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Interbarrial Mayo 2006 |
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Rumbo económico
A. Propuesta del IMFC (abril de 2005)
De la propuesta
económica para refundar la nación del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos(IMFC),
me limito a resumir algunos aspectos.
1) Situación de Argentina en abril de 2005
"Nuestro país sufrió el colapso
del modelo establecido en el Consenso de
Washington,
al igual que el surgimiento de fenómenos políticos populares de características
novedosas;
sin embargo,
el modelo no está derrotado, el
poder internacional no se ha dado por vencido,
los representantes de la doctrina neoliberal
quieren llevar hasta las últimas consecuencias:
la apertura de los mercados,
la privatización de la banca pública,
los beneficios excepcionales de las empresas privatizadas de servicios públicos y
el estricto cumplimiento de
los compromisos con los organismos internacionales,
orientado incluso hacia
la reducción de esa deuda originada en los intentos de mantener un modelo que
se derrumbaba.
Ante esta situación, el
movimiento popular debe estar atento,
el cambio
no depende de un gobierno, sino
de la capacidad transformadora de los
pueblos
y
de la fuerza de su organización para vencer a un enemigo muy poderoso".
2) Exigencias para el cambio de rumbo económico
Consisten en:
Definición de "quiénes serán los actores de un nuevo rumbo económico.
En los noventa fueron las
corporaciones, los bancos transnacionales y los grupos económicos
quienes
constituyeron la base de sustentación y fueron los beneficiarios del proceso de
acumulación.(...)
Deber de ocupar ese lugar mediante "el sector de la economía social y
las pequeñas y medianas empresas.
Es a partir de
cambios en la propiedad -que reviertan la concentración y
extranjerización actual-
que
podrán sentarse las bases de una democratización del poder económico y de una
mejor distribución
del ingreso.(...)
Una de las bases de la
Propuesta del IMFC es la creación de
un amplio sector de la economía que denominamos
¨economía social¨
cuyos objetivos son
la satisfacción de las necesidades de la comunidad(sin fines de lucro) como
alimentación, salud, educación, vivienda, cultura y esparcimiento.(...)
Dentro de
este sector de economía social...
consideramos necesario promover
las empresas de
propiedad públicas y las empresas solidarias.
Las de propiedad pública pertenecen al conjunto de la comunidad
y
su representante jurídico es el Estado Nacional, el Estado Provincial
o la Comuna, tal como debería consagrarse en
una profunda Reforma Constitucional.
Su
gestión deberá ser tripartita, formada por representantes
del Estado, de los trabajadores de la empresa y de organizaciones sociales
representativas de
los sectores involucrados en la actividad de la empresa, por ejemplo,
organizaciones representativas de usuarios, consumidores, productores,
proveedores.
Esta forma de gestión
garantizará que la propiedad pública sea colocada al servicio de
las necesidades populares,
evitando la corrupción, la burocracia, el clientelismo y su cooptación
por los sectores del poder económico;
decidirá sobre la gestión de los recursos así como sobre la calidad y
precios de los bienes y servicios;
destinará excedentes provenientes de la explotación a
inversiones necesarias
para ampliar la producción, la variedad y calidad de los servicios,
mejorar el nivel tecnológico y capacitar a los recursos humanos;
tendrá como función específica de la participación de los representantes
del Estado (Nacional, Provincial o Comunal) de alinear su gestión
con
la planificación estratégica de cada jurisdicción;
deberá complementarse con mecanismos de democracia semidirecta(...)
y
tener estrechos vínculos con el sistema educativo y científico...
y recibirá el apoyo de la banca pública.
Por la
importancia estratégica de los sectores involucrados y sus amplios efectos
sobre
el conjunto de la actividad económica y el nivel de vida de la población,
consideramos que deberían ser de
propiedad pública:
las empresas de servicios públicos
(distribución de electricidad y de gas, agua potable, saneamiento, correo);las más importantes empresas energéticas(explotación de petróleo y gas,
energía nuclear, hidroelectricidad) yciertos bienes estratégicos como siderurgia y petroquímica.(...)
Las de economía solidaria son aquellas sin objetivo de lucro
cuya propiedad
pertenece a un colectivo o grupo de personas organizadas
en procura de producir un bien o prestar un servicio
dirigido a sus miembros o al mercado.
Son cooperativas, mutuales,
asociaciones civiles y algunas organizaciones no gubernamentales(ONG).
Su forma de gobierno y gestión"
debe
hacer que sus trabajadores tengan representación en la gestión;
cumplir con valores esenciales como la democracia y la libertad de asociación;
volcar sus excedentes o beneficios a las inversiones necesarias
para
ampliar y mejorar la variedad y calidad de la producción y en la capacitación de
sus recursos humanos;ser independiente del Estado
aunque si su actividad tiene un fuerte efecto
sobre
el conjunto de la comunidad, el Estado podrá
tener representantes en algún nivel de gobierno
pero
sin afectar el carácter de empresas autónomas.
3) Trabajo y salarios
"La solución a la actual
problemática del trabajo requiere modificar el eje de
la reforma laboral,
caracterizada por la flexibilización y la precarización laboral,
la explosión del trabajo no registrado, como así también por
la privatización
del sistema de regulación e indemnización de accidentes y enfermedades
laborales.(...)
El alto porcentaje de trabajos
en negro y los magros salarios pone de manifiesto
la mala calidad de los puestos creados en
la recuperación económica,
generando ocupaciones muy distintas de las que la Organización Internacional del
Trabajo
define como ¨trabajo decente¨.
Además de las políticas que
fomenten el crecimiento de la producción,
la solución al tema laboral
requiere comenzar por suprimir la legislación instalada en los'90,
que
ha degradado económica y socialmente el concepto de trabajo
y avanzar hacia la reformulación del sistema de regulaciones que
priorice
la reconquista de beneficios abolidos hacia un derecho laboral de corte
protectorio y generador de empleo.
La ley 25.877
de marzo de 2004 ha modificado sólo en lo formal la denominada ¨Ley Banelco¨
por lo que subsisten
sin cambios significativos las condiciones de flexibilidad laboral fomentada en
la década pasada.
Una clase trabajadora bien
remunerada, con capacidad de acceso
al cuidado de la salud,
a la educación de sus hijos y otros derechos esenciales
es
la mejor garantía para un desarrollo del mercado interno
que
constituye la principal fuente de demanda de las pequeñas y medianas empresas".
A continuación de establecer este
objetivo en común entre clases sociales fundamentales
a la voluntad de transformación de los pueblos,
el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos formula propuestas
sobre
salario mínimo, reducción de la jornada laboral sin reducción del salario,
protección del empleo existente,
negociación colectiva, capacitación laboral, derecho de huelga, control con
participación de los trabajadores,
prohibición del trabajo infantil,
seguridad laboral y obras sociales.
4) Sistema productivo
En la
producción industrial, algunas
políticas activas que el IMFC propone por considerarlas indispensables
para
recomponer la estructura productiva:
"La aplicación de políticas
de fomento que
-privilegien a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad regional;
-se oriente a la creación de puestos de trabajo y a posibilitar un proceso de
acumulación de
capital físico genuinamente nacional y en particular, en el área de la
economía social.
La política industrial debe
fortalecer las cadenas de valor agregado, de modo de producir
cada vez más bienes y servicios diferenciados,
a partir de criterios de calidad, de mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y de
creación de fuentes de trabajo.
El mercado interno debe ser
el espacio privilegiado de la política productiva.
La estrategia de competitividad implicará producir de manera eficiente y
abundante
para
el mercado local(...) y constituirá la plataforma para poder desarrollar un
proceso exportador
exitoso que incluya la venta de productos con valor agregado y trabajo
nacional.
La instrumentación de un
conjunto de medidas tendientes a re-industrializar a
las economías regionales
a partir de la incorporación de valor agregado a los recursos naturales que
poseen y
a configurar un nuevo perfil productivo que muestre dinamismo
en
lo que se refiere a la creación de empleo y de eslabonamientos productivos y
formas asociativas.
El establecimiento de
regulaciones que permitan revertir los procesos de concentración
y extranjerización de la economía
y abran la puerta para el desarrollo de una producción sustentada en un vasto
tejido
de pequeñas y medianas empresas nacionales.(...)
El desarrollo productivo debe
ser facilitado por la construcción de un verdadero
Sistema Nacional de Innovación,
con instituciones democratizadas (mediante activa participación de los
trabajadores
y pequeños-medianos empresarios) que permitan construir redes de servicios
orientadas a las empresas productivas.
Las inversiones públicas en
infraestructura deben proveer el marco para
el desarrollo industrial.
Apoyo
gubernamental a los trabajadores que, como principales artífices de
un plan
viable de reconstrucción económica,
desarrollan experiencias en las decenas de fábricas recuperadas".
En la producción agropecuaria, el IMFC explica:
"Concebimos a
la tierra como un bien social,
capaz de generar riquezas para quien trabaja en ella
y para el conjunto de la sociedad.
Por ello
propiciamos la sanción de leyes que
establezcan una reforma agraria integral
con sentido nacional e inclusivo,
y una política demográfica consistente con el desarrollo de las distintas
regiones de nuestro país.
La política agropecuaria debe
promover el aumento masivo de la producción en todo el territorio nacional,
la creación de nuevas fuentes de trabajo y
un aumento significativo de los saldos exportables,
en el marco de una política de Estado
que garantice la seguridad alimentaria para toda la población.
Es necesario establecer
políticas regulatorias que compensen al productor por las fluctuaciones de
precios, ordenen y equilibren las relaciones entre los distintos agentes que
intervienen
en
la cadena productiva, tendiendo a la reducción de la fuerte oligopolización y
concentración existente
en algunas etapas de dicha cadena".
Propone:
"Potenciar la producción de las cadenas productivas fortaleciendo los programas de
los organismos de ciencia y tecnología,
integrando los esfuerzos públicos y privados en investigación.
Crear instrumentos públicos de regulación, en especial para el comercio de granos
y carnes,
y el establecimiento de precios sostén para pequeños y medianos productores.
Promover la radicación de familias en el interior del país, organizándose a través de
cooperativas, aprovechando las tierras fiscales y los latifundios improductivos.
Impulsar normas para democratizar el uso y tenencia de la tierra y
la regularización de títulos de
los propietarios históricos (pueblos originarios y otros).(...)
Declarar de interés público la preservación de
las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias estableciéndose
un régimen protectorio de
las mismas en los aspectos financieros, productivos y comerciales.
Preservar el derecho al uso propio de semillas, fomentando el impulso a
una tecnología soberana en el desarrollo de la genética.
Conformar un nuevo sistema de colonización sobre la base de
las propuestas reseñadas".
B. Nacionalización para Evo Morales y para Néstor Kirchner
En el
editorial de La Jornada se afirma: