia también imputara y procesara a Rubén Ortiz y Carlos Di Marco, integrantes de la mesa de conducción del Movimiento Social de Misiones (MSM). “En nombre del derecho a la libre circulación, que quizás en esta lucha la ponemos en juego, lo que se trata de tapar es el derecho a la alimentación. Cuando vamos a la ruta lo que estamos defendiendo es el derecho a la comida, el derecho a la vida. Creo que con esto de criminalizarnos están tratando de tapar la destrucción de trabajo y de vida y el hambre que genera el modelo productivo centrado en las pasteras y en los mega-aserraderos. Los criminales acá son los ministros de Agricultura y los gobernadores que afianzaron, de la dictadura en adelante, el modelo de la pastera. Esos son los criminales, los que deberían hoy rendir cuentas”, enfatiza Ortíz. Di Marco agrega: “Claramente es un intento de disciplinamiento del legítimo reclamo social de los sectores de mayor vulnerabilidad. Es como una espada de Damocles, de intentar mantener una presión contra algunos dirigentes para quitarles libertad de conciencia y de movimiento” . Desde Eldorado, el vocero de los docentes autoconvocados de esa localidad y también integrante del PO, Aníbal “Tato” Zeretzki, sostiene: “La escalada de procesos judiciales contra los que pelean es la expresión de la impotencia de este gobierno de los 'derechos humanos' ante el reclamo organizado por parte los diferentes sectores de trabajadores y movimientos sociales frente a la precarización de las condiciones laborales”. El dirigente acumula dos causas en su contra por luchar contra la designación del oficial de policía Darío Sarubbi como director de un colegio público; y en similar situación se encuentran los padres autoconvocados Francisca Duarte, Hilda González, Nancy Urbina y Jorge Mereles, y la docente Roxana Feierabend. Además, Zeretzki tiene otra causa por participar en un corte de ruta junto a trabajadores desempleados de la “Capital del Trabajo”. Sostiene que “la respuesta ante estos atropellos no puede ser otra que la solidaridad activa del conjunto de los trabajadores”. María Antonella Scappini y Daniela Judith Fontana, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, fueron procesadas en abril de 2009 por participar junto a vecinos de una decena de barrios de Posadas de un corte en la Ruta Nacional 12, en reclamo de bolsones de comida, planes sociales y trabajo genuino. “El gobierno judicializa la protesta como un intento de tapar las problemáticas sociales. Llamativamente, se abren causas en un contexto de profundización de la lucha de sectores populares de diferentes puntos de Misiones: tareferos, desocupados, afectados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y trabajadores precarizados”, observa María Antonella.

A finales de septiembre de 2009 se desató una feroz represión contra afectados por la represa de Yacyretá de la Capital provincial que intentaban cortar pacíficamente la ruta 12 a la altura del arroyo Zaimán. Dos personas fueron fuertemente golpeadas y detenidas y están procesadas por interrumpir el tránsito y desobedecer “a la autoridad”. Son Brígido Olivera, vocero de los afectados por la represa y Roberto Gutiérrez, técnico electricista del barrio Poujade. Desde hacía varias semanas los dirigentes resistían junto a decenas de vecinos, a los desalojos compulsivos que se venían ejecutando desde el ente binacional. Y reclamaban que el 51 por ciento de los ingresos por la venta de energía de la EBY se destine a acción social y al cuidado del medio ambiente. “Nosotros nos manifestamos en la ruta porque nos habían dejado sin nada. Nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, en defensa de los más elementales derechos humanos”, señala Gutiérrez. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la figura de su secretaria general Nora Dedieu, tiene dos causas abiertas por llevar adelante manifestaciones en calles y edificios públicos: Un reclamo y una acción frente al edificio de Hacienda en agosto de 2008 y otra movilización en el Ministerio de Salud, en demanda de mejoras en el tercerizado, precario y nocivo servicio de limpieza, que dejó en mayo de ese año tres víctimas fatales y siete intoxicados graves. La dirigente gremial considera que “la actitud del gobierno es totalmente repudiable, en vez de escuchar y abrir espacios de diálogo para dar una respuesta concreta y satisfactoria a las necesidades de la comunidad, lo que recibimos es la judicialización y la represión”. Por su parte, Norberto Godoy, delegado del gremio en la sede central del Registro de las Personas -que funciona en la Capital provincial- fue procesado días atrás por participar de una protesta pacífica en el edificio del organismo, en reclamo por las malas condiciones edilicias y laborales de los empleados de la institución. También en Posadas 25 dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se encuentran procesados por participar de manifestaciones callejeras y por supuestos delitos cometidos el 5 de marzo, luego de la feroz represión policial desatada contra mujeres y hombres desempleados. Los manifestantes, llegados de una veintena de barrios periféricos de la ciudad, acampaban desde hacía tres días en la coqueta Plaza 9 de Julio en demanda de fuentes de trabajo. Federico Padolsky, uno de los procesados de la organización, observa que la judicialización de la protesta “es una política que está llevando adelante el kirchnerismo a nivel nacional, es la nueva manera que tienen de perseguir políticamente. Ya no se es un dirigente social perseguido y judicializado, sino un delincuente común. Porque como tienen el verso de los derechos humanos, intentan mantener ese discurso. Pero acá hay una realidad: hay muy pocos genocidas de la última dictadura presos y hay más de 5.000 dirigentes populares procesados en el país por luchar”.

Derecho constitucional El abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella, profesor de “Derecho Constitucional” en las universidades Torcuato Di Tella y la Nacional de Buenos Aires, reflexiona que la criminalización de la protesta social implica “pensar la protesta a partir del derecho penal y además pensarla dando una cierta respuesta que apunta al hostigamiento, la hostilidad institucional hacia la protesta. A mi me parece que los dos puntos están errados, primero porque la protesta merece ser pensada desde otro lado, sobre todo cuando hablamos de protestas vinculadas a derechos fundamentales sistemáticamente violados. Y segundo, y para aquellos que quieren pensar la protesta desde el código penal, lo que ya de por sí es un error, porque el código penal también prevé muchas herramientas y la selección de herramientas que se hace también es indebida”. Aunque no aparece expresamente consagrado en la Constitución nacional, el derecho a la protesta deriva del juego armónico de los artículos 33, 75 inciso 22 (convenciones y pactos de derechos humanos), 14 (el derecho a reclamar), artículos 14 y 32 (derecho a la libertad de expresión), artículo 14 (derecho de reunión), artículo 14 bis (derecho de huelga) y artículo 36 (derecho de resistencia). “La protesta social es otra forma o medio de peticionar ante las autoridades, con el fin de hacer cumplir, exigir o hacer reconocer derechos, con la diferencia de que se trata de un medio informal, que no se agota en un mero pedido o solicitud a la autoridad, sino por el contrario implica otras cuestiones como la de reunión, libre asociación o participación social y política en el espacio público, la libertad de expresar y hacer saber sus opiniones”, se apunta en el manual de derechos humanos para organizaciones sociales “El derecho a tener derechos” (2009). Uno de los coordinadores de la citada obra, el abogado, sociólogo y docente en la Universidad Nacional de La Plata Esteban Rodríguez, sostiene que la criminalización de la protesta “es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales; de leer la realidad bajo la lupa del código penal”. Y advierte que se pretende despolitizar, "deshistorizar", y “sacar de contexto a los conflictos sociales, así como también emplazar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales”. Asimismo, analiza que la violencia institucional “es la mano derecha del Estado, la manera que eligió el 'Estado de malestar' para estar en una sociedad cada vez mas polarizada, segregada y compartimentada; pero también son las prácticas represivas que nunca se desandaron en la democracia. Estas prácticas constituyen una rémora de la última dictadura en el Estado y también en la sociedad en general. Porque sabido es que no hay represión sin ciertos niveles de consenso social”. El látigo procesal con el que se marca a quienes participan de protestas sociales en Misiones no hace más que agravar la acuciante situación de injusticia social. El Estado debería detener esta política persecutoria y criminalizadora, atender seriamente las problemáticas que originan las medidas de fuerza entre los sectores más postergados y ordenar, de forma inmediata, la suspensión de los procesamientos de todos los dirigentes sociales de la tierra colorada injustamente judicializados". Fuentes consultadas(...)

Sebastián Korol es Co-director de Revista Superficie: www.revistasuperficie.com.ar

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111924 27-08-2010

En "Recursos naturales/Bienes comunes: planes hegemónicos/disputas y resistencias" GER-GEMSAL* y Cátedra de Sociología Rural advierten:

"(...)Ante el saqueo de los bienes comunes que promueve este modelo extractivo hegemónico y que se hace presente de modo intempestivo en provincias como Salta, se ha configurado un escenario heterogéneo de organizaciones de pueblos originarios, campesinos, trabajadores desocupados y ambientalistas, que fue configurando un entramado de relaciones sociales que intentan dar respuesta de forma organizada a este modelo de saqueo. Un hito importante en la visibilización de la resistencia frente al modelo lo constituyó la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó adelante en febrero de 2009 en respuesta al amparo presentado por comunidades de pueblos originarios y campesinos de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, a fines de 2008.

En aquel responsabilizaban a las autoridades nacionales y provinciales por la tala indiscriminada de bosques (más de un millón de hectáreas) frente al avance de la frontera agropecuaria y los proyectos forestales, y solicitaban la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las autorizaciones de desmonte. La Corte Suprema terminó por hacer lugar al pedido de las comunidades de ampliación de la medida cautelar de diciembre a la totalidad de autorizaciones concedidas en los cuatro departamentos hasta tanto el gobierno provincial y nacional realizara un estudio de impacto ambiental sobre el efecto acumulativo de estas deforestaciones. En este proceso, las comunidades kollas de Salta se han organizado en el Qullamarka, fortaleciendo así su lucha por el respeto a los derechos adquiridos como pueblos originarios y su autodeterminación territorial, generando diversas acciones de resistencia a este modelo extractivo. Por otra parte ha denunciado en varias oportunidades el avance de la explotación forestal en su territorio, incluso una vez expedida la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su prohibición, al tiempo que ha venido denunciando el avance de la explotación minera y su repudio total a estas formas de saqueo y contaminación de los bienes comunes. En efecto, el Qullamarka hace frente cotidianamente en un territorio de más de un millón de hectáreas a emprendimientos turísticos, mineros, educativos, proyectos de saqueo de bienes comunes; antagonizando con modelos de intervención territorial de diferentes programas de desarrollo de ONG´s y y/u organismos estatales; a la vez que mantiene la lucha por la titulación comunitaria de su territorio.

Un caso similar se da en la provincia de Chaco, donde desde los años ochenta las comunidades de los pueblos qom, wichi y mocoví, con el acompañamiento de un grupo de organizaciones no gubernamentales, han impulsado importantes movilizaciones con el propósito de instalar en el espacio público la discusión sobre la situación de los indígenas de la provincia.

En un contexto de profundas transformaciones de la estructura social y del sistema productivo, el acceso a la tierra fue el reclamo central que estructuró las demandas históricas reimpulsadas por las comunidades. Con ese escenario de fondo, hacia 1987 las demandas y movilizaciones indígenas derivaron en la sanción de la denominada “Ley del aborigen Chaqueño” (Ley N° 3258). Desde la sanción de esa norma las comunidades obtuvieron la titulación de una superficie aproximada de 250.000 ha, a las que se suman otras 320.000 ha en la zona de El Impenetrable, que fueron reconocidas como pertenecientes a comunidades indígenas pero que aún no han sido restituidas formalmente (Beck, 2007). En este marco, la titularización comunitaria de 140.000 hectáreas que se hizo efectiva en 1999 a favor de la Asociación Meguesoxochi en el Interfluvio Teuco-Bermejito constituye un caso paradigmático, porque se trata de la mayor restitución de tierras – en términos de la superficie afectada – a favor de los pueblos indígenas en Argentina. Mientras tanto, durante los años noventa los procesos de reestructuración productiva se profundizaron en el marco del modelo de desarrollo que se consolidó a la par de las políticas neoliberales. La modernización del circuito algodonero avanzó de la mano de la mecanización de la cosecha y agudizó el declive de una de las principales fuentes de empleo rural, mientras que, sobre el final de la década, la expansión de la frontera agrícola adquirió un impulso decisivo al difundirse el cultivo de la soja transgénica en la provincia. La adjudicación irregular de tierras fiscales para ser incorporadas a la producción después del desmonte asumió una dimensión escandalosa. Según datos difundidos por trabajadores del Instituto de Colonización, el Estado chaqueño pasó de tener 3.500.000 hectáreas a mediados de los noventa a poseer tan sólo 650.000 hectáreas en diciembre de 2007. Se ha señalado que gran parte de las adjudicaciones fue realizada en forma irregular, sin cumplir con las condiciones que establecen la Constitución Provincial y la Ley de Tierras (N° 2913). Las comunidades indígenas y sus organizaciones de apoyo han reclamado insistentemente durante los últimos años el cumplimiento de las normas vigentes para frenar el avance compulsivo de las empresas comerciales sobre sus territorios. Durante el año 2003 el gobierno provincial impulsó la sanción de una nueva Ley de Bosques (N° 5285) que permitiría continuar con los desmontes, pero las Asociaciones Comunitarias deNueva Pompeya, Nueva Población y Comandancia Frías – comunidades wichi de la zona de El Impenetrable – presentaron un recurso de amparo alegando que dicha iniciativa era inconstitucional. El argumento central, además de señalar que dicha ley favorecería la destrucción de monte nativo y que no contaba con los estudios de impacto ambiental requeridos, denunciaba que nunca se había dado participación a las comunidades en su diseño, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. Como resultado, la justicia provincial atendió al reclamo y dejó sin efecto la nueva ley.

Finalmente, podemos afirmar que el caso del pueblo mapuche del sur del país presenta similares características a los anteriores, aunque también tiene algunas peculiaridades. Estas comunidades indígenas se encuentran ubicadas en el sur de la Argentina, fundamentalmente en las provincias de Río Negro y Neuquén, aunque con presencia también en Chubut y el sur de Buenos Aires. A lo largo de las últimas décadas, los mapuche han emprendido una larga serie de acciones organizativas tendientes a la recuperación territorial y a la defensa de los bienes comunes en su territorio. Región rica en biodiversidad, minerales e hidrocarburos, la Patagonia ha sido y es objeto de múltiples intereses económicos, siendo quienes los detentan los principales agentes del despojo, conjuntamente con la complicidad del Estado nacional y provincial que no resguardan a las comunidades ni regulan la venta y/o la concesión indiscriminada de tierras y bienes. El otrora mal llamado “desierto” – que nunca ha sido tal – sigue siendo aun un territorio en disputa por parte de las corporaciones internacionales y los gobiernos nacionales de turno. Durante los años ´90 las comunidades han iniciado procesos de recuperación territorial de facto en distintos puntos de la Patagonia, los cuales se mantienen hasta hoy con diferentes niveles de conflictividad y en distintas instancias judiciales. En dichas prácticas las comunidades ponen de manifiesto su opción por la vía de la acción directa, lo cual podría estar evidenciando la futilidad – o al menos la excesiva dilación – de los procesos legales de restitución iniciados hasta el momento. Pueden nombrarse varios hitos que grafican esto. A mediados de la década pasada se destaca la recuperación de 42.000 hectáreas en Pulmarí, provincia de Neuquén, tras un largo proceso de ocupación e instancias judiciales varias a lo largo de más de una década. Allí el conflicto se produjo a partir de los incumplimientos recurrentes de los estatutos de administración de un predio de 110.000 hectáreas por parte de la CIP (Corporación Interestadual Pulmarí), que estando integrada por autoridades nacionales, provinciales y representantes mapuche, debía hacerse cargo de la gestión conjunta del predio. También en Neuquén es trascendente la oposición que viene presentando el pueblo mapuche a las empresas petroleras Repsol-YPF, de origen español, y Apache Corporation de capitales norteamericanos en una zona aledaña a Pulmarí. Allí la comunidad Lonko Purrán se ha enfrentado tanto en forma directa – con corte de rutas y ocupación – como en los tribunales a dichas corporaciones, resistiendo hasta hoy la puesta en marcha de estos emprendimientos. Asimismo la comunidad Pillán Mahuiza, en la provincia de Chubut, viene enfrentando los intereses de la empresa española Santander que planea construir una serie de seis represas en la zona del río Carrenleufú, inundando 11.000 hectáreas, lo cual implicaría la pérdida de la biodiversidad de la zona y un gran impacto en las poblaciones, que deberían ser relocalizadas, con el despojo material y cultural que eso significa. En este caso se han puesto en evidencia los corruptos mecanismos que utiliza el poder, al amedrentar permanentemente a los pobladores bajo todo tipo de amenazas y atropellos (...)".

* GER-GEMSAL (Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina) y la Cátedra de Sociología Rural son programas de investigación y docencia del Instituto Gino Germani y la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA dirigido por Norma Giarracca. Véase www.ger-gemsal.org.ar. La firma colectiva indica que este artículo es producto de investigaciones de los distintos integrantes de los programas así como de las investigaciones colectivas financiadas por UBACYT y FONCYT.

Fuente: http://www.ger-gemsal.org.ar/files/gergemsaliade.pdf y Revista Realidad Económica Nº 249 de enero-febrero 2010

En consecuencia, la seguridad de presente y futuro de los de abajo es imposible ante el modelo extractivo que no sólo aumenta la pobreza y la desigualdad e injusticia social sino también deteriora la salud, fundamentalmente, mediante flexibilización y precarización laboral, salarios e IVA que restringen el acceso a la canasta familiar y grave contaminación ambiental. Aún más, prosigue el desmantelamiento del Estado social en favor del Estado policial y el Estado recaudador que privilegia el pago a los 'acreedores' y los subsidios directos e indirectos a los capitales concentrados.

 

La inseguridad radica, por un lado, en la anarquía de que donde uno vive haya decisión privada o estatal de instalar una fuente contaminante, un emprendimiento inmobiliario, una infraestructura dedicad a negocios de los acaudalados. Pero lo peor es la planificación de décadas del modelo extractivo que desertifica en todos los sentidos del concepto.

 

Antes que sea demasiado tarde escuchemos a quienes resisten desalojos, arrinconamientos y la contaminación ambiental, la criminalización de la pobreza, la judicialización de la protesta social, etc. Apostemos a la «reforma agraria integral» que termine con la pobreza, deje de generarla y profundizarla como el modelo CFK.