Enfoque  ((VOLVER))

De razones para enfrentar al capitalismo y no, sólo a la ultraderecha

Conquistar lo que aparece como imposible que es emanciparnos de estar expoliados por el capitalismo e imperialismo, nos exige -a los de abajo- comenzar por desentramparnos de seguir escuchando a quienes nos mienten y arreglan nuestro infortunio de espaldas a nosotros. Vayamos al grano, precisamos poner en debate que el matrimonio Kirchner interviene a favor del sistema opresor. En la lucha por Memoria, Verdad y Justicia,  juega en contra. Ya durante la dictadura cívico-militar y proimperialista, participó en hacer posible el despotismo financiero y usurero sobre quienes habían contraído deudas en la capital de Santa Cruz. También contribuyó a la viabilidad de la democracia restringida desde su provincia petrolera, pesquera y minera y desde su carácter de sátrapa en la conversión neoliberal del Partido Justicialista. 

Sobre todo pongamos en deliberación pública :

En 2007 Ricardo Ortiz (UBA) y Martín Schorr (CONICET-FLACSO), en "La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la postconvertibilidad", nos relatan:

” II. La estrategia de la “fracción devaluacionista” ante la crisis de la convertibilidad 

Es evidente que un cambio discursivo comenzó a generarse con creciente fuerza entre los sectores dominantes de la Argentina a partir de las devaluaciones en el sudeste asiático (1997) y Brasil (1999), en coincidencia con el comienzo de una acentuada recesión económica en el orden local a mediados de 1998, que tendría hondas repercusiones sobre ciertas fracciones del bloque de poder, en especial aquellas cuya dinámica de acumulación y reproducción ampliada del capital se apoyaba en lo sustantivo en torno de la actividad manufacturera: caída en las ventas internas, fuerte disminución en la tasa de ganancia, dificultades crecientes para exportar y para seguir beneficiándose de la especulación financiera en el frente interno, etc. Ello, a diferencia de lo sucedido en la crisis de 1995, cuando las firmas líderes prosiguieron con el fuerte proceso de expansión y acumulación que habían venido registrando desde el lanzamiento de la convertibilidad (Schorr y Wainer 2005). Fue en ese momento cuando los representantes de la industria –o, como les gusta autodenominarse, los “sectores de la producción”– reclamaron en forma manifiesta medidas que compensaran la sobrevaluación del peso. (...)

A lo largo de esos años (1998-2001) se fueron conformando dos bloques alrededor de los que giraron las disputas por el sentido que adquiriría la salida de la crisis: por un lado, sectores del “empresariado productivo” agrupados en torno de la UIA y, por el otro, buena parte del sector financiero local y las empresas privatizadas. De manera externa a estos dos núcleos se encontraba el principal representante institucional de los acreedores externos: el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, tras tener una posición inicial a favor del mantenimiento de la convertibilidad, finalmente terminó cerrando filas detrás de la salida devaluacionista. Desde la perspectiva prodevaluación, en el empresariado argentino las voces calificadas fueron haciéndose escuchar. En esa línea, el grupo económico Techint cumplió un rol más que destacado a la hora de criticar el “modelo” –más allá de que éste lo había beneficiado ampliamente–, y fueron sus propios directivos los que llevaron más lejos el ataque al “1 a 1”. (...)

Frente al nuevo gobierno, los sectores prodevaluación intentaron una estrategia dual: en el corto plazo, apostar a las “devaluaciones indirectas” y, con un objetivo cuya concreción les insumiría un poco más de tiempo, impulsar la conformación de una fuerza social de mayor alcance. Para la primera de las metas, prontamente propusieron la mejora de la competitividad externa de las exportaciones vía una disminución de los costos mediante la rebaja de los aportes patronales, el congelamiento del salario mínimo y la flexibilización de las condiciones de trabajo, algo que obtuvieron en forma paulatina, incluso a través de medios ostensiblemente ilegales y que derivaron en una fuerte crisis política como el escándalo de las “coimas” en el Senado para la aprobación de las leyes de flexibilización laboral, que incluyó la renuncia del vicepresidente de la Nación. También con la creación de una “canasta de monedas” que reemplazaría al dólar como único referente del peso convertible. Para el segundo objetivo, el más estratégico, se hacía necesario que el “frente por la devaluación” se extendiera más allá de los sectores empresariales (industriales y algunas entidades agropecuarias) y se acercara a las representaciones de los trabajadores, a buena parte de la clase política y a otros ámbitos (como la Iglesia). No alcanzaba, para ello, con reclamar la rebaja de los costos empresarios a costa del ingreso de los asalariados.

Hacía falta asentar un discurso integrador, que rescatara del imaginario social ciertos valores positivos que refirieran a la defensa de “la producción”, “la industria”, “el trabajo”, el “regreso del Estado”, “la Nación”, todos ellos en oposición a las características del “modelo” que habían generado la crítica situación social y económica: “la especulación financiera” y la “extranjerización”, principalmente. Estos planteos estaban formulados de una manera general e interpelaban a un amplio conjunto de grupos sociales a los que, a fines del año 2000, el presidente de la UIA, Osvaldo Rial, los definía de la siguiente manera: La sociedad, los industriales, los productores agropecuarios, los pequeños comerciantes, los trabajadores, los sectores de la cultura y los religiosos debemos entender que de la crisis salimos con un modelo que estimule la producción y el poder adquisitivo de la gente (Clarín, 24/11/00). 

La “salida devaluacionista” de la convertibilidad pudo congregar a muy diversos sectores articulándose en lo ideológico-discursivo sobre la valorización de los mencionados conceptos, los que, por la propia naturaleza de los objetivos del capital concentrado interno que conducía dicho bloque social, estaban definidos de una manera un tanto peculiar. Se insistía en que la convertibilidad y el anclaje cambiario habían sido el origen de todos los males, sin hacer mención al proceso de reformas estructurales que habían sido introducidas como el “caballo de Troya” de las políticas económicas de los años noventa (Nochteff 1999). Así, se eliminaba del diagnóstico un elemento central que determinaba gran parte de las graves condiciones sociales y económicas de finales de la década y que apuntalaron la crisis de 2001.

Ignacio de Mendiguren (UIA) lo expresaba de esta manera: La vulnerabilidad externa se fue agudizando a lo largo de los años noventa como consecuencia de la falta de una política de desarrollo de los sectores productivos y del empresariado nacional, que determinó un significativo déficit comercial, transferencias crecientes de utilidades y dividendos, un aumento vertiginoso del endeudamiento externo; [de allí que] la pérdida de competitividad del sector productivo argentino es una realidad innegable. Desde los inicios de la década de los noventa, se generó una distorsión en los precios relativos de los sectores transables que se tradujo en una apreciación de la moneda nacional y la consiguiente pérdida de competitividad (UIA, 2001). 

Los planteos por un “nuevo modelo económico”, sustentados sobre la modificación del tipo de cambio, contaron con el creciente apoyo de amplios sectores del espectro político-sindical nacional y de buena parte de la “comunidad académica” local e internacional (Schorr 2001). Con la mira puesta en construir una fuerza social capaz de impulsar y convalidar este “proyecto productivo”, se insistió en que con él se podría mejorar el ingreso de los sectores populares y se beneficiaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas, al vincular más fuertemente, a medida que se profundizaba la crisis, las ideas de “devaluación” y de “redistribución del ingreso”. 

• La primera etapa en este proceso de acumulación de fuerzas fue la conformación del denominado Grupo Productivo. En septiembre de 1999 (un mes antes de las elecciones presidenciales) la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y las Confederaciones Rurales Argentinas se constituyeron como grupo de presión y referencia político-empresaria de esta posición prodevaluación. Su nacimiento fue a la vez expresión de la crisis de otro agrupamiento representativo de intereses empresarios, el Grupo de los Ocho (que reunía a las tres entidades mencionadas más las dos asociaciones de bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio) que, hegemonizado por el sector financiero y comercial, había tenido una fuerte presencia al apoyar las políticas públicas neoconservadoras de los años noventa.
   

• El segundo paso fue la articulación paulatina de intereses con la clase política local, a partir de la relación establecida con una fracción del Partido Justicialista. Si bien el candidato oficial para las elecciones presidenciales de 1999, el entonces senador nacional Eduardo Duhalde, no proponía la salida de la convertibilidad, incorporó a sus listas de candidatos a diputados al presidente de la UIA, Osvaldo Rial. El Grupo Productivo sostuvo que ello no implicaba un acuerdo político con esa fracción del PJ, sino que la candidatura era a título de “extrapartidario”. De todos modos, la paulatina imbricación de intereses políticos y económicos se cimentó en la polarización de posiciones que iba generando la profundización de la crisis durante los años 2000 y 2001. En efecto, a fines de 2000 Duhalde le propuso a un grupo de empresarios nacionales organizar un “movimiento productivo multipartidario y multisectorial”, por fuera de los partidos políticos, con el fin de presionar al Gobierno de la Alianza para que aplicara políticas que favorecieran a los sectores “vinculados a la producción” (Clarín, 22/12/00). Además de Ignacio de Mendiguren y Osvaldo Rial, de la UIA, estuvieron presentes representantes de la Confederación General Económica (CGE), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
   

• La vinculación con el PJ le sirvió al Grupo Productivo para allanar su relación con distintas fracciones del sindicalismo peronista, especialmente el encabezado por Hugo Moyano del sindicato de camioneros. A mediados del año 2000, el Grupo Productivo y la CGT-Moyano coincidían en que la “salida productiva” implicaba la necesidad de una devaluación de la moneda doméstica, y buscaban el apoyo de otros sectores políticos como ciertos estamentos de la Unión Cívica Radical (que integraba el gobierno de la Alianza) encabezados por Raúl Alfonsín y también de la Iglesia católica, a través de la Pastoral Social dirigida por monseñor Rodolfo Bufano.(...)

En enero de 2002 el presidente provisional Eduardo Duhalde expresó : “Mi gobierno pondrá fin a la alianza del poder político con el poder financiero, que perjudicó al país, para sustituirla por una alianza con la comunidad productiva” (Clarín, 5/1/02). Para llevar adelante este “modelo productivo”, creó el Ministerio de la Producción, cuyo primer titular fue De Mendiguren, quien repitió el discurso que venía sosteniendo acerca de las “virtudes” del nuevo régimen, el cual debería recomponer el ingreso de los sectores populares:

 “Vamos a reconvertir a los sectores productivos para que tengan valor agregado dentro de una economía abierta, competitiva y globalizada pero de manera exitosa y no para desintegrarnos en ella. Queremos una visión estratégica que nos dé mejores salarios, como hacen otros países” (Clarín, 18/1/02). De todos modos, esta perspectiva no hizo más que retomar, a partir de un nuevo nivel del tipo de cambio (muy superior, en términos reales, al vigente durante la convertibilidad), la vieja teoría del “derrame”, según la cual la recomposición de las ganancias de una parte de la gran burguesía local y de otras fracciones de los pequeños y medianos empresarios productores de bienes transables se trasladaría en parte a los asalariados y la creación de empleo. Ahora bien, en términos estrictos y concretos, la “distribución del ingreso” tal como lo planteaban los sectores devaluacionistas implicaba que la masa de ganancias generada por la economía argentina se  redistribuyera –a partir de los efectos generados por la devaluación– hacia las grandes empresas exportadoras y, en muy menor medida, hacia las pequeñas y medianas industrias que habían logrado sobrevivir al cepo de la convertibilidad.

Al final, el impacto de la devaluación sobre los ingresos de los sectores populares sería absolutamente regresivo, debido a la valorización en divisas que tuvieron los alimentos y a la inflación; así, no se mejoró sino que se agravó la situación de los sectores populares. 

En síntesis, frente a la creciente crisis de acumulación que experimentaba el capital concentrado interno (ya que para una parte importante de la burguesía no podía garantizarse el funcionamiento de la economía y una tasa y regularidad de acumulación capitalista) sumada a la crisis política y de régimen, el grupo devaluacionista logró generar un esquema de alianzas sociales mucho más sólido, inclusivo y plural en su integración que el que conformaron los impulsores de la opción dolarizadora. Para ello fue primordial que ganara la disputa ideológica (identificación del origen y las razones de la crisis) y que se concentrara la solución en una sola medida: la modificación del tipo de cambio. Al no plantearse con similar claridad otros lineamientos de la política futura (sólo se hacían menciones generales a la “distribución del ingreso”), estos últimos fueron interpretados de acuerdo con lo que cada fracción social deseaba o intentaba lograr. Quien pudiera hegemonizar el movimiento social y lograra organizarlo detrás de sus propuestas sería quien llenara de contenido esa reivindicación. En las condiciones de debilidad de los sectores populares propios de tres décadas de políticas neoliberales, la dirección estuvo en manos de los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros productores de bienes transables y orientados a la exportación.  

En consecuencia, se terminó por dar la “paradoja” de que si bien la fracción del gran capital que ejerció la conducción del armado del “bloque devaluacionista” tenía por diversas razones menos poder económico que sus contrincantes (por su relativamente bajo peso en la estructura productiva doméstica a raíz de la fenomenal extranjerización de los años noventa, por ocupar un lugar marginal en el mercado mundial, etc.), logró elaborar una propuesta de resolución de la crisis de carácter “inclusivo” (ello, con independencia de que éste fuera genuinamente procurado o un mero artilugio con vistas a agrandar y diversificar su base social de apoyo). Y de ese modo pudo “torcer el curso de la historia” a su favor. Sin duda, reparar en estas cuestiones es de lo más relevante ya que expresan el carácter central que asumen las instancias ideológicas y políticas en el análisis de un proceso económico o, más específicamente, porque indican que en las coyunturas históricas en las que se disputa la hegemonía dentro del bloque dominante, el poderío estructural de un actor no necesariamente determina hacia dónde se inclina “el fiel de la balanza”; su accionar asume más importancia en el plano políticoideológico (...)".

En 2007 Ricardo Ortiz (UBA) y Martín Schorr (CONICET-FLACSO), en "La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la postconvertibilidad", nos explican:

” III. 1. Un “modelo abierto al mundo” 

A mediados de los años noventa comenzó a ganar consenso el discurso que vincula un patrón de crecimiento económico asociado a las exportaciones con la generación de una serie de beneficios que se “derramarían” a toda la sociedad. En efecto, a partir del contraste de la irregularidad de la evolución del PBI durante la convertibilidad (y de la alta exposición de la economía argentina a diferentes shocks externos, tanto de carácter real como financiero), en diversos ámbitos que abarcan desde las representaciones políticas y corporativas hasta los institutos de investigación –públicos o privados–, se han producido –y reproducido– propuestas de salida a las recurrentes crisis económicas que hacen hincapié en la necesidad de superar las restricciones externas vía el incremento de las exportaciones y la instauración de un “modelo exportador” para la Argentina. Luego de la devaluación, las estrategias exportadoras planteadas en los años previos por diferentes actores económicos se vieron reforzadas por las nuevas condiciones generadas por el mejoramiento de la competitividad internacional sostenida en la caída de los salarios reales y el reajuste de los precios relativos. Así, uno de los aspectos más importantes de la salida a la crisis recesiva adoptó la figura del “modelo exportador” como una “opción blanda” (Nochteff 1994) para aprovechar las nuevas condiciones macroeconómicas e insertarse en una economía mundial signada por un aumento considerable de la demanda y la vigencia de precios sumamente favorables para los principales productos exportados por la Argentina, en especial, cereales e hidrocarburos y sus derivados.

Esta inserción en las propuestas que hegemonizan el discurso económico se propone como el aprovechamiento de las condiciones “naturales” de la Argentina, al adaptar en muchos casos la teoría de las ventajas comparativas a la situación nacional, asumiendo que la inserción productiva del sector exportador no debe ser modificada y que la distribución regresiva del ingreso, los bajos salarios y la desocupación son un dato “normal”. Ello implica convalidar y cristalizar las relaciones de poder al interior del grupo de firmas y sectores exportadores emergentes de una década de convertibilidad y casi tres décadas de desindustrialización. La evidencia empírica disponible indica que las empresas exportadoras no escapan a los graves efectos que ha tenido la aplicación del esquema de apertura económica, desregulación y privatizaciones acontecido durante la década de 1990: distribución regresiva del ingreso, apropiación por parte de los empresarios de los aumentos de productividad, baja generación de empleo y de encadenamientos productivos en el nivel interno (Ortiz y Delfini 2003). Al analizar la evolución de las exportaciones de acuerdo con el tamaño de las firmas, se destaca el hecho de que las ventas al exterior están crecientemente concentradas en un número sumamente reducido (algo más de un centenar) de grandes empresas. Se trata, sin duda, de un muy elevado nivel de concentración económica que, no obstante, hace abstracción de un fenómeno característico de la economía argentina postdictadura militar: el control de un número importante de las principales empresas exportadoras del país por parte de algunos grandes grupos económicos de capital nacional y extranjero. En otros términos, la señalada concentración de las exportaciones no refleja en toda su dimensión el grado de oligopolización realmente existente. Además, dentro del grupo de las firmas líderes que operan en la Argentina queda en evidencia que durante la década de 1990 los sectores más dinámicos en términos de exportaciones fueron los que más disminuyeron la ocupación, a la vez que no incrementaron los salarios. Resulta notable en este sentido la caída del empleo en los sectores vinculados a la producción primaria y agroindustrial, y a la producción industrial más promovida durante los años noventa, como la automotriz (-9%, -2% y - 30%, respectivamente). El conjunto de la industria exportadora, en síntesis, fue responsable de casi la totalidad de la disminución en el empleo del total de las firmas exportadoras. A la inversa, la productividad de estas empresas se incrementó en forma considerable, lo que implicó, dado los niveles de inversión, que el aumento de la productividad se debió fundamentalmente a un aumento de la intensidad de la jornada laboral. Finalmente, y como derivación de todo ello, las empresas exportadoras más importantes de la Argentina fueron, siempre en la década del 90, más regresivas en la distribución de la riqueza generada que el conjunto de las grandes empresas no exportadoras (Ortiz y Delfini 2003). 

Por otra parte, dado que la estructura exportadora argentina y de las grandes empresas se encuentra fuertemente vinculada a las ventajas comparativas naturales, y se ubica en las primeras etapas de la cadena de valor agregado, es difícil que éstas puedan aumentar el volumen de empleo. Incluso en el sector industrial los sectores más dinámicos son aquellos que se asentaron en la explotación de estas ventajas o en actividades que se ubican en las primeras etapas del proceso productivo: elaboración de alimentos, productos derivados de la refinación del petróleo o producción de commodities siderúrgicos. Merece destacarse lo ocurrido con el sector automotor, ya que contó con un régimen especial de “intercambio compensado”, un eufemismo para proteger el negocio de las grandes terminales que operan en el mercado local. A pesar de ello, la producción local ha derivado en actividades de armado y ensamblado de insumos y partes importadas (cuando no en la comercialización directa de vehículos importados por las terminales). 

Como contracara de la apertura económica, la importación de insumos ha producido una disminución en el valor agregado total generado por la actividad y un importante proceso de desintegración de la producción local, al reducir la posibilidad de incremento del valor agregado generado por las empresas locales. Por ello, puede afirmarse que se ha operado un proceso de “simplificación productiva”, reflejado en que muchas firmas industriales han dirigido sus esfuerzos hacia el armado o ensamblado de partes y piezas, al disminuir el grado de “industrialización” de su oferta. Ello, además, se ve confirmado al relevarse las características de las cincuenta empresas que realizan las mayores ventas al exterior. Entre 1999 y 2006, este selecto grupo de firmas incrementó su participación en el total de las exportaciones argentinas, llegando a concentrar más del 60% de los ingresos totales del país por este concepto.  Si se consideran los sectores de actividad en los que se desempeñan estas compañías, las diferencias entre 1999 y 2006 son prácticamente inexistentes: en ambos años, de las diez primeras firmas, sólo había dos exclusivamente industriales (las automotrices Volkswagen y Ford en 1999 –en las posiciones novena y décima–, y Tenaris Siderca y Toyota en 2006, en las posiciones octava y décima, respectivamente); una sola empresa minera (Minera Alumbrera), y el resto estaba constituido por petroleras, cerealeras y aceiteras (Repsol YPF, Pan American Energy, Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentín, Dreyfus, La Plata Cereal y otras). Por último, debe mencionarse el fuerte proceso de transnacionalización de la economía argentina durante los últimos quince años, tendencia que –a pesar del discurso oficial sobre el carácter “nacional” del régimen económico surgido tras la devaluación– no se ha revertido. En este sentido, al analizar la composición de la cúpula empresaria local se observa que la participación de las firmas controladas por capitales extranjeros se ha incrementado en su número y en el peso de su facturación y sus exportaciones sobre el total de las ventas internas y al exterior de las doscientas mayores empresas de la Argentina (Ortiz 2006a) cristalizando las relaciones de poder económico emergentes del criticado “modelo de la especulación y la extranjerización”. Como se verá a continuación, este proceso se repite al interior de una de las actividades más dinámicas de la última década: la explotación de los recursos naturales (...)". 

Alejandro Gaggero, en "Los Grupos Económicos Nacionales y el proceso de extranjerización del empresariado argentino durante la década de los noventa", señala:(...) mientras que a principios de la década aproximadamente la mitad de las 500 firmas más grandes del país era de capital nacional, diez años más tarde esa proporción se redujo a un tercio.

Este fenómeno fue especialmente intenso a partir de 1994, cuando las grandes multinacionales comenzaron a desembarcar en el país, interesadas en penetrar en un mercado que venía expandiéndose aceleradamente y que contaba con una legislación muy favorable para las inversiones extranjeras. En un período relativamente corto de tiempo, algunos de los más importantes empresarios argentinos, propietarios de «Grupos Económicos Nacionales» (GEN de ahora en adelante), decidieron replegarse, vendiendo sus empresas.

El proceso de retirada de los GEN resulta interesante por diversos factores. En primer lugar, estas organizaciones venían incrementando su presencia en la economía argentina desde los años 60, y a fines de los 80 constituían la fracción empresaria con mayor inserción productiva e influencia política en el país. En segundo lugar, diversos trabajos muestran cómo los grupos nacionales apoyaron las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad llevado adelante por el ministro Domingo Cavallo no sólo al inicio de los años 90, sino hasta muy avanzada la década, cuando el modelo económico mostraba signos de debilidad. (...)

Existe un acuerdo en que la característica que define a los grupos económicos es la administración de varias empresas que se desempeñan en distintos sectores de actividad. En un análisis clásico Leff (1979: 16) desataca que “el grupo es una empresa de gran escala que invierte y produce en varias líneas de productos que involucran integración vertical u otros tipos de complementariedades económicas o tecnológicas”. En la Argentina, como en buena parte de los países periféricos, el «grupo económico» fue la forma organizativa que adoptó el sector más concentrado del empresariado nacional a partir de los años 60.

Durante la ISI, los GEN mostraban un importante grado de diversificación, aunque prácticamente todos tenían una muy fuerte presencia en el sector industrial. Una parte de ellos nació íntimamente relacionada con el sector petrolero (Pérez Companc, Bridas, Astra, entre otros), y el hito que marcó su expansión fue el intento de apertura de actividad impulsado a inicios de los años 60 por el gobierno desarrollista. Puede distinguirse otro conjunto de grupos, vinculado a la producción de bienes finales, cuyo desempeño estuvo muy relacionado con los niveles de protección a la producción nacional durante los años 40, 50 y 60. En estos casos (Arcor, Acindar, Alpargatas son ejemplos importantes), la expansión estuvo estimulada por el crecimiento del mercado interno y los altos niveles de las barreras arancelarias. Refiriéndose al conjunto de los grupos, Bisang destaca que no es apresurado afirmar que la acción estatal –directa como productor o indirecta como diseñador/ejecutor de políticas– incidió fuertemente sobre la conformación inicial de los conglomerados. (…) Las vías de influencia fueron, casi con exclusividad, herramientas de política global y recién hasta muy entrados los 70 algunas de corte sectorial y/o regional (Bisang, 1994: 403).

La intervención estatal ocupó un rol todavía más importante a partir de mediados de los 60 y durante los 70 y 80. Existe una profusa bibliografía que muestra que el Estado tuvo un rol destacadísimo en el crecimiento que experimentaron estos actores durante esas tres décadas (caracterizadas por una muy pobre performance macroeconómica), mediante los siguientes mecanismos: regímenes de promoción industrial8, el rol del Estado como cliente y proveedor, la liberalización del sistema financiero, estatización de la deuda externa privada y privatización parcial de empresas públicas. Según los estudios disponibles el sector de los GEN fue el que experimentó el mayor crecimiento entre principios de los 70 y fines de los 80. A diferencia de otros casos en el mundo, la expansión de los grupos argentinos se dio en el marco de un mal desempeño macroeconómico nacional. En este contexto los conglomerados argentinos pudieron crecer gracias a la intervención estatal pero ésta –en la mayoría de los casos– no los transformó en actores competitivos a nivel internacional. Con respecto a este punto, cabe destacar que, si bien un reducido conjunto de ellos –ligados sobre todo a la producción agroindustrial– exportaba una porción considerable de su producción, la mayoría destinaba sus productos al mercado interno.

Es así como los grupos llegaron a los 90 luego de dos décadas de fuerte expansión, que implicaron una notable diversificación de sus actividades, pero también un incremento de su concentración en industrias estratégicas para el país: automotriz (SOCMA y COFAL controlaban aproximadamente el 75% de la producción de autos), cementera (Loma Negra y Corcemar controlaban el 60% del mercado), papelera (Celulosa Argentina, Ledesma y Massuh explicaban casi el 90% de la producción) y siderúrgica (Acindar controlaba el 90% de la producción de aceros no planos), entre otras.

Otro rasgo saliente es la vinculación que los grupos nacionales cultivaron con el capital extranjero. Incluso antes de la oleada de privatizaciones, puede constatarse la existencia de emprendimientos mixtos de gran importancia: es el caso de las plantas de Sevel , Pecom NEC, PASA, Pecom Agra, Milar, Philco, entre otras. En gran parte de los casos los socios extranjeros aportaban la tecnología y el know how, mientras que los locales ofrecían su conocimiento del mercado y de las instituciones argentinas.

En lo que respecta a su forma de organización, la mayoría de los GEN surgió y creció manteniendo la propiedad familiar y con una cadena de mandos sumamente vertical en cuya cima se situaba el fundador o grupo de fundadores: Jorge y Carlos Pérez Companc en Pérez Companc, Fulvio Pagani en Arcor, Alejandro Bulgheroni en Bridas, Manuel Acevedo en Acindar, Manuel Madanes en Aluar, Alfredo Fortabat en Loma Negra, etcétera. El paso al costado de esta generación de dirigentes –que se dio mayormente a lo largo de los 80– marcó un punto de inflexión y precipitó cambios relevantes a nivel organizativo.

Como se verá más adelante, entre fines de los 80 y principios de los 90 buena parte de los grupos encaró procesos de reorganización empresaria –muchas veces asesorados por consultoras internacionales–, aunque la propiedad familiar siguió siendo una constante en casi todos los casos. No sólo eso, sino que, a pesar de que comenzó a incorporarse gerencia profesional, la dirección fue “heredada” por un pariente del fundador (generalmente un hijo). Por otro lado, las firmas madres no funcionaban abiertas al ingreso de capitales privados; sólo algunas empresas cotizaban en la bolsa, aunque los porcentajes en manos de terceros por lo general no superaban el 30 por ciento.

Los grupos económicos poseían, además de sus firmas industriales y financieras, importantes extensiones de tierra. En algunos casos su explotación estaba relacionada con su actividad industrial y en otros la explotación agropecuaria funcionaba como una unidad de negocios totalmente independiente. Para 1988 podían identificarse a 6 conglomerados entre los grandes terratenientes (con más de 20 mil hectáreas) de la Provincia de Buenos Aires (Bunge y Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein y Ledesma) que sumaban 413 mil hectáreas en la zona más fértil del país. Vale destacar que este dato sólo es una muestra parcial de la importancia de los grupos como propietarios rurales, ya que éstos poseían las mayores extensiones en otras provincias (Basualdo, 1996: 81).

2. Los grupos económicos a partir de los 90

Las profundas transformaciones del Estado argentino también generaron desafíos para estos actores. Una de las dos leyes que establecieron el inicio del proceso de reestructuración, la ley de Emergencia Económica, asestó un duro golpe a los beneficios descriptos en la sección anterior, ya que suspendió por un plazo de 180 días –que sería renovado en repetidas oportunidades– los regímenes de promoción industrial.

 

Por otro lado, durante los primeros años de la década se abrieron importantes oportunidades de negocios para los grupos locales. En primer lugar, el amplio proceso de privatizaciones les ofreció la posibilidad de transformarse en propietarios de algunas de las firmas más rentables del país durante los 90.

En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica trajo aparejada un incremento del consumo y del producto que tendió a beneficiar al empresariado argentino. A diferencia de otros programas de estabilización que se basaban en la contracción de la demanda, el plan de convertibilidad combinaba elementos ortodoxos y heterodoxos de manera tal de empujar a la economía –en una primera etapa– por un sendero expansivo.(...)

2.2. Las distintas “oleadas” de la extranjerización

Pueden distinguirse tres períodos en los cuales se produjo una intensa extranjerización al interior de la cúpula empresaria: 1) los “años de oro” de la convertibilidad (1993-1995); 2) la recuperación posterior a la Crisis del Tequila (1996-1998); y 3) la crisis final de la convertibilidad y la post-devaluación (1999-2003). Cada uno de ellos contó con características muy heterogéneas en lo referido a la intensidad del proceso, al tipo de firmas transferidas y a las causas que llevaron a la venta.

1. La primera “oleada” de ventas se produjo durante el período de oro del modelo de convertibilidad –entre los años 1993 y 1995– y fue protagonizadas por los GEN que llegaron al momento de las reformas concentrados en actividades muy expuestas a la competencia extranjera. (...)Lo distintivo de estas operaciones fue que se concretaron en 1994, un año de bonanza económica, y que las firmas no atravesaban una situación financiera difícil. El factor decisivo en este caso parece estar relacionado con la entrada inminente al país de los grandes competidores mundiales.
   (…)Ni Bagley ni Terrabusi eran firmas con la capacidad de competir con las grandes multinacionales del sector. Sin embargo, más allá de sus problemas de escala, ambas a lo largo de décadas habían logrado instalar fuertemente sus marcas en el mercado argentino. Este “capital” resultaba sumamente atractivo para Nabisco y Danone, y en parte explica las elevadas cifras ofrecidas por las firmas. En ambos casos, los grupos prácticamente se retiraron del sector industrial. (...)
    
2. El período más intenso en ventas se dio entre 1996 y 1998, lapso en el cual se transfirieron al capital extranjero  de las principales firmas de los grupos nacionales, por un valor superior a los 2.500 millones de dólares. Las causas de este fenómeno fueron claramente distintas a las del período anterior. Por un lado encontramos a grupos que habían comenzado la década con empresas en diversos sectores, y que para ese momento estaban intentando concentrar sus inversiones en una actividad en las que se consideraban competitivos, la agroindustria. Por otro, grupos con problemas financieros.El primer factor explica la venta de firmas como Alba (Bunge y Born), Atanor, (Bunge y Born), Polisur (Garovaglio y Zorraquín), Sevel (Macri) y Quitral-Co (Pérez Companc). Tanto Garovaglio y Zorraquín como Macri y Bunge y Born habían tomado la decisión de concentrarse en el sector alimentario y durante esos años se desprendieron de sus empresas dedicadas a otras actividades industriales.En el caso de Garovaglio y Zorraquín se operó una reconversión entre los años 1994 y 1998, que lo transformó en un holding agroindustrial. Después de haber sido un protagonista clave en la industria petroquímica, en 1996 vendió sus acciones en Polisur y Petroquímica Bahía Blanca, obteniendo alrededor de 200 millones de dólares, que fueron destinados a cancelar pasivos (100 millones), distribuir dividendos (50 millones) y adquirir firmas alimenticias y explotaciones agropecuarias. En 1997 compró el 70% del frigorífico que más exportaba del país: CEPA.18 En este caso, la apertura del mercado y la entrada de las grandes firmas transnacionales fueron los factores decisivos a la hora de explicar la decisión. Por otro lado, cabe recordar que el grupo ya contaba con una larga trayectoria en el sector agrícola y que a mediados de la década se estaban abriendo los mercados internacionales para la carne argentina. Federico Zorraquín, director ejecutivo de G&Z e hijo del actual presidente del grupo, explicaba en 1998(…)
    
3. En la tercera oleada de ventas (1999-2003) confluyeron dos factores: la mala performance de algunos grupos vinculados al mercado interno y la continuidad del proceso de reestructuración ya descrito.El importante endeudamiento de las firmas y los problemas para financiar inversiones parecen haber sido las causas centrales para explicar las transferencias. Tal es el caso de la Compañía General de Combustibles: el grupo Soldati vendió en 2003 el 81% a cambio de que el fondo de inversión Southern Cross se hiciera cargo de su pasivo de 220 millones de dólares. Durante los primeros años de la década, el conglomerado había experimentado un crecimiento explosivo (sus activos pasaron de 150 millones de dólares en 1990 a 1500 millones de dólares en 1995) gracias a su participación en las privatizaciones y su incursión en la industria del entretenimiento. Pero la expansión se basó en un importante endeudamiento a corto plazo y en 1995 la Crisis del Tequila marcó un punto de inflexión para la organización: la crisis financiera casi la lleva a laquiebra por su pasivo mientras que la recesión golpeó la facturación de sus firmas.24 Durante los años siguientes, el grupo se fue desprendiendo de sus participaciones en las empresas de servicios públicos que había adquirido (Telefónica, Telefé, Aguas Argentinas y pozos petrolíferos); en el año 2000 debió pedir el concurso preventivo con una deuda superior a los 1000 millones de dólares. (…)
    

   Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad

   Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 2, nº 3, Buenos Aires, junio de 2008.

   http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/03_Informe_investigaci%C3%B3n-Alejandro_Gaggero.pdf

Organización  ((VOLVER))

De la resistencia en Honduras y la solidaridad internacionalista

Confiar en el progresismo, no sólo es pensar que nuestro bienestar puede existir en el capitalismo contemporáneo sino también no atrevernos a luchar por concretar soluciones a nuestras necesidades y aspiraciones. Pero, sobre todo, nos aparta de asumir nuestro potencial de cambio social. Por ejemplo, un periodista estrella (distinguido como especialista en relaciones internacionales) manifestó que la resistencia al golpe en Honduras no podía durar por la cuestión de la sobrevivencia familiar e individual. Tiempo después Pedro Brieger habló de la legitimidad de Lobo y de la corrección electoral. En contradicción con este criterio de interpretación de la realidad, comprobamos: 

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agronegocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas(...)". Fuente: www.ecoportal.net /23-4-2010

"El primer paso en la lucha contra el cambio climático, es la formación de un movimiento de base. Esta es la importancia de Cochabamba, es el lugar idóneo para comenzar la articulación del movimiento", expresa Diego Griffon y recurre a Murray Bookchin, quien nos formula el desafío de “O establecemos una sociedad ecológica, o la sociedad desaparecerá para todos, sin importar el estatus de cada quien.”  La disyuntiva se encaminará, por ejemplo, asumiendo nosotros -los de abajo- la responsabilidad por la puesta en práctica de:

Diego Griffon, en "Cochabamba: Otro clima es posible", se refiere a cómo los poderes establecidos proceden:

"(...)Ilusiones peligrosas, no se puede comprar la salida

Los grandes grupos de poder están perfectamente al tanto de las posibles consecuencias sociales del cambio climático. El sistema se encuentra en uno de sus ciclos de crisis, recordemos: 2008 crisis de los precios de los alimentos, 2009 crisis de los mercados, 2010 crisis ambiental. La resiliencia del sistema capitalista esta comprometida, su supervivencia está en juego.

Los grupos hegemónicos no van a renunciar a sus privilegios para solucionar el problema. Ellos, en una actitud kamikaze, se abalanzan apresurados al fatal destino, y su miope actitud nos sentencia a todos.

El dogma neoclásico está tan profundamente arraigado en sus mentes, que verdaderamente piensan que esta situación puede ser solucionada sin cambios radicales. No hay que menospreciar la fe que la “sociedad occidentalizada” tiene en sus dioses: la todopoderosa ciencia y el eficiente mercado. El dogma dice que ellos nos brindarán la solución. Esta es una peligrosa ilusión.

La mentira tiene dos cabezas, se nos a hecho creer que la ciencia lo puede todo. Como sociedad estamos de rodillas ante ella. Sólo nos sentimos reconfortados cuando “un científico” (varón), nos explica algún fenómeno confuso (e.g., un Tsunami) en el televisor. No desconocemos las virtudes de la ciencia, sólo señalamos los peligros presentes en la deificación de un área del saber humano. Es particularmente ingenuo pensar que la ciencia, como un deus ex machina, nos salvará del cambio climático. Por mucho que le debamos a la ciencia, la solución de la crisis climática no va a estar incluida en la cuenta. Sin embargo, ésta es una de las ideas más generalizadas. Muchos están convencidos que bombillos ahorradores, autos híbridos y agrocombustibles son suficientes para solucionar el problema.

La otra cabeza de la mentira se manifiesta en la “fe de carbonero” en el sistema económico vigente. Muchos creen que para superar este problema basta con arreglar algunas imperfecciones del sistema actual. En particular se cree que es suficiente internalizar las externalidades ambientales en los análisis económicos. Esta aproximación, propia de la economía ambiental, es la que se encuentra detrás de los conocidos bonos de carbonos y del nefasto sistema del “cap and trade”. Es interesante observar cómo, mediante este mecanismo se ha logrado algo, que no se encuentra en los sueños distópicos más extremos: privatizar el aire. Este mecanismo permite efectivamente ¡comprar el derecho a contaminar el aire!

El monstruo detrás de estas soluciones se manifiesta cuando se unen las dos cabezas de la mentira. El resultado inevitable es pensar que comprando, cada uno individualmente “inventos verdes”, podemos salir del problema. De esta manera, la ciencia nos brinda las soluciones y el mercado las pone a nuestro alcance. Creándose de esta forma la ilusión de que podemos COMPRAR la salida de la crisis climática.

La ciencia mercantilizada y financiada por grandes compañías nos ofrece como sumideros de carbono gigantescos desiertos verdes de árboles genéticamente modificados. También son transgénicas las semillas que se siembran en los enormes monocultivos destinados a la producción de agrocombustibles. Inclusive han regresado monstruos del pasado, grandes grupos de cabildeo están promoviendo la energía nuclear como alternativa. Todas las propuestas tienen elementos en común:

• No toman en cuenta sus consecuencias sociales. Basta con pensar que la cantidad de maíz necesaria para llenar un tanque de automóvil con etanol, es equivalente a las calorías necesarias para alimentar a una persona durante un año (Tokar, 2009). Es una terrible ironía, que estos cultivos deban ser sembrados en países del sur global, en donde no serán utilizados para saciar el hambre de niños, sino exportados para saciar la sed de los automóviles del norte.

• Ninguna cuestiona y mucho menos soluciona la injusticia que significa que el modo de vida del norte global este subsidiado por la miseria del sur. Por lo tanto, mantienen un sistema de inequidad que es potencialmente tan explosivo como el cambio climático.

• Todas tienen una aproximación reduccionista a los problemas, desconociendo la complejidad de la realidad. El epítome de las propuestas hegemónicas: la geoingeniería, muestra esto claramente. Por geoingeniería se conoce la propuesta de manipular deliberadamente el clima a un nivel global. Una de las primeras iniciativas de geoingeniería involucra la fertilización de grandes extensiones de los océanos. El objetivo es incrementar las poblaciones de microorganismos marinos capaces de secuestrar carbono. Esta propuesta ya han sido ejecutada a gran escala. Los resultados (como era de esperarse) han sido completamente impredecibles, entre ellos se encuentra el aumento de la ocurrencia de peligrosas mareas rojas.

• Están elaboradas bajo una lógica desarrollista, que supone grandes oportunidades de negocios y crecimiento económico. Lo cual desconoce el dilema básico de la economía neoclásica, aspirar a un crecimiento infinito, en un mundo de recursos finitos.

• Todas implican la socialización de las culpas. La estrategia utilizada por las grandes transnacionales responsables del cambio climático es individualizar el problema. Esto tiene muchas connotaciones y no debe ser subestimado. Por ejemplo, se nos ha hecho creer que para solucionar el gigantesco problema de contaminación que significan las botellas de agua plásticas, basta con cambiar nuestros hábitos y utilizar botellas reutilizables. La lógica de este argumento parece incuestionable, pero tiene importantes sutilezas. En primer lugar, invierte las responsabilidades, satanizando al consumidor y no a la compañía que se enriquece contaminando el planeta. En segundo lugar, hace desaparecer mágicamente las responsabilidades de las compañías con respecto a las consecuencias que se derivan del uso de sus productos. En tercer lugar, intenta establecer subjetivamente que todos somos igualmente responsables del problema. Finalmente, la individualización de las soluciones crea la ilusión de que no es necesario construir un movimiento social para enfrentar el cambio climático. Esta es, sin lugar a dudas la ambición mas grande de los grupos hegemónicos".

Plantea:

"El origen del problema

Para poder encontrar la solución a cualquier problema es indispensable encontrar sus causas. De no hacer esto corremos el riesgo de luchar eternamente contra las consecuencias, sin nunca llegar a solucionar el problema. Con respecto al cambio climático existen dos niveles que debemos discutir y enfrentar.

En un primer nivel debemos establecer claramente cual es el responsable directo del problema. En este caso no es otro que el sistema económico mundial. Este sistema logra reducir a todas las personas a simples consumidores, desconociendo de esta manera las complejidades inherentes a cualquier ser humano. En el marco de la lógica neoclásica, se reduce la complejidad del ser humano a una morisqueta conocida como Homo economicus y se asume que las necesidades materiales de la sociedad son infinitas, razón por la cual el mercado debe ofrecer infinitos productos. Esto, como ya se comentó, plantea el dilema básico de este marco teórico. Sin embargo, también es importante apreciar que esta lógica irremediablemente implica producir incrementadas cantidades de desechos, desperdicios que son fundamentalmente tratados como externalidades. De esta manera el sistema privatiza los beneficios, mientas que socializa los problemas ambientales. Esto es algo que la economía ecológica ha demostrado elocuentemente.

Dada la lógica del sistema, que plantea el crecimiento y la acumulación de capital como condición sine qua non para su existencia, es imposible en este marco abordar y solucionar las causas de fondo del problema. Las alternativas que nos proponen desde la lógica neoclásica son solo paliativas, enfocadas en algunas de las consecuencias. Es imposible que este sistema ofrezca soluciones reales, las causas del problema se encuentran en sus fundamentos básicos. El sistema no puede ser arreglado, la única opción es cambiar de sistema.

El primer nivel es tan obvio que resulta insólito que todavía existan dudas al respecto. El segundo nivel (mas importante aún) no es para nada tan obvio. El segundo nivel que debemos afrontar son las jerarquías. No hay una forma fácil de explicar esto, aquí utilizaremos un ejemplo del cual se valió recientemente un amigo. Este es un ejemplo grueso, lleno de generalizaciones, pero presenta de manera muy intuitiva el problema. Comencemos: es por muchos conocido que el estado alemán mantiene una política de discriminación con los inmigrantes turcos, también es ampliamente conocido que el estado turco mantiene una política de discriminación con el pueblo kurdo. De forma general, se sabe que en la sociedad kurda la mujer es discriminada. Por su parte, las madres kurdas agreden en algún nivel a sus hijos e hijas, y finalmente los niños y niñas en muchos casos maltratan a sus mascotas. Es decir, existe una red intrincada de relaciones de dominación, que involucra la dominación de la naturaleza.

Este ejemplo, que no pretende ofender la sensibilidad de ningún pueblo, podría ser levantado utilizando cualquier gentilicio o nacionalidad. El ejemplo revela algo tan generalizado que no debería ser una sorpresa para nadie: vivimos en sociedades altamente jerarquizadas, en donde se establecen relaciones de dominación. Este es nuestro dilema central, hemos creado relaciones sociales que se fundamentan en la dominación de un grupo por otro: los ricos dominan a los pobres, los mayores a los menores, un grupo religioso a otro, una etnia a otra, un género a otro, una especie al resto.

La forma de dominación básica, primordial, es la dominación de género. Esta circunstancia esta profundamente relacionada con el cambio climático. El problema de las jerarquías es anterior a sistema capitalista, por lo tanto más profundo. Es cierto que solo en el sistema capitalista esta circunstancia alcanza las connotaciones que aquí discutimos. Pero de no ser solucionado, la espiral de la dominación siempre terminará por agredir en demasía a la naturaleza.

Las relaciones de dominación que mantenemos en nuestras sociedades se trasladan a nuestra relación con el resto de la naturaleza. Hemos desarrollado un modo de vida fundamentado en la agresión. La idea de la “dominación de la naturaleza” esta profundamente arraigada en nuestra psique. Encontramos ejemplos de esto en todos los aspectos de nuestra vida: en nuestro modelo de agricultura, de urbanismo, de producción industrial, de entretenimiento, de educación. La creencia de que podemos dominar al resto de la naturaleza es la raíz del cambio climático. Esta creencia es una expansión subjetiva de nuestras relaciones sociales de dominación. Para solucionar el problema climático de fondo, debemos acabar con la jerarquías.

Soluciones: Políticas prefigurativas

La magnitud del cambio necesario para solucionar el problema puede llegar a ser intimidante. Sin embargo existen alternativas, muchas de ellas están siendo actualmente ejecutadas, las llamamos políticas prefigurativas. Sin embargo, antes de hablar de esto, se debe aclarar que los cambios necesarios sólo pueden ser llevados a cabo por la gente organizada. Este es un camino que sólo puede ser recorrido de abajo hacia arriba, no en sentido contrario. El fracaso de la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP15) lo demostró elocuentemente. Hemos observado durante décadas fiascos en las negociaciones climáticas. Es evidente que los gobiernos del mundo y las multilaterales no son capaces de llevar a cabo los cambios necesarios para solucionar el problema. Llegó la hora de que dejemos de delegar nuestras responsabilidades. Llegó la hora de que asumamos nuestro poder a través de la participación directa.

Es importante que reconozcamos los errores del pasado y asumamos que los medios deben ser coherentes con los objetivos. Esta es la lógica detrás de las políticas prefigurativas. Si nuestro objetivo es destruir las jerarquías, no podemos lograr esto utilizando estructuras jerárquicas. Este es un principio básico.

El primer paso en la lucha contra el cambio climático, es la formación de un movimiento de base. Esta es la importancia de Cochabamba, es el lugar idóneo para comenzar la articulación del movimiento. Somos muchos y muy diversos, nuestro lema debe ser: unidad en la diversidad. Para construir nuestra unidad debemos establecer cuales son nuestras afinidades. Estas afinidades pueden ser expresadas en un conjunto de principios comunes. Esto es algo que la red por la justicia climática ha hecho, ellos han establecido como principios la solidaridad, autonomía, cooperación y acción directa.

La acción directa es fundamental pues crea la cultura y la conciencia necesaria para ejecutar la democracia directa (la prefigura). En términos generales, tenemos dos vías de acción: la oposición ilustrada y las alternativas concretas.

Mediante la oposición ilustrada debemos demostrar las falsedades que se encuentran detrás de las alternativas propuestas en el marco del sistema actual. Sin embargo, esto no es suficiente, no basta con demostrar que una opción no es válida, debemos plantear alternativas. Debemos demostrar que otro mundo es efectivamente posible. Es aquí donde la agroecología, la permacultura, la pareconomía y el municipalismo libertario deben ser aplicados.

Múltiples movimientos sociales son hoy en día ejemplos de éxito. El movimiento mundial por el decrecimiento nos ha mostrado como re-escalar nuestras sociedades. El movimiento internacional de ecoaldeas muestra la potencialidad de la permacultura. La Vía Campesina nos enseña el poder de la agroecología.

Nuestros principios en común deben guiar nuestras decisiones. La formas de organización que asumamos y las alternativas tecnológicas que adoptemos deben prefigurar el mundo que queremos. Este sencillo planteamiento simplifica mucho nuestro accionar. Cuando dudemos ante alternativas, solo debemos preguntarnos cual es coherente con nuestros principios. Estos deben ser nuestra guía en la lucha. Construyamos estos principios en conjunto en Cochabamba. La importancia de la reunión en Bolivia radica en que es un encuentro de pueblos, no de gobiernos. Creemos el movimiento de movimientos capaz de trasformar el mundo. Aprovechemos el potencial revolucionario existente en la crisis climática. Solucionemos algo más que el calentamiento global: ¡Cambiemos el sistema, no el clima!".

Diego Griffon - http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/

Fuente: www.ecoportal.net/ 21-4-2010

Stefano Varese (Servindi), en "Genocidio por despojo", aclara cómo progresa el capitalismo e imperialismo: "A mediados del mes de octubre del año pasado escribí un texto corto sobre los trágico hechos de Bagua y sobre la continua lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía y del Perú en defensa de sus tierras, sus recursos y su derecho a la vida. El ensayo fue recogido por Servindi [http://www.servindi.org/] y recibió más difusión de la que yo esperaba, algunas voces de apoyo y también algunos insultos que llegaron directamente a mi correo electrónico universitario. Hace pocos días la editorial Línea Andina me solicitó una contribución adicional a un libro colectivo que están preparando AIDESEP y CONACAMI. Acepto con gusto y humildad la invitación y me siento honrado de poder expresar una cuantas ideas que puedan fomentar el entendimiento entre todos los peruanos, la justicia social, la equidad cultural y la coexistencia pacífica y creativa de todas las expresiones histórico-culturales del país.

El pillaje neoliberal

El gran geógrafo inglés David Harvey ha afirmado que en esta etapa tardía del capitalismo neoliberal y global el proceso de acumulación del capital toma una nueva forma que él denomina “accumulation by dispossession”, es decir acumulación por despojo o acumulación por pillaje. La acumulación por despojo es el motor del neoliberalismo que aspira a mercantilizar todos los elementos de la naturaleza y del mundo e incluso del universo: todos los recursos, tierras, aguas, aire, animales, plantas, minerales, paisajes y sobre todo la gente pueden y deben ser mercantilizados. Es decir, tienen un precio y el capital los puede tomar (no solamente comprarlos) y disponer de ellos para su propio beneficio y ganancia. Incluso el trastorno –o colapso- de Wall Street puede entenderse como el resultado intencional de la “acumulación por despojo”. Los enganches financieros e hipotecarios aparentemente baratos y finalmente impagables fueron ofrecidos al proletariado doméstico de los Estados Unidos con el pleno conocimiento de los banqueros y prestamistas de que los compradores iban a fallar en sus pagos (por el alevoso aumento astronómico de las tasas de interés) con lo que la institución financiera se podía reapropiar de las casas y también de los primeros meses de pagos hipotecarios de las víctimas de este pillaje.

Las trampas financieras y “legales” de estos robos a mano armada del neoliberalismo, en el caso de los Estados Unidos, son invisibilizadas por los aparatos mediáticos que forman parte de los conglomerados financieros y bancarios siempre más monopólicos y en asociación con el gobierno federal de los EE.UU. El público general tiene grandes dificultades en entender qué es lo que exactamente ha ocurrido y por qué repentinamente el sistema financiero y de crédito deja de funcionar.

Ocasionalmente, sin embargo, hasta la autocensura de los medios de comunicación en un descuido deja escapar algunos datos de los horrores de este sistema económico y social. En el New York Times del 11 de octubre de 2009 aparece la noticia de que numerosos cadáveres de familiares muertos son abandonados en la morgue y en los hospitales porque la gente no tiene dinero para pagar el entierro o la cremación. Sospecho que ni siquiera en los peores momentos de la Edad Media europea se llegó a estos extremos de miseria y desolación. La muerte de un ser querido se convierte en mercancía para la agencia funeraria (privada) y para el cementerio (casi siempre en subcontrato de la ciudad con agencias privadas). Aquí la acumulación por despojo se quita toda máscara de dignidad hipócrita y anuncia en spots televisivos perfectamente filmados que es indispensable que todo individuo de la tercera edad empiece a pagar en cómodas cuotas mensuales su propio entierro.

He dedicado algunas líneas a comentar estas manifestaciones del neoliberalismo en los mismos EE.UU. porque es a partir de este modelo socioeconómico, de este paradigma ideológico que se nos impone cotidianamente por los medios como salvación que hay que descifrar, analizar, criticar y eventualmente derrotar en sus interpretaciones políticas y empresariales a las élites peruanas en su adopción servil del modelo y en su implementación autoritaria del mismo.

El genocidio enmascarado

Unos de los éxitos más obvios del colonialismo europeo y estadounidense impuesto a los pueblos indígenas de todo el continente desde el siglo XVI, fue la construcción de un discurso ideológico generalizado que logró enmascarar a los ojos del mundo y de la historia el verdadero holocausto de los pueblos originarios de las Américas. Durante los primeros cien años de ocupación militar española el 95 por ciento de los indígenas de América desapareció. La guerra convencional y bacteriológica sumada a la guerra ambiental o ecológica lograron exterminar a los millones de pueblos indígenas que por milenios habían prosperado en el continente y construido sofisticadas y complejas formas de civilización. Los estudios recientes de demografía histórica empiezan a iluminar este período horroroso de la expansión europea y el costo verdadero que la humanidad indígena tuvo que pagar para el crecimiento desmedido de España, Europa y posteriormente Estados Unidos.

Ningún texto de historia y muy pocas escuelas de pensamiento social convencional han llamado a estas masacres masivas de hombres, mujeres, niños y ancianos por su verdadero nombre: genocidio. Si los más de 90 millones de muertos causados por la Segunda Guerra Mundial merecen el trágico nombre de genocidio y los 6 o más millones de judíos aniquilados por el nazismo se recuerdan como víctimas inocentes del holocausto, nada comparable ha sido recordado, escrito, conmemorado para los 300 o más millones de pueblos indios que murieron para enriquecer a las monarquías europeas y a las oligarquías coloniales y neocoloniales. El reiterado silencio de las intelectualidades nacionales sobre este doloroso y sangriento comienzo de la vida de Occidente en América marca la sucesiva sistemática alienación de las sociedades nacionales ante los propios pueblos indígenas que lograron sobrevivir y coexistir con los nuevos amos.

Hacia mediados de los años de 1960 la antropología francesa introdujo el término "etnocidio" para significar las políticas y prácticas de agresión y violencia de los Estados y el sector privado hacia los pueblos indígenas. Los barí de Colombia, cazados como animales por los colonos mestizos, se volvieron el emblema de esta nueva tipología del neocolonialismo. A los barí les siguieron las revelaciones sobre el etnocidio de los guayakí de Paraguay, los ñambikwara de Brasil y otros centenares de grupos indígenas de los que ni siquiera se conocía la existencia afuera de los círculos de la antropología. Lo absurdo de todo este movimiento inicial de la “antropología de rescate” es que no interesaba tanto la vida de los indígenas como el registro y documentación de sus culturas y lenguas en peligro de extinción. No era suficiente que pueblos indígenas enteros fueran diezmados o exterminados para que las comunidades nacionales, los gobiernos y los académicos llamaran las cosas por su verdadero nombre: estábamos asistiendo pasivamente al genocidio de pueblos enteros.

Cualquier diccionario define al genocidio como “la destrucción deliberada y sistemática de un grupo étnico-cultural, político o religioso”. Cómo y con qué métodos se lleve a cabo la destrucción de un grupo humano y cuán numeroso el grupo tiene que ser, no constituyen obstáculos para tipificar el hecho como genocidio. Los pocos centenares de ñambikwara, o los miles de witoto del Amazonas que fueron exterminados por los caucheros peruanos a finales del siglo XIX son tan víctimas de genocidio como los 800.000 tutsi y hutus de Rwanda o los millones de armenios victimados por el Estado turco-otomano.

En 1971 un grupo de antropólogos latinoamericanos se reunió en la isla caribeña de Barbados para debatir la situación de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Centro y Sudamérica. La Declaración de Barbados I sobre la violencia sistemática, el despojo y las agresiones armadas a las que los pueblos indígenas estaban sometidos causó algunas reacciones entre los misioneros y los antropólogos y prácticamente ninguna respuesta de los gobiernos latinoamericanos que siguieron ignorando la situación de etno/genocidio que se daba al interior de sus países.

Un solo gobierno respondió con rapidez al desafío de estas denuncias. La dictadura militar de Uruguay requisó inmediatamente todos los ejemplares del libro de Barbados I –publicado en español precisamente por una editorial uruguaya- y en la mejor tradición nazi-fascista los mandó a quemar. Se salvó la edición en inglés porque se publicó en Suiza. ¿Cómo interpretar este celo de los censores militares uruguayos? Creo que sin ni siquiera saberlo las dictaduras militares de Sudamérica que desembocaron en Pinochet asumieron para sí el rol de guardianes de la historia oficial de Occidente. Del Occidente cristiano y civilizado, cuyas expresiones más altas de civilización son que ha sabido asimilar e integrar (o eliminar) a los pueblos originarios del continente que vivían en la barbarie y en la oscuridad.

Nadie en nuestros países, y especialmente en Perú, quiere admitir que hay una corriente subterránea permanente de políticas sistemáticas de genocidio de los pueblos indígenas. En 1967 yo mismo denuncié en la revista Amaru (Nº 3, julio-septiembre) que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry había mandado aviones de la FAP a bombardear con bombas incendiarias al pueblo matsés del alto Yaquerana. Para llevar adelante esta acción civilizadora el gobierno “democrático” de Belaúnde pidió ayuda a la International Petroleum Company para que sus ingenieros y técnicos estadounidenses enseñaran a los militares peruanos cómo construir bombas incendiarias. Las populares bombas Napalm que los EEUU estaban usando masivamente en Vietnam. Los bombardeos fueron ejecutados por la FAP con la ayuda logística de helicópteros de los EE.UU. especialmente traidos desde Panamá.

¿Cómo llamar este evento? ¿Con qué hipócritas metáforas esconder esta barbarie? ¿Qué más necesita hacer un gobierno, un Estado nacional y sus empresarios a los pueblos indígenas del Amazonas para que la acusación de genocidio entre a formar parte del léxico legal internacional y los gobiernos culpables de esta políticas sean responsabilizados?

La suma de estas políticas escandalosas de etno/genocidio llegó a repercutir tanto en la opinión pública europea que en 1981 la fundación Bertrand Russell convocó al IV Tribunal Internacional Bertrand Russell sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El Tribunal y su jurado internacional reunidos en Rotterdam (Holanda) escucharon y revisaron una muestra de más de mil casos de formas deliberadas y sistemáticas de etno/genocidio cometidos contra de los pueblos indígenas de América por los gobiernos y las empresas privadas. La condena moral del Tribunal Russell si bien no causó molestia alguna a los gobiernos por lo menos sirvió para ampliar la conciencia en un sector ilustrado de la opinión pública latinoamericana y fue capitalizada por algunas de las organizaciones indígenas y sus miembros.

Sin embargo la fuerza ideológica y mediática de los sucesivos gobiernos, el apoyo que reciben del poder imperial, tanto en armamentos como en sustentos ideológicos, logran mantener invisibles a las varias modalidades de agresiones y violencias sistemáticas en contra de los pueblos y comunidades indígenas. Desde las matanzas a cargo de la policía y el ejército que ocurren en la selva central en los años 1964-65, luego en el Madre de Dios, pasando por las masacres del senderismo/tupamarismo y del ejército en la década trágica para desembocar en los miles de refugiados ashanínka, nomatsiguenga y otros pueblos amazónicos obligados a abandonar sus territorios y exilarse en la pobreza más absoluta, la historia reciente de la Amazonía manifiesta de manera inequívoca e irrebatible la estructura política genocida del Estado peruano en relación con los pueblos indígenas de la selva. Hay una sola excepción a esta estructura política genocida, y como excepción confirma precisamente la norma, se trata del período de pocos años de la revolución velasquista que ofreció respiro político y legalidad a los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía para su adecuación a las nuevas embestidas del mercado neoliberal.

Economía política del genocidio

Cabe preguntarse ¿Por qué el velasquismo fue una excepción? ¿Cómo explicarse que aun dentro del marco “revolucionario” y popular del velasquismo la expansión a fierro y fuego en pueblos y tierras amazónicas disminuyó e incluso hubo logros en la consolidación de medidas legislativas de apoyo a los reclamos territoriales indígenas? La explicación de esta aparente contradicción hay que buscarla en el desfase estructural de la economía peruana de las décadas de los 60 y 70 en relación con las reformas de la economía liberal que se estaban produciendo en los EEUU e Inglaterra y que culminaron con la consolidación de la Escuela de Economía de Chicago que dio nuevo impulso a la economía neoclásica con el nombre y el programa del neoliberalismo.

En síntesis, esta nueva versión de la economía burguesa proponía la no intervención del gobierno y el Estado en el mercado –éste se ajusta por sí solo a los vaivenes de la producción-circulación-consumo-; el rol tradicional del Estado como regulador de las disfuncionalidades y desigualdades socioeconómicas tiene que ser eliminado; no más estado de bienestar social, sino dejar que la ley de la competencia y eficiencia se convierta en el ente regulador del mercado. Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en EEUU fueron los abanderados de esta versión radicalizada –y hasta extremista- de la economía liberal. El Perú de los 70 pasó impunemente por estas reformas neoliberales mientras en Chile la dictadura militar las implementó a punta de bayoneta, desaparecidos y torturas logrando efectivamente enriquecer de manera vergonzosa a su oligarquía y empobrecer a trabajadores, campesinos y mapuches que fueron desposeídos de todos sus recursos. En el Perú del velasquismo, en cambio, una parte importante de la dirigencia política y una pequeña cúpula militar creía –aun sin decirlo demasiado en voz alta- en la ruta de una socialdemocracia adaptada a las necesidades del país y sus pueblos. Y sobre todo en un Estado con poderes reguladores y una ética de justicia social. Como se sabe, a partir del golpe de Morales Bermúdez el evangelio neoliberal volvió a tomar el control del Estado y de los gobiernos sin lograr del todo la cancelación total de las reformas estructurales que había establecido el velasquismo.

Acumulación por despojo y etno/genocidio

¿Qué tiene que ver todo esto con los pueblos indígenas de la Amazonía? Es aquí donde hay que retomar la propuesta analítica de David Harvey y su tesis de que en esta fase del capitalismo neoliberal global el proceso de acumulación del capital se da a partir del despojo o del pillaje de recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero que están todavía bajo relativo control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las nacionalidades/etnias indígenas. La misma historia de la expansión nacional de las fronteras agroforestales y ahora minero/petroleras explica por qué el despojo se tiene que dar en los territorios de los pueblos indígenas. ¿Adónde más puede el capital hacer pillaje y saqueo? ¿Adónde están todavía los bosques, las aguas, la riqueza biótica, los minerales, y desafortunadamente el petróleo sino en la Amazonía indígena? Este Perú de los territorios indígenas, que el Perú oficial, el Perú de la oligarquía en el poder, el Perú de las corporaciones transnacionales, de los mal llamados acuerdos o tratados de libre comercio considera como “colonias internas” que se pueden invadir, ocupar militarmente, someter, conquistar, saquear. No nos olvidemos que fue Belaúnde quien acuñó la frase digna de Pizarro: “La conquista del Perú por los peruanos” y que ahora este concepto de imperialismo barato ha sufrido la metamorfosis del “perro del hortelano” en un alarde presidencial de “profundo análisis histórico social”.

Hay necesidad de disfrazar el despojo y las consiguientes muertes por inanición de los pueblos saqueados con un aparataje legalista que pueda ser digerido por la opinión pública urbana y por las entidades financieras multilaterales. En esto la postdemocracia peruana ha avanzado mucho a partir de las enseñanzas y de las prácticas políticas de los EE.UU. Todo robo, todo saqueo, toda ocupación territorial, toda incautación de bienes y finalmente toda violencia armada tiene que estar respaldada por una o más leyes. No hace falta remontarse a Marx para darse cuenta de que las leyes –incluso las que aprueban a carpetazo los congresistas diligentemente elegidos por el pueblo- constituyen simplemente el plan programático para ejecutar el robo con una apariencia de civilización. Es decir, que es importante para los gobernantes del neoliberalismo guardar un cierto estilo de conducta pública que los distancie de los narcotraficantes y del estereotipo del dictador de las república bananeras. Sin embargo los resultados son los mismos: los pueblos indígenas son depredados de tierras que han ocupado por milenios y recursos con los que han convivido de manera productiva y reproductiva desde tiempos inmemoriales. ¿Quiénes han domesticado la totalidad de las plantas comestibles y de uso de la Amazonía andina y de la selva baja? ¿Quiénes han creado y recreado el paisaje civilizado del bosque amazónico que durante milenios fue capaz de sustentar la vida de millones –no miles, sino millones- de personas? No fueron ciertamente los europeos ni los ciudadanos criollos de la republica oligárquica decimonónica y contemporánea expertos sólo en la devastación del bosque, en la depredación de los animales, en la contaminación de las aguas y en el ultraje permanente de los pueblos amazónicos.

La acumulación por despojo está siendo impuesta por el gobierno de Alan García y demás agentes de la oligarquía financiero-empresarial como modo económico extractivo dominante en la Amazonía. Las víctimas de este antiguo y renovado sistema de rapiña no son solamente los pueblos indígenas, los ribereños y los colonos pobres, sino toda la densa red de relaciones biótico-sociales que permiten la renovación de los recursos y enriquecen el paisaje en su diversidad productiva y su capacidad regenerativa. Al final de este modo criminal de extracción y acumulación sólo quedan desiertos, sabanas improductivas, pueblos enteros desaparecidos o demasiado debilitados para reconstituirse como agentes de su propia historia. Incluso una lectura superficial de la historia biótico-cultural de la Amazonía nos da los claros indicios de que éstos serán los resultados finales del saqueo. La trágica ironía de estas empresas de la economía liberal-burguesa es que la acumulación escandalosa de riqueza en pocas manos nacionales y transnacionales termina esfumándose en un mundo financiero y bancario especulativo fundamentalmente corrupto que reinvierte de manera incestuosa las ganancias en su propia reproducción de clase sin dejar que nada de esta riqueza se redistribuya ni siquiera parcialmente hacia abajo, hacia los pueblos saqueados o hacia proyectos productivos con objetivos morales de justicia social.

¿Qué hacer?

Desde los años 70 los pueblos indígenas de la Amazonía -las comunidades nativas- han irrumpido de manera incontenible en el escenario social, político y cultural nacional. Los pueblos indígenas de la Amazonía han entrado de lleno al Perú adormecido y embaucado por el consumismo de baratijas, por la desesperanza, por el desengaño cíclico de los partidos, y por la inequívoca certeza de que el sistema todo es corrupto e irremplazable. Los pueblos indígenas amazónicos organizados son un testimonio permanente de que ellos también son parte del Perú martirizado por los horrores de la amarga, mentecata e inútil década de violencia. Creo que la gran y monumental enseñanza que los pueblos indígenas de la Amazonía nos están dando es que se organizan y reorganizan, prescinden de los partidos, no se dejan seducir por ideologías y prácticas políticas generadas al exterior de sus trayectorias histórico-culturales y menos se han dejado embaucar por la retórica del desarrollismo y modernización que durante varias décadas han sido el disfraz del proyecto del capitalismo global.

Mientras la clase obrera está siendo dividida y desarticulada por un modelo de producción industrial (e incluso minera) fragmentado que obstaculiza las formas tradicionales de lucha sindical; mientras el desempleo y subempleo urbano aumentan vertiginosamente; y mientras el campesinado indígena y mestizo ha sido arrinconado a modalidades productivas poco rentables en un mercado competitivo de desventaja frente a las agroindustrias de alta tecnología y concentración de capital; los pueblos indígenas de la Amazonía, en cambio, han logrado mantener un cierto grado de autonomía y desvinculación del mercado capitalista apoyándose en la reconstitución y reforzamiento de sus economías sociales (las economías mixtas de subsistencia).

Es obvio que la pobreza sigue subsistiendo y que se acentúa en aquellas regiones donde la pérdida de recursos y la destrucción ambiental ponen a la comunidad en la disyuntiva de vender su fuerza de trabajo a las empresas extractivas o migrar de manera circular a otras zonas. Pero es así mismo claro que las comunidades nativas en gran parte han sabido evitar la disolución de la entidad étnico/comunal por abandono y desidia tendiendo a reconstituirse social y culturalmente incluso en condiciones muy desfavorables. Es el caso de las comunidades asháninkas del Ene martirizadas, deportadas y desplazadas por el senderismo y el ejército en una guerra de aniquilación étnica implementada con igual crueldad e idiotez por los dos bandos. Es imposible no ver en el caso de la espantosa violencia en contra de los asháninka del Ene la intención genocida de esas dos versiones fundamentalistas de un mismo proyecto nacionalista de “asimilación por exterminio”. Y a pesar de todo los asháninka viven, crecen, se adaptan, se organizan y nos dan lecciones de esperanzas.

No hay fórmulas políticas ni recetas culturales para compartir con los pueblos indígenas que se enfrentan a renovadas formas de opresión y violencia de Estado, a las políticas genocidas ocultas debajo de la retórica de la modernización y el desarrollo. Y si las hubiera serían fruto de la misma experiencia histórica de cada pueblo oprimido. Nosotros (yo) somos testigos, la mayoría de las veces lejanos y ausentes, que compartimos los sufrimientos y la rabia de los pueblos amazónicos e intentamos desenmarañar los engaños, las trampas, y el proyecto delincuente de esta vieja y nueva empresa colonialista llamada desarrollo y modernidad. La resistencia de los indígenas a la opresión y al exterminio sutil o abierto organizado por el Estado y sus amos nacionales o transnacionales tiene una larga historia que se remonta al siglo XVI. Poco hay que enseñarles a los awajún, por ejemplo, que ya en el siglo XVII expulsaron a los españoles de sus territorios o a los asháninka que cerraron las entradas a la selva central a los españoles y peruanos desde 1742 hasta 1848. Qué se le puede ofrecer en el campo de la organización etno-política a los yanesha que empezaron a organizarse para le defensa de sus tierras en 1967. Lo único que nosotros (yo) en solidaridad les ofrecería es el relato de sus historias de autonomía y resistencia, el compendio de siglos de oposición a ser sometidos, la memoria profunda de sus proyectos sociales y culturales utópicos que algunos de nosotros, fuereños indiscretos, llegamos a vislumbrar y comprender al calor de su hospitalidad".

Stéfano Varese es Antropólogo, catedrático en el Departamento de Estudios Indígenas (Native American Studies) en la Universidad de California, Davis.
Fuente original: http://www.servindi.org/actualidad/25040

Fuente: www.rebelion.org /América Latina y Caribe /29-04-2010