Contextos

Marzo 2010

I / II / III

 

La impunidad del simulacro de democracia sigue

 

Lo prueban:
▪ La construcción de la imagen presidencial de estar junto a las víctimas del saqueo, cuando el matrimonio K se enriquece (158% sólo en 2008) por entrega del país y despojo de derechos a los de abajo.
▪ La denuncia de quienes volvieron a sufrir el aluvión en Tartagal.
▪ La ejemplificación de extrema desigualdad social en la propia ciudad de Tartagal por apoderamiento de sus extraordinarias riquezas que hunde en la pobreza a la gran mayoría.

 


I. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la primera hipótesis

Salir de la impunidad capitalista e imperialista nos desafía a tomar conciencia que no puede haber democracia cuando el crecimiento económico no es del país. Al contrario, resulta en: pobreza y hambre (salarios miserables e inflación, desalojos forzados de campesinos e indígenas...simulacro de reducción de la desocupación laboral), precarización y siniestralidad laborales, enfermedades, desfinanciamiento de la salud pública, de la educación pública y de la seguridad social para pagar la estafa que es la deuda pública externa...y destrucción de las condiciones presentes y futuras de vida y trabajo.

 

Tratemos de ampliar contenidos y sentidos de la impunidad capitalista e imperialista, teniendo en cuenta que -mediante el «modelo extractivo»- el contubernio de oligopolios imperialistas con todos los factores locales de poder viola completamente a nuestros derechos humanos, tales como:

 

. La quita de agua dulce y la conducción hacia la extinción de toda forma de vida

Ricardo Luis Mascheroni* nos invita a reflexionar acerca de:

 "Marzo, el mes del agua. Agua, deterioro y después…

Hemos entrado en Marzo, tercer mes del año. Esto, que no es ninguna novedad, no obstante sirve para destacar como característica ambiental del mes, que en su transcurso, conviven 3 importantes celebraciones o efemérides, relacionadas con uno de los bienes más demandados de la naturaleza y por ello el más preciado para los seres humanos, por cuanto hace a la esencia de la vida misma y que es el agua.

 

De conformidad a la abundancia de estas tendencias recordatorias, tenemos que:

Con tantas declaraciones, rememoraciones y apelaciones a la conciencia tuitiva, uno se inclina a pensar o creer que, este regalo, que la naturaleza brinda para la vida de todos, cuenta con un marco protector y una acción suficiente, como para preservar al mismo de las tropelías que habitualmente los humanos cometemos contra nuestro entorno.

Lamentablemente y lejos de ello, todas estas fechas suenan por lo general, más a responsos que a celebraciones, a la luz del estado crítico de la situación hídrica planetaria.

Por tanto, debemos entender que más allá o acá, de las reflexiones que hagamos sobre el estado actual del recurso y sus proyecciones futuras, partimos del hecho que el agua dulce para consumo, es uno de los elementos más limitados, de mayor degradación y cada vez más escaso y caro para su obtención.

Es incontrastable que en la mayoría de los acuíferos, sus niveles están bajando, los lagos se secan, los ríos pierden caudal y las zonas húmedas van desapareciendo producto de su uso irracional en la industria y en el sector urbano, pero sobre todo en la actividad agrícola, con la multiplicación de áreas dedicadas a los monocultivos destinados a suplantar combustibles fósiles.

El Informe Worldwacht, de 1993 expresaba: que desde 1950, “El consumo de agua en todo el mundo se ha triplicado con creces”, lo que por estos tiempos seguramente se ha incrementado, como así también el desmejoramiento de su calidad.

La creciente escasez del agua y su consecuente contaminación, es uno de los mayores problemas con que la humanidad debe lidiar y cuyas proyecciones en los próximos años, son inciertas.

El mundo y los que lo habitan, podrían continuar su existencia, si hoy se terminara el petróleo, pero si el agua dulce se agota, ya no sólo se pararán algunas máquinas y motores, sino que se extinguiría toda vida sobre el Planeta.

 

La gran torta del agua en el mundo, se distribuye de la siguiente forma: entre un cinco a siete por ciento (5 a 7 %) para consumo de todas las actividades humanas (alimentación, higiene, eliminación de excretas, etc.); veintiséis por ciento (26 %) aproximadamente, para uso industrial y el resto, entre un sesenta y siete y sesenta y nueve por ciento (67 a 69%) para uso agrícola.

Al incrementarse en todo el mundo las áreas bajo riego para la producción de especies destinadas a alimentar motores (biocombustibles), la presión sobre los acuíferos se hace insostenible, los que además, sufren los impactos de toda la variedad de venenos que en gran cantidad, esa producción libera a los cursos de agua: Todo lo cual, encierra un círculo vicioso que pone en serio riesgo a la salud humana y la de los ecosistemas.

 

A la larga lista de calamidades provocadas al patrimonio hídrico, debemos sumar las canalizaciones, terraplenes, represas y secados de esteros y lagunas para ganar terrenos para la producción y además el volcamiento de miles de metros cúbicos por segundo de desechos peligrosos, líquidos, sólidos y metales pesados que acaban por desnaturalizar o inutilizar cuencas enteras. El Riachuello-Matanza es un ejemplo doloroso de ello.

Seguramente por estos días, verá en distintos medios de comunicación, regados copiosamente por publicidades oficiales y de las otras, anuncios o mensajes de que debemos cuidar el agua o hacer un uso responsable de la misma en nuestra actividad cotidiana, emitidos por parte de autoridades, funcionarios y empresas de servicios de aguas.

Aclaramos que en principio compartimos estas recomendaciones, en tanto y en cuanto también digan que quienes han llevado al agua a la situación de riesgo actual, son los grandes productores agropecuarios, las mineras y las industrias multinacionales, que después de haber agotado o deteriorado este recurso en sus países originarios, vienen hoy, a estas regiones a seguir el mismo sistema de explotación, en su propio beneficio y a costa de nuestro futuro.

 

No queremos que nos hagan aparecer a los ciudadanos comunes, que sólo usamos una pequeña cantidad del recurso, como los malos de la película y que los verdaderos responsables de los descalabros hídricos mundiales, sigan contando sus ganancias de espaldas a las angustias de millones de personas que penan por alcanzar una mísera gota que los salve de morir de sed.

 

Insisto que en la cuestión del agua, como en toda la temática ambiental, el problema no es técnico o reservado a unos pocos entendidos, como muchas veces se quiere hacer aparecer, sino que es un tema político y ético.

La crisis del agua es una consecuencia de los mecanismos injustos de apropiación de las riquezas implantados en el mundo, que históricamente han favorecido a unos pocos en desmedro de muchos.

Pese a que desde distintos ámbitos y estamentos se viene advirtiendo, que en los próximos años y de seguir como hasta la actualidad este consumo irracional, millones de personas verán peligrar la vida y su calidad, quienes en el mundo detentan el poder económico global, parecen tener el teléfono descolgado o los oídos cerrados.

El paradigma de vida de ellos, es acumular la mayor cantidad de riquezas en el menor tiempo e inversión posible, aunque eso pueda significar genocidios de pueblos y comunidades enteras.

 

No por nada, hoy, gran cantidad de enfermedades relacionadas con el agua y su baja calidad, matan más personas que las guerras, ante la indiferencia absoluta de los grandes medios de comunicación y de los organismos internacionales que tendrían que ser los que velen por la sanidad común.

En este mes del agua, el mejor homenaje que le podemos hacer, es darnos cuenta, ya que como dice el refrán, “el que no sabe es como el que no ve”, y si no vemos y no sabemos, no estamos en condiciones de enfrentarnos con éxito a aquellas políticas o procesos que en un tiempo más o menos largo terminarán por afectarnos.

Por ello, señalemos clara y decididamente a los vampiros acuosos y trabajemos en la defensa de este bien, ya que en ello nos va la vida y de las generaciones venideras.

Sin más y esperando que reflexione en torno al tema, me despido hasta la próxima Aguafuerte".

*Ricardo Luis Mascheroni:Docente e Investigador Universitario en Río Cuarto (Córdoba)

Fuentes :el 4 de marzo de 2010 10:31, Ricardo Mascheroni <rimasche@yahoo.com > escribió:

Aguafuertes Ambientales

http://www.ecoportal.net/content/view/full/91563/ 10-3-2010

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Mientras desde el gobierno provincial dicen

“la población debe concientizarse…. y piden racionalizar el uso”,

se siguen otorgando permisos para cateo, exploración y explotación de

minerales de primera y segunda categoría a cielo abierto sin control posible. 
 

Así se expresaron los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella contra la Minería Contaminante, cuando se les preguntó por los problemas de agua

La Mega Minería es una actividad productiva que consume enormes cantidades de agua. Los emprendimientos mineros que se llevan a cabo actualmente en nuestro país y también nuestra provincia, como Mina Pirquitas y Aguilar-Mina Esperanza, son de gran envergadura, la mayoría de ellos a cielo abierto, y constituyen la llamada Mega Minería.
En la actualidad ya casi no quedan minas donde encontrar los minerales en forma de vetas. Hoy en día se encuentran dispersos en las rocas de los cerros, por eso la minería se realiza a cielo abierto, dinamitando cerros enteros, pulverizando la roca y luego separando. Ya no se hace en galerías o socavones. La minería moderna a cielo abierto trabaja  explotando cerros, dejando cráteres de varios kilómetros de ancho en los que podrían caber pueblos enteros. Parte de la roca dinamitada se tritura y se junta en pilas, que se riegan con millones de litros de agua mezclada con varias toneladas de sustancias toxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico. Con este método logran separar el mineral de la roca. A este proceso se le llama lixiviación.

La Mega minería a cielo abierto, requiere de miles de litros de agua dulce por minuto, por lo que sacan agua de todas las fuentes cercanas y disponibles, disminuyendo el agua disponible para la agricultura, la ganadería y el consumo humano. Esta agua queda con importantes cantidades de sustancias toxicas y metales pesados que se liberan de las rocas al explotarlas. El agua queda contaminada durante siglos.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y otras organizaciones ambientales y sociales lo venimos alertando, y ahora la falta de agua parece haber “tomado por sorpresa” al gobierno provincial que se excusa en la sequía y diciendo que se desperdicia mucha agua.

Resulta que ahora, las ciudades y los pueblos somos los responsables del mal uso del agua, mientras que se autoriza a las mineras a utilizar mas de 3 millones de litros de agua por día. Otra vez los agricultores y los ganaderos deben sufrir la falta de agua, mientras estos grandes emprendimientos utilizan y contaminan todo lo que quieren. “El agua debe priorizarse para consumo humano y la producción de alimentos para nuestro pueblo”, expresaron.
La minería a gran escala consume cantidades enormes de agua, lo cuál implica la utilización irracional de un recurso escaso en las zonas desérticas y semidesérticas de la Provincia, lo que traerá aparejado grandes daños a la agricultura y ganadería menor de esas zonas.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara queremos advertir sobre los graves impactos ambientales y sociales aparejados por los descomunales consumos mineros en una región árida o desértica, como la Puna y la Quebrada, donde el agua dulce es escasa y no puede recuperarse. El agotamiento de fuentes asociadas a las minas a cielo abierto inevitablemente reduce el nivel local y regional del agua. La desviación de estas aguas de las que dependen fundamentalmente la poblaciones y la fauna de la región son la causa de una verdadera competencia con otros sectores de la sociedad.
 
Entre los impactos ambientales, sociales y económicos, se destacan: los posibles agotamientos de napas, pérdidas de vertientes y caídas de nivel del agua en pozos, con lo cual pueden afectarse consumos potables, para animales de cría, la vida silvestre nativa, así como los usos municipales y domésticos del agua. Además hay que agregarle la contaminación existente, producto de la actividad minera actual y pasada en la Puna. Sobran ejemplos: Mina Aguilar y la contaminación de los Ríos Casa Grande, Yacoraite y Río Grande; Ex –Mina Pan de Azúcar y contaminación Río Cincel que desemboca en la Laguna de Pozuelos.

El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos".

Fuente: http://infosur.info/n/piden-racionalizar-el-agua-y-la.html /11-11-09

 

 

. La producción de catástrofes socioambientales  por ruptura de equilibrios ecológicos

 

El Ing. Mario Schreider, Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, se refiere a la catástrofe de la ciudad de Santa Fe en mayo de 2003:

 

"Crecida Extraordinaria del río Salado
Causas Naturales y antrópicas que provocaron la inundación de la ciudad de Santa Fe
 

Con el fin de esclarecer las causas que produjeron la catástrofe de Santa Fe, transcribimos la exposición brindada por el Ing Mario Schreider, el día 10 de junio de 2003, en marco de las jornadas "Inundaciones en Santa Fe: mirando hacia el futuro", organizadas por la Fundación Hábitat y Desarrollo con colaboración del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay.

La palabra que sintetiza todo el problema es "INUNDACIÓN", reflejada como ese efecto indeseable que causa daños tanto a los bienes materiales como a las personas, cuando uno hace un análisis sobre una inundación es relevante conocer las causas de la misma.

Una componente de esas causas es la "crecida", que es el aumento del nivel de un río debido a un incremento en su caudal.

Además de eso a las causas se le debe sumar una serie de acciones u omisiones de los seres humanos. Por lo que a fin de cuentas estamos sumando una componente natural (la crecida del río) más un componente antrópico (las intervenciones que hace el hombre o las que deja de hacer sobre el ambiente) para llegar a la producción del fenómeno.

La crecida si bien tiene una esencia básicamente natural, también es afectada por factores antrópicos que la exacerban y otros que la pueden mitigar.

Las consecuencias de la inundación es lo que más impacta sobre nosotros.
En esta inundación del río Salado, la pérdida de vidas humanas fue shockeante, también hubo una gran pérdida de bienes materiales no sólo en la ciudad de Santa Fe sino en casi toda la cuenca del Salado, un tercer elemento muy importantes es el impacto que este fenómeno ha producido al conjunto de la sociedad, no solamente a la sociedad santafesina ya que ha impactado sobre todo el país.

 

Características de la cuenca inferior del Río Salado

La cuenca inferior del Río Salado tiene sus nacientes en el noroeste santafesino, constituye un sistema típicamente de llanura con una superficie aproximada de 60.000 km2, se desarrolla casi íntegramente en la provincia de Santa Fe. En este caso hablamos de la cuenca inferior porque las precipitaciones que dieron lugar a la crecida, ocurrieron en Santa Fe, no estamos hablando de lluvias que hayan caído en otra provincia.

Es interesante cuantificar la crecida del Salado en términos de caudal, el caudal medio del río Salado es de 150m3 /segundo, en las crecidas que se habían registrado entre el año 1952 y el 2000 se habían registrado valores del orden de 2600 m3 /s en al año 1973 y 2700 m3/s en el año 1998.

Esto es algo muy importante a señalar en relación al comportamiento del río, si nosotros vemos la relación del caudal en la inundación con respecto al caudal medio es del orden de 20 veces mayor. Mucho más marcado de lo que sucede en el caso del Río Paraná donde esa relación oscila entre 3 ó 4 veces mayor caudal en sucesos de inundación con respecto al caudal medio.

Esto quiere decir que el Río Salado durante las épocas de crecida hace gran uso de su valle, el aumento de caudal en tiempos de crecida escurre a través de su valle. Esto es muy importante a la hora de decidir respecto a qué tipo de intervenciones vamos a hacer sobre el valle de inundación.

 

Influencia del cambio climático

Si quisiéramos analizar en qué contexto se provoca la inundación, claramente tenemos que referirnos a un marco más general y de hecho no podemos obviar al cambio climático como fenómeno que está influyendo en todo el planeta y que específicamente para nuestra región marca un quiebre en el régimen de precipitaciones.

 

En las décadas del 40 y del 50 estábamos atravesando un período seco con regímenes de precipitaciones disminuidos y con crecidas de poca magnitud muy espaciadas en el tiempo. A partir de la década del 70 se produce un cambio caracterizado por la aparición de eventos lluviosos muy intensos, por la persistencia de esas condiciones húmedas y como resultado de eso se produjo un proceso de saturación de las napas. Por ejemplo en la estación de Rafaela a finales de la década del 60 y principios de la del 70, teníamos la napa ubicada a 12 metros de profundidad medidos desde el nivel del suelo, hoy en día la misma se encuentra a 1 metro del suelo y en ocasiones a llegado estar a menos de esa profundidad. Hay una especie de saturación del suelo que hace que cuando se producen las precipitaciones, al estar disminuida la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo no puede ser retenida por el mismo y entonces escurre.

 

Justamente a raíz del cambio de las condiciones climáticas y otros factores, como los desarrollos tecnológicos y la mejora del precio, ha generado cuestiones antrópicas como el cambio de usos de la tierra marcado por el crecimiento de la superficie dedicada a la agricultura principalmente al cultivo de soja, el cambio en el manejo del suelo, las obras de infraestructura como la construcción de caminos y canales. Estas intervenciones han generado efectos que sumados al cambio climático producen mayores escorrentías ante una precipitación y con cada vez menor capacidad de retención del suelo, aumenta el escurrimiento.

 

No solamente se transfiere como escurrimiento al río sino que muchas veces se ve facilitado el transporte, por lo que llega agua al río en mayor cantidad y en menor tiempo (más rápido).

Las consecuencias de todo este proceso natural - antrópico son inundaciones en áreas tanto urbanas como rurales. Evidenciadas en el padecimiento que Santa Fe esta sufriendo pero que se produce también en otras zonas del país.

Como respuesta a esta situación el gobierno de la Provincia de Santa Fe desde los años 90, encaró obras, básicamente terraplenes y obras de defensa que en algunos casos funcionaron bien y en otros como en el caso de la inundación última del Salado, no lo han hecho así.

 

Causas de la inundación:
Si tuviéramos que analizar lo que realmente sucedió en esta inundación tenemos que hablar de dos tipos de causas; las naturales y las humanas.

Naturales:
Las copiosas lluvias de Febrero, Marzo y Abril en algunas estaciones de la cuenca baja del Río Salado hicieron que las precipitaciones lleguen a los 1000mm, llovió en tres meses lo que habitualmente llueve en todo el año.

Al estado de saturación de la cuenca, sumado a los niveles freáticos muy cercanos a la superficie se le agregaron precitaciones que en un período de 5 a 7 días superaron los 400mm. Estos números por si solos dicen que es imposible pensar de que una cuenca ante tal demanda desde el punto de vista hídrico, no promueva un régimen excepcional de crecidas.

La consecuencia de esas grandes precipitaciones se tradujeron en dos picos, el primero un alerta del río en el mes de marzo, y el segundo el 30 de abril con un nivel en el hidrómetro de 6, 37metros de altura.

Esto medido en términos de caudales constituye el mayor caudal registrado hasta el momento en la historia del río Salado, las mediciones hechas en el viaducto ferroviario fueron de 3100 m3 /s, esto sin incluir los desbordes que se provocaron sobre la margen izquierda. Por suerte no hubo superposición con la crecida del Río Paraná, este último permaneció en un nivel bajo y por ello no se sumaron los niveles. Si esto hubiera ocurrido, los problemas hubieran sido mucho mayores.

 

¿Se encuentra la ciudad de Santa Fe emplazada en una zona inundable?

Una pregunta válida es si el sector que se inundó es naturalmente un sector inundable, y esto se puede responder mediante el uso de imágenes satelitales de la zona afectada. La respuesta es que sí, la ciudad de Santa Fe se encuentra en una geografía claramente dominada por ríos, y por lo tanto su área es susceptible de ser inundada porque en ese lugar se desarrolla en forma manifiesta el valle de inundación del río Salado. De hecho la gente ocupa ese lugar hace muchos años.

Lo que sucedió el 1 de mayo como se ve claramente en imágenes satelitales es que el río Salado demostró la capacidad que tiene de inundar su valle.

Existían advertencias de que el río podía ocupar su valle, el Instituto Nacional del Agua (INA), en el año 1992, hizo un estudio para estimar bajo determinadas condiciones del Río Salado y del Río Paraná, hasta donde podría llegar el agua en la ciudad de Santa Fe. (...)

A la situación relatada de excesivas lluvias, del fenómeno del cambio climático, la condición de la ubicación geográfica de la ciudad de Santa Fe, hay que sumarle las causas antrópicas.

 

Antrópicas:

Claramente un primer efecto es el producido por el manejo de las tierras en la cuenca, los cambios de los usos de la tierra en la cuenca generaron mayores escorrentías, a su vez reconozcamos que el desarrollo urbano en la ciudad hace uso de las zonas inundables, en algunos casos por simple aproximación al río durante las épocas, anteriores al 70, donde el río no crecía ni ocupaba el valle y entonces las personas se fueron asentando sobre el valle pensando que el río no volvería a ocuparlo.

 

También hay motivos económicos, el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe es un sector de bajo valor inmobiliario, y por eso el gran asentamiento de personas. Una vez que las personas se arraigaron a un lugar es muy difícil relocalizarlas, además para ello se requiere de recursos económicos y hay otros factores afectivos y de identificación con el lugar que son difíciles de modificar.

La gente ya estaba asentada en el lugar en el momento de la inundación y como en todo asentamiento humano hay obras de infraestructura para el desarrollo de la ciudad.

Una discusión grande se centra en el papel que desempeñaron estas obras.

 

La obra que aparece como el "malo de la película" es el puente de la Autopista Santa Fe - Rosario, este puente tiene 155 metros de luz, es decir una luz del 8% del ancho total del valle de inundación del río Salado, en un Río que en crecida lleva por su valle de inundación el 80% de su caudal , haberle restringido el ancho total a solo el 8% de su ancho total parece algo totalmente hecho fuera de un pensamiento lógico.

La consecuencia es que el puente actúa como un terraplén que evita el escurrimiento y produce un efecto de embalse, que sobreeleva el nivel aguas arriba del puente, lo que produjo que se exija más a los terraplenes laterales(…)".

Fuente: http://www.eco2site.com/informes/santafe.asp  /  24-6-03

"Inundación en Santa Fe"

Jorge Eduardo Rulli del Grupo de Reflexión Rural profundiza en las causas que derivan, fundamentalmente, del predominio de monocultivos:

"(...)En el caso de Santa Fe, la recurrencia de las torpes políticas implementadas y los descuidos imperdonables en que se ha incurrido han hecho que todos estos factores negativos operen conjuntamente magnificando su incidencia.

Nos encontramos ante un colapso ecológico como consecuencia de numerosos factores

No tener en cuenta el concepto de cuenca como un sistema complejo. El manejo sustentable de una cuenca implica el conocimiento de todos los factores que pueden incidir y su control simultáneo. Este concepto integral no existe porque se impone un interesado paradigma mecanicista que desconoce la complejidad de los ecosistemas quedando, de esta manera, abierto el camino hacia los colapsos inevitables

 

La deforestación descontrolada y la sustitución de los montes y del tapiz herbáceo natural por monocultivos. El ampliar la frontera de la soja en Santiago del Estero condujo a la eliminación de montes nativos y de grandes áreas de cobertura vegetal que significaban un poderoso factor de retención de aguas en la zona intermedia de la cuenca. La técnica de siembra directa que se promueve como supuesta reductora de emisiones, produce daños por compactación del suelo, lo que trae como consecuencia  la disminución de la infiltración y el aumento del escurrimiento, amén de que cada año se use más agrotóxicos y herbicidas. El predominio del monocultivo hace que en una parte del año el suelo permanezca desnudo en lo que se llama barbecho químico, y de esa manera tremendamente vulnerable a la erosión hídrica y eólica

 

Cambio climático y humidificación de tierras antes áridas. Las modificaciones climáticas globales provocaron fenómenos como el del Niño que desplazó o la línea de lluvias o isoieta hacia el oeste. En lugar de tomar medidas para moderar su efecto negativo, se lo potenció al extender a vastas zonas cultivos de soja. Se impuso un modelo agrario extensivo, con pérdida de biodiversidad y de coberturas por la desaparición de la vegetación permanente y con ello capacidad de absorción del suelo y emergencia de las napas freáticas

 

El modelo agrario dominante creó conflictos sociales y acorraló a la agricultura de autoconsumo y vinculada al mercado alimentario. La onda expansiva de los monocultivos se hizo insoportable sobre los territorios del MOCASE en Santiago del Estero, Lomas Sené en Formosa, los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, la Colonia Tirolesa y otras colonias ahogadas por los monocultivos, en vías de extinción en la misma provincia de Córdoba

 

El modelo de cultivos no tiene alternativas de manejo

La siembra directa impuso un instrumental y una monotecnología que eliminó las múltiples herramientas y aperos agrícolas tradicionales, también las estrategias de manejo y los conocimientos con que contaba el antiguo agricultor. Este patrimonio le permitía responder eficientemente con diversas prácticas culturales a las fluctuaciones climáticas que, además tenía la capacidad y la sabiduría de prever

 

No existe planificación territorial. La mala organización del uso del suelo ha conducido a que la región más importante del país desde una perspectiva agrícola ganadera, sea azotada periódicamente por inundaciones. Se han construido, por otra parte,  terraplenes viales y ferroviarios que actúan como diques e impiden el escurrimiento. Pareciera que los funcionarios no tuvieran plena conciencia de la responsabilidad de gobernar sobre un territorio dado y suelen demostrar un irresponsable interés por los datos de la realidad sobre los que se debería ajustar una estrategia. Resulta en verdad asombroso que le llamen gobernar a lo que hacen y que estas prácticas perduren y sean sostenidas por el voto mayoritario. Gobernar significa planificar la ocupación y el uso del territorio, decidir el destino productivo de los suelos y el desarrollo urbano. En el caso de Santa Fe, da la impresión de que en el gobernador (Carlos Reutemann) primaban, por encima de toda responsabilidad de gobierno, sus 40.000 has de soja transgénica y en el vicegobernador (Ing Marcelo Muniagurria) su rol de lobbista de las empresas de biotecnología (...)".

http://www.avizora.com/periodisticos/textos/inundacion_0010.htm / junio 2003

 

 

. El aumento del contraste entre la acumulación de riquezas y la degradación de la vida y el trabajo mayoritarios

 

 Juan Wahren nos aclara en: 

Otras miradas sobre el desastre de Tartagal

 La ciudad de Tartagal se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país: la selva de las yungas y el Chaco salteño. Estas riquezas son explotadas, este modelo genera graves desequilibrios ecológicos y sociales.

La ciudad de Tartagal ha sufrido semanas atrás terribles inundaciones que algunos atribuyen al “cambio climático”. Esta ciudad “intermedia” se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país: la selva de las yungas y el Chaco salteño. Allí existen grandes reservas de petróleo, gas, agua, bosques y una importante diversidad de flora y fauna.

Estas riquezas son explotadas, desde tiempo atrás, por el “agronegocio” y diferentes empresas petroleras dentro de un modelo económico productivo que se ha caracterizado como “extractivo-exportador”. Este modelo genera graves desequilibrios ecológicos y sociales.

En efecto, muchas investigaciones demuestran que la deforestación indiscriminada por el avance de la frontera agropecuaria (expansión de la soja) y por los proyectos forestales, así como la extracción masiva de petróleo y gas y la contaminación del agua, han generado cambios ambientales y climáticos a escala planetaria. Como esta región no escapa a esta caracterización, estos territorios fueron afectados por cambios en el régimen de lluvias y las consiguientes sequías o inundaciones; desaparición de fauna y flora nativa y el paulatino agotamiento de recursos naturales. En el nivel social, estas prácticas productivas han avanzado sobre el territorio de diversas poblaciones indígenas (wichís, guaraníes-chulupíes y kollas), así como sobre comunidades campesinas.

Por otro lado, en esta región, la presencia del Estado estuvo signada, desde la década del ’40, por YPF, empresa estatal que marcó la geografía económica, social y cultural de la región generando lazos e identidades sociales que aún hoy tienen vigencia. Con la privatización de YPF en 1991, se resquebrajó este mundo social y se retrajo sensiblemente la actividad económica de las ciudades de Tartagal y General Mosconi. Desde esos tiempos atravesados por las privatizaciones menemistas, se registran alarmantes índices de desocupación y pauperización de sus habitantes. Según datos del Censo Nacional de Población del Indec, en 2001 la tasa de desocupación en estas ciudades era del 42 por ciento, mientras que en la ciudad de Salta era del 17,1. Recúerdese que los índices de despidos de YPF durante el proceso de privatización alcanzaron casi el 90 por ciento de su personal total.

La configuración de estos escenarios como consecuencia de las políticas públicas nacionales y provinciales desde mediados de los ’90 condujo a los habitantes de estas dos ciudades hermanas en su destino privatizador, a protagonizar diversas protestas sociales, puebladas y cortes de ruta en reclamo de puestos de trabajo, inversiones de infraestructura y tarifas accesibles (el gas, que se produce en la región, se abona el triple que en Buenos Aires). De estas protestas surgieron varias organizaciones (por ejemplo, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi), que han construido un entramado de proyectos productivos, comunitarios, ambientales y educativos con los que intentan, de alguna manera, reconfigurar los lazos sociales perdidos. A sus demandas originales de trabajo genuino, estas organizaciones fueron sumando denuncias por la situación ambiental de la región, en las que preveían estas situaciones actuales. Simultáneamente generaron alternativas productivas al modelo extractivo-exportador hegemónico: realizaron proyectos para la reforestación de flora nativa y la recuperación de maderas de los desmontes, así como crearon una reserva ambiental de 4500 hectáreas en la zona de Yungas. Acciones similares vienen realizando las comunidades indígenas y campesinas, quienes sostienen con sus prácticas formas alternativas de utilizar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente.

Muchos discursos que circularon estos días sostienen que las inundaciones fueron resultado de un “desastre natural” producto del cambio climático; pero, como intentamos sostener, las razones profundas se originan en el modelo productivo extractivo con el que operan las corporaciones y que se impuso sin contemplaciones en la región con Menem y las gobernaciones de la familia Romero (padre e hijo). Muchas de estas empresas madereras y agropecuarias se encuentran relacionadas con las familias de los gobernadores y legisladores. Por eso no es de extrañar que los legisladores nacionales salteños se opusieran a la sanción de la Ley de Bosques en el Congreso de la Nación, la cual el gobierno nacional demoró más de catorce meses en reglamentar. Tartagal y Mosconi fueron ciudades que conocieron tiempos de distribución de la riqueza, distribución desigual sin duda pero distribución al fin, cuando el petróleo era explotado por una empresa estatal y la voracidad sojera y cañera no se había desatado contra bosques y yungas”.
*Sociólogo. Investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani (UBA).
Fuente original: Página 12 - 07.03.2009
Fuente:
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2781/ 13-3-09

La Agencia de Noticias Red Acción difunde el siguiente comunicado:

 

Denuncia de la UTD Mosconi: 19 detenidos y torturas en la comisaría de Tartagal, Salta

 

Desde el miércoles pasado el gobierno provincial de Salta mantienen detenidos a 19 trabajadores desocupados.

Los mismos fueron detenidos en el marco de una protesta por trabajo.

Una dura represion culminó con 19 detenidos que se encuentran apresados en la ciudad de Tartagal.

 Los familiares y movimientos del partido Gral San Martin se movilizan por su libertad y denuncian tortura y la falta de comida para los presos.

Preparan para el lunes una nueva movilización

 Contacto

Pepino Fernández 03875- 15528148
Fuente:
www.anred.org/ 13-3-2010

 

 

. La práctica de la desigualdad social y el desprecio por la vida de los de abajo

"Las industrias extractivas están involucradas en violaciones a los derechos humanos fundamentales afirmó Keith Slack, director del Programa Global de Industrias Extractivas de Oxfam. Se trata de un problema global debido a que las actividades mineras y de hidrocarburos comprometen en diversas partes del mundo derechos humanos como los derechos a la vida, a vivir libre de tortura y malos tratos, a la libertad de reunión y asociación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua y la vivienda adecuada. (…)

Las empresas extractivas contribuyen directa o indirectamente a la violación de los derechos cuando no generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, las desalojan de las tierras reclamadas por las empresas y contaminan los recursos de las comunidades como son el agua, la tierra, de los que dependen para su vida.

Slack citó un estudio realizado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el que se informa que de los 320 casos de violación a los derechos humanos, el sector que obtuvo más denuncias fue el de las industrias extractivas con un 28 por ciento de menciones.

“Las industrias extractivas representan al sector con más denuncias por abusos contra los derechos, incluido los crímenes contra la humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas” indica una cita del citado informe.

Del miso modo se asocian a también a “la corrupción a gran escala, la violación de los derechos laborales y una amplia gama de abusos contra las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas”.

Las denuncias se concentran geográficamente en Asia/Pacífico en un 28 por ciento, África en un 22 por ciento y América Latina en un 18 por ciento(…)".

Fuente: www.ecoportal.net /9-3-2010

 

BOLETÍN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL:

Norberto Costa 09/03  En un informe dividido en dos partes, pondremos a disposición de los lectores las causas de contaminación y condiciones del agua en zona norte de la provincia. Los datos fueron obtenidos de registros oficiales e informes de prevención. La conclusión final deja al Estado en una difícil posición, ante la imprevisibilidad en la que ha incurrido y la falta de adecuación de los controles necesarios. El nivel de contaminación es alarmante y está en directa proporción con la explotación petrolera generada desde hace 50 años y las filtraciones cloacales debido al crecimiento demográfico y la falta de planificación urbana.

Iniciamos una investigación sobre las causas de la contaminación del agua en Caleta Olivia y zona norte de la provincia, con el fin de acercar un poco de claridad a un tema que desde los gobiernos (municipal y provincial) se guarda con absoluta reserva. Para este fin acudimos a documentación oficial, informes de prevención y registros obtenidos en empresas petroleras. El próximo día 22 se celebra en todo el mundo el día internacional del agua. Aquí la primera parte de nuestro informe.

Caleta Olivia

La ciudad de Caleta Olivia tiene un sistema de captación de agua a partir de perforaciones en dos acueductos principales. A esto se le debe sumar el tramo cerro Arenal- Caleta Olivia, que parte de la cámara de distribución de cerro Arenal y llega a la cisterna Caleta Olivia luego de un recorrido de 67554 metros.

Los dos acueductos principales son Cañadón Quintar y Meseta Espinoza, ubicadas a 35 kilómetros de la ciudad. El sistema comprende 56 perforaciones profundas, situándose 32 en Cañadón Quintar, y el resto repartidas en dos baterías en Meseta Espinoza.

En Cañadón Quintar se sitúa la batería más antigua, con 32 pozos estando en servicio, 29 perforaciones, algunas de las cuales presentan inconvenientes para su operación derivados de problemas constructivos, de diseño de calidad química o de su estado de conservación.

Un estudio del Consejo Federal de Inversiones recomendó la necesidad de proceder al abandono paulatino del sistema por diversas cuestiones, ya que en la localidad existían importantes riesgos sanitarios a pesar de la cloración que se realiza. El estudio afirma que hay una alta contaminación bacteriológica en el acuífero freático, que se sitúa muy cerca de la superficie o bien aflora en las zonas deprimidas de la ciudad, deficiencias y roturas en la red cloacal que descarga en el acuífero freático, existencia de pozos negros que infiltraran hacia el mencionado acuífero y roturas en la red domiciliaria de agua que al vaciarse en las horas de racionamiento permiten el ingreso de agua freática altamente contaminada.

El agua freática o subterránea es una fuente vital de agua para beber y para el riego agrícola, sin embargo es fácil de agotarse porque se renueva muy lentamente. Cuando el agua freática llega a contaminarse no puede curarse por sí misma como el agua superficial tiende a hacerlo, debido a que los flujos de agua freática son extremadamente lentos.

 

El petróleo y el agua

Por otra parte, en la región de la Patagonia Central hace mas de 50 años que se obtiene petróleo por medio del sistema de perforaciones poco profundas (primeras capas freáticas-500 a 600 mts) en la zona ferrocarrilera-Astra- Diadema, cuenca donde se encuentra la capa petrolífera a más de 3.500 mts de profundidad. Aunque no se perforó sino hasta las primeras lentejas, (pozos que se incrementaron con máquinas petroleras modernas), primeras explotaciones después de YPF.

Según afirman los estudios, toda la región, tiene sus aguas subterráneas contaminadas, excluyendo al Valle de Sarmiento, que aún tiene la que proviene del río; el resto sin agua tiene en su subsuelo millones de litros de inyección petrolífera con la primera, segunda y tercer capa freática infectada. Estos son los pozos de mediana profundidad entre 800 y 1.000 mts y pozos más de 1000 metros en toda la zona incluyendo Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras y Sarmiento.

La contaminación superficial es una de las más temibles porque quedan tierras arrasadas, pozos cerrados sobre los cuales se construyeron colegios, casas, barrios, y de cuyo suelo surge petróleo y gas. Estas tierras arrasadas semi-áridas han quedado sin ríos superficiales, sin agua potable en cantidad y calidad para ser consumida por humanos.

Desde que se privatizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, esta zona del norte de la provincia de Santa Cruz recibió 4.500 perforaciones buscando petróleo. Los pozos tienen sus piletones que quedaron abiertos, mirando el cielo; e irrigando hacia abajo su contaminación que destruye las napas de agua potable. Algunos se taparon, pero sin respetar las normas y procedimientos previstos. La mayoría continúa con su labor destructora en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Koluel Kayke.

La localidad de Pico Truncado, ubicada en la zona norte de Santa Cruz, se encuentra a 681 Km. de Río Gallegos, y es una de las zonas petroleras más explotadas de la provincia, junto a Caleta Olivia y Las Heras. La mayor concentración de pozos petroleros existente en esa región, es propiedad de las operadoras PanAmerican Energy, OXY y Repsol.

 

Parte 2

(...) Agua y cáncer

Según un informe difundido oficialmente por expertos del Ministerio de Salud de la Nación, y publicado por varios medios nacionales, son preocupantes los índices de cáncer que se registran en la provincia de Santa Cruz. De acuerdo a los datos revelados, la provincia es una de las cuatro (junto a Santa Fe, San Luis y Chaco) que tiene mayor tasa de mortalidad por cáncer que el país en su conjunto. En este mismo sentido el informe que se conoció como Atlas de Mortalidad por Cáncer en Argentina, fue elaborado mediante un amplio estudio realizado en todo el país entre los años 1997 y 2001, e identifica distribución geográfica, tipo de afección o tumor, frecuencia en la que se da por sexo, y grupo de edad.

La concejal de Caleta Olivia y Patóloga, Ana María Pizutto, en muchas oportunidades aseguró que existía un aumento progresivo de cáncer de cuello uterino, de colon y de mama en mujeres jóvenes de edad. “En ciertas zonas de la provincia es llamativa la presencia de linfomas y leucemias producto de la presencia todavía de transformadores refrigerados con PCV». Pizutto, ejerció veinte años la profesión de patóloga en la ciudad de Caleta Olivia.

Oportunamente fue consultada por organismos públicos y privados por tener datos estadísticos sobre casos de cáncer en Santa Cruz. La concejal también admitió que descree rotundamente de las estadísticas elaboradas, ahora por una médica generalista, ya que tuvo la oportunidad de ver los gráficos estadísticos y avizoró falsedad en ellos, aclaró.

Pizutto desde el año 1989 viene alertando el aumento progresivo de cáncer en zona norte de Santa Cruz, aduciendo al agua como causante de ello. Por otro lado también aseguró que hay una relación directa entre contaminación petrolera y cáncer, ya que no se pudieron hacer estudios completamente serios al respecto, debido a que cuando lo intentaron se encontraron con que el laboratorio estaba directamente relacionado con YPF.

Asimismo también se pudo constatar que muchas de las personas que tienen cáncer son rotuladas y llevadas a Buenos Aires, y si fallecen se registran allí, no quedan en el registro santacruceño; las fuentes hospitalarias advierten que políticamente es conveniente que los registros queden en otra provincia.

Al cruce de estas declaraciones salieron todos los políticos oficialistas. El gobernador Daniel Peralta afirmó en medios de comunicación que no había que provocar falsas alarmas con temas que aún no están comprobados como lo es la relación del agua de Santa Cruz y el cáncer. “No queremos llevar zozobra ni preocupación sobre cosas que creemos que hay que comprobarlas científicamente” dijo, sin embargo él mismo, alertó hace unos años atrás, siendo diputado, sobre la posibilidad de la contaminación del agua gracias a las empresas petroleras.

Es para destacar que todos los documentos mencionados en esta nota no tienen más de diez años de existencia y la contaminación de agua dulce en la provincia data desde hace mucho más tiempo. Todos estos hechos sucedieron a metros y a pocos kilómetros de poblaciones en crecimiento, entre ellas Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, entre otras de zona norte.

Hay datos fehacientes de la contaminación generada por hidrocarburos en la región. La zona de chacras de Caleta Olivia, siempre sufrió la adversidad de la contaminación, con alta salinidad de sus suelos, afloramientos subterráneos hídricos y detractivos, como los sucedidos en la chacra “Antukiyen” propiedad de la familia Canale.

Cabe esperar ahora, que el gobierno provincial adecue las políticas y los recursos para comenzar a revertir esta terrible situación que indudablemente amenaza a las generaciones futuras si no empieza ya mismo a remediar el ambiente impactado y se toma como política de Estado el control intensivo de la producción petrolera y se resguardan los efluentes hídricos que son fuentes de abastecimiento de estas mismas poblaciones que hoy ya padecen niveles alarmantes de contaminación. (Agencia OPI Santa Cruz)
Fuente original:http://www.opisantacruz.com.ar/home/2010/03/10/zona-norte-de-santa-cruz-agua-altamente-contaminada-parte-ii/8416

Fuente: http://santacruzcontaminada.blogspot.com/2010/03/el-verdadero-problema-de-la.html

 

En consecuencia, salir de la impunidad capitalista e imperialista es tomar conciencia que somos nosotros -los de abajo y unidos en diversidad- quienes debemos asumirnos sujetos colectivos de derechos a partir de organizarnos contra los despojos de bienes comunes y territorios; contra la degradación medioambiental y a favor de la vida en general y de nuestra dignidad humana.

 

Ya la Unión de Asambleas Ciudadanas construye la resistencia a la destrucción de condiciones dignas tanto de vida como de trabajo con perspectivas de futuro feliz. También los pueblos originarios, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Grupo de Reflexión Rural, la Campaña Paren de Fumigar, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), etc....defienden los bienes comunes y territorios y presentan propuestas alternativas.

 

 


 

II. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la segunda hipótesis

Salir de la impunidad capitalista e imperialista nos desafía a tomar conciencia que no puede haber democracia si existen:

1. El control político y social está en manos de la policía e incluso de la militarizada

Marcelo Fabián Saín*aclara en:

"Maldita policía, maldita política...

La Policía Federal Argentina (PFA), más que una policía ciudadana, es un sofisticado instrumento de control político y social al servicio de los gobiernos.  Durante los últimos 60 años, ha sido tallada a medida por el poder político argentino. Las sucesivas dictaduras militares se sirvieron de ella para desarrollar una fabulosa trama de espionaje político y de control social, y para montar un eficiente dispositivo de represión política de la disidencia y de los opositores, recibieran éstos el mote de "peronistas", "comunistas" o "subversivos". Y los gobiernos democráticos -algunos, sólo limitadamente democráticos- que transcurrieron desde entonces hasta los años 70, también hicieron uso de ella para lo mismo, aunque con una intensidad y una envergadura menores a las observadas durante los gobiernos castrenses.

En cambio, desde la instauración democrática de 1983, la PFA dejó paulatinamente de ser un instrumento de represión política pero, al amparo de la indiferencia, la ignorancia o el aval tácito de los gobiernos democráticos, se ha perpetuado como un dispositivo de regulación política y social también al servicio de éstos y de sus propias cúpulas.

Disciplinamiento social
Las bases institucionales de la PFA son una obra de cuño militar. Fue creada en diciembre de 1943 a través del Decreto 17.750/43 y fue puesta en funcionamiento en enero de 1945 mediante el Decreto 33.265/44.  Asienta sus bases institucionales en el Decreto-Ley 333/59 y en sus normas complementarias. En esta norma de la “Revolución Libertadora”, se estableció que la PFA debe cumplir funciones de “policía de seguridad y judicial” dentro del territorio de la Capital Federal y también dentro de la jurisdicción federal, a través del mantenimiento del orden público, la prevención de delitos y la intervención en la investigación de los mismos.

La reglamentación de aquella vieja norma fue más allá en materia funcional y le atribuyó a la PFA un conjunto de tareas que la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social. En efecto, en el Decreto 6.580/58, se dispuso que debía "velar por el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población y reprimir el juego ilícito". (...) Todo esto dio lugar a los ya históricos "edictos policiales" cuya vigencia por más de tres décadas le permitió a la PFA legislar, establecer conductas prohibidas, imponer sanciones y también recaudar fondos provenientes de aquellas conductas formalmente prohibidas aunque soterradamente permitidas y reguladas por sus huestes. (...)

Asimismo, en materia de prevención, la PFA debía mantener la "vigilancia especial sobre las personas cuyos antecedentes y costumbres susciten sospechas y aquéllas que frecuenten su trato personal y comercial", prestando especial atención a "los lugares o locales en que se reúnan o realicen sus operaciones". (...)

Todo ello, en fin, ha sido -y es- posible porque la PFA cuenta desde el año 1963 con un sistema de inteligencia interna relativamente protegido y sofisticado. En efecto, el Decreto-Ley 9.021/63 instituye la "Orgánica del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal Argentina", posteriormente reglamentado a través del Decreto 2.322/67. Este cuerpo, que sigue funcionando a pleno, constituye un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia compuesto por "agentes secretos" .(...)

Salvo los "edictos policiales", todas estas normas, disposiciones y facultades están vigentes y sirven de andamiaje institucional para convertir y legitimar a la PFA como un instrumento oficialista de vigilancia y control político y social.

¿Por qué, desde la instauración democrática de 1983, la PFA no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática? Por dos razones diferentes que, desde entonces, han primado entre las sucesivas gestiones gubernamentales. Por un lado, porque, como mecanismo de vigilancia y control político y social, la PFA constituye una herramienta útil para gobernar. Y por otro lado, porque los "costos"  políticos de emprender un proceso de reforma institucional son percibido por los actores político como altos, o más altos que los del mantenimiento del statu quo.  La actual gestión gubernamental es un buen ejemplo de ello.

Durante 2009, la PFA gastó 51.600.000 pesos en labores de inteligencia. En alguna medida, esas labores estuvieron destinadas a producir conocimientos sobre el delito. Pero también permitieron la provisión de información sensible para el gobierno y otro tanto para el comisariato que la conduce. Pues si no, ¿qué razón habría para mantener vigente y activo aquel servicio paraestatal de informaciones creado en los años 60? (...)

La PFA fue adquiriendo un grado de autonomía institucional e independencia operacional “por abajo” .  Es su propia cúpula la que ejerce el gobierno sobre la institución en todo lo atinente a sus parámetros doctrinales, organizativos y funcionales y lo hace sin ningún tipo de injerencia o control gubernamental real. Y en el marco de esa autonomía, el Comisariato articula y gestiona una fabulosa red de financiamiento institucional proveniente de las actividades delictivas reguladas por la propia policía. Esas actividades son reguladas porque suponen una combinación compleja de acciones tendientes a permitirlas y protegerlas y al mismo tiempo, a desarticularlas o reprimirlas, cuando ello es necesario. En la Ciudad de Buenos Aires, los diversificados y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, de autopartes desguazadas de automóviles robados y de servicios sexuales garantizados a través de «la trata de personas», tienen protección policial, como también la tienen las actividades ilícitas llevadas a cabo por la principales "barrabravas" de los clubes de fútbol más grandes del ámbito porteño. Estas últimas son las fuentes más rentables de recaudación ilegal regenteadas por la PFA. El armado de causas judiciales fraguadas contra personas inocentes, la prostitución del barrio, la permisión de actividades económicas y comerciales "flojitas de papeles" y de ciertas diversiones nocturnas (...)sólo alimentan el circuito pequeño de la recaudación ilegal de fondos (...)".
*Profesor  e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
Fuente: Le Monde diplomatique/ el Dipló 129/ marzo 2010

 

2. La pena de muerte extrajudicial o el gatillo fácil

ANRed –Sur nos interpela sobre:

"Gatillo fácil: las nuevas formas de exterminio social

 La paranoia de la inseguridad pareciera no tener límites, fomentada hasta el cansancio por los grandes medios de comunicación. Una parte de la sociedad que compra ese discurso vive enrejada, con miedo a pisar las calles, comprando más y más cámaras de vigilancia y contratando seguridad privada, que ya parece que se ha convertido en uno de los grandes negocios del siglo XXI.

 

Para solucionar todo esto lo único que plantea el Gobierno, la oposición, los medios masivos, las personalidades del espectáculo y esa parte de la sociedad que vive como si estuviera en plena guerra contra la delincuencia, son bajar la edad de imputabilidad y aumentar cada vez más la cantidad de policías en las calles.

O sea la lógica planteada seria, los delincuentes cada vez son más chicos, entonces desde más chicos hay que meterlos presos y como la cantidad de delitos va en aumento, también hay que aumentar la cantidad de policías.

¿Alguna vez pensaste alguna otra solución a la inseguridad?
¿Alguna vez pensaste qué factores generan la delincuencia?

La consecuencia directa de este tipo de discurso cae directamente sobre la población más pobre del país, ya que en el imaginario de este sector, el delincuente es negrito, pobre, y generalmente vive en alguna de las tantas villas de la Argentina.

El viernes 20 de noviembre del 2009 la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentó el archivo de casos 2009, donde denuncia que el Estado Argentino -a manos de las fuerzas de seguridad- (Policía federal y provincial; gendarmería; prefectura; servicio penitenciario y seguridad privada) ha asesinado a 2.826 personas, desde el año 1983 hasta la actualidad.

 

Los familiares de las victimas que estuvieron en la presentación del archivo, tuvieron su lugar para poder gritar lo que los medios masivos callan y de esta manera poder mostrar a la sociedad, que se vive una realidad muy distinta cuando unx es pobre, no tiene acceso a la educación, y las posibilidades de conseguir trabajo son bajísimas.

Fragmento de la intervención de los compañerxs del equipo de familiares de víctimas de gatillo fácil en el acto del 20 de noviembre de 2009 en Plaza de Mayo:

“El gatillo fácil es dueño y señor de los pibes en los barrios. Los presos, que son todos pobres, mueren o los matan todos los días. Cualquier policía puede detener a cualquiera en cualquier lugar porque se le ocurre. En todas las comisarías se tortura, igual que en las cárceles. Y ni hablar de los institutos de menores, llenos de pibes pobres, la mayoría encerrados 'para protegerlos', y no porque hayan cometido algún delito…”

 

“…Nos hablan del aumento del delito. Y claro que aumenta. Cada vez hay más secuestros extorsivos, más narcotráfico, más trata de personas para la prostitución. Pero ¿quiénes son los que dirigen el crimen organizado? ¿Quiénes controlan los desarmaderos de autos, la venta de drogas, los prostíbulos? ¿Quiénes dirigen las grandes bandas de piratas del asfalto? Todos esos negocios son de ellos. No hay ningún negociado donde no “salte el botón”. Sus jefes políticos, los gobiernos de turno, los dejan llevarse un pedacito de la gran torta. A cambio de eso, aseguran que cumplan bien su función, que no es darnos seguridad. Es disciplinarnos. Es controlarnos y asegurarse que ni se nos ocurra pensar que no queremos seguir viviendo así…”

“…Nosotros ya perdimos lo que más queríamos, pero no han vencido. La memoria de nuestros hijos, padres, esposos y hermanos nos empujó a la calle. Con la muerte de nuestros familiares, firmamos un compromiso de por vida para luchar contra la injusticia. La resistencia en la lucha, es nuestra dignidad y nuestra última palabra.”

 

Los relatos que se escuchan en los barrios son todos muy similares y apuntan a lo mismo: La policía presiona a los pibes para que “trabajen” para ellos, y a cambio les dan “protección”. Esta propuesta consiste simple y llanamente en que roben para ellos con la tranquilidad de que van a tener el camino despejado. Y si los pibes se niegan, los presionan con amenazas, golpes, son detenidos, les inventan causas, los asesinan y hacen pasar el hecho como un enfrentamiento, o hasta llegar al caso de la desaparición de personas, como pasó con Luciano Arruga, que al negarse a trabajar para la policía fue secuestrado por esta el 31 de Enero de 2009 y hasta hoy sigue desaparecido. Y los responsables libres y continuando con sus funciones en la comisaría. Este también es un ejemplo de la complicidad judicial y la falta de voluntad política, haciéndola responsable de estos hechos.

Para la policía este es un negocio redondo, dado que reciben las ganancias de estos robos, luego llegan los pedidos de mayor “seguridad” por parte de un sector de la sociedad, y a este pedido se suman, haciendo lobby, los medios masivos de comunicación (o viceversa). Con el pedido de seguridad, llega mayor presupuesto a la Institución policial por parte del Estado, y sumado a todo esto, se dan muchos casos donde los dueños de las empresas de seguridad privadas son los mismos miembros de las distintas fuerzas de seguridad, que contratan para formar parte de estas empresas a ex miembros de las fuerzas, que fueron dados de baja por hechos de corrupción y/o a la “mano de obra desocupada” que formo parte de la ultima dictadura militar.

Si recorremos las historias particulares de las víctimas de estos abusos, nos encontramos con la coincidencia de que todas estas familias son las que sufren las consecuencias del sistema capitalista y del estado como garante para que éste siga funcionando. Que es lo que les queda a los sectores más castigados, sino las consecuencias, desocupación, dificultad para acceder a la salud y a la educación. Qué solución tiene el sistema, ninguna, por eso lo más fácil es envenenar a los pibes de los barrios con el Paco, y el resto les queda a las fuerzas represivas, para que los maten, desaparezcan, encierren en prisiones con causas inventadas, cualquier método es aceptado, si eso genera que esa parte de la sociedad, sobrante para el sistema, no moleste.

Estamos atravesando tiempos difíciles, cada 28 horas matan a un pibe por gatillo fácil, si podemos decir que la última dictadura militar se llevó 30.000 compañerxs, los cuales en su mayoría eran adolescentes y de esa forma destruyeron toda una generación, con las nefastas consecuencias que eso trae, hoy en día tenemos que destaparnos los ojos para ver que los nuevos desaparecidos, los desaparecidos de hoy, son los pibxs pobres que viven en las villas".

Fuente: www.dariovive.org:: LatinoAméricAhora - Argentina / 16.Feb.10

 

3. Las redes de la trata de personas y de prostitución

 

Martín Lozada* nos introduce en:

"Algunos aspectos legales sobre «la trata de personas»
 

El informe sobre «la trata de personas» con fines de explotación sexual en la Argentina elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza algunas características de los casos ingresados en el sistema judicial.

Dicho reporte fue efectuado en diciembre del 2006, a partir del análisis de cuarenta y siete expedientes de diversas jurisdicciones del país.

Concretamente, se relevaron causas penales tramitadas en el período 2000-2006 en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Chubut.

La
«trata de personas» ha sido definida en el artículo 3º del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar «la trata de personas», especialmente de mujeres y niños –también llamado “Protocolo de Palermo”–, instrumento que fue ratificado por la República Argentina el 19 de noviembre de 2002.

Según sus términos,
«trata de personas» consiste en “... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Aquella incluye “...como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

El Protocolo de Palermo es uno de los tres correspondientes a la Convención internacional contra el crimen organizado transnacional del 2000, instrumento que establece expresamente la obligación de los estados partes de tipificar, perseguir y sancionar «la trata de personas» interna e internacional. De modo que a más de cuatro años de su ratificación, la Argentina se encuentra en mora de adoptar una legislación penal acorde con las obligaciones asumidas internacionalmente.

Según el informe, la falta de tipificación del delito de trata en nuestro ordenamiento legal constituye uno de los principales obstáculos para su adecuada persecución penal, puesto que la utilización de figuras penales tales como la promoción y facilitación de la prostitución, así como la reducción a la servidumbre y la privación ilegítima de la libertad no permiten responder integralmente al fenómeno del delito, que incluye también trata para explotación laboral, para mendicidad o, incluso, para extracción de órganos humanos.

Dichas figuras penales permiten la criminalización, en el mejor de los casos, de los regentes de los prostíbulos y de las personas que para ellos trabajan. Ello se debe, en lo fundamental, al hecho de que la explotación sexual en los establecimientos constituye el eslabón más visible dentro de cada uno de los procesos. De modo que no es casual que en los casos analizados se hayan encontrado imputados penalmente los regentes de los prostíbulos, algunos de sus empleados y mujeres que por propia voluntad o bajo coacción actuaban como reclutadoras y que no se hubiese detectado un solo caso en el que un reclutador independiente o un proxeneta se encontrasen, al menos, en calidad de imputados.

Otro de los obstáculos que debe enfrentar la eficaz persecución penal de este delito radica en la comprobada complicidad de ciertos integrantes de las fuerzas de seguridad. La modalidad más extendida de complicidad policial que se ha observado en los expedientes judiciales analizados consiste en dar protección a los regentes de los prostíbulos a cambio del pago regular de una suma de dinero.

Esa protección permite garantizar el libre desarrollo del negocio prostibulario, lo cual, en la práctica, se traduce en que, en las inspecciones regulares que realiza en los locales, generalmente habilitados como cabarets o whiskerías, la policía haga caso omiso de los indicios y de las pruebas que pueden encontrar en el lugar.

Las normas que regulan la cooperación entre los sistemas judiciales de diferentes jurisdicciones también complotan contra la represión de estas formas delictivas, ya que suelen generar procedimientos altamente burocratizados y carentes de agilidad, con retrasos en la tramitación de pedidos de información y concreción de solicitudes, circunstancia que menoscaba la urgencia y la adecuada coordinación que suelen demandar los operativos tendientes a desmontar un caso de trata de personas.

El informe, además, subraya la insuficiente capacitación de los operadores judiciales y de los integrantes de las fuerzas de seguridad, sobre todo en lo relativo al conocimiento de los estándares internacionales y de las normas internas aplicables a los procesos de trata. A esto se suma la poca información que poseen sobre la dinámica de funcionamiento de las redes y sus actores primarios y secundarios, así como de los mecanismos a partir de los cuales unos y otros se vinculan entre sí. De allí, la necesidad de tornar eficiente la persecución de este delito complejo y de dramática vigencia. Un camino para ello podría consistir en la creación de fiscalías especializadas para su investigación, como la que comenzó a operar el año pasado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Otro tanto podría contribuir el establecimiento de oficinas o secciones especializadas dentro de las fuerzas de seguridad.

El informe contiene una serie de datos y reflexiones de indispensable valor para conocer el estado de la cuestión en nuestro país y, sobre todo, para contextualizar el problema cultural que subyace al delito de trata de personas con fines sexuales: allí donde la naturalización de la prostitución por parte de la sociedad y de sus funcionarios públicos supone un guiño encubierto a formas siniestras de explotación organizada".
*Es juez Penal en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad FASTA, de San Carlos de Bariloche. Es miembro titular de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
Fuente:
Diario Río Negro / Argentina - 12.08.2007 http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1942 / 31-8-07
 

 

A su vez, Susana Yappert*nos explica sobre:

"Políticas públicas y Trata de personas en Argentina

El delito de trata de personas ha crecido en la Argentina de manera sostenida durante los últimos cinco años. Según especialistas en la materia, si el Estado no toma medidas implementando políticas para combatir este delito, la trata seguirá creciendo y las redes del crimen organizado, fortaleciéndose. Entrevista a Mercedes Assoratti**, coordinadora de la Fundación El Otro, organización que promueve la participación activa de los ciudadanos y dedicada a la lucha contra «la trata de personas».

La Fundación El Otro, coordinada por Mercedes Assoratti, afirma en su último informe (de junio del 2006) que en la Argentina la incidencia de este delito es alta, pese a que los informes internacionales acusan una incidencia baja y media. La razón de este equívoco es que los reportes internacionales denuncian trata internacional y en nuestro país la mayor cantidad de víctimas corresponde a la trata interna.

Actualmente, la persecución penal del delito se ve dificultada por la inexistencia de una legislación federal, y los casos que llegan a la Justicia son ínfimos en relación con los asistidos. Si bien existen proyectos en danza, la tipificación de este delito en el Congreso sigue sin resolverse y el gobierno actual se ha mostrado indiferente a la hora de concretar un plan nacional de lucha contra la trata.

“Debates” (Suplemento del diario) entrevistó a Mercedes Assoratti, una de las principales referentes de las organizaciones que luchan contra este flagelo, quien cuenta cómo es la realidad de la trata en el país y expresa: “Es imperioso abordar integralmente «la trata de personas» en el corto plazo y aún no se ve una actitud decidida para combatirla o para hacer frente a las terribles consecuencias humanas de este negocio del crimen organizado, que está extendiéndose rápidamente en todo el territorio”.

¿Cómo estamos hoy en la Argentina en el tema de «la trata de personas»?
Hace un mes salió una información en el diario “Infobae” según la cual se ha hecho una evaluación positiva de la problemática en el país. Pero eso no es correcto. El diario hizo una pésima traducción del informe del Departamento de Estado de los EE. UU.

En realidad dice que la Argentina está por caer en la lista negra de países involucrados en «la trata de personas»...
–Así es. Para hacer su evaluación, el informe tiene tres escalas: Tier 1, 2 y 3. En el Tier 1 están los países que están haciendo algo para combatir la trata, en el 2 están los que no están haciendo lo suficiente pero algo hacen y el 3 es la lista negra. La Argentina está por segundo año consecutivo en el Tier 2, entre los países que no cumplen con los requisitos mínimos para combatir «la trata de personas» y –además– está desde hace dos años en la lista de observación, es decir, en una posición frágil puesto que, si no demuestra que avanza, pasará a la lista negra. El informe para la Argentina fue muy negativo y esto no sólo fue levantado por la prensa como positivo, como si nos hubiésemos sacado un 10 cuando en realidad nos aplazaron, sino que no se ha dado difusión a esta grave situación.

¿Qué significa hacer algo o no hacer nada para combatir «la trata de personas»?
–Significa que un país tiene que investigar al respecto, tomar medidas para combatir el delito, proveer al país de un armazón legal que pueda penalizar este tipo de delitos, hacer campañas masivas para prevenir, dar apoyo a las víctimas. La Argentina en todos los temas tiene un aplazado, incluso en el área de información pública. La Secretaría de Medios de la Nación no apoyó la campaña de información pública para prevenir y combatir «la trata de personas». La campaña le llegaba al gobierno gratuitamente, elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–; sólo se pidió que ayudara a difundirla. El secretario de Medios ni nos atendió. No existe voluntad política de dar difusión a una campaña que podía haber ayudado y mucho para frenar «la trata de personas» en la Argentina.

Los países “modelos”, los Tier 1, ¿cómo se manejan para combatirla?
–Hay países que tienen cosas muy buenas y otros que tienen cosas buenas y malas. En España hay una fuerte persecución de redes, pero penalizan a las víctimas. En Colombia hay leyes maravillosas y la aplicación es muy deficiente; no hay correlación entre leyes y programas y aplicación. Paraguay, más o menos igual que Colombia: buenas leyes pero deficiente aplicación. Esta respuesta es difícil... podríamos decir que los países nórdicos, o cualquier país desarrollado, hacen las cosas bien, pero necesitaríamos un tiempo más de evaluación.

–¿Y por qué causas la Argentina empeoró en la lucha contra la trata?
–Hay una cifra escalofriante. En el 2005, dice el informe, hubo 33 arrestos por causas vinculadas con «la trata de personas» en el país y en el 2006, 15, cuando en el mismo período aumentó sustancialmente el número de víctimas atendidas por Cepropo y organismos internacionales como la OIM, con lo cual hay algo que no funciona. Este es un dato que llama la atención: el gobierno, si bien es cierto que de un tiempo a esta parte incluye el tema en agenda, por otra parte no da pasos que permitan dar cuenta de una preocupación real por el tema.

El caso de la legislación debe ser el más elocuente...
–Evidentemente. Si bien hubo varios proyectos en danza, en diciembre del 2006 tuvo media sanción del Senado el proyecto de la legisladora Vilma Ibarra, pero es un proyecto que tiene grandes deficiencias.

¿Las deficiencias están sobre todo del lado del resarcimiento a las víctimas?
–Algo más que eso. En primer lugar, en la definición de “trata”. El proyecto copia la definición del protocolo (de Palermo), sin que esta definición se adecue a nuestra realidad. Se intenta copiar una definición y pegarla en nuestro Código Penal. La definición que da el protocolo hace muy difícil que una causa pueda prosperar. ¿Por qué? Porque habría que probar que la víctima fue engañada, amenazada... todas cuestiones muy difíciles de probar. Los casos, así, se sostendrían en la definición de la víctima, que muchas veces es forzada a declarar bajo amenaza, y enfrente tiene la declaración del tratante, que contrata al mejor abogado que el dinero puede comprar. De modo que este delito –dadas así las cosas– no podría probarse en sede judicial. En segundo lugar, el proyecto no se refiere en ningún momento a la reinserción de las víctimas, a la reparación, que son compromisos internacionales porque la Argentina ratificó el Protocolo de Palermo. De modo que el proyecto copia la definición pero no los compromisos allí establecidos para luchar contra este flagelo. Tampoco asigna a un organismo que coordine las acciones contra la trata ni un programa nacional, con lo cual aprobamos un proyecto deficiente que, de aprobarse como está en Diputados, va a generar otros problemas.

¿Cómo se trabaja en la Argentina para hacer frente a esta problemática?
–Actualmente tenemos tres puntos focales: Cancillería, que se ocupa del aspecto internacional y ha delegado la parte interna en la Procuración General de la Nación, y por otra parte el Ministerio del Interior, que ha designado a la Dirección Nacional de Migraciones como un punto focal contra la trata. Así, hay una gran confusión y, en definitiva, una ausencia de medidas concretas de combate; no hay medidas concretas de persecución penal y bueno, algunos organismos, algunos ministerios, van organizando áreas de trata como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, que por otra parte es una de las fuerzas que más han acompañado en el país y es por lo general la que hace los allanamientos, ha creado un área específica. Esto porque las policías locales no tienen formación ni preparación para afrontar estas problemáticas.

Además de acompañar esta evaluación negativa, usted alerta sobre lo que puede provocar la inacción en lo que se refiere a trata, y suena casi apocalíptica...
–La experiencia que he tenido en países como Colombia, donde trabajé muchos años, me dicta que, si no se toman medidas, estas redes –como las del narcotráfico– se van fortaleciendo mientras los gobiernos dilatan sus políticas. Si no hacen nada, el territorio va a ser gobernado por mafias del crimen organizado".
*Periodista
**Coordinadora de la Fundación El Otro. Licenciada en Ciencias Políticas, con especializaciones posteriores en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Fuente: Diario Rio Negro / Argentina - 12.08.2007 http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1940

Publicado el 31/8/2007

 

4. El trabajo infantil y el trabajo esclavo

 

Marcelo Maggio (BIODIVERSIDADLA) comunica:

"Niños de 4 ó 5 años trabajando como recolectores de huevos de gallina, familias enteras cercadas por una alambrada eléctrica, jornadas laborales de sol a sol sin franco ni reconocimiento legal. A estos graves hechos, por los que es denunciada la empresa Nuestra Huella, se suma una serie de complicidades dentro de los entes estatales de control y del sindicato de los trabajadores rurales (UATRE)".

“Fuimos el 'día del niño' disfrazados de Boy Scouts para comprobar si era como nos contaban. La realidad superaba lo relatado: todo un sistema de producción diseñado para que lo hagan chicos, desde juntar huevos y revolver el guano hasta manipular agrotóxicos”, recuerda Juan Grabois. Esa visita fue registrada con una cámara oculta y las imágenes son una prueba contundente. Desde aquel día de agosto de 2008, las familias trabajadoras vienen tratando de reclamar condiciones justas de empleo a la empresa Nuestra Huella en sus diferentes granjas y con la ayuda de la Fundación Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), donde participa Juan Grabois.

 

Según cuenta Grabois, los Luaces, propietarios de Nuestra Huella, son “una familia muy poderosa en Pilar. Por ejemplo un ex intendente es abogado de la empresa. Tienen fuerte vinculación con el establishment político y judicial de la zona”. Carlos Luaces es también conocido por haber sido piloto de Turismo Carretera. Como corolario de su ideario poseen un colegio religioso que se llama Nuestra Señora del Pilar.

 

A mediados de 2009 un grupo de trabajadores se organizó para reclamar condiciones dignas de empleo (blanqueo y derechos básicos como el descanso semanal) y para pedir que cese la utilización de mano de obra infantil. Agustín Navarro, pese a ser elegido delegado, encabezó la lista de los despidos sin causa realizados por Nuestra Huella a partir de ese reclamo. Le siguieron seis despidos “aleccionadores” más. Pese a que en los juzgados laborales se ha ordenado la reincorporación y a que Nuestra Huella acumula 14 causas judiciales y multas por trabajo infantil, la empresa insiste en continuar con su modus operandi.

 

Para que todo no quede empantanado en los cajones de los juzgados, el pasado lunes 8 un grupo de trabajadores de las granjas junto a La Alameda y el MTE realizaron una acción de bloqueo al Molino de Nuestra Huella. En ese predio la empresa tiene tres silos donde almacena la materia prima que abastece a las decenas de galpones. “Es uno de los puntos neurálgicos, de ahí sacan el alimento para las gallinas, entonces era un punto simbólico, porque los siete trabajadores despedidos son de distintas granjas”, explica Grabois. Tras nueve horas de bloqueo y con una larga fila de camiones esperando, se hizo presente en el molino Marcelo Martino, del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Tanto él como Jorge Matos, inspector de la misma cartera, se negaban a tomar registro de las denuncias por trabajo infantil que allí mismo le hacían los menores presentes junto a sus familias. Luego de una discusión febril, accedieron tomar algunas notas.

 

Métodos decimonónicos

Juan Grabois fue testigo del funcionamiento de una de las granjas de Nuestra Huella, llamada La Escondida, en la localidad de Pilar, donde asegura que “tenían cercas electrificadas y el trabajo infantil era masivo”. “Algo que pone en evidencia que esto no era algo episódico, y yo lo planteo en mi declaración judicial, es que las canaletas de los huevos estaban a la altura de un chico de 5 años y el nivel de precisión con el que los pibes los juntaban y ponían en los palets era tal que quedaba excluida la posibilidad de que lo habían hecho dos o tres veces solamente, eran chicos ya capacitados en la tarea”. Grabois habla del trabajo de niños con edades que iban de los cuatro a los doce años aproximadamente y que trabajaban junto a su familia dentro de un galpón lleno de polvo, excrementos y agrotóxicos. ¿Cómo hacía Nuestra Huella para ocultar este sistema? “En cada granja puede haber entre 4 y 5 galpones y contratan una familia para cada galpón. Sólo le pagan y reconocen al jefe de hogar y tienen trabajando a toda la familia”, detalla.

 

Todo un sistema que resulta en la implementación de un “trabajo infantil masivo, con migrantes en situación irregular que fueron traídos con engaños y destinados al medio del campo, sin comunicación con el resto de la sociedad, muy vulnerables a las maniobras de las empresas”, afirma Grabois. Como consecuencia de esta explotación económica, el conflicto ha tomado dos vías judiciales vinculadas. En primer lugar queda en exposición toda una serie de denuncias por violación de derechos humanos. Se trata de delitos penales gravísimos como la explotación infantil, trata de personas y reducción a la servidumbre. En segundo lugar está lo estrictamente gremial, que implica tanto los reclamos por despidos y blanqueo como el no reconocimiento por parte de la empresa de los derechos sindicales fundamentales.

 

Como el caso tomó estado público y los abogados de los trabajadores intimaron repetidas veces a Nuestra Huella, la empresa se ocupó de blanquear al jefe de hogar a cargo del galpón. Pero, explica Grabois, “en cada galpón hay miles de gallinas y cada gallina pone un huevo por día y tiene sus necesidades alimentarias e higiénicas, por lo que es un trabajo para 4, 5 o incluso más personas. Entonces contrataban familias numerosas, le pagaban el sueldo al jefe de hogar y tenían trabajando en forma gratuita a la mujer y a sus hijos, sin importar la edad, de los 4 años para arriba todo les sirve. Esta situación calamitosa se da en una de las principales empresas avícolas del país”. Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, espera que pronto se inicie el juicio a los dueños de Nuestra Huella por las causas de reducción a la servidumbre y trata de personas. Esta fundación viene trabajando en Argentina fuertemente en la denuncia de estos delitos cometidos por los propietarios de talleres textiles clandestinos (tráfico y esclavización de personas, de origen boliviano principalmente) y por proxenetas que regentean prostíbulos y generan una red de trata y desaparición de jóvenes mujeres. Los delitos de trata y reducción a la servidumbre ahora se hacen evidentes también en el trabajo rural.

 

Un negocio redondo, casi como un huevo

Nuestra Huella le vende casi el 80% de su producción a la empresa austríaca Ovoprot. Esta compañía procesa en plantas que posee en Argentina la materia prima que le compra a los Luaces y exporta gran parte de los productos que derivan del huevo. Polvo de la cáscara de huevo, yema en polvo y albúmina (clara) en polvo, son los principales derivados que obtienen a partir de un proceso de deshidratación similar al de la leche en polvo.

 

“Ellos compran a precios muy baratos acá, basados en el trabajo esclavo”, denuncia Grabois, y luego venden el producto principalmente a Europa a un precio de mercado internacional. Según un informe del diario La Nación, Ovoprot “exporta el 80% de su producción, y sus ventas representan más del 70% de lo que la Argentina exporta de huevo en polvo a multinacionales alimenticias como Kraft, Unilever, Danone y Nestlé”. En la página web de Ovoprot se afirma: “¿Puede el huevo hacerse perfecto?

 

Uno puede. Nosotros podemos. Nosotros lo hacemos. 100% huevos puros y frescos se producen diariamente con los standards tecnológicos mas altos”.

 

Las condiciones económicas generales en las que se desarrolla este tipo de trabajo esclavizante son especiales. Según Grabois, “la industria avícola está en expansión, los huevos tienen propiedades nutritivas muy buscadas por los europeos, por eso se exporta en cantidad. Estamos ante empresarios que realizan su acumulación sobre la base de la explotación de los trabajadores para poder capitalizarse, pero que aún así fracasan y terminan vendiendo sus empresas al capital multinacional. Nos vamos a encontrar con que, seguramente en poco tiempo, los siete años de explotación asquerosa que sufrieron los compañeros culmina con una empresa con un alto nivel de producción y un mercado asegurado bajo el mando de un titular de una multinacional. Esta supuesta burguesía nacional que termina entregada al capital transnacional es un ejemplo muy claro y paradigmático”.

 

UATRE, la fuerza del campo está en el trabajo (esclavo)

Las relaciones entre los trabajadores de granja y el gremio que los debería proteger van de mal en peor. En 2008, cuando aparecieron las primeras denuncias por trabajo infantil, fue gente de la propia UATRE (José Luis Cáceres) la que gestionó una coima para silenciar al trabajador denunciante (Oscar Taboada) y proteger de ese modo a Nuestra Huella. La Fundación Alameda registró todo en grabaciones.

 

Pasado un año, y sin que se registre apoyo sindical alguno, en agosto de 2009 trabajadores de distintas granjas de Nuestra Huella se reunieron en La Mimosa II (una de las granjas) para conformar el gremio Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (UTGA) con trámite de inscripción gremial iniciado. Agustín Navarro, principal activador de aquel nucleamiento sindical, recibe a los cinco días de realizada la reunión una carta en la que se le comunica que “Nuestra Huella Sociedad Anónima prescinde de sus servicios”.

 

El pasado 10 de febrero se realizó una audiencia en la delegación que tiene el Ministerio de Trabajo bonaerense en Pilar. Y UATRE siguió dando la nota, no sólo por afirmar impunemente allí que “son falsas las denuncias y los dichos públicos sobre trabajo infantil”, sino también por concurrir con una patota de 130 supuestos afiliados a UATRE que amenazaron a los despedidos y a la gente que los apoya. Grabois explica que “nosotros somos respetuosos de la personería gremial de la UATRE pero no podemos convalidar la connivencia que tienen con la empresa. El contacto más estrecho que tuvimos con la UATRE fue en la audiencia del miércoles (10 de febrero) cuando mandaron esa patota y decían que nos iban a pasar a cuchillo a mí y a Gustavo Vera y amedrentaban a los trabajadores que habían realizado la denuncia”.

 

Todos los caminos parecen cerrados para este sector de trabajadores, vulnerables a todo tipo de arbitrariedad. La participación dentro de UATRE y la protección por parte de este gremio aparece como imposible con la dirigencia actual. La creación de un gremio propio es resistida claramente por la empresa. Los funcionarios del Estado y el poder judicial son dubitativos o directamente están en contra de la libertad gremial. Por el momento la acción en las calles, la difusión de sus reclamos y la solidaridad popular aparecen como el único bastión que mantiene vivos los derechos de estos trabajadores de granjas avícolas". Fuente: http://www.argenpress.info/ 19-2-10

 

En consecuencia, salir de la impunidad capitalista e imperialista es tomar conciencia que somos nosotros -los de abajo y unidos en diversidad- quienes debemos hacernos cargo de poner fin al control sobre nosotros de las fuerzas policiales y a su poder de matar, torturar, drogar, prostituir y volver delincuentes a nuestros adolescentes, jóvenes. También, nos toca multiplicar la acción de la Fundación Alameda, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente de Lucha Por Cooperativas Sin Punteros si nos comprometemos con que se vaya construyendo una democracia a la plebeya.

 

El Frente de Lucha Por Cooperativas Sin Punteros explica razones de sus movilizaciones: "venimos reclamando hace meses la inclusión al Programa Argentina Trabaja, nos movilizaremos en varios municipios del conurbano bonaerense y en provincias como Chaco, Santa Fe y Jujuy.

 

Además, anunciamos nuevas medidas de lucha para el próximo martes y miércoles exigiendo:

·          El cobro inmediato de los inscriptos beneficiarios del programa

·          La conformación de cooperativas propias sin injerencia de los punteros.

·          Fin a las especulaciones sobre los datos de los inscriptos que se encuentran observados o perdidos por la inoperancia del Ministerio de Desarrollo Social.

·          Inmediata apertura de inscripciones en La Matanza, La Plata, Merlo y Capital  Federal sin más mentiras ni condicionamientos.

·          La extensión inmediata del Programa Argentina Trabaja a todo el País

 

Las organizaciones sociales que venimos luchando hace meses por la inclusión en el Programa “Argentina Trabaja”, anunciado por la presidente Cristina Fernández para generar cientos de miles de puestos de trabajo en Cooperativas, seguimos denunciando irregularidades y exigimos la inmediata implementación del Programa en todo el país.

 

Luego de varios meses de promesas y excusas, algunos trabajadores comenzaron a trabajar, así como otros cientos continuamos esperando el comienzo efectivo de los trabajos comprometidos por el gobierno.

 

Por esto exigimos que se garantice el cobro inmediato de todos los inscriptos en el Programa y que se dicten las capacitaciones a quienes todavía no las han tenido.

 

Somos testigos de los constantes manejos clientelares de los punteros políticos y de la incapacidad y falta de voluntad de los funcionarios que administran el Programa. Funcionarios del más alto rango del Ministerio de Desarrollo Social hacen afirmaciones que minutos después son incumplidas. No queremos que nos mientan más, queremos trabajar en las cooperativas. Los y las trabajadoras inscriptos en el Plan Argentina Trabaja decimos ¡BASTA YA! de mentiras, manoseos, y de jugar con la dignidad y la necesidad de nuestras familias!

 

Por otro lado, los Intendentes del conurbano bonaerense utilizan los puestos de trabajo del Programa Argentina Trabaja para incrementar su poder sin importarles la necesidad laboral de la población haciendo desmanes con ellos.

 

Al mismo tiempo este Programa, que fue anunciado como de alcance Nacional, aún no tiene indicios de llegar a las distintas provincias de nuestro país. Esta situación margina a cientos de miles de desocupados y desocupadas del interior del país que aguardan con esperanza la posibilidad de un empleo para solventar a sus familias (...)".

Fuente: MTL Rebelde

mtlrebelde@yahoo.com.ar

en la Coordinadora de Lucha en la Ciudad

La Dignidad no se Privatiza

ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar

 


 


 

III. ((VOLVER))

 

Correspondiente a la tercera hipótesis

Salir de la impunidad capitalista e imperialista nos desafía a tomar conciencia que no puede haber democracia cuando:

 

1. Ciencias y tecnologías se consagran a  medios 'pacíficos' de destrucción, exterminio masivo y avasallamiento

 

Alberto J. Lapolla (Rebelión), en “Los 52 millones de toneladas de soja transgénica, la ética de los científicos y los ingenieros agrónomos”, explica en:

Lo peor, peor está.


Según todo indica, la cosecha de sojaRR (transgénica-forrajera) de esta campaña 2009-2010, orillará las 52 millones de Tm., abarcando la friolera de 19 millones de has. sembradas. Lo cual implica alrededor del 57 % de la producción total de granos y el 55% del área sembrada. Esto es, una profundización aún mayor del monocultivo sojero y del proceso de sojización. Proceso que pagamos destruyendo casi todas las demás actividades agrícolas y transformando a uno de los mejores ecosistemas del mundo para producir alimentos, en una factoría neocolonial de producción de ‘pasto-soja’, subsidiando la producción industrial de China, la India y la Unión Europea. Países que no desean producir materias primas a ser usadas en cadenas alimenticias secundarias, las que compran a países del Tercer Mundo (nosotros) mientras destinan todos sus recursos agrícolas a producir alimentos, sosteniendo su soberanía alimentaria, contrapartida de un proceso de industrialización exitoso, tal cual hicimos los argentinos entre 1945 y 1976.

La Argentina, por el contrario, destina la mayor superficie posible de de su feraz pradera pampeana (más de 35 millones de hectáreas) a producir parte de la cadena alimenticia de otros países, ignorando o debilitando la nuestra. Nuestro vecino Brasil, y el propio Chile -a pesar de su modelo neocolonial- no actúan así.
De tal forma la otrora famosa soberanía alimentaria argentina es hoy cosa del pasado. Hecho que puede comprobarse en el reciente desmedido aumento del precio de la carne, debido a la reducción constante del stock y de la superficie ganadera, que la sojización produce, expulsando la ganadería a regiones marginales de menor productividad. De tal forma, la ganadería perdió desde el inicio de la sojización la increíble cifra de 13.5 millones de has. en Pampa húmeda y una cifra cercana a los 3 millones de cabezas por año, en las últimas cinco campañas, produciendo una drástica reducción del stock.

Este proceso viene unido a la concentración de la producción de carne para el mercado interno en los feed-lots, que hoy concentran casi el 80% de la producción de carne para consumo interno.
Carne ‘chatarra’ contaminada con antibióticos, anabólicos, hormonas, vacunas, funguicidas, y sobre todo con animales alimentados sin pasturas naturales, con alto nivel de granos, lo cual altera totalmente su composición nutricional, afectando la salud de la población que los consume. Es decir, la de la mayoría de los argentinos, pues los feed-lots producen 11 de los 14 millones de cabezas de ganado que se faenan por año. El resto son animales criados a campo con pasturas, que van a exportación o a cortes de alto precio.

Lo mismo ocurre con las demás producciones desplazadas por la sojización, como la horticultura, la lechería, la fruticultura, la apicultura, y la producción familiar en general, lo cual ha afectado notoriamente los precios y la oferta -en cantidad y calidad- de frutas, verduras y lácteos. La producción familiar que debería ser la base de la recomposición de un modelo productivo, sano, solidario, democratizador, descentralizador y repoblador del campo argentino, y principalmente productor de alimentos, por el contrario es arrasada por las fumigaciones aéreas de glifosato -ya limitadas en los EE.UU., y Europa- y por los precios absurdos de la tierra sojizada. A esto hay que sumarle la depredación al ecosistema, la contaminación de napas, fuentes de agua, arroyos y ríos, la exportación masiva de nutrientes que supera holgadamente los 1500 millones de doláres por año. La absoluta destrucción del bosque nativo.

La destrucción de fuentes de trabajo: la sojaRR crea 2 puestos de trabajo cada 1000 has y destruye 9 de cada 10, debido a su técnica de cultivo por Siembra Directa. Sumemos también la expulsión masiva de pequeños chacareros y arrendatarios y la expulsión de comunidades indígenas que los sojeros producen y la degradación del suelo que la repetición del ciclo continuado soja-trigo-soja produce. Sumemos la destrucción de la flora, la fauna, la microflora, la microfauna, y la disminución masiva de la Biodiversidad, que la sojización produce en forma permanente y continuada desde 1995. Dejamos para el final, porque lo trataremos aparte, los graves efectos sobre la salud humana que producen los más de 300 millones de litros de agrotóxicos fumigados por campaña sobre la pampa sojizada y la población que la habita. De tal forma, si uniéramos todos estos costos colaterales y estructurales (los sistemas agrícolas no son circuitos económicos cerrados sino abiertos) que la sojaRR produce a nuestra economía y que hemos abordado en otros artículos, sería poco lo que nos restarían de los aproximadamente 19 mil millones de dólares en bruto, que reportará la enorme cosecha sojera. Y esos costos en algún momento habrá que asumirlos pues, año a año, iremos deteriorando nuestro ecosistema productivo, hasta acabar con el, sin posibilidad de retorno.

Lo más grave: contaminación al por mayor
Durante el conflicto agrario, la Presidenta de la nación pidió al Conicet un estudio sobre la toxicidad del glifosato. Tomado por sorpresa por la decisión, y porque los aliados sojeros, de golpe se habían transformado en feroces enemigos del gobierno, el Dr.Lino Barañao, Ministro de Ciencia y Tecnología, pero hombre vinculado en forma directa a la industria biotecnológica multinacional, designó una comisión ad hoc por fuera de los concursos habituales para un estudio de esta complejidad. Y en particular eludió sumar voces u opiniones que pudieran contradecir lo expresado por la multinacional Monsanto en sus informes, que son la base de todo lo que se maneja sobre los efectos del glifosato, sobre plantas, suelo, ambiente y gente.

Contraviniendo todos los estudios que se están publicando en el mundo y en nuestro propio país, como por ejemplo el informe del Dr.Andrés Carrasco, sobre el herbicida estrella del complejo sojero, el informe concluyó un galimatías político-científico (dos disciplinas que en general no se llevan bien) donde en una página se asegura que: ‘bajo condiciones de uso responsable, entendiendo por ello las condiciones de uso autorizadas por las normas vigentes y cumpliendo con la adopción de buenas prácticas para su aplicación, el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana o el ambiente.’

Este párrafo es casi una obviedad que señalan todos los marbetes de agrotóxicos. Sin embargo, el informe no concluye en ninguna parte que el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana y el ambiente. Pero dejando en claro las cosas (los científicos-políticos no son tontos) el informe termina señalando que ‘en Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes.’

Es decir, en realidad el grupo del Conicet concluye que los organismos técnico-científicos del Estado no saben nada sobre los efectos que el principal agrotóxico del complejo sojero está produciendo sobre la salud y el ambiente de un área de más de 35 millones de hectáreas en el corazón productivo del país. Cabe aclarar que el informe del Conicet de fecha de julio de 2009, no fue especialmente imparcial. A su cargo estuvo el Ing. Claudio Ghersa que fue uno de los principales impulsores del modelo sojero a través del núcleo monsantiano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bajo la batuta del ex decano Fernando Vilella, Héctor Huergo (director de Clarín Rural y de Expoagro), el fallecido Héctor Ordoñez (creador de la idea de la ‘Argentina verde y competitiva contra la inviable Argentina industrial’), la Nación Rural, la Bolsa de Cereales de Rosario y Aapresid, sumado a todo el Instituto de investigación al que pertenece Ghersa. Ellos establecieron una política de ‘pensamiento único’ respecto de la transgenia, la sojización y la Siembra Directa, que prácticamente ha anulado todo debate científico serio sobre la agronomía y las políticas agropecuarias en la FAUBA. Esta política ignoró, ocultó y reprimió, todo intento de estudio serio de control ambiental y agronómico sobre los efectos de la sojización en el ecosistema a que se aplicaba. Su responsabilidad crecerá con el tiempo y será éticamente ineludible, cuando, como ya está pasando, sea imposible ocultar los gravísimos daños que la lluvia permanente de agrotóxicos produce sobre la salud de la población argentina.

Informe monsantiano
No sólo se ubicó como coordinador del equipo a un miembro del lobby monsantiano como el Ing. Ghersa, sino que el informe tomó como base de referencia a un trabajo norteamericano del año 2000, realizado por Gary Williams, Robert Kroes y Ian Munro. Olvidando señalar que dicho informe había sido patrocinado por la multinacional Monsanto. Es decir, Monsanto se investigó a sí misma y el Conicet usó sus ‘estudios imparciales’ para juzgar la toxicidad del producto que la multinacional comercializa. Como es lógico, el informe de Williams concluye en la total inocuidad del glifosato. De manera notable el Conicet no convocó siquiera como contraparte, a la gran cantidad de científicos que dentro de las estructuras académicas del país vienen trabajando hace tiempo por su cuenta, demostrando todo lo contrario: que el glifosato, sus coadyudantes y demás agrotóxicos del complejo sojero, son responsables de producir cáncer, malformaciones en los nacimientos, abortos espontáneos, lupus, leucemias, alergias, enfermedades respiratorias, intoxicaciones, dermatitis, y enfermedades crónicas por contacto. Enfermedades desconocidas en frecuencia y existencia, antes de la irrupción de la sojaRR en nuestras pampas.

A pesar de todos estos estudios producidos en el país e informados a la comunidad científica local, no fueron convocados, ni el Dr. Walter Pengue, ni el Dr. Jorge Morello, ni el Dr. Raúl Montenegro (Premio Nóbel alternativo), ni el Dr Jorge Kaczewer, ni el Dr. Adolfo Boy, ni el Dr. Andrés Carrasco, quien en 2009 confirmó, en la Argentina los estudios que viene realizando en Francia el equipo de Gilles-Eric Seralini, que demuelen la falsa inocuidad del glifosato.

 

Tampoco fueron consultados los grupos de médicos que en todo el país están denunciando el aumento de casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y abortos espontáneos provocados por los agrotóxicos, tales como los Dres., Alejandro Oliva de Rosario, Darío Gianfelice de Paraná, Gómez de Maio de Posadas, o Jorge Lenzi, del Colegio Médico de Saladillo que encontró un incremento de más del 30% del cáncer colo-rectal desde la irrupción de la sojización en la zona. El Dr. Alejandro Oliva, Director de Andrología del hospital Italiano de Rosario coordinó un estudio multidisciplinario del cual participaron la FAA, el INTA, la UNR y el Colegio de Ing. Agrs., de Rosario. El estudio, abarcativo de toda la cuenca sojera central, demostró palmariamente la relación del glifosato y los agrotóxicos del complejo sojero con la propagación del cáncer en toda la región bajo estudio de Santa Fe y Córdoba. Llegando a comprobarse que la frecuencia de determinados tipos de cáncer era varias veces mayor en pequeños poblados del interior sojero que en las grandes ciudades, cuando hasta 1995, era exactamente al revés.

Dicho estudio, de gran importancia, no fue publicado en el país por presión del INTA y los gobiernos provinciales y debió ser publicado en la revista Cadernos de Saude Publica de Brasil, encontrándose un resumen en los archivos de la FAA. El Dr., Gómez de Maio, jefe del Departamento de Neonatología del Hospital Nacional de Posadas, Misiones, ha denunciado y publicado reiteradamente los efectos del glifosato y otros agrotóxicos en la producción de nacimientos con malformaciones, tumores y abortos espontáneos altamente superior a la media. En este caso se acumulan los efectos de la sojización y el uso del glifosato en la producción de tabaco. Los Dres., Darío Gianfelice y Mascheroni vienen denunciando desde hace años, el gran aumento de abortos espontáneos, cánceres, leucemias, malformaciones en los nacimientos de Entre Ríos y Santa Fe en zonas sometidas a los agrotóxicos del complejo sojero. Ninguno de ellos fue llamado a participar de la comisión ad hoc, ni siquiera a exponer sus razones. Tampoco lo fueron las Madres del Barrio Ituzaingó, en Córdoba que poseen casi 200 casos de cáncer sobre 4.000 habitantes, o de San Cristóbal o Mal Abrigo, en Santa Fe, que poseen uno de los porcentajes de malformaciones en los nacimientos más altos del país. Tampoco fueron convocados los vecinos de Loma Senés de Formosa que fueron fumigados en persona por productores sojeros y sufrieron todo tipo de enfermedades, lo cual valió un artículo de denuncia sobre la sojización en Argentina en la revista británica New Scientist (17-4-04). La UNLitoral encontró en 2006 que el 86% de las madres en lactancia poseían restos de agrotóxicos en la leche. La Maternidad Sardá de Buenos Aires encontró lo mismo pero la cifra subía 90.5%, por supuesto la comisión ad hoc ignoró estos datos.

Ciencia, glifosato, cáncer y enfermedad
Sin embargo, pese a la negativa del informe del Conicet y el ministro Barañao a reconocer lo que ya es más que obvio, en el resto del mundo -no atado a los poderosos intereses del rentismo sojero-monsantiano- los estudios, investigaciones y denuncias contra el glifosato y sus efectos cancerígenos, están cada vez más difundidos. En 2001 el Dr. Robert Bellé, Director del Centro Nacional de Investigaciones de Roscoff en Francia, determinó que el glifosato en su formulación como Round-up activa el mecanismo de ‘check-point’, que inhibe a la célula el cese de su reproducción. De seguir reproduciéndose indefinidamente puede transformarse en una masa tumoral, dando inicio al proceso de tumorización y finalmente al cáncer.

Bellé dice que es una locura hacer fumigaciones aéreas de glifosato. En 2005, Marc et al., reportaron los mismos efectos encontrados por Bellé en ensayos sobre Erizo de mar, la misma especie usada por Bellé, (publicado en Toxical Applicated Pharmacology). En 2006, el Dr., Dick Ralea de la Univ., de Pittsburg (USA) descubrió que la aplicación de Round-up sobre fuentes de agua con anfibios en desarrollo, destruía el 70% de la biodiversidad de anfibios y el 86% en renacuajos (¿Se acuerdan cuando los argentinos teníamos ranas y sapos?). En la misma línea pero en nuestro país, un estudio conjunto de la UBA y el Intech (Chascomús) encontró que el glifosato destruía y alteraba la flora y la fauna de las lagunas bonaerenses. (La Nación 17-3- 2008). Investigadores Oncológicos suecos informaron en el Journal of Amercian Cancer Society, una estrecha relación entre Linfoma No Hodgkin (un tipo de cáncer) y el glifosato. El grupo dirigido por Gilles-Eric Seralini, de la Univ., de Caen en Francia, a través de sucesivos informes en 2005, 2007 y 2009, ha demostrado que el Round-up a través de su surfactante POEA (Polietoxietielamina) produce la muerte de las células embrionarias, placentarias y del cordón umbilical, dando origen a malformaciones, teratogenésis y tumores. Sus trabajos fueron publicados por la revista Scientific American. Por último el Dr., Andrés Carrasco Director del Laboratorio de Embriología de UBA-Conicet, descubridor de los Genes Hox (que son los que determinan la morfogénesis en todos los vertebrados, razón por la cual en su momento se lo mencionó para un posible Premio Nóbel) informó en 2009, haber comprobado en ensayos realizados durante dos años, que el glifosato usado en dosis mucho menores a las de campo, y en diluciones similares a las que se encuentran en los cursos de agua como restos, produce malformaciones placentarias y embrionarias en una especie de anfibio llamada Xenopus laevis, alterando todo el proceso de morfogénesis del anfibio, proceso que a su vez es común a todos los vertebrados y por lo tanto común al ser humano.

Esta pequeña lista ilustrativa demuestra que la supuesta inocuidad del glifosato es un cuento de Monsanto. Empresa acostumbrada a mentir hasta el final, y miembro del complejo militar-industrial norteamericano, autora del ‘agente naranja’ en Viet Nam, y que ya ha debido indemnizar con sumas millonarias a los afectados por el PCB, por el Agente naranja, por las dioxinas, y ahora lo está haciendo -pero en Estados Unidos- por los daños ocasionados por las fumigaciones aéreas de Round-up. Como siempre ocurrió con Monsanto o antes con las tabacaleras, ‘científicos’ de dudosa ética, negaron durante décadas mediante estudios fraguados, informes falseados, ocultamiento de información y especialmente no realizando los ensayos que había que realizar –‘lo que no se investiga, no se conoce’. Sin embargo, finalmente fueron arrasados por estudios serios que demostraron la falsedad de los estudios de la empresa. Monsanto terminó pagando sumas multimillonarias a los afectados, la mayoría de los cuales desgraciadamente ya no estaban para poder disfrutar ese dinero.

Salir de la Sojización
La Argentina es el país más sojizado del mundo, la salud de nuestra población está siendo afectada de manera grave por el uso indiscriminado, irracional y abusivo de una masa de agrotóxicos que no tiene parangón en nuestra historia ambiental. Todo, para producir pasto-soja, que nuestra economía no necesita. ¿No sería más lógico plantearnos recuperar varios cientos de miles de productores perdidos -hoy solo restan menos de 330.000 de los 660.000 que supimos tener- y proponernos por ejemplo, en lugar de producir 100 millones de Tm, de commodities que no necesitamos, llegar a tener un millón de productores? Chacareros que realicen una producción limpia, basada en la elaboración de alimentos para nuestro pueblo, exportando el sobrante, que sin dudas sería enorme y multivariado, recuperando por ejemplo la producción de ‘la mejor carne del mundo’, que implica pastoreo a cielo abierto, en campos de buena calidad y rotaciones agrícola-ganaderas, que nos devolverían la fertilidad natural de nuestros suelos hoy dañados, casi sin gastar en fertilizantes.

Debemos reforestar enormes superficies devastadas por la sojización, pero por sobre todo debemos distribuir tierra, quebrando el proceso de concentración descomunal de la propiedad, que se viene produciendo desde 1976. Seguramente los 19.000 millones de dólares que hoy estaría aportando la sojaRR -sin beneficio de inventario- serían superados por una producción mucho más variada y de mayor valor agregado, creando mucho más trabajo y afincamiento rural, en lugar de la expulsión actual. Pero por sobre todo estaríamos protegiendo a nuestro pueblo de una catástrofe anunciada y de una muerte lenta pero inexorable por vía de la contaminación cancerígena y teratogénica de los agrotóxicos, que hoy desparramamos alegremente sobre uno de los ecosistemas más feraces del planeta.

Un proyecto nacional y popular requiere urgente otra política agropecuaria pensada para el desarrollo de la nación. Queda una pregunta para agrónomos, biólogos y genetistas propulsores de la transgenia masiva a ecosistema abierto. ¿Cómo se articula el Dogma Central, de ‘un gen-una proteína’, si hoy sabemos que el genoma humano posee alrededor de 25.000 genes, pero producimos más de 100.000 proteínas? ¿Nadie es capaz de preguntarse que algo anda mal en ese postulado?, y que en realidad como siempre pasa, la materia, la naturaleza y la vida, siempre son más complejas que lo que podemos entrever. Si a esta pregunta que posee una respuesta que Monsanto se niega a dar, le sumamos los más de 300 millones de litros de agrotóxicos fumigados por campaña sobre nuestros campos, tal vez los ingenieros agrónomos y científicos involucrados, deban reflexionar sobre lo que han aprendido como ‘pensamiento único sojero y transgénico’ y repensar si desean ser cómplices de la muerte lenta de nuestro pueblo o ayudar con sus conocimientos a su felicidad y grandeza".

Alberto J. Lapolla  es ingeniero agrónomo, genetista e historiador, Director del Instituto de Formación de la CMP.
Fuente: www.rebelion.org / 10-3-2010

 

2. Poderes usan sus conocimientos e influencias para engañar que el camino es de muerte, tortura...

 

Darío Shapotskik (OMAL)

"La mentira del empleo minero y la preocupación de las multinacionales

Una de las estafas de las multinacionales mineras es que esa actividad económica genera trabajo. En el montaje de esa mentira colaboran asiduamente los medios comerciales de masas y los funcionarios de turno. Ellos se encargan de difundir informes estadísticas y proyecciones para convencer a las poblaciones de que “en poco tiempo veremos a San Juan inundado de trabajo” (Informe de Gioja, gobernador de San Juan, junio 2003)

Algo similar conocimos en el caso de las pasteras de Fray Bentos, promovidas por el gobierno del Frente Amplio; según Tabaré Vázquez “reportarían más de 2.000 empleos directos”. Sin embargo, los estudios presentados por universidades de Montevideo y de Entre Ríos, demostraron que el trabajo real para obreros y técnicos uruguayos se reducía a menos de un centenar.

Otro objetivo es impedir que las poblaciones se resistan a la instalación de las explotaciones mineras. Una minera tiene necesidad de invadir y ocupar territorios y desplazar poblaciones. Es un prerrequisito de infraestructura al que no están obligadas otro tipo de multinacionales.

En muchos casos logran que los habitantes piensen cosas como estas: “No importa que contaminen si es que trae laburo”, como dice el protagonista de la documental “Asecho a la Ilusión”, donde se relata el caso de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.

 

La verdad es otra

En los países tradicionalmente mineros de Sudamérica (Brasil, Perú y Chile), esta industria ocupa, respectivamente, a 91.000 personas (lo que representa apenas el 0,1 % de la población económicamente activa), a 75.000 (equivalente al 0,9 % de la PEA ), y a 78.000 personas (el 1,4 % de la PEA) .

Las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas mineras son extremadamente insalubres y precarizadas, generándose día a día mayores índices de accidentes de trabajo como el producido el 14 de junio de 2004 en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, cuando murieron catorce trabajadores. A este desastre humano, debemos sumar el “accidente” en la planta potabilizadora donde se procesa y lava el carbón, que causó la muerte del obrero Ramiro Marín, el día 23 de diciembre de 2005.

“El Estado Nacional parece decirles a Barrick Gold, Meridian Gold, Alumbrera Limited, y otras: ’Señores, estamos a su disposición. Dígannos que quieren, que lo vamos a hacer’”, acusa el Informe parlamentario presentado por el diputado Carlos Alberto Tinnirello, el 1º de junio de 2006.

 

En realidad, -continúa el informante- el Presidente Kirchner ya se ha encargado de cumplir con esta vergonzosa tarea. En la presentación del Plan Minero Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los ’representantes del sector minero’ dijo textualmente: “... todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión, y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar ...” .

Seguidamente se pregunta:

 “¿Por qué el Presidente se manifiesta dispuesto a escuchar sólo a los empresarios y no a la población que continuamente se manifiesta en defensa de su medioambiente y los recursos naturales? ¿Por qué hace caso omiso a la población de Esquel, que se manifestó en un 81 % contra la minería a cielo abierto? ¿Por qué es sordo frente al 20 % de los habitantes de Santa María, Belén y Andalgalá, en Catamarca, que se han movilizado contra los proyectos Agua Rica y Filo Colorado, exigiendo plebiscito ante cualquier emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente? ¿Qué lo lleva a ignorar la firme decisión de los habitantes del Valle de Uco, en Mendoza, de oponerse a la minería a cielo abierto en la zona de Papagayos?” (Informe 1º de junio 2006, Congreso Nacional, Argentina).

Cuando “ellos” se preocupan

La gravedad del saqueo de recursos y de los daños ambientales causados por las empresas que llevan adelante las actividades de megaminería ha llevado, incluso, a que el parlamento canadiense -país del que son originarios la mayor parte de las empresas dedicadas a la mega minería, entre ellas Minera Andes, una de las responsables del emprendimiento San José-Huevos Verdes- invitara al gobierno de ese país a terminar con las consecuencias sociales y medioambientales de las devastadoras explotaciones mineras canadienses fuera del país.

 

Un reciente informe parlamentario invita al gobierno a: cesar el apoyo de proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior; considerar a las compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y forzar al Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos.

 

En junio de 2005, la Comisión Permanente del Parlamento sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional adoptó un informe en el que expresaba sus inquietudes sobre el hecho de que "Canadá todavía no tiene leyes para asegurarse de que las actividades de las compañías de explotación minera canadienses en países en vías de desarrollo se conforman con los estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de la gente indígena".

 

El informe discute que "mucho más debe ser hecho para asegurarse de que las compañías canadienses conduzcan sus actividades de manera social y ambientalmente responsable y en conformidad con estándares internacionales de los derechos humanos".

Entre otras cosas, el informe impulsa al gobierno de Canadá:

a) A condicionar el apoyo canadiense "a compañías con responsabilidad social corporativa claramente definida y estándares de derechos humanos".

b) A establecer en Canadá normas legales claras para asegurarse de que las compañías y los residentes canadienses serán tenidos responsables cuando haya evidencia de violaciones ambientales y/o a los derechos humanos asociados a las actividades de las compañías de explotación minera canadienses (...)".
Fuente: www.rebelion.org /Ecología social/ 20-2-2010

 

En consecuencia, salir de la impunidad capitalista e imperialista es tomar conciencia que somos nosotros -los de abajo y unidos en diversidad- quienes debemos confiar en que podemos transformar nuestra cotidianeidad en más amigable y menos injusta si nos proponemos, por ejemplo, modificar la función de nuestro sector laboral con vínculos de escucha e intercambio creador de la reciprocidad propia a la otra sociedad posible, en la que ejerceremos nuestra condición de sujetos colectivos de derecho y autonomía.

 

Pero, sobre todo, decimos basta a la confrontación melodramática de los dos bandos imprescindibles a la gobernabilidad del sistema de saqueo y nos ponemos a debatir cómo resolvemos los problemas fundamentales que tenemos como partícipes del país, el continente y el mundo.