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Es importante percibir qué contenidos y sentidos de sociedad construye el capitalismo
al despojar de derechos a quienes estigmatizamos por acostumbramiento e instrucción capitalista
y al desmantelar el sector público.

 

Se trata de comprobar políticas gubernamentales:

 

 

Veamos trampas para el engaño masivo sobre reparto de riqueza.

 

Ismael Bermúdez (Clarín/¡Eco/ 3-2-08) desenmascara:

 

a)     Evaluación de la participación de los trabajadores
“Del Informe del Banco Central se infiere que –en 2007- el PBI nominal
(crecimiento real más la variación de los precios implícitos) habría crecido un 23%.
Pero
si se considera la inflación real, la suba habría sido del 30% o más.

Así la participación de los asalariados no habría aumentado respecto a 2006
según el INDEC,
sino que habría disminuido algunas décimas. Y la participación de los trabajadores
en la generación del ingreso seguiría siendo inferior a la que prevalecía en 2001 y
muy por debajo del tope máximo del 44,7% alcanzado en 1993, cuando se comenzó
a elaborar esta estadística”.


 

b)     Concentración de la ganancia empresaria
El conocimiento sobre “qué pasó con la ganancia empresaria
(“excedente de explotación bruto”)” exige, además, “saber
la variación en el ingreso de los cuentapropistas,
un sector
que perdió posiciones en los 90 y que siguió en retroceso
después de la devaluación, a pesar de la recuperación posterior.
En 2006
la participación de este sector fue apenas el 13,6% del Valor Agregado,
cuando en 1993 había alcanzado el 21,6%”.


 

c)     Comparación fraudulenta con el pasado
“El estudio del IEF de la CTA –coordinado por Claudio Lozano- aclara
que los datos de distribución funcional elaborados por el INDEC
“no son comparables
con la serie histórica (1950/1973) elaborada por el mismo organismo
ya que –como aclara la citada dependencia- se trata de dos estimaciones
con metodologías distintas”.
Y advierten:
“de este modo alertamos sobre las comparaciones interesadas que pretenden
mostrar la participación en 2006 del 41,3% de la masa salarial comparándola
con la lograda durante la etapa inaugural del Peronismo (50,8% en 1954)
o en el momento previo al Golpe Militar de 1976 (44,9% en 1973”) ”.

 

De modo que las represalias e intimidaciones de todo tipo contra los profesionales del INDEC
por denunciar y no prestarse a la manipulación de los datos estadísticos ataca a los trabajadores
del país
y a los otros sectores populares no sólo a través de las fraudulentas negociaciones salariales
sino, también, mediante la inculcación de una creencia general en que hemos salido del neoliberalismo
porque hay crecimiento económico que distribuye mejor la riqueza generada.

 

En fin,
el uso del INDEC para garantizar el “apoyo”, el “acompañamiento” a Cristina Fernández de Kirchner
trae otras consecuencias como
Ismael Bermúdez (Clarín/El País/ 23-2-08) plantea:

 

“Según el INDEC, el número de personas ocupadas
bajó de 10.115.000 a 10.086.000 entre el cuarto
trimestre de 2006
e igual período de 2007. Y la población activa se redujo de
11.075.000 a 10.903.000. (…)

 

Las cifras oficiales sorprenden porque surgiría que, con una economía creciendo al 9%,
el empleo total se mantuvo estancado y la mayor actividad se habría reflejado en
una baja de la subocupación del 10,8 al 9,1% (más horas trabajadas) pero
no en la creación de nuevos puestos de trabajo.
En cambio,
los datos de la Encuesta de Trabajo para el empleo en blanco marca en 2007 una suba del 5,7%”.

 

Transcribe la siguiente opinión del sociólogo Artemio López:

“de las cifras del INDEC
surgiría, en forma sorpresiva, que reapareció el efecto desaliento muy propio de la época de los 90”.

“Descartó que se hubiese dado ese fenómeno por mejoras en el ingreso del jefe de familia y entonces
la esposa o los hijos se hayan retirado del mercado laboral.

 

“Esa explicación podría ser válida con indicadores sociales
similares a los que tuvo la Argentina a comienzos de los 70,
cuando
la indigencia era de sólo el 2%. Pero hoy estamos lejos de
esa meta”, dijo. Y también abrió dudas sobre la medición oficial”.

 

 

Veamos razones para preferir mentir sobre la inflación en vez de reducirla.

 

Daniel Fernández Canedo (Clarín/El País/ 23-2-08) destaca:

“Más allá
de las discusiones por la forma de medirlo, la economía se mueve con un ritmo inflacionario del 15%.
Y ese nivel le pone límite a la capacidad de consumo de los salarios que pueden crecer por encima de
la evolución del costo de vida pero pierden capacidad de compra en algún momento al ajustarse
una vez al año”.

 

Aclara por qué el Gobierno y los grandes exportadores están contentos: “la suba de los precios de
los productos que el país exporta no se detiene.

Entre enero de este año y el mismo mes del año pasado aumentaron 58%,
una cifra excepcional
y que explica buena parte de la bonanza que vive la recaudación impositiva.

 

Con los precios de la soja, el trigo, el maíz y los aceites por las nubes:
se le hace fácil -al Estado- recaudar en forma creciente el dinero de las retenciones a las exportaciones.

Más aún,
cuando el dólar cae frente al euro y eso realimenta la suba en dólares de los alimentos a nivel mundial. (…)

 

Otro elemento a favor es que al caer el dólar a nivel mundial, la Argentina asiste a lo que podría considerarse
una especie de devaluación sin devaluar.
Manteniendo el dólar en torno a 3,17 pesos, el tipo de cambio -en realidad- cae frente al euro con lo cual
las condiciones para exportar mejoran”.

 

Cristina F. de Kirchner apela a que cada uno y todos seamos responsables y
ejemplifica con su ejercicio de la presidencia.
Pero
promueve la alta rentabilidad de quienes monopolizan las agroindustrias y la correspondiente exportación
sin importarle lo má###ínimo privar de alimentos o reducir su consumo por ese tipo de crecimiento económico.

 

Ismael Bermúdez (Clarín/El País/ 20-2-08) informa:

“El superávit fiscal primario
(la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, antes de computar los pagos de la deuda pública)
trepó en enero pasado a 3.389 millones de pesos. Esta cifra marcó un récord histórico para los meses
de enero y
representó un aumento del 107 por ciento respecto del nivel que había registrado en enero de 2007”.

 

Destapa:

·         “Los ingresos crecieron en 5.413 millones de pesos mientras el gasto primario aumentó en
3.657 millones de pesos. “Los ingresos crecieron 10 puntos por encima del gasto;
esto es algo que no se daba desde diciembre de 2006” explicaron en Economía.

 

·         “El rubro del gasto que más creció por encima del promedio fueron las transferencias
al sector privado (una suba de 82%)”.

 

Ahora el extraordinario superávit fiscal primario se dedica, fundamentalmente, al pago de la gran estafa que
es la deuda pública
y encima se justifica tan criminal mecanismo de succión de ingresos a los de abajo y al sector público
como desendeudamiento cuando el monto aumenta incesantemente.

 

Sin embargo,
cabe tener en cuenta que, además están las transferencias al sector privado.

 

Al respecto Arcadio Oña (Clarín/El País/ 26-2-08) comunica a quiénes y qué se privilegia:

 

a. Los capitales pingüinos y sus negocios con las transnacionales petroleras, mineras

 

“Si hay algo que hoy abunda en el Estado son recursos, lo cual, como se sabe, no siempre equivale a
que sean gastados bien. Y así como existen organismos públicos que usan poco de lo que tienen,
hay otros donde, por las razones que fuesen, la plata viaja en tren bala.

 

Notable es el caso de Vialidad Nacional que
de un presupuesto inicial de $3.213 millones saltó a $ 5.688 millones,
donde las inversiones en rutas y caminos en
Santa Cruz:
casi duplicaron la partida original de 409 millones y superaron, así, a las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe juntas”.

 

b. Las petroleras y otras empresas del sistema energético mirando a la globalización

 

En vez de nacionalizar o re-estatizar a las privatizadas que están agotando los yacimientos
de hidrocarburos por exportar y además sin invertir la formidable rentabilidad conseguida,
se las premia forzando a la población a restringir consumo e ingresos.

 

Arcadio Oña dice: “Otra plata que vuela son los subsidios que se destinaron a
apuntalar el sistema energético. Según Asap, en esta emergencia no reconocida públicamente,
se gastaron
-el año pasado- $8.331 millones más de lo que hoy costaría un Chocón completo y el doble que en 2006.
Seguirán a todo vapor en 2008, pues habrá que suplir con fuel y gasoil más caros la falta de gas boliviano.

 

En la factura energética entran las importaciones de combustibles para abastecer centrales térmicas;
también,
el gas de Bolivia y la electricidad de Brasil, entre otras fuentes que cubren la escasez propia” pero se sigue exportando.

 

c. Los grupos económicos locales que operan como concesionarios y propietarios del transporte público

 

Arcadio Oña indica: “Subsidios grandes son, también, los que se fueron en sostener –así como está-
el transporte público
de pasajeros metropolitano y en otros menesteres del mismo tipo. En los colectivos: $1.866 millones
o sea 300% más que en 2006. Y en trenes y subtes $2.300 millones o sea el doble que en 2006 e
implica 2 millones de dólares diarios”.

 

Por supuesto, el neoliberalismo de la actual etapa iniciada por Duhalde-Lavagna
y continuada por los Kirchner es distinto al de la convertibilidad. No sólo porque
esta última no pudo persistir pese a las reanimaciones practicadas sino,
sobre todo,
porque la ocupación imperialista de nuestros países latinoamericanos ha pasado
a reforzarse por apoderamiento de territorios mediante sojización y otros monocultivos
de los agronegocios, mega minería a cielo abierto e infraestructuras correspondientes.

 

Con el neoliberalismo de los noventa se asemeja en la expulsión masiva hasta de sobrevivir,
el menosprecio o racismo hacia la juventud e infancia mayoritaria y la grave des-financiación
del sector público.

 

 

El capitalismo nos acostumbra a vivir entre rejas, vallas, alarmas…y sobre todo bajo el poder arbitrario
de las fuerzas de seguridad pública y privada, de esta última se adueñaron quienes protagonizaron
el genocidio de la dictadura cívico-militar.

 

Como CORREPI lo documenta, durante el gobierno de Néstor Kirchner se verifica el incremento de

• gatillo fácil, en especial, contra jóvenes menores de veinticinco años;

• torturas, muertes y masacres tanto en cárceles como en comisarías.

 

El gobierno de Néstor Kirchner intensificó la criminalización de la pobreza y la judicialización del
reclamo de derechos
en correlación con el mantenimiento de la privación de conquistas sociales a la mitad
de trabajadores ocupados, de salarios en la línea de pobreza para la gran mayoría,
de la flexibilización y la precarización laborales…

 

Claudio Savoia (Clarín/ Zona/ 16-12-07) señala:

 

“Causante de agrias discusiones entre funcionarios
y vecinos del Gran Buenos Aires, la polémica por
la inseguridad
también está reflejada en el trabajo de la Universidad Católica Argentina,
con resultados contradictorios: mientras que en los últimos tres años
la sensación de inseguridad trepó de 68% a 71%,
pero
las víctimas efectivas de delitos fueron menos: 26% en 2004 y
22% en 2007. (…)

 

“Está comprobado” –dice el investigador Agustín Salvia-
“la inseguridad
se correlaciona con la desigualdad social”.

Da a conocer que:

“Agustín Salvia –director del Observatorio de la UBA, la UCA y el Conicet- tiene una hipótesis:

 

“Los procesos de exclusión social
generan

una cultura de la segregación y tanto en la zona norte como en el oeste las villas
-que las hay y muchas, sobre todo, en el oeste- están aisladas de los barrios populares y medios.

 

En el sur, los asentamientos están más integrados y por eso hay más valores compartidos,
más intercambio,
más posibilidades de construir un espacio público”.

 

Contrasta:

“Cada mes, en los últimos cinco años, las estadísticas regalan motivos para el brindis:
fortísima recuperación económica, boom del consumo, caída del desempleo y siguen los éxitos.
Pero
esta dulce postal no brilla con la misma intensidad en el Gran Buenos Aires,
donde los indicadores contradicen los festejos”.

 

Se refiere al estudio del Observatorio de la Deuda Social perteneciente al Departamento de
Investigación Institucional de la UCA que

“revela
que -desde 2004- en el conurbano bonaerense donde viven 9,3 millones de personas, creció
el abandono escolar adolescente y se agravaron los problemas de vivienda:
la mitad de las familias relevadas vive en condiciones precarias y
cuatro de cada diez tienen su casa en un entorno desfavorable (…)”.

 

Pero la pobreza no sólo deriva de la desocupación con planes sociales de 150 pesos desde 2002,
de la subocupación y el trabajo en negro.

 

Ismael Bermúdez (Clarín/ El País/ 21-2-08) transmite:

“El ranking que se difundió ayer revela, además, que el 55,2% de los empleados por el sector privado
en blanco
-casi 3,2 millones- ganó menos de 1.500 pesos. Con los descuentos de jubilación y salud quedó
un ingreso de bolsillo de $1.275, más salario familiar para los que tienen hijos menores. Así para
la mayoría de los trabajadores, el sueldo efectivo no alcanzó para comprar
una canasta básica de bienes y servicios”.

 

A esto se suma,
la desigualdad entre provincias, entre provincias y Capital y dentro de ésta,
entre sus zonas norte y sur.

 

Claudio Savoia (Clarín/ Zona/ 10-2-08) destaca:

“Aunque se usó hasta el abuso, la imagen de la ciudad de Buenos Aires
como “Reina del Plata”
todavía enorgullece. Pero quizás haya llegado la hora de desilusionar a los más detallistas:
mientras que una parte de la Ciudad bien podría ascender en sus blasones de reina a emperatriz,
otra franja podría ganarse el mote de Cenicienta.

 

Según las estadísticas oficiales,
la tasa de mortalidad infantil muestra diferencias de hasta 150% entre Villa Devoto y Lugano,
dos barrios que reflejan el abismo social que existe entre las dos mitades de la ciudad imaginariamente
dividida por la avenida Rivadavia.

 

Un cúmulo de razones históricas, demográficas y sociales forjaron durante siglos
un cuadro de desequilibrios que nadie se atrevería a discutir.
Que el sur de la ciudad
está postergado y que sus habitantes disfrutan de muchos menos servicios y beneficios
que sus vecinos del norte porteño parece una “verdad de Perogrullo” pero más sorprende
comprobar
que esas diferencias no disminuyeron y hasta se agravaron en los últimos años (…)”.

 

Aún más ante el colapso de los hospitales bonaerenses,
Alejandro Collia,
-subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires- acusa con desvergüenza:

“Apenas nos hacemos cargo y nos responden con un paro que perjudica la salud de la población”.

 

Quiere dar la imagen de comportamiento injusto de la CICOP que nuclea a 10.000 médicos y
profesionales sanitarios
soslayando que su gestión continúa a las existentes desde antes del 2002 que redujeron
el presupuesto para la salud pública a favor del pago de la fraudulenta deuda pública
y pese al sostenido y notable crecimiento económico.

 

Mónica Galmarini (Clarín/ Sociedad / 26-2-08) da a conocer qué pretende la CICOP:

 

“Queremos que se cumpla con los compromisos acordados en la paritaria 2007”
explicó el representante de la asociación gremial, Jorge Yabkowski.

 

Exigen un sueldo inicial de 2.700 pesos y el nombramiento inmediato de 1.500 especialistas.
Aseguran que es para “paliar la crisis sanitaria existente”.

 

Hicieron referencia a
un aumento del 15% sobre el sueldo básico en concepto de desfavorabilidad que beneficiaría
al plantel sanitario de hospitales Erril de Escobar y Simplemente Evita de González Catán.

 

También habían acordado una modificación en la aplicación de la bonificación por presentismo

y aplicar las mejoras con retroactividad a noviembre de 2007.

 

Por otra parte,
la salud de la mayoría de jóvenes es despreciada desde su infancia y en sus ocupaciones laborales
donde hasta deben poner en riesgo su vida como los motoqueros, albañiles, peones y mineros.

 

La lógica correspondiente a esta percepción más profunda de la realidad suscita, estimula
y guía
la ruptura con el acostumbramiento de “ajustarse el cinturón”
cuya imposición inició Álvaro Alzogaray hace medio siglo y
la ruptura
con la naturalización de que los gobiernos K tengan como preocupación central a

la seguridad jurídica de los grandes capitales. Porque ésta consiste en:

• mantener la mitad de la población de Argentina dentro de las condiciones de miseria
  que produjo el neoliberalismo durante los noventa por desocupación , subocupación
  y trabajo en negro y hoy se la expande por expulsión de campesinos, pueblos del interior
  e indígenas y criminalización de la pobreza;
  
   

• reducir salarios reales a niveles de pobreza por superganancias, inflación, presión tributaria,
  descuentos, bonificaciones…;
  
   

• erradicar el reclamo por derechos mediante procesos judiciales, represalias económicas, amenazas,
  aprietes o golpes de las patotas sindicales, ocupación con fuerzas de seguridad e inteligencia estatales
  y privadas, militarización de los conflictos a cargo de gendarmería o prefectura o fuerzas especiales o
  la coordinación entre ellas;
  
   

• usar los fondos públicos para pagar la estafa que es la deuda pública externa, los desproporcionados
  despliegues de fuerzas de seguridad e inteligencia, los multimillonarios subsidios directos e indirectos
  a los oligopolios;
  
   

• garantizar los negocios formidables de los poderes establecidos (mediante terrorismo de estado de
  la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que impulsó el gobierno de Isabel Perón y el de la dictadura
  cívico-militar) aun cuando –por ejemplo-  los precios de los alimentos o los alquileres impidan satisfacer
  necesidades elementales de las familias.

 

Esas rupturas para ser efectivas requieren la unidad de voluntad de la diversidad popular para
dejar de ser una sociedad sometida a las reglas de juego de quienes no sólo acaparan las posibilidades
de trabajo, producción e intercambios y los fondos públicos
sino también
imponen esclavitud, servidumbre, degradación, enfermedades, masacres e inseguridad jurídica a las grandes mayorías.

 

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Es importante percibir cómo los de arriba se esmeran en encarrilar la lucha de clases

hacia que los trabajadores se extrañen de sus intereses de clase sometida a enriquecer a los capitalistas
cada vez más a costa de sacrificar su vida y bienestar familiar si no conquista derechos o toma partido por liberarse de la explotación.

 

Es decir, los poderes establecidos imponen

la superexplotación a los trabajadores mediante la inculcación de la creencia en que es posible el diálogo
de ellos con sus opresores aunque ese arreglo está más disociado de la realidad pues en dicha negociación
intervienen falsos representantes en cuanto el Gobierno y la CGT se identifican con beneficiarse del servicio a los oligopolios.
 

Pero el cinismo destructor del sentido de realidad concreta y potencial de las mayorías

se expresa a través del ex ministro de Trabajo Enrique Rodríguez, quien llega a afirmar:

 

“El diálogo social entre los sindicatos, el Poder Ejecutivo y los empleadores permite mejorar la institucionalidad democrática”
(Clarín/ Opinión/ 4-2-08).

 

Coincide en dicho empeño Julio Godio (Clarín/ Opinión/ 26-2-08) que recuerda:

 

“Como es conocido, la presidenta Cristina Kirchner había explorado a fines de diciembre la posibilidad
de organizar un amplio diálogo social tripartito en el país por sectores económicos estratégicos.
Este diálogo social,
se suponía, iba a comenzar en los primeros meses de 2008. No se superpondría con la ronda de negociaciones salariales”.

 

Aclara:

“Pero
sí incidiría sobre las negociaciones salariales (…) en tanto los aumentos salariales estarían ahora políticamente
vinculados a los acuerdos en las mesas sectoriales y se integrarían en las planificaciones estratégicas de las empresas”.

 

Sostiene que proceder como las potencias imperialistas es revolucionario. En efecto, indica que “sin duda, fue
una iniciativa revolucionaria para los actores involucrados en el mundo del trabajo.
Pero
este tipo de iniciativa requiere de tiempo y de la plena disposición de los actores para poner en marcha
tal tipo de negociaciones que, por cierto, son habituales dentro de los países del G-7 (…)”.

 

Glorifica con intenciones ilusionistas:
“el Gobierno logró entre 2004 y 2007 modificar profundamente el sistema de relaciones laborales,
restableciendo el tripartismo como la principal herramienta de negociación”.

 

Para rebatir considero una nota “Ganadores y perdedores, en una desigual carrera por los ingresos”.

Arcadio Oña (Clarín/ El País/ 23-2-08) se refiere a los jubilados como los perdedores.

A diferencia
de “los camioneros de Hugo Moyano que pactaron un aumento del 19,5%, más un extra de 260 pesos que
sube el porcentaje a cerca de 24% y los docentes que acordaron un 24% para el salario mínimo,
a los jubilados se les otorgó 15%. Todo auspiciado o resuelto por el Gobierno”.

 

Arcadio Oña lo atribuye a que “la capacidad de hacerse oír de los jubilados, de presión y de influir en
las decisiones
es mucho más baja que la de camioneros y docentes”.

 

Sin embargo,
lo asocio al hecho de que “la ANSeS tiene hoy una disponibilidad financiera próxima a los 20.000 millones de pesos.
Está integrada al superávit fiscal del sector público nacional y al alcance del Gobierno cuando precise cubrir pagos
de la deuda o plata para inversiones públicas”.

 

También al crecimiento económico de los grandes capitales mirando a la globalización
conecto la superexplotación del
“otro enorme contingente con escaso poder de fuego que son los trabajadores en negro:
unos 4 millones, alrededor del 40% de la fuerza laboral asalariada. Pueden recibir algunas mejoras
como correlato
de las paritarias y de hecho las obtienen pero están notoriamente al margen de los beneficios del empleo formal:
la indemnización, la obra social, la jubilación futura o el subsidio por desocupación.

 

Y más que eso, según estudios privados recientes. Perciben una remuneración que equivale a la mitad de la
que obtienen los asalariados en blanco; entre ellos el desempleo supera en casi cuatro veces al que existe
en el mercado formal y es frecuente la pérdida del trabajo. Segmentación, desigualdad y vulnerabilidad
se le llama a todo esto”.

 

Si tenemos en cuenta que los salarios de los trabajadores registrados en su mayoría cubren sólo
la canasta de pobreza y los de los no registrados sólo alcanzan para la canasta de la miseria,
podemos percibir
que el pacto tripartito –con el pretexto de no aumentar la inflación- se basa en imponer

el achicamiento de las posibilidades de bienestar a los trabajadores registrados mientras que
a los no registrados los fuerza a aceptar el hambre, la desnutrición, los asentamientos precarios,
la inasistencia médica, la degradación medio ambiental…

 

Es un menosprecio total por los trabajadores convertido en desechables o reemplazables y
que está implícito, además, en la forma de productividad
que se implementa –de modo impune- en nuestro país.
 

Nuestra Propuesta, semanario del Partido Comunista de Argentina,
se refiere
a la explosión y muerte de dos operarios Nicolás Correa y Alfredo Dianda de

22 años en Acindar. Rubén Pereyra y Alberto Tato González, ex obreros y sindicalistas
de Acindar, explicaron qué fue lo que pasó y por qué.

 

Relataron que “anualmente, los hornos donde se funde el metal se apagan
para reparar y cambiar los ladrillos refractarios que revisten su interior.
Cuando se apaga,
el horno está a 1.600 º C y hasta hace unos años se esperaban 36 horas
de enfriamiento antes de meter un hombre a realizar esa tarea.
El tiempo de espera se fue acortando
de manera inversamente proporcional a los planes de los propietarios de acelerar
la productividad.

 

Imaginemos el horno como una gran olla: se levanta la tapa y una plataforma grúa
transporta a los albañiles fumistas (tal el nombre de su disciplina) vestidos y calzados
para tolerar
durante diez minutos la temperatura infernal que se conserva al interior. Por eso,
es que van de a dos, están adentro diez minutos, salen, ingresa la siguiente  pareja
y así.

 

Se entiende entonces que fueran ocho los trabajadores heridos en la explosión,
que los dos que estaban adentro en ese momento sufrieran las peores consecuencias,
y además que sean tan jóvenes:
a mayor edad, menos resistencia al calor. Para que puedan pisar la plataforma,
ésta va refrigerada mediante tuberías de agua corriente.

 

El martes 5 de febrero, hacia las 11 de la mañana, los muchachos entraron
al Horno Cuatro
tan sólo cuatro horas después de apagado. Según se calcula, la temperatura adentro
debe haber sido de unos 1000º C. El sistema refrigerante se convirtió en una bomba
de hidrógeno,
lo cual no es un accidente sino un resultado matemático escandaloso.

 

Revisando la cuenta,
encontramos que para elevar sus ganancias, la flexibilización laboral implementada
desde principios de los 90 llevó a reducir la planilla, las especialidades, el poder y el control
de los obreros,
delegando una serie de actividades –entre ellas las más peligrosas- a pequeñas empresas
que por la mitad del sueldo primario que cobran los 1500 trabajadores de Acindar subcontratan
otros 1500.
Estas contratistas, conjeturamos, fueron ‘incentivadas’ para ofrecer a los jóvenes una bonificación
a cambio del riesgo.

 

La reacción de la fábrica y el pueblo fue inmediata.
Al paro le siguió la movilización y la juntada en
la plaza de Villa Constitución.
Entre otros,
habló el histórico dirigente local Alberto Piccinini,
a Nuestra Propuesta, manifestó:

 

“Comprobamos
con dolor que la vida de los trabajadores,
creadora de la tremenda riqueza que facturan
los empresarios,
está a merced no sólo de la manutención
de ese privilegio, sino de sus perversas decisiones
tomadas en el nombre de la eficiencia y el bien social”. (…)

 

Mejorar la organización gremial, partidaria y comunal en general,
nos permitirá avanzar y ganar la pelea por hacer realidad
una necesidad que la tragedia de Acindar vuelve a poner de manifiesto,
la de cambiar las relaciones de propiedad sobre la naturaleza y el trabajo humano,
recuperándolas en beneficio de todo el ecosistema”.

Fuente: Nuestra Propuesta número 860- 21 de febrero de 2008
www.pca.org.ar

 

La lógica correspondiente a esta percepción más profunda de la realidad suscita, estimula
y guía
resistencias e iniciativas de construcción colectiva de salidas al pacto social del contubernio opresor.
Se trata, ante todo, de obrar de modo opuesto: crear ámbitos de hermanamiento entre un número creciente
de trabajadores de un sector
donde discutan sus necesidades e intereses concretos y compartan
las mismas evaluaciones hechas en otros sectores laborales

para, luego,
establecer relaciones con la población que favorezcan el debate público de cómo este modelo económico está
en contraposición
con la calidad de vida y trabajo de las grandes mayorías. Y cómo tampoco nuestro sacrificio reditúa en futuro
no sólo por la transferencia de las riquezas hacia el exterior y el grave deterioro tanto de la salud juvenil como
del medio ambiente, sino también porque el modelo de commodities es sumamente vulnerable a
lo que sucede en el mercado global.

 

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