I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo:

Introduzco la percepción como el modo humano de ‘situarnos’ en la realidad circunstancial
o en la que está en desarrollo y por tanto, de la percepción depende
la lógica
con la que manejamos nuestra vida.

El problema sobre cómo posibilitar la ubicación correcta en
la realidad social, nacional e internacional
es planteado por Cristina Fernández de Kirchner

-dos semanas antes de asumir la presidencia-
en forma   
de dar batalla en el terreno de la “interpretación y decodificación de
qué es lo que se muestra”. Es decir, decidió establecer –para nosotros, los de abajo-
“cuál es la Argentina
que nos quieren hacer ver y cuál es la Argentina real”.

En contraste, GRAIN –en “Paremos la fiebre de los agrocombustibles”-
pregunta:

 “¿Dónde se contempla a los agricultores locales
en este esquema general?”.

 

Contesta:

“Simplemente no están. Aunque en el discurso se invocan oportunidades para
que las comunidades locales se beneficien de la agricultura de energéticos y
para que las comunidades locales se revitalicen con nuevos mercados,
la revolución
de los agrocombustibles se encamina con paso firme
precisamente en dirección opuesta. Siendo parte de
un sistema
de agricultura de plantaciones controlado
por las corporaciones, los nuevos agrocombustibles
harán trizas los empleos locales, en vez de crearlos.

Baste con preguntarle a las familias rurales de Brasil:
el reciente aumento de plantaciones de caña de azúcar, soja
y eucalipto
ha provocado la expulsión generalizada de los pequeños productores
de sus tierras, a menudo recurriendo a la violencia.

Entre 1985 y 1996, 5.3 millones de personas fueron desalojadas
de sus tierras
al clausurar 941 mil fincas pequeñas y medianas
y en los últimos años se ha intensificado el índice de expulsión.

En Brasil,
cada una de la mayoría de las familias rurales
necesita apenas unas pocas hectáreas para vivir.
Por el contrario,
las plantaciones –que ocupan millones de hectáreas- casi no ofrecen trabajo:
por cada 100 hectáreas una plantación típica de eucaliptos crea un puesto de trabajo,
una plantación de soja dos puestos de trabajo y una de caña de azúcar, diez puestos
de trabajo.
La situación es muy similar en todo el mundo”.

Fuente: publicación trimestral Biodiversidad, sustento y cultura
Número 54, octubre de 2007
biodiv@redes.org.uy
carlos@grain.org

 

Ideología:

Veamos cómo Cristina Fernández pone en práctica
su compromiso
de enseñarnos a estar bien afirmados en la realidad.

La señora Presidenta destaca:

“La contaminación y Botnia son una causa nacional.
Yo
le dije a Tabaré Vázquez (presidente de Uruguay)
que el problema lo crearon ellos porque
violaron
el Tratado del Río Uruguay que plantea la consulta previa
para emprendimientos de este tipo.

Nosotros reclamamos ante La Haya y vamos a esperar el fallo”.
Por eso,
Cristina Fernández (¿de?) Kirchner considera que “sería una locura”
que asambleístas de Gualeguaychú desconozcan la sentencia de ese Tribunal
si el fallo resulta adverso (Clarín 10-2-08).

Comprobamos
que nos enfrenta falsamente
porque:

·         Al igual que Uruguay, Argentina está sometida al empobrecimiento
por el contubernio
de todos los factores locales de poder con las corporaciones imperialistas
y sus estados nacionales,
y ha firmado, no con Botnia, pero sí 54 acuerdos bilaterales por los cuales
se legaliza y legitima la ocupación integral de territorios que significa
total impunidad
para expulsar a las comunidades locales, sobreexplotar a trabajadores
y desertificar.

 

·         Al superar la lógica de sumisión o resignación,
los asambleístas
son acusados de dejarse arrastrar por la irracionalidad si no aceptan
la ‘justicia’ de los expoliadores
y a nosotros nos advierte que no debemos adherir a una conducta
privada de juicio realista y acertado.

Ambas atribuciones de nacional y de locura son imprecisas por perseguir obnubilar
con resonancias de fuerte tono emocional e histórico.
En la referencia
a la primera, escucha a la Asamblea de Gualeguaychú pero le da una acepción distinta
ya que la hace virar desde enfocar
-el problema como perteneciente a todos los habitantes
del país
y -la solución por hermanamiento entre ambos gobiernos nacionales
contra las corporaciones que destruyen las condiciones de vida digna,
hacia
un simulacro de compromiso a favor de la población
cuando, en verdad, acata el orden de la globalización pirata.

Respecto a la segunda, cabe preguntarse:
¿es irracionalidad
o perversión de su responsabilidad presidencial intensificar
el peso de la recaudación fiscal sobre las grandes mayorías hasta arrebatarles
el consumo básico
y usar estos mal habidos fondos públicos
para fabulosos negocios del contubernio en vez de poner fin al desmantelamiento
de la seguridad jurídica de los de abajo?

Premisas e hipótesis:

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

Prosigo en el por qué la percepción es tan importante, enfocándola
como instrumento para dominar a los de abajo
con base
en la formación escolar y mediática -desde la más tierna edad- de esquemas mentales
de lógica adaptada al funcionamiento socioeconómico del capitalismo.

La percepción
es, ante todo, análisis cultural de una persona al abarcar:
sensibilidad apreciadora, atención a lo esencial, memoria afectivo-emocional,
conocimientos teórico-prácticos y compromiso político por cambiar
lo registrado,
delegación en el mal menor por
aceptación como inevitable de lo existente o indiferencia.

Consideremos la siguiente realidad argentina (Clarín 13-10-07):

·         el 5% de la población de Argentina tiene un ingreso promedio mensual
familiar de 20.876 pesos y se apropia, por tanto, de la cuarta parte
de los ingresos del país mientras quienes están por debajo de la línea de
pobreza
que representan el 30% de la población recibe menos de 1.000 pesos;

 

·         los gastos de esa minúscula minoría no figuran en los datos oficiales
que provee la Encuesta Permanente de Hogares de modo
que
el percentil más alto en la relevación corresponde al 15% de
la población que es de clase media alta con ingresos entre
$4.000 y $9.500;

 

·         las mediciones oficiales indican que el 10% más rico
experimentó una duplicación de sus ingresos entre mayo de 2002
y el primer trimestre de 2007,
pasó de recibir $3.461 a $6.678 (95% más) mientras el decil
de menos ingresos pasó de un salario promedio de 109 a 337 pesos.

Respecto a la desigualdad social en aumento, sobre todo, desde
la dictadura cívico-militar,
Bernardo Klisksberg (Clarín 8-11-07) titula su nota:

“El gran pacto social debe ser contra las desigualdades”.

Advierte:

“La inequidad de América Latina, donde el 10% más rico tiene el 48% del ingreso
y el 10% más pobre el 1,6%, es decisiva para entenderla y poder actuar con efectividad
sobre sus enormes niveles de pobreza (38,5%, 205 millones de personas)”.

Sin embargo,

el real y efectivo pacto social –en Argentina- es contra los trabajadores
ya que
tiene como exclusivo objetivo: mantener los salarios y
las condiciones laborales en niveles de pobreza y conseguirlo
sin conflictividad social o más precisamente
sin movilización,
organización y lucha por dejar de ser oprimidos.

Ideología:

Tratemos de adentrarnos en cómo los grandes empresarios
no sólo
nos imponen su crecimiento económico como si fuese
el del país y el de los de abajo
sino, también,
la percepción de esa acumulación del gran capital como lo mejor que podría sucedernos

pese a implicar violación de todos nuestros derechos.
 

Jaime Campos, director ejecutivo de la Asociación Empresaria ‘Argentina’ (AEA),
dijo:

“Consideramos que para preservar el crecimiento tiene que haber
moderación
a la hora de reclamar salarios, porque se corre un innecesario riesgo inflacionario”.
Y agregó:
“La inflación le quita previsibilidad a la economía y eso atenta contra
la inversión que necesita Argentina”.

La cúpula de la AEA transmitió su advertencia a los ministros CarlosTomada,
Julio de Vido y Alberto Fernández de evitar desbordes que generen
“una negativa carrera precios-salarios”.

Daniel Funes de Rioja, en la Unión Industrial ‘Argentina’ (UIA), coincidió

en
el endurecimiento de la política contra los reclamos salariales
porque estos ahogan las ganancias de sectores intensivos de mano de obra
y eso puede acelerar una demarcación de precios.

La UIA exige a los ministros que trabajen para evitar la suba de los costos fabriles
en vez de dibujar las cifras del INDEC (Clarín 22-2-08).

Es conveniente tener presente que los grandes ‘empresarios’ locales participaron
de la fuga de capitales contrayendo deuda que fue estatizada por Domingo Cavallo
durante la dictadura genocida
y por el gobierno de Raúl Alfonsín. Se beneficiaron extraordinariamente con
Menem-Cavallo y hoy con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde mediados de la década de 1970
se origina y profundiza una reestructuración económica y social
en acuerdo
con lo imprescindible al desarrollo del capitalismo mundializado.
Se trata de un proceso
de concentración-desnacionalización tanto económica como territorial
que va, simultáneamente, aumentando la desigualdad en el reparto de
de la riqueza producida por los trabajadores del país y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Gabriela Benza y Gabriel Calvi destacan:

 

·         “Las políticas económicas implementadas por
la última dictadura cívico-militar
dieron
inicio a una serie de transformaciones en
el patrón de acumulación que significaron
un progresivo divorcio entre crecimiento y desarrollo;
(…) han contribuido
a alterar el reparto del producto social, generando
un proceso de polarización social que se intensifica
recurrentemente incluso en momentos de
bonanza económica”.

 

·         “Las crisis distributivas y las eventuales recuperaciones
tienden a
apuntalar, en nuestro país, los niveles de desigualdad
alcanzados durante la etapa precedente. En este sentido,
tales crisis pueden ser tenidas por puntos de inflexión,
a partir de los cuales evoluciona la situación posterior”.

Fuente: revista Realidad Económica Nº 214
agosto-septiembre de 2005, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
realidadeconomica@iade.org.ar
www.iade.org.ar

¿Qué sucedió durante el gobierno de Néstor Kirchner?

“Con la reactivación de los últimos años,
la torta
se agrandó en comparación con el desplome precedente,
pero también se ampliaron las porciones que deglute la minoría.

La brecha entre el 10% más rico y más pobre
pasó de 24,25% veces (mayo 2003) a 27,81 veces
(diciembre 2003)
y luego a 28,94 veces (mayo 2004). Los privilegiados
recobraron su nivel de superconsumo pero
la mitad
del país carga con la cruz del subconsumo”.

Claudio Katz (30 de julio de 2005), en “La inflación del modelo”,
aclara
sobre una manera importante de mantener la inequidad 
que es la campaña para culpabilizar a los trabajadores de la carestía
y justificar miserables aumentos de salarios:

“Son los capitalistas y no los trabajadores quienes manejan los precios,
introduciendo demarcaciones para preservar sus beneficios.
Avalar
este traslado como un curso natural de la economía presupone
asumir la visión
de los grandes empresarios, olvidando que el salario no es un costo
para el grueso de la población. Para los trabajadores constituye
un ingreso que disminuye, en términos reales, cuando hay inflación.

El costo salarial
se ubica, en promedio, un 30% por debajo del nivel vigente
antes de la devaluación. Por eso, es particularmente absurdo
atribuir
la inflación actual al incremento de ese porcentaje. Los capitalistas

han logrado un ahorro que sólo difiere según la rama, el destino de los bienes
y la productividad de cada firma. Lucran con el retroceso de los salarios reales
que
en promedio se ubican un 13% por debajo de diciembre de 2001. Esta pérdida
es menor entre los trabajadores del sector privado formal, pero se eleva
al 28%
entre los empleados públicos y al 26% entre los informales”.

Claudio Katz destaca que “la inflación actual contiene un fuerte componente
de
inducción oligopólica, especialmente en combustibles y alimentos.
Para preservar su rentabilidad cercana al 30% anual
-que supera al mejor momento de la convertibilidad-
las grandes compañías ajustan precios ante cualquier asomo de mayores costos. (…)

Ahora si se toma en cuenta que la inflación inducida por los formadores de precios
se encuentra,
parcialmente, contrapesada por la competencia entre los propios monopolios,
lo que más gravita sobre la escalada de precios son las tensiones generadas
por el actual modelo exportador.

Este esquema reaviva el viejo mecanismo de adaptación de los precios internos
al ascenso de las cotizaciones (o el volumen) de las agroexportaciones.
Como
las grandes compañías pueden colocar el mismo producto fuera del país
-obteniendo mayor lucro- trasladan ese adicional al mercado local.
Este alineamiento históricamente socavó la estabilidad de los precios
en la Argentina y opera con plenitud desde la devaluación”.

También,
“el propio gobierno

·         fogonea la inflación por exportaciones al sostener la cotización del dólar.
El costo
de evitar la revaluación del peso (generada por el reingreso de
capitales y las expectativas en nuevos negocios) es
el surgimiento de la carestía y
como el dólar
tiende, además a devaluarse en escala internacional,
el precio de este sostén es cada vez mayor”;

 

·         incentiva la inflación “al dejar nominado en pesos indexables
la mitad del nuevo pasivo, por cada punto de incremento de
los precios
la deuda trepa 1.500 millones de pesos”.

Fuente: revista Realidad Económica Nº 213
julio- agosto de 2005, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
realidadeconomica@iade.org.ar
www.iade.org.ar

Premisas e hipótesis:

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

Vuelvo a contenidos y sentidos de nuestra percepción que nos extrañan
de la realidad social, nacional e internacional y permiten el avance expoliador
del capitalismo.

Poner fin a nuestra condición de oprimidos y estafados exige
que nos involucremos políticamente y dejemos de ser espectadores
de una sociedad y un mundo
manejados por quienes sólo buscan acumular capital.

Para ello
comencemos a cuestionar el triunfalismo del Gobierno y otros poderes establecidos.

Daniel Muchnik (Clarín 25-2-08) comenta:

“hay
una tendencia cierta a la recesión en buena parte de los países desarrollados,
por lo que podría darse un proceso de estancamiento con inflación.

¿La Argentina está a salvo de estas realidades?
El tiempo lo dirá. Pero el triunfalismo que se observa en muchos funcionarios
y analistas hace recordar a los noventa, cuando
todos juntos,
con mínimas excepciones, confirmaban que la convertibilidad duraría 100 años.

La Argentina
tiene agujeros por el costado financiero, por el comercial, por la crisis energética,
por la inflación y por la escasa inversión. En 2008 hay vencimientos de deuda
por U $$ 6.500 millones.

Los datos que llegan de afuera hablan de un panorama abierto para que
se complique la economía. Sería bueno que, en lugar de pontificar, los funcionarios

se concentraran en administrar una realidad que golpea cada vez más a naciones
que parecían invulnerables”.

Thomas Palley (Clarín/ECO/ 17-2-08) nos permite acercarnos más
al origen
de este problema del capitalismo mundializado que nos ataca a todos:

“Rebajas sustantivas de las tasas de interés, sumadas a
un plan de estímulo económico que ha unido a republicanos
y demócratas
demuestran que quienes diseñan las políticas en los Estados Unidos
están decididos a impedir una recesión que aparece como
la consecuencia
del aumento de los defaults hipotecarios y la caída de los precios
de las viviendas.

Pero
hay un problema más profundo al que no se ha prestado atención:
la economía estadounidense depende de la inflación de
los precios de los activos y del aumento de la deuda
para alimentar el crecimiento.

En eso hay una profunda contradicción:

• por un lado, la política debe fomentar burbujas
  para
  mantener el crecimiento de la economía y
  
   
• por otro lado, esas burbujas inevitablemente provocan,
  al estallar, crisis financieras.

Se trata de
una contradicción con implicancias internacionales.
El crecimiento de muchos países depende del consumo estadounidense
y de las inversiones
en globalización industrial para abastecer su consumo. Si la economía de burbuja
de los Estados Unidos ya no da para más, el crecimiento mundial
se desacelerará bruscamente.

No está claro que otros países puedan proveer motores de crecimiento alternativo”.

Julio Sevares (Clarín 23-8-07) sostiene:

“Las turbulencias y las crisis son consecuencias
de
la desregulación y liberalización financiera
de las últimas décadas y del desarrollo de
técnicas que permiten manipular el dinero
con mayor velocidad y opacidad.

Esto genera
un escenario inestable, en el cual las crisis
no son episodios aislados sino constitutivos”.

Concluye:

“Ahora que
el castillo de naipes vuelve a caer, la gran pregunta es
si las medidas de respuesta lograrán contener
las consecuencias de la falta de restricciones
al juego financiero”.

Ideología:

Debemos apercibirnos que los poderes dominantes hoy son
los establecidos mediante terrorismo de estado
aplicado por

• gobierno nacional del Partido Justicialista en forma de
  la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el Rodrigazo y
  el Operativo Independencia en Tucumán;
  
   
• dictadura cívico-militar donde las cúpulas políticas y sindicales
  de ambos partidos mayoritarios
  secundaron a la alianza de la oligarquía diversificada y de
  los grandes empresarios con las potencias imperialistas
  -bajo el liderazgo de Estados Unidos-
  en la reestructuración socioeconómica que hizo a la inserción en
  la economía de casino
  de la globalización financiera cuyo mecanismo
  fundamental de extorsión y empobrecimiento –la deuda- no sólo sigue
  vigente sino que
  hace a la miseria de la mayoría en las provincias y de los asentamientos precarios,
  al desmantelamiento del sector público, al drama de los jubilados y a más de la mitad
  de niños y adolescentes del país en situación de desamparo, hambre… persecución,
  encarcelamiento, muerte.

Esto sucede aquí como en la gran mayoría de los países condenados al subdesarrollo
por el capitalismo.
En tanto

“los bancos centrales de Europa y Estados Unidos
están inyectando fuertes sumas de dinero
(cientos de miles de millones) para mantener
la liquidez del sistema financiero,
a sabiendas
incluso de que muchas instituciones nunca
podrán devolver esos descuentos o préstamos
o salvavidas o socorros sofocantes.

El dinero de los depositantes
-que no es de los banqueros, por supuesto-
y de los contribuyentes
-que no es el de los Gobiernos- se está
destinando al salvataje de grupos privados
que lucraron con las tasas de interés y las hipotecas.

Ahora, al revelarse los préstamos irresponsables
que otorgaron, reclaman la <ayuda> de los Bancos Centrales
y de los Estados.
El pedido de ayuda urgente es atronador e insistente”.

Daniel Muchnik (Clarín 21-1-08) prosigue:

“¿Y la economía de mercado? ¿En qué quedó?

¿Y las diatribas contra el intervencionismo estatal, que ahoga la iniciativa privada?

¿Adónde se refugió la famosa “mano invisible” que oficiaría de elemento equilibrador
de las fuerzas económicas y sociales?

Fue la “libertad del mercado”, la “apertura irrestricta de la economía”,
el desguace del Estado por su mentada “ineficiencia”,
la “privatización
de los activos del Estado”, la ola ortodoxa y avasalladora que llegó del Norte del
planeta y que se constituyó como paradigma en las naciones periféricas.

Los gobiernos en la Argentina, a partir del golpe militar de 1976
se aferraron
a esa ideología y la aplicaron a rajatabla en los noventa
dando vuelta como una media la estructura productiva,

creando masas de desocupados y empresas quebradas.

Hoy no se conocen ni editoriales ni declaraciones de los partidarios
de las economías desreguladas
en contra del intervencionismo estatal que recorre Estados Unidos
y Europa. (…)

Como siempre, el Republicano George Bush se preocupó de las empresas
en un paquete de medidas que incluye reducciones impositivas,
también
respaldado por algunos dirigentes del Partido Demócrata.
Ofrece, del mismo modo, exenciones fiscales a los particulares.

Es importante, pese a todo, su olvido de impulsar imprescindibles
programas sociales
para los que nada o poco tienen o para los desocupados o
para frenar la inflación, ya en las alturas. Hay millones de desamparados
sin destino y vastos sectores de clase media paralizados por el miedo (…)”.

¿Hoy, en Argentina, qué sucede durante los gobiernos K?

Por ejemplo,
desde el poder económico y mediático se martillea el razonamiento dogmático de
quienes como Claudio Molina (Clarín// Rural// 19-1-08) expresa:

“Los biocombustibles han llegado para quedarse y representan la alternativa
más eficiente que hoy disponemos para coadyuvar a resolver la problemática
que en el transporte generan los combustibles fósiles (…)”.

Pero

“¿Qué esconde el negocio del biodiésel?”

Matías Longoni (Clarín 25/2/ 08) plantea:

“El crecimiento del negocio del biodiésel en el país es apabullante.
En 2007
se produjeron unos 200.000 metros cúbicos del combustible derivado de la soja
y se lo exportó por U$$ 320 millones. Sin embargo, esas cifras quedarán chicas

frente a lo que se viene:

una oleada de proyectos que podrían elevar la capacidad de producción
entre 3 y 5 millones de metros cúbicos en pocos años”.

Ahora, al igual que todo el aplaudido crecimiento económico, se contrapone
con los intereses de la diversidad popular y del país entero.

“Un estudio de los economistas Jorge Schvarzer y Andrés Tavosnanska,

del Centro de Estudios de la Situación y las Perspectivas de la Argentina (CESPA)
que depende de la UBA, pone de manifiesto (…):

• Las florecientes exportaciones de biodiésel sólo son posibles porque
  el producto tributa 2,5%
  (5% de retenciones menos reintegros de 2,5%) cuando su materia prima,
  el aceite de soja, debe aportar al Estado un 32%. Esto explica por qué
  hicieron punta
  en el negocio las aceiteras que prefieren convertir aceite en biocombustible
  para esquivar el guadañazo fiscal. (…)
  
   
• La Argentina está gastando cerca de U$$ 1.000 millones anuales para importar
  el gasoil que le falta e inclusive exime esas operaciones de impuestos.
  A la par,
  se desarrolla una industria del biodiésel (que puede reemplazar al gasoil) para
  exportarlo casi por completo (88% irá a exportación).
  
   
• La ley de Biocombustibles fija que en 2010 debe ser
  obligatorio
  cortar el gasoil con 5% de biodiésel y que el Estado incluso
  podría adelantar esa fecha. Pero reserva ese negocio para
  sociedades
  conformadas por productores. Así, quienes hoy tienen biodiésel
  no pueden volcarlo al mercado interno.
  
  Hasta el momento hay ocho empresas habilitadas por
  la Secretaría de Energía
  para producir biodiésel, aunque muchas pequeñas plantas lo hacen
  sin esa homologación. (…)
  También existen varias plantas en construcción que permitirían
  duplicar en breve la capacidad instalada del país.
  
  Aquí aparecen proyectos Dreyfus, Oil Fox, Eurnekian, Patagonia Bioenergía,
  Molinos Río de la Plata.
  Adicionalmente, en el rango de anteproyectos, vendrían en camino
  otros 855 millones en inversión, que permitirían cuadruplicar
  la capacidad actual o todavía más.(…)
  
  La inmensa mayoría de los actores apunta al negocio de la exportación,
  especialmente a la Unión Europea.
  
   

“Más allá de las intenciones que manifiesta la Ley de Biocombustibles, de contribuir

a la participación de las Pymes y los productores rurales
las grandes inversiones
están moldeando una industria del biodiésel concentrada en manos de las empresas aceiteras”,
apuntan los economistas de la UBA. Sus proyecciones hablan de que tan sólo
una decena de firmas explicará 88% de la producción de biodiésel. Y que todas
apuntan al exterior”.

Premisas e hipótesis

La percepción de acontecimientos y procesos de otros países e internacionales nos ayudan
a analizar nuestra realidad tal cual es y no como la que los de arriba quieren que nosotros
la interpretemos.

Veamos la noticia sobre el asesinato de Raúl Reyes y la simultánea masacre de guerrilleros colombianos
por el ejército de su país mientras dormían porque nos permitirá aclarar por qué debemos mutar
nuestra indiferencia o nuestra simpatía respecto a ese operativo del gobierno de Uribe por
el compromiso con
cambios radicales en el país, el continente y el mundo.

A. Partamos de:

la visión estereotipada que tiene la mayoría por adoctrinamiento o domesticación capitalista.
Reside en que la clasificación de “terroristas” conduce a la reacción de posicionamiento a favor
del sistema opresor

sea por desinterés en ir más allá de los datos difundidos masivamente sea por evaluación del ‘éxito’ de Uribe.

Pero “la guerra contra el eje del mal” (que el imperialismo liderado por EE.UU. impone a toda la humanidad)
califica de
“terroristas” a quienes defienden bienes-entornos comunes y condiciones dignas de vida y trabajo.
Incluso en nombre de la seguridad hemisférica e individual se criminaliza la pobreza,
es decir,
el sistema capitalista mundializado de hoy expulsa a buena parte de la humanidad y de la población de Argentina
hasta de sobrevivir y encima de legalizar ese genocidio, lo legitima creando consenso amplio sobre el carácter delictivo
de ellos: los despojados de todo.

En sintonía,
el gobierno de los derechos humanos de Néstor Kirchner hizo promulgar la ley contra ‘terrorismos o terroristas’
a mediados del año 2007 aprovechando el clima electoral en torno a la falsa opción en Capital Federal.
A consecuencia
de esa Ley pueden ser penados como tales quienes reclaman contra políticas gubernamentales tales como
la minería a cielo abierto u otros emprendimientos que producen contaminación e inundaciones
o como
la superexplotación laboral, la liquidación de la militancia de base en la lucha gremial y el descuido total
de la infraestructura socioeconómica para la inmensa mayoría de la población.

Ahora, la masacre planificada (cuya responsabilidad fue asumida por Uribe y
para peor ensalzando ese crimen de lesa humanidad como lo correcto)
tuvo el objetivo
de asestar un golpe grave a las FARC e intentar acabar con el canje humanitario de prisioneros
y la liberación de Ingrid Betancourt que tenían a Raúl Reyes como uno de los principales protagonistas.
Además, perseguía desacreditar la marcha contra el terrorismo de estado del gobierno de Uribe y
los paramilitares a realizarse el siguiente jueves.

Peor aún,

James J. Brittain y R. James Sacouman (CEPRID),
en “La Colombia de Uribe está desestabilizando a América Latina”
informan:

“Un par de semanas después de que los estados ecuatoriano y venezolano llamaron a que
el gobierno colombiano
respetara la necesidad de paz y negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Ejército del Pueblo (FARC-EP),
la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) apoyó un asalto armado extensivo por tierra y aire
contra el movimiento insurgente - no dentro de las fronteras de Colombia
sino en el territorio soberano del suelo ecuatoriano.

El 1 marzo de 2008, el estado colombiano
-bajo el mandato de Uribe y el vice-presidente Francisco Santos Calderón
(y su primo el ministro de defensa Juan Manuel Santos),
ejecutaron ilegalmente
una campaña dentro de Ecuador, que resultó en las muertes de Raúl Reyes, Julian Conrado,
y quince otros combatientes asociados con las FARC-EP.

Tales acciones son una muestra clara de la negación abierta del estado colombiano
(apoyado por EEUU)
de los códigos internacionales de conducta, ley, y justicia social”.

Los sociólogos canadienses en la Universidad de Acadia en Nueva Escocia,
que han estado investigando la guerra civil y
economía política colombianas a lo largo de la última década, advierten:

“Las acciones del Sábado 1 Marzo tuvieron lugar
días antes de una gran demostración internacional programada
para el 6 de Marzo de 2008,
promovida por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE),
la Confederación Sindical Internacional (CSI), y numerosas organizaciones sociales de justicia.

 

El 6 de Marzo ha sido postulado como un día internacional de protesta contra
las torturas, asesinatos y desapariciones
perpetrados por el estado colombiano, sus aliados dentro de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y
las Águilas Negras recientemente reformadas.

Recientemente, el consejero político principal del presidente Uribe,
José Obdulio Gaviria, proclamó que
la protesta y los protestantes deberían ser criminalizados.

Además,
los paramilitares en el suroeste del departamento del Nariño
(no lejos de donde las incursiones ilegales se llevaron a cabo en Ecuador),
han amenazado con atacar cualquier organización o persona asociada
con las actividades programadas para el Jueves.

La administración de Uribe y Santos está utilizando el asesinato del comandante Raúl Reyes y otros
como método
para disuadir activistas y gentes socialmente concientes dentro y fuera de Colombia de participar en
los eventos del 6 de Marzo. Muchos medios de comunicación controlados por o conectados con el estado,
como El Tiempo (que tiene nexos antiguos con la familia Santos),
han estado exhibiendo las fotografías del cuerpo abaleado y mutilado de Raúl Reyes
por todos los medios de comunicaciones del país.

Tal propaganda es claramente una herramienta para intimidar sicológicamente
a los que se preparan
para hacer demostraciones en contra de las atrocidades perpetradas por
el estado a lo largo de los últimos siete años (…)”.

Traducción por Óscar Suescun

Fuente: www.rebelion.org
Colombia. El Israel de América – crimen de guerra e invasión
18-3-08

B. Consideremos:

el terrorismo de estado del gobierno de Uribe que se une indisolublemente con los paramilitares
en la guerra contra campesinos y pueblos originarios,

amén de hacerlo con bien documentado carácter de narcopolítica, presta otro servicio a la alianza
de la oligarquía de Colombia con Estados Unidos y Europa para hacer posible
la explotación de agrocombustibles.

Octavio Rosas Landa comunica:

“Colombia
es el quinto productor mundial de aceite de palma y el gobierno de Uribe busca, afanoso, mecanismos
para

 

• agilizar los despojos a las comunidades,
• reforzar los latifundios y
• vincular las agroindustrias con los esquemas globales
  de financiamiento

que,
desde la bolsa de valores de Nueva Cork, pretenden controlar corporaciones como
Citigroup o Chase Maniatan, vinculadas a los nuevos entrepreneurs armados y a transnacionales
bien conocidas en toda América Latina como Cargill, Archer Daniela-Midland, etcétera”.

Relata:

“Desde 2005 (año en que el Estado colombiano decretó oficialmente el fin del conflicto paramilitar),
las agroempresas están sirviendo para legitimar la posible apropiación de seis millones de hectáreas
del territorio colombiano por parte de los mismos paramilitares a quienes el gobierno de
Álvaro Uribe
dio reconocimiento como agrupaciones políticas. Éstos forman parte del proyecto
Asociaciones Productivas mediante el cual (los responsables de los genocidios, desapariciones,
desplazamientos y despojos a comunidades campesinas, indígenas y negras)
podrán reciclarse
como flamantes “agroempresarios verdes”.

Octavio Rosas Landa destaca:

“Los propios jefes paramilitares han admitido que Colombia
desconoce aún los miles y miles de muertos que tiene
y
buena parte de la población del país
se ha insensibilizado a la tragedia.

Rebautizados por el  gobierno colombiano como
“sediciosos” o paramilitares buenos
porque
se supone que la motivación para sus acciones mercenarias
tuvo un carácter social con maquillaje de “combate al terrorismo”
o “autodefensa”.

Los paramilitares son financiados por agencias de cooperación internacional europeas
mediante esquemas de reconversión y legitimación social y política.

La cooperación española ya tiene listo el borrador de un programa de Fondos Canasta
con el objetivo de donar recursos que sirvan para crear asociaciones productivas
(de plantaciones de palma africana, por ejemplo)
entre las víctimas y los victimarios.
En otras palabras,
el Estado español financiará un programa mediante el cual, las comunidades masacradas
y desplazadas recibirán bimestralmente un subsidio de 600.000 pesos colombianos (unos 330 dólares)
de los cuales

los campesinos deberán reservar una parte (260 mil pesos ó 140 dólares) para pagar
la asociación con quienes los han asesinado.

Es éste el modo como el gobierno de Uribe pretende reconciliar a la sociedad colombiana:
que los agredidos reciban en su casa al agresor y financien ellos mismos la explotación
de su territorio y de su fuerza de trabajo.
De justicia y reparación del daño a las comunidades ni hablar. Y si las comunidades se oponen,
de inmediato,
se las tilda de terroristas, de oponerse a la reconciliación social.

El gobierno de Uribe promueve intensamente la apropiación de tierras que considera “improductivas”
debido a estar
en posesión de comunidades negras, indígenas o campesinas.

Al amparo
del llamado Estatuto Rural, aprobado este año, esas tierras las traspasa a los supuestamente arrepentidos
paramilitares (para “reincorporarlos”) y que establezcan plantaciones de palma africana y se integren al
boom global
de los agrocombustibles, justo en las tierras de aquéllos a quienes durante años se han dedicado a asesinar.

Desde fines de los noventa,
una nueva oleada de violencia paramilitar, aunque esta vez disfrazada de alternativa económica sustentable,
ha dejado un saldo de casi 4 millones de desplazados forzados en el país”.

Octavio Rosas Landa señala que:

“Representantes de distintas comunidades y organizaciones indígenas,
campesinas, afrodescendientes y sociales colombianas se han reunido en

Bogotá
para reflexionar sobre los impactos y las luchas que realizan contra
las plantaciones de palma africana y caña destinadas a producir
agrocombustibles.

Al encuentro asistieron organizaciones de Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, España, Reino Unido,
Estados Unidos, México, Australia, Indonesia, Uruguay y Ecuador.
Fueron convocadas
por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz a participar en
el Semanario “Crisis planetaria, derechos humanos y agro combustibles”. (…)

Las organizaciones se han manifestado contra estos combustibles
por

• su ya probada ineficacia para responder al cambio climático;
• su embestida contra la propiedad comunal, la agricultura campesina,
  el territorio, los recursos y la soberanía;
• su forma de reciclar los monocultivos agroindustriales, los “desiertos verdes”
  de
  cualquier tipo (yuca, plátano, mango, maíz, palma, soya, eucalipto) que –en Colombia- son
  desiertos rojos porque están irrigados con la sangre de los campesinos y con el agua que
  se niega a los pueblos.

En una plantación típica,
cada palma requiere casi 35 litros diarios de agua y en cada hectárea se plantan,
en promedio,
139 palmas de modo que una hectárea de palma aceitera consume
al menos 4.753 litros de agua por hectárea diariamente.
En un año, las 303 mil hectáreas de palma en Colombia, habrán gastado
más de 525 mil millones de litros de agua.
Esa agua podría abastecer a casi la mitad de la población
de Colombia durante 50 días, en vez de destinarla a alimentar a los autos (…)”.

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas 
Número 54, octubre de 2007
biodiv@redes.org.uy
carlos@grain.org

C. Apreciemos historias hermanas:

Aloia Álvarez Feáns (Ecoportal.net) entrevista a Héctor Mondragón
de
Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia.

Héctor Mondragón sostiene a través de las respuestas a las preguntas:

1.      “Las luchas agrarias en Colombia se caracterizan por la violencia gigantesca
que sufren el campesinado, los afrocolombianos y las comunidades indígenas.
En los últimos 26 años
hemos sufrido una violencia terrible cuyo resultado ha sido la paulatina pérdida de
todos los derechos que se habían conquistado en 80 años.
Este retroceso
se ha consolidado con la Ley 11.52 de este año,
impulsada por el actual gobierno, una ley que liquida definitivamente
las conquistas que se hicieron en 1936.
Además,
da un gran golpe a los pueblos indígenas, que habían logrado
el reconocimiento de sus derechos en la Constitución de 1991 y en el Convenio 169 de la OIT.
Esta ley, si bien no significa el despojo total de sus derechos como en el caso de los campesinos,
da el primer golpe grave a ese conjunto de derechos.

El gobierno actual es rabiosamente antiindígena, porque se ha encontrado con
que los indígenas todavía tienen derechos
y son un obstáculo para sacar adelante sus políticas.
El CECOIN hizo un estudio sobre la violación de Derechos Humanos indígenas entre 1970 y 2006 y
lo que se ve es un incremento muy grande de la violencia contra ellos a partir del gobierno Pastrana
y mucho más en el gobierno de Uribe.

Mientras en la etapa anterior la violencia se concentraba sobre los sindicalistas
ahora
se está concentrando en los indígenas, que es el sector que
mayores movilizaciones ha llevado a cabo en los últimos años”.

 

2.      La reivindicación indígena y campesina actual se orienta fundamentalmente
al combate contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., las políticas neoliberales y
los grandes megaproyectos,
que afectan la vida de la gente del campo. Grandes megaproyectos como el Plan Puebla Panamá o
el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)
caen
aplastantemente sobre la gente sin que ésta tenga posibilidad de opinar.

Lo mismo sucede con las prioridades económicas gubernamentales.
En este momento,
Colombia ha determinado que la prioridad del desarrollo agropecuario son los agrocombustibles,
en particular los dos cultivos de los grandes propietarios, la palma africana y la caña de azúcar.
De esa forma, todo lo que son recursos de crédito, exenciones de impuestos, apoyos del Estado...
se vuelca
a favor de estos grandes propietarios y de los grandes empresarios que procesan el azúcar o el aceite,
en perjuicio, primero, de los campesinos e indígenas y, segundo, de la población de las ciudades, que necesita comer.

Colombia es un país con un gran déficit alimentario, pero -para el gobierno-
la producción de alimentos no es una prioridad.
Tienen un plan que llaman Visión 2019, en el que dicen que de lo que
se trata es de tener dinero para importar alimentos,
que es para lo que está diseñado el TLC.
La realidad es
que en este momento, a pesar de la tremenda violencia que
se ha ejercido contra el campesinado, éste sigue produciendo
la mayor parte de los alimentos del país.
Toda la realidad terrible
que vivimos tiene que ver con que ese sector que produce la mayoría de los alimentos del país
es perseguido y discriminado, se quieren deshacer de él, pero al mismo tiempo lo necesitan.
Los grandes propietarios,
que tienen el 61 por ciento de la tierra, sólo tienen el 9 por ciento del área sembrada del país;
mientras los pequeños propietarios, con el 14 por ciento de la tierra,
tienen el 43 por ciento del área sembrada,
es decir, son los que mantienen la producción agrícola”.


 

3.      El objeto de la concentración de la propiedad de la tierra es la especulación con los precios.
A los grandes propietarios
no les interesa la producción agrícola, pero tienen gran interés en los megaproyectos,
que valorizan las tierras que le han quitado a los campesinos.
Y esta cuestión de los megaproyectos también tiene que ver con
los modelos de propiedad de la tierra.

Toda esta lucha no es sólo por la propiedad de la tierra,
es una lucha entre dos modelos económicos y la disponibilidad de la tierra es parte de ambos modelos”.


 

4.      El narcotráfico no es la causa del conflicto sino una de sus consecuencias.
Por un lado,
la mafia nace precisamente porque Colombia es un país en el que la violencia ha surgido
como forma de eliminar los movimientos sociales,
ha habido una tolerancia hacia las máquinas de muerte que ha sido aprovechada por la mafia.
Por otro lado,
el despojo de tierras de los campesinos, el frecuente desplazamiento por razones de violencia
y la política de libre importación seguida por los gobiernos neoliberales causaron
situaciones de crisis en el sector productivo agropecuario y llevaron a
la pérdida de rentabilidad en muchos cultivos.

Así que la población campesina desplazada por la violencia o la ruina se fue a la selva a
sembrar coca.
¿Por qué? Porque cualquier producto era una solución para esos campesinos en la miseria.
Una vez aparece el narcotráfico se convierte en un poder más, ligado al tradicional.
Hoy esto se ve en el fenómeno de la parapolítica,
porque
todos estos personajes políticos acusados de paramilitarismo están financiados por
el narcotráfico. Los sectores en guerra, en particular los paramilitares,
han hecho de éste una fuente de financiamiento.

Así el narcotráfico pasa a ser parte del conflicto, pero no puede decirse que sea su causa,
hay guerra por la coca como hay guerra por otros recursos”.

 

5.      El primer efecto del desplazamiento es la concentración de la propiedad de tierra
y
el segundo es la inestabilidad que supone para esta población desplazada:
los que van a dar a las ciudades, que son buena parte,
están expuestos a la indigencia, la prostitución o la delincuencia.

Desde un punto de vista más general y a largo plazo,
toda esta masa de desplazados se convierte en mano de obra barata.
La máquina de muerte ha sido usada para hacer la violencia en el campo,
pero en un determinado momento,
cuando los trabajadores lograron hacer un sindicato unitario, la CUT,
se lanzó contra ellos esta máquina de violencia y
se hizo un verdadero genocidio contra los sindicalistas.

Hoy quien sufre más muertos dentro del movimiento sindical son los maestros,
porque, al igual que los indígenas, todavía tienen derechos.

En los últimos 20 años en Colombia se han dado el 80 por ciento de
los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Así como en el campo
tenemos una cosecha del terror con la pérdida de los derechos,
en el sector obrero tenemos una pérdida total de los derechos
por la liquidación total del liderazgo sindical.

Esta violencia contra el movimiento sindical se relaciona con
la pérdida de la capacidad de lucha de los trabajadores,
porque hay 3 millones de desplazados, que aceptan cualquier salario.
El desplazamiento ha aumentado la miseria,
no sólo de los desplazados sino del conjunto de los trabajadores (…)”.

Héctor Mondragón reflexiona:

“La cosecha del terror significa haber aislado a Colombia
de todos los procesos que se están dando en América Latina.
En un lugar donde los derechos de los trabajadores están demolidos,
donde
han quitado la tierra a los campesinos, donde se ha asesinado a miles de líderes indígenas,
¿de dónde vamos a sacar una izquierda como la ecuatoriana o la boliviana? No podemos,
vivimos procesos inversos así que los resultados son inversos.

En Colombia hay una emergencia de la ultraderecha que se expresa en el gobierno de Uribe
y en su “acuerdo de paz” con los paramilitares en el que
el objetivo
es convertir en institución lo que antes era crimen.
La parapolítica es eso, que ellos son el gobierno.

Hace unos días estuvo aquí el vicepresidente Santos diciendo que el paramilitarismo es una cosa del pasado...

Decir que no existe paramilitarismo es una gran mentira, claro que sigue habiendo.
Pero el problema no es éste,
hay algo mucho más importante y es que los resultados económicos del paramilitarismo están vigentes;
es decir,
los beneficios económicos que le dieron a las empresas que los financiaron, como la Chiquita Brands,
están ahí. Lo que ellos lograron para su negocio es un hecho, era un negocio financiarlos
para así controlar la lucha de los trabajadores bananeros.
Todas las conexiones de las empresas con el paramilitarismo están vigentes,
sus resultados están vigentes”.

Aloia Álvarez Feáns pregunta:

-¿Cómo es posible que la Unión Europea, y en concreto el gobierno español, que
se autoerigen en adalides de la defensa de los Derechos Humanos, no lo vean?

Héctor Mondragón dice:

“Es lo mismo que preguntarse por qué las empresas transnacionales apoyaron el paramilitarismo...
porque les convenía económicamente.
No podemos negar que en el gobierno actual de los EE UU y de la UE quien pesa son estas empresas.
En una situación como la de América Latina,
en la que los movimientos sociales y algunos gobiernos cuestionan ese poderío de las transnacionales,
se ve que
el modelo de impunidad colombiano
es exportable a otros lugares, porque les interesa a las empresas transnacionales para poner orden,
para acallar a los movimientos populares. En el caso de que estos movimientos cobren más fuerza
y se extiendan por toda América Latina, esta máquina de muerte se puede exportar.

Pienso que en el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia
como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina.
Así que lo
que influyan las multinacionales en los gobiernos europeos va a ser que
lo que influya en hacerlos apoyar esta solución, que es apoyar el uribismo,
el modelo de impunidad.

Los movimientos sociales europeos deben ser muy claros con sus gobiernos,
o se apoya este modelo de impunidad para
sacar adelante los intereses de las transnacionales o
se adopta una posición real de defensa de los Derechos Humanos”.

Por último, Aloia Álvarez Feáns plantea: “El proceso de paz con las FARC y el ELN, ¿es un proceso muerto?”

Héctor Mondragón contesta:

“Sé que con el ELN hay conversaciones, que espero que se profundicen y se sostengan.
Con las FARC no hay ningún proceso,
sólo la mediación que están llevando a cabo Piedad Córdoba y el presidente de Francia...

Pienso que en Colombia la situación con la guerrilla tiene que resolverse por una negociación
pero pienso que es mucho más importante que se reconozca que
el origen de la violencia
tiene que ver con el problema de la tierra.
Eso es lo único que puede crear las condiciones para que en Colombia haya paz”.
Entrevista publicada en el nº 29 de la revista Pueblos de diciembre 2007- www.restapueblos.org

Fuente: www.rebelion.org
Ecología social
10-3-08

Es importante la percepción de cómo los estados imperialistas con hegemonía de Estados Unidos
se apoderan
tanto de nuestras economías como de nuestros territorios en América latina valiéndose de
democracias diseñadas y gobernadas en acuerdo con instituciones regionales e internacionales
mirando en exclusivo por maximizar la rentabilidad de los oligopolios globalizados.

Pero, además, es crucial la percepción de que nuestros actuales poderes públicos
son producto de la reestructuración neoliberal -desde los setenta- que permitió

el terrorismo de estado
y la correlativa puesta en práctica del sometimiento a la globalización financiera.
Una vez que José Martínez de Hoz estableció
-el funcionamiento bancario
a favor
tanto de la concentración como de la desnacionalización económica y junto a Domingo Cavallo,
-la gran estafa como si fuese deuda externa,

las ‘democracias’
no sólo legalizaron y legitimaron esas bases del Estado neocolonial sino
que lo adecuaron mejor a la consolidación del subdesarrollo (o desarrollo en función
únicamente de la globalización financiera y productiva)
mediante
el creciente e incesante pago de la ‘deuda’ que demuele
el Estado de bienestar y mediante las llamadas privatizaciones.

¿Por qué es importante esa percepción de nuestra historia y la de Colombia?
Nos dispone
a la lógica de que el cumplimiento real y efectivo de Memoria, Verdad y Justicia

nos exige el compromiso con un programa antiimperialista y anticapitalista o

la creación
de la unidad de voluntad de la diversidad popular para

• erradicar la impunidad de
  violar derechos mayoritarios a tener condiciones dignas de vida y trabajo,
  desalojar de sus tierras a campesinos e indígenas con fuerzas policiales o grupos armados,
  arrasar o contaminar el medio ambiente, expulsar hasta de sobrevivir a los desocupados,
  quitar agua o envenenarla, hambrear a más de la mitad –en promedio- de los menores y
  a la mayoría de los jubilados, desmantelar el sector público, etc.
  -es decir-
  de preferir el paraíso de los poderes establecidos aun cuando se construya sobre la pobreza
  y el desamparo de la población de Argentina e incluso mediante Estado policial con complemento
  de patotas y cuando esa represión no alcanza, se militarice los conflictos con los saqueadores,
  de ahí
  el encubrimiento y complicidad de los gobiernos K con las fuerzas de seguridad que secuestraron
  a Jorge Julio López o con Sobich responsable del fusilamiento de Carlos Fuentealba
  durante la lucha de los docentes en Neuquén;