• (...)Los medios han reemplazado la actividad política. Rinde más a un seudo político un minuto de cámara que la militancia. Pero en el transcurso del devenir de un gobierno, la cosa no es tan así. Los hechos que no se muestran en la tele, se palpan en la sociedad. Aún en aquellos que repiten las frases huecas que se les impone. Aún en aquellos que repiten argumentos que no son los suyos, que han sido vaciados de su propio pensamiento. Los que hacen esta política de pantalla y micrófono, han creído que no hace falta tener un partido político tradicional. (...) Leer

• "(...)Hugo Moyano, en estos días, amenazó con un paro de todos los transportes, con el propósito de mostrar que resguarda al movimiento obrero de los embates de la oposición y de los medios cada vez más frecuentes. Toda esta actuación, hizo ver lo precario del exhorto de la justicia Suiza, que provocó tantas letras y palabras de escándalo de sus opositores.(...)Lo que aquí se trata es de dividir la alianza gobierno, CGT. La asociación entre el Estado y la CGT está fundada en un proceso de transformaciones en beneficio de los trabajadores. La CGT de Moyano, junto con este gobierno, contribuyó especialmente en la reinstalación de las convenciones colectivas de trabajo, en el aumento de salarios, en la creación de empleo, en las paritarias, en el aumento y movilidad de las jubilaciones, en la asignación universal por hijo, etc. Esta coalición que no es como las que se hacen solamente para las elecciones, grupos que nada tienen que ver, es eficaz y permite ir creciendo en una de las principales consignas de este modelo. La mejor redistribución de ingreso.
  
  Han tratado, de todas las formas romper la asociación vital con que se va construyendo el país (...)". Leer

PERO cabe recordar cuál ha sido el papel fundamental del partido tradicional (PJ o UCR) en el acaparamiento transnacional de la economía y el territorio. Ha legalizado y legitimado la etapa capitalista e imperialista de desposesión de bienes comunes sociales (las llamadas privatizaciones) y de bienes comunes naturales. En consonancia con este acaparamiento, el Partido Justicialista (como la Unión Cívica Radical de un modo menos exitoso) monopoliza los poderes públicos-mediáticos de casi todas las provincias, en especial de las denominadas periféricas y tiende a perpetuar al respectivo dirigente.

PERO cabe aclarar:

◊ Qué tipo de democracia hay en Argentina por la impunidad del PJ (o de la UCR) en la constitución de los feudos provinciales y de los barones del conurbano bonaerense. Un ejemplo lo brinda Pedro Jorge Solans (desde Formosa) que se refiere al asesinato de un hermano Qom en Formosa:

"¿Cuánto tiempo pasó de la matanza de Rincón Bomba? Tan sólo 58 años. ¿Qué cambió? Nada. Los que hoy volvieron a cometer crímenes de lesa humanidad no aprendieron nada de lo ocurrido en 1947, cerca de la ciudad de Las Lomitas, donde mataron argentinos de etnia Pilagá. ¿Qué informan al Gobierno Nacional que alza la bandera de no reprimir? ¿Les dirán qué es fácil matar a un aborigen en Formosa? ¿Les dirán que no tiene importancia, que vale la pena adueñarse de las tierras? ¿O demostrarán que mastican las leyes como si fueran gomas de mascar en la Argentina del Bicentenario? ¿Qué sucede en esa franja de vida entre los ríos Bermejo y Pilcomayo? Según el coordinador del Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, Rolando Núñez, desde el 10 de diciembre de 1983, Formosa está gobernada por tres personas. Floro Bogado (actual vicegobernador y ex gobernador de Formosa), Vicente Puga y el actual gobernador Gildo Insfrán. Entre los tres fueron resolviendo la vida de los formoseños o tomando las grandes decisiones políticas de la provincia, desde los escenarios que le tocaban a cada uno en cada momento. De esa forma, construyeron la estructura política más sólida de la frontera más importante con Paraguay. Construcción que fue compacta hasta que se produjo una fractura tan fuerte como los lazos que los unían antes a Gildo Insfrán y Vicente Puga, y Bogado tomó partido por Insfrán. En ese marco, la concentración de las decisiones evolucionó a tal punto que desde hace bastante tiempo Gildo Insfrán significa la suma del poder público: No existe la división de poderes. El poder judicial es absolutamente adicto y está atado a las decisiones de los intereses políticos del Gobernador. Los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia son dependientes de la Casa de Gobierno; lo mismo ocurre con el Procurador General del STJ. La bancada justicialista del Poder legislativo formoseño es mayoría y funciona como apéndice directo de Insfrán, que logró la posibilidad de ser reelegido indefinidamente. La mayoría de los intendentes formoseños son secuaces del Gobernador. De modo que la construcción del poder es absolutamente hegemónica porque además los dos Jueces Federales que tiene la provincia son hombres directos del régimen del gobernador. En el otro extremo, el líder del Movimiento de Organizaciones Sociales (MOS), el sacerdote Francisco Nazar Anchorena, parafraseó al escritor uruguayo Eduardo Galeano para definir la situación formoseña: “Vivimos una democradura con un gobernador que mantiene un pensamiento colonialista”. Precisamente, la aparición en escena de Nazar como un nuevo referente provocó un sismo social, y se fue perfilando una posible opción de cambio. Años atrás comenzó un camino que podría sintetizarse como la voluntad de sectores sociales y políticos de lograr un cambio en el proceso de democratización. Algo que está aún pendiente en Formosa.

“El incipiente liderazgo de Nazar generó enseguida una reacción en el entorno del Poder que fue materializándose mientras el cura se erigía como la figura que sintetiza la resistencia al régimen de Gildo Insfrán. Ese lugar también se lo adjudicó la opinión pública generalizada; y en ese contexto, varios sectores inorgánicos y organizaciones presionaron para que Nazar se volcase a la política”; señaló Orlando Núñez, el coordinador del Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela. Y agregó: “Fue en una reunión multitudinaria que se llevó a cabo en el Obispado formoseño cuando Nazar se comprometió a pensarlo, aunque expresó en ese momento que su tarea sacerdotal era lo más importante. Que no desconocía la realidad y no evadía la responsabilidad que tenía frente a la comunidad formoseña. Con él apareció la sensación de que se podía cambiar la realidad con participación. Aglutinando las voluntades, las energías y los esfuerzos en torno a la figura del cura”.

Esa visión tomó fuerza y se expandió desde Las Lomitas, pasando por Potrillo (una de las localidades más pobres, ubicada en el límite con Salta), hasta en Formosa Capital, donde se sabe perfectamente que Francisco Nazar es el peligro más serio que tiene el régimen autoritario, autocrático y antidemocrático de Gildo Insfrán.

Nazar no tiene reparos en decir que no hay democracia en Formosa, y se remite a imágenes del libro Yo, el Supremo, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, para ilustrar la conducta de Insfrán: “Son gobiernos que tienen una clase de mensaje para congraciarse con el Gobierno Nacional, pero piensan como colonialistas. Son discriminadores, racistas y desprecian a los aborígenes. Siempre están en juego las tierras y los recursos naturales. Por lo tanto, es necesario instalar un proceso de cambio que significa participar en las elecciones”.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº 96)

Fuente: http://www.revistasudestada.com.ar/web06/article.php3?id_article=773

◊Quiénes llevan a cabo luchas que tienden a emanciparnos de las transnacionales, lo ejemplifica La Vaca (29/12/2007) en su nota: "A cielo abierto: Famatina frente a las corporaciones mineras

El piquete a mayor altura del mundo y un conjunto de asambleas en La Rioja, la tierra donde el menemismo hizo realidad el neoliberalismo en versión argentina. Con esos ingredientes la zona del Famatina se ha plantado frente a la minería a cielo abierto, que destruye montañas y contamina con cianuro. La historia de un grupo de comunidades que dijo basta. .(…)

De Menemlandia al Famatina

Contra la noción de que La Rioja es uno más de los feudos provinciales que contaminan a la Argentina, resignado y expuesto más tiempo del recomendable a los efluentes políticos emitidos por el gobernador Ángel Maza, la noticia esta vez es otra.
• Las asambleas de ciudadanos riojanos parecen a punto de expulsar de la provincia a una de las mayores mineras del mundo, Barrick Gold.
• Efectúan un piquete por tiempo indeterminado desde el 8 de marzo en Peñas Negras para controlar el acceso al campamento minero, hasta garantizar la salida de la empresa.
• Lograron que la Legislatura provincial sancionara, el 10 de marzo, una ley que prohibe la minería a cielo abierto, un precedente que puede ser crucial hacia adelante en momentos en que la Cordillera de los Andes parece zona liberada a las mineras. Esa ley será refrendada en poco tiempo más a través de una consulta popular en Famatina y Chilecito.

La disputa contra la minería a cielo abierto, y la denuncia del contrato que favoreció la entrada de Barrick Gold a La Rioja, estalló en la interna justicialista: los legisladores aprovecharon la situación para tumbar al gobernador (aunque todos pertenecen al mismo partido) y le iniciaron un juicio político acusándolo de corrupción, entre otras actividades. Ocurrió el pasado 14 de marzo. Maza intentó resistir simulando el apoyo de “la gente”: en realidad contrató adherentes a razón de 200 pesos per cápita con la idea de mostrar una situación caótica que justificara la intervención a la provincia. No lo logró (y para colmo no les pagó). Un pasacalle en la capital venía reflejando las mutaciones políticas y estéticas del caso, esto último debido al denodado uso del bótox que algunas personas se hacen inyectar creyendo que así parecen más jóvenes, y no más inflamados: “Maza, vas a durar menos que tu cejas” se auguraba. El gobierno nacional resolvió, no sin tristeza, darle la razón al pasacalles y abandonar a uno de sus aliados más preciados. Maza no logró siquiera el lifting de una intervención salvadora a la provincia. (…)

Picolotti y los irracionales

El gobierno nacional intentó siempre respaldar a Maza. En diciembre de 2006 el gobernador recibió a la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, designada originalmente con la intención de domesticar a Gualeguaychú.“Vino a La Rioja, nos citó para hablar, nos hizo esperar tres horas, y al final no nos recibió, por pedido de Maza” relata Gabriela. “Terminó escapándose por la puerta de atrás para no cruzarse con los asambleístas”. La señora Picolotti compuso un discurso para cada oreja. Declaró que la minería a cielo abierto “puede ser contaminante” pero aseguró también que Maza “está convencido que ambiente y desarrollo pueden ir de la mano”. Agregó: “La posición (del gobierno) no es un ‘no’ a la minería, sería totalmente irracional".
Según este planteo, la ley que pedían las asambleas y firmó la Legislatura riojana, prohibiendo la minería a cielo abierto en la provincia, es totalmente irracional (y eso explica que el kirchnerista gobernador sanjuanino José Gioja, que tiene en su provincia a la Barrick, o que el secretario de Minería Jorge Mayoral, repudiaran la ley riojana).
“Lo importante -siguió Picolotti- es un ordenamiento del territorio y el desarrollo sustentable para garantizar una minería responsable”. En La Rioja ya no saben qué quieren decir tantas palabras, que quizás evoquen el monumento al hueco que propone Acosta. La propia página web de Barrick Gold lleva como título: Minería responsable. “Lo mismo decía Menem y dicen Maza, Picolotti, Kirchner, todos” enumera Jenny. “Empresas como Barrick bajan el discurso, los otros lo repiten”. En su declaración de “misión” (lo que indicaría que Barrick tiene una) la empresa escribe: “Para Barrick, la responsabilidad social implica diálogo abierto, trato justo y el compartir los beneficios del desarrollo minero con los vecinos”.
 

Otra idea drenada por la autoridades, que la minería puede ser controlada por el Estado, causó bastante hilaridad en la provincia, teniendo en cuenta que a los inspiradores menemistas de las leyes vigentes se les escapó lo del cianuro, y que esas normas subsidian a las mineras (combustibles, servicios públicos, impuestos de todo tipo). La sociedad ha visto a los funcionarios desviviéndose por las empresas: nadie percibe cómo podrían controlarlas. Eduardo Flores, productor de vid: “Cuando se sale de Chilecito hacia Famatina, en la ruta se ve todo un basural. Si no controlan eso, ¿qué van a controlar a la Barrick Gold?”
Picolotti huyó de los asambleístas, pero a esa altura quedaba una duda, sobre todo en Chilecito, la segunda ciudad riojana. ¿En qué medida la comunidad apoyaba los reclamos de la asamblea? “Acá hay que tener en cuenta que la gente está cautiva del plan de 150 pesos y el bolsón de comida, o del empleo estatal. Entonces muchos no participan ni hablan por miedo a perder lo que tienen. Es como siempre se manejan los políticos: con gente cautiva” describe Chichín Acosta. ¿Y qué puede pasar con la gente cautiva?
El 19 de febrero se celebró el aniversario de Chilecito. Se instaló un palco con las autoridades, encabezadas por el todavía gobernador Maza y su gran aliado, el intendente Fernando Rejal. La Coordinadora de Asambleas de Chilecito no había pensado ningún modo de participación, pero Jenny, Gabriela y Natalia empezaron a enviarse mensajes de texto, buscaron algunas de sus pancartas y banderas, y se lanzaron al acto.
Gabriela iba con su hija Lourdes. La policía las quiso obligar a bajar las banderas, hubo corridas, manoseos, hasta que se acercaron los adherentes a sueldo del señor Maza a solucionar la situación, en defensa de la policía. Jenny: “La patota nos empezó a amenazar” ¿De qué modo? “Váyanse o las hacemos cagar. Van a ser boleta”. La gente empezó a abuchear a la policía y a la patota mazista. Las mujeres se movieron hacia otro lado, y lograron cruzar el cordón policial con otros asambleístas. Desfilaron frente al palco con sus banderas “No a la minería”, “Podemos vivir sin oro pero no vivir sin agua” y “El Famatina no se toca”. Desde la plaza llegó la ovación más grande del acto. Chichín: “Tuve muchosmomentos emocionantes en mi vida, pero nunca algo como eso”. Gabriela: “En el palco nos miraban desencajados”.
Al día siguiente Maza desistió del llamado a consulta popular para autorizar su reelección. “Se dio cuenta de que Chilecito ya no lo apoyaba” intuyen en la asamblea. En esos días se venían organizando cortes en Patquía, un nudo riojano de rutas. El tercer corte previsto no se llevó a cabo porque coincidió con el día de la caída de Maza. Carina, de Famatina: “Y nosotros no queremos que nos confundan con ninguna interna. No nos interesa el desorden, porque tenemos razón”. Es llamativo cómo el concepto de “desorden” queda velozmente instalado, apenas se lo ve desde esta nueva perspectiva, del lado de los políticos, las tramoyas, la corrupción, la manipulación, las patotas pagas, la policía corriendo mujeres.

A 5.000 metros

La rebelión contra Barrick Gold y sus aliados gubernamentales incluyó a los docentes de las escuelas como la EPET de Chilecito que rechazaron por carta cualquier apoyo que la empresa o la Secretaría de Minería quisiera brindar a la institución: “Ya sabemos que te pintan una pared, te dan borradores y tizas y tenés que pone un cartel agradeciéndoles lo buenos que son” dice Iván, uno de los chicos del último curso. Funcionarios nacionales enviados para preguntarle a los chicos “¿Por qué decirle no a la minería?” se encontraron en Famatina (Escuela Provincial de Comercio) con preguntas inversas. ¿Por qué decirle sí?
¿Por qué si trae tantos beneficios, en Catamarca -con más de 10 años de Bajo Alumbrera- Belén, Andalgalá y Santa María siguen siendo pueblos pobres, y con una contaminación que ya alcanzó a tres provincias?
¿Cuál es el despegue para la provincia, si Catamarca sigue igual que siempre?
¿Cuál es el interés del gobierno riojano en defender algo a lo que el propio pueblo le está diciendo que no?
Los funcionarios no lograron contestar. Stefani, 16 años, se mira el guardapolvo blanco: “Dijeron que el cianuro no es maligno. Piensan que somos tarados”. Rodrigo, la misma edad, dice un poco perplejo: “No se entiende por qué creen que su palabra vale más que la de la sociedad”.
Este modo de plantarse frente al tema por parte de chicos y grandes, merece recordarse, ocurre en un territorio que el historiador Ricardo Mercado Luna describió así: “Esta Rioja signada por aparentes fatalismos, por alentadas resignaciones, por la encerrada opción del conformismo…”. La fórmula de lo social, según esta mirada, era: “acatamiento-resignación-fatalismo; lo hecho, hecho está”.

Hay asamblea en Famatina. Los vecinos conversan con fluidez, sin discursos, van puliendo y mejorando entre todos ese material precioso llamado “ideas”. No se perciben acatamientos ni conformismos. “A veces peleamos” reconoce Carina“algunos somos muy mecha corta, pero al día siguiente ya estamos buscándonos para pedir disculpas y seguir juntos”.
¿En qué los cambió la asamblea? “Me dio seguridad, fuerza, y me enseñó que con los demás uno puede conseguir lo que se propone”. La asamblea de la que participó Mu culminó con una colecta en una bolsita blanca de nailon: 97 pesos.
En el corte, también se conversa. Sobre la consulta popular, las trampas a las que pueden someter a la gente: “En Chilecito el intendente Rejal es el que siempre apoyó a Maza, está tratando de extorsionar a los empleados públicos y a los que tienen planes para que no voten, y así quitarle legitimidad al resultado”. El gobierno nacional, se sabe, cree que es irracional prohibir la minería a cielo abierto. Nadie sabe si meterá la nariz en el tema, cosa que sí intentará hacer seguramente la Barrick Gold. Todo este conglomerado puede reunir en su bolsita más de 97 pesos.
A 5.000 metros de altura uno siente que los pulmones desfallecen, pero a don Pancho Peralta le sobra el aire. Integra la asamblea de Famatina y es uno de los que traslada turistas a tocar el cielo con las manos. El celeste es de una intensidad incomprensible. Me muestra el pico General Belgrano, 6250 metros con sus glaciares en la cumbre. Pasa un cóndor que no mueve las alas. Veo venir hacia nosotros una nube. Nos envuelve. Estar literalmente en las nubes es algo extraño. Don Pancho me muestra varios cerros del Cordón del Famatina, surcados de caminos, como cicatrices. “Ahí se ven las exploraciones que van haciendo. Cavan un pozo de unos 30 centímetros de diámetro, a cientos de metros, de ahí sacan las muestras y tienen como la radiografía de toda la montaña”. Las muestras son las piedras y minerales que se depositan en cajas que mandan a examinar para ver cuánto de oro y cuánto de otros metales estratégicos se puede extraer. “Con las muestras, ya financian toda la exploración” dice el hombre. Y señala en círculo, desde el punto en el que estamos parados: “Todo esto va a dejar de existir. Porque aquí van a hacer las explosiones, los cráteres, y como aquí nace el agua de casi toda la provincia, el cianuro va a contaminar allá abajo”. Allá abajo hay nubes, pero más abajo todavía se alcanza a ver parte de Chilecito, parte del mundo. “El detalle que no se imaginaron” murmura don Pancho que logra respirar oxígeno no se sabe de dónde, “es que no los vamos a dejar. La última gota de sudor y de bronca la dejaremos acá”. Y se entusiasma: “La asamblea es muy linda, es una gran alegría ver el grupo que abrazó esta causa y cómo se suma la gente. No hay políticos, no hay jefes, los jefes somos nosotros. No tendremos recursos, pero ya ven cómo no solo con plata es que uno logra hacer las cosas”.

“Cuando una cosa es verdad basta que alguien la diga una sola vez para que uno sepa que es cierto”.
Tal vez las asambleas estén diciendo, una sola vez, lo más nuevo y coherente que se puede pensar en estos tiempos: que el presente y el futuro pueden ser diferentes del pasado. Que se pueden hacer cosas colectivamente para aumentar la libertad, para garantizar la vida, para romper la resignación, y para aprender a respirar, incluso donde parece que no hay aire. Alrededor del Famatina se están explorando los alcances de semejante hallazgo.

Fuente: http://lavaca.org/notas/famatina-frente-a-las-corporaciones-mineras/

◊Cómo se puede revertir la batalla cultural e ideológica a favor de la toma de conciencia mayoritaria respecto a decidir el destino común, el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA) relatan un triunfo:

EL FORO DE MINERÍA Y SOCIEDAD REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN JUAN EL 14 Y 15 DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DEL RECTORADO, TERMINÓ SIENDO UN TRIUNFO TRASCENDENTE DEL PUEBLO CUYANO EN EL CORAZÓN DE UNA PROVINCIA QUE ES ENCLAVE DEL CORPORATIVISMO MINERO, FEUDO IDEOLÓGICO DEL LATROCINIO EXTRACTIVO.

Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la facultad de ingeniería minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La ley de glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras.

Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económico de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas 'controlados', apelando a irracionales sentencias sobre la 'inocuidad' del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.

En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.

El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.

Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.

Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de “Degradación Microbiana de Cianuros”, destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.

El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, «Viene por el oro, vienen por todo», y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
 

Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”

Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.

Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo".

San Juan, Argentina, 17 de octubre de 2010.
Fuente: http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=1097#more-1097

PERO tengamos en cuenta a la Declaración de la UAC -Unión de Asambleas Ciudadanas:

Sobre la criminalización y judicialización de la protesta social
contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios

Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.

En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro"destino manifiesto". Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.

La represión y criminalización:

Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.

La violencia represiva:

Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.

Las víctimas:

Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo" de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.

Los medios informativos y la "invisibilización":

Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.

Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON parte del poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.

Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.

El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales:

De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.

La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.

Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

¿Quiénes son los terroristas?:

Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y -disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas. Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:

- La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de La Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.

- Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.

- Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero", perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.

- El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios.
 

De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

- Las intimidaciones y amenazas de que fueron objeto los compañeros y compañeras Raúl Martínez, Diola de Martínez, Ruth Vega, Carmen Chaile y Teresita Nieto, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, quienes, en el momento en que fueron citado/as a comparecer a la comisaría de Andalgalá, fueron "advertido/as" por el nuevo jefe de la policía y otros funcionarios policiales con estas palabras: "en realidad nosotros no queremos golpearlos, pero si no deponen su actitud con respecto al corte, la semana que viene vendrá la Guardia de Infantería y los vamos a desalojar por la fuerza y les vamos a pegar...". A estas amenazas policiales se suman las del intendente de Andalgalá, José Perea, quien en la FM "Z" -favorable a las empresas mineras- expresó que si es necesario MATARÁ a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica.

- El avance de los desmontes y la frontera agro sojera en zonas históricamente ocupadas por Campesinos dedicados a la ganadería, las hortalizas y los citrus en la localidad de Palma Sola, Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Este avance está avalado por un irregular Ordenamiento Territorial aprobado por decreto. Acentúa la situación de atropello, el desalojo compulsivo y la criminalización en la defensa de la posesión que vienen sufriendo sus históricos habitantes con el apoyo explícito de la policía local. Acusamos a CRAM S.A., cuyo presidente es René Macedo y cuyos apoderados son Horacio Macedo padre, Embajador argentino en Bolivia y Horacio Macedo Hijo, Secretario de Gobierno de la Provincia. En los campos donde estos empresarios avanzaron con la soja, los vecinos del "Barrio Nueva Esperanza" están padeciendo desde hace 2 años la fumigación de sus viviendas. La situación de conflicto mantiene en alerta a los pobladores y a organizaciones en apoyo que están presentes en el Territorio.

- Los hechos de Criminalización y Judicialización que sufren las/os compañeras/os de Autoconvocados del Valle Calchaquí en Cafayate, así como también Vecinas y Vecinos de la misma Localidad, Pcia. de Salta, por Defender el Territorio, la vigencia de Ordenanzas Municipales y el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano. Estos hechos se traducen en el requerimiento de Juicio Oral y Público por parte de la justicia salteña, a 11 Compañeras/os bajo Condena por Art. 194 del Código Penal, en base a una Denuncia Falsa presentada por el representante de una de las Empresas Transportistas contratada por Minera Alumbrera Ltda., por una acción colectiva iniciada en Cafayate en agosto de 2008 y continuada durante 60 días en Territorio de la Comunidad India Quilmes, Tucumán, a través de la cual se bloqueó el paso de camiones que transportaban insumos, sustancias tóxicas y maquinarias para Minera La Alumbrera Ltda. También son reiterados y se han vuelto costumbre los intentos de usurpación de Territorios, desalojos, persecuciones, asesinatos, pedidos de captura, intimidaciones, privaciones de la libertad, por parte de privados y fuerzas de seguridad, a Comunidades Originarias que Defienden sus Territorios Ancestrales ante el avance del Monocultivo, la Deforestación, los Negocios Inmobiliarios, la Minería, etc., violentando y negando así, una vez más, la Preexistencia de los Pueblos, sus Tierras, Culturas e Identidades.

Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.
Frente a este contexto represivo y criminalizador, damos nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de Uspallata, Mendoza, que se encuentran en plena movilización ante la inminencia de la puesta en marcha del megaemprendimiento minero San Jorge y nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas.

UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas Febrero de 2010

Comisión Prensa y Comunicación UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/sobre-la-criminalizacion-y-judicializacion-de-la-protesta-social

En consecuencia, quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida son quienes están abriendo caminos a erradicar los feudos, el contubernio del Estado (en todas sus instancias) con los oligopolios para el funcionamiento económico e institucional del país en provecho del capitalismo global. Frenan el actual proceso de destrucción de las condiciones de vida y trabajo tanto del presente como del futuro. Por eso, contra ellos se despliega la criminalización, la represión, la militarización y el asesinato.

 

La «reforma agraria integral» como lucha de clases y otro desarrollo será obra de los de abajo en la medida que se vayan comunicando y encontrando en hacer posible suseguridad de vida, presente y futuro.

Ideología

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se debió a la lucha de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Pero esa conquista se desvirtúa en la realidad de un gobierno-Estado funcional a la transnacionalización tanto económica como territorial. Por eso, la convocatoria a una charla-debate en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA plantea:

El lugar de los medios comunitarios y alternativos hoy

Hace más de un año y medio se sancionaba una nueva ley que supuestamente habría de llevar la comunicación hacia una "nueva era democrática". La promesa de un nuevo reparto del espectro radioeléctrico se intentó afianzar muchas veces hablando en nombre de medios comunitarios. Pero ¿qué lugar tienen hoy los medios comunitarios en la realidad argentina? ¿Qué lugar les da el marco legal, antes, después y más allá de la LSCA? ¿Qué límites les impone el estado utilizando otras herramientas de la normativa? ¿Qué lugar les da una realidad económica, social y jurídica marcada por la mercantilización, la desigualdad y la monopolización de la estructura económica?

Como estudiantes de ciencias sociales tenemos que darnos la tarea de trabajar por comprender una realidad que va más allá de las construcciones publicitarias (incluyendo las del estado). Por comprender las prácticas concretas que están condicionadas socialmente (para bien y para mal). Por comprender condicionamientos en los que participa el estado, pero no como un mero "regulador" que prohíbe o habilita. Muchos medios comunitarios y alternativos se construyeron contra el estado. Y muchos de nosotros participamos de esas experiencias de comunicación popular. Y es que hay que volver a preguntarse por dónde estamos parados en una lucha que es de resistencia (y a la vez, de supervivencia) contra la monopolización de la comunicación y contra el encuadramiento (jurídico y/o ideológico) estatal.

Participan: . Santiago Gándara, Profesor de Comunicación II . Agencia Rodolfo Walsh . Antena Negra tv . ANRed . PRISMA
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6616&Itemid=89 05-05-2011

También sucede lo que Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los periodistas y sobre la propia función periodística a partir del tratamiento que se da a campesinos y pueblos originarios.

Periodistas, campesinos y pueblos originarios

Por Darío Aranda

La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.

Las radios, canales de televisión y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese fue el límite. En estos cinco meses, rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.

En contraposición, los medios que actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Mostraron cómo todos los ámbitos del Estado nacional jugaron la gran mayoría de las veces contra la comunidad qom. Pero esos medios nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, contaminación, desalojos, y obliga también al corrimiento de la frontera sojera y ganadera. Esos medios son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.

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“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar”, definió Horacio Verbitsky.

Osvaldo Bayer recuerda a Rodolfo Walsh como referencia de periodismo: “Su voz de reportero iba descubriendo uno a uno los crímenes de una burguesía ávida y sin escrúpulos, las traiciones de esa misma burguesía al país, a la condición humana. Era un reportero que revolvía todo para encontrar la verdad, pero a la vez era el cronista que volcaba su investigación en crónicas para el pueblo. Fue el escritor de los rezagados, de los más humildes”.

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Los grandes medios de comunicación nunca tomaron en agenda a campesinos e indígenas, son los marginados mediáticos. Sólo la resolución 125 hizo posible que algunos periodistas de grandes ciudades comiencen a escuchar las denuncias de los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios. Pero aún así, rara vez toman como actores sociales y políticos a la pirámide de la Argentina rural.

Algunas hipótesis para explicar ese comportamiento. Además de los intereses comerciales y líneas editoriales de las empresas, hay motivos individuales. En las redacciones gana terreno un periodismo de escritorio que se resiste a abandonar el aire acondicionado o la calefacción, como si se tratara de empleados administrativos. Y es imposible conocer el acontecer rural si no se va al territorio.

En las redacciones también está presente una cuestión de clase social que hace negar (o dudar) el genocidio indígena (tan similar en sus prácticas a la última dictadura militar). Por eso no denuncian como violaciones a los derechos humanos los padeceres indígenas y por eso mismo no miden con la misma vara los asesinatos de la clase media urbana que las represiones contra los luchadores del campo profundo.

Los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra (sólo dos referencias) fueron tapa de los grandes medios de comunicación y cada novedad se transforma en nota. No fue igual con el diaguita Javier Chocobar, la campesina Sandra Juárez y el qom Roberto López, asesinados por defender su territorio y cuestionar un modelo extractivo que festejan empresas y funcionarios, publicitan periodistas y padecen comunidades rurales.

A futuro: el avance extractivo (petrolero, minero y sojero, entre otros) continuará. La resistencia indígena y campesina también. La represión seguirá siendo la respuesta privada y estatal. ¿Qué harán los periodistas? Se puede estar de “un bando o del otro” del mundo mediático y político, y “tragarse sapos”. Pero hay otra opción: se puede ir al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas y dar testimonio. No ser neutral ni objetivo, pero tampoco acomodarse a la conveniencia del medio de comunicación o del gobierno de turno. Y, sobre todo, no ocultar la realidad.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-167969-2011-05-11.html
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Argentina_periodistas_campesinos_y_pueblos_originarios

En fin, el frente CFK de batalla por inculcarnos ideas instala un pensamiento binario y la imposición de una agenda pública con centro en la contienda electoral que, peor aún, la ciñe a modelar el marco interpretativo para la clasificación de los candidatos en base al estereotipo de buen gobernante que le conviene. Con este propósito, se publicita como el modelo K a:

En "La igualdad, la democracia y los incontables de la historia" Ricardo Forster nos envuelve en pura fraseología sin referencia alguna a la cotidianeidad mayoritaria ni menos al poder económico e imperialista que realmente domina el destino de todos nosotros y dispone la profundización en la desigualdad social al planificar su acumulación por desposesión. De modo que el filósofo encubre la realidad excluyente y desertificadora que el capitalismo concreta al crecer en concentración y transnacionalización tanto de la economía como del territorio. Nos embauca no sólo por regodearse con su verborrea o su saber sino por posicionarse en exegeta de Néstor y Cristina. En su discurso abstraído de contextos y dinámicas de situación del país-mundo, califica 'la' democracia como subversión y presencia masiva del sujeto activo y consciente de sus demandas y de su fuerza. ¿Entró en contradicción con su oposición a la rebelión antineoliberal de los de abajo a fines de 2001 y a las actuales luchas de afirmación como sujetos colectivos de derechos y autonomía? Vana esperanza, caracteriza de subversivo al matrimonio K y de sujeto activo... a los movimientos que apoyan incondicionalmente al modelo K. Leer

PERO la realidad ninguneada e invisibilizada es otra, por ejemplo:

a) Derecho humano al territorio
Fallo de la CIDH en favor de una comunidad mapuche de Villa La Angostura

Por Darío Aranda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.

“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.

En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar”.

La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).

“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.

Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.

El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblo originario de la comunidad.

Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.

En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.

El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.

El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

Jueces empresariales

La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.

“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-166095-2011-04-12.html

Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento
http://alainet.org/active/45752&lang=es 2011-04-12

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b) Huelga de hambre Qom por tierra y justicia
“Ya no queremos promesas”

Por Prensa de Frente

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los integrantes de la comunidad Qom Navagoh (La Primavera) y pidió proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública o de otros agentes estatales”. Sin embargo, ayer miércoles 27 de abril, un patrullero de la policía provincial seguía amenazante en la entrada de la vivienda de Félix Díaz, referente de la comunidad. El gobernador Gildo Insfrán agudiza su política represiva contra los indígenas. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner opta por la indiferencia absoluta ante el reclamo indígena y muestra un firme apoyo a Insfrán. Prensa de Frente entrevistó al hijo de Félix, Eduardo Díaz, uno de los 18 qom que están en huelga de hambre, quienes afirmaron que seguirán con la medida, hasta que no haya “soluciones concretas”.

-¿Por qué volvieron a la huelga de hambre?
-La situación nuestra es muy difícil: hemos presentado a la Presidenta y a los organismos que tienen competencia muchísimas notas explicando nuestro reclamo de tierra y justicia. Pero lastimosamente para nosotros jamás nos han podido contestar las notas que hemos presentado, por eso retomamos esta huelga de hambre. Ya no sabíamos a quien recurrir porque hemos agotado todas las instancias. Queremos que se solucione esta situación. Sabemos el riesgo que estamos corriendo por nuestra vida, pero estamos concientes que es la única manera en la que los funcionarios nacionales escuchen este pedido. Es difícil para nosotros estar en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Hay muchas necesidades que le hace falta a la gente. Lo primero es el tema de la salud, que es muy complicado para algunos de mis hermanos, ancianos, chicos. Nos preocupa eso, queremos que lo sepan todos los que vienen a interiorizarse sobre este tema. Agradezco a toda la gente, en particular de Capital, que vienen a solidarizarse con nosotros. Por medio de ellos estamos tratando de sobrellevar toda esta situación de la lucha. Es muy difícil, pero es una decisión que tomaron los hermanos el viernes a la noche que hicimos una asamblea, para tratar de conversar sobre esta situación en la que estamos. Se decidió retomar la huelga de hambre: es la única manera en la que los medios de comunicación se puedan interesar sobre este tema. Y a la vez pueda motivarles a los ministros nacionales para que puedan tratar de buscar una solución. Porque nuestra decisión es definitiva. Nosotros no vamos a dejar nuestra huelga de hambre hasta que no se solucionen nuestras demandas y que se hagan las cosas bien concretas en beneficio de nuestra comunidad.

-¿Cuáles son las principales demandas?
El reclamo es bien claro. Nosotros reclamamos solamente la devolución de las tierras y justicia por lo sucedido en Formosa el día 23 de noviembre del año 2010 que fuimos desalojados, quemaron nuestras casas, con todas las documentaciones importantes y además de eso hemos perdido a un hermano nuestro que es Roberto López. Para nosotros es muy dolorosa la situación que seguimos pasando. Pero la estamos llevando adelante porque no queremos retroceder, no queremos tener más problemas con el gobierno provincial y con la policía. No queremos que nos sigan desalojando de nuestros territorios y no queremos que siga la represión por parte de la policía. Esta decisión está bien clara. La tomaron los hermanos. Así que vamos a estar en huelga de hambre hasta que se solucione esto. Queremos ir a nuestras casas, ver a nuestras familias. Y ver a todos los hermanos de la Comunidad. Pero queremos volver a Formosa con una solución muy concreta. Promesas, ya no queremos. Pedimos a la Justicia sobre la seguridad de la Comunidad y nuestra integridad física, queremos una seguridad para nosotros. Como dije, no queremos tener más conflicto con el orden público de la Provincia de Formosa.

-¿Cómo está la situación de los DNI? ¿Les dieron los documentos, cómo dijeron desde el Ministerio del Interior?
-La verdad es que en el tema de la información son muy falsos con lo que lanzan a los medios. Hay hermanos que vinieron desde Formosa hasta la Capital para poder obtener su DNI. Dijeron que nos iban a dar los DNI en 15 días. Pasaron 3 meses y no lo pudieron obtener. Es un tema muy complicado porque hay hermanos que están decidiendo volver a Formosa por la preocupación por su familia, pero no teniendo los DNI…Todavía no entregaron ninguno. Ayer solamente llevaron a 4 hermanos, pero para tramitarlo.

-¿Qué otros problemas están sufriendo?
-Hay muchas situaciones que no son favorables para nuestra comunidad porque está el tema de salud, la educación, el agua. El gobierno provincial construye las obras de agua potable, pero es una lástima para la Comunidad porque esa obra ni siquiera se pudo avanzar y no funciona por el momento, hace 5 años que está y no abastece a las comunidades. También hay un Centro de Salud que se llama el CIP que está en el centro de la comunidad, ahí trabajan los punteros políticos. La falta de medicamentos es un tema que para nosotros. Es muy difícil porque ni siquiera podemos acceder a los hospitales que están cerca de la comunidad. Hay dos pueblitos: uno se llama Laguna Naick Neck y el otro Laguna Blanca. El problema está cuando un hermano nuestro está enfermo se va al hospital de Laguna Blanca. Y lo atienden, pero no con las atenciones adecuadas. Le dan analgésicos solamente. El reclamo principal es recuperar la tierra.


-¿Siguen sufriendo de hostigamiento policial?
-La verdad es que el hostigamiento de la policía sigue todavía, porque no quieren salir del predio que nosotros estamos reclamando. Por el momento sigue el hostigamiento y los hermanos no pueden salir de la comunidad porque cuando sale uno de nuestros hermanos, lo persiguen. Son cuestiones muy difíciles. Para nosotros, estando acá es muy complicada la situación. No estamos adaptados a este ambiente. Y la verdad que ojala que se pueda lograr algo en esta medida que estamos realizando.

-¿Qué rol cumple la gendarmería?
-La gendarmería tuvo mucho que ver con los actos del 23 de noviembre porque trabajó conjuntamente con la provincia. No reprimieron pero liberaron el acceso de la policía provincial. Sin embargo en la ruta donde estábamos es nacional, donde no tienen competencia. Lo más triste para nosotros es que la gendarmería trajo combustible y le dio a la policía para que quemaran nuestras casas, y eso para nosotros es muy terrible porque la gendarmería tenía que garantizar nuestra seguridad física.

-¿Si los recibe la presidenta suspenderían la huelga de hambre?
-Si vamos a tener suerte que nos reciba la presidenta lo que haremos es esperar cómo sale la audiencia. Sabemos que nos van a pedir que levantemos la huelga pero eso ya lo hemos experimentado con la primera huelga. Y son sólo palabras. No queremos eso: queremos una solución. Esa la única forma de levantar la huelga.

-¿Querés agregar algo más?
-Solamente agradecer a toda la gente, también a los medios por el apoyo que nos brindan. Este apoyo es lo más importante y fundamental para poder difundir nuestra lucha que venimos llevando. Fuente:http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/04/28/p6423 28/04/2011

c) Urgente: represión y desalojo en Colalao del Valle, Tucumán

Por ContraPunto* - Prensa Alternativa - Integrante de la RNMA comunica qué sucedió en la provincia de Tucumán:

Un detenido y al menos cinco heridos en Colalao del Valle

Tras agotar las instancias de diálogo, alrededor de 25 comuneros de Colalao del Valle resistieron el intento de desalojo en el kilómetro 4036 de la mano de 40 efectivos policiales. El abuso de las fuerzas de “seguridad” dejó como saldo 5 integrantes de la Comunidad India Quilmes heridos y un detenido, el comunero de Tala Paso, Víctor Nicolás Suárez. Los gases lacrimógenos y las balas de goma no pudieron dispersar la resistencia.

Los comuneros aún se encuentran en el lugar aunque la policía haya desconcentrado por la resistencia en el lugar. Cuentan con pruebas de gases y balas de goma arrojados por los efectivos, su defensa fueron las piedras del lugar y la firme convicción de que las tierras serán defendidas por ser su legado ancestral. En estos momentos, en Amaicha del Valle, se encuentran efectivos de Infantería, esperando por refuerzos.

La medida fue elevada por el Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar. Firmó el desalojo el Juez Juan Carlos Peral, de la Tercera nómina en documentos y locaciones, quién tiene en su haber 3 firmas para llevar adelante esta medida inconstitucional, como lo prevé la Ley 26.160.

La policía inició el desalojo con gases y balas de goma

9:40 | Cerca de 50 efectivos de la policía intentaron ingresar en el predio con gases y balas de goma. La Comunidad resiste el desalojo. Una comunera se descompuso y fue atendida por una ambulancia en el lugar. Los representantes legales solicitaron a la Corte Suprema provincial el inmediato cese del desalojo ante la ilegalidad de la medida y para proteger a los miembros de la Comunidad India Quilmes en el lugar. Esperan que se expida urgente y la policía se retire del lugar.

Contactos de prensa:

Sergio Condori (en Colalao) 0381 - 15406905
Josefina Doz Costa, ANDHES 0381 - 156408260

*www.prensacontrapunto.com.ar

Información relacionada:

Urgente: ordenan desalojo para hoy viernes en Colalao del Valle

jueves, 28 de abril de 2011

PUEBLOS ORIGINARIOS | NUEVAMENTE LA JUSTICIA DESCONOCE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Por tercera vez en dos años, desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, desconociendo el debido proceso e incluso desconociendo a la misma Comunidad, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó un desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar. El desalojo se concretaría mañana, en horas de la mañana.

Reproducimos comunicado de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales):

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorio, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.

Por tercera vez en dos años, desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, desconociendo el debido proceso e incluso desconociendo a la misma Comunidad, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó un desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar. El desalojo se concretaría mañana, en horas de la mañana.

El juez Salazar ha sido denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta ya en el año 2008. Sólo por esa razón el Juez debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia suspendiera, en Agosto de 2009, una orden de desalojo ordenada por el Juez Peral sobre el territorio en cuestión, y que la otra parte en el conflico (la comunidad Aráoz Hnos) se negara a participar de la instancia de mediación que dispuso la Corte Provincial; el 17 de Septiembre del mismo año, y por orden del mismo juez se ejecutó el desalojo de 40 familias de la Comunidad, destruyéndose por completo las casas construidas comunitariamente. Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inicio la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.

Andhes repudia enérgicamente el proceder de funcionarios que continúan permitiendo y motorizando atropellos contra la Comunidad India Quilmes, al mismo tiempo que insta con urgencia a las autoridades provinciales a tomar cartas en el asunto, toda vez que la responsabilidad internacional por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas, es del Estado Provincial.

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4142

d) Un barrio sitiado por la instalación de la Subestación Rigolleau
Zona militarizada para posibilitar una obra que afectará a la salud pública

Por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente (Boletín electrónico nº 13 de Abril 2011)
De un día para el otro, sin aviso previo ni comunicación de ningún tipo (a lo que estaba obligada por decisión Judicial), la empresa multinacional Edesur decidió continuar con el cableado subterráneo que alimentará en 132 mil voltios a la Subestación Rigolleau, ubicada en pleno casco urbano de la ciudad de Berazategui, durante la fría madrugada del lunes 11 de abril. Para tal empresa, Edesur no reparó en gastos: pagó por adelantado las adicionales de -al menos- 350 efectivos policiales y contrató a la empresa Celay y a miembros de tres cooperativas (dos del distrito y la otra de Florencio Varela) en una confusa e irregular relación laboral. Con tamaña logística, la empresa eléctrica desarrolló su plan: a partir de las 3 de la madrugada se militarizó la zona aledaña a la central eléctrica. Los 350 efectivos (entre efectivos policiales y del cuerpo de infantería, sin contar con los municipales de “Control Urbano”) cortaron las calles 20, la avenida 21 y la calle 22, desde la 147 hasta la 141; luego colocaron vallas metálicas en todas las esquinas mencionadas y patrulleros y autos de civil cruzados en las calles.

El centenar de vecinos que hacían guardia en 145 y 21 para evitar la instalación de la subestación, fueron corridos a empujones y bastonazos por los efectivos del “orden”, con varios contusos como saldo por los bastones policiales. Al parecer, las suficientes y bien fundadas evidencias sobre la relación electromagnetismo–desarrollo tumoral, no son tenidos en cuenta por Edesur, ni tampoco por el Enre (organismo nacional de control) y menos por quienes dirigen los destinos de la Municipalidad de Berazategui. Para muestra, dos casos testigo: Caso uno: Barrio San Juan, Berazategui, un cableado aéreo de alta tensión rodea al barrio, y lo cruza por el centro. Y cuatro inmensos e inestables transformadores refrigerados con el cancerígeno PCB, (uno ubicado en una Plaza y otro frente a una escuela) que cuando no explotaban chorreaban su enfermante contenido. Allí, en 56 manzanas se contabilizaron unas 80 muertes de distintos tipos de cáncer y 60 enfermos de la misma condición. Caso dos: la Subestación Sobral, Ezpeleta, de las mismas características que Rigolleau, en 42 manzanas alrededor de dicha central eléctrica se contabilizaron 134 fallecimientos y 120 enfermos de distintos tipos de cáncer. En los dos casos había un común denominador: los enfermos y las víctimas eran o son chicos y jóvenes o abuelos. Lo que sucede es que el electromagnetismo afecta principalmente a quienes no tienen el sistema inmunológico desarrollado (los niños y adolescentes) o a quienes tienen el sistema inmunológico deprimido (los ancianos). Lo cierto es que Edesur no repara en “detalles” y sigue empecinada en instalar una subestación en una zona poblada, con la anuencia de las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Pero el barrio no se quedó quieto y salió a defender su derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Y cientos de vecinos de la zona salieron a resistir la instalación, acompañados por un puñado de agrupaciones culturales y ambientalistas, más algunos sindicatos y partidos políticos y hasta un cura párroco de la zona. Todos los días se reúnen en asambleas masivas y deciden acciones tendientes a dar a conocer el problema, protestar por la instalación de la usina y suma voluntades contra la instalación de Rigolleau. Cortaron las vías del tren durante una hora y realizaron una volanteada en la autopista Buenos Aires-La Plata, por una hora y también el centro de Berazategui. También realizaron una misa ecuménica durante la soleada tarde del domingo 24 y un día antes se realizó un recital de música y una radio abierta. Algunos vecinos se turnan para mantener una vigilia de 24 horas diarias en 145 y 21, donde intentarán instalar la subestación. El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente acompañó el reclamo de los Vecinos Autoconvocados por la Vida, que luchan contra la instalación de la central de enfermedad y cáncer Rigolleau, y toma sus consignas como propias:

*Por el traslado inmediato de la Subestación Rigolleau fuera de la zona urbana.
*Sustitución inmediata de los transformadores refrigerados con PCB
*Asistencia oficial y gratuita a las víctimas de la contaminación

Fuente: http://www.vscomunicacion.com.ar/elForo/newsletter/13/nota1.html

Laboratorios “investigando”, el Estado argentino “supervisando”

¿Qué es peor, el soneto o la enmienda?

Por Luís E. Sabini Fernández (Rebelión)

"En Argentina los laboratorios están de parabienes. La presidenta acaba de anunciar (discurso del 18/4/2011) que “el paquete” de vacunas pasa de las 6 que se suministraban hasta 2003 a 15 para 2011…

“Él incorporó −me acuerdo− en el año 2005, la de la Hepatitis A para niños de hasta un año, hasta ese momento teníamos por año 68.000 casos de Hepatitis B y además con los consecuentes transplantes había una mortalidad del 1 por 1.000, mortalidad o transplante de hígado producto de esa patología. […] entre los años 2010 y 2011, han sido sólo 100 casos.”

De las palabras presidenciales no surge claramente qué vacunas para hepatitis se inyectan, sobre qué patógenos se pretende actuar, porque nos dice que Néstor Kirchner dispuso el suministro de vacunas para hepatitis A y que teníamos casos de hepatitis B… Surge, sin embargo, claramente, que el microagente patógeno es de una debilidad llamativa. Porque se registra una mortalidad bastante menor al uno por mil (1 o/oo entre decesos y transplantes con sobrevivientes).

Si de cada mil casos de enfermedad, 999 salen indemnes, ¿hay que acusar al patógeno de tanta peligrosidad, o no será más bien otra la causa del deceso (o de necesidad de transplantes)?

Y en tal caso, ¿qué es más sensato?: ¿suministrar millones de vacunas (siempre con potenciales secuelas a causa de la gama de ingredientes no precisamente saludables, como mercurio, que se sabe portan) para evitar los 68 mil casos de hepatitis o asumir la presencia de esos 68 mil casos y, eso sí, encarar las medidas de fortalecimiento, nutrición, higiene, necesarias para que los 68 más castigados salgan también indemnes? Porque los números revelan que no es la cepa la peligrosa, sino otra cosa, por ejemplo, el hambre, la indigencia…

“Ustedes saben la vacuna contra el neumococo es para los niñitos que tienen neumonía, o tienen sepsis o meningitis […]”

Tal vez la presidenta quiso decir que esa vacuna se la supone destinada a evitar neumonía, sepsis o meningitis, pero el libretista tiene escasos conocimientos médicos… y no sabe que las vacunas no se dan cuando está la enfermedad, sino, precisamente para prevenirla…

De todos modos, evitar sepsis… que los niños tengan sepsis, ¿qué significa? Hasta donde llegan mis escasos conocimientos médicos, sepsis es la forma culta o académica de la voz septicemia. Y septicemia alude a infecciones generalizadas y de muy diversa etiología. Ante la septicemia, en rigor, no hay vacuna ni puede haberla. No hubo prevención, por eso surgió la septicemia. En todo caso, lo que habrá será un problemático intento de cura; venciendo, por así decir, la o las infecciones, limpiando las zonas afectadas (y cuando éstas se han necrosado, caso de gangrena, amputando). No atino a entender de qué multísima vacuna podría hablarse en esos casos.

Refiriéndose hoy a vacunas, se hace imprescindible analizar el comportamiento de los laboratorios con la producción, colocación, venta de vacunas y con un momento previo: su elaboración, experimentación y aprobación. Están pasando episodios demasiado graves como para sólo apostar al médico de M. E. Walsh con su cuatrimotor luchando contra el brujito de Bululú. Esa historia sarmientina de la medicina está obsoleta, o tal vez, mucho peor, se ha ido transformando, como el retrato de Dorian Gray.

Cuando sobrevino la gripe porcina, la N 1H1, la última de una seguidilla inédita, fue diagnosticada por la OMS como pandemia, y llevó a la compra por parte de varios estados nacionales de millones, centenares de millones de vacunas, para salvar la población del planeta. Se comprobó poco después que dicha gripe había afectado en el mundo entero a algunos centenares de personas, en tanto la gripe común cosechó, como cada año, miles que en las dimensiones planetarias pasan totalmente inadvertidos y son demográficamente insignificantes (no, por cierto, para los individuos afectados o sus vinculaciones). Pero la gripe porcina con vacuna incluida reveló tener la centésima parte de la importancia de la gripe que nadie cuida ni controla… La OMS , un poco tardíamente procuró sustraerse del ridículo levantando el “estado de pandemia”, pero los laboratorios ya habían cobrado, bien cobrada, su merca.

Pero junto con la revelación de los grandes negocios que significa colocar millones de vacunas para enfermedades casi inexistentes, desde hace tiempo se conoce otro aspecto, francamente más sórdido, más bien al estilo del comercio de órganos.

Se trata de los protocolos de experimentación de vacunas mediante el “consentimiento informado”. Porque, al parecer, los laboratorios cuidan mucho, mediante “consejeros éticos”, la libre voluntad de quienes son invitados a participar de los experimentos. Redes de “pesca” de cobayos han sido denunciadas, por ejemplo, en Uganda y en EE.UU. donde durante seis años una red trabajó impunemente en pleno siglo XXI experimentando con un target muy afinado y avieso: hijos adoptivos de poblaciones afros e hispanas. [1] Tras sucesivas muertes y una investigación periodística se logró desmontar “el servicio”. Pero si eso pasa “hasta” en EE.UU., imagine el lector lo que pasa en los arrabales planetarios, donde no hay autoridades sanitarias y si las hay son de pacotilla o están encandiladas con el saber que viene envasado del Primer Mundo.

Hace un tiempo, Pablo Calvo, desde el cotidiano Clarín nos reveló que justamente en el caso de una “vacuna experimental”, “Multan a responsables de ensayo con niños”.

Pero el comportamiento de los laboratorios merece mucho más que una multa (un millón de pesos, que es como un vuelto en muchas de sus operaciones de mercado). Porque lo que se ventila es una cadena de embustes, celosamente eslabonados: la madre que quiere vacunar a su hijo y va al lugar públicamente destinado a ello, pero es desviada a una clínica para cobayos humanos mintiéndole que el servicio de vacunas se ha mudado, que es recibida por quien se declara pediatra sin serlo, se le explica oralmente “el nuevo sistema de vacunación” como muy superior al tradicional y cuando se le hace firmar el “consentimiento informado” −con el cual el laboratorio se cuida por lo que pudiere pasar− se le persuade de ni leerlo porque diría exactamente todo lo que la presunta pediatra ya le ha contado. Sólo que, como aclara el médico Ricardo Mazzanti (de cuya crónica extrajimos los pasos precedentes) [2] en la ‘conversación’ jamás aparece la palabra ‘experimental’…

Pero todo esto, ya de por sí penoso, tiene un agravante y decisivo: en estos estudios los niños mueren como moscas. Es lo que revela el citado médico Mazzanti en el relato que glosamos: la muerte del bebito Carena Maximo.

Aunque para ANMAT el correctivo parecen ser las multas… y las reconvenciones: (...)". Fuente: http://www.rebelion.org / Argentina / 24-04-2011

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Plan de apoyo a la industria farmacéutica
Para aumentar la dosis

Por Javier Lewkowicz

El Gobierno pretende que para 2020 el sector de medicamentos triplique su producción, genere 40 mil puestos de trabajo y revierta su déficit comercial. En el tercer foro sectorial del Plan Estratégico Industrial 2020 organizado por el Ministerio de Industria, los empresarios se mostraron de acuerdo con los objetivos oficiales, aunque reclamaron más herramientas de financiación a largo plazo y apoyo para mejorar el rendimiento exportador. Uno de los principales problemas del sector es el creciente déficit comercial, que en 2010 llegó a 1300 millones de dólares, y el avance de los productos importados en el mercado local. El Gobierno busca que cada empresa equilibre su ecuación comercial, aunque sin desproteger el abastecimiento interno.

La industria farmacéutica realiza una fuerte transferencia tecnológica hacia el entramado productivo y produce bienes de alto valor agregado. En 2010 aportó el 5 por ciento del valor agregado industrial, cuenta con 28 mil empleados directos y 100 mil indirectos. Desde 2003, la producción se incrementó un 65 por ciento, y el empleo en el sector lo hizo en un 44 por ciento. El año pasado, las ventas locales se ubicaron en 4 mil millones de dólares, un 10 por ciento superiores a 2009. Los principales medicamentos vendidos fueron los utilizados para el sistema nervioso, digestivo y el aparato cardiovascular, según datos de la consultora Abeceb.com.

La Argentina es el cuarto mercado de América latina y unos de los pocos países donde las empresas de capital nacional tienen mayor presencia en el mercado que las de capital extranjero. El 73 por ciento del consumo interno de medicamentos está abastecido por producción nacional y 27 por ciento mediante importaciones. Sin embargo, la proporción de importados viene creciendo desde mediados de los ’90, cuando sólo ocupaban el 7 por ciento. Este proceso en buena medida se explica por la política de los grandes laboratorios europeos, que redujeron su producción local y optaron por la importación.

El año pasado, las empresas nacionales de medicamentos tuvieron un superávit de unos 125 millones de dólares, mientras que las multinacionales registraron un déficit de 1000 millones. El déficit comercial de todo el bloque farmacéutico pasó de 510 millones de dólares en 2003 a 1327 millones en 2010, un crecimiento de 160 por ciento. El 60 por ciento del déficit de 2003 se explicó por el intercambio de insumos, mientras que en 2010 la proporción se invirtió y casi el 70 por ciento se debió al comercio de medicamentos terminados.

“Bajo este esquema, el escenario de desequilibrio sectorial persistente no es sostenible en el largo plazo, si el objetivo es una industria de medicamentos competitiva”, fue el mensaje que los funcionarios de Industria les transmitieron a los empresarios. Estimaron que de no modificarse el patrón actual, el déficit de la cadena llegaría a 2800 millones de dólares en 2020, además de la erosión para la industria local que representaría continuar con la lógica actual de las importaciones.

La idea de Industria es incentivar la sustitución de medicamentos a partir del apoyo a la inversión de las industrias instaladas y facilitar el ingreso de multinacionales asiáticas para la fabricación de medicamentos genéricos. También se aplicó un criterio similar al utilizado con el sector automotor y el de maquinaria agrícola, ya que la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunieron con las principales empresas de medicamentos para pedirles que equilibren su ecuación comercial, con la salvedad de garantizar el abastecimiento interno. “Estamos instrumentando medidas que permitirán revertir el déficit creciente del sector”, señaló Giorgi.

Más difícil, según especialistas del sector, es sustituir las importaciones de la industria farmoquímica (materias primas de los medicamentos). Esos productos prácticamente no se fabrican a nivel local porque las firmas requieren escalas muy grandes para ser competitivas.

Marta Najera, de Capgen, la cámara que agrupa a las empresas nacionales de genéricos, explicó que “las exportaciones son reducidas, pero podrían potenciarse si se invirtiera para ampliar las plantas y poder certificar la calidad que exigen otros países”. Junto con Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos), plantearon extender el plazo de gracia de la línea de crédito del Bicentenario. “El plan estratégico nos resulta muy atractivo, son metas ambiciosas e interesantes”, indicó a este diario el director ejecutivo de Cilfa, Eduardo Franciosi. También participaron directivos de Caeme (extranjeros) y Cooperal.

Fuente:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-167947-2011-05-11.html

Con la justificación de impulsar fuentes laborales e industria nacional, el gobierno CFK apoya a golpistas y a enemigos fundamentales de la diversidad popular. Leamos:

Lo que hay que saber

"¿Qué pasaría si te dijera, que un determinado medicamento fabricarlo sale $0,13 y a vos te lo venden a $43?

¿Qué pensarías vos si te dijera que como se "lucha" contra los monopolios mediáticos, se intentó luchar de verdad contra los monopolios farmacéuticos y esto provocó un golpe de estado?

¿Qué pensarías si te dijera que hay más de 50, si escuchaste bien, 50 años, medio siglo de impunidad, mafia, vergüenza y una auténtica deuda con la democracia? Todo esto pasó, todo esto pasa, date cuenta, todavía te roban en la cara y lucran con nuestras vidas...

Hace 50 años hubo alguien con ganas de cambiar para mejor: Arturo Oñativia designado Ministro de Asistencia Social y Salud Pública por el presidente Dr. Arturo Umberto Illia. En su “Ley de medicamentos” propone un control de medicamentos y recetas según medicamento genérico, fija límites para los gastos de publicidad y a los pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. (…) Tuvo un peso decisivo en el proceso que culminaría con el derrocamiento de Illia el 28 de junio de 1966.

Una vez dado el golpe de estado de Ongania en '66 los militares se encargan de revocar la ley. ¿Qué pasó después de la ley? –Gracias al lobby de los laboratorios medicinales, sumado a la apatía o connivencia de los legisladores, se viene impidiendo la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos desde hace más de cuatro décadas. Las consecuencias de este vacío legal son un atropello a la salud pública. (…)

Los ex diputados nacionales Aldo Neri y la peronista Silvia Martínez impulsaron entre 2003 y 2005 la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos.Los proyectos fueron cajoneados sucesivamente en las Comisiones de Salud de Diputados

Nos roban en la cara y no nos damos cuenta, juegan con nuestra salud y la de todos, si vamos a luchar contra los monopolios, empecemos también con ellos! ".

Fuente: http://www.taringa.net/posts/offtopic/8743895/Arturo-Onativia-y-Su-ley---_Lo-que-hay-que-saber_.html
 

Posición de la Industria Farmacéutica Argentina sobre la producción pública de medicamentos (Expte. 5173-D-09 y 1169-D-10)

Buenos Aires, marzo 16 de 2011.-

Señor Diputado:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. para reiterarle la posición de la Industria Farmacéutica Argentina, sobre el Proyecto de Ley de Producción Pública de Medicamentos tramitado mediante Expte. 5173-D-09 y 1169-D-10, expresada en el documento de trabajo que se adjunta.

Creemos que en cuestiones de política sanitaria e industrial, el Estado debe asumir un rol orientador y en tal caso el sector privado aspira a ser protagonista activo de una articulación pública y privada, teniendo como eje el fomento a la investigación y desarrollo de aquellos medicamentos relacionados con las enfermedades olvidadas, huérfanas, vacunas y para patologías regionales.

Observamos con preocupación el avance de esta iniciativa orientada a utilizar recursos presupuestarios para favorecer la producción estatal de medicamentos sin estar justificada y sustentada por un Plan de Salud que hubiese establecido las prioridades que el actual estado sanitario y epidemiológico del país requiere.

Por otra parte, esta iniciativa parlamentaria se contrapone con la orientación que el Poder Ejecutivo Nacional impulsa en el marco del Programa Industrial Estratégico 2020 en el que se han identificado diez sectores económicos estratégicos, entre ellos la industria farmacéutica.

Consideramos que el proyecto bajo análisis en lugar de impulsar los mecanismos necesarios para su fortalecimiento y desarrollo del país, confronta los roles estatales y privados.

Por todo ello, solicitamos tenga a bien reconsiderar el proyecto presentado en función de las argumentaciones expuestas y de las posibles consecuencias derivadas de la eventual aprobación de un proyecto descontextualizado de la realidad sanitaria y tecnológica del sector.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

CLARA SUAREZ y EDUARDO FRANCIOSI

Directora Ejecutiva y Director Ejecutivo

COOPERALA CILFA

Fuente: http://www.revistaelemilio.com.ar/?p=11301

La industria farmacéutica rebasa los límites de compatibilidad con la democracia, además, mediante el mantenimiento (junto a grandes droguerías) de un submundo mafioso que hace negocios millonarios por falsificar medicamentos e importar precursores químicos. Recordemos el triple asesinato de 2008: “Cristian Sanz, un periodista independiente que entrevistó a Forza en mayo pasado.“Me empezó a contar una serie de ilícitos que involucraban a la industria farmacéutica, entre ellos y algunos organismos del Estado, clínicas privadas y laboratorios medicinales muy importantes”, recordó Sanz, en declaraciones radiales”.Fuente:http://www.pagina12.com.ar /diario/sociedad/3-109792-2008-08-16.html
 

En consecuencia, el análisis de la política gubernamental para posicionarse y participar respecto a construir democracia nos interpela a relacionar e indagar hechos, procesos, entramados de intereses espurios, situaciones de componentes populares... cuya profundización nos encamina a comprobar la existencia de un Estado que privilegia los negociados del poder económico e imperialista en detrimento de la vida mayoritaria.

 

La «reforma agraria integral» como proyecto de país-mundo de los de abajo requiere de una comunicación creadora de vínculos -entre nuestra diversidad- cada vez más recíprocos. Por tanto, precisa instalar espacios en común para la deliberación y toma de decisiones sobre los problemas fundamentales que rompa con la encerrona de la agenda electoral que posibilita la continuidad de la democracia funcional al poder económico e imperialista. Hay que promover los análisis del modelo CFK y de los proyectos alternativos desde la pluralidad de situaciones sociales e individuales para facilitar el reconocimiento mutuo e identificación como sujetos colectivos de derechos y de capacidades emancipatorias. Es la manera de constituir la unidad en diversidad de nosotros, los de abajo, para poder transformar la realidad del país-mundo en procura del «buen vivir» de todos sin excepción. Significa terminar con la impunidad del contubernio entre la UIA, la CGT, el bipartidismo y el gobierno CFK con las transnacionales y los capitales dominantes de la globalización financiera.

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Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina

Informe realizado por Juliette RENAUD, asesora de Adolfo Pérez Esquivel– Julio 2008

"(...)Los apoyos más importantes que las multinacionales compran son los políticos, esenciales para llevar a cabo un proyecto de gran minería. En Chubut, la empresa Patagonia Gold acumula los permisos mineros: posee más de 330 000 hectáreas mientras que la ley permite un máximo de 200 000 ha por provincia. En San Juan, el defensor más activo de la minería a cielo abierto es José Luis Gioja, gobernador de esta provincia desde 2003. Viene ayudando a Barrick a enfrentar las denuncias de las asambleas ciudadanas locales, difundiendo informaciones que siembran dudas, etc. El gobernador fue hasta prohibir las charlas que Fredy Espejo, un ex-empleado de Barrick, quería dar en escuelas de la región para hablar de los peligros de la gran minería. Este hombre trabajó para esta multinacional canadiense durante seis años, en el área de estudios ambientales, y lo despidieron cuando vieron que sus resultados y conclusiones iban en contra de los intereses de la empresa. Lo más preocupante es que Barrick no es un caso aislado, sino el modelo tipo del modus operandi de las empresas mineras.

En Catamarca, la empresa minera La Alumbrera escapa a todo tipo de regulación porque se aseguró de la amistad de todos las autoridades de la región, desde el Estado provincial hasta los municipios, que se convirtieron en verdaderos “socios” de la empresa. Eligió no tomar ningún riesgo: financia a todos los candidatos, tanto los que están en el poder como los de la oposición. En Catamarca, todos los poderes están al servicio de este mega-proyecto minero, hasta la Iglesia: el obispo Luis Urbanc, amigo de la infancia de un funcionario de La Alumbrera, presenta a la empresa como un ejemplo de la minería responsable, aunque nos lleguen todos los días nuevas pruebas de la contaminación ambiental causada en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, por la explotación de este yacimiento. (…)

El contexto que acabamos de describir constituye entonces el escenario perfecto para que las multinacionales extranjeras saqueen los recursos mineros de Argentina, y salgan luego del país en total impunidad, con millones de dólares de ganancias. Lo más grave es que este saqueo no sólo representa una pérdida económica para el país, sino también significa la violación de los derechos humanos de miles de argentinos. La gran mayoría de las empresas mineras se instalan en las zonas pobres del país, y se aprovechan de la vulnerabilidad de las poblaciones locales.La llegada de un proyecto minero altera de manera profunda la vida de los pueblos aledaños: todas las áreas están afectadas, desde lo ambiental a lo económico, lo político, lo cultural. Por lo tanto, es de primera importancia difundir la información sobre las consecuencias destructivas de la gran minería, y apoyar a esas poblaciones en su lucha para que recuperen los derechos de los cuales fueron privados. (…)

Por otra parte, la puesta en marcha de un proyecto minero a gran escala viola los derechos económicos de las poblaciones locales, porque tiene impactos importantes sobre la estructura económica local, afectando en varios aspectos las posibilidades productivas. En primer lugar, las empresas mineras, ayudadas por los responsables políticos y los medios locales, crean fuertes expectativas con campañas de propaganda que prometen miles de puestos de trabajo y un dinamismo económico para la región donde se instalan. Los habitantes se dejan seducir y prefieren tener trabajo por más que esta actividad represente un riesgo ambiental. Rápidamente, las promesas se revelan falsas, ya que las empresas crean poco empleo directo, y gran parte de la mano de obra que contratan no es local. Además, no es una fuente estable de trabajo, ya que después de diez o treinta años, cuando se agotan los recursos mineros, desaparecen los puestos creados. En las distintas provincias mineras, las asambleas de vecinos vienen denunciando esas mentiras. Es el caso también de Rubén Lasa, presidente de la Cámara Económica de Belén: "Ni la comida compran acá, nos subestiman absolutamente. La llegada de la empresa no ha representado nada de lo que se esperaba ni de lo que se prometió. Es un emprendimiento enorme rodeado de una pobreza atroz, que sólo provee dádivas y aportes mínimos a instituciones locales. ¿Qué genera La Alumbrera para la zona? Nos siguen vendiendo espejitos de colores". Catamarca, una de las mayores provincias mineras de Argentina, es también una de las provincias más pobres del país. Nada de todo el oro que encierra esta región llega a sus habitantes. Además de no crear los empleos prometidos, la minería a gran escala destruye fuentes de trabajo preexistentes.

El uso indiscriminado de agua por la minería reduce por supuesto las cantidades disponibles para las otras actividades productivas, como la agricultura. La localidad de Santa María (Catamarca) perdió el 40% de su agua y el 70% del sector agropecuario de este departamento dejó de producir por falta de agua14. Agravando la falta de agua, la contaminación de los suelos reduce fuertemente su productividad. Ese escenario se repite a lo largo de la Cordillera de los Andes. En el paraje Barda Negra Sur de Zapala (Neuquén), la comunidad mapuche Calfucurá (Kajkvkura) viene luchando contra las empresas mineras desde 1987. En ese año llegó la minera Zanón, cuya explotación de arcilita comprometió la actividad ganadera, la cual constituye la principal fuente de ingresos de la comunidad: esa empresa ocupó parte de las tierras de los mapuches, dañando sus campos de invernada. Por causa de la disminución de áreas de parición y de pastoreo, disminuyó la crianza y aumentó la mortandad de los animales de cría. La empresa nunca reconoció las regalías que tenía que pagar a la comunidad, ni tampoco los daños causados por su actividad15. No sólo se reducen las áreas reservadas a la actividad ganadera, pero además la contaminación del medio ambiente atenta a la salud de los animales de cría, que beben la misma agua envenenada y comen pasto contaminado por los mismos metales y agentes químicos. Cuando no mata directamente las vacas, cabras y ovejas, la contaminación afecta la producción de alimentos con dichos animales (leche, queso, carne). A mediados de 2002, la empresa Luis Losi empezó a extraer oro alrededor de Orosmayo y Liviara; desde el principio de la extracción hasta principios de 2004, murieron unos 1100 animales de las comunidades Kollas que viven ahí. No sólo señalan que aumentó fuertemente la mortandad de sus animales, sino también que su muerte se acompañaba de síntomas extraños: “a las ovejas se les reventaban los pupos y se les salían las tripas”16. Por último, la minería afecta otras actividades locales, tales como el turismo. En efecto, además de la contaminación y destrucción del medio ambiente, la explotación de un yacimiento puede destruir gran parte del paisaje natural local. Violación de otros derechos fundamentales • Falta de respeto de los derechos culturales Al impedir el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, las empresas mineras atentan también a los derechos culturales de las poblaciones locales. En particular, es el caso de los pueblos originarios, cuya relación con el medio ambiente es un aspecto central de su cultura. Del mismo modo, la práctica de la ganadería o de otras actividades económicas es parte de la identidad de esos pobladores. Por lo tanto, la destrucción del medio ambiente, de la fauna y de la flora, causada por las actividades mineras es una amenaza directa a su identidad y a su cultura. Las mineras van hasta profanar el patrimonio de comunidades indígenas, como fue el caso del proyecto Navidad, cerca de la localidad de Gastre (Chubut).

En 2005, el Parlamento Mapuche de Río Negro denunció que la empresa canadiense IMA Exploration Inc. “levantó, sin previa autorización, un cementerio de la comunidad ubicado en Chubut para desarrollar allí una explotación privada”. El cementerio, ubicado en el centro del yacimiento Navidad, era la única prueba de que ese proyecto se encontraba en territorio mapuche, y al sacarlo del lugar, la multinacional minera hizo desaparecer esta prueba. Además, los proyectos mineros alteran las relaciones sociales en los lugares donde se ubican. Se crean divisiones adentro de los pueblos y comunidades, entre los que privilegian tener un trabajo ahora y los que piensan en todos los riesgos ambientales, sociales y económicos que conlleva un emprendimiento minero. • No reconocimiento del derecho a la tierra de los pueblos originarios Este atropello en el yacimiento Navidad nos lleva a hablar de otro tipo de violación muy grave perpetrado por empresas mineras: el no respeto de los territorios de los pueblos originarios. En mayo de 2008, veinte años después de la llegada de la minera Zanón, la comunidad Calfucurá tuvo que enfrentarse con otra empresa minera, la canadiense Orión del Sur, que intentó penetrar en este territorio mapuche para realizar trabajos de mensura y exploración en búsqueda de cobre. De la misma manera, en Jujuy, la Compañía Minera Aguilar, en cuya propiedad se encuentran varias comunidades Kollas, no reconoce sus territorios, su derecho a la tierra, y su derecho a participar al manejo de sus recursos naturales. • Falta de libertad de expresión Como ya dijimos, las transnacionales mineras compran el silencio de los habitantes de los pueblos aledaños a sus proyectos. Obtener el silencio de esas personas con dinero es un atentado a su libertad de expresión. Podemos contar la experiencia de un aborigen Diaguita de la Rioja, que vive en Guandacol, al límite con la provincia de San Juan, y a treinta kilómetros del emprendimiento minero Gualcamayo, de la canadiense Yamana Gold. A ese hombre le empezaron a morir los animales, por causa de la contaminación de esta minera en etapa de exploración. Quiso llevar una de sus ovejas al veterinario, para ver si podía encontrar la razón de todas esas muertes. En camino, se encontró con empleados de la empresa minera, y ellos le pagaron cincuenta pesos para que no vaya a mostrar su oveja, y el día siguiente le vinieron a regalar comida para asegurarse de su silencio. De la misma manera, la Compañía Minera Aguilar amenaza despedir a los Kollas que trabajan para ella en caso de que participen en las reuniones comunitarias o en todo tipo de reclamo indígena. Sabiendo que la minería representa el único empleo del que disponen en la zona, no pueden hacer otra cosa que guardar el silencio y “dejar” que violen sus derechos políticos y su libertad de expresión. Cuando no se trata del puesto de trabajo directamente, gracias a la complicidad de los gobiernos locales, algunas empresas mineras logran que se les saque los planes sociales a los pobladores que se manifiesten demasiado en contra de sus actividades. Por último, muchas personas cuentan haber recibido amenazas personales, hasta amenazas de muerte, por su actividad en contra de los emprendimientos mineros. Fue por ejemplo el caso del presidente de la comunidad Kolla de Liviara, en Jujuy, por su oposición al proyecto de extracción de oro de la empresa Luis Losi.

• Violación de los derechos laborales Como ya comentamos, los obreros mineros trabajan en condiciones muchas veces insalubres y sobre todo muy peligrosas. No sólo las empresas mineras no respetan el derecho a la salud de sus empleados, sino también violan sus derechos laborales. El caso más escandaloso es el de Yamana Gold y de su emprendimiento minero de Gualcamayo, en San Juan. Esta gigante empresa canadiense aprovechó de su posición de fuerza para exigir de sus empleados que firmen un acuerdo en el cual renuncian a sus derechos. Así, el texto del acuerdo afirma “...yo el firmante, en representación mía, de mi esposa, familia, herederos, ejecutores, administradores, representantes legales y cesionarios, mediante la presente libero y renuncio en forma expresa a iniciar cualquier acción judicial o extrajudicial y, por ende, eximo para siempre a 'MINAS ARGENTINAS SA', sus subsidiarias, empresas matrices, ejecutivos, agentes, representantes, empleados u obreros, afiliados, sucesores y cesionarios, de cualquiera y de toda responsabilidad, por el o los daños que produzcan en mi persona, muerte o lesión corporal - o bienes, con motivo del ascenso, ingreso, permanencia y regreso del Proyecto GUALCAMAYO”.

Conclusiones En los últimos años, Argentina se transformó en uno de los países más codiciados por las grandes transnacionales mineras: se debe a la gran cantidad de minerales metalíferos que se encuentran en el país, pero sobre todo a las leyes sancionadas a partir de 1993. Esta legislación más que permisiva estableció una lista de beneficios para las empresas mineras, más que todo exenciones fiscales. La idea era atraer capitales extranjeros, lo cual fue un gran éxito, pero lo que faltó fue la creación de un marco regulatorio para controlar la actividad de las empresas extranjeras que ingresaban al país. El resultado de esta falta de regulación es una larga lista de violaciones de los derechos humanos. Pocas actividades industriales logran afectar de manera tan profunda todas las esferas de la vida de esos pueblos como lo hace la gran minería. Apoyadas por la gran mayoría de los políticos y de los medios, las empresas mineras actúan en total impunidad, aprovechando de la vulnerabilidad de las poblaciones locales. Los proyectos mineros a gran escala provocan la destrucción y la contaminación del medio ambiente, las cuales causan enfermedades mortales para las personas, y también para su animales. De fuentes y sustento de vida, el agua, el suelo y el aire pasan a ser fuentes de muerte. Además, la gran minería desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida. No se respeta ni los derechos culturales, sociales y económicos, ni el derecho a la tierra, ni la libertad de expresión de las poblaciones locales. Las transnacionales mineras fundan su política en la idea que el dinero lo compra todo, y que se puede hacer cualquier cosa a fin de aumentar sus ganancias. Pero si el dinero consiguió comprar mucho, por suerte no compró a todos todavía.

En todos los pueblos afectados por la minería, se crearon asambleas de vecinos autoconvocados por el no a la mina, que articulan sus acciones en el marco de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). En algunos casos, esos movimientos sociales lograron mucho, como en Esquel (Chubut), donde la actividad minera está paralizada desde un referéndum local en 2003, en el cual el no a la mina ganó con 81%. Se logró la sanción de leyes de prohibición de la mega-minería en siete provincias (Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa). En la Rioja, a pesar de la derogación de la ley de prohibición de la minería a cielo abierto, la fuerte movilización de la población mantiene hace casi tres años un corte del acceso al cerro Famatina, impidiendo que se siga con la exploración de este yacimiento de oro y plata. Esos ejemplos muestran que desde la sociedad civil es posible tener un impacto sobre la actividad de las empresas mineras. La misma Unión Industrial Argentina identifica a los “movimientos ambientalistas y de aborígenes” como amenaza a la industria minera19. Por lo tanto, es primordial apoyar esas iniciativas, difundir esas experiencias de lucha en toda la Argentina para imponer un límite a la impunidad de las mineras. Por fin, si este tipo de acciones es esencial a nivel local, es imprescindible unir los esfuerzos a nivel provincial y nacional, porque lo único que realmente puede permitir terminar con este saqueo es un cambio en las leyes. El Estado y los gobiernos provinciales son los garantes del bien público, por eso hay que exigirles cambiar la legislación minera y hacer respetar los derechos del pueblo argentino". http://www.serpaj.org/secciones/10/Impacto%20de%20las%20actividades%20mineras-actualizado%20nov.%2009.pdf

Modelo de funcionamiento del sistema político subnacional de las provincias periféricas

Dominación tradicional

Por Horacio Cao
A los fines de este trabajo es importante resaltar la supervivencia en las áreas periféricas de modos de relación y conductas típicos de las formas de dominación tradicionales. Para definir este tipo de dominación se sigue a Weber (1999: 172), que considera que ella descansa “ … en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad”. Esta supervivencia tiene que ver con la marginalidad socioeconómica, la que trajo aparejada una mínima exposición al impacto de la modernización que experimentan las áreas centrales (O’Donnell, 1972: 36/37). De las características típicas de este tipo de sociedades, a los fines de este trabajo se quiere remarcar:

• La legitimación y reconocimiento cotidiano de las desigualdades sociales, estableciéndose relaciones predominantemente de subordinación más que de oposición (Palermo, 1988: 20)8.

• La creencia de que quien lidera la sociedad tiene un poder desconocido y, por lo tanto, ilimitado. Siempre se podrá recurrir a este poder en busca de amparo para los casos de crisis (Medina Echavarría, 1969: 39).

• La debilidad de la esfera pública como espacio social general y común, el que se encuentra restringido por el accionar clientelar y prebendario del estado (Cao y Rubins, 1996b: 45).

Un autor, referenciando su análisis en las clases populares de la Provincia de Corrientes, describe de manera notable el seguimiento de caudillos con una “... fe ciega en la persona del líder más que en la ideología que pregonan, de la que poco entienden, enlazados en una extraña relación de amo/esclavo, prestigio/temor reverencial, también riqueza/pobreza, manifestaciones que tratan de explicar el misterio y el poder de estos sobre aquellos. La frase habitual 'soy gente de fulano' es índice elocuente de orgullosa pertenencia...” (Villalba, 1993: 14)

Para explicar estas características peculiares es necesario recordar que a las áreas periféricas llegó de manera particular las dos grandes oleadas modernizadores ocurridas durante la primera mitad del siglo XX: el radicalismo yrigoyenista (1916 – 1922) y el primer peronismo (1945 – 1955). Es que si bien hacia el interior de cada espacio regional se desarrolla un complejo sistema socio político con sus correspondientes luchas, intrigas y acuerdos y alianzas, sus miembros pertenecen a un mismo estrato dirigente, que se une cuando alguna amenaza externa o interna hace peligrar su poder. Por ejemplo, en la Salta de principios de siglo, la Unión Provincial representaba a los segmentos más acendrados de las elites regionales y la UCR a sectores marginales de las clases acomodadas provinciales. No obstante ello "... la cúpula radical estaba compuesta por miembros de las familias tradicionales (Güemes, Cornejo, Linares, Saravia, Torino) en el marco de la flexibilidad y habilidad, cohesión en última instancia, de la oligarquía salteña para mantener y/o recuperar su posición económico política en la provincia. Esto fue así más allá de las luchas facciosas que se dieron entre conservadores y radicales... " (Favaro y otros, 1993: 143). En las elecciones de 1920 en Catamarca triunfó por primera vez la UCR en la provincia, eligiendo gobernador a Ramón Clero Ahumada “... que había sido gobernador de la Provincia entre 1912 y 1915 como hombre representativo del régimen” (Clark, 1993: 20). En San Juan la UCR estaba formada por “… media docena de soñadores bien intencionados”, los que habían jugado un rol marginal en la política regional. Cuando triunfa esta fuerza en la Nación “… los precursores pasaron a un segundo plano con la incorporación del antiguo elenco del Partido Popular {que había estado en el gobierno en 1907 – H.C.} y de algunos independientes” (Videla, 1997: 237/9). De la misma forma, la irrupción del peronismo no tuvo el mismo significado en todo el país. Muchos de sus dirigentes de las provincias periféricas fueron, a menudo, herederos del viejo conservadurismo. Estos cuadros, al acceder al gobierno, mantuvieron una relativa continuidad que contrastó con la ruptura que se iba generando en las regiones de las áreas centrales. Un análisis de este movimiento para el periodo 1954 / 1973 concluyó que tuvo una composición principalmente obrera en las zonas centrales del país – correspondiendo bastante bien a la imagen de un partido laborista de cualquier sociedad industrial con fuertes conexiones con los sindicatos – y principalmente movilizador y policlasista en las zonas periféricas – correspondiendo a un partido populista movilizador en sociedades dependientes y poco industrializadas. (Mora y Araujo, 1980: 89 y ss.)9. El impacto superficial de estos dos grandes movimientos es uno de los elementos que diferencia el funcionamiento de la esfera política en las áreas periféricas, ya que las circunstancias de su despliegue permitieron la supervivencia de las formas tradicionales de dominación. (…)

2. Las determinaciones hacia la sociedad y la política provinciales Esta situación tiende a reforzar las características de relación entre la sociedad civil y la dirigencia provincial En efecto, en la medida en que la provincia tiene que acompañar a la Nación en todo lo que ella proponga (o alternativamente oponerse si no logra acordar) su conducta política no tiene que estar atada a ninguna clase de ideología o intereses de mediano o largo plazo, siendo los contenidos programáticos (cualesquiera sean ellos) contraproducentes. Así los funcionarios del gobierno provincial necesitan tener las manos libres para posicionarse hoy como liberales y mañana como proteccionistas, ora como preocupados por la problemática social y otrora subordinándola al desarrollo económico, a la mañana en la izquierda y a la tarde en la derecha, etc. sin que esto melle su poder. Por esto el origen de la legitimación política no puede sostenerse en algún tipo de instancia ideológica o programática, sino que se basa en la capacidad que esta dirigencia tiene para conseguir los fondos y asignarlos - como subsidio hacia las clases tradicionales o clientela hacia los sectores populares - de forma tal de reproducirse en la cúspide del poder provincial. Para que esta modalidad de funcionamiento de la esfera política pueda sostenerse sin grandes reparos, el valor central a fortalecer pasa a ser el de la lealtad a la conducción política. Más aún, cuanto mayor sea la lealtad que obtenga, mayor será el grado de libertad que tendrá la conducción política provincial para negociar con el orden nacional, y mayores serán las contraprestaciones que podrá conseguir. En este aspecto, la reproducción de un funcionamiento acorde a las características descritas en el presente modelo, son centrales los componentes culturales y políticos. Es que en el caso de existir actores sociales que han internalizado roles modernos, los mismos tenderán a exigir el despliegue de una esfera de lo público. Este eventual despliegue apunta al corazón de la forma de dominación, pues con ella no puede sostenerse la sumisión de la Administración Pública pilar del poder social y político tradicional. En efecto, si en el sector público proliferaran modalidades de gestión neutrales e impersonales, es difícil pensar, por ejemplo, que la policía provincial cite a reuniones en donde se “… informará a la población del cronograma de inauguraciones de Unidades Básicas” de cara a las próximas elecciones de gobernador en Santiago del Estero (Clarín, 14/6/99). O que los integrantes de un equipo de básquet, en el que es hombre fuerte el Gobernador de la Provincia de San Luis, utilicen pasajes que pertenecen al Senado, porque, como el dice, los “... pasajes son suyos, y hace con ellos lo que quiere” (Crónica de Comodoro Rivadavia, 13/3/92). O que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa orden detener al Presidente del Superior Tribunal de Justicia por “fallar en contra de habilitar al gobernador” para ser reelegido (Página 12, 4/3/99).

Una de las características específicas de las áreas periféricas es que los segmentos sociales que tienen internalizados valores y conductas modernas que se conmueven ante ejemplos como los citados (grupos ligados a las universidades, profesionales, inversores en actividades ligadas al mercado regional, etc.) no llegan a conformar una masa crítica lo suficientemente poderosa como para amenazar la dominación tradicional. Una de las características específicas de las áreas periféricas es que los segmentos sociales que tienen internalizados valores y conductas modernas que se conmueven ante ejemplos como los citados (grupos ligados a las universidades, profesionales, inversores en actividades ligadas al mercado regional, etc.) no llegan a conformar una masa crítica lo suficientemente poderosa como para amenazar la dominación tradicional. Para terminar de cerrar el círculo, esta forma de funcionamiento del sistema político llega a la economía regional. Este es un aspecto inevitable dado el alto nivel de participación del estado en todos los ordenes de la vida provincial de las áreas periféricas . La intervención de un aparato de amplias dimensiones relativas bajo la lógica del subsidio y la clientela contamina los circuitos mercantiles y ahuyenta la posibilidad de inversión no atada a este funcionamiento, justamente porque circuitos basados en la prebenda tienen un comportamiento azaroso y por lo tanto prescindible para la lógica racional capitalista. Esto impulsa a los sectores económicos más dinámicos a funcionar como enclave, es decir, independizan el proceso económico de la dinámica provincial y por ello disminuyen la posibilidad de transferir su impacto virtuoso sobre el conjunto de las relaciones sociales de la provincia (...)". http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/clad/cong6/9nov/135/cao.pdf

Sistema político regional de las provincias periféricas durante los '90

Por Horacio Cao

"(...)El punto de partida de este trabajo tiene que ver con la heterogeneidad -diferenciación social y productiva- y la desigualdad -diferente nivel de desarrollo relativo- de la estructura regional, característica común a los países denominados pobres, subdesarrollados, del tercer mundo, etc.

Se sostiene que esta situación tiene su origen en diferentes bloqueos al desarrollo que hacen a la dinámica productiva de algunas áreas de un país no sólo no desintegre las formaciones sociales no capitalistas sino que las pueda reforzar o recrear (Laclau, 1982: 36 y 37). En las formaciones capitalistas de los países centrales, este modo de producción tendía a convertirse en exclusivo, destruyendo a los demás. En las periféricas, el modo capitalista somete a los demás y los transforma, les arrebata su funcionalidad propia para someterlo a la suyo, sin por ello destruirlos radicalmente (Amin, 1986:16).

 

Ésta es una importante dimensión de análisis para las naciones más avanzadas de América latina pues, justamente, ellas se destacan por reproducir la heterogeneidad y la desigualdad espacial durante un período anormalmente largo en comparación con lo que ocurre en otros países de industrialización tardía (González, 1987: 18).

Si bien el ámbito de la economía esta desigualdad territorial tiene registros más estudiados y tal vez por esto más fácilmente observables, se sostiene que necesariamente deben tenerse en cuenta elementos de esta situación en la esfera política. En resumen, el modelo que se construye en el presente trabajo se dirige a describir cómo:

• La dominación política adquiere características específicas como parte de los diferentes elementos que determinan el desequilibrio territorial hacia el interior de un país.

• Esta modalidad de dominación termina siendo una de las dimensiones relevantes para explicar el retraso relativo de algunas regiones(...)".

Horacio Cao se refiere a la: “Ciudadanía de baja intensidad

El desempeño de la sociedad civil en el ámbito político estará influenciado por el grado de desarrollo de la esfera pública, cuya imagen objetiva en una sociedad democrática involucra un espacio social creado por la asociación de iguales que -libres de dominación - establecen comunicativa y públicamente su interacción. Suele considerarse que la posibilidad de desarrollo de la esfera pública depende del grado de adquisición por parte de los habitantes de ciertos derechos básicos -civiles, políticos y sociales- agrupados bajo el rótulo de ciudadanía (Marshall, 1950).

Los diferentes estudios de caso coinciden en adjudicar una baja calidad de la ciudadanía a las sociedades de las provincias periféricas. (...) Por un lado se resalta la incapacidad del sistema legal para garantizar plenamente derechos civiles y políticos a importantes segmentos de la población, los que están sujetos a las arbitrariedades del Estado o de cualquier otra instancia situada en la cima de la jerarquía económica, social o política. En cuanto a los derechos sociales, estructuralmente se trata de sociedades que no pueden garantizar bienes esenciales a una importante porción de sus componentes y en donde las políticas de promoción y asistencia que lleva adelante el sector público son más importantes en términos de fortalecimiento de un cierto patrón de dominación que como paliativo o remedio de estas carencias.

Desde otro plano, se enfatiza la presencia de indicadores directos e indirectos que se asocian con lo que se conoce como sociedades tradicionales: saldo migratorio negativo, situaciones de patronazgo de tono semifeudal, intensa influencia de la cristiandad católica, tendencia hacia la cristalización de la estructura social y el establecimiento de relaciones predominantemente de subordinación más que de oposición, creencia de que quien lidera la sociedad tiene un poder desconocido y por lo tanto, ilimitado, al que se podrá recurrir en busca de amparo para los casos de crisis, etc.

Queremos destacar un último elemento que suele obviarse cuando se analiza estas sociedades: el fin de las corrientes migratorias que desde mediados del siglo XIX hasta la crisis de los '70 movilizó población desde la periferia hacia el centro. A partir de esta fecha, este proceso tiende a detenerse, surgiendo otro que concentra población en las capitales provinciales proveniente de zonas rurales y de ciudades intermedias. Este fenómeno tiene como origen el efecto combinado del eclipse de la Pampa Húmeda como elemento atractor de población y la quiebra de las economías regionales que sostenían el interior de las provincias del área periférica (Rofman, 1994: 118/119) (...)".

Fuente: Revista Realidad Económica Nº 249 de noviembre-diciembre 2005 editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
realidadeconomica@iade.org.ar; http://www.iade.org.ar/

C. La lógica y los planes del gobierno CFK en función de las transnacionales

Soja sí, indígenas no

Por Darío Aranda

"(...) Aviso

Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.

Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.

Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.

Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.

Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.

La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.

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Decisiones

A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.

A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta María Rachid).

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.

Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.

“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.

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Unidos contra los Qom

Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.

La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.

No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.

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La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.

“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.

A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.

Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.

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El cómodo oficio de ocultar

“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.

La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.

Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.

En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.

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El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.

El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.

El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.

El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.

Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.

El cable de Télam no fue firmado por el redactor.

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“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.

Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”

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El juego a la derecha

Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.

La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”.

A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.

No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias–) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.

“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.

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Derechos Humanos

Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.

Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.

Pero su genocidio aún es negado.

“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.

La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.

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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.

A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.

En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.

Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.

La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.

Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.

Fuente:http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/

En consecuencia, el problema fundamental a resolver para la política desde abajo y a la izquierda es el creciente secuestro de la esfera pública en vez de concentrar esfuerzos e ideas contra los medios de comunicación social que están monopolizados por el gobierno CFK y la ultraderecha de modo que nos encierran en una realidad dicotómica, cuya finalidad es apartarnos de quienes resisten y disputan a la acumulación gran capitalista por desposesión territorial. Precisamos poner en discusión la «reforma agraria integral» como lucha de clases, como otro desarrollo y como seguridad de presente y futuro de los diversos de abajo.