I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo:

La «seguridad» como deseo y realización de nuestra tranquilidad personal y familiar
es esencial a nuestra condición humana.
De modo
que cuando cuestionamos la demanda de seguridad
no desatendemos la satisfacción de esa necesidad sino que nos preocupa:

• la conciliación de componentes populares
  con sus expoliadores en la solución ficticia del problema que,
  además, sólo conviene a los últimos;
   

• las implicancias y los significados de ese posicionamiento conjunto
  que resulta bloqueador de la otra sociedad, el otro país y
  el otro mundo posibles.

Respecto al cómo componentes populares llegan a creer que su seguridad es la del clima de negocios
del bloque dominante, comprobamos que la concertación K y la derecha extrema
usan
los grandes medios e industrias culturales para crear
-una visión estigmatizadora de
las principales víctimas de su sistema de saqueo y
-una metamorfosis de las fuerzas de seguridad en garantes de la paz reclamada que,
en verdad, deviene

para las mayorías, presidio con consenso
y
para la minúscula minoría dominante, el 'orden'
que
les da impunidad en imponer su crecimiento lucrativo
sobre las necesidades populares e intereses nacionales.

En cuanto a implicancias de esa 'seguridad' sobre la sociedad y a sus significados
para familias e individuos, vale que reflexionemos sobre cómo

• ese 'orden' se da por despliegue de la violencia estatal e implica
  pena de muerte extrajudicial a quien delinque
  y asesinato de un sospechoso o de un transeúnte, de un rehén, etc.;
   

• esa 'tranquilidad' de las familias y personas es producto de estar alienadas y
  creer
  que dejándose absorber por las rutinas y amores de 'su' vida cotidiana
  podrán evadir los problemas
  de sensibilizarse por tanta expulsión o
  tanto estrechamiento mayoritario de las condiciones dignas de vida y trabajo.

Ideología:

¿Cómo explicar el éxito en instaurar el Estado policial
y
el predominio contundente de las personas inmersas
en su cotidianeidad?

Obedece a un modo de percepción y análisis tanto de la realidad social e internacional
como
de las posibilidades de cambiarla por parte de su persona y de los de abajo.

La mayoría de Argentina se sitúa en posición fatalista, o sea, asume que nada puede hacer
si no surge, milagrosamente, un líder capaz de conducirla a realizar las transformaciones anheladas.

¿Cómo llegó a tal conclusión?
y por lo tanto,
¿cómo se convenció que su cotidianeidad podría ser refugio contra la incertidumbre existencial
(amenaza constante de la macroeconomía) 
si la vive
desde la postura de predominio del egoísmo sobre la solidaridad?

Sucede que la alianza de todos los factores locales de poder con la gran burguesía global
llevan a cabo, desde hace más de tres décadas,
un proceso

• catastrófico tanto por empobrecimiento social y expulsión hasta de sobrevivir
  en escala masiva como por desmantelamiento del sector público y devastación
  del país;
   

• defraudador de gigantescas movilizaciones por causas que hacen al destino común;
   

• terrorista para conservar e implantar el saqueo capitalista e imperialista como hoy
  es la fijación gubernamental del techo al aumento salarial por chantaje emocional
  aprovechando
  la despiadada tortura de la hiperinflación en 1989 para posibilitar el plan de
  Convertibilidad que acordaba con el Consenso de Washington.

Sin embargo, esta lucha de las clases opresoras para implantar la entrega, la superexplotación y la sumisión
consiguió
estos objetivos, sobre todo, mediante
-los «planes de ajuste» permanentes para transferir bienes e ingresos públicos al bloque dominante
y
-la desjudicialización para desamparar totalmente a desocupados estructurales y a quienes
son sometidos a despido, sobreexplotación laboral, esclavitud...

Aun aquéllos que no los sufrieron demasiado en forma directa, los experimentaron en otras formas
y en consecuencia, comparten con los otros de abajo la convicción que cada cual debe
arreglárselas como puede
pues el Estado y las organizaciones que deberían, respectivamente,
defender sus derechos humanos básicos y sectoriales no lo hacen.

La reestructuración económica y social que instrumentó la dictadura cívico-militar
fue continuada por las democracias restringidas
como
creciente monopolización de la producción y las finanzas a la vez que como profundización
e intensificación de la desigualdad en la distribución de ingresos y del hundimiento en el desamparo
a una tercera parte de la población.

Esto les exigió imponer otra legalidad y destaco dos procesos que viabilizaron este 'orden'
a favor exclusivo de la alianza de todos los factores locales de poder con las potencias imperialistas.

Con las democracias restringidas
"no se acaban
las violaciones a los derechos humanos
provenientes de las instancias estatales,
el Estado
da respuestas funcionales a una exclusión y
una violación sistemática de derechos al
establecer controles para reclamos que
reaccionan contra ello".

Pedro Enrique Pérez, luego de una extensa explicación, destaca:

"Es evidente que la exclusión se plantea como objetivo y las acciones de los excluidos
se entienden como resistencia.
La acción judicial se enfoca como uno de los tantos modos, sutiles en algunos casos y
crueles en otros, de acallar tales acciones de resistencia, es decir, el poder judicial
se constituye en un lugar de producción de exclusión.

Pero cuando la intervención judicial se constituye en garantía de derechos vulnerados o amenazados,
se impulsa su desactivación".

Informa que,
"en 1991, el criminalista Eugenio Zaffaroni hacía referencia a una reducción del espacio judicial,
como parte de un proceso en el que el control sobre la sociedad tendía
"a
verticalizarse 'administrativamente', corporativamente mediante agencias ejecutivas, policiales
o burocráticas", y como parte de ello aludía a una tendencia a minimizar y desjerarquizar
los espacios judiciales, restándole o desestimulando la independencia judicial, tanto externa como
interna.
La primera se expresaba a partir de cierta docilidad o control de la cúpula judicial por parte
del Ejecutivo y el hecho de que ciertos estrados jerárquicos del Poder Judicial
evidenciaban
una afinidad ideológica con las prácticas dominantes de poder hacía altamente probable
que las prácticas judiciales también se tornaran productoras-reproductoras de los rasgos de
la sociedad
en cuyo ámbito actúan: uno de ellos es la exclusión.
La segunda, se manifiesta en cierta imposición autoritaria de los superiores respecto de
los jueces de instancias inferiores(...)".

Este funcionamiento judicial se combinó con la profundización de la pobreza para agravar
la desprotección social.

Eugenio Zaffaroni afirma:

"La mayoría de las víctimas son extremadamente carecientes, analfabetas, marginales
y estigmatizadas.
Estas personas no pueden cumplir por sí mismas el requisito mencionado y tampoco
existen entidades intermedias que suplan sus carencias (sindicatos, etc.);
su marginación
las hace extremadamente vulnerables y las pocas personas que se ocupan de sus problemas
deben centrar su atención sobre cuestiones inmediatas y acuciantes".

Concluye:

"Las víctimas de las violaciones de derechos humanos de la década de los '80
están muy indefensas(...),  por su extracción social y por la estigmatización
que sufren
tienen menor capacidad para hacerse oír: nadie escucha a un ladrón y solidarizarse
con él frente a la tortura o a los fusilamientos a que se los somete es contaminante".

El 26 de abril de 2007 la policía bonaerense asesinó a un joven que se atrevió a denunciarla
como causante
de la muerte por tortura de otra joven falsamente acusada por robo en una comisaría de
Florencio Varela. También la policía de Chubut asesinó a testigos de la prisión de Iván Torres
que permanece desaparecido.

Pedro Enrique Pérez cita también a Juan Villarreal que plantea conjugar
las realidades en conflicto constante entre el excluido como sujeto y la exclusión como objetivo del sistema:

1. "los robos cotidianos de los excluidos,
   los asaltos a supermercados, la transgresión de normas dominantes,
   la ocupación de viviendas,
   el asentamiento en terrenos públicos o privados" por un lado
   y por otro,
    

2. "la desocupación masiva, las expulsiones de habitantes,
   la represión institucionalizada,
   la represión 'privada' de la pobreza,
   los ajustes económicos y la segregación en las calles
   y el accionar estatal represivo en prisiones, hospicios
   e internados".

Pedro Enrique Pérez opina
que
la democracia restringida legitima y legaliza que
se despida a una masa significativa de la población trabajadora
y tal Estado
tampoco se hace cargo de formar para, y crear, otras fuentes laborales.

Ahora, "cuando esa población de trabajadores desocupados
decide reaccionar, ¿cuál ha sido la respuesta más contundente desde
el orden estatal?

En la década de los '90 es la criminalización
que
pretende instaurar una descalificación
por parte de la opinión pública y esto, a la vez,
le servirá para justificar la represión.

El poder judicial ocupa un lugar central en esta tendencia a judicializar -criminalizar-
las luchas sociales que tuvieron a los desocupados como protagonistas".
En la intervención
junto al poder policial, el judicial posibilita una represión no física o una legitimación
de la represión policial a los conflictos sociales.
Es decir,
sirve para encubrir el desmantelamiento de los derechos sociales
y
afecta "los principios básicos del derecho penal liberal al impulsar
una persecución
basada sobre un derecho penal máximo.

Los cortes de ruta se entienden como pasibles de ser tratados bajo el código penal,
en una resolución en la cual «el derecho de tránsito prima sobre el derecho a la vida»
que,
al mismo tiempo, expresa el ejercicio del derecho a peticionar.

El Comité de Acción Jurídica de la CTA
en su informe del año 1997
aludía
a la existencia de 600 causas penales
contra dirigentes, delegados y activistas
sindicales por:  ejercer
los derechos constitucionales
de
-peticionar ante las autoridades,
-estar en huelga,
-expresar las ideas en forma pública,
todos ellos, amparados por los artículos
14 bis y 16 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con datos del mismo Comité en su informe del año 1998,
existían más de dos mil personas procesadas en todo el país
con motivo
del ejercicio del derecho de huelga, de peticionar ante las autoridades,
de manifestarse y opinar públicamente contra la política social y económica. (...)

El Comité indica que "la existencia de juicios penales reiterados contra los trabajadores
y dirigentes sociales y sindicales es, objetivamente, una forma de tener preparada
como
alternativa la posibilidad de un encarcelamiento generalizado...
la tendencia a caracterizar como «sedición» o «coacción agravada» a toda movilización
que ejerza
el legítimo derecho constitucional de peticionar ante las autoridades no hace sino
confirmar el carácter concertado -desde el propio estado- de esta decisión".

Fuente: revista Realidad Económica nº 178,
febrero/ marzo 2001, editada por el
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

Durante el gobierno de Kirchner hay presos políticos y cerca de 5.000 procesados por
luchas reivindicativas.
Y este autoritarismo se ahondará con el encuentro, en Estados Unidos, de Aníbal Fernández
(ministro del Interior)
con
el director para América latina del Departamento de Seguridad de EE.UU., Kevin O'Really,
y el asistente en la Secretaría de Estado para el Hemisferio Oeste, Charles Shapiro,
donde se trató también el control de Argentina sobre la Triple Frontera (Clarín 5/5/07).

Recordemos que a partir de las rebeliones populares en Ecuador, Bolivia y Argentina
la OEA
definió como nuevas amenazas para la seguridad hemisférica a:
la pobreza y las organizaciones de
los pueblos latinoamericanos a favor de sus necesidades e intereses.
Y recordemos el «eje del mal»
que
fija como enemigo público a los islámicos en general y con ese pretexto de amenaza terrorista
Estados Unidos se reserva el gigantesco Acuífero Guaraní.

En el informe realizado para Copenoa por Mara Puntano del 27 de enero de 2007
se señala:

"Ante la privatización de YPF, el desempleo masivo en la década del 90 y
el abandono estatal de personas,
la UTD Mosconi
o Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi fue la organización que protagonizó
las protestas con cortes de ruta de mayor duración y que fue objeto de la más sangrienta represión en la República Argentina durante los últimos años.

Durante tales represiones policiales y de Gendarmería Nacional fueron asesinados los trabajadores
Aníbal Verón, Orlando Justiniano, Matías Gómez -en el año 2000-
y Carlos Santillán y Oscar Barrios -en el 2001- y
fueron heridos con armas de fuego más de 200 pobladores.
La UTD Mosconi es
la organización de desocupados con más alta tasa de
criminalizados por reclamar trabajo digno en el país.
Pese a lo cual,
los desocupados mosconenses, lejos de abatirse, elaboraron proyectos productivos para la zona que constituyen un ejemplo en el país y la más clara prueba de la ineficiencia y corruptela de funcionarios provinciales y locales.

La cultura de trabajo de la UTD traspasó las fronteras llegando a ser objeto de estudio
e investigación de docentes universitarios nacionales y extranjeros
que se plasmaron en cientos de libros y artículos.

La organización denunció públicamente el saqueo de la riqueza petrolera
y la contaminación de la zona perpetrada por las empresas petroleras multinacionales
que operan en la zona arrojando desechos tóxicos a cielo abierto y
reclamó al Estado la renacionalización del petróleo.
Por lo que
fue objeto de numerosas campañas de desprestigio y estigmatización
por parte de la prensa de la provincia
que defiende los intereses de las empresas petroleras.

Consultados sobre los motivos de los recientes disparos de arma de fuego,
los dirigentes Pepino Fernández y Chiqui Peralta afirmaron que es un hecho más
de una serie de atentados en contra de la UTD ya que,
desde hace un tiempo,
vienen sucediéndose esos hechos que tratan de afectar la organización.
Relataron que, por ejemplo, hace poco
la cooperativa de viviendas de la UTD sufrió un robo importante.
La labor de la cooperativa de viviendas pone al descubierto
la inoperancia de
las autoridades municipales ya que los desocupados en un tiempo record
fueron capaces de construir todo un barrio mientras que
el municipio lleva doce años sin terminar pocas viviendas".

Fuente: www.anred.org
30-1-07

Apenas a tres meses del gobierno de Raúl Alfonsín, "en marzo de 1984, el ministro de Economía
se adelantó
a pagar una cuota de intereses de la deuda externa, con aparatoso, y no menos sospechoso auxilio,
instrumentado por su par mexicano. Se aceptaba así de hecho la existencia sin discusión de
esos supuestos compromisos internacionales, en su mayor parte adquiridos irregularmente
por la dictadura cívico-militar.

• Se renunciaba de tal modo a un estudio crítico
  de esa deuda,
  tan necesitada de una cuidadosa verificación de créditos.
   

• Se declinaba, también, el cuestionamiento básico de
  la capacidad jurídica de los usurpadores del poder público
  para contraerla,
  lo cual tiene ingentes consecuencias para
  el futuro democrático del país.

Fue, sin embargo, hacia el segundo semestre de 1987 cuando el gobierno radical
optó
resueltamente por el rumbo económico que aquella fatídica decisión prefiguraba".

Salvador María Lozada destaca que
"que
el ministro de Obras y Servicios Públicos en el gobierno de Alfonsín,
y luego ministro coordinador en el gobierno de Fernando de la Rúa,
Rodolfo Terragno,
produjo uno de los actos más drásticos y notables en el camino de
lo que -algunos hemos dado en llamar- el desguace del sector público.

Es un significativo precedente, anuncio y de algún modo elemento preparador
de la furiosa ola privatizadora que barrería el sector público en los años '90
durante
la administración del presidente Menem.

Se trata del decreto que se presentó como
«Desmonopolización de servicios públicos
prestados por empresas estatales», con
la firma
de su autor, el ministro Rodolfo Terragno
...y las del presidente Alfonsín y del ministro
Sourrille. Lleva la fecha del 19 de noviembre
de 1987.

Sus motivaciones no son otras que las derivadas de ese discurso ideológico privatizador,
expresadas con el ufano dogmatismo y la retahíla de clichés y lugares comunes que
los entertainers de la televisión, los sedicentes comunicadores
de
la industria del entretenimiento, habían ido imponiendo machaconamente a
la conciencia colectiva en los años antecedentes.

A propósito de los entertainers de la televisión, tiene sentido evocar aquí
un debate en el cual el asunto de
los derechos humanos
se entrelazó con el de los condicionamientos económicos del bienestar colectivo.

Por esos años se discutía en la Cámara de Diputados de la Nación
la ley de Obediencia Debida,
una de las claudicaciones
del gobierno de Alfonsín frente al poder militar.

El diputado demócrata cristiano -Carlos Auyero- luego de describir el vaciamiento,
dispendio
y malversación de las energías colectivas democráticas que había implicado
la cancelación, por el gobierno, de la movilización popular para ahogar
el conato golpista de la Semana Santa de 1987, decía en el recinto:

"Lo único que a veces estamos defendiendo es la rutina democrática,
muy importante por cierto...
pero
¡cuidado con no quedarnos sólo con las rutinas formales!.

Yo mismo vi la gente que estuvo en la puerta 8 de Campo de Mayo defendiendo
la libertad y la democracia: provenían de barrios carecientes.

Ante la ejemplaridad de ese pueblo gritando por la libertad -que quizás es el único bien
que le va quedando- tengamos cuidado, pues corremos el riesgo de que se vuelque
a la desesperanza y a la incredulidad.

Por ello, es que tengo la firme convicción de que en la política argentina debemos marcar
trazos gruesos que incorporen a la democracia que vivimos los necesarios elementos transformadores,
pues
con mera labor formal corremos el riesgo de que se llegue al cansancio de una rutina democrática
que no da solución a los problemas de fondo.

Me preocupa que el secretario Brodersohn hace poco haya dicho en los Estados Unidos
a banqueros que lamentaba que ellos no votaran, porque así habría mayor apoyo para
la acción de gobierno.

Deploro que haya funcionarios del gobierno que rindan tal pleitesía, del mismo modo que
periodistas como Neustadt y Grondona exalten las privatizaciones como una forma de
liquidar el eje central que custodia que el país no sea dependiente(...)" ".

Salvador María Lozada cita uno de los considerandos del decreto de Rodolfo Terragno:

"Que el régimen de capitalización de la deuda externa ofrece una valiosa herramienta
para la canalización de nuevas inversiones en el sector de
los servicios y bienes destinados al público".

Dice:

"Como se aprecia con facilidad, se intentaba introducir en el vasto campo del sector público
a unos proveedores y productores de bienes y servicios que podían sólo aportar como
«nuevas inversiones»
los títulos de la deuda pública externa. En otros términos, meros papeles,
nada nuevos en lo sustancial,
que de un modo u otro pagaría el Estado argentino, so pretexto de
una deuda
cuya existencia y legitimidad desde 1984 se ha estado impidiendo discutir y verificar.
Se podría así privatizar con clara inexistencia de otras 'nuevas inversiones' que
no fueran los propios recursos nacionales bajo la forma de deuda de la dictadura.

Por lo demás, interesa observar -ya en noviembre de 1987- la mutua implicancia que
se intentaba
crear entre deuda externa y privatizaciones, motivándose recíprocamente. Porque:
debemos mucho, debemos privatizar; privaticemos nomás, que la deuda externa paga".

Fuente: revista Realidad Económica nº 212,
mayo/ junio 2005, editada por el
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

La concertación K coincidió y coincide con las derechas más desembozadas en políticas medulares
para
la continuidad y profundización de ese sistema de saqueo y desnacionalización
con bases e infraestructura socioeconómicas -de subdesarrollo para la Argentina- en
la fraudulenta deuda externa y en las 'privatizaciones':

1. Campaña portentosa contra las organizaciones piqueteras,
   desde 2003 a 2005,
   para volver a la instalación de las rutinas o formalidades de
   la democracia ocultadora de la dictadura de los oligopolios
   y hacerlo con total impunidad
   por erradicar
   -la movilización reivindicativa,
   -la construcción de solidaridades entre los de abajo
   y
   -el compromiso con la lucha por dignificar
   tanto la vida como el trabajo.
    

2. Aprobación del Código Contravencional de la ciudad
   de Buenos Aires
   mediante una clara criminalización tanto de la pobreza
   como de la protesta social y con el objetivo de
   expulsar
   de las calles a los vendedores ambulantes, a los artesanos,
   a la oferta de sexo en la vía pública, a las expresiones artísticas y
   a las manifestaciones
   para, además y sobre todo, privilegiar los intereses lucrativos
   de los poderes establecidos.
    

3. Producción gigantesca de excluidos y hambrientos mediante
   el predominio creciente
   de los agro-negocios y la explotación petrolera y minera que monopolizan y desnacionalizan el territorio de Argentina
   desalojando
   (con participación directa e indirecta del Estado)
   a la población rural y urbana del interior que hacinan
   en torno de grandes ciudades.

En nombre de establecer normas de convivencia, durante el gobierno de Néstor Kirchner,
avanza el Estado represivo
que se legaliza en forma de Códigos hasta implantados de facto
como el Contravencional de la ciudad de Buenos Aires
donde
el 95% de la audiencia pública se manifestó en contra.

En consecuencia, la paz social no es tal al implicar la violencia de
un Estado,
que se estructura como comunidad de negocios
de todos los factores locales de poder con
las potencias imperialistas.

Tomemos conciencia de que el actual gobierno-Estado avanza en constituirse como
régimen de

• apartheid para los excluidos
  porque
  no sólo los expulsa de sobrevivir sino, sobre todo, les prohíbe
  defenderse o rebuscárselas en el mercado informal
  y
  los encarcela con gravísimas figuras penales si se atreven
  a organizarse para solucionar sus problemas;
   

• omnipotencia para quienes han sido beneficiados por
  la entrega de las empresas estratégicas y el territorio de Argentina
  de modo que
  -nos tienen como clientela cautiva,
  -nos despojan
  de derechos elementales convirtiéndolos en mercancías
  varias veces más caras que en los países de origen
  de esas corporaciones,
  -nos enferman, matan,
  -nos arruinan tanto el presente como el futuro
  y
  los subsidiamos millonariamente sólo para mantener
  su altísima rentabilidad.

La seguridad jurídica de nosotros
-los de abajo- es incompatible
con la de los poderes establecidos
porque
la última implica la maximización
del apropiamiento de bienes e ingresos
públicos u otros más particulares de sectores e individuos populares
sin importar
quitar a un tercio de nosotros
hasta medios básicos de subsistencia
y al otro tercio de nosotros mantenerlo
rehén
del sostenimiento de vidas y roles cada
vez más mezquinos.

No hay un Estado bobo, distraído
o cómplice,
al contrario, ejerce su violencia
totalitaria para hacer viable
el despojo a millones de familias
y
la sumisión de otros millones a
vivir según el permiso inestable
de los que se han adueñado
de nuestro destino.

Tener otro Estado nos exige
responsabilizarnos en
romper con nuestra condición
de prisioneros
en garantizar sólo lo familiar
y
de encubridores de nuestros miedos a ser
arrojados al calvario del hambre,
la intemperie o encarcelados,
torturados, asesinados.

 

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

La «seguridad» como necesidad de vivir en cierto orden social
no es cuestionable, al contrario, esa exigencia es fundamental
para
el desarrollo de todas las expresiones y actividades humanas.

El problema es que el bloque dominante manipula ese sentimiento y percepción generalizados
para distorsionarlos
y los hace asociar con el reclamo de autoritarismo o de subordinación a sus reglas de juego.

A. En los primeros años del gobierno de Kirchner, ¿qué orden procuró imponer?

La demanda de «normalidad» se hizo central en la agenda política
por gestión de Néstor Kirchner que tradujo en
-exigencia de institucionalizarse a las organizaciones de desocupados
y
-vocación fuerte al cierre del espacio público.

Es decir, tanto las organizaciones piqueteras como el espacio público fueron identificados
-por el gobierno de Kirchner-
con la participación popular, de 2001-2002, en exigir cambios en los tres poderes públicos
para acordarlos con las necesidades y aspiraciones de los de abajo.
De ahí la unidad de acción gubernamental
con las derechas para poner fin a esa amenaza al sistema de entrega, superexplotación y sumisión.

Construyó el consenso imprescindible entre
la mayoría
resignada a sacrificarse con tal
de mantener cierto consumo para la vida familiar
y/o esperanzada en el discurso oficial.

Maristella Svampa sostiene:

"las dificultades de los movimientos de desocupados no pueden ser disociadas de
la demanda de «normalidad» que recorre a la sociedad argentina.(...)
El escenario de esta batalla política fue la ciudad de Buenos Aires.
Fue
en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, más aún, frente a
la propia Legislatura porteña, a la hora de discutir el Código Contravencional
propuesto para la ciudad de Buenos Aires (16 de julio de 2004),
donde
tuvo lugar esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y
exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas
(la demanda de lo instituido)
y los diferentes actores movilizados, vendedores ambulantes,
mujeres en estado de prostitución, travestis y organizaciones de desocupados
(la demanda de los excluidos).

El corolario fue el avance de la judicialización y criminalización
en el tratamiento de los conflictos sociales, y la instalación
de
un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por
amplias franjas de la opinión pública.

Por último, hay que decir que la campaña de estigmatización desarrollada contra
las organizaciones piqueteras coincidió con la instalación en la agenda política
de
las demandas de seguridad ciudadana, que en un principio llegaron vinculadas a
la proliferación de delitos contra la propiedad y los secuestros extorsivos.

Estas nuevas movilizaciones, de alcance muy variado, tienen en común el hecho
de que interpelan al Estado
como responsable y exigen que éste garantice la protección y seguridad integral
de los ciudadanos.

El mapa actual de la Argentina muestra una proliferación de conflictos y movilizaciones sociales,
en torno a temas tan diversos como el reclamo salarial, la demanda de trabajo y la defensa
del medio ambiente y los recursos naturales.
En fin,
un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial,
y abarca una multiplicidad de organizaciones, desde movimientos campesinos, poblaciones indígenas,
organizaciones de desocupados, nuevas expresiones sindicales, minorías sexuales y hasta
las nuevas formas asamblearias de defensa del hábitat".

Fuente: libro La sociedad excluyente...de Maristella Svampa
-1a. edición- Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara, 2005
 

 B. En el último año de su gestión, Kirchner ¿qué orden pretende instaurar?
 

En una entrevista a Maristella Svampa, docente e investigadora del movimiento piquetero,
Leonardo Herreros y Juan Mocciaro (Diario Río Negro) preguntan:

-¿Qué gran diferencia marcaría sobre este reclamo de docentes en las rutas respecto
del fenómeno piquetero que usted tanto ha estudiado?

Maristella Svampa contesta:

-Con los piqueteros estaban en juego las fronteras de la exclusión.
En ese sentido,
la respuesta del gobierno de Kirchner ha sido clara:

la frontera está sellada
y los piqueteros deben resignarse a aceptar el lugar del "excluido",
en el marco de la consolidación de un modelo asistencial y
la naturalización de las desigualdades sociales.

En cambio, la lucha de los docentes, como la lucha de los trabajadores de la salud pública
o de los del subterráneo de Buenos Aires, pone en juego las fronteras de la precariedad
(flexibilización, tercerización, cobro en negro, deterioro del salario y de las condiciones de trabajo),
que se han ensanchado notablemente en los últimos años tanto en el sector privado como
en el sector público.

En este sentido, hay que remarcar que el crecimiento económico,
lejos de
ser acompañado por una estrategia de redistribución,
profundizó la dinámica de precarización, ya instalada en los 90,
lo cual afecta en diverso grado al conjunto de los asalariados públicos y privados.

No por casualidad, las luchas sindicales se multiplicaron a partir del 2004.
Así, en los años que vienen, mientras que la frontera de la exclusión tenderá
a permanecer más rígida o sellada
gracias a
la masificación de la política asistencial, la cooptación, el disciplinamiento y la demonización de
los movimientos piqueteros, las fronteras de la precariedad se mostrarán más flexibles y porosas
frente al protagonismo de lo que podemos llamar el extenso mundo del "precariado".

-Antes de la muerte de Carlos Fuentealba, muchos sectores del Alto Valle reclamaban
con énfasis el despeje de las rutas ocupadas por los docentes sin reparar demasiado en los métodos.
Con la muerte del docente,
como consecuencia del despeje reclamado, la opinión pública fue otra.
¿Cómo se entienden estos cambios tan radicales ? ¿De qué modo influye una muerte
-en este caso un docente- en la continuidad de la protesta y la relación entre ésta y la sociedad?

-La respuesta de los habitantes del Alto Valle no difiere de la de otros sectores del país.
Estos no son tiempos de solidaridad social sino de llamado al orden, a la seguridad, para muchos,
de "vuelta a la normalidad", luego de la gran crisis del 2002.

En este contexto de repliegue individualista y de ruptura de solidaridades sociales,
amplios sectores suelen sacar lo peor de sí mismos
frente a la molestia que suscitan los cortes de ruta.
Pero,
como siempre, la muerte instaura un límite, mostrando que -en Argentina-
es sólo ante las grandes represiones que la población se moviliza y
puede recomponer solidaridades.

En este sentido, las grandes represiones reactivan el fantasma, o más bien el trauma,
que la sociedad argentina arrastra desde la dictadura militar (los "nuevos desaparecidos").
Igualmente, hay que decirlo: la respuesta antirrepresiva, esto es,
la solidaridad
que se gesta a partir de un acto defensivo, reactivo ("nunca más", "no matarás"),
puede abrir nuevos horizontes (la continuidad de la protesta),
pero ello
no quiere decir que la lucha desemboque necesariamente
en la instauración de una plataforma común,
visible en la articulación de demandas o de consignas positivas
(por el cambio de la política educativa, por la inclusión social).

-La respuesta nacional al crimen de Fuentealba
¿marca la "nacionalización" del conflicto educativo como ocurrió antes con el piquetero?

-La nacionalización de la lucha piquetera fue mucho más difícil y también más volátil,
porque en definitiva los desocupados movilizados nunca fueron aceptados
por gran parte de la sociedad.

Hay sectores enteros, y llamados progresistas, que hasta el día de hoy
no entendieron el fenómeno piquetero.
Éste
fue el producto de la articulación paulatina de diversos actores,
tanto de los desocupados (organizaciones independientes y autónomas)
como de los actores sindicales anti-neoliberales (CTA y CCC).

Asimismo, éste expresó la convergencia de diversas regiones y situaciones:
las luchas de las localidades petroleras (Neuquén y Salta) y aquéllas que
provenían del empobrecido conurbano bonaerense, con sus grandes organizaciones
y sus nuevos modelos de militancia. 

A diferencia del fenómeno piquetero, la nacionalización del conflicto educativo
debería ser mucho más rápida y más duradera.
No hay que olvidar que la salud y la educación son los últimos bastiones de
un Estado
que alguna vez tuvo una mayor vocación integradora y/o universalista,
algo que siempre resuena en la memoria de todos los argentinos,
inclusive de aquellas clases medias que hoy sólo aspiran al consumo
o no vacilan en pedir de manera destemplada que despejen las rutas.

Es cierto que en los '90 la lucha docente tuvo un límite con la "carpa blanca".
Pero las de hoy presentan una ventaja y, a la vez, un peligro(...).

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés
17-4-07 

Ideología:

"Es necesario plantear la relevancia del espacio
como
soporte de modos y formas de utilizar
el tiempo individual y social. Tal como lo desarrolla
Mantero:

"El espacio público comprende «los espacios de ágora», lugares de encuentro e intercambio,
los espacios verdes, lugares de goce y uso de lo natural y
«los espacios de testimonio»,
lugares de la identidad y del patrimonio, cuyo uso social supone el ejercicio de diferentes funciones
que incluyen el paseo privilegiado, la socialización espontánea y las prácticas recreativas y lúdicas,
con frecuencia en el ambiente natural".

Eva Vázquez y Vanesa Luro continúan:

"En línea con esta definición, consideramos que -en el espacio público- se «es al estar»,
se discute, se apropia y se significa... y luego, en y a partir de él, se da testimonio de
lo que fue.

De acuerdo al fin con que ha sido planeado y proyectado -el espacio cuando es público- invita
a los habitantes de una ciudad a participar, convoca o más bien, reclama a sus vecinos a estar
en él; a ser en él".

Opinan:

"Muy necesario es hoy analizar la significación de la sustitución de espacios públicos
por
lugares de acceso restricto y construidos por entidades privadas.

Esta sustitución tiene una explicación. El ágora se ha tornado peligrosa e insolente.
El espacio testimonial hace resonar cosas que muchas veces no se tiene la intención de recordar.
Parece
mejor opción al salir, elegir estos lugares donde una vez que se ha visto uno se los ha visto a todos.
Recintos donde no hay nada imprevisible a lo que temer, siempre ahí, todo siempre igual,
la misma temperatura (independientemente de la estación del año de que se trate),
los mismos arbolitos entumecidos, controlados y recortados con formas establecidas,
la misma luz,
el mismo perpetuo momento en el mismo espacio.

En estos espacios prima la lógica del orden y lo conocido y se contrapone al caos
sobre el que están construidos los sujetos. (...)
Están
basados en altos niveles de control y en una forma de entretenimiento irreflexivo.
Como lo indica Zygmunt Bauman:

"...los centros comerciales están construidos de manera tal que
mantengan a la gente en movimiento, mirando a su alrededor,
atraída
y entretenida constantemente -pero en ningún caso
durante mucho tiempo- por las interminables atracciones.
No alientan
a detenerse, mirarse, conversar, pensar, ponderar y debatir
algo distinto de los objetos en exhibición, a pasar el tiempo
en actividades desprovistas de valor comercial...". (...)

El fenómeno paralelo a la privatización del espacio público es la reclusión en el espacio privado.
Cada vez son más las actividades que se realizan en la esfera íntima del hogar, haciendo
un abandono
paulatino pero creciente del espacio público.

Consideramos que este fenómeno también se da como consecuencia de
la creciente sensación de inseguridad.
La calidez hogareña entibia a sus integrantes invitándolos a permanecer apoltronados,
en lugar de enfrentarse al caos desolador
que puede significar salir a las desventuradas calles del barrio (...)".

Fuente: libro Sujetos a la incertidumbre
compiladora Susana Murillo.
Centro Cultural de la Cooperación
1a. edición - Buenos Aires
Ediciones del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos, 2002.

Premisas e hipótesis:

a. "Con rasgos e implicancias propios en
cada caso,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego
han concentrado los conflictos
docentes más sonoros.
Pero
existe allí un factor común a prácticamente
todas las provincias: la enorme proporción del salario
que hoy representan los adicionales. Orillan
el negro
y se expresan bajo la forma de bonificaciones,
presentismo u otros 'premios' ".

Alcadio Oña (Clarín 21-4-07) prosigue:

"Resultan una manera de mejorar los ingresos de bolsillo.
Aunque de dudosa legalidad, pues se hace aparecer como una
«no remuneración»
algo que a todas luces lo es. Y su explicación: que, en gran medida, si no por completo,
por esos adicionales no se hacen aportes previsionales ni otras contribuciones sociales.

Como el trabajo en negro liso y llano,
la modalidad de eludir cargas laborales
hace
tiempo constituye una práctica corriente
en el sector privado. Podría ser asimilada
a evasión encubierta o cuanto menos a elusión,
claro
que adquiere un significado mayor si tiene lugar
en los estados provinciales o en el mismo Estado nacional.

Datos originados en el propio Ministerio de Educación revelan que, a fines del año pasado,
en el grueso de las provincias los extras representaban más del 50% del piso salarial docente.
Y en
algunos casos esa proporción escalaba a magnitudes notables, como el 83,5% de Santa Cruz.
Nada indica que la situación haya variado sustancialmente.

Así, se ha ampliado y cristalizado un sistema que,
según abogados laboristas, sólo puede ser justificado
para
situaciones de crisis y como un mecanismo transitorio.
Por ejemplo, durante la emergencia reciente.

Junto a los adicionales que las provincias cubren con recursos propios,
coexisten
aportes del Estado nacional en la conformación del sueldo docente de bolsillo.
No significan gran cosa: 100 pesos por maestro, 110 o la suma de ambos montos.

Todo sirve para engrosar el básico, muy magro o magrísimo en unas cuantas provincias:
apenas de $161,10 en Santa Cruz. Pero como las contribuciones previsionales se realizan
sobre
los básicos, va de suyo que este cuadro compromete seriamente las jubilaciones futuras
de los actuales empleados. (...)

No es por casualidad que, en Buenos Aires, los docentes hayan logrado que los adicionales
incluyan cargas previsionales y sociales. Tampoco, que las actuales demandas se concentren
en
el blanqueo de los plus salariales o, lo que es lo mismo, en su incorporación al básico (...)".

En la provincia de Santa Cruz, el feudo de Kirchner que dirige hoy desde Buenos Aires,
Néstor Kirchner ha impuesto congelamiento del salario básico desde hace 16 años.
y eliminación de paritarias.

b. "Con 1,4 millón de desocupados,
4,5 millones de asalariados en negro
y
1,5 millones de habitantes incluidos
en los planes sociales,
la radiografía social argentina tiende
a cristalizarse
como un modelo «dual», más propio
del subdesarrollo que de
una sociedad moderna".

Daniel Muchnik (Clarín 12-3-07) dice:

"Pese al crecimiento económico, hay casi 40% de trabajadores ocupados «en negro».
Coincide con
aproximadamente el 40% de la población sumergida en la pobreza, que duplica el nivel de 1993.

Y se siguen legitimando diversas formas de trabajo precario:
sin estabilidad,
como contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial y temporarios,
además de otras formas de subcontratación y tercerización,
contratos de aprendizaje y pasantías".

Ismael Bermúdez enfoca la contradicción crucial con la democracia y el "progresismo"
que reside en el despojo siguiente:

"si a estos 4,5 millones de asalariados sin cobertura social, se agregan
los 1,4 millones de desocupados,
hay
casi 6 millones de trabajadores
que están al margen de
la seguridad social".

Analiza:

"Hay 4.532.000 de trabajadores de más de 18 años que no están registrados por sus empleadores
o que trabajan «en negro», de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo del tercer trimestre
de 2006.
Esta cifra incluye a los beneficiarios de los planes sociales pero no engloba a la población rural
donde se descuenta que el trabajo no declarado es muy elevado.

Más de la mitad del empleo en negro son trabajadores de entre 18 y 34 años
que trabajan en la fase operativa, en empresas pequeñas, en microemprendimientos
o en familias como personal doméstico.

A partir de estos datos, muchos especialistas atribuyen el empleo no registrado
a las dificultades de esas pequeñas empresas o a la baja calificación de esos trabajadores.

Sin embargo,
la realidad marca que las pymes o emprendimientos personales forman parte
del circuito de «tercerización» de grandes empresas que
las utilizan
para transferir o deslindar la responsabilidad laboral. Así quedó en evidencia
con los talleres textiles porteños, que empleaban «mano de obra esclava»
y confeccionaban ropa con exclusividad para grandes firmas.
Cuando
esto fue detectado, el subsecretario de Trabajo porteño, que impulsó
las inspecciones laborales, terminó siendo desplazado de su cargo.

De modo que el empleo en negro responde a una lógica empresaria que
busca
deprimir los salarios y mantener las condiciones de flexibilidad laboral
que se agravaron los últimos años.(...)

No por casualidad dos actividades como el agro y la construcción,
que hoy
tienen ganancias espectaculares por la devaluación, los altos precios internacionales
y las ganancias especulativas en bonos del Estado,
ostentan
tasas de empleo en negro superiores al 60 por ciento. Lo mismo pasa en
los hoteles y restaurantes, otro sector reactivado por el turismo y el mayor consumo
de las clases altas, donde el empleo en negro engloba a unos 200 mil trabajadores.

El alto índice de empleo en negro tampoco se explica por
los supuestos altos costos laborales ya que por la mayor productividad
y
el menor salario real, el costo laboral por unidad producida
se redujo un 20 por ciento con relación al ya reducido nivel del año 2000".

Ismael Bermúdez advierte:

"El trabajador en negro a tiempo completo, en promedio, gana 707 pesos
que es casi la mitad de los 1.379 de un empleado privado en blanco,
según
los datos de Trabajo del tercer trimestre de 2006. Esto no incluye
lo que el empleador deja de pagar por sus propias contribuciones patronales.

En las grandes empresas y en el Estado rige otra forma de empleo en negro,
a través
de las pasantías (que pueden durar hasta cuatro años) o
los llamados contratos de locación de servicio que obligan al trabajador
a registrarse como monotributista.

El Estado, además, tiene empleo en negro a través de los planes sociales
con contraprestación laboral que abundan en municipios, escuelas
y hospitales públicos y que el Ministerio de Trabajo estima en
400 mil personas".

Fuente: revista Caras y Caretas Año 46 - N° 2.209/ abril 2007
info@carascaretas.com.ar

c. Con la población rural sometida
a sobreexplotación laboral desde
la infancia;
al terror de los 'feudos' provinciales
y un Estado nacional que la desprotege
totalmente o la reprime con
su gendarmería
y la tiene en cuenta sólo en
las elecciones como clientela disponible
a cambio de muy poco.

Elena Luz González Bazán (especial para ARGENPRESS.info /Fecha publicación:24-11-06) señala:

"La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define
«la población rural»
como aquélla que se encuentra en una densidad demográfica inferior a 150 habitantes por km2 y
a una distancia de las zonas urbanas (aquéllas con más de 100 mil habitantes)
superior a una hora de viaje.
De acuerdo a ésta última definición,
la población rural argentina alcanzaría el 45% de la población total.

Esta población representa para el Censo poblacional del 2001:
3.875.000 personas, el 10,7 por ciento de la población total.
Sobre esta realidad el INDEC y la Encuesta Permanente de Hogares EPH
nada dicen.

Cabe acotar que la tasa más alta de trabajo infantil se encuentra en estas zonas rurales
y la informalidad laboral más elevada está en la rama primaria:
el trabajo en la agricultura y ganadería.
Se debe
a que ya no está en vigencia el Estatuto del Peón Rural sancionado y
aplicado por el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946.
Al contrario,
en la actualidad rigen los decretos leyes de la última dictadura militar,
donde se sostiene entre sus tantas aberraciones: "Fidelidad al patrón".

Además, las zonas del paí###ás pobres tienen mayor nivel de trabajo en negro.
Las regiones o ciudades con mejor nivel económico se expresan en
menores niveles de trabajo no registrado o en negro. Este ejemplo es la Capital Federal(...)".

Fuente: www.rebelion.org
Opinión 26/11/06

La concertación K, mediante afiches de sus candidatos en Capital, dice: "juntos cambiamos al país,
ahora transformemos la ciudad" y "por la producción y el trabajo; por los derechos
de los trabajadores".

Tamaño cinismo puede tener éxito por la censura, el bastardeo a la política, la manipulación de
la opinión pública y
el enganche de los partidos de izquierda a la estrategia electoral del bloque dominante.

El gobierno de Kirchner se caracteriza por desmovilizar y desarticular todas las expresiones
y luchas
de los de abajo por proyectos de vida o trabajo.
Lo hace
para continuar profundizando la autocracia con consenso que corresponde
a la superlativa concentración y centralización del actual sistema capitalista mundializado.

De modo que ese "juntos" es un remedo del "síganme no los voy a defraudar" de Menem
del "apóyenme" de Kirchner hace un año o del reciente "ayúdenme, voy a ser atacado"
que formuló
después del intento de hacer pasar como atentado el vuelco de un camión frente
a su casa en Río Gallegos para desviar la atención general sobre el conflicto de docentes de
su provincia.

Coinciden las invocatorias de ambos presidentes en
el imperativo de persistir con políticas de Estado
arregladas dentro de la «comunidad de negocios»
a espaldas de las necesidades e intereses populares.

Ahora, ¿a qué cambios del país se refieren los afiches?
Por supuesto, los hubo. El bloque dominante debió establecerlos
a causa de:
-no poder sostener más la Convertibilidad,
-erradicar la rebelión popular del 2001 al 2002 y
-atender la reorganización global del capitalismo.

De modo que no fueron en favor de resolver los grandes problemas nacionales. 
En efecto,
el festejado crecimiento económico se basa en

• la superexplotación de los trabajadores
  y de la naturaleza a través de monocultivos a gran escala, oligopolios exportadores e intermediarios
  del agro y
  de extracción minera y petrolera;
   

• la producción para satisfacer a sectores con alto poder adquisitivo como la de las automotrices y
  la construcción mirando al boom inmobiliario
  por especulación financiera.

En consecuencia, se ha instaurado el Estado para el imperio e impunidad de los oligopolios
que crea
inseguridades de todo tipo para las grandes mayorías como la sanitaria, la vial, la edilicia,
la laboral, la habitacional, la educativa, la alimentaria...

El Estado bajo gestión de Kirchner no brega "por los derechos de los trabajadores" 
como
evidencia el simulacro de paritarias
que fijan el techo de aumento del salario para todo el año de los gremios con mayor peso
dentro de los que tienen trabajo registrado sin ninguna participación de los trabajadores
o
las luchas reprimidas y ninguneadas de los trabajadores de la educación y la salud públicas
por la dignidad de los salarios y las condiciones laborales.
Justamente,
los ministros nacionales de esas dos áreas
aparecen en ese afiche como garantizadores de los derechos de los trabajadores.
Yo no sé
si nos piensan disociados de la cotidianeidad o nos quieren desquiciar
porque la operación de intentar hacernos creer en mentiras fácilmente descubiertas como tales
se repite
con los precios de los alimentos.

La seguridad jurídica de nosotros
es imposible
mientras siga el gobierno-Estado
que cuida por la superexplotación
de
los trabajadores ocupados y por
el mantenimiento de
un alto número de desocupados
y subocupados ya que el actual
sistema de atropellos y abusos
depende
de ambas realidades.

Tener otro gobierno y otro Estado
nos exige solidarizarnos con
las luchas de los trabajadores
por
-erradicar el fraude laboral
que son el trabajo y el salario
en negro;
-erradicar la inclusión
chantajista
de la desocupación estructural;
-acceder a la canasta familiar;
-aumentar el presupuesto del
área y
-poner fin al desmantelamiento
del sector público.

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

La «seguridad» como poder tener proyectos de presente y futuro
hace
a la salud y felicidad de la persona. Pero hoy más que nunca es
imposible aspirar a ella sin comprometerse con hacer algo para
su manifestación en toda la sociedad, el país, el continente y el mundo.

Urge ese hacerse cargo de ser partícipe de encaminar el destino común
hacia
la calidad de vida de una creciente mayoría de Argentina, de América latina
y de la humanidad entera. Máxime cuando quienes componemos las grandes mayorías
del llamado tercer mundo: nos hemos convertido en población sobrante
para el sistema capitalista. 

En Sudamérica enfrentamos un avance del contubernio entre los factores locales de poder
y las potencias imperialistas de acaparamiento territorial y arrasamiento de la diversidad popular.
Tal proceso
es descrito para Brasil por Egídio Brunetto, miembro de la Coordinación Nacional del
Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.

Egídio Brunetto (Alai Amlatina),
en
"Reforma agraria. Por la justicia social y la soberanía popular"
(lema del 5º Congreso Nacional del MST que se llevará a cabo del 11 al 15 de julio de este año en Brasilia),
relata:

"En la década de los '90, el capital internacional concentró esfuerzos para apoderarse de
las grandes empresas estatales, tanto del sector productivo cuanto de servicios públicos,
y de empresas nacionales.
En un corto espacio de tiempo, menos de una década, el gobierno brasileño en connivencia
con los intereses del capital internacional, privatizó y desnacionalizó la economía brasileña.

Cumplida esa primera etapa, (ya al final de aquella década,
todavía bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso)
los intereses del gran capital, bajo hegemonía del sector financiero,
colocaron en la mira el control de territorios y de la agricultura brasileña.
Es decir,
el capitalismo trató de reproducir en el campo lo que ya había hecho en el espacio urbano.

Así, el capital financiero promovió un proceso de concentración de diversos sectores productivos
vinculados
a la economía agrícola, formando grandes conglomerados agro-industriales.
También, siempre bajo el dominio del capital financiero,
se promovió la centralización de varias ramas de la producción agropecuaria en una única empresa.

El tercer movimiento del capital financiero fue en la dirección de
promover
la internacionalización de la agricultura, a través de
la desnacionalización de las empresas agro-industriales y
de la internacionalización de los precios de los insumos y productos agrícolas.
Por último,
complementariamente a esos cuatros movimientos iniciales,
el capital financiero trató de asegurar el dominio de grandes extensiones de tierras,
promoviendo todavía más la concentración agraria en nuestro país.

A partir de esos movimientos, se consolidó un modelo agrícola
que
tiene como principales características:

• la utilización de grandes extensiones de tierras -grandes caseríos;

• las propiedades especializadas en un monocultivo;

• el control completo de la cadena productiva, desde la producción hasta la distribución;

• la superexplotación de los recursos naturales y de
  la mano de obra agrícola;

• el uso intensivo de fertilizantes e insumos químicos;

• la mecanización pesada;

• la utilización de poca mano de obra
  («una agricultura sin agricultores»); y,

• la subordinación de la agricultura a las empresas industriales y al capital financiero".

Egídio Brunetto advierte respecto al agro-negocio:

"Esa reestructuración económica de la agricultura promovió, consecuentemente,
una redefinición del perfil de la clase dominante en el campo que se opone a
la lucha por la reforma agraria.

Los movimientos campesinos no enfrentan más al latifundista atrasado, propietario de grandes extensiones de tierras improductivas.
Este tradicional enemigo de la reforma agraria fue sustituido
por
una alianza de clase que involucra a los capitalistas agrícolas (grandes propietarios), las transnacionales que monopolizan la agro-industria y el capital financiero.

Con el apoyo del Estado, este segmento social, denominado como agro-negocio,
logró
implementar un modelo agrícola altamente lucrativo, una vez que se especializó
en ocupar algunos espacios específicos del mercado internacional,
como el de la celulosa, de la soja, del zumo de naranja y del alcohol de la caña de azúcar.

Lucrativo sólo para cerca de 30 mil propietarios rurales que están insertados en ese modelo,
en un universo total de 4,9 millones de propietarios rurales.

Un modelo eficiente sólo para generar saldo en la balanza comercial y recaudar los dólares necesarios
para
que el gobierno continúe pagando los estratosféricos intereses de la deuda pública y
posibilitar que las transnacionales envíen a sus matrices los fabulosos lucros
que obtienen con las empresas privatizadas y desnacionalizadas en la década de los '90.

Ese modelo de agricultura de la clase dominante, orientado exclusivamente al lucro y a los intereses del mercado externo,
es incompatible
con el fortalecimiento de la agricultura campesina y disputa con los trabajadores rurales sin tierras, las tierras aptas para la reforma agraria.

Así, hoy el agro-negocio es el principal enemigo de la agricultura campesina y
de la lucha por la reforma agraria en nuestro país".

Egídio Brunetto comenta:

"Teníamos la expectativa de que la victoria electoral de 2002, con Luis Inácio Lula da Silva,
pudiese alterar la correlación de fuerzas y
frenar el proyecto de la clase dominante para la agricultura brasileña.

Pasado el primer mandato del gobierno Lula, esa expectativa fue frustrada.
El actual gobierno se mostró rehén de las políticas neoliberales,
dio continuidad a la política económica del gobierno anterior,
en ningún momento demostró disposición para enfrentar al latifundio y
atendió casi todas las demandas del agro-negocio.

Para los movimientos sociales del campo, su actuación se ha limitado a medidas asistenciales y de compensaciones sociales. Y como todos los gobiernos anteriores,
Lula se vanagloria de hacer la mayor reforma agraria de la historia del país.

Sin embargo, las familias permanecen en campamentos y el latifundio se siente intocable,
siendo que se trata tan sólo de una reforma agraria virtual".

Egídio Brunetto se refiere al proyecto del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil
señalando que

"esa ofensiva del gran capital en la agricultura brasileña elevó la lucha por
la reforma agraria a un nivel superior del que existía hasta entonces.
Fue superada la fase de la lucha corporativa por la reforma agraria
dentro
de los marcos de las reformas burguesas. Ahora, la reforma agraria ha adquirido
la dimensión de una lucha por cambiar el modelo económico y, consecuentemente, del modelo de agricultura implantado en el país por la clase dominante
y sus gobiernos".

Destaca:

"Continuaremos con nuestra lucha, concentraremos esfuerzos para que
en nuestro país se dé

• la democratización de la posesión de la tierra,

• la democratización de la renta y riqueza producida,

• la democratización del acceso a la educación e información y

que la población del campo sea beneficiada
con políticas públicas que le garanticen
condiciones de vida digna y
perspectivas de desarrollo social y económico".

Subraya:

"de modo más objetivo y concreto, hoy luchar contra el modelo del agro-negocio
significa
enfrentar a las transnacionales que monopolizan las actividades económicas de la agricultura,
derrotar el latifundio retrasado e improductivo que sirve como instrumento de dominación política
sobre poblaciones enteras;
derrotar el monocultivo y la  injerencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
que trata a los alimentos como simple fuente de lucro y explotación económica.

Para derrotar el modelo de la clase dominante, será nuestro desafío presentar a la sociedad lo que queremos con la agricultura brasileña.

Queremos un proyecto popular para la agricultura que

• asegure acceso y control del territorio a la población que vive en el campo;

• posibilite e incentive el uso de tecnologías que aseguran la preservación del suelo,
  de las aguas y de la biodiversidad;

• garantice la preservación de la identidad social y cultural de las poblaciones rurales,
  sea de campesinos, indígenas o «quilombolas»;

Queremos que haya políticas de Estado orientadas al fortalecimiento de la agricultura campesina y
de la producción de alimentos;
que promueva la implementación de nuevas matrices energéticas,
adecuadas a las condiciones y preservación del medio ambiente
y que
rompan con la dependencia del monocultivo
como es hoy la alternativa del agro-combustible defendido por las clases dominantes.

Queremos, por último, un proyecto popular para la agricultura que asegure
el concepto de soberanía alimentaria
-garantizando que todos los pueblos tienen el derecho de alimentarse y de producir su alimento-
y que las semillas sean un patrimonio de la humanidad y no propiedad de los laboratorios
de algunas transnacionales.

Por ello, la conquista de la reforma agraria extrapola los intereses y
la fuerza política de los campesinos.
Pasa a ser una lucha de la clase trabajadora. Pasa a ser una lucha que se inserta
en el desafío de construir un Brasil socialmente justo y soberano".

Fuente: www.rebelion.org
Brasil 19-4-07

Ideología:

La concentración, la desnacionalización, la desertización, las catástrofes socio-ambientales
y el despoblamiento del territorio de Argentina
se intensificarán, aún más, mediante los monocultivos (destinados a combustibles) a gran escala
y encima, transgénicos.

Desde la comunidad de formidables negocios de los factores locales de poder con
las potencias imperialistas,
se vuelve a la cantinela de «la globalización como única alternativa posible» para cerrar todo debate,
descalificar y bloquear la difusión de propuestas mirando por el bien común.
En efecto,
el editor jefe de Clarín Rural -Héctor Huergo- (en Clarín 10-4-07) sentencia:

"los biocombustibles no son ni buenos ni malos.
Simplemente,
son inevitables".

No contento con establecer la invalidez de todo disenso, formula argumentos para impulsar
los biocombustibles como:

1. "su expansión en el Primer Mundo se sustenta en
   la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles"
   por razones económicas (la suba no razonable del petróleo)
   y
   ambientales (el calentamiento global);
    

2. su precio elevado "no sólo asegura mejores ingresos
   para los productores y para el Estado (...)
   sino
   que brinda un horizonte promisorio de largo plazo.

Recordemos que hasta hace no mucho tiempo, se planteaba el riesgo económico
de la «soja dependencia». La nueva demanda de aceites vegetales disipa este temor.
Los aceites
subieron un 30% por el «efecto biodiesel».

En el caso del maíz, que tendía a desaparecer por su baja rentabilidad, los mejores precios
permitieron una mayor siembra, acompañada de un sofisticado paquete tecnológico.
Así,
se alcanzó la mayor cosecha de la historia (...). Las dos tercera partes se destinan
al mercado internacional y obtendrán precios un 60% más altos.(...)

Estos mejores ingresos se derraman por el interior. La parte que captura el Estado
se destina a atender la demanda social. La salud macroeconómica del Gobierno
tiene mucho que ver con esta bonanza (...)".

Premisas e hipótesis

a."¿ Se debe alimentar la esperanza
de
una nueva actividad, para abastecer
esencialmente un solo mercado,
que
en pocos años dispondrá de
una nueva tecnología,
seguramente cerrada y tendrá
un plan
de abastecimiento interno, por
razones de seguridad nacional?".
 

Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), (en Clarín 10-4-07)
explica:

"La producción actual de etanol en Estados Unidos se destina en un 70%
a sustituir un antidetonante (MTBE) que se usaba en las naftas.
El 30%
restante se mezcla hoy con naftas y es menos del 2% del consumo.
La aspiración es que, en el 2025, sea el 13% de la oferta energética total de Estados Unidos.

Para ello se prevé que, en 2012, se inicie la producción desde otra materia prima:
el pasto colchón,
una gramínea perenne con la que se necesitará cubrir la fantástica superficie de
70 millones de hectáreas, restándola al actual pastoreo.

Se desplazará al maíz porque se admite
-todos lo admiten, hasta el presidente Bush-
que su balance de energía es francamente pobre.

La energía contenida en el etanol de maíz apenas supera en 50% a la necesaria para llegar
a él desde la semilla. Aun ese pequeño excedente desaparece si el alcohol se transporta
a miles de kilómetros para ser consumido.
En cambio,
el pasto colchón tendría -cuando la tecnología esté disponible-
una relación de energía generada a consumida de 4 a 1, con un costo de procesamiento menor.

¿Por qué este apuro de Estados Unidos, que diseña un escenario mundial
con perdedores notorios?

Porque a las refinadoras de petróleo, con gran influencia
en la política norteamericana, les resulta vital mantener
el sistema actual de distribución de combustibles.

Deben consolidarlo ahora, en que están madurando
las tecnologías de autos impulsados a hidrógeno o
híbridos
que usan combustible y electricidad generada por
el propio vehículo.

Estas variantes, más la energía solar o la eólica o la hidráulica,
permiten
sistemas de producción descentralizada y consumo allí donde se genera.
Esto sería un horizonte negativo para las grandes corporaciones
petroleras o eléctricas.

Tal es la real discusión a escala mundial.
Se opta por el poder petrolero,
a expensas
de las energías auténticamente renovables
o
de algo muy sensato: el ahorro de consumo a gran escala.
La opción del Norte es política y no tecnológica.

El maíz argentino queda dentro de esta vorágine.
¿Debemos festejar el aumento de precios?
Consumir mucha energía a consumir en otro lado, ¿tiene algún sentido macro?".

Enrique Martínez comenta:

"Cuando en marcos como éste, promotores de inversiones dicen que hay una oportunidad
de hacer negocios,
me acuerdo de los bolicheros que aumentan el precio del agua mineral cada vez que
hay inundación".

Y pregunta:

"¿Por qué repudiamos a éstos y aplaudimos a aquéllos? ¿Cuál es la diferencia?".

b. ¿Se benefician todos los productores
con
los monocultivos transgénicos
en gran escala para exportar?

Nueva Rioja -por cortesía del Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina- informa:

"Desde las organizaciones del campo y el Gobierno advierten que los grandes grupos de siembra
concentran la propiedad de la tierra, practican el monocultivo y provocan éxodo de chacareros.
Por lo que presentaron un proyecto de Ley para frenarlos.

1. El avance sostenido de los pooles de siembra en suelo bonaerense
está desplazando del sistema agropecuario a los pequeños y medianos productores,
quienes no pueden afrontar los nuevos montos de arrendamiento por hectárea.

"La competencia de grupos como los Grobo o El tejar con el chacarero es desleal",
explicó el presidente de La Dulce Cooperativa de Seguros, Osvaldo Chiarle.
Por caso,
en la región de Necochea, Balcarce y Tres Arroyos los aranceles por hectárea aumentaron
un 83 por ciento en los últimos años.
Antes de la aparición de estos grupos el precio por hectárea, sujeto a variaciones
en el precio internacional del cereal, rondaba los 300 pesos, hoy asciende a 550.

Según el último censo agropecuario, sólo un 1,3 por ciento de
los productores bonaerenses explota el 53 por ciento de
las tierras productivas;
mientras que el 98,7 por ciento restante, pequeños y medianos productores, trabajan el otro 47 por ciento: menos de la mitad de
las tierras aptas para cultivo.

Debido a esta situación, la Federación Agraria Argentina (FAA) presentó en el Congreso un proyecto
para sancionar una nueva de Ley de Arrendamientos, que ordene los contratos agrarios y ponga freno
a la concentración de la tierra.

El secretario gremial de FAA, Omar Barchueta, aseguró que la concentración de
la tierra "no sólo está dejando sin posibilidad de trabajo a los productores locales, sino que,
también, está impactando negativamente en las economías regionales".

A su vez, el ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, advirtió que
"los pooles no compran nada en el lugar, ni el pan. Traen de afuera la semilla, las maquinarias,
el gasoil,
los agroquímicos, los camiones y en el pueblo no queda nada".
Fue tajante : "Vamos a estar condenados a tener campos ricos con pueblos pobres".

Por su parte el presidente de la Carbap, Pedro Apaolaza, aseguró que
"este avance de los pooles es absolutamente negativo en tanto
mantengan ventajas impositivas respecto del resto de los productores".

2. No sólo el precio de los arrendamientos se incrementó en el último período,
también
la superficie sembrada arroja cifras inusitadas.
Según datos de la Dirección Provincial de Economía Rural, en la Provincia existen 3.665.000 hectáreas dedicadas a la soja, casi la totalidad de los de 3,8 millones que hay en todo el país.

Según los datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, 10 mil productores sojeros en la Provincia -sobre un total de 80 mil en el país- concentran el 72% de los 40 millones de toneladas de soja que se producen a escala nacional.

Aunque los pooles dicen implementar la rotación de cultivos, productores de la zona de Necochea
aseguran que estas grandes empresas eligen el monocultivo".

c.¿Se puede hablar que el gobierno-Estado
no participa de esta reorganización
a favor
de los grandes grupos y
la especulación financiera?

1. Nueva Rioja transmite la siguiente reflexión:

"Lo que se busca es la mayor rentabilidad de la tierra sin importar
su conservación y hoy lo que más vale es la soja" aseguró
Jorge Duffard,
agricultor con más de treinta años de experiencia en la actividad.

Si bien el grupo Grobocopatel (Grobo) es el inversionista agropecuario líder -siembran más de 155 mil hectáreas en tres países -,
existen
también otros grupos económicos como El Tejar, Irsa y Lavas que invierten parte de las ganancias obtenidas en otros rubros en el campo. Actualmente en Argentina hay más de 100 mil millones de dólares invertidos en fideicomisos de este tipo.

Según explicaron especialistas en el tema,
este tipo de inversión irá incrementándose de forma sostenida en tanto no implica riesgo para quienes participan del negocio. Es que sea exitosa o no la cosecha, los inversionistas recuperan el porcentaje aportado al fideicomiso y quedan exentos de pagar impuesto a las ganancias.

Otro de los beneficios que atrae este negocio consiste en no establecer compromisos laborales
con personas específicas, puesto que los trabajos son tercerizados y los servicios contratados
en forma directa con las empresas líderes en agroquímicos y fertilizantes.
Así, la cadena productiva del campo se ve afectada en su totalidad".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés
15-4-07

2. Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural (www.grr.org.ar ),
en
su editorial del domingo 18 de febrero de 2007 en Radio Nacional(11.30 a.m.), relata:

"Esta semana estuvimos recorriendo la zona sur de la provincia de Entre Ríos, más concretamente:
estuvimos en el Departamento de Concepción del Uruguay. O sea que estuvimos en el corazón de
los antiguos pagos de Urquiza,  en las cercanías del Palacio San José.

Fuimos para verificar las denuncias que nos llegaban y la realidad que hallamos
superó
por lejos nuestras peores anticipaciones. El desierto verde de las Sojas transgénicas
se ha impuesto sobre la complejidad del paisaje entrerriano,
ha barrido los alambrados y hecho desaparecer la fauna y toda flora biodiversa
que no sea la del yuyito verde que colma de alegría a los progresistas y a los exportadores.
Ahora el panorama es una verdadera pinturita: sólo sojales hasta el horizonte.

De vez en vez, y contrariando la monotonía y la regla generalizada de ocupar con soja las banquinas, aparecen algunas zonas bajas donde pervive el antiguo paisaje de pastos y vacunos;
y algún arroyo con árboles y algún hombre de a caballo, nos recuerdan como una herida en los ojos,
aquel país que fuimos alguna vez...

Ahora, no hay perdices, ni liebres, ya no quedan pájaros...
El campo es un espacio hostil para la vida,
el campo es el territorio de los agronegocios y
la soja es su epítome inabarcable y glorioso.

La soja es el nuevo paradigma de la globalización,
la expresión de una monotonía implacable que
no es más que
la antelación de la muerte de los ecosistemas.

El campo como los shopping de los nuevos conurbanos anonimizados y
de los aeropuertos privatizados y sin alma, deviene rápidamente en reino de
los no lugares,  un reino acorde a la perspectiva brutal de los intereses corporativos hegemónicos del modelo de agricultura industrial de exportación.

Líbaros, Santa Anita, Herrera, y tantas otras pequeñas localidades entrerrianas
y los barrios periféricos de Basabilvaso, que visitamos o de los que tuvimos testimonios,
son la manifestación de una condena y
de
una crucifixión silenciada, una crucifixión que obliga a las poblaciones a desarraigarse
y emigrar a las grandes ciudades o a permanecer en sus lugares de nacimiento
bajo el encierro de las propias paredes,
y bajo el peso de sucesivos males y enfermedades propios de
un ambiente deletéreo en que la aspersión de venenos resulta constante
y absolutamente impune por parte de los sojeros y las autoridades cómplices".

Jorge Eduardo Rulli sostiene:

"Los sojeros, los pooles y los políticos que los respaldan y les aseguran las reglas de juego

• han transformado a esos pequeños pueblos
  antiguamente paradisíacos en un infierno difícil de describir;
   

• han condenado a la vez, a las poblaciones y en especial a
  las generaciones futuras a un destino pavoroso.

No tienen justificación alguna.

No tienen perdón tampoco las autoridades y los funcionarios en su actual indiferencia,
en la impunidad que les aseguran a los fumigadores y en la rentabilidad
que le aseguran a las Corporaciones que producen los tóxicos.

No tiene justificación ni perdón la progresía en ese entusiasmo por
transformarnos en un país productor de Biocombustibles,
en que
todos y cada uno de los actuales problemas, habrán
de multiplicarse exponencialmente hasta lo impensable.

Nos dicen que el modelo de la agroenergía transformará los campos agrícolas en campos de petróleo,
pero ocultan que la opción de alimentar los motores europeos y norteamericanos,
nos condena irremisiblemente al hambre, a la destrucción y a la definitiva contaminación de los ecosistemas.

Por este camino de crecimiento y de progreso en el que vamos,
en no mucho tiempo más, deberemos recordar las muchas tragedias argentinas
como la antelación en la historia contemporánea, de la gran tragedia impuesta por
los modelos de la neocolonización.

Con el extravío de los sentimientos nacionales operado desde las usinas de los multimedios;
en medio de una mutación civilizatoria y ante la catástrofe planetaria
que anticipan los cambios climáticos,

los modelos de la neocolonización son invisibilizados por
los mismos progresistas y desarrollistas
que han hecho de las políticas de los Derechos Humanos
un discurso evasivo sobre el pasado;
un discurso ideológico que maquilla el genocidio
a que se nos somete:
el del horror económico de la Globalización".

Fuente: www.lafogata.org
Argentina: La lucha continúa
26-2-07

3. Acerca de la colonización de las tierras y las modalidades de tenencia y uso de tierra ancestral

Maya Rivera Mazorco y Sergio Arispe Barrientos (Rebelión) advierten:

"Estamos ante una nueva etapa de colonización, que hemos venido a denominar
«recolonización»,
que se caracteriza por políticas a todo nivel
(educativo, político, cultural, científico, tecnológico, social y económico)
que
se insertan en cada uno de los países, ya no desde la ocupación al modo de la colonización tradicional,
sino
desde la inserción, en el interior de cada uno de los países, de la ideología recolonizadora posmoderna,
así como de las transnacionales que se instalan en sociedad con los propios estados,
garantizando la producción y reproducción de capitales y sus respectivos excedentes
de y desde el interior de los países subdesarrollados.

Si bien la tierra ha sido un eje central en toda tendencia colonizadora,
el territorio
recupera en la actualidad mayor énfasis. Es decir, no es solamente un espacio de tierra el que debemos proteger, sino también, el territorio con todos sus recursos renovables y no renovables más la población que vive en él y sus lógicas de convivencia con la tierra".

Fuente: www.rebelion.org
Bolivia
24/4/07

Frente a la «recolonización», organizaciones de los pueblos originarios y los campesinos
se plantean el desafío de:

"ejercer el derecho al territorio que significa acceder colectivamente a sus recursos y
controlar los procesos sociales, políticos y económicos
que ocurran en ese espacio".

Objetivo
que tienden a compartir con otros componentes de la diversidad popular.

La seguridad jurídica de nosotros
y de las generaciones futuras
nos exige
articular todas las luchas
por la vida a lo largo y ancho
del país
para ejercer ese derecho
al territorio local, provincial
y nacional que acabe con
el gobierno-Estado
al servicio de la globalización.

Implica no sólo reconocernos
diversos pero identificados
por la voluntad
de hermanarnos en construir
el destino común.
Sino, también, afirmarnos
en nuestras capacidades
de descolonizarnos y
liberarnos tanto nacional
como socialmente.