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Hay que hacer posible la erradicación de la impunidad del Estado mirando en exclusivo
por los negocios del poder económico e imperialista
mediante nuestro compromiso
en exigir responsabilidad social a quienes - para enriquecerse- ponen la cara de dirigir el Estado.
Se trata de socializar a lo largo y ancho del país de iniciativas en ese sentido
e inspirarse para multiplicarlas de modo que
no les sea tan fácil enyugarnos a vivir en inseguridad jurídica.

Antonio Elio Brailovsky, el 24 de abril, señala
respecto a los incendios masivos producidos en el Delta del Paraná:

“Hasta ahora, el tratamiento más minucioso del problema se encuentra en la presentación judicial realizada por
la Fundación en Defensa del Ambiente (FUNAM).
Allí hay un análisis de las responsabilidades de los distintos actores sociales y
de las consecuencias sanitarias y ambientales de esa inacción.

Sobre la denuncia de FUNAM contra las autoridades
ha habido una intensa discusión doctrinaria, sobre si es adecuado o
no judicializar las cuestiones políticas:

·         Según un punto de vista muy generalizado,
los errores de los decisores políticos se castigan en las urnas en la elección siguiente.
Y los administrados no pueden pasarse cuestionando en la Justicia las decisiones del poder administrador.
Tal es la opinión de un conocido administrativista, como lo es Miguel Marienhoff.

 

·         Es completamente distinto si pensamos que las personas no actúan como administrados
sino como ciudadanos,
como señalan constitucionalistas como Daniel Sabsay.
En este caso, los juicios por la conducta de funcionarios tienen un sentido.
Especialmente, cuando ha habido un desastre ambiental,
han muerto personas y es necesario deslindar las responsabilidades por esos hechos”.

A continuación da a conocer
“el texto completo de la denuncia formulada por Raúl Montenegro,
Presidente de la Fundación en Defensa del Ambiente (FUNAM),
contra las autoridades que no actuaron a tiempo en los incendios”
y yo recorté.

Raúl Montenegro señala que

“la quema intencional de vegetación registrada en ambientes con vegetación
de las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos (particularmente zona del Delta)
es una actividad definitivamente riesgosa que:

a) Destruyó y sigue destruyendo un ecosistema único por su dinámica ecológica,
habida cuenta que reúne elementos de distintas Provincias Biogeográficas,
entre ellas Chaqueña, del Espinal y Paranaense.
Este sistema
actúa como una valiosa trampa de sedimentos, nutrientes y especies vivas,
que regula positivamente las variaciones de los ríos aportantes, y
provee adecuada amortiguación ambiental de inundaciones y sequías prolongadas.

b) Destruyó y sigue destruyendo los suelos de la zona y el sistema de regeneración de suelos,
en particular por la reiteración de los procesos de quema, empobreciéndolos y
facilitando procesos erosivos posteriores, tanto por acción del viento (erosión eólica)
como de la lluvia y el agua de escorrentía (erosión hidráulica).

c) Destruyó y sigue destruyendo partes esenciales de un ecosistema terrestre único,
dependiente de las funciones de acumulación de material arrastradas por el río y de flujos faunísticos y florísticos.
El incendio de las más de 70.000 hectáreas
habría producido daños enormes y en muchos casos irreparables de
la fauna nativa (sobre todo aves) y de la flora nativa.

d) Generó y sigue generando nubes contaminantes que afectan la salud de las personas,
que además de monóxido de carbono y otras sustancias inorgánicas
también puede contener sustancias tóxicas derivadas de la quema de vegetación y
suelo conteniendo plaguicidas.

e) Expuso y sigue exponiendo a miles e incluso millones de personas (como ha sucedido en el Gran Buenos Aires)
a las nubes contaminantes y contaminadas. Las personas que reciben e inhalan los gases y partículas contenidos
en estas nubes pueden sufrir, de acuerdo a su particular estado sanitario,
desde daños leves en su salud hasta graves afecciones e incluso la muerte (…)”.

Raúl Montenegro precisa:

“Es importante asumir, Sr. Fiscal, que desastres como el ocurrido responden a
la conjunción de numerosas variables que deberían haber sido
previstas y
tenidas en cuenta por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
por el Plan Nacional de Manejo del Fuego y por las áreas de ambiente de los gobiernos de Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos antes de que la extensión y naturaleza de los fuego alcanzara grandes superficies.

El desastre podría haber sido evitado si el Plan Nacional de Manejo del Fuego hubiera coordinado con
sus partes de los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos la extinción de los focos iniciales
(los que habrían sido tempranamente detectados).
La inacción ante los focos iniciales permitió que la dimensión de los incendios (y del desastre resultante)
aumentara en superficie y magnitud.

Ante un incendio cada vez más masivo,
resultado de fuegos iniciales actuando sobre importantes acumulaciones de material vegetal seco e inflamable,
se dieron varias circunstancias que no fueron adecuadamente valoradas (en su interrelación) por
la Secretaría de Ambiente de la Nación y las áreas de ambiente y
Manejo del Fuego de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos:

a) Una topografía relativamente plana sin grandes obstáculos geográficos.

b) Escasa velocidad de vientos y ocurrencia de "calmas", lo que redujo notablemente la ventilación horizontal.

c) Existencia de inversiones térmicas de superficie muy extendidas geográficamente,
muy estrechas (de poca altura) y muy persistentes
(por ejemplo entre las 10 de la noche del día anterior hasta el mediodía del día siguiente),
lo que unido a
la generación permanente de humos (con gases y partículas),
y vientos débiles y calmas agravó la concentración de contaminantes.
La existencia de estos tapones, característicos de condiciones climáticas como
las existentes en esta época, disminuyó dramáticamente la ventilación vertical.

d) Existencia simultánea, en las atmósferas urbanas impactadas por el humo de los incendios,
de inversiones térmicas de superficie, de calmas (= ausencia de vientos) o
de vientos muy suaves (que reducen el movimiento de esos contaminantes y aumentan su concentración),
y la descarga
de los gases y partículas contaminantes usuales de la ciudad
(vehículos públicos y privados, otras actividades que contaminan el aire),
con lo cual en estos días de alta afectación se sumaron:

- Los contaminantes derivados de las quemas (gases, partículas).

- Los contaminantes que diariamente descargan a la atmósfera urbana los transportes públicos y privados
(motores a ignición a chispa, motores a ignición por compresión), y las industrias contaminantes (además de otras fuentes).
Los que se emiten a mayores cantidades son contaminantes primarios como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre,
óxidos de carbono, aldehídos, partículas suspendidas, partículas sedimentables, etc.

Las inversiones superficiales de temperatura y la ocurrencia de calma aumentan
no solamente la concentración de los humos (contaminantes) descargados por las áreas rurales incendiadas,
sino también, y en forma conjunta, la concentración de las descargas contaminantes de los vehículos y de las industrias contaminantes.

Debe quedar claro que
pese a esta previsible conjunción de emisiones contaminantes la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires,
la Secretaría de Ambiente de la Nación, el Plan Nacional de Manejo del Fuego y las áreas de ambiente de
las tres provincias más afectadas (Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos) no habrían acordado
ni habrían emitido disposiciones, o sugerencias,
para que durante la ocurrencia de estos incendios se redujera la operación de vehículos privados.

Sobre la zona de desastre actuaron por lo tanto:

a) Un "tapón de aire caliente superficial" (por debajo del cual coincidieron capa de inversión térmica y capa de mezcla),
donde el humo adquirió grandes concentraciones, sobre todo tras varias horas continuadas de inversión térmica superficial
de poca altura (100 metros por ejemplo).
Este tapón de aire caliente es el resultado de una inversión térmica que resulta del mayor enfriamiento del suelo
(por pérdida de radiación infrarroja de onda larga en noches y mañanas con atmósferas límpidas y sin nubes).

b) Un "tapón de aire caliente" a los 1.500 metros de altura aproximadamente,
resultado del ingreso de masas de aire procedentes del Oeste,
que retiene a su vez las nubes de contaminantes que logran ascender cuando se rompen las inversiones térmicas de superficie.

El Plan Nacional de Manejo del Fuego utiliza la información que le provee el Servicio Meteorológico Nacional
(vientos, temperatura, humedad relativa, ocasionalmente nubosidad)
pero no tuvo ni tiene en cuenta
la evolución de las inversiones térmicas de superficie.
En el caso particular de este desastre ambiental y humano las áreas de ambiente de
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos,
la Secretaría de Ambiente de la Nación y su Plan nacional de Manejo del Fuego
no habrían solicitado ni utilizado la información que provee el Servicio Meteorológico Nacional
sobre evolución de la capa de inversión térmica superficial y la capa subsiguiente,
pese a que esta información está disponible diariamente gracias al envío a las 09:00 horas de la mañana,
de una radiosonda.

Le hago notar al Sr. Fiscal que esta información es clave, necesaria y vital
para explicar muchos de los fenómenos de concentración de contaminantes en el aire,
y para predecir los momentos más críticos.

Solicité además si podían estimar el tiempo de duración de la inversión térmica registrada hoy,
considerándose que (aproximadamente) habría comenzado a las 22:00 horas del día 18 de abril,
y extendido (con su escasa altura) hasta aproximadamente el mediodía del 19 de abril.

Durante la existencia de este "tapón de aire caliente",
y la ocurrencia de una situación de calma (relativa),
los contaminantes producidos por los incendios suelen quedar atrapados en esta capa de mezcla,
y su concentración aumenta.

Le hago notar al Sr. Fiscal que la Secretaría de Ambiente de la Nación,
el Plan Nacional de Manejo del Fuego y las áreas de ambiente de las tres provincias más afectadas
(Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) no habrían estado requiriendo esta información
al Servicio Meteorológico Nacional,
y que tampoco habrían podido generar (por carecer de esta información) instrucciones
y alertas de mayor utilidad para la población.

Funcionarios como la Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, y otros altos funcionarios del área,
y funcionarios de ambiente de las tres provincias afectadas, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos,
no pueden desconocer la existencia del fenómeno de inversiones térmicas de superficie,
y sus graves efectos cuando existe simultáneamente alta producción de contaminantes y calmas (días sin vientos).

La persistencia de incendios en días con largos períodos de inversión térmica de superficie y calmas son
una combinación de altísimo riesgo para la salud de las personas.

Raúl Montenegro indica respecto a:

Los posibles delitos

“1. De quedar demostrado que la Secretaría de Ambiente de la Nación conocía que se habían detectado
por lo menos 3 focos
de incendio en la zona del Delta y Entre Ríos el 3 de abril, información que podía desprenderse de la lectura de imágenes satelitales
(pues asumimos que el Plan Nacional de Manejo del Fuego trabajaría diariamente sobre imágenes satelitales y
alertas procedentes desde otras áreas de gobierno y áreas de ambiente de las distintas provincias), incluido el INTA,
y que pese a ello

 recién habría disparado su Plan Nacional de Manejo del Fuego el 16 de abril,
ello pese a la situación desesperante planteada por los incendios,

podría haber posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en particular de la Secretaria de Estado, Romina Picolotti;
del Jefe de Gabinete de esa secretaría (que tiene rango de Subsecretario), Juan Picolotti;
del Subsecretario de Planificación y Políticas Ambientales, José M. Musmeci, y
del responsable del Plan Nacional de Manejo del Fuego en dicha Subsecretaría, Sergio Rusak.

2. De quedar demostrado que las áreas de ambiente de los gobiernos de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos conocían que se habían detectado focos de incendio a comienzos del mes de abril,
información que
podía desprenderse de la lectura de imágenes satelitales
(pues asumimos que dichos organismos trabajarían diariamente con imágenes satelitales y
alertas procedentes de otras áreas de gobierno), incluido el INTA, y
que pese a ello no habrían requerido la asistencia del Plan Nacional de Manejo del Fuego
al desarrollarse los fuegos (pese al evidente riesgo de que los incendios se extendieran),
podría haber posible incumplimiento de los deberes de funcionario público

3.3. De quedar identificados los propietarios y tenedores de las propiedades
donde
se efectuaron las quemas de vegetación, para lo cual existiría una lista realizada por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Nación con 160 propietarios,
60 de los cuales corresponden a la provincia de Entre Ríos y otros 100 a la provincia de Buenos Aires,
y comprobada su autoría en la generación de los fuegos intencionales que generaron las nubes contaminantes
y provocaron daños (incluidos heridos y muertes en accidentes viales), habrían incurrido en delitos penales
(Artículos 186 y 189 del Código Penal), y violación de las normativas sobre incendios de las respectivas jurisdicciones”.

Raúl Montenegro, después de explicar efectos de incendios, manifiesta:

Tres de las bases del sistema nacional de manejo son:

a) Que existen recursos humanos y técnicos para el control del fuego,

b) Que esos sistemas debidamente coordinados pueden concentrarse en las zonas de fuego.

c) Que el riesgo de incendio en las zonas boscosas del sur, por ejemplo,
es distinta de la época en que ocurren en los bosques secos del centro y norte.
Mientras los bosques fríos suelen soportar episodios de fuego intencional en verano,
Córdoba por ejemplo los sufre en invierno y comienzos de la primavera.
Al 13 de diciembre de 2000, mientras el riesgo de incendio era relativamente bajo en Córdoba,
se registraban graves incendios en La Pampa (145.000 Ha quemadas),
Mendoza (134.000 Ha) y la Patagonia (11.525 Ha).

Durante los días del mes de abril en que se extendieron los incendios de pastizales en
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos no había por ejemplo fuegos significativos en
las provincias del centro de Argentina.
El Plan Nacional de Manejo del Fuego disponía por lo tanto
de los recursos humanos y técnicos que
no estaban siendo utilizados en éstas y otras jurisdicciones.
Pese a esta disponibilidad, al 19 de abril de 2008 sólo estaban trabajando en
la extinción de incendios 300 bomberos (…)”.

Fuente: www.ecoportal.net
28-4-08

De modo que es fundamental salir de la anécdota y de la resignación, mediante la lucha por un Estado garantizador de la seguridad de todos los de abajo y la lucha por la toma de decisiones a favor de las ninguneadas poblaciones sometidas -o a sufrir- graves contaminaciones. Es preciso aprender de que nuestra alerta ante la masacre en Cromañón, al reducirla a nuestros entornos inmediatos, nos impidió asumir que todo el país se nos viene abajo y que criticar a las organizaciones de familiares, sobrevivientes, amigos…por exigir juicio a Aníbal Ibarra, acusándolas de favorecer a Macri, nos impidió ejercer el derecho a obligar al gobernante o a un alto funcionario a hacerse cargo de no haber cumplido con sus deberes ante todos nosotros.

 

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Hay que hacer posible la erradicación de la impunidad del ‹Estado mirando en exclusivo
por los negocios del poder económico e imperialista›
mediante compromiso de
una creciente mayoría de nosotros -los de abajo- con la Unión de Asambleas Ciudadanas,
el Movimiento Nacional Campesino Indígena y las múltiples organizaciones de afirmación en
los derechos colectivos e individuales de dignidad de vida y trabajo o contra el modo de producción
para acumular riquezas en oligopolios y la descentralización -o atomización- del Estado para hacerlo funcional
a ese sistema de saqueo.

Se trata de derrotar:

1. AL PLAN MINERO

Porque:

a. Demuele las condiciones de vida, trabajo y producción de las poblaciones locales pero, también,
quita agua y energía a todo el país e incluso lo desestabiliza al acabar con esos ecosistemas.

 

Javier Rodríguez Pardo explica:

Dada las condiciones de dispersión de minerales metalíferos,
“la industria minera ideó un método siniestro. Primero detecta de manera satelital los yacimientos,
aquellos sitios donde hay más concentración de minerales, generalmente diseminados en extensiones kilométricas y,
por supuesto, poli metálicos.
Y luego aplica un cóctel de sustancias químicas que le permite atrapar el mineral sin importarle secar acuíferos,
desviar ríos, destruir glaciares y volar montañas con promiscuidad dinamitera a cielo abierto.

El método no se caracteriza por mantener normas industriales de desarrollo sostenible
ni por remediar el daño producido, tarea por demás imposible;
para
las empresa mineras lo importante es capturar entre el 96 al 99% del oro contenido en la roca y
en invisibles partículas diseminadas en miles de hectáreas.

El agua es el principal insumo de este sistema extractivo.
Mezclada con la sopa química les permite regar (lixiviar) apiladas concentraciones de roca
que quedarán eternamente contaminadas
(un anillo de oro de una onza produce 20 toneladas de residuos),
abandonando tóxicos que llegarán a las aguas superficiales y subterráneas
a veces muchos años después de cerrada la mina.

Es decir, estamos en presencia de la fusión de dos industrias: la minera y la química para obtener minerales
que antes no existían, porque su extracción no era rentable.
Ahora, donde no alcanza el ojo humano llegamos con el compuesto químico y
hacemos que el mineral de baja ley sea un buen negocio.

En el camino aparecen metales pesados propios de la actividad realizada por esta industria,
como plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre entre muchos otros, además de metaloides como el arsénico,
frecuente en la Cordillera de los Andes,
movilizados por la acción de las soluciones de cianuro y del ácido sulfúrico,
parte de las múltiples sustancias vertidas en los suelos por esta minería.

Ahora bien,

para obtener estos minerales de baja ley, se requiere importantes fuentes de energía.
Si tomamos el caso del complejo minero de Barrick Gold Corpotarion en Veladero y Pascua Lama
(oro, plata, cobre y mercurio, entre otros minerales), advertimos que se necesita por ejemplo
la energía equivalente a la suministrada por la central nucleoeléctrica de Atucha:
más de 300 MW de potencia instalada para abastecer un complejo minero solamente.

Las multinacionales extractivas, beneficiadas con la leyes que las excluyen del rigor impositivo vigente, aún les exigen a
los gobiernos
la provisión de energía, porque cuanto más baja es la ley de los minerales,
mayor es el costo de la energía que deben afrontar las empresas.

Si pagaran todos los insumos, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado.
En la provincia de San Juan,
el pueblo paga con la boleta del servicio eléctrico, la instalación de la línea minera de energía, conocida como "la línea de 500 Kv."

Francamente, un despropósito que golpea en el esfuerzo significativo de un pueblo
que ve irse recursos no renovables y encima contribuye para ello.

De modo que la rentabilidad del mineral pasa por extraerlo sin mayores gastos,
sin pagar impuestos, con leyes permisivas apropiadas para consumar el saqueo,
que incluye degradación y contaminación ambiental, encadenando el daño a múltiples ecosistemas aguas abajo,
centenarias áreas productivas de bienes agropecuarios e innumerables comunidades perjudicadas a las
que se les impide el desarrollo de economías genuinas y estables, incompatibles con las explotaciones mineras (…)”.

mailto:machsepa21@yahoo.com.ar
Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)
Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA)
Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
Fuente: www.renace.net

 

 b. Consolida la actual dictadura del poder económico e imperialista con fachada democrática

Ecoportal.net aclara:

“Es verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales
para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no.
Pero también
es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo
las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad,
que habita en áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos,
la minería es una de esas actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas,
desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo.
En muchos casos,
control estricto significa sencillamente prohibición.
Pretender que las corporaciones mineras se controlarán a sí mismas
es más que ingenuo: es absurdo.
Incluso el control de los propios gobiernos es insuficiente,
teniendo en cuenta el poder económico y político que
las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos.
Se debe empoderar a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control.

Pero ante todo,
los pueblos que viven en las regiones ricas en minerales deben tener
la capacidad de tomar decisiones plenamente informadas para decidir
si permiten o no actividades de minería en sus territorios.
Y en caso de aceptar,
deben tener el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad,
de forma de asegurar la conservación ambiental y la justicia social.

A pesar de sus pretensiones de "sustentabilidad", la minería es un problema grave y como tal debe ser tratado.
Actualmente,
más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie,
que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala
(deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). (…)

Es así que la promoción de la minería en gran escala se atrinchera en políticas, instituciones y
mentalidades que visualizan el "desarrollo" como una iniciativa de arriba hacia abajo a imponer
sobre
las comunidades locales y el medio ambiente
--la propia antítesis de un enfoque ambientalmente adecuado centrado en
la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y las generaciones futuras”.

Extraído de "La Minería y su grave impacto sobre los Bosques y los Pueblos"
Por Forest Peoples Programme
Fuente: www.ecoportal.net

2. A LOS AGRONEGOCIOS

Porque:

a. Se instauran reestructurando el Estado y la sociedad en acuerdo con su impunidad de maximización lucrativa

GRAIN, en “Es necesario cambiar radicalmente la política alimentaria ¡Ya!
El negocio de matar de hambre” (2/05/2008), destaca:

“La actual crisis alimentaria es el resultado de la presión permanente ejercida
desde la década de 1960 hacia el modelo agrícola de la “Revolución Verde”,
y de
la liberalización del comercio y las políticas de ajuste estructural impuestas a
los países pobres por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desde la década de 1970.

Estas recetas de políticas fueron reforzadas a mediados de la década de 1990 con
el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio y, más recientemente,
a través de un fárrago de acuerdos bilaterales de libre comercio y de inversión.
Junto con
todo un paquete de otras medidas, han desmantelado de manera implacable los aranceles
y otros instrumentos que los países en desarrollo tenían para proteger su producción agrícola local,
y los forzaron a abrir sus mercados y tierras a los agronegocios mundiales, a los especuladores y
a las exportaciones de alimentos subsidiados provenientes de los países ricos.

En ese proceso, las tierras fértiles fueron reconvertidas de la producción de alimentos
para abastecimiento de un mercado local a la producción de commodities mundiales
para la exportación
o cultivos de contra estación y de alto valor para abastecer los supermercados occidentales.
Hoy, aproximadamente el 70% de los llamados países en desarrollo son importadores netos de alimentos.
Y de las 845 millones de personas con hambre en el mundo, 80% son pequeños agricultores y agricultoras.

Si a esto se le agrega la readecuación del crédito y
los mercados financieros para crear una enorme industria de la deuda,
sin control sobre los inversionistas, la gravedad del problema queda clara.

La política agrícola ha perdido totalmente el contacto con su objetivo más fundamental de alimentar a la gente.
El hambre lastima y la gente está desesperada.
El Programa mundial de alimentos de Naciones Unidas estima que
hay unas 100 millones de personas más que no pueden comer debido al espectacular alza de precios reciente.
Esto tiene a los gobiernos buscando frenéticamente cómo protegerse del sistema. (…)

Los fondos de cobertura y otras fuentes de fondos especulativos están volcando
millones de dólares a los commodities, para escapar de los resbaladizos mercados de valores y
de la contracción del crédito; con ello alejan aún más las existencias de alimentos del alcance de los sectores pobres.

De acuerdo con algunas estimaciones,
los fondos de inversión controlan ahora entre el 50% y el 60% del trigo comercializado en
los más grandes mercados mundiales de commodities.
Una empresa estima que el monto de dinero especulativo en futuros de commodities
-mercados en los que los inversionistas no compran o venden un commodity tangible,
como el arroz o el trigo, sino que apuestan a las variaciones del precio- fue menor a
US$ 5.000 millones en 2000 y trepó a US$ 175.000 millones en 2007(…)”.
www.grain.org

Fuente: www.argenpress.info
Opinión
Buenos Aires, República Argentina
Viernes 2 de mayo de 2008
Edición Nº 2063

b) Contaminan catastrófica, letal e irreversiblemente mediante los transgénicos

Silvia Ribeiro, en “Transgénicos: un asalto a la salud y al medio ambiente”,
después
de responder a preguntas referentes a los organismos transgénicos (qué son, cómo se hacen,
cuáles son, dónde están, quiénes son sus propietarios, quiénes los investigan y
cuáles son sus promesas y realidades) advierte:

Impactos en la salud

Algunos de los efectos negativos potenciales más conocidos son:

·         “Recombinación de virus y bacterias que dan origen a nuevas enfermedades
La abundante utilización de virus, bacterias y plásmidos que tienen un alto potencial
de intercambiar material genético
con otros microorganismos incluso dentro de nuestro propio cuerpo, ha dado como
resultado la creación de más resistentes cepas patógenas de enfermedades existentes
o de enfermedades nuevas. (…)

 

·         Transferencia de la resistencia a antibióticos
La mayoría de los cultivos Bt (como el maíz Bt-176 de Novartis)
tienen
un gen marcador que produce resistencia a antibióticos y pueden
transmitirla a quienes consuman estos productos e incluso a personas
al comer animales alimentados con pienso transgénico.

 

·         Generación de alergias
Estas últimas han aumentado en forma exponencial. (…)

 

·         Mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos
La soja transgénica los contiene 200 veces más que productos sin ella. (…)”.

Impactos sobre el medio ambiente y la agricultura

·         Transferencia de la propiedad transgénica a cultivos nativos, criollos o plantas silvestres emparentadas
e incluso a las ‘malezas’ que de ese modo se vuelven resistentes a los herbicidas.

 

·         Transferencia horizontal de información genética que se da entre especies no emparentadas
e incluso de plantas transgénicas a bacterias o virus del suelo.

 

·         Muerte de insectos benéficos a causa de los cultivos Bt con herencia modificada para producir la toxina
contra las orugas.

 

·         Generación, en las plagas y malezas, de resistencia a los químicos de un modo mucho más acelerado.

Fuente: revista Realidad Económica nº 175,
octubre/ noviembre 2000, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

 

c. Invaden con monocultivos transgénicos que arrasan a ‹la naturaleza› hospedadora de la sociedad

Las jornadas acerca de “Contaminación genética: la imposible coexistencia”
paralelas a
la 3ª Conferencia Internacional de Coexistencia de OGM organizadas por la Comisión Europea, declaran:

“Se ha demostrado que, en el mejor de los casos, los rendimientos de los cultivos transgénicos
son similares a las variedades no modificadas,
en promedio

·         no hay reducción del uso de productos químicos
en agricultura sino -en general- un incremento,

·         no han aportado mejoras a la calidad de los alimentos y

·         no contribuyen a aliviar la pobreza y el hambre, unas semillas más caras y
(propiedad patentada de un reducido número de multinacionales)
destinadas al monocultivo de exportación de grano para el ganado difícilmente pueden ser de utilidad
a las personas que padecen hambre y a los/as agricultores/as con escasos recursos.

Sin embargo, los impactos negativos sobre el medio ambiente comienzan a documentarse,
pese a las dificultades existentes para desarrollar investigación independiente en este campo.
La contaminación de especies silvestres emparentadas, la reducción de la biodiversidad,
la contaminación química del suelo y acuíferos y
la aparición de nuevas resistencias en adventicias e insectos están demostradas.

Los cultivos modificados genéticamente son esencialmente un negocio más de
las multinacionales agroquímicas y biotecnológicas
que vienen a
profundizar el modelo de agricultura industrializado en el contexto de la globalización agroalimentaria actual.
Especialmente grave es la tecnología genética para producir semillas suicidas, conocidas como “terminator”,
que son presentadas como solución a la contaminación genética y que obligan a los/as agricultores/as a
comprar todos los años semillas aumentando su dependencia de la industria semillera.

Se trata de unas semillas caras, un bien público privatizado, con elevados riesgos
que se están implantando en los grandes monocultivos de soja, maíz y algodón
en combinación con prácticas como la siembra directa y el laboreo de conservación
que implican
una reducción de la mano de obra y el uso masivo de herbicidas
a los que son tolerantes estas semillas.

Los/as grandes propietarios/as agrícolas obtienen así reducciones de costes
basadas en la destrucción ecológica y la sobreexplotación de la mano de obra
arriesgando la seguridad alimentaria de la ciudadanía.

Se trata además de unos cultivos innecesarios
lo que hace incluso más absurdo e irracional su utilización ya que existen alternativas viables y seguras.
La producción agraria
con métodos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, utilizando variedades locales
y orientadas a mercados próximos, tiene una mayor capacidad de generar empleo a la vez que
garantiza una alimentación segura y respetuosa con el medio ambiente.

La producción y el consumo industrial de alimentos
están contribuyendo -de forma significativa- al calentamiento global y a la destrucción de comunidades rurales.

La agricultura sostenible a pequeña escala y el consumo local de alimentos
puede frenar el cambio climático y alimentar a los más de 850 millones de personas que padecen hambre.

La agricultura ecológica y local contribuye además a enfriar la tierra usando prácticas agrícolas
que reducen las emisiones de CO2 y el uso de energía por los agricultores y a frenar
la deforestación masiva
por el avance de la frontera agrícola que es una de las principales causas del calentamiento global.
Sólo una alimentación libre de transgénicos puede
construir un mundo rural vivo y defender el derecho a la soberanía alimentaria”.
Fuente: www.ecologistasenaccion.org
noviembre 2007

De modo que es fundamental salir de los falsos dilemas como “campo o gobierno” y de la tramposa ideología de resignarse a que el desarrollo supone contaminación y que los hechos consumados son irreversibles. Las Asambleas de Gualeguaychú y de Colón resultan más clarividentes e imprescindibles que los intelectuales mediáticos para impulsarnos a la nacionalización de la resistencia a una ocupación integral de nuestros territorios por las transnacionales gracias a gobiernos con la función de legalizar y legitimar ese modo de producción ‘industrial’  que desertifica completamente.

 

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