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Interbarrial Mayo 2011
La seguridad de los de abajo depende de poner fin al ferrocarril suburbano de pasajeros como empresa recaudadora de los concesionarios monopólicos y recuperarlo como servicio público para todo el país-continente. Desde antes de Menem-PJ, se planificó la destrucción de su función social y de su rol integrador. |
Juan Carlos Cena dice: Ha dejado pueblos sin agua, sin comunicación, dejó en estado de quebranto las economías regionales por la desconexión territorial, ya no transporta todo, sino lo que les conviene.(…) El ferrocarril fue una empresa solidaria, acarreó agua y pastura en tiempos de sequía, excavó e instaló bombas y tanques de agua para abastecer a poblaciones enteras de este imprescindible líquido, participó en las campañas de lucha contra las langostas y otras plagas, de vacunación, concurriendo a lugares donde nadie llegaba; con el Tren Sanitario encabezó la campaña contra el mal de Chagas, la lucha contra la vinchuca, abasteció y prestó auxilio a zonas inundadas. Acrecentó las relaciones y el intercambio comercial con los países hermanos de Bolivia, Chile, Paraguay y, colateralmente, con Uruguay y Brasil, es decir, el país contó con una herramienta inapreciable de alto valor estratégico para su desarrollo geopolítico. Todo esto no existe más. Al sistema no le interesa nada de eso. Aquí vale la pena repensar los derechos humanos. Esta ausencia genera un genocidio silencioso, cruel, malvado... como decía, hay en la actualidad 1.200, cifra al 2010, pueblos fantasmas, este es el resultado social no contabilizado en los grandes libros de las ganancias. Leer
En el capitalismo central se prefiere el ferrocarril que evita la alta inseguridad vial, economiza energía, brinda comodidad al pasajero y tiene mucho menor impacto ambiental que el autotransporte preferido por el contubernio de transnacionales con grupos económicos locales. Se podrá poner fin al contubernio con la implementación de la «reforma agraria integral» como recuperación o creación de territorios mediante la organización y autogobierno de las distintas comunidades. Pero, claro, hay que interconectarlos a lo largo y ancho del país-continente. El gobierno CFK tiene otra visión que el tren para todos. Legitima y subsidia el empobrecimiento a través de la recuperación del Belgrano Cargas con el fin de transportar los bienes comunes naturales hacia el exterior. Leer
La «reforma agraria integral» al ser proyecto de país-mundo hacia la seguridad de presente y futuro de los de abajo incorpora el tren para todos a la reconstrucción de las economías regionales sin sus rémoras feudales y a la industrialización que nos desentrampe de las terminales automotrices transnacionales.
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Otro país-mundo
requiere
«La reforma agraria integral»
Porque parte de constituir la unidad en diversidad de los de abajo para cambiar el régimen de propiedad sobre el territorio de Argentina y del continente. De modo que confronta con el "(…) nuevo marco de acumulación del capitalismo globalizado donde vastas regiones de los países subalternos aparecen como territorios que cobran un valor geoestratégico para el crecimiento y el desarrollo del mercado capitalista, por la posibilidad de utilización de los recursos naturales y biogenéticos existentes; como por ejemplo el agua, los hidrocarburos, la tierra, los minerales, los bosques, y la biodiversidad en general. De este modo, estas regiones se reconvierten dentro del esquema productivo mundial en una nueva división internacional del trabajo y de la producción (…)". Leer
GER-GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural* nos aclaran sobre cómo se constituye ese régimen de propiedad en su artículo "Recursos Naturales/Bienes Comunes: planes hegemónicos/ disputas y resistencias". Dicen: "Desde fines del siglo XX y comienzos del XXI, una transformación diseñada desde los centros globales del poder hegemónico se tradujo, como muy pocas veces antes, en los territorios, en las relaciones políticas, económicas y sociales, así como en las resistencias y mundos de vida de las poblaciones de toda América Latina. (...)
De allí que podemos advertir fácilmente no sólo la presencia de las corporaciones transnacionales interesadas en los bienes comunes (Repsol, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sino los diseños políticos, jurídicos y legales que se realizaron para habilitar la modificación de la geografía, los cordones de infraestructura para sacar (o saquear) los recursos naturales y profundizar la dependencia colonial de los grandes centro de poder internacional. Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política mundial.
La “globalización” como dispositivo ideológico comunicacional, los efectivos procesos donde se jerarquizan las financiaciones de los organismos de crédito como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), los gerenciamientos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los nuevos tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), configuraron los nuevos escenarios en los que los Estados nacionales sólo contribuyen con leyes que habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización, patentamientos, licencias de utilización de semillas transgénicas, etcétera. El Estado también interviene en la búsqueda de “licenciamientos sociales” cuando se necesitan (el caso de la minería) o en la de disciplinamiento social en los muchos casos de poblaciones que resisten estas inversiones.
Estamos frente a procesos complejos que abarcan dimensiones económicas, sociopolíticas y culturales. Asimismo, se basan en viejas concepciones del desarrollo, en una ciencia acrítica (“tecnociencia”) al servicio de la innovación tecnológica de los grandes grupos económicos y de prácticas de gestión acorde a ellas. Nuevas redes como la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción/ Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), complejos programas para el “alivio de la pobreza rural” del Banco Mundial, así como organismos que se centran en una gestión de los recursos y de la biodiversidad, sustentadas en instituciones como el BM, el G8 o varias ONGs como la World Wildlife Fund, World Conservation Union o el World Resourse Institute, constituyen “la mano izquierda” de esta política de los grandes intereses internacionales. Estos programas proponen “desarrollos territoriales”, “sustentabilidad” dentro del modelo neoliberal y siguen realizando inventarios de la biodiversidad latinoamericana y mundial para continuar con la actual política de apropiación, patentamientos o “biopiratería” de la flora y la fauna nativas.(…)
Si bien los intereses de estas corporaciones, sobre todo las dedicadas al gas y petróleo, podían ser registrados en los comienzos del período democrático, fue con el gobierno de Carlos Menem cuando los fuertes cimientos legales de este modelo de acumulación económica se establecieron. En efecto, en 1991, el entonces presidente firma el decreto de desregulación económica y unos años después las leyes de la autorización de las semillas transgénicas, habilitando en el sector agrario la instalación del modelo sojero. Del mismo modo en 1993 se aprueba la ley de inversión minera, otras de reordenamiento minero y regímenes de financiamiento; en 1995 se actualiza el código de minería; y en 1996 se genera el tratado binacional con Chile para la explotación de Pascua Lama; asimismo, desde 1991 comienzan también los procesos de privatización de YPF, privatización del servicio del agua y de la energía eléctrica (véase Giarracca y Wahren, 2005; Giarracca y Del Pozo, 2005).
Y tal vez lo más grave de todo haya sido el consenso alcanzado en la Asamblea Constituyente de 1994 para declarar la “provincialización” de los recursos naturales y establecer una obligatoria privatización (en la forma de consignaciones) de los mismos. Esta decisión habilitó una inédita concentración de poder económico en los gobiernos provinciales justificado bajo el manto del federalismo. Esta nueva configuración del control y uso del territorio,,colocó a los gobernadores –con sus luchas por los cargos y reelecciones, con sus golpes palaciegos, etc.- en un lugar central de la arena política en la Argentina del siglo XXI. Por dos razones: la primera, es la posibilidad que les presenta a los gobernadores de establecer alianzas económicas con fuertes actores económicos transnacionalizados y, la segunda, es que queda en manos de los poderes judiciales provinciales y de las fuerzas represivas la gestión de los conflictos con las poblaciones que preservan su derecho sobre la tierra, como es el caso de los campesinos e indígenas frente al avance del agronegocio (véase Barbetta, 2009), o con aquellas comunidades que cuidan los cerros, los ríos y el medio ambiente en general como los casos de los conflictos cordilleranos y patagónicos en contra de la minería a cielo abierto (véase Giarracca y Hadad, 2009) (...)".
Fuente: revista Realidad Económica N º 249 de enero-febrero 2010 www.iade.org.ar
Disputa por el uso y el control del territorio desde los de abajo
La «reforma agraria integral» se programa en base a las luchas por la vida y la dignidad de los diversos de abajo que los va encaminando a emanciparse. Significa comenzar a cuestionar y desligarse de la creencia en que con el voto podemos cambiar nuestra situación de oprimidos, estafados, humillados, ignorados, reprimidos... Es dejar de delegar en falsos representantes o en la democracia restringida y encaminarnos a:
◊ La comprobación de que, como con el PJ encabezado por Menem, el PJ hegemonizado por CFK garantiza el creciente enriquecimiento del poder económico e imperialista sin importarle que dicha acumulación lleva a la extinción de las comunidades y biodiversidades.
Diego Ignacio Domínguez y Pablo Sabatino, en la "La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay", explican cómo hay resistencia al globalizado sistema agroalimentario y agroindustrial:
"Como hipótesis consideramos que la implementación de la agricultura transgénica en áreas de agriculturas familiares coadyuva al establecimiento de “arenas” (Long y Long, 1992) de conflicto en torno a la apropiación y definición del territorio, y donde la apuesta de las familias campesinas, en última instancia, es asegurar la continuidad de su modo de vida, estrechamente relacionado con la producción de alimentos para la población local. O bien, en el caso de los pequeños poblados, encontramos que se entabla una disputa en torno a la defensa de la calidad de vida que llevan adelante los habitantes frente a las empresas agrícolas y las autoridades de la zona. Cabría aquí preguntarse en qué medida lo que llamamos agricultura transgénica es compatible con asentamientos humanos en las áreas de producción. Nos preguntamos si pueden convivir en un mismo territorio diferentes tipos de agricultura y modelos tecnológicos: industrial, tradicional, orgánico, agroecológico, biodinámico. En resumen, si el nuevo modelo en el cual se quiere asentar la producción agrícola, de alimentos y materias primas no inhibe e inviabiliza todo desarrollo local y bienestar de las comunidades; si el avance de la frontera agrícola que este proceso genera en países como Argentina o Paraguay no termina socavando la continuidad de las actividades productivas que se diferencian del modelo (agriculturas familiares o campesinas), o bien vulnerando la salud de la población. Las tensiones que se producen en las localidades donde se instala y se desenvuelve la agricultura transgénica, por lo general, están ligadas al desarrollo de procesos organizativos locales que se desencadenan a partir de los hechos de contaminación, o a la preexistencia de organizaciones sociales. En los primeros casos, la movilización social se expresa en denuncias u oposición al hecho de contaminación, cobrando carácter de acción directa o acción legal y/o institucional. En estos casos los procesos organizativos pueden trascender el ámbito local mediante su integración a redes que operan en distintas escalas (provincial, nacional o global). En los casos donde se encuentran organizaciones que preexisten a los hechos de contaminación, se observa el surgimiento de una construcción discursiva y práctica sobre las causas, los responsables, etc. Es decir, las organizaciones generan un dispositivo discursivo que les asigna un significado a los hechos, de forma tal que estos quedan articulados con las luchas que ya vienen llevando a cabo tales organizaciones en los territorios donde actúan. Se logra así integrar un conflicto aparentemente puntual en un marco de sentido y acción más amplio. Se amplifica el conflicto, constituyendo nuevos escenarios y formando nuevas alianzas, que trascienden la esfera local. Evidentemente, estas tensiones que señalamosexpresan distintas formas de construir territorialidades. Por ello, en el análisis de las situaciones de interfase entre la agricultura transgénica y la agricultura campesina que nos proponemos analizar, el territorio adquiere potencia conceptual.
A los fines de abordar el problema planteado, en este trabajo presentamos las transformaciones del agro argentino y paraguayo en clave modernizadora, cuyos rasgos distintivos son: la aplicación de la biotecnología a la producción agropecuaria, la concentración y orientación exportadora, y la ruptura de los marcos institucionales y las regulaciones estatales para el sector. El capital cada vez más concentrado y capaz de intervenir directamente en la producción agropecuaria mediante la biotecnología (principalmente de la soja RR ) tendió así a aumentar la escala productiva, disminuir la demanda de mano de obra y avanzar sobre nuevos espacios físicos aún no explotados bajo su lógica (estuviesen o no habitados). Como consecuencia de estos procesos, estamos presenciando un desplazamiento territorial de familias rurales:
por un lado, de aquéllos que van quedando fuera de los complejos agroindustriales, imposibilitados de seguir produciendo para un mercado en el cual ya no pueden competir;
por otro, de muchos agricultores que deben abandonar los campos debido a la violencia ejercida contra ellos por los poderes económicos y políticos (desalojos, persecuciones, amenazas, atentados, asesinatos, etc.); y otros tantos desplazamientos impulsados por la contaminación que se produce en las zonas donde conviven con lo que podríamos llamar agricultura transgénica.(...)
Con la agricultura transgénica, en el mismo territorio, no pueden convivir otras agriculturas. Por su carácter dominante obliga a las otras al éxodo. Sin que todo esto signifique demonizar una tecnología, se quiere señalar que toda tecnología se desenvuelve en determinadas relaciones sociales (y de poder), en las que ha surgido y por las cuales se sostiene. El análisis desde el marco de lo territorial manifiesta el encuentro de la agricultura hegemónica con la “otredad” y permite analizar los casos de contaminación junto con el “arrinconamiento” y desalojo de las familias campesinas, evidenciando los procesos emergentes y las expresiones de la nueva relación entre el modelo agroindustrial y las agriculturas “otras” en un territorio determinado (así como lo fue en la década del ochenta la agricultura de contrato como indicador de la articulación subordinada de los campesinos a la agroindustria, hoy en día esta relación se ha tornado excluyente). Ante este escenario, sostenemos que el aumento de la violencia rural constituye un síntoma más de un nuevo eje de conflicto social, lo que puede ser pensado como una nueva “contradicción”.
Se trata de las luchas por los usos del territorio, por la definición de las formas que adquirirá la territorialidad. El carácter contradictorio de estos procesos queda evidenciado una vez que se constata que los resultados de las disputas territoriales no son unívocos: en algunos lugares, las transformaciones territoriales impulsadas por actores sociales hegemónicos (empresas, grandes propietarios, gobiernos, etc.) logran concretarse en alguna medida; en otras situaciones, se entabla una conflictualidad con base en las resistencias que pujan por mantener territorialidades previas.
Sin embargo, lo interesante es observar aquellas territorialidades emergentes en las que los actores sociales “subalternos” (comunidades campesinas e indígenas, pobladores, etc.) logran impulsar estrategias de territorialización definidas y apropiables por ellos mismos en tanto actores locales. Es por todo esto que la contradicción en torno al territorio trasciende la disputa material por un espacio físico, involucrando además una disputa por su concepción como espacio de vida. En definitiva, vemos que, por un lado, existen diversos modos de “producir” territorio y “uniones” territoriales (Santos, 1994), y que, por otro, en los mundos rurales las distintas territorialidades se tensionan, libran batallas. Las “uniones horizontales” que realizan los movimientos campesinos entran en conflicto con la territorialización planteada por la agricultura industrial, que a partir de la producción de “uniones verticales” (subordinación de la vida de una localidad a las decisiones tomadas en otras localidades o centros de poder urbanos) constituye territorialidades excluyentes.
En las
territorialidades excluyentes, se disocia
la toma de decisiones sobre el manejo de un territorio de las poblaciones que lo
habitan y que, en última instancia, serán quienes asuman las consecuencias de
dichas decisiones. Con este corpus teórico analizaremos el escenario de
expansión de la agricultura transgénica, problematizando
la relación de la “agricultura industrial” o
del “agronegocio” con
lo que llamamos “modelos emergentes” de
agricultura, en el contexto de las transformaciones acontecidas en el agro
argentino y paraguayo durante la década del noventa, signada por la
profundización de los procesos de globalización y la aplicación de políticas
neoliberales (...)".
Fuente: libro Los
señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina/ 1a.ed. -
Buenos Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad
- CICCUS; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2010
◊La intuición de que necesitamos desalambrar para el bien común y para la trashumancia que es eficaz en el manejo ecológico de la cría de ganado.
"La Confederación
Mapuche denuncia que en varios
sectores de la Cordillera se impide el ingreso de los veranadores de comunidades
del centro neuquino. El werken de la organización mapuche de Neuquén Fidel
Kolipan, informó que ha recibido comunicaciones de los werkenes (voceros), de
los consejos zonales en los que esta organizado el pueblo mapuche en esta parte
del territorio en los que dan cuenta de destrucción de viviendas donde los
veranadores pasan las noches. La autoridad mapuche manifestó que los lugares de
mayor conflictividad se dan en la zona cercana a villa Pehuenia ( Río Litran,
Pampa de Lonco Luan), donde al llegar los veranadores se encontraron con
escuadrones de la policía provincial resguardando zonas que se adjudicaría
CORFONE (Corporación Forestal Neuquina).
El werken agregó que no sólo se afecta el derecho mapuche a su territorio sino
que también el del resto de la población que se ve afectada por el accionar de
estancieros resguardados por la policía de Jorge Sapag quienes permiten que se
alambre las costas de los ríos impidiendo el ingreso libre a las costas de los
ríos."Se han realizado las denuncias correspondientes del caso porque como
decimos no sólo nos están impendiendo el paso a los mapuche, acá entra un
problema mucho más grave que es la extranjerización de la tierra, fíjate vos que
el que alambro es un familiar del ex dictador militar en Chile Augusto Pinochet,
Roberto Iriarte que pretende cerrar todos los accesos al río con la complicidad
de la provincia que no hace nada para impedírselo", explicó. La aplicación
de la ley de relevamiento territorial es una solución para evitar que cada vez
que llega la época en que las familias mapuche comienzan el camino hacia sus
verandas no se encuentren con estos conflictos pero el gobierno del Jorge Sapag
se opone a la firma del Convenio con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas), con los cuales a lo largo del 2010 buscamos mesas de diálogo y
formas para avanzar pero nos encontramos con la oposición de la provincia.
El werken mapuche finalizó diciendo que "estamos
en una situación compleja en que sobre todo las cosas como confederación mapuche
vamos a buscar acabar todas las instancias de diálogo pero si no hay respuestas
deberemos pasar a otra estrategia y pasar a hacer uso de nuestros derechos" ".
Fuente:
Comunicadores Mapuche
http://comunidadlules.blogspot.com/2011/01/la-confederacion-mapuche-neuquina.html
◊La puesta en duda de significados y sentidos de las tierras fiscales que sustentan a nuestra visión de país y nos vuelve cómplices del saqueo
Día del indio americano: Despojo y apropiación
Por Marco Díaz Muñoz, director de la Agencia de Noticias Copenoa
La disolución premeditada desde antaño de las culturas originarias, en un principio a través de la espada y la cruz, exterminio justificado por la conversión de los indios sin alma a seres cristianos, inhumanos argumentos para concretar la barbarie del saqueo de sus recursos naturales, destruyendo en esa codicia desequilibrada, todo vestigio de las raíces culturales, religiosas, económicas, y de conceptos de organización comunitarios de los pueblos originarios, como los continuos quebrantamientos, hoy, de los estados nacional y provincial, se establecen en el continuismo del despojo, desaparición de los pueblos originarios que no ha tenido su fin.
El concepto de apropiación durante la sangrienta conquista de América, cuyo fin fue apoderarse de los recursos naturales como el oro y la plata, de los pueblos originarios y de sus tierras, en la actualidad mantiene su matriz.
Despojo y apropiación
El continuismo en la apropiación y despojo, también se ejecutó con sangre indígena en la conformación del Estado argentino, justificando el robo y la expulsión de estos, en las avanzadas militares de la cobardemente conocidas conquistas del desierto y del Chaco, sobre tierras de los pueblos originarios, con el fin de ampliar la geografía de posesión de aquel incipiente Estado, tierras luego distribuidas en miles de hectáreas a militares y ricos, luego latifundistas.
La apropiación y expulsión histórica, que sufren los pueblos originarios, hoy se acentúa en la provincia de Salta, con miles de familias indígenas desterradas de sus tierras ancestrales, hoy denominadas tierras fiscales, figura legal que avala el despojo.
El saqueo, sigue avanzando sobre tierras donde habitan pueblos indígenas, que son devastados por la expansión de la frontera agroforestal y ganadera. El Estado quien históricamente los ha expulsado, repite ese desvergonzado conceptobeneficiando a terratenientes extranjeros, en una indiscutible regresión histórica.
Ya sin tierras, en su mayoría, los indígenas se congregan ante la expulsión de sus lugares de hábitat ancestral, en las periferias de las principales ciudades del norte de Salta, en Gral. Mosconi viven al este de la ruta nacional 34, unas 14 comunidades, que no tienen garantizados los servicios esenciales para vivir. Otros expulsados, toman tierras fiscales, paradójicamente, admitiendo el concepto legal impuesto por el Estado por los cuales ellos fueron expulsados, claro ahora deben aceptar un pequeño terreno de 8 por 15, cobijados en plásticos negros, sin agua potable, sin luz, desocupados y desnutridos.
Los que resisten en sus lugares de origen, como en el Departamento San Martín, Rivadavia, entre otros, deben repeler el avance sobre sus ya escasos recursos, degradados por inescrupulosos madereros y la tala como desmonte para plantación de soja.
Son innumerables las denuncias que realizan los indígenas sobre la degradación del ambiente en que viven, realizadas por criollos, ante la inacción de los órganos de control, debiendo los originarios intensificar la organización para repeler las arremetidas devastadoras, lo que genera un alto grado de tensión en esas zonas.
Incumplimiento de la Ley
El reconocimiento de las leyes y tratados internacionales que protege a los pueblos indígenas, siguen siendo sólo anhelos en Salta, tal es el caso testigo de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que representa a unas 35 Comunidades indígenas que viven en los lotes fiscales N° 55 y 14, sobre el Rio Pilcomayo, que invocan la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que reconoce explícitamente los derechos de las Comunidades indígenas a “La posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan” y que ante el incumplimiento del gobierno de la provincia de Salta - Gobernación del peronista Juan Carlos Romero – efectuaron en agosto de 1998 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por violación de esta provincia y Estado nacional a los derechos legítimamente garantizados por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y que el gobierno del también peronista Juan Manuel Urtubey, tampoco respeta y resuelve, a favor de los originarios, los que están a la espera de una resolución favorable, del Tribunal Internacional, ante los antecedentes presentados y la jurisprudencia a favor que avala el reclamo de los pueblos indígenas de Salta.
http://www.copenoa.com.ar/Dia-del-indio-americano-Despojo-y.html 19 de abril de 2011
◊El reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado.
La Corte cordobesa falló a favor de 40 familias campesinas condenadas por usurpar sus propios campos
Reconocimiento a la propiedad ancestral
Por Darío Aranda (Página 12)
El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de“usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se
avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de
tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El
Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus
organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas
al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal
causante al modelo de agronegocios actual.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168243-2011-05-16.html
Fuente: http://www.rebelion.org/ Argentina/
19-05-2011
De resultas de estas nuevas percepciones y lógicas, tomaremos conciencia de que es fundamental la participación de una creciente mayoría de los de abajo en las disputas por el uso y control del territorio. También advertiremos la necesidad de la articulación de todas las luchas por la vida y la dignidad de vecindarios, comunidades, pueblos...Pero, entonces, los de abajo precisamos nuestro encuentro pluricultural e intercultural.
PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
La «reforma agraria integral» como construcción para la seguridad jurídica de la diversidad popular es irreconciliable con el capitalismo e imperialismo
Porque en nombre de la modernidad y la eficiencia se instaura la irracionalidad de un sistema mundializado mirando en exclusivo a los súper negocios de una minúscula minoría de la humanidad. Ese enriquecimiento a costa del creciente empobrecimiento de países-continentes no tiene perspectivas ecológicas y amenaza de extinción a la especie humana. En efecto, origina:
1. La suma inestabilidad ecológica o intensificación de catástrofes socioambientales debido a la uniformidad biológica y cultural
Soja sí, indígenas no
Por Darío Aranda
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar de la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los“agricultores familiares”.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra la cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal".
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.(...)".
Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/
2. La regresión del gran desarrollo científico y tecnológico de ignorar la previsión e incluso colaborar en genocidios
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
15 de abril de 2011
QUO VADIS JAPÓN
FUKUSHIMA SUPERA LOS NIVELES RADIACTIVOS DE CHERNOBYL
Por Javier Rodríguez Pardo*
El gobierno de Japón elevó de cinco a siete el nivel de gravedad en las instalaciones nucleares dañadas y destruidas en Fukushima, utilizando el arbitrario dictamen INES (Escala Internacional de Incidentes Nucleares) para medir la gravedad radiológica. Las contradicciones y omisiones oficiales sobre el desastre nuclear japonés nos permitieron indagar el real impacto de los reactores que se hallan en vías de fusión o literalmente colapsados; en notas anteriores anunciábamos que las emisiones radiactivas de Fukushima superaban holgadamente a las de Chernobyl. ¿Nos adelantamos a la decisión oficial que ahora se hizo pública? El síndrome de la evacuación, del gran éxodo, pende sobre un pueblo que ha comenzado a perder su territorio y aparece la pregunta ¿adónde?
¿Quo vadis Japón?
Cómo fue posible semejante desgracia si los señores del saber nuclear habían ponderado la calidad de las centrales atómicas de Japón, capaces de resistir terremotos de magnitud nueve en la escala de Richter, al mismo tiempo que culpaban a los profesionales locales de no haber sabido predecir un tsunami tan devastador, como si la culpa fuera de olas de quince metros cuando se esperaban algunas de un tamaño muy inferior. En esta correlación, no explicaban que las piscinas refrigerantes de desechos nucleares (combustible nuclear gastado que debe enfriarse por 25 ó más años), se habían agrietado debido al movimiento sísmico y no por el maremoto posterior, y que los tambores conteniendo los desechos radiactivos de alta actividad, ubicados en instalaciones contiguas, nunca fueron mencionados ni se aludía a su peligrosidad, ni donde se hallaban o en que estado habían quedado después de la violenta ola que los sacudió y revolvió brutalmente como si fueran hojas de papel; residuos que permanecerán activos por cientos de miles de años -hay que recordarlo- y que aún el hombre no ha procedido a aislarlos de manera definitiva. (Esperamos conocer el destino de esos recipientes deletéreos o el estado en que se hallan después del cataclismo). Mientras tanto las imágenes develaban la verdad disimulada en innumerables contradicciones entre técnicos, especialistas y gobiernos de distintas latitudes que sentenciaban la gravedad de Fukushima.
La seguridad de las centrales japonesas -en plena tragedia- era única en su género, fue diseñada para soportar terremotos inimaginables, advertían sesudos peritos, en el mismo instante en que, en el teatro de los sucesos, comenzaba la trama heroica de un grupo de técnicos que se inmolaba para salvar a sus congéneres, intentando enfriar, cubrir y acorazar a un reactor fusionado, tarea que resultó insuficiente. La proximidad del mar habilitaba el uso del agua, destructora de los metales del reactor, en último recurso para reducir la temperatura del núcleo averiado, a pesar de que aún se lo anunciaba como medianamente en estado de fusión, urdiendo de ese modo una de las mayores mentiras de la historia nuclear.
Menos mal que pasó en Japón, repetían insistentes las cadenas internacionales de noticias, ignorando acaso que esa misma isla había padecido decenas de fugas radiactivas de gran intensidad, sin fenómenos de terremotos o tsunamis a la vista, pero con la presencia -en un pasado reciente- de miles de manifestantes exigiendo el cierre de las centrales. Japón, al igual que los barones nucleares de occidente, acudió a la indecencia discursiva para afirmar que “aquí no pasa nada que no esté controlado”.
Fukushima permite elaborar una lista interminable de falsedades, engaños digitados por funcionarios, técnicos y expertos que minimizaban la tragedia convirtiendo al holocausto nuclear japonés en un genocidio justificado por una inconcebible adversidad. Fue la adversidad, proclamaron.
La misma hipocresía cientificista, capaz de afirmar que sólo treinta y cinco fueron los muertos de Chernobyl, deambula por los medios informativos en países de distinto signo: que Fukushima no representa peligro para la salud, que todos los equipos de seguridad funcionaron normalmente, que el sistema japonés previó una última coraza de hormigón impidiendo que la vasija con el núcleo se expusiera a cielo abierto, que la emisión radiactiva es semejante a la producida por un par de radiografías, que la radiación está controlada, que con el agua de mar inutilizaremos a los reactores pero habremos sofocado las emisiones radiactivas, fue una muletilla constante que se superponía con imágenes de las gigantescas cajas de hormigón destruidas y humeantes cubriendo los reactores. El viejo mensaje de que Fukushima no es Chernobyl demuele las argucias de la tecnocracia nuclear al reconocer ahora que ambas centrales se hallan en el mismo nivel siete en la escala INES.
De pronto la radiación alcanzó la bastedad del mar, primero a treinta kilómetros, enseguida superó los ochenta, leve y no significativa para la cadena trófica, argüían los voceros de la empresa y del gobierno, sin justificación alguna al reconocer elevados índices de radiación registrados en continentes lejanos. El agua, vehículo que comunica todo a la biosfera, se suma a la nube tóxica que también trasporta los radionucleidos en la gran campana. Nuestros registros, -comparativos con infortunios semejantes-, nos permiten afirmar que el caso Fukushima es mucho más grave que el de Chernobyl, en tanto contiene por lo menos cuatro veces más combustible que la unidad nuclear ucraniana. Aprendimos de Chernobyl y de las miles de fugas radiactivas de las plantas nucleoeléctricas, a descreer de los cultores de una tecnología que definen como de punta, barata, limpia y segura.
Ahora resulta que es barata porque las empresas no invirtieron en la seguridad que requieren las plantas (eso le achacan a la compañía eléctrica que gestiona Fukushima) y no dicen que es cara porque en realidad cuesta más la gestión del residuo radiactivo que la energía misma. Es sucia, por la misma cualidad anterior y porque en todo el proceso de la cadena nuclear se produce más escoria radiactiva que beneficios energéticos, en la molienda y colas de la minería, en la producción del dióxido de uranio, en los cementerios nucleares que quedarán vigilados eternamente, al ser decomisadas las centrales al cabo de su vida útil, en el reprocesamiento del combustible nuclear gastado, verdadero “licor de brujas”en opinión de quienes tienen la responsabilidad de reciclarlo, en las labores de las plantas nucleares en actividad y en la gestión de los residuos radiactivos, arrojados inescrupulosamente a los océanos o esperando repositorios definitivos que contengan los radionucleidos a perpetuidad. Al día de hoy no existe repositorio de residuos radiactivos de alta actividad en el mundo, y aquellos países que lo intentaron fracasaron. Hasta el PRAMU argentino, Proyecto de Remediación de Minas de Uranio, es una cruel falacia, con las minas de uranio abandonadas a sabiendas que contienen más del 70% del decaimiento del uranio 238, partículas cancerígenas expuestas a la complejidad climática, aún sin gestión definitiva.
Fukushima no puede ocultar la constante fuga radiactiva ni el impacto radiológico que sufre el planeta.
Hallan restos de yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio y de otras ciudades y altos niveles de radiación en la leche, en verduras y hortalizas producidas en la región afectada, fue un lacerante titular. Todo el territorio se vio impactado radiológicamente en la atmósfera, en suelos, agua potable y mar. Y esto continuará por muchísimo tiempo. Entonces es hora de advertir a la población de la gran mentira oficial que minimiza los niveles de radiación de alimentos como los hallados en la espinaca, “semejante a una quinta parte de la que puede recibir un humano en una placa de rayos X”, información que oculta deliberadamente el carácter acumulativo de la radiactividad.
Por lo pronto se están utilizando aeronaves sin piloto que fotografían y estudian las plantas nucleoeléctricas. Un helicóptero teledirigido francés se halla en camino de Fukushima, única forma segura de investigar las centrales dañadas y las que también recibieron impactos menores. Las piscinas de los reactores 5 y 6 aumentaron considerablemente la temperatura, las bombas de refrigeración no funcionan, hay escapes radiactivos y sus núcleos están en virtual desmadre. Otras informaciones avisan que las bombas refrigerantes actúan pero que la temperatura no baja sustancialmente.
Los reactores 1, 2 y 3 se hallan en nivel máximo de gravedad, la propia empresa TEPCO anunció las dificultades para dotar de energía y de refrigeración a sus núcleos. El reactor 4 es otro de los averiados que también subió de categorización en la escala INES (ha superado 100.000 veces los niveles normales de radiactividad). “Las sustancias radiactivas parecen difundirse hacia el norte”, en opinión de la empresa propietaria de las plantas, Tokio Electric Company (Tepco), admitiendo que niveles importantes de estroncio 90, cesio 137 y yodo 131se registraron a 80 kilómetros de Fukushima.
Si hasta ahora el nivel de radiación equivale a un 10% del emitido por la planta soviética de Chernobyl (razonaba un agente de seguridad japonés), induce a pensar que lentamente Fukushima sobrepasará los niveles de aquella. Habrá que modificar la escala porque el nivel siete en la gradación INES fue superado.
¿Por qué aseguramos esto?
Porque cuatro unidades de Fukushima en estado de fusión, con piscinas rajadas y continuas emisiones de radiación, contienen casi mil toneladas de uranio, equivalente a cuatro veces la del reactor 4 de Chernobyl. Los escapes testeadas en territorio y aguas japonesas provienen de esas barras almacenadas que incluyen el combustible gastado refrigerándose en las piscinas y no tenemos en cuenta (porque lo desconocemos) la cantidad de residuos radiactivos de alta actividad alojados en los tambores contiguos a las plantas. El propio operador de la empresa Tepco, Junichi Matsumoto, reconoció que la cantidad de radiactividad liberada podría superar a la de Chernobyl en caso de persistir las fugas, sin tener en cuenta, hasta el momento, que el yodo 131 emitido en Fukushima es el doble del liberado por la central ucraniana.
El territorio se reduce, la isla empequeñece, la naturaleza ejerce su dominio. Recorrer un mapa de la nación japonesa implica detener la mirada en las ciudades del sur, Hiroshima y más abajo Nagasaki, reflejo inevitable de la memoria. El norte de Tokio fue sacudido con violencia por el terremoto y los primeros anuncios apuntaban a la planta nuclear de Onagawa, envuelta en llamas. La costa norte del Pacífico (Sengai) fue la más golpeada por la triple tragedia que parece inacabable, terremoto, maremoto y radiación. La ciudad imperial, Osaka, aparece como el límite habitable hacia el sur, pero no alcanza para un pueblo que tendrá que repensar el país y bucear fuerzas en su vieja cultura, ahora occidentalizada y signada por una economía, la tercera mayor mundial después de Estados Unidos y China. ¿Es este el camino? Por eso nuestra pregunta ¿Quo vadis Japón?, también válida para el planeta. Por lo pronto habrá que ir imaginando nuevos sitios, otras islas y otro hábitat que suplante los territorios irradiados del norte. No es ilógico pensar que Japón se ve obligado a delinear un nuevo camino partiendo de un kilómetro cero, no sólo evitando desarrollar energías destructivas o de efímera eficacia, sino replanteándose el sentido de la vida. Japón es también un caso testigo para todos, punto de inflexión de un mundo cegado por el consumo, devorador de futuro.
*Javier Rodríguez Pardo, Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) Contacto: (011) 1567485340 Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)-Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
machpatagonia@gmail.com Fuente: www.machpatagonia.com.ar
3. La inseguridad alimentaria de la humanidad por poner en peligro de extinción a la gran variedad de semillas y razas creadas por campesinos
“Semillas secuestradas”
Por Esther Vivas (Público)
¿Quién ha oído hablar alguna
vez del tomate bombilla, la berenjena blanca o la lechuga lengua de buey?
Difícil. Se trata de variedades locales y tradicionales que han quedado al
margen de los canales habituales de producción, distribución y consumo de
alimentos. Variedades en peligro de extinción.
Nuestra
alimentación actual depende de unas pocas variedades agrícolas y ganaderas.
Tan solo cinco variedades de arroz proporcionan el 95% de las cosechas en los
mayores países productores y el 96% de las vacas de ordeño en el Estado español
pertenecen a una sola raza, la frisona-holstein, la más común a nivel mundial en
producción lechera. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), un 75% de las variedades agrícolas han
desaparecido a lo largo del último siglo.
Pero
esta pérdida de agrodiversidad no sólo tiene consecuencias ecológicas y
culturales, sino que implica, también, la desaparición de sabores, principios
nutritivos y conocimientos gastronómicos, y amenaza
nuestra seguridad alimentaria al depender de unos pocos cultivos y ganado.
A lo largo de los siglos, el saber campesino fue mejorando las variedades,
adaptándolas a las diversas condiciones agroecológicas a partir de prácticas
tradicionales, como la selección de semillas y los cruces para desarrollar
cultivos.
Las
variedades actuales, en cambio, dependen del uso intensivo de productos
agrotóxicos, pesticidas y fertilizantes químicos, con un fuerte impacto
medioambiental y que son más vulnerables a sequías, enfermedades y plagas.
La industria mejoró las semillas para adaptarlas a los intereses de un mercado
globalizado, dejando en segundo lugar nuestras necesidades alimenticias y
nutritivas con variedades saturadas de químicos y tóxicos, como recoge el
documental ‘Notre poison quotidien’ de Marie-Monique Robin, estrenado
recientemente en Francia.
Hasta hace cien años,
miles de variedades de maíz, arroz, calabaza, tomate, patata… abundaban en
comunidades campesinas. A
lo largo de 12.000 años de agricultura, se manejaron unas 7.000 especies de
plantas y varios miles de animales para la alimentación, pero hoy, según datos
del Convenio sobre Diversidad Biológica, sólo quince variedades de cultivos y
ocho de animales representan el 90% de nuestra alimentación.
La agricultura industrial e intensiva, a partir de la Revolución Verde, en los años sesenta, apostó por unos pocos cultivos comerciales, variedades uniformes, con una estrecha base genética y adaptadas a las necesidades del mercado (cosechas con maquinaria pesada, preservación artificial y transporte de largas distancias, uniformización en el sabor y en la apariencia). Unas políticas que impusieron semillas industriales con el pretexto de aumentar su rentabilidad y producción, desacreditando las semillas campesinas y privatizando su uso.
De este modo, y con el paso del
tiempo, se han ido emitiendo patentes sobre una gran diversidad de semillas,
plantas, animales, etc., erosionando el derecho campesino a mantener sus propias
semillas y amenazando medios de subsistencia y tradiciones. Mediante estos
sistemas, las empresas se han adueñado de organismos vivos y, a través de la
firma de contratos, el campesinado depende de la compra anual de semillas, sin
posibilidad de poder guardarlas después de la cosecha, plantarlas y/o venderlas
la siguiente temporada. Las semillas, que representaban un bien común,
patrimonio de la humanidad, han sido privatizadas, patentadas y, en definitiva, “secuestradas”.
La generalización de variedades híbridas, que no pueden ser reproducidas, y los
transgénicos fueron otros de los mecanismos utilizados para controlar su
comercialización. Estas variedades contaminan las semillas tradicionales,
condenándolas a su extinción e imponiendo un modelo dependiente de la
agroindustria. El mercado mundial de semillas está extremadamente monopolizado y
sólo diez empresas controlan el 70% del mismo.
Como señala La Vía Campesina, la mayor red internacional de organizaciones
campesinas, “somos víctimas de una
guerra por el control de las semillas. Nuestras agriculturas están amenazadas
por industrias que intentan controlar nuestras semillas por todos los medios
posibles. El resultado de esta guerra será determinante para el futuro de la
humanidad, porque de las semillas dependemos todos y todas para nuestra
alimentación cotidiana”.
Del 14 al 18 de marzo se celebró, precisamente, la cuarta sesión del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, en Bali, un tratado fuertemente criticado por movimientos sociales
como La Vía Campesina, al considerar que reconoce y legitima la propiedad
industrial sobre las semillas. A pesar de que su contenido reconoce el derecho
de los campesinos a la venta, al intercambio y a la siembra, el Tratado, según
sus detractores, no impone estos derechos y claudica frente a los intereses
industriales.
Hoy, más que nunca, en un contexto de crisis alimentaria, es necesario apostar por otro modelo de agricultura y alimentación que se base en los principios de la soberanía alimentaria y la agroecología, al servicio de las comunidades y en manos del campesinado local. Mantener, recuperar e intercambiar las semillas campesinas es un acto de desobediencia y responsabilidad, a favor de la vida, la dignidad y la cultura.
Esther Vivas es autora de ‘Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos’.
Artículo publicado en Público, 11/04/2011.http://blogs.publico.es/dominiopublico/3257/semillas-secuestradas
+ info: http://esthervivas.wordpress.com Fuente: http://www.rebelion.org/ Ecología social/ 15-04-2011
En consecuencia, los diversos de abajo para tener seguridad de presente y futuro requieren no sólo de otro modelo de agricultura y alimentación sino también, cambios sociales radicales hacia otro Estado, otras industrias, otras ciencias-tecnologías, otro poblamiento del territorio nacional-continental, otro urbanismo, etc..
La «reforma agraria integral» de, con y para los diversos de abajo procura esas transformaciones de raíz desde el compromiso con la puesta en práctica del buen vivir para todos sin discriminación de tipo alguno.
La «reforma agraria integral» encamina a la seguridad de los de abajo porque se fundamenta en:
"(...)Valor y Territorio: una política del lugar y la diferencia"
Por Enrique Leff*(en "La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza")
Frente al proceso de
globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado, y
junto con los movimientos “globalifóbicos”,
está emergiendo una política del lugar, del espacio y del tiempo (Leff, 2001c)
movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural de los pueblos (CNDH,
1999; Sandoval y García, 1999), legitimando
reglas más plurales y democráticas de convivencia social. La
reafirmación de la identidad es también la manifestación de lo real y de lo
verdadero frente a la lógica económica que se ha constituido en el más alto
grado de racionalidad del ser
humano, ignorando a la naturaleza y a la cultura, generando un proceso de
degradación socioambiental que afecta las condiciones de sustentabilidad y el
sentido de la existencia humana.
El territorio es el lugar donde la sustentabilidad se enraíza en bases ecológicas e identidades culturales. Es el espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales en proyectos autogestionarios generados para satisfacer necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos, que la globalización económica no puede cumplir. El territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, donde se expresan como una valorización social de los recursos económicos y como estrategias para la reapropiación de la naturaleza. Si la economía global genera el espacio donde las sinergias negativas de la degradación socioambiental hacen manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio local emergen las sinergias positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma de productividad ecotecnológica (Leff, 1994, 1995).
El territorio es un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas. Es pues el lugar de convergencia de los tiempos de la sustentabilidad: los procesos de restauración y productividad ecológica; de innovación y asimilación tecnológica; de reconstrucción de identidades culturales.
Por ello el slogan “pensar globalmente y actuar localmente”, tan tenazmente promovido por el discurso del desarrollo sostenible, ha sido en realidad una artimaña para generar un pensamiento único sobre “nuestro futuro común”; ante a los retos del desarrollo sustentable alternativo, induce en las culturas locales un pensamiento global que no es otro que el discurso economicista del crecimiento sostenible, cuando el reto de la sustentabilidad es pensar las singularidades locales y construir una racionalidad capaz de integrar sus diferencias, asumiendo su inconmensurabilidad, su relatividad y su incertidumbre.
Una nueva política del lugar y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del tiempo en las luchas actuales por la identidad, por la autonomía y por el territorio. Lo que subyace al clamor por el reconocimiento de los derechos a la supervivencia, a la diversidad cultural y la calidad de vida de los pueblos, es una política del ser; es una política del devenir y la transformación, que valoriza el significado de la utopía como el derecho de cada individuo y cada comunidad para forjar su propio futuro. Los territorios culturales están siendo fertilizados por un tiempo que recrea las estrategias productivas y los sentidos existenciales.
No es sólo la reivindicación de los derechos culturales que incluyen la preservación de los usos y costumbres de sus lenguas autóctonas y sus prácticas tradicionales, sino una política cultural para la reconstrucción de identidades, para proyectar sus seres colectivos trascendiendo un futuro prefijado y excluyente; es resistencia a la hegemonía homogeneizante de la globalización económica y afirmación de la diversidad creativa de la vida, construida desde la heterogénesis cultural-ecológica.
Esto lleva a repensar el sentido mismo de la geopolítica. Las geografías, como marcas dejadas por las civilizaciones en la tierra, son el locus, el hábitat en el que se asienta un mundo que ha sido trastocado por la globalización, quedesplaza el lugar de su lugar, que hace prevalecer la globalidad de una razón única, universal, dominante. Pero es también la escritura que van dejando en la naturaleza los nuevos movimientos sociales de reapropiación de la naturaleza (Gonçalves, 2001). De esta manera, las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para recuperar el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse un patrimonio de recursos naturales y significados culturales. La racionalidad ambiental está siendo internalizada por nuevos actores sociales, expresándose como una demanda política que guía nuevos principios para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la naturaleza, arraigándose en nuevos territorios y nuevas identidades.
La geopolítica de la globalización se ha centrado en las falsas virtudes del mercado y de la capacidad empresarial para guiar y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se
confiere al mercado la capacidad de internalizar los costos ambientales y de absorber actividades productivas sobre el capital natural y los servicios ambientales que hasta ahora han sido campos tradicionales de apropiación y manejo de un patrimonio y bienes comunales que funcionan fuera del mercado, para transformarlos en nuevas oportunidades de negocios. Más aún, asumen a priori la voluntad de los pueblos del tercer mundo –en particular poblaciones indígenas y campesinas– de colaborar en este propósito, cediendo a las iniciativas del mercado temas fundamentales del desarrollo sustentable: manejo de recursos naturales, pobreza rural, seguridad alimentaria, etc. Por el contrario las controversias entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental en las perspectivas del desarrollo sustentable llevan a contrastar y oponer a la lógica del valor de cambio una racionalidad productiva fundada en el valor de uso, que va más allá de los principios de la “calidad total” y la “tecnología limpia” de la nueva ecoindustria, así como de una calidad de vida fundada en la “soberanía del consumidor”. La racionalidad ambiental lleva a repensar la producción a partir de los potenciales ecológicos de la naturaleza y las significaciones y simbolismos asignados a la naturaleza por la cultura. Esta lleva a una política del ser, de la diversidad, de la diferencia que replantea el sentido de la naturaleza, de la producción y del desarrollo sustentable".
*Coordinador, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Fuente: http://www.itescham.com/Syllabus/Doctos/r418.PDF
En consecuencia, la seguridad de los de abajo arraiga en que real y efectivamente puedan disfrutar de justicia, libertad y territorio. Pero, también, les es imprescindible la promoción de la salud pública y la previsión de las catástrofes socioambientales. La «reforma agraria integral», en vez de una distribución de tierras, enfoca el país-mundo en su heterogeneidad ecológica-cultural para el autogobierno del desarrollo local por cada comunidad de acuerdo con el hermanamiento de todas las comunidades en hacer posible las soberanías alimentaria, energética e hídrica y el buen vivir como armonía de la diversidad popular y de ésta con la naturaleza.
La «reforma agraria integral» encamina a la seguridad de los de abajo porque planifica y construye a otro país-mundo mediante la instalación de espacios en común para que una creciente mayoría:
A. Delibere y tome decisiones sobre
la urgencia de constituir la unidad en diversidad porque el capitalismo:
1. Ataca criminalmente a la vida de comunidades en el medio rural y el medio urbano
Graneros del mundo
Por Gustavo Duch (La Jornada)
Si son tan amables, lean con atención estos párrafos que tomo prestados de un diario:
«El 8 de mayo más de un millar de vecinos y vecinas, indignados todos ellos y ellas salieron a la calle ante lo que consideran un nuevo atropello para su territorio. Perfiles de personas mayores, jóvenes que animan el acto reivindicativo a golpe de cacerolas y tambores, nuevos rostros de personas que han decidido volver al campo, padres de la mano de sus niños y niñas que no quieren que recojan el testigo de una tierra desolada; todos y todas indignadas por una de las últimas operaciones planificadas, con el beneplácito de las Instituciones de nuestra tierra, para dar cobertura legal a una empresa que pinta de negro el futuro de nuestros campos y de nuestros pueblos. La indudable pretensión deautorizar la construcción de una mega-incineradora.
«Los mensajes de los organizadores de la manifestación y en representación de las personas movilizadas no pudieron ser más claros. -Esta es una tierra olvidada, de la que nunca se acordaron cuando llegó la era del desarrollo. Y ahora, que las zonas desarrolladas no saben dónde ubicar su basura, quieren que nosotros aceptemos que se queme en nuestra tierra; asumiendo las nefastas consecuencias sobre la salud y sobre nuestra escasa economía, basada exclusivamente en la calidad de nuestro medio ambiente. ¡Ubicar aquí esta incineradora es decir adiós al futuro de nuestra comarca, es potenciar la despoblación que ya vivimos, es una injusticia social!
Eso es lo que hoy venimos a denunciar: ¡la injusticia! y nuestro derecho a buscar un desarrollo sostenible para nuestro territorio, un camino que se amolde a nuestro entorno, que le haga evolucionar, sin arrancar nuestras raíces»
Como han llegado hasta aquí con la lectura, primero muchas gracias. Segundo, supongo que se preguntaran dónde ocurre esto. ¿Ghana, actual chatarrería para los electrodomésticos europeos? ¿Territorios rurales de México dedicados a la instalación de las industrias más contaminantes? ¿O les viene a la memoria la reciente noticia de los planes de Japón y EE.UU. de llevar sus residuos nucleares a Mongolia?
Efectivamente podría ser uno de esos lugares, lugares que tienen todos un elemento común: se encuentran en el Sur global, en la espalda del mundo, oprimidos debajo de los grandes, al servicio de las urbes, las metrópolis y las industrias: los Sures Rurales, repartidos por todos los puntos cardinales. Como es Tierra de Campos, «la comarca que fue el granero de España, hoy sólo es el granero de los bancos y de las transnacionales agroalimentarias. De ella se ha extraído casi todo: nuestras gentes, nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestra cultura, para desprestigiarla y arrinconarla en fríos museos etnográficos. (…) Sólo nos traen la mierda (futuros cementerios nucleares, incineradores, etc.) y las mentiras. Mentiras, y mentiras de nuestros representantes públicos, que siguen planificando nuestras vidas sin contar con nosotros y nosotras». Así lo explica uno de sus campesinos, (campesinos dice el diccionario, aquel originario de Tierra de Campos), Jeromo Aguado.
Como él nos recuerda pareciera que la llamada urgente que Stephane Hessel, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacía a la ciudadanía : ¡INDIGNAOS!, a los sures rurales y maltratados, a los graneros del mundo extenuados, ya llegó: «¡ESTAMOS INDIGNADOS!», claman.
Gustavo Duch Guillot, Coordinador de la revista SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS y autor de LO QUE HAY QUE TRAGAR.
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/17/index.php?section=opinion&article=022a2pol
Fuente: http://www.rebelion.org/ Ecología social/ 18-05-2011
2. Despuebla el territorio y hacina en crecientes asentamientos precarios alrededor de ciudades usadas, además, para negocios inmobiliarios o turísticos
Megaciudades galopantes por el siglo XXI
Por: Marta Gómez Ferrals (PL)
Los expertos y la ONU han divulgado cifras fácticas: desde 2008 la cantidad de humanos residentes en las ciudades del planeta -más de tres mil millones de personas- ha superado por vez primera a la población rural. Algo más: para 2050, Naciones Unidas proyecta que la población mundial superará los nueve mil millones de personas, de las cuales casi el 70 por ciento residirá en áreas urbanas.
Una concepción tradicional avala a las grandes ciudades como motores del
desarrollo.
De hecho, así lo han sido en muchas naciones, en las cuales se crea el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 80 por ciento del crecimiento económico. Pero ante el avasallador proceso de urbanización del mundo, disparador de las llamadas mega y metaciudades desde los países del Sur, refuerza preocupaciones e interrogantes en gobiernos, estudiosos y Naciones Unidas. Porque bien visible es que el desarrollo incontrolado de la urbanización, ya no sólo en países del Primer Mundo, viene aparejado de la agudización de los conflictos por la desigual distribución de la riqueza, la inequidad social en general y la agudización de la brecha entre los ricos cada vez más ricos y los pobres cada día más pobres. Y no son pocos los alarmados por las consecuencias, hoy mismo, o a mediano o largo plazos, de la profundización de esas a todas luces insalvables diferencias en las ciudades del Siglo XXI.
Otros datos emitidos por la ONU precisan que más de mil millones de personas sobreviven en barrios marginales de ciudades del llamado Tercer Mundo. De modo que ha nacido la pregunta perturbadora de si seguirán cumpliendo el papel de motores del desarrollo económico y social en las descomunales ciudades de hoy y del futuro. Muchos piensan que eso es harina de otro costal y que está en marcha una gran bomba de tiempo. Un informe de ONU-Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, registra que las megaciudades son uno de los más importantes fenómenos de este siglo. Y hay especialistas que ubican su vertiginoso desarrollo entre los problemas de gran impacto en la vida de la Tierra, como el cambio climático, las hambrunas, la crisis económica global, el desempleo que abruman al hombre actual.
De acuerdo con preceptos de este programa, las megaciudades son aquellos conglomerados urbanos con más de 10 millones de habitantes, aunque otros expertos comienzan a darles esa categoría a las que tienen más de cinco millones. La ciudad de Tokio, capital de Japón y hoy día la más grande del mundo, entra en la moderna categoría de metaciudad, a la que se suman otras urbes con más de 20 millones de habitantes. Sin embargo, en Tokio ya habitan 35 millones. Para 2020 habrán alcanzado esa categoría Bombay, Nueva Delhi, México, San Pablo, Nueva York, Dacca, Yakarta y Lagos.
El dedo acusador de algunos ciudadanos del mundo señala a la globalización como el disparador del número de megaciudades desprovistas de humanismo que proliferan en el mundo, impulsadas por el capitalismo neoliberal, las inmobiliarias y la sobreexplotación laboral y la excesiva privatización.
Los flujos migratorios internos, debido a desplazamientos obligados por consecuencias climáticas o conflictos, o por la depresión de los programas agrarios, son fuentes principales del crecimiento del proceso urbanizador en muchas naciones de países emergentes, que han apostado por desarrollar megaciudades.También, desde los países más pobres o en lento y obstaculizado proceso de desarrollo fluyen oleadas migratorias hacia las urbes y metrópolisis del norte. En todo el mundo, también considera la ONU que unas 180 mil personas arriban cada día de entornos rurales a las ciudades. Las grandes urbes de África, un continente afectado por pobreza, crisis de hambrunas y conflictos sociales, resultan imanes de atracción para un número incrementado de personas.
A todos los motiva la esperanza de oportunidades para una vida mejor y a un gran número hasta una perentoria necesidad de supervivencia, algo que ni siquiera imaginan o saben los habitantes de las cultas y estables naciones desarrolladas. Esos enormes flujos de campesinos o aldeanos emigrantes hacia las grandes urbes de sus países o del Norte desarrollado, una vez en estos, casi siempre se ven obligados a mantenerse fuera de la esfera del Estado, porque la economía formal no está en condiciones de absorberlos. Serán allí ciudadanos de segunda o tercera clases, condenados a hacer los peores trabajos, cuando logran vínculos legales, y sin acceso a servicios de educación o salud.
Muchos estudiosos han alertado sobre la forma desorganizada y salvaje del desarrollo de las megaciudades e incluso de las medianas o más pequeñas. Millones de esas personas deberán habitarlas sin contar con vivienda propia. Según la OMS, se ha calculado que más de 100 millones de personas, en su mayoría niños, pernoctan en las calles de las ciudades más pobladas del planeta, gracias a alimentos encontrados en basurales. Se codean con los detritus y desperdicios, ocasionadores de muchas enfermedades.
Quién no conoce las chabolas, las villa miseria, las favelas. Las megaciudades acentúan y refinan la polarización social. Los ricos se aíslan, buscando protección contra los elevados índices de criminalidad y convierten sus barriadas en fortificaciones protegidas con la más moderna tecnología.
Poco o nada se hace para aliviar o mitigar la desigualdad, causa fundamental de la violencia y el crimen de los que tanto se protegen.
Analistas y personas de mediano sentido común perciben la carga explosiva implícita en esta situación, y no cesan de alertar, mientras todavía no se hace lo suficiente, y se aceleran las urbanizaciones. A las ciudades del mundo se les suman cerca de 200 mil seres humanos cada día, según el informe anual de ONU-Habitat, presentado recientemente en Bruselas. Otro inconveniente de las megaciudades es la contaminación de su aire, el agua y el entorno general. El tráfico eleva la toxicidad ambiental, debido a las grandes cantidades de dióxido de carbono. ONU-Hábitat ha insistido en la necesidad de hacer cuantiosas inversiones para afrontar el desarrollo urbano galopante que predominará, sin freno, en el siglo XXI. De lo contrario, cada vez se verán más alejados los Objetivos de Desarrollo del milenio.Si no se toman medidas, advierten sus expertos, los resultados podrían ser la violencia y el caos. La actual crisis económico-financiera demuestra que no alcanza con dejar en manos del mercado la concepción de las futuras grandes aglomeraciones urbanas, apunta el programa de la ONU. Habría que hacer mucho más, claro está. Dedicarse seriamente a cambiar los inoperantes modelos económicos vigentes en el nivel global. Pero mientras eso llega, se podrían iniciar las inversiones en los programas sociales.
Fuente: http://www.argenpress.info/ 21-02-2011
3. Implanta, de modo 'democrático' o militar, el uso y control del territorio nacional para la valorización financiera de oligopolios locales e imperialistas
Recursos naturales y conflicto social en la Argentina actual
Por María Celia Cotarelo
La preservación del ambiente y la explotación racional de los recursos naturales constituyen dos de los principales desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Ambas cuestiones se encuentran cotidianamente afectadas hoy por la acción el capital financiero. Contaminación del agua, del aire y el suelo; emanación de gases tóxicos y agotamiento de los recursos no renovables, con su secuela de calentamiento global, enfermedades y muertes evitables, son algunos de los flagelos que los pueblos están sufriendo. A la vez, la búsqueda de apropiación y control de los recursos estratégicos por parte de los diversos capitales ha llevado al desarrollo de una política de guerra a nivel mundial, impulsada por las potencias imperialistas.
Como parte de una estrategia global, en las últimas décadas el territorio argentino fue apropiado por el capital financiero a través de distintos mecanismos. Uno de ellos fue el proceso de privatización de empresas estatales, a partir del cual Argentina enajenó el control de sus recursosestratégicos –el petróleo, la electricidad, el agua, el gas, los minerales– y el control de los transportes y las comunicaciones. Capitales estadounidenses y europeos, junto con socios locales, se repartieron el botín, poniendo fin a cualquier ilusión de soberanía nacional en las condiciones actuales.
Para llegar a esta situación la oligarquía financiera debió destruir las relaciones sociales y políticas dominantes hasta la década de 1970 y construir relaciones nuevas, propias de esta fase de descomposición capitalista. La realización de su hegemonía en la década de 1990 se manifestó en el consenso alcanzado por las políticas neoliberales en la mayor parte de la sociedad. Así, el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos fue apoyado con entusiasmo por amplios sectores de la población, incluyendo algunas de las fracciones obreras directamente afectadas. La lucha de los trabajadores que ofrecieron resistencia –como ferroviarios, telefónicos y siderúrgicos– fue derrotada en condiciones de profundo aislamiento social. Sin embargo, a pesar de esta relación de fuerzas desfavorable para la clase obrera y el pueblo en general, distintas fracciones sociales se movilizaron contra los efectos de esas políticas neoliberales, conformando un proceso de rebelión iniciado en el motín de Santiago del Estero en diciembre de 1993, y que tuvo su punto culminante en la insurrección espontánea de diciembre de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003). En este trabajo nos referiremos a algunos hechos que formaron parte de este proceso: las protestas que ocurrieron en las llamadas “ciudades petroleras” como consecuencia de la destrucción de relaciones sociales y su reconstrucción en nuevas condiciones a partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y las protestas populares en defensa del ambiente ante la acción de empresas que ponen en peligro la vida de las generaciones presentes y futuras. Si bien son diferentes, ambas protestas tuvieron en común el rechazo a hechos que refieren a la destrucción de fuerzas productivas por parte del capital, en un caso por la expulsión de fuerza de trabajo, y en el otro por la destrucción de recursos esenciales para la vida humana. (…)”.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal17/cotarelo.pdf
4. Estigmatiza, aísla y criminaliza a las organizaciones populares que etiqueta despectivamente de "ambientalistas"
Europa se ahoga en nitrógeno
Por Público
No se trata de una vía de contaminación demasiado conocida, pero la polución por nitrógeno reactivo es un auténtico problema de salud pública que, además, cuesta a cada europeo entre 150 y 750 euros anuales. La primera Evaluación Europea del Nitrógeno (ENA, de sus siglas en inglés), presentada ayer en una reunión científica que se celebra en Edimburgo (Reino Unido), pone cifras a algo que lleva años preocupando a la comunidad científica y que no presenta una solución fácil.
El proceso de Haber-Bosch, la innovación científica que en 1908 posibilitó la producción industrial de amoniaco y, con ello, la producción de fertilizantes que permitieran alimentar a una población cada vez mayor, se ha convertido ahora en una amenaza para la humanidad a cuya supervivencia ha contribuido de forma significativa. De hecho, el informe apunta a que, si no fuera por este proceso, alrededor de la mitad de la población mundial no estaría viva hoy.
El investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Alberto Sanz Cobeña es uno de los tres autores de instituciones españolas que han participado en el estudio, junto con su compañero en la UPM Mark Theobald y el exinvestigador del Ciemat Benjamín Sánchez Gimeno, actualmente en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Para Sanz Cobeña, la paradoja del nitrógeno requiere de un abordaje global, lo que ha conseguido la ENA.
Sanz lo explica, desde Edimburgo, con un claro ejemplo: "Hasta ahora, la ciencia en este sentido era muy sectorial, se estudiaban los problemas de manera individual. Pero esto no se puede hacer así cuando se trata del nitrógeno porque, por ejemplo, solucionar las emisiones de amoniaco puede aumentar el nitrato en las aguas, dos consecuencias del exceso de nitrógeno reactivo". Por comparar con un problema ambiental más conocido, las emisiones de CO2, Sanz añade: "En este caso está claro, a más emisiones, más temperatura; aquí, sin embargo, las interacciones son máscomplejas".
Liberación al medio
El principal problema no es el nitrógeno reactivo en sí, sin duda un elemento útil, sino que "se está liberando mucho al medio". Las fuentes de emisión de este elemento son principalmente tres: la agrícola, ya que se utiliza para producir fertilizantes, el transporte y la actividad industrial.
El nitrógeno reactivo incluye varios elementos con diferentes efectos en el medio ambiente. Así, el amoniaco (NH3), el óxido nitroso (N2O), el óxido de nitrógeno (NOx) y los nitratos (NO3e_SEnD) son consecuencia directa de este exceso de emisión. Según comenta Sanz, el nitrógeno que más se pierde en el medio es el que se aplica con los fertilizantes, que las plantas necesitan para crecer y que pueden ser tanto naturales como sintéticos, cuando el compuesto que se utiliza como abono se emplea de forma industrial.
La mitad del nitrógeno reactivo se pierde en forma de amoniaco y de nitratos, que causan problemas medioambientales y tienen consecuencias para la salud pública. Son estos dos parámetros precisamente los que han permitido cuantificar por primera vez el coste de este tipo de polución, estimado de forma global entre 70.000 y 320.000 millones de euros. El 75% está asociado al impacto negativo sobre la salud y los ecosistemas. "Su impacto en la atmósfera, la calidad del aire, la formación de partículas en suspensión, el aumento del ozono troposférico...", apunta el experto.
Respecto al amplio rango en el que oscilan las cifras, Sanz señala que se debe a dos factores, "la disponibilidad de los ciudadanos a asumir los costes derivados del impacto sobre el medio ambiente y la salud y las discrepancias que existen en cuanto al peso del nitrógeno como causa principal de determinados problemas medioambientales".
En un editorial en Nature escrito por el director de la ENA, el investigador del Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido Mark Sutton, queda muy clara la importancia de este contaminante:
"Claramente, el nitrógeno es uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI".
El texto, con el esclarecedor título Demasiada cantidad de un elemento bueno, deja claro que el exceso de nitrógeno reactivo amenaza la calidad del aire, la tierra y el agua. "Afecta a los ecosistemas y a la biodiversidad y altera el balance de gases de efecto invernadero", escribe Sutton.
Apunta el especialista que las emisiones de este elemento por dos fuentes, el transporte y la industria, han sido reguladas con determinadas acciones políticas, como el protocolo de Gotemburgo. También se han tomado medidas para acabar con los nitratos en el agua destinada al consumo, una de las consecuencias más graves para la salud pública. Con dichas acciones, se ha conseguido "una modesta caída" en la polución de nitrógeno en Europa desde la década de 1980, insuficiente según el informe ENA.
Sanz comenta que precisamente la contaminación por nitratos es uno de los problemas que más afectan a España. "Gran parte de la superficie agrícola está amenazada", apunta. Según el investigador, más del 50% de la población española vive en áreas cuyos ríos están contaminados por nitratos. Este compuesto en el agua causa problemas en el aparato digestivo y, a largo plazo, podría implicar un aumento del riesgo de tumores en estos órganos. "Más de diez millones de españoles están expuestos a concentraciones elevadas de nitratos", explica. Es algo lógico si se tiene en cuenta que, en ciudades como Madrid, gran parte del agua viene de acuíferos y, si estos están próximos a zonas agrícolas altamente fertilizadas, la presencia de nitratos es una amenaza casi segura.
Pérdida de biodiversidad
Pero los nitratos no sólo afectan a la calidad del agua que se consume; también influyen en la pérdida de biodiversidad, ya que causan crecimientos incontrolados de algas que pueden acabar formando "zonas muertas" donde el desarrollo de vida animal y vegetal se ve limitado. Esas balsas de algas pueden, incluso, llegar a emitir gases tóxicos. "En Bretaña, hace poco murió un caballo en la playa por esta causa", recuerda Sanz.
Si a alguien le suena ajeno el concepto de pérdida de biodiversidad, Sanz apunta a sus implicaciones para la vida diaria: "Puede incluso impedir la obtención de medicamentos, ya que muchos fármacos están elaborados a partir de plantas específicas".
Además de la elevada presencia
de nitratos en sus aguas, España se caracteriza por un aumento de las emisiones
de amoniaco. Es uno de los dos países europeos, junto con Chipre, donde más han
aumentado las emisiones de este elemento. El exceso de amoniaco, junto con el
óxido de nitrógeno, causa un aumento de los niveles de partículas en suspensión
que, según el artículo de Nature, "acortan
en seis meses las esperanza de vida de al menos la mitad de los europeos". Un
problema que, sin duda, requiere de medidas contundentes. El ENA es un necesario
primer paso.
Fuente: http://www.rebelion.org/ Ecología
social/ 17-04-2011
B. Conozca y analice las propuestas sobre:
1. La agroecología como el motor fundamental de la producción para el autoabastecimiento del país
"Agricultura anticrisis"
por Gustavo
Duch (Público)
El hambre, la peor y la más extendida de las pobrezas, cruel y paradójicamente nunca tuvo nada que ver con la falta de alimentos. En los últimos años, esta afirmación se presenta con su peor cara. Las crisis alimentarias –las subidas de precio de los alimentos básicos– han sido provocadas por la avaricia de personas, organizaciones y mecanismos que se dedican a la especulación con los alimentos. Unos negocios basados en la fabricación de escenarios de malas y pocas cosechas que, mientras consiguen que sus promotores recolecten grandes beneficios, hacen que para muchas familias desayunar, comer o cenar sea algo imposible, sobre todo en los países empobrecidos del Sur que dedican el 70% de sus ingresos a la necesidad de alimentarse.
Pero aún sabiendo que no es un problema de abastecimiento, pues disponemos de alimentos suficientes para todo el planeta –más de la mitad de las cosechas de cereales se dedican a piensos para animales y agrocombustibles; los descartes de la pesca rondan el 40%; sólo en Europa en la cadena de producción, suministro y consumo de alimentos, se desperdicia hasta un 50% de los alimentos; y otros datos que señalan el mal uso y desperdicio de los alimentos–, es necesario revisar qué modelo de agricultura puede ayudar a revertir la situación.
Las características que debemos demandarle a esta agricultura son tres:
-
que tenga capacidad productiva suficiente para la población actual y futura;
-
que sea respetuosa con el medio ambiente y con el uso de los recursos naturales, es decir, que sea sostenible; y
-
que genere el suficiente sustento nutritivo y económico para las personas que la producen, porque es precisamente la población campesina quien más sufre pobreza, en una crisis antigua y estructural.
Como pudimos escuchar el pasado 17 de abril, Día de la Lucha Campesina, los movimientos campesinos defienden con contundencia y perseverancia, frente a la agricultura industrial (la que imita los procesos industriales y fabriles), una agricultura inspirada en la naturaleza: la agroecología. Sus bondades más evidentes (adaptabilidad a diferentes ecosistemas, bajo uso del petróleo, poca contaminación, defensa de la biodiversidad, mejor calidad, etc.) casi nadie las discute. En cambio, siempre se la acusa de ser una agricultura bucólica, romántica e incapaz de producir lo suficiente. Un mito en el que la industria agrícola ha invertido tanto que pareciera que las plantas sólo crecen regadas con productos químicos, los árboles sólo dan frutos si se las abona con fertilizantes sintéticos y las vacas sólo dan leche si se las alimenta con soja.
Pero tenemos fundamentos para afirmar que esto no es así. El más reciente llega del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra su informe “La Agroecología y el Derecho a la Alimentación”, elaborado a partir de las investigaciones más relevantes en estas temáticas de los últimos cinco años, donde se ratifica que “la agroecología puede duplicar la producción alimentaria entre cinco y diez años en regiones donde reina el hambre”.
Para llegar a esta conclusión el informe presenta diferentes estudios y experiencias donde se han aplicado variadas técnicas basadas en la perspectiva agroecológica. Por ejemplo, destaca el estudio realizado por el profesor de la Universidad de Essex (Reino Unido) Jules Pretty en el que se compararon los efectos de la agroecología en 286 proyectos distribuidos en 57 países empobrecidos, englobando en total una superficie de 37 millones de hectáreas, es decir, una superficie muy significativa. Pues bien, los resultados muestran un aumento medio de la cosecha del 79%. O el estudio encargado por el Proyecto de Previsiones del Gobierno del Reino Unido sobre el Futuro de los Alimentos y la Agricultura Mundiales, que examinó otros 40 proyectos en 20 países africanos en los que se impulsó la agroecología durante la década de 2000. En ellos, el rendimiento medio de las cosechas, sólo entre tres y diez años, se duplicó holgadamente. Es decir, una familia campesina, con técnicas muy sencillas, ecológicas y autónomas (por ejemplo, incorporación de peces en los arrozales de regadío, barreras de piedra para mejorar la humedad del suelo, integración de la ganadería con la agricultura, cultivos repelentes de insectos, utilización de leguminosas para fijar nitrógeno y muchas otras) puede ver en poco tiempo más que duplicados los alimentos que puede consumir o llevar al mercado.
Con tales evidencias, y con los problemas que genera la agricultura intensiva, es preciso revisar dos planteamientos urgentemente. Por un lado, en los países más empobrecidos se ha de favorecer la propagación de esta agricultura, creando el entorno propicio –como dice el relator–. Las estrategias nacionales deben incorporar la agroecología como el motor fundamental de su producción de autoabastecimiento, y para ello se debe reorientar el gasto público en agricultura, actualmente centrado en agricultura para la exportación, y apoyar todas las estrategias participativas (por ejemplo los programas “de campesino a campesino”) que permiten la difusión más eficiente de este nuevo enfoque.
Y por otro lado, ¿no deberíamos en los países industrializados, con megagranjas de gallinas y cerdos en clausura, con monocultivos de trigo u olivares, y por lo tanto de pueblos desiertos, de huertas abandonadas, de un campesinado inexistente o envejecido… y paisajes artificiales, revisar –a vista de los resultados presentados– nuestro propio sistema agrario y alimentario?
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’ Fuente: http://www.rebelion.org/ Ecología social/ 27-04-2011
2. La propuesta de Vía Campesina para otro sistema socioeconómico
La Vía Campesina fijó su posición mediante el folleto titulado: “Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre” en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y en el Forum de Organizaciones No Gubernamentales durante noviembre de 1996, en Roma (Italia).
Con este documento se propuso contribuir “al debate al interior de las organizaciones campesinas para ir consensuando posiciones y, al final, construir una propuesta alternativa sólida frente a las políticas de ajuste estructural en el sector agrícola que, hoy en día, excluyen y discriminan a los pequeños y medianos productores y productoras del mundo”.
En “Soberanía
Alimentaria: un Futuro sin Hambre” alega:“La
alimentación es un derecho humano básico
Este derecho únicamente
se puede asegurar en un sistema donde la soberanía alimentaria esté garantizada.
Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar
su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos,
respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir
nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La
soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina.
Nosotros, LA VIA CAMPESINA, rechazamos las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestros medios de ganarnos la vida, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente natural.
La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. Esta agenda corporativa no toma en cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos. Es un sistema económico inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de generar ganancias para unas cuantas personas y transnacionales. A los campesinos y pequeños productores se les niega el acceso y control de la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales.
Nuestra respuesta a esta situación, crecientemente hostil para los campesinos y pequeños productores alrededor del mundo, es desafiar colectivamente estas condiciones y desarrollar alternativas.
Estamos resueltos a crear economías rurales que se basen en el respeto hacia nosotros mismos y a la tierra, en la soberanía alimentaria y en el comercio justo. Las mujeres juegan un papel central en la soberanía alimentaria del hogar y de la comunidad; por lo tanto tienen el derecho de acceder a los recursos para la producción de alimentos, tierra, crédito, capital, tecnología, educación y servicios sociales, y una oportunidad igual para desarrollar y utilizar sus habilidades.
Estamos convencidos que el
problema global de inseguridad alimentaria puede y debe ser resuelto.
La soberanía alimentaría sólo se puede lograr a través de la solidaridad y la
voluntad política para implementar alternativas. La
seguridad alimentaria a largo plazo depende de los que producen alimentos y
cuidan del medio ambiente natural. Como los administradores de los recursos de
producción de alimentos, sostenemos los siguientes principios como marco
fundamental necesario para lograr la seguridad alimentaría:
Alimentación: Un Derecho Humano
La alimentación es
un derecho humano básico, todos y cada uno deben tener acceso a alimentos sanos,
nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficientes para
llevar una vida sana completa dignidad humana. Cada nación debe declarar el
derecho de acceder a los alimentos como un derecho constitucional y garantizar
el desarrollo del sector primario para asegurar la realización completa de este
derecho fundamental.
Reforma Agraria para la Soberanía Alimentaria
Demandamos una auténtica Reforma Agraria que garantice a los sin tierra y
familias campesinas -especialmente a las mujeres- la tenencia y el control de la
tierra que trabajan y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas.
El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación basada en género,
religión, raza, clase social o ideología; la tierra pertenece a quienes la
trabajan. Las familias campesinas, especialmente las mujeres, deben tener acceso
a la tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios de extensión.
Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas descentralizados de crédito
rural que prioricen la producción de alimentos para el consumo doméstico y
asegurar la soberanía alimentaría. Se debe usar la capacidad de producción en
vez de la tierra como seguridad para garantizar el crédito.
Se debe valorar económica y socialmente el trabajo de producción de
alimentos y el cuidado de la tierra para motivar a la juventud a que permanezca
en las comunidades rurales como ciudadanos productivos. Los gobiernos deben
hacer inversiones a largo plazo de los recursos públicos en el desarrollo rural
para asegurar la infraestructura social, ecológicamente adaptada.
Soberanía alimentaria: Preservando los recursos naturales
La soberanía
alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los recursos naturales,
especialmente de la tierra, el agua y las semillas. Nosotros, los que trabajamos
la tierra, debemos tener el derecho de practicar el manejo sostenible de los
recursos naturales y preservar la diversidad biológica. Esto
se puede hacer únicamente desde una base económica fuerte con seguridad en la
tenencia de la tierra, suelos saludables y uso reducido de productos
agroquímicos. La sostenibilidad a largo plazo exige un cambio de la dependencia
en los químicos y en los monocultivos de exportación y modelos de producción
intensivos industrializados. Se requieren sistemas diversificados, naturales y
equilibrados. Los recursos
genéticos son el resultado de milenios de años de evolución y pertenecen a toda
la humanidad. Ellos representan el trabajo cuidadoso y el conocimiento de muchas
generaciones de pueblos rurales e indígenas. Patentar y comercializar recursos
genéticos por parte de compañías privadas y transnacionales debe ser prohibido.
El acuerdo del Derecho de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del
Comercio es inaceptable. Las comunidades campesinas tienen el derecho de usar
libremente y proteger los recursos genéticos diversos, incluyendo las semillas,
las cuales han sido desarrolladas por estas mismas comunidades a través de la
historia. Esta es la base para lograr la soberanía alimentaria.
Soberanía Alimentaria: Reorganizando el comercio de alimentos. Los alimentos
son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en segundo lugar un
artículo comercial.
Las políticas
agrícolas nacionales deben darle prioridad a la producción para el consumo
doméstico y la autosuficiencia alimentaria. Los alimentos de exportación no
deben desplazar a la producción local ni desplomar los precios. Esto significa
que el dumping por productos subsidiados para la exportación de alimentos debe
cesar.
Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos esenciales
para sus países y controlar el mercado de sus productos. Los precios de los
alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser regulados y
deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos. Esto asegurará
que las familias campesinas tengan ingresos adecuados. No es aceptable que la
comercialización de los alimentos continúe, teniendo como base la explotación
económica de la gente más vulnerable ---campesinos pobres, con bajos sueldos---
y la degradación a fondo del medio ambiente. Asimismo, no es aceptable que las
decisiones de comercialización y producción sean en gran parte dictadas por la
necesidad de divisas extranjeras para cubrir cargas de deudas altas.
Estas deudas colocan una carga desproporcionada en los ciudadanos rurales.
Exigimos sean condonadas estas deudas.
Soberanía
Alimentaria: Eliminar la globalización del hambre
La soberanía alimentaria es socavada por las instituciones multilaterales y por
el capital financiero especulativo. El
control creciente de las compañías multinacionales sobre las políticas agrícolas
del mundo ha estado propiciado por las políticas económicas de las instituciones
multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Exigimos regulación y establecimiento de
impuestos al capital especulativo y que sea implementado un estricto control
mediante un código de conducta para las transnacionales.
Paz
Social: Condición de Soberanía Alimentaría
Todos tenemos el
derecho a la libertad sin violencia. Los alimentos no deben ser utilizados como
un arma, el incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo,
junto a la opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan
las situaciones de injusticia y desesperación El desplazamiento actual, la
urbanización forzada y la represión a los campesinos no se puede tolerar.
Denunciamos la creciente discriminación racial en las áreas rurales.
Soberanía Alimentaria: Control democrático.
Los campesinos y
pequeños productores deben tener una intervención directa en la formulación de
políticas agrarias en todos los niveles. Esto incluye la actual Cumbre Mundial
sobre Alimentación de la cual estamos excluidos. Las Naciones Unidas y
organizaciones relacionadas tienen que democratizarse para asegurar que esto se
realice. Todos tenemos el derecho a la información certera y honesta y a un
proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos son la base
de buenos cuerpos de dirección, de responsabilidad de igual participación
directa y activa en la toma de decisiones sobre asuntos alimentarios y rurales”. Fuente: http://www.nyeleni2007.org