"Dictaduras militares y reorganización de las sociedades
 y de las economías de América latina

 Entre los años 1964 y 1984, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares. Pero, a diferencia de aquellas que representaron una continuidad del orden oligárquico construido en el siglo XIX, o de Las que interrumpieron la ampliación de los derechos de los ciudadanos propuestos por los movimientos sociales, en varios países del continente, las dictaduras militares que se desarrollaron a partir de la década de 1960, en países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, buscaron transformar económica y políticamente las sociedades en las cuales se produjeron.  Las principales características comunes que encuentran ¡os investigadores, al estudiar estas dictaduras, son:  • Su conformación en países con cierto nivel de industrialización (Argentina, Brasil), o países en los que existía cierta estabilidad histórica de las formas democráticas (Uruguay, Chile).  • El haber sucedido a un período de una amplia o intensa movilización de los trabajadores y de los sectores subalternos en general.  • El rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, tanto en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras, como en el ejercicio del gobierno.  • La articulación, en torno de los gobiernos dictatoriales, de una coalición que expresó los intereses de las clases económicamente dominantes.  • El ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos especializados en diferentes cuestiones, generalmente sin participación previa en partidos políticos (tecnócratas).  • La concepción de un proyecto de reestructuración de la sociedad, sobre nuevas bases económicas y políticas, a través de las cuales buscaron mantener los niveles de beneficio obtenidos por las principales empresas y revertir los avances que se habían hecho en materia de participación en la toma de decisiones de la mayoría de la población.  • La imposición del reordenamiento de la sociedad, en forma autoritaria, lo que exigió el uso permanente de la fuerza.  

Las políticas económicas Con el fin de lograr la transformación económica, en los distintos países se aplicaron un conjunto de medidas ligadas al liberalismo, entre las cuales la más importante fue la “apertura de la economía’ para la libre importación y exportación de mercancías, es decir, la eliminación de los aranceles que gravaban la importación de productos extranjeros.  Las dictaduras militares y sus políticas económicas se propusieron —y consiguieron— la consolidación y expansión de un número reducido de empresas nacionales y/o multinacionales, en muchos casos pertenecientes a un mismo grupo, que se hicieron cargo de la producción y se apoderaron de la porción mayoritaria del mercado.  Todas estas medidas económicas fueron posibles mediante el ejercicio de la violencia, la represión de las organizaciones sociales y sindicales —la mayoría de las cuales fueron intervenidas por los militares o directamente clausuradas—, y la violación de todos los derechos humanos.  La política de apertura de a economía llevada a cabo por las dictaduras militares de la década del 70. provocò el cierre de numerosas industrias que no lograron sobrevivir a la llegada masiva de productos importados(...)". Fuente Consultada: Pensar La Historia-Argentina desde una historia de América Latina Capitulo 5  (Voces y Silencios en América Latina)
Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/dictadura_latina.htm

Juan J. Calderón (partidodialectico@gmail.com) propone: "(...)Para librarnos de estas cadenas históricas, debemos cambiar nuestra forma y relaciones de producción. No sólo producir la materia prima, sino también convertirla y exportarla, buscando para eso socios europeos y orientales. Debemos dejar de ser subordinados políticos del imperio norteamericano y formar nuestros propios bloques económicos y tratados solidarios entre los pueblos latinoamericanos que permitan el desarrollo endógeno. Crear buenas relaciones bilaterales y multilaterales en Latinoamérica que permitan una fusión entre países pequeños que les permita ser más competitivos ante las exigencias de la globalización. Un ejemplo es la búsqueda del sueño de Morazán ‘la Unión de Centroamérica’ (...)".

Fuente: http://actualidadunah.files.wordpress.com/2009/07/13doctrina-de-la-seguridad-nacional.pdf

En consecuencia, cabe preguntarnos: ¿cómo la dictadura desde 1976 hasta 1983 formó parte de la reestructuración neoliberal y neocolonial de América latina que hegemonizó Estados Unidos y porqué la salida de esta impunidad no es la propuesta por Juan J. Calderón?

La «Doctrina de Seguridad Nacional» le otorgaba a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos un rol principal en la lucha contra el comunismo, y en los hechos esto significó el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a las dictaduras militares que se expandieron por el continente durante las décadas de 1960 y 1970.

La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. La doctrina fue un producto del pensamiento de la Guerra Fría, que mantuvo al mundo dividido en dos campos antagónicos. Fue ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y divulgada mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos, en Panamá.

La doctrina llega a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, quienes por primera vez extienden su papel de defensores de las fronteras nacionales con la defensa contra el propio pueblo. Además la doctrina propaga una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas con armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición, según conviene por otros motivos. Además, los insurgentes son considerados subversivos, traidores a la patria y por consiguiente no se los ve como sujetos de derecho sino como seres viles, animales o fuentes de maldad. Por esto la doctrina justifica utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar al enemigo.

Existía la convicción, en ciertas áreas del gobierno estadounidense, de que el bloque comunista (surgido después de la Segunda Guerra Mundial) tenía como principal objetivo el convertirse en la única potencia mundial y reorganizar la sociedad mediante la expansión del comunismo soviético (NSC-68). Sobre esta base se extendió el temor de que surgieran en los países 'subdesarrollados', especialmente en América Latina, focos de resistencia comunista. Los EE.UU. tenían sus intereses latinoamericanos bien protegidos por los gobiernos dictatoriales que habían instalado en épocas anteriores. Pero con la influencia de la revolución cubana de 1959 y el creciente pensamiento comunista o socialista entre los estudiantes, por primera vez surgía la idea de que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la seguridad nacional.

Precursores

Tiene dos vertientes, la primera de origen norteamericano y la segunda, de origen francés con la lección aprendida por el General D'Allegret tras las derrotas en las guerras de independencia de Indochina y Argelia. Es conveniente añadir que en Argentina, uno de los precursores de la doctrina de la seguridad nacional fue el plan CONINTES, sancionado y puesto en práctica durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958. La sigla significa «CONmoción INTerna del EStado» y consistía en poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad a disposición de la represión interna, permitiendo la militarización de los grandes centros urbanos y permitiendo allanamientos y detenciones a los líderes opositores. Durante la dictadura genocida de 1976-1983, los oficiales conocían dicha norma, pero paradójicamente "ignoraban" que fueran parte de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Empleando esta doctrina los Estados Unidos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras genocidas latinoamericanas, instaladas por la CIA, como la de Augusto Pinochet (en Chile), Alfredo Stroessner (en Paraguay), Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri (en Argentina, 1976-1983), Juan María Bordaberry en Uruguay, el general Banzer (en Bolivia, 1971-1978), la dinastía de los Somozas (en Nicaragua), El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil y Julio César Turbay Ayala con su famoso Estatuto de Seguridad (en Colombia, 1978-1982). Para implementar la doctrina, los Estados Unidos instalaron la Escuela de las Américas en Panamá. La idea fue de impulsar el equilibrio político en América Latina. Allí, durante casi cuarenta años, las técnicas más salvajes de interrogatorios mediante torturas fueron enseñadas a militares sudamericanos, quienes eran los encargados de efectuar el trabajo sucio de contra insurrección. (...)

Juan J. Calderón (partidodialectico@gmail.com) advierte:"Es notable también que las acciones de esta doctrina eran encaminadas al beneficio extranjero, ya que “con el fin de lograr la transformación económica”, en los distintos países se aplicaron un conjunto de medidas ligadas al neoliberalismo, entre las cuales la más importante fue la “apertura de la economía” para la libre importación y exportación de mercancías, es decir, la eliminación de los aranceles que gravaban la importación de productos extranjeros.

La incidencia de las Fuerzas Armadas en las cuestiones políticas se redujo notablemente, sobre todo a partir del fin de la denominada Guerra Fría, que significó el fin de las presiones de EE. UU. Para embarcarlas en la lucha contra la “subversión comunista” en cada país. A partir de entonces, EE.UU. ha comenzado a proponer, como nueva hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas del continente, la lucha contra el tráfico de drogas.

Efectos económicos, políticos, sociales y culturales

El propósito de esta doctrina, aunque se venda como una forma de defensa al orden social vigente, ha sido en realidad mantener la dominación y hegemonía de los EEUU sobre los pueblos latinoamericanos y mantener la hegemonía de las oligarquías dominantes nacionales, es decir, seguridad nacional ante el temible cambio. Entiéndase por cambio una redistribución de la riqueza, que permitiera el surgimiento de nuevos burgueses salidos de todos los estratos sociales y que menguara el control de las elites económicas ya existentes.

Este propósito se ha cumplido manteniendo relaciones comerciales asimétricas en que los pueblos latinoamericanos venden materia prima y compran producto terminado. Esto ha ocasionado un desequilibrio en la balanza comercial que ha incidido negativamente en los pueblos latinoamericanos. Esto no ha preocupado a las elites nacionales que por las altas tasas de desempleo en Latinoamérica, se permiten pagar sueldos pírricos por gran producción. Manteniendo sus bolsillos siempre llenos y las políticas siempre favorables por ser el sostén de las tristes economías nacionales.

Las dictaduras militares y sus políticas económicas se propusieron —y consiguieron— la consolidación y expansión de un número reducido de empresas nacionales y/o multinacionales, en muchos casos pertenecientes a un mismo grupo, que se hicieron cargo de la producción y se apoderaron de la porción mayoritaria del mercado.

Todas estas medidas económicas fueron posibles mediante el ejercicio de la violencia, la represión de las organizaciones sociales y sindicales —la mayoría de las cuales fueron intervenidas por los militares o directamente clausuradas—, y la violación de todos los derechos humanos.

La política de apertura de la economía llevada a cabo por las dictaduras militares de la década del 70. Provocó el cierre de numerosas industrias que no lograron sobrevivir a la llegada masiva de productos importados(…)".  Fuente: http://actualidadunah.files.wordpress.com/2009/07/13doctrina-de-la-seguridad-nacional.pdf

En consecuencia, el dominio de las transnacionales en asociación con todos los factores locales de poder no se da por simple prepotencia de organización global y modernidad tecnológica. Ante todo, resulta de establecer y actualizar la correlación de fuerzas que les es favorable a su impunidad de expoliación sin límite alguno.

 

Para triunfar en la lucha contra la diversidad popular a la que desposeen y mantener su subordinación, aplicaron los planes de reestructuración multifacética e integral de los países latinoamericanos.

24 DE MARZO: 30º ANIVERSARIO DEL GOLPE DEL '76

TREINTA AÑOS DESPUÉS

La dictadura, el gran negociado de la burguesía nacional

En un número anterior de Prensa Obrera (PO 933), demostramos que el golpe del 76 fue preparado y organizado por el imperialismo y el conjunto de la clase capitalista argentina. En este artículo vamos a explicar cómo en los años de la dictadura se consolidaron los grandes grupos económicos que son hoy la base social del gobierno Kirchner. (...)

En agosto de 1975, los grandes grupos capitalistas fundaron la Apege (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), cuya función política fue promover el golpe de Estado. La Apege estaba integrada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de Grandes Tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Es decir, el 99,9% de la burguesía nacional y del imperialismo.

Su programa planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.

Para la “supresión directa” de los “obstáculos legales”, la burguesía necesitaba un completo cambio de régimen. La naturaleza reaccionaria y fascistizante del régimen que pretendía imponer la Apege era clara cuando se refería a “la supresión directa (de los) obstáculos de otro orden”: las comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas combativos del movimiento sindical. Las listas de activistas a secuestrar por las fuerzas represivas eran provistas por las propias patronales (y por la burocracia sindical aliada a ella); los “grupos de tareas”, en numerosos casos, actuaron dentro de las propias plantas, con la complicidad de las patronales. Balbín, jefe de la UCR, planteaba la nacesidad de suprimir a la “guerrilla fabril”.

El programa de los “capitanes de la industria”, de la oligarquía y de los banqueros planteaba no sólo la liquidación de toda la legislación laboral sino un auténtico “pinochetazo” económico y social.

La burguesía prepara el golpe

Mientras las huelgas obreras crecían, la descomposición del gobierno peronista se aceleraba. La burguesía pasó entonces a la preparación activa del golpe.

La gran burguesía se lanzó a desorganizar por completo la vida económica. Promovió la inflación y el desabastecimiento; la especulación desenfrenada, la fuga de divisas, la cesación de pagos con el exterior y organizó la “huelga impositiva”.

El objetivo de este caos económico planificado era, por un lado, disciplinar detrás del golpismo a la mediana empresa y a la pequeñoburguesía; su objetivo principal, sin embargo, era paralizar a la clase obrera desquiciando sus condiciones de vida materiales hasta extremos intolerables.

El viernes 18 de diciembre de 1975, se levantó un sector ultraderechista de la Fuerza Aérea reclamando que Videla sea designado presidente. El golpe quedó aislado; la dirección de las Fuerzas Armadas entendía que el golpe debe ser “institucional” (encabezado por los jefes de las tres fuerzas). Los altos mandos dudaban, además, sobre las reacciones que podrían provocar. Tanto los partidos como la CGT se abstuvieron de intervenir. Pero ante el temor de que el lunes, con el retorno al trabajo, estallaran huelgas espontáneas, la CGT convocó en la noche del domingo a un paro general. El golpe de Capellini se hundió de inmediato; el golpista Agosti desplazó a Fautario en la jefatura aeronáutica. El gobierno perdió así su último respaldo en las Fuerzas Armadas.

El fracaso de Capellini provocó un reflujo del golpismo, que queda anulado pocos días después cuando –en vísperas de la navidad– el ERP atacó el cuartel de Viejo Bueno de Monte Chingolo. La revista The Economist anunciaba que el ministro de economía del nuevo gobierno sería José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino y de Acindar. En un “mensaje de navidad” desde Tucumán, Videla le puso fecha: noventa días… el 24 de marzo de 1976.

El lock-out de la Apege

Durante los primeros setenta días de 1976, la burguesía nacional –nucleada en la Apege– profundiza el caos económico y arma el “respaldo civil” del golpe.

El 16 de febrero, la Apege convocó a un “lock-out” contra el gobierno. En su proclama admite que “existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”. Negro sobre blanco, los grandes capitalistas reclamaban terminar con el régimen político parlamentario y con la legalidad de las organizaciones de las masas.

Era una ofensiva de conjunto de la gran burguesía para forzar el golpe. Incluso los sectores organizados en la CGE (la más afín al gobierno peronista) se suman a la “protesta”: después de que su dirección declarara la “libertad de acción”, nueve de sus federaciones, entre ellas la poderosa federación industrial de Córdoba adhieren al paro declarado por los “capitanes de la industria”, la Sociedad Rural y los banqueros. “Colocados entre la ofensiva de la Apege y la belicosa resistencia obrera, (la CGE) se ha plegado, como explotadores que son, al paro del 16”. Una semana después, entre el 21 y 28 de febrero, la propia CGE llama a una “semana de protesta”.

El 16 de febrero la paralización fue total. Según Carlos Túrolo, autor de “De Isabel a Videla”, la masividad del paro de la Apege “fue la prueba de amor que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Ese día prestaron mucha atención y se quedaron tranquilos cuando vieron que cerró desde la industria más grande hasta el kiosko más chiquito”.

Frente al paro patronal, la CGT se negó a movilizar a la clase obrera. Una solicitada (del 13 de febrero) no propiciaba ninguna medida de lucha y llamaba a los explotadores a “reflexionar”. Sólo en las fábricas dirigidas por sectores combativos e independientes se realizaron asambleas y se reclamó la ocupación de las plantas en caso de ocupación.

La parálisis de la burocracia sindical frente al lock-out de la Apege convenció a los golpistas de que no tenían nada que tener por ese lado. La única resistencia podía provenir –como efectivamente ocurrió– de las fábricas dirigidas por delegados clasistas. Por eso, entre el lock-out del 16 de febrero y el golpe del 24 de marzo, el terrorismo contra los activistas y delegados batió todos los récords.

Con Videla, la Apege en el gobierno

El 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe más anunciado de la historia argentina.
Las asociaciones patronales saludan alborozadamente al nuevo gobierno. El 5 de abril, cuando se reanudan las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires, la burguesía “saludó” el ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada.

Al frente del Ministerio de Economía estaba José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de Acindar y del Consejo Empresario Argentino (CEA). El CEA había sido fundado en 1969 “ante la creciente presencia de los representantes de empresas internacionales en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (…) Reunía a dueños y gerentes de los grupos que crecieron en los ´60 y ´70, a la sombra de los grandes proyectos de obras pública y se fortalecen como proveedores del Estado nacional”.

El CEA estaba integrado por lo más granado de la burguesía nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc. La actual AEA (Asociación Empresaria Argentina) es la continuidad (social y política) de la CEA del golpe videliano.

La Sociedad Rural se quedó con la secretaría de Ganadería. Adeba con el BCRA (...)".
Fuente: http://andercismo.wordpress.com/2006/03/24/dictadura-militar-argentina-24-de-marzo-1976-2/

Javier Torres Molina (Rebelión), en "Modelo y reorganización laboral del programa económico de la dictadura militar", agrega: "Siguiendo el trabajo de Jorge Schvarzer,  el programa económico de la dictadura centró su esfuerzo en “La modificación de las condiciones de funcionamiento del sistema financiero local y la apertura acelerada de la economía (y sobre todo del las finanzas) (...) Esas maniobras fueron acompañadas por una baja en el salario real (fenómeno considerado ‘natural’ por el equipo económico) y un deterioro de los sectores productivos”, siendo el sector industrial el mayor afectado por esas políticas “pues sufrió el peso de los costos financieros, la competencia externa (a medida de que se levantaban las barreras de importación) y la desaparición de buena parte del sistema promocional puesto en vigor durante medio siglo anterior”. 

Para el mencionado autor, la aplicación del programa económico en cabeza del ministro Martínez de Hoz “logró modificar la estructura del poder económico (y político) en favor de los dueños del dinero y, sobre todo, de aquellos que operan en el mercado financiero”. La política de endeudamiento y fuga de capitales impuso una política de valorización y especulación financiera a través del endeudamiento externo llevado adelante por grandes empresas, bancos y grandes ahorristas que en última instancia tuvieron que ser cancelados a través del propio del Estado. En definitiva, el objetivo de las medidas fue liquidar el poder social y político de la burguesía urbana nacional y del movimiento obrero que se asentaba en una estructura económica y social construida desde fines del ’30 y disciplinar económica y socialmente a toda la sociedad argentina.  

El discurso económico  Más allá de los resultados, creemos conveniente señalar algunos de los argumentos que utilizaron quienes fueron los encargados de llevar adelante el modelo económico que aplicó la última dictadura. A pocos días de asumir, el ministro de economía Martínez de Hoz expresaba cuales iban a ser las ideas centrales de su gestión: “Lograr el saneamiento monetario indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía (...) Acelerar la tasa de crecimiento económico (...) Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”. 

Aplicados a rajatabla los postulados de la corriente monetarista conocida como la Escuela de Chicago, cuyas ideas se asientan en el rechazo a las políticas keynesianas y de intervención del Estado en la economía, y a que la tasa de desempleo puede resultar ser un indicador natural de la marcha de la economía que en todo caso se puede reducir a largo plazo. En definitiva, por fin se pudieron plasmar las políticas de ajuste siendo el programa económico de la dictadura pionero en el mundo en aplicar políticas que más tarde se conocieron como neoliberales. Decimos por fin ya que la implementación de esas políticas no eran nuevas en sus formulaciones, ya que habían sido planteadas con distinto éxito por ministros de economía como Alsogaray o Krieger Vasena, y poco tiempo antes del golpe a través del Rodrigazo con las políticas de ajuste, que fueron derrotadas por la movilización del movimiento obrero, siendo ésa una de las causas que originaron el terrorismo de estado: en 1976 ese modelo económico sólo pudo ser aplicado a través de políticas represivas. Esas ideas permanecieron más que vigentes con el advenimiento de la democracia y a partir de los ‘90 se realizó una profundización de esas políticas, aunque ya no fue necesario el uso de la fuerza. (...)

Es decir, que por la aplicación de ese modelo económico, se produjo una expansión de determinados agentes económicos que obtuvieron “cuasi rentas de privilegio”, que según Castellani no son derivadas de innovaciones tecnológicas, sino que “se originan en un conjunto de regulaciones estatales que permiten que las empresas fijen posiciones oligopólicas en sus respectivos mercados”.

Se trató de un grupo selecto de empresas del sector industrial, que la autora denomina complejo económico estatal privado integrado por empresas públicas, privadas y mixtas que operan en el sector petrolero, construcción de obra pública y en algunos servicios como la provisión de gas, electricidad y comunicaciones: “La realización de estas actividades implican, generalmente, la existencia de vinculaciones preferenciales entre el sector público y el privado que permite sostener la expansión de las firmas privadas, gracias a la conformación de contextos privilegiados de acumulación”.

Así se fue desarrollando un nuevo marco donde emergieron grandes empresas- la mayoría nacionales- que fueron beneficiarios de las privatizaciones periféricas o con concesiones de obras públicas. Para Schvarzer se consolidó una fracción de la burguesía integrada por “empresas grandes, con tendencia a formar conglomerados en torno a las actividades que brinda el sector público, con precios y mercados determinados en forma externa e independiente de sus costos (...) Empresas que nacen a partir de decisiones del sector público y que crecen en función del espacio dejado por éste con un dinamismo que, objetivamente no depende de ellas”.

Como uno de los datos más salientes del modelo económico que se aplicó durante la dictadura, se puede resaltar la consolidación “de una nueva y poderosa fracción de la gran burguesía argentina” que en los años subsiguientes obtuvo un “inmenso poder económico y político imposible de soslayar”, según expresa Castellani.

Por ejemplo, la rentabilidad de las empresas vinculadas al complejo económico estatal privado aumentó de 7,6 % en 1976 a 24% en el 83. Pero esos datos adquieren aún más relevancia si se tiene en cuenta que el impacto que tuvieron las medidas económicas sobre la actividad industrial. En efecto, en el citado trabajo de Azpiazu, Basualdo y Khavisse se destaca que el PBI industrial de 1983 equivale al 90 % del que se generó una década atrás (1973), fenómeno solo comparable “en casos de destrucción física de los medios de producción (como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales) o de programas económicos monetaristas como los implementados, también, en otros países del cono sur latinoamericano”, agregando los autores que “la contracción del nivel de actividad industrial constituye la repercusión más relevante de la política económica del régimen militar”.

El proceso de reorganización del mercado laboral

“La razonable distribución del ingreso” que había planteado Martínez de Hoz tuvo su correlato en los sectores asalariados.

Aumento de la desocupación, deterioro de la calidad del empleo y menor poder adquisitivo de los salarios son otros de los elementos esenciales a la hora de describir tanto las consecuencias como las causas de la aplicación del modelo económico.

“El mercado de trabajo se caracteriza, a partir de 1976 y más específicamente del segundo trimestre, desde la concreción del golpe militar,- señalan Azpiazu, Basualdo y Khavisse- por la expulsión sistemática e ininterrumpida de trabajadores que solo se revierte en 1983, cuando la ocupación en el sector se incrementa un 3,3% y se alcanza un nivel equivalente a menos de los dos tercios de la dotación personal existente antes del golpe militar de 1976”.

El resultado de las medidas económicas fue un deterioro en la calidad del empleo -más adelante a esa situación se la denominaría flexibilización laboral- que significó la prolongación de la jornada media de trabajo, la disminución del salario real y del costo salarial ambos en casi un 20%, congelamiento de salarios y deterioro del salario real superior al 30%.

Ese golpe a los sectores asalariados por supuesto fue acompañado con la disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT), la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial.

La congelación del salario y la liberalización generalizada de precios significaron sólo en 1976 la pérdida de un tercio de los ingresos de los trabajadores, que si bien en lo sucesivo en algunos sectores se reacomodó el salario, nunca más alcanzaría los niveles anteriores al golpe militar.

En ese contexto, y si se comparan con los ajustes realizados un año antes del golpe, surge como clara diferencia la aplicación del terrorismo de estado como único medio capaz de imponer medidas económicas de ese tipo, que en última instancia tuvieron como principales motivaciones aplicar una redistribución del ingreso en favor de los sectores dominantes de la economía y por lo tanto reduciendo la participación de los asalariados en el ingreso nacional.

Las medidas económicas “generaron un profundo impacto negativo en lo social, no solo reconfigurando económica y socialmente a la clase obrera, y a los asalariados en general, sino también en el desmantelamiento del Estado de compromiso social construido varias décadas atrás”. La disminución de los aportes en los presupuestos de salud, educación, seguridad social, y la transferencia de responsabilidades –y no de recursos- a las provincias y municipios son indicadores de ese proceso, que también castigó a las capas medias.

Rodolfo Walsh en el texto que ya hicimos referencia expresaba: “Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ‘racionalización’".

Lamentablemente ese panorama que se describía al cumplirse el primer año de la dictadura militar se ha profundizado proporcionalmente a la cantidad de años en que se continuaron aplicando esas políticas y a las víctimas no sólo hay que medirlas de acuerdo al número de desaparecidos y asesinados, sino en relación a la cantidad de mujeres, hombres, niños, ancianos excluidos y marginados del sistema económico y a las existencia del hambre en un país como Argentina".
Fuente: www.rebelion.org /Argentina / 22-3-09

"La producción de agrocombustibles
Verdades y mentiras

Acerca de declaraciones de Greenpeace y el rol de las ONG en las estrategias del ordenamiento global corporativo

Esta semana se ha hecho público el comienzo en la Argentina del uso de la mezcla obligatoria de gasolina con etanol y de gasóleo con biodiesel. A propósito de ello, nos llama la atención y nos preocupa que el referente local de la ONG conservacionista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, afirme que “la posible competencia por el uso del suelo con la producción alimentaria, quedó atenuada por la nueva Ley de Bosques (26.331), que frena el avance de la frontera agropecuaria para monocultivos como la soja”. Solo se necesita observar cómo han quedado los mapas de los Planes de Ordenamiento Territorial, para darse cuenta que lo dicho por Villalonga es totalmente falso, ya que en su mayor medida, las provincias han habilitado extensas zonas para el cambio de uso de suelo, lo que implica seguir utilizando las tierras para cualquier tipo de monocultivo e incluso aumentarlas en zonas con ecosistemas boscosos. Aún peor todavía, Villalonga afirma que el agrocombustible de soja, “en los cálculos más optimistas, permite una reducción de emisiones de 31 por ciento promedio” y que “el dato varía mucho según el rendimiento de la cosecha”. El director de la ONG olvida señalar la cantidad de insumos que se emplearán, así como todos los efectos a largo plazo en la tierra utilizada para lograr ese supuesto rendimiento.

Por otro lado, es necesario recordar el prontuario del ingeniero Osvaldo Bakovich, coordinador de Biocombustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, ya señalado en un documento del GRR en febrero de 2007, La Génesis de una política Agraria (Stella Semino, Jorge Rulli): “Uno de los ejemplos que nos preocupan (…) es el del proceso de gestación de la ley de promoción de los biocombustibles en la República Argentina. Esta ley fue generada desde el ámbito de las empresas privadas con la colaboración de algunos pocos funcionarios de Estado. Hoy, muchos de aquellos consultores privados de los primeros foros dedicados a diseñar la política nacional sobre biocombustibles son altos funcionarios y deciden las políticas públicas. Uno de aquellos ex consultores, es hoy, nada menos que portavoz de la Secretaria de Energía de la Nación en el tema de biocombustibles, Osvaldo Bakovich, justamente a cargo de la aplicación de la ya promulgada ley de promoción a los biocombustibles. El Ingeniero Osvaldo Bakovich, en su capacidad de consultor privado en el 2003 organiza los primeros talleres dedicados a diseñar, la futura ley de biocombustibles. En el año 2005 fue miembro fundador y uno de los titulares de de la Asociación Argentina de Biocombustibles, la cual trabajó estrechamente con Asociaciones de productores de Soja y Maíz, Bolsa de cereales (Aappresid, Asagir, Maizar, las Bolsas, ACSoja, la Sociedad Rural, FAA, Coninagro, CRA). En 2006, ya como representante de la secretaria de Energía de la Nación Argentina, presentó en el Congreso de Mercosoja 2006, un documento titulado El nuevo paradigma energético: el Biodiesel.”

Debemos decir que, la ley de Biocombustibles, subsidia su propia producción.  Las exportaciones de biodiesel, deben pagar  retenciones del orden de 14% (la soja grano paga el 35 %), pero a su vez tienen un reintegro de 2,5%. Ese diferencial resultante, es precisamente, lo que lo haría más competitivo y evidentemente, representa un subsidio encubierto que responde a políticas de Estado no claramente reconocidas.  Por otra parte, debemos recordar la amenaza que para la producción de alimentos significa siempre la producción de Agrocombustibles. El Dr. Reinaldo R Muñoz. Jefe de Estudios Económicos del INTA Pergamino, ha expresado recientemente refiriéndose al hecho de destinar tierras agrícolas a la producción de agrocombustibles, que: “…puede detonar un conflicto alimentario muy grave con repercusiones aún desconocidas para los países más pobres. En lo mediato pueden traer un encarecimiento generalizado de los alimentos” 

 Una vez más, tenemos como GRR, la obligación de recordar que, desde los años noventa, sufrimos un grave proceso de neocolonización corporativa, que se mantiene y profundiza  un proceso extractivista que se apoya en modelos de agro exportación y agronegocios. La sojización y la Biotecnología son los ejes de las actuales dependencias, a las que se les suma en forma creciente la producción de agrocombustibles. No comprender esta ecuación básica de la realidad argentina, por falta de Conciencia nacional o por ausencia de pensamientos complejos, implica cerrar los ojos a la actual tragedia argentina y hacer el juego a las Corporaciones. Ese es el rol que pareciera se han dado ciertas ONG y muchísimos intelectuales: el de fragmentar las miradas abarcativas y someter los fragmentos a las lógicas de un mercader.

Rebela que sean las grandes ONG como Green Peace, Fundación Vida Silvestre y Proyungas, las que estimulen la generación de agrocombustibles cuando ellas mismas han sido  quienes, en la mayoría de los casos, han participado activamente en los POT (Planes de Ordenamiento Territorial) que habilita la Ley Nacional de Bosques Nativos y han dibujado arbitrariamente y siempre a favor de la voracidad de las corporaciones de los agronegocios, las zonas que pueden desmontarse y entregarse al monocultivo (Soja o caña de azúcar). Ellos mismos avalaron asimismo, las zonas de protección que también van a ser gradualmente modificadas en el incontenible avance de las industrias extractivas y productoras de agrocombustibles, destruyendo las últimas selvas y bosques de las provincias del norte argentino".

Fuente: http://www.grr.org.ar/ 19-2-2010

◊"No a la Ley Antiterrorista

El Gobierno de Kirchner hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista en tiempo récord.

Tenemos que unirnos contra este avance represivo.

El pasado miércoles 6 de junio de 2007 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor, correspondiendo a Vilma Ibarra la defensa pública del proyecto en consonancia directa con Cristina Kirchner impulsora del mismo en la Cámara Alta y 1 en contra, del senador del Partido Socialista Rubén Giustiniani.

El proyecto aprobado por el Senado fue girado el mismo 6 de junio a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, con mucha celeridad, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y penaliza la financiación del terrorismo.

En la sesión de este miércoles 13 de junio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por mayoría y lo convirtió en ley, con los votos del Frente para la Victoria, la UCR y algunos partidos provinciales, con la oposición del ARI, el PS, más los diputados Carlos Tinnirello y Miguel Bonasso, pasando ahora el proyecto a manos del propio Kirchner para su promulgación, la cual se descuenta ya que él mismo la ha redactado y promovido.

La sanción de esta ley tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.

Esta Ley Antiterrorista se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del “Derecho Penal del Enemigo”, y el “Derecho Penal de Autor”, creando delitos que no penan hechos, sino a sus autores por el sólo hecho de ser un luchador, trabajador, o por pertenecer a una organización política, social, gremial o de derechos humanos. Es en este marco que se utiliza la figura de la asociación ilícita, que ha sido usada tanto por gobiernos de facto como constitucionales para reprimir a los trabajadores y el pueblo.

Esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquél que forme parte (por el sólo hecho de ser parte) de una organización (estudiantil, barrial, política, social, gremial) que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta es un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (ej. FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que la organización (llamada en el proyecto: asociación ilícita terrorista), tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político (no podemos saber como se interpretará este requisito, pero la existencia de más de 5.000 personas procesadas penalmente por luchar, nos da un indicio), que esté organizada en redes internacionales (las organizaciones políticas y sociales suelen tener contactos y relaciones con otras organizaciones internacionales) y dispongan de cualquier medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas, agravándose la pena para los jefes de la organización.

Se aprecia claramente la vaguedad de los términos utilizados, los cuales permiten una gran amplitud por parte del intérprete sobre que es una organización terrorista, lo cual plantea el serio y fundado peligro de que esta herramienta represiva sea utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a ellas mismas.

Reprime con prisión de 5 a 15 años, a todo aquel que colabore de alguna manera con cualquier integrante de esta organización “terrorista”, independientemente que esa persona u la organización efectúe acto o hecho alguno.

Esta legislación asimismo es sumamente retrógrada en materia de refugio y asilo político.

La ley amplía las facultades ya de por sí amplísimas de la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación , para investigar y atacar las fuentes de ingresos de las organizaciones sociales, y políticas populares disponiendo (arts. 4 a 8 de la ley) que se las debe investigar, pudiendo disponer de los servicios de todas las agencias de inteligencia del Estado, teniendo acceso a cualquier tipo de información sobre cualquier persona sin importar el carácter de los datos, solicitar la suspensión de cualquier operación o acto aún antes de su realización cuando existan a su criterio indicios de que se trata de dinero proveniente o con destino a un “integrante” u “organización terrorista”, solicitar la confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares.

Por medio de esta ley (la cual se complementa entre otras con la 25.241, 25.246 y los diferentes tratados internacional sobre terrorismo) se profundiza la institucionalización de los infiltrados y provocadores en las organizaciones obreras y populares, así como la incorporación de la figura del arrepentido (art. 9 que hace aplicable la ley 25.241), etc.

Con esta ley el Gobierno de Kirchner dice responder a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habían adelantado que considerarían a la Argentina como "país no confiable para las inversiones" si no sancionaba una norma que castigue al terrorismo antes del 23 de junio.

Ante las presiones internacionales de Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros) sobre Argentina y el resto de los países de América Latina, y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado “terrorismo”, siendo por su iniciativa que, la República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el cual cuenta con un centro de detención especial –una cárcel al margen de la ley- para “terroristas” ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de Kirchner manipula el atentado a la AMIA para justificar la sanción de la Ley Antiterrorista , cuando es el propio Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de los Estados Unidos e Israel. Ni el atentado a la AMIA , ni ningún otro de los crímenes cometidos contra el pueblo argentino se resuelven con esta Ley Antiterrorista, la cual esta al servicio de la impunidad de ayer y de hoy.

Cuando aún se encuentra pendiente la solución de los grandes problemas del pueblo argentino, el Gobierno de Kirchner promueve la aprobación de legislación que desarrolla y legitima el poder de represión en manos de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, a pesar de que el propio Presidente ha reconocido que dentro de los mismos aún trabajan sectores importantes relacionados con la represión de la dictadura.

Mientras tanto continúa desaparecido el compañero Jorge Julio López, secuestrado hace más de 9 meses, siguen las amenazas y secuestros a testigos, querellantes de hechos perpetrados durante el genocidio de la dictadura, se mantienen los indultos y la impunidad para los genocidas y se profundiza la represión a los que luchan, como lo demuestra el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba en Neuquén y la militarización de la provincia de Santa Cruz, donde la ciudad de Las Heras fue ocupada por la Gendarmería y desde hace un año y cuatro meses mantiene como rehenes a seis presos políticos. Del mismo modo siguen detenidos compañeros de organizaciones que confrontan con el gobierno, o permanecen presos a la espera de resolución del juicio de extradición seis campesinos paraguayos que vinieron a la Argentina a solicitar refugio.

Con esta política, el Gobierno no sólo sostiene la impunidad que dice combatir sino que avanza día a día en la represión a las luchas del movimiento obrero y popular".

 

NUESTRA RESPUESTA NO SE PUEDE HACER ESPERAR!

Es por esto que llamamos a unir todos los esfuerzos de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados para repudiar e impedir la aplicación de la Ley Anti-Terrorista , así como para luchar por su derogación y la de los tratados internacionales que le sirven de base, coordinando actividades, movilizaciones y todo tipo de acciones políticas".

Espacio Memoria, Verdad y Justicia
Buenos Aires, 13 de junio de 2007

Fuente original: 30anios.org.ar Fuente: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1803  /29-6-07

El Dr. Salvador María Lozada, presidente de Instituto Argentino para el Desarrollo Económico; presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional; ex profesor titular ordinario de la Universidad de Buenos Aires señala:
 

◊ "La sigilosa y terrorífica Ley Antiterrorista /

especial para IADE-Realidad Económica

 Mientras politólogos y sesudos periodistas deshojaban metafóricas margaritas ideológicas y escrutaban las crípticas virtudes de los tres candidatos y sus antecedentes poco atractivos, el poder real, el poder en las sombras disponía de la mayoría de senadores y diputados para producir, con robótica diligencia, el hecho consumado.

Mientras se desentrañaba cual de los candidatos obtendría el cargo “municipal y espeso”, como hubiera dicho Rubén Darío, tarima desde la que cualquiera de ellos, al igual que sus predecesores, exhibiría más o menos las mismas inepcias y cometería más o menos los mismos desafueros, el país se encontró con la ley antiterrorista.

Como todo documento, una ley no puede ser juzgada sino en el contexto político social en el que se va a aplicar. En el caso, no puede ocultarse que estas normas terroristas van a ser aplicadas por una judicatura federal, parcialmente integrada todavía por los famosos jueces de la “servilleta”, y que en su totalidad ha perdido independencia desde la modificación del Consejo de la Magistratura en el orden nacional, ya que el Poder Ejecutivo, con su notoria propensión a influir en la justicia, domina ese cuerpo, el referido consejo paradójicamente creado para asegurar aquella independencia, y del que dependen los nombramientos y las destituciones judiciales.

Tampoco se puede omitir que no son normas dictadas desde el interés nacional ni aportan soluciones a problemas de la Argentina contemporánea. Hace más de diez años que no hay un atentado con características terroristas en nuestro país. Ninguna institución, ningún agrupamiento cívico, social, político o protector de los derechos fundamentales de las personas, ha reclamado la creación de este texto ominoso. Se sabe bien que los problemas de la Argentina son otros: la pobreza desproporcionada, la injusta distribución de la riqueza, la depredación y el déficit educativo, la continuada falta de control soberano sobre los recursos naturales, la inseguridad ciudadana y otros conexos. A ninguno de ellos se refieren estas normas. En cambio, aparecen en un momento de alarmante endurecimiento coercitivo, como el que vivieron los maestros y profesores en Santa Cruz, lo cual crea un clima de significación peculiar para toda nueva legislación represiva.

Estas prescripciones provienen no de adentro sino de afuera. Un afuera que sería ingenuo ignorar está ocupado casi enteramente por la potencia hegemónica. En este sentido, la ley ha sido un “deber”, como se decía antes, una “tarea”, como se dice ahora, destinados al aprecio y la satisfacción de esa hegemonía monitora.

No será la primera vez que el terrorismo sea utilizado como cobertura para otros intereses y otras finalidades. Esto es bien notorio en la siempre repetida mención de la Triple Frontera como una cueva del terrorismo internacional. Tan cierto como que la policía y los servicios de seguridad de tres países custodian y controlan ese enclave, es que nunca se ha podido probar nada que ni remotamente se aproxime al terrorismo. Pero es una aserción retórica, susceptible de ser repetida mil veces más. Es un rótulo que ha permitido poner bases militares en el Paraguay y que permite una custodia cercana del Acuífero Guaraní. Recuérdese que el convenio con el Banco Mundial para “la preservación ecológica” de dicho sistema, está signado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuatro naciones cuyos gobernantes han permitido que una quinta también lo firme y sea parte del convenio, como si fuera uno de los ribereños de los grandes ríos que terminan en el Plata: los Estados Unidos.

Lo más grave en esta ley, curiosamente, no está en las amenazantes reglas sancionatorias, que aparejan prisión o reclusión de 10 a 20 años. Hay algunas, en todo caso, que muestran cuán arbitrariamente se pueden utilizar algunas descripciones delictuales, como la que dispone esas penas para la acción de “perturbar los servicios del aeropuerto, si ese acto pone en peligro su seguridad”. Está claro que invita al riesgo de que una encendida protesta sindical, o un igualmente áspero reclamo de los usuarios de los servicios del transporte aéreo, como ha ocurrido recientemente, sean objeto de acusación si se alega que esos reclamos desvían al personal de seguridad de sus tareas ordinarias y crean peligro de inseguridad en el aeropuerto. Una resbaladiza disposición, como se ve, que puede terminar con personas inocentes detenidas por “terroristas”, a través de la acción de fiscales y jueces demasiado atentos a no contrariar al Poder Ejecutivo.

Pero lo peor está en las normas procedimentales

El art. 12 de la ley autoriza al P.E. a compartir con otros países información e inteligencia, aun la que posea clasificación de seguridad. Como dice el juego de palabras francés: ce pluriel c’est bien singulier. Sería por demás ingenuo creer que esos “países” serán el Uruguay o el Paraguay. Sin un gran esfuerzo de imaginación es fácil saber que esa disposición está allí para nutrir al país que mantiene la prisión de Guantanamo, universalmente denostada por violación flagrante de los principios y preceptos humanitarios y jurídicos más elementales, las audaces cárceles secretas de Europa Oriental, y que confesadamente ha torturado en Irak. La información e inteligencia será secreta para el pueblo argentino, no para los beneficiarios externos de ese "compartir".

Como si la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), dotada hoy de un presupuesto descomunal, no fuera suficiente, y no lo fuera también su lamentable ejecutoria como arma del gobernante de turno para espiar a los ciudadanos a quienes sospecha como adversarios o disconformes, hay en la ley un curioso capítulo denominado con la palabra “Herramientas”, término extraño a nuestro leguaje jurídico, obviamente traducción de “Tools” en inglés, lengua en la que vino escrita verosímilmente la pauta a seguir.

Se trata de la creación de una frondosa burocracia secreta, nocturnal e incontrolable de: a) informantes, b) agentes encubiertos, y c) arrepentidos. Es algo ajeno a nuestras tradiciones jurídicas, en las que el principio de la publicidad de los actos estatales es la regla, muy especialmente en el proceso penal. Corresponden a un resabio de la guerra fría, que se recrea y se nos infiere a los que nunca participamos de ella. Y recuerda aquello que decía Kant en “La Paz Perpetua:"...esos actos infernales (asesinos, envenenadores, el uso de la traición, el espionaje) ya viles en si mismos, al ser puestos en circulación, no quedan confinados a la esfera de la guerra...vicios tales, una vez estimulados, no está en la naturaleza de las cosas que se los pueda detener y son llevados al estado de paz, donde su presencia es enteramente destructiva del propósito del Estado en cuestión".

Por la experiencia que tenemos los argentinos, y por la experiencia universal de los actos definidamente ilegales y delictuales cometidos por la CIA, según explícita confesión, ¿qué podemos esperar de los caballeros, y también de las damas, para no discriminar, que se postulen a informantes, agentes encubiertos y arrepentidos, y qué infinitesimal expectativa de rectitud y veracidad podemos esperar? La ley es, además, un factor adicional de corrupción, en un país en la que brilla con fulgor estelar, al declarar no punibles una vasta serie de delitos que los agentes encubiertos pueden cometer sin ser punidos (art.30) entre ellos todos los ilicitos penales contra la propiedad.

¡Que no dejen de resonar en nuestro interior las palabras de Kant¡ No cabe duda alguna. Esta ley, oscuramente sancionada, concebida a espaldas de la opinión pública y del debate leal y sincero, es una amenaza al derecho de defensa y al debido proceso legal, y es creadora de un grave peligro potencial para todos los ciudadanos.

Pasa a ser ahora un importante objetivo cívico y republicano su derogación lisa y llana, y una tacha de ignominia para quienes la han promovido y votado".

Fuente: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1803  /29-6-07

Elías Neuman y los menores delincuentes

“Bajar la edad es pura demagogia”

El reconocido criminólogo sostiene que el verdadero problema es

el de los menores excluidos y la falta de políticas públicas.

Opina que nadie sale a robar con el Código Penal bajo el brazo.

Fernanda Nicolini - Critica Digital (29.10.2008) entrevista a Elías Neuman, reconocido criminólogo, profesor de la UBA y autor de decenas de libros, es tajante: “Bajar la edad de imputabilidad suena a medida demagógica y sin mayor sustento. Porque ése no es el problema, ni nunca lo fue. El problema es la carencia de políticas criminológicas con respecto a niños y jóvenes”.

–¿Por qué algunas personas creen que sería una solución?
–Porque creen que la pena disuade. Pero el chico o el adulto que va a cometer un delito no lleva el Código Penal bajo el brazo. Voy a poner un ejemplo: en el país existe la pena de muerte extrajudicial, es el llamado gatillo fácil, que sucede tanto en la calle como dentro de las cárceles. A pesar de que el delincuente sabe que si sale a robar y las cosas resultan mal puede recibir la muerte instantánea, adentro o afuera, sale igual. El problema de fondo es otro.

–¿Cuál?
–El problema con los chicos, algo que el gobernador Scioli debería saber antes de ponerse a hablar de estas cosas, es que son en su mayoría, diría en un 98 por ciento, excluidos sociales. En el sentido de falta de un lugar digno para vivir, falta de educación, de nutrición adecuada y, quien lea las historias clínicas de los presos adultos que están hoy en las cárceles, verá que esas historias te hablan de hogares disociados y eyectores. El chico no gana la calle o el paco por deporte, es una respuesta al hecho de que tiene una verticalidad terrible sobre sí y sobre todo falta de amor. Entonces cuando los políticos piensan en un programa dicen algo facilongo como “achicamos la edad”. Pero no hablan de la única solución que baja el delito como el pleno empleo, por ejemplo. Quizás es porque cierta gente les dejó de interesar. En el capitalismo industrial, aunque no quiero decir que haya sido muy bueno, el ser humano interesaba porque era un eslabón de la cadena de producción. Hoy no, es un capitalismo financiero y de servicios, entonces ¿qué interesan esas personas?.

–¿En otros países se ha bajado la imputabilidad como medida?
–Hay países que son un aquelarre, como México, donde yo también trabajo. Allí hay 32 estados y cada uno tiene un estatuto de menores y cada cual le pone la edad que quiere, de modo que si cometés un delito en un estado a los 15 años, sos imputable, y si cometés el mismo a poquísimos kilómetros cruzando la frontera, no sos imputable. No cambia nada. Por eso no es con un cambio numérico como se solucionan estas cosas. En un país donde la mayor tragedia es el hambre, éstos no son problemas jurídicos sino sociales. Porque para que se cumplan las leyes, lo primero que hay que hacer son políticas de prevención y no de represión, porque con la represión se llega a un punto en el que lo único que importa es la venganza. Además, la pena de prisión ya no es la que restringe la libertad deambulatoria o locomotiva, la pena de prisión hoy aniquila la identidad y la dignidad de la persona, que es el principal derecho humano. Habría que llamarla pena de martirio.

–Hoy por hoy, cuando un menor de 16 delinque, ¿qué sucede?
–Queda a criterio del juez y puede terminar en uno de los muros de estos reformatorios que en realidad son deformatorios absolutos. Lo que ocurre en ellos es terrible porque allí estos chicos subrayan sus resentimientos. Son verdaderas cárceles de menores, no otra cosa. El encierro implica días calcados, derechos de piso que hay que pagar que muchas veces son escabrosos; es lo más lejos que hay de la reeducación, sólo sirven para sacar de ahí a un delincuente de verdad.

–¿Cuál sería un modelo de reeducación?
–Paradójicamente, en la provincia de Buenos Aires también hay sitios y fundaciones para chicos que funcionan muy bien. Y pongo como ejemplo Pelota de Trapo, en Avellaneda, en donde trabajé. Scioli lo tiene muy cerca y lo puede ir a ver. Hay chicos de la calle que vivieron ahí y hoy son profesores de Computación, estudian Derecho, Psicología. Y a estos chicos nadie les pregunta si delinquieron o no.

–Pero frente a la hipótesis de que se baje la imputabilidad, ¿qué pasaría?
–Nada, no pasaría nada. El delito va a continuar porque, vuelvo a insistir, la pena no disuade. ¿Desde cuándo disuade una pena? Por supuesto que soy partidario de estudiar la temática empezando a pensar de qué chicos se trata: son chicos de abajo y excluidos sociales. Por eso habría que hacer un análisis si la inseguridad social no es en realidad un paradigma del modelo neoliberal. ¿No será que el miedo social es industrializado ahora políticamente para reproducir el sistema? .

 

–¿Y quién se beneficia de esta politización del miedo?

 

–Yo escribí un libro algo surrealista que se llama Los que viven del delito y los otros, la delincuencia como industria. Y ahí estudio: si el delito fuese un hecho normal y no fuera algo disvalioso, imputable y punible, ¿quiénes dejarían de trabajar? En este momento vos no estarías trabajando y yo no estaría hablando. Desaparecería la industria de la seguridad, de las casas en los countries, la policía, los jueces, los abogados. Y si esto es una industria, ¿cuál es la materia prima? Son los chicos, esos mismos chicos a los que se los vacían en los grandes silos que son las cárceles o reformatorios y se los moldea con una proyección de resentimiento absoluta. Por eso después cometen los delitos que cometen. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿por qué siempre que se habla de violencia social se enfoca el delito de abajo? Yo no voy a negar que es dramático porque víctima y victimario se ven, gritan, matan, mueren. Pero ¿qué ocurre con los delitos económicos? Yo puedo asegurar que un solo delito de corrupción tiene un coste social y económico para el país ciento de miles de veces más grande que aquel detrimento económico causado por los que están en prisión".

Fuente: http://eldelito.blogspot.com/ 2008/10/entrevista-elas-neuman.html

II.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Consideremos la impunidad de transferencia de bienes e ingresos desde los de abajo hacia las transnacionales y sus socios locales que los destinan a su acumulación en el funcionamiento globalizado del sistema capitalista con centralización en las potencias imperialistas. Ha sido construida por

los gobiernos constitucionales desde 1984 hasta los de Kirchner. Legalizaron y legitimaron ese empobrecimiento criminal del país y su población.

Aclaremos leyendo a Antolín Alcántara (Rebelión) en "Nuestra respuesta al capital": "El «capitalismo» es un sistema concebido para acumular y concentrar la riqueza que crea, su reproducción es contraria por tanto a un reparto justo y social de esta riqueza y en la medida en que su propio metabolismo acelera su concentración, como en la actualidad, desaloja de su perímetro o centralidad, a un mayor número de damnificados, poblaciones y países enteros que configuran una periferia subordinada y ajena a las decisiones del capital. (...) 

No es un sistema que permita correcciones y tampoco es reversible. Tenemos que reconocer al capital su capacidad funcional y creativa para retroalimentarse. Ha logrado apropiarse de los recursos de la humanidad y en sus momentos de mayor convulsión siempre ha conseguido la adhesión de los Estados para trabajar en su auxilio. Para su beneficio y su metamorfosis, se ha apoderado de los resultados de la ciencia, de la investigación y la inteligencia, se ha hecho dueño de nuestro tiempo, relaciones y emociones. Ha conseguido que consumamos aquello que no necesitamos y despreciemos mucho de lo que nos es útil. Ha transformado nuestra antropología en los ámbitos principalmente operativos y centrales del sistema, donde está fundamentalmente concentrado y ha extinguido culturas, lenguas, pueblos, especies y la soberanía de muchas naciones. Ciertamente es un sistema superior en su extensión destructiva.  Su lógica está organizada para convivir y sobrevivir con las mayores contradicciones de manera pacífica o violenta. Tiene sus propios soportes morales para su justificación, los espirituales y los materiales. Consigue jerarquizar la riqueza y hacer exponencial la pobreza; en su esquizofrenia es posible que la gente enferme por trabajar demasiado, mientras otra multitud enferma por no tener trabajo. Su ciencia darwinista es selectiva, los terremotos destruyen viviendas humildes y aniquilan a los pobres, en tanto los palacios y las mansiones de los ricos permanecen en pie. Logra que su propia fuerza de gravedad desafíe las leyes del universo, el capitalismo precipita con más violencia en su caída a todos aquellos que ocupan los peldaños mas bajos de la escala social, mientras los que están mas arriba, apenas sufren daños.  Se equivocan aquéllos que confían en reformar el capitalismo, buscar su lado más humano y atenuar su agresividad. Este sistema no es reversible en ninguno de sus aspectos. (...)

En nuestro análisis tenemos que valorar la transformación monumental que ha experimentado el capitalismo en los últimos cincuenta años en la relación que representa el capital financiero especulativo y el capital productivo.  En la década de los cincuenta del pasado siglo la movilización de dinero que circulaba en el mundo, correspondía en un 80% a capital productivo, comercio de bienes manufacturados, energía, alimentos, minerales, importaciones, exportaciones; mientras el 20% restante se podría adjudicar al capital financiero. En la actualidad esta proporción es exactamente inversa. Un volumen de capital financiero superior al PIB Mundial que en su lógica de acumulación necesita superarse y revalorizarse todos los días. Lo contrario significaría recesión, crisis y el colapso del sistema. Preguntémonos entonces ¿cuales son sus recursos en la apropiación de capital para satisfacer esta voracidad monstruosa? Sin duda la principal fuente de aprovisionamiento tiene su origen en la riqueza que se crea con el trabajo y en los salarios de los trabajadores, así como en la expoliación por sometimiento de los recursos en los países empobrecidos y colonizados económica o militarmente. La degradación de los derechos en el mundo del trabajo y el empobrecimiento de la clase trabajadora en los últimos 30 años, son consecuencia de esta imparable tendencia de acumulación acelerada".
Fuente: www.rebelion.org /Opinión/18-2-10

"La degradación de los derechos en el mundo del trabajo y el empobrecimiento de la clase trabajadora en los últimos 30 años, son consecuencia de esta imparable tendencia de acumulación acelerada", en Argentina ha sido resultado del «proceso de reorganización nacional» que se inició e impulsó con Estado terrorista.

Volvamos a Javier Torres Molina (Rebelión), en "Modelo y reorganización laboral del programa económico de la dictadura militar", cuando se refiere a:

Ideología

Sepamos que el sistema de pago de los servicios de 'deuda' constituye el motor fundamental del funcionamiento 'democrático' de la transferencia de riquezas a favor del capitalismo central que desmantela al sector público y desampara completamente a las grandes mayorías.

Tengamos en cuenta:

Juan Carlos Giuliani (ACTA), Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, dice : "Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.

La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.

Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.

En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones y Fernando De la Rúa la incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.

Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, se calcula que en la actualidad, durante el mandato de Cristina Fernández, el nivel de endeudamiento supera los 180.000 mil millones de dólares (...)". Fuente: http://www.argenpress.info /11-2-2010

"Carta a los Diputados de la Nación

Buenos Aires, 3 de Marzo de 2010.

 Señor/a  Diputado/a de la Nación

 Ref.: INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

El coordinador, docentes adjuntos e integrantes de los equipos de apoyo transdisciplinarios de  la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tienen el agrado de dirigirse al Señor/a Diputado/a con el objeto de aportarle información con respecto a un tema de fundamental importancia para nuestro país: la Deuda Externa.

En diciembre de 2006, organizado por la  cátedra, se llevaron a cabo las “Jornadas sobre Aspectos Jurídicos de la Deuda Externa”, auspiciadas por “The Lutheran World Federation” (Federación Luterana Mundial), en las que se analizaron propuestas hacia la solución del problema de la deuda externa.

Entre las personalidades  que participaron se encontraban el Dr. Sandro Schipani, profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Roma, “Tor Vergata”, y el profesor Pierángelo Catalano de la Universidad de Roma, “La Sapienza”, autoridades mundiales en Derecho Romano. Luego de escuchar con atención las distintas exposiciones sobre los trabajos presentados, manifestaron: “los felicitamos por los trabajos, pero lamentablemente les falta el ACTOR”, aclarando que “vuestro gobierno no quiere tomar esa vía”.  Los hechos así lo prueban.

El 13 de julio de 2000, el Juez Federal Jorge Ballesteros dictó una sentencia  –única en el mundo en su género- que se encuentra firme, en la que declaró probados  477 hechos ilícitos. Esto ha sido silenciado hasta hoy. No se aplicaron las penas que correspondían a los  responsables que, desde 1976, participaron en la creación de la supuesta deuda argentina. El juez  interpretó que había lugar a la prescripción de las causas penales a raíz de haber transcurrido  18 años, los  que demoró el juicio. No tuvo en cuenta las características de delito continuado que tenían esos ilícitos. El 14 de julio del mismo año el Juez remitió el expediente completo al Congreso para que éste interviniera, puesto que la Constitución de la  Nación le confiere el arreglo de la Deuda Externa en su artículo 75; pero la mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.

Han transcurrido nueve años y medio y el asunto no ha sido tratado en el Congreso, a pesar de que el entonces Diputado Mario Cafiero escaneó el expediente completo en un CD, que hizo llegar en mano a los entonces 251 diputados.

En junio del año pasado, el Ing. Moisés Resnick Brenner, Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros e integrante de nuestra cátedra, realizó una investigación a fin de averiguar qué había pasado con el expediente enviado por el juez y localizarlo. Fue así que encontró dicho expediente,  “mal archivado”,  en uno de los sótanos de un anexo del archivo del Congreso, sito en el subsuelo de la calle Bartolomé Mitre 2085, lo que tomó estado público en “Perfil” del 5 de mayo de 2009 y en la revista “Cuarto Intermedio” del 10 de julio de 2009., cuyas copias se adjuntan.

Con todo el material fotocopiado, el 18 de junio de 2009 el Ing. Resnick Brenner presentó dos notas de igual contenido. Una de ellas al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Eduardo Alfredo Fellner, formando el Expte. AA 223, que está desde el 22 de junio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La otra, enviada al Presidente de la Cámara de Senadores, Ing. Julio César Cleto Cobos,  pasó a la Secretaría Parlamentaria donde generó el Expte. 3299/2009, que se remitió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para pasar inmediatamente a la Comisión de Economía Nacional e Inversión  donde se encuentra desde el 19 de junio de 2009. Ambos expedientes han permanecido sin movimiento desde hace ocho meses y medio y corren el riesgo de volver al archivo sin haber sido tratados si no lo solicitare algún legislador. Se adjuntan copias de esas actuaciones.

Esperamos que esta información constituya un elemento relevante para las comisiones legislativas recientemente constituidas a fin de facilitar la reconducción del arreglo de la deuda externa por parte del Congreso de la Nación en los términos del artículo 75 de la Constitución.

Consideramos que el Congreso Nacional debería disponer la  auditoría  integral de la deuda pública externa teniendo en cuenta además la experiencia y los resultados positivos de la recientemente realizada en la República del Ecuador. para determinar la parte ilegítima e instar al Poder Ejecutivo a formular las reservas pertinentes en cada pago que efectúe y hasta tanto se determine cuál es la deuda legítima que la Nación debe afrontar. Una vez determinado el monto y los títulos que se basan en actos nulos ,(determinados en la causa 14.467) deberán cesar de inmediato los pagos respecto a estos títulos y procederse a deducir las acciones judiciales pertinentes a efectos de la reparación del daño causado al erario público. Asimismo, existiendo otras causas en trámite, se hará constar en la reserva la existencia de éstas a los interesados, a sus efectos.

Saludamos al Señor/a  Diputado/a con la mayor consideración

Embajador Miguel Ángel Espeche Gil

Coordinador

por la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Fuente: http://www.argenpress.info/ 12-3-2010
 

Premisas e hipótesis

Prestemos atención a las distintas formas de hacer impune el funcionamiento capitalista e imperialista a favor exclusivo de una minúscula minoría de la humanidad: