I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo:

Mientras la concertación K implica subordinación a pactos tramados por los poderes establecidos, fundamentalmente, desde 1976 para la continuidad y profundización de su acumulación de riquezas, el pueblo significa autoorganización y lucha emancipadora de la unidad en diversidad sectorial, provincial, étnica, política, ideológica, cultural... de todos los oprimidos, expulsados, discriminados, estafados, humillados...

En esta última construcción contrapuesta a la concertación andan los hermanos chilenos
que parten de:
 

"El problema de la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, en una sociedad donde se impone el dinero por sobre la dignidad humana,
se puede plantear en dos sentidos: a) que un determinado bien como la vivienda,
sea insuficiente para las necesidades de la población ,
o
b) que, siendo insuficiente, se ofrezca de tal manera que no pueda ser adquirido
por la población empobrecida, y si éste es adquirido, se transforma en
una gran pesadilla, debido a que no alcanza el dinero para pagar la deuda.
En ambos casos,
es posible que surja un movimiento organizado denunciando la situación injusta que
se ha creado. Su objetivo será que el problema se resuelva. Pero, debido al momento histórico que vivimos,
el movimiento no tiene poder directo para hacerlo.
Sí puede, en cambio, crear un estado de opinión que consiga convencer a quien tiene
el poder político (gobierno) o económico (clase dominante o empresarios) de
la necesidad de intervenir y solucionar el problema".

La Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo-Chile (APST-Chile) dice que la demanda
pese al estado de opinión favorable no ha bastado. Porque:

"Durante los últimos 17 años de gobiernos 'democráticos' en Chile, los ricos y poderosos han desatado una batalla implacable contra los pobres.

Imponiendo a través de la violencia legítima y las leyes hechas a su medida,
la realización de grandes proyectos y reformas sociales
que no hacen más que favorecer a sus bolsillos e intereses de clase.

Cuando hablamos de esto,
nos referimos al llamado «Acuerdo Nacional para la Transición a la plena Democracia»,
el cual
tenía como fin convertir todas nuestras necesidades básicas en un negocio
(vivienda, educación, trabajo, etc.) y por supuesto,
dividir y acabar con las organizaciones populares
que pensaban que la lucha por un mundo libre y justo, no terminaba derrocando al gobierno autoritario.

Es esta política de libre mercado impuesta institucionalmente por
la dictadura militar
y muy bien administrada por los últimos cuatro gobiernos democráticos
la que ha degenerado un indiscutible pero lento proceso de agudización de
la crisis general del país, crisis que se manifiesta en la incapacidad de resolver los problemas fundamentales de un pueblo
que ya no aguanta más".

En este comunicado "Por la unidad de las organizaciones en lucha" ,
la Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo señala:

De esta forma es que el año recién pasado,
vivimos algunas experiencias que quedarán en la memoria histórica de nuestra clase,
la que intenta nuevamente
caminar y crear las condiciones favorables para imponer nuestras necesidades.

Es así como vimos que en todos lados se hizo manifiesto que
el pueblo
no está satisfecho con lo que le ha tocado.
Esto se demostró en las organizaciones que
luchan por una vida digna y por
acabar con los privilegios sólo para algunos.

Este es el caso de los Deudores Habitacionales agrupados en ANDHA Chile A Luchar que pelean por
poner fin a
los remates de sus casas y para terminar con el robo que están llevando a cabo los bancos.
En estrecha relación con ellos,
están los Allegados organizados en la Agrupación de Pobladoras y Pobladores Sin Techo (APST-Chile) que luchan por una vivienda digna y por acabar con una política habitacional que favorece a los dueños de los terrenos y de las empresas constructoras. Y también nuestros, hijos o hermanos estudiantes secundarios, los que pelean por una educación de calidad y que esté al servicio de una sociedad justa.

Nosotros creemos que todas estas organizaciones, en realidad, son sólo una
ya que
están compuestas por personas que luchan día a día para poder sobrevivir,
somos personas despojadas de todo, pero que con
nuestra ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA impulsaremos el cambio social necesario.
Somos los trabajadores y trabajadoras de este país, el motor de esta sociedad y del mundo entero,
y por lo tanto, nuestro destino fue y será extendernos por toda la faz de la tierra, llevando con nosotras y nosotros las semillas del mundo nuevo que traemos en nuestros corazones".

La Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo (www.aluchar.ouvaton.org) sostiene:

• Pensamos que es necesario generar la unidad más amplia de los sectores en lucha, por tanto, es de suma urgencia fortalecer y crear espacios
  donde
  las organizaciones populares se encuentren, discutan y al calor de la pelea y
  las movilizaciones, forjemos y construyamos las condiciones para la real UNIDAD desde la lucha de los pobres.
   
• Debemos superar la separación que nos impone nuestro rol social, ya que esto
  nos lleva a luchas aisladas según demandas sectorizadas, ya sea como trabajadores, estudiantes, amas de casa, inmigrantes, allegados, deudores habitacionales, etc.

Las luchas sociales que se han desarrollado en este último tiempo, nos demuestran que es de «suma urgencia» que nuestro pueblo se unifique en un solo cuerpo y
que con esa gran unidad de miles de trabajadores en lucha demos un fuerte golpe
a los que dominan y nos mantienen en la miseria,
ya que
cuando el pueblo se organiza, genera apoyo mutuo y se prepara para enfrentar
la lucha, las clases dirigentes (gobernantes y empresarios) recién comienzan a temblar y a practicar, las lecciones que han aprendido de la historia y ante el temor de la revuelta popular, que es capaz de imponer formas radicales de cambio y opuestas a los intereses de los ricos, ha establecido el piso de negociación con el pueblo descontento. Pero si, por el contrario, nos separamos y no nos organizamos, somos más débiles y por tanto presa fácil de los que nos quieren ver derrotados".

Fuente: www.rebelion.org
Chile. El laboratorio del neoliberalismo 9-1-07

Entonces, la unidad y organización de las diversas identidades que componen al pueblo:
es imprescindible para revertir la apropiación de la riqueza generada en la Argentina por una minúscula minoría y el modo de producción que arruina tanto al país como a la inmensa mayoría de la población.

Ideología:

¿A qué se enfrenta el pueblo?

En "El Chile actual y la «democracia»: Una perspectiva crítica", Franck Gaudichaud (Rebelión)
pregunta
si "una reflexión en términos de transición democrática será realmente el mejor medio
para comprender el Chile de Michelle Bachelet". En busca de respuesta, explica que
"la «transiciología»
y las reflexiones sobre la salida de regímenes autoritarios se han convertido a lo largo del tiempo
en una disciplina de las ciencias políticas.

Los “transiciólogos” se esfuerzan en describir las formas de pasaje de un régimen político autoritario
a un régimen democrático representativo liberal.
En ese tema,
América Latina es un laboratorio a cielo abierto, en el que varios países se lanzaron a procesos de
“transición pactada”: bajo la presión de movimientos de oposición a la dictadura, una parte de
las elites políticas civiles negociaron con la junta y las clases dominantes, una salida del régimen militar,
llegando
a formas híbridas, llamadas a veces - ¿de manera eufemística? - “democracia degradada” o “incierta”.
Son Costa Rica en 1948, Colombia en 1957 y Venezuela en 1958 los países que inauguran esa danza de transiciones desencantadas.

A fines de los años setenta y durante los años ochenta, la extensión mundial de
la hegemonía neoliberal
reforzó estos procesos basados en una doble exclusión de los pueblos:
socioeconómica y política.

Procesos, según la Revista Critique internationale(N°4, Paris, été 1999, p. 31),
«en los que las transiciones “pactadas” y la adhesión a la ortodoxia neoliberal
confirieron a las organizaciones políticas
un carácter terriblemente excluyente:

la agudización de las desigualdades y el aumento de
la violencia hacen
del ejercicio de la ciudadanía una ficción, mientras que
el juego político se encuentra monopolizado por partidos vinculados entre ellos por pactos».

Algunas décadas más tarde, la transición chilena se ubica plenamente en esta categoría, con la diferencia que en Chile, es la junta militar que se encargó de aplicar el modelo neoliberal y eso desde 1975.

Sin pretender volver sobre todas las características del período, es necesario al menos
subrayar
el carácter “refundador” de la dictadura. El general Pinochet comprometió al país,
con el apoyo de la oligarquía local y del capital transnacional, en un proyecto global,
reorganizando profundamente la sociedad chilena.
Lo que
será denominado mucho más tarde el “Consenso de Washington” (liberalización, desregulación, privatización, reducción de las atribuciones del Estado) se aplica de manera precoz en Chile,
pero en un contexto de terrorismo de Estado.

Esta “contrarrevolución neoliberal”, que modifica
el modo de acumulación y las relaciones sociales,
permite
además una tasa de crecimiento e índices macroeconómicos
muy satisfactorios a los ojos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (R. Agacino, 2006).

La Constitución promulgada en 1980 –y vigente hasta ahora- apunta a institucionalizar ese proceso contrarrevolucionario integral y, sobretodo, prepara las condiciones para
su supervivencia más allá del régimen militar.

Es en ese marco que la futura “Concertación de los partidos políticos por la democracia” es conducida
a negociar
la naturaleza de la transición con las fuerzas partidarias del régimen militar después de la victoria del “no” en ocasión del plebiscito de octubre de 1988. Basada en
la exclusión de
la izquierda radical (esencialmente el PC y el Movimiento de la izquierda Revolucionaria – MIR),
esta “transacción democrática” permite la conformación de la “Concertación” que reúne
adversarios políticos de ayer, entre otros el PS renovado y la vieja Democracia Cristiana golpista.
Estas organizaciones
se reagrupan para asumir la dirección del gobierno y canalizar la transición dentro del modelo neoliberal".

Franck Gaudichaud manifiesta que

·        el sociólogo Manuel Antonio Garretón (quien siempre ha sido abiertamente favorable a la Concertación) para interpretar el presente de Chile, avanza
el concepto de
« régimen democrático con enclaves autoritarios heredados » o también de
« régimen autoritario con enclaves democráticos » (Garretón, 2006);
 

·        la «transición» se le da fecha de finalización pero
"uno podría darse cuenta que siempre parece terminar… ¡para siempre recomenzar!".

Aclara:

"El presidente Aylwin (DC) en el momento de suceder a Pinochet había ya anunciado el fin de la transición,
opinión que ha posteriormente reiterado en ocasión de los debates en torno de la comisión Rettig
en materia de derechos humanos;
Eduardo Freí (DC) al término de su mandato (2000) había también constatado el retorno de
los militares a
sus cuarteles y muchos observadores han visto en el arresto del General Pinochet
en Londres la confirmación de tales pareceres. Afirmaciones rápidamente desmentidas
por

-la ausencia de juicio contra el ex dictador,
-el mantenimiento de la ley de amnistía de 1978 y
-el carácter parcial de la “mesa redonda” sobre las víctimas de la represión (1998).

Algunos han interpretado el periodo de R. Lagos como la coronación definitiva de ese lento proceso.
Además de las reformas institucionales,
la Concertación
destaca en su balance la reducción de la pobreza, de la que el porcentaje total pasaría
de un 45,1% de la población en 1987, al 18,8% en 2003 según criterios internacionales
(sobre 15,5 millones de habitantes).
Insiste igualmente
sobre el impacto positivo provocado por el informe Valech (Comisión sobre la tortura y la prisión política).

Recordemos que esos avances parciales, reales en términos de verdad oficial pero no de justicia, son
el fruto de décadas de movilizaciones de las familias de los detenidos-desaparecidos.

Pese a todo, el gobierno de Lagos mantuvo fundamentalmente la táctica de
la “justicia en la medida de lo posible”:
Es decir,
una impunidad inmensa acompañada de dosis limitadas de verdad y
de reparación calificada de “austera”, en nombre de la “reconciliación nacional” (Castro, 2002).
Lagos intentó incluso varias veces crear una ley de “punto final”:

Fue precisamente el objetivo del proyecto de ley presentado en 2003, que debió
ser abandonado bajo la presión de los organismos de Derechos Humanos. Hay que señalar que
esta política del perdón institucionalizado a torturadores y responsables de terrorismo de Estado no es
una exclusividad de la transición chilena, puesto que la encontramos bajo distintas formas en varios países del globo (Lefranc, 2002).

Pero, como lo subraya Miguel Ruiz, es solamente recordando cuál fue la gestión de
la Concertación
en el tema de Verdad y Justicia que podemos entender por qué Pinochet murió como
un dictador que nunca fue condenado por sus crímenes.

Amparados en la “independencia” del Poder Judicial, los gobiernos de la Concertación seguían teniendo confianza en que los juicios por la violación de los Derechos Humanos no les crearían grandes dificultades tanto a ellos como a los militares involucrados en dichas violaciones, porque
no habría castigo a los culpables o ese castigo sería solamente simbólico.
Así se daría cumplimiento a los acuerdos de la Concertación con el Pinochetismo y la derecha,
impuesto por Estados Unidos(...)".

Franck Gaudichaud expresa:

"Globalmente si uno se empeña en hacer un balance crítico de la gestión concertacionista,
puede hablar de una transición democrático-liberal atrofiada,
apoyada en
una profundización económica pero también social del modelo neoliberal, y
obtenida por una administración civil elegida en un marco institucional heredado de la dictadura (Fazio, 2005).

Sin embargo, cuando M. Bachelet lanzó su campaña electoral bajo la bandera de la Concertación, se benefició de encuestas de opinión favorables obtenidas gracias a un manejo hábil de los medios de comunicación oligopólicos, de una tasa de crecimiento macro-económico de 6% para 2005 y del consecutivo apoyo entusiasta de
los empresarios nacionales y del capital financiero internacional.

Recordemos que esta última condición (apoyo del capital local y global) es considerada como uno de
los elementos claves para la mal-denominada “gobernabilidad democrática” post-Pinochet, teorizada por
Edgardo Beoninger, principal ideólogo orgánico de la Concertación.

Paralelamente, la nueva presidenta

·       logró encarnar un cambio cultural relativo,
en primera medida porque es una mujer"; 
 

·       "instrumentalizó con brío e inteligencia un deseo nacional de revitalización
de las relaciones entre la política y los ciudadanos:
“los representados clamaban por una renovación de la relación política, construida sobre
una mayor identificación y proximidad con
sus representantes, aspiraban a reconocerse en la candidata, a ver sus pedidos representados y a ser escuchados” "; 
 

·       "ha sabido imponerse (incluso contra Soledad Alvear de la DC), sin ocultar su pasado militante, que desalienta a una parte del electorado conservador de la Concertación";

 Franck Gaudichaud destaca:

La visión institucional de M. Bachelet o "la reforma indispensable del sistema binomial, creado por la dictadura a fin de sobre representar la derecha e impedir el retorno al seno de las instituciones de la izquierda radical, sistema profundamente anti democrático que  fue mantenido concientemente y de manera funcional hasta la fecha por
la Concertación, pese a todas las oportunidades de cambiarla". 

"El PS se confirma como partido del gobierno y de gestión del sistema capitalista, poniendo en causa la existencia misma del PPD y
la mayor parte de los dirigentes socialistas asumen públicamente
su orientación “social-liberal” (...)".

Indica:

"M. Bachelet no ha pretendido encarnar ninguna ruptura. La composición del primer gabinete lo confirmó,
ya que si bien la paridad hombres/mujeres es una novedad, numerosos puestos claves quedaron en manos de viejos caciques de la Concertación.
Y al final de los diez primeros meses de gestión, es bien lo que parece dominar.
Si bien
la campaña electoral estuvo fuertemente centrada en el tema de las desigualdades sociales, y
las promesas de los candidatos se multiplicaron,

el Estado que gestiona la Concertación es un Estado reducido, enano,
sin fuerzas ni voluntad política para encarar las reformas sociales más urgentes y controlar el apetito cada vez más voraz de
las transnacionales. Pese a un presupuesto en alza (+ 8,9%) obtenido
gracias al nivel extremadamente alto del precio del cobre en
el mercado mundial, la política pública de M. Bachelet se queda en los límites de
la asistencia puntual a favor de
los más desheredados (¿para evitar una explosión social?) y como sostén del
“libre-mercado”.

Los primeros gestos de la política internacional del nuevo Ejecutivo han sido para reafirmar el anclaje de Chile como aliado estratégico de
los Estados Unidos en América del Sur y a favor de un capitalismo desbocado, en
el que Chile es tremendamente dependiente para la exportación de sus materias primas y recursos naturales (cobre, madera, pesca, etc.),
recursos naturales que
son saqueados sistemáticamente sin ninguna consideración ecológica".

Fuente: www.rebelion.org
Chile. El laboratorio del neoliberalismo.
27-1-07

Ante una nueva conmemoración del 24 de marzo de 1976 como fecha de puesta en práctica de
la organización e instauración del sistema de saqueo mediante
terrorismo de estado,
es bueno recordar que

"esos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado,
no son -sin embargo- los que mayores sufrimientos han traído
al pueblo argentino
ni las peores violaciones de los derechos humanos
en que ustedes incurren.

En la política económica de ese gobierno
debe
buscarse no sólo la explicación de
sus crímenes sino una atrocidad mayor
que
castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Rodolfo Walsh, en la Carta abierta a la Junta Militar que envió el 24 de marzo de 1977
y lo secuestraron desaparecieron,
aclara
sobre la política económica de la Junta:

·        fue "dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que
se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia";
 

·        "redujo -en un año- el salario real de los trabajadores al 40%,
disminuyó
su participación al 30%, elevó de 6 a 18 horas la jornada laboral
que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así
formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales;
 

·        congeló salarios a culetazos, mientras los precios suben en las puntas de
las bayonetas;
 

·        abolió toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y
comisiones internas;
 

·        alargó horarios y elevó la desocupación al récord del 9% prometiendo
aumentarla con 300.000 nuevos despidos;
 

·         retrotrajo las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial,
y cuando
los trabajadores han querido protestar los ha calificado de subversivos,
secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos
aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno,
el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas
ha desaparecido
prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil
supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas;
enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan
hacia marcas mundiales o las superan".

Rodolfo Walsh continúa:

"Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes
el presupuesto
de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares,
suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras
centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo
provocado
por el terror, los bajos sueldos o la 'racionalización'.

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante
política
la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros
sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas(...)".

Antes de 1976, el salario básico de convenio equivalía al ochenta por ciento  de la canasta familiar
y el salario mínimo
al sesenta por ciento de ese básico. Hoy si se aplicara ese criterio, el salario básico debería
rondar los 1900 pesos y el salario mínimo los 1200 pesos.

Pero el sistema de saqueo instaurado a partir de 1976 se basa en la superexplotación laboral,
¿en qué consiste?

Ismael Bermúdez lo aclara:

"37.989 millones de pesos ganaron durante 2005,
las primeras quinientas grandes empresas no financieras
radicadas en la Argentina.
Multiplicaron
por cuatro sus ganancias respecto de 1998. En dólares,
representa un incremento del 26% en relación al récord
alcanzado durante los 90, de acuerdo con las cifras del Indec.(...)

Esos mayores ingresos se concretaron con casi la misma cantidad de gente empleada
pero
con salarios devaluados. En 1998, las quinientas primeras empresas empleaban a 570.576 personas
y en 2005 contaban con 561.328 empleados, sin embargo, en 1998 la masa salarial representaba
el 15,2 %
del valor de producción mientras en 2005 se redujo a apenas el 8,3 por ciento.

Estos datos marcan el impresionante incremento de la productividad por empleado ocupado
por las grandes firmas
y además, que
el aumento de las ganancias se basó en la reducción del costo salarial y laboral.
«La productividad, entendida como valor agregado por empleado ocupado, se incrementó en 25,7%
en el período 2003-2005, lo que representa un aumento de 44.000 pesos por ocupado», precisa el Indec".

Ismael Bermúdez, además, explica los procesos paralelos de:

·       Concentración económica:"de los 37.989 millones de pesos de ganancias, el 92% correspondió a las 337 empresas extranjeras o con participación extranjera.
Eso
pasó porque, además de tener mayores volúmenes de ventas, las firmas extranjeras están ubicadas en
los sectores más rentables, como el petrolero y
el minero.
De los 37.989 millones de pesos, 15.631,9 millones
fueron para 37 empresas del sector «minas y canteras»,
de las cuales 33 son extranjeras o de capital extranjero.
Además,
de las quinientas primeras firmas, apenas veinte obtienen
el 51,9 por ciento de las utilidades totales".
 

·       Desnacionalización económica: "sobre quinientas empresas líderes, hoy 337 son extranjeras o con participación de
capital extranjero, cuando en 1993 sumaban 219 ó
294 en 1998.
Este proceso no se detuvo en 2001. Entonces había 325:
en cuatro años, las líderes extranjeras avanzaron doce
posiciones. Se estima que en 2006 hubo nuevos avances
del capital extranjero.

Si se incluyeran en el panel a las grandes firmas bancarias y financieras (Afjp, ART, compañías de seguro)
el grado de extranjerización de la economía argentina sería mayor aún".

Fuente: revista Caras y Caretas Año 46 - N° 2.207/ Febrero 2007
info@carascaretas.com.ar

Ante la quita total de las conquistas sociales que son los derechos de los trabajadores (y afecta,
sobre todo,
a los jóvenes) hay organización para acabar con la extrema expoliación de
casi la mitad de los ocupados.

La Agencia de Noticias RedAcción (AnRed) da a conocer dos comunicados de prensa.

1) Del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMeCa) que titula
"Basta de mensajeros muertos" manifiesta:

"Ayer, 28 de diciembre, otro mensajero murió trabajando al ser atropellado, pasadas las 15 horas, en
la intersección de Chile y Perú, por un colectivo de la línea 7.

El trabajo a destajo y en negro, la modalidad laboral más común en nuestro gremio es la principal causa
de los accidentes de trabajo; y son los empresarios que se llenan los bolsillos a costa de nuestras vidas y
los funcionarios del Estado que lo permiten: los responsables de estas muertes.

En el país de la impunidad, la vida vale menos que el derecho de empresa y el lucro privado.
Un genocidio silencioso trascurre debajo de los balcones y las ventanas de
los funcionarios del gobierno nacional, ocho mensajeros mueren por mes en
Capital Federal y Gran Buenos Aires, sin embargo, se nos sigue negando
la personería gremial y con ella la posibilidad de obligar a las patronales a discutir condiciones dignas y seguras de trabajo.

Los mensajeros no podemos esperar más porque la precarización laboral nos está matando.

 Por condiciones dignas y seguras de trabajo".

2) De agrupaciones de empleados de comercio con la consigna
"Los empleados de comercio exigimos: basta de superexplotación" explican:

"Diciembre es el mes de mayor venta anual para los supermercados, el período de las fiestas, en el que
los empleados de comercio sufrimos la mayor explotación.
Jornadas extras
impuestas compulsivamente (mayormente sin reconocernos el pago correspondiente) y el ritmo de trabajo extenuante, impuesto muchas veces con maltratos directos a la vista de todos, se intensifica aún más.

Por ello, las agrupaciones Combativos Mercantiles (BS. AS.) y Resistencia Mercantil (Rosario)
llamamos
a todos los trabajadores de comercio, a todos los sectores luchadores y combativos del gremio a sumar
sus luchas y reclamos durante el mes de diciembre, a denunciar en todas partes las brutales condiciones de trabajo a las que someten a
nuestra juventud las patronales supermercadistas, con la complicidad de
la conducción gremial de Armando Cavalieri y compañía.

Porque diciembre debe ser un mes de lucha mercantil, por el aumento de salario, contra la flexibilidad laboral, contra los despidos y en defensa de
los derechos gremiales que se pisotean para imponer las condiciones negreras de trabajo".

Las agrupaciones Combativos Mercantiles (BS. AS.) y Resistencia Mercantil (Rosario)
reclaman:

1.     Ningún empleado de comercio bajo la línea de pobreza: $2.000 de básico salarial
para la categoría A.
 

2.     Por una suma fija extraordinaria por las fiestas para todos los empleados de comercio.
 

3.     Cierre de los Domingos sin afectar el salario. Abolición del decreto de Menem que habilita su apertura y de todas las leyes anti-obreras.
 

4.     Defensa de los derechos gremiales, basta de persecución a los compañeros delegados de Coto Rosario.
 

5.     Declaración de zona desfavorable para las provincias del sur.
 

6.     Basta de tercerizaciones.

e-mail de Combativos Mercantiles: agrupacombativosmercantiles@yahoo.com.ar

Fuente: www.anred.org
29-12-06

A su vez, los trabajadores de la salud pública denuncian el desmantelamiento del hospital y de las unidades sanitarias del país
cuando desarrollan constantes medidas de fuerza parciales contra la falta de personal e insumos,
la precarización laboral y los bajos salarios que aquejan al sector.

Como las autoridades no cubren los cargos imprescindibles, falta personal y muchas de
las tareas son realizadas por "voluntarios" (personas que trabajan gratis a la espera de una designación que nunca llega) y
beneficiarios de distintos planes sociales que las hacen como contraprestación o similar, en clara violación
de los convenios de trabajo vigentes.

Frente a estas necesidades de los trabajadores y de todos los otros sectores populares,
la concertación K coincide con la derecha ortodoxa en privilegiar la conversión de los bienes sociales en
formidables negocios de oligopolios y en subsidiar a los últimos millonariamente sin preocuparse de
las catástrofes y
los calvarios cotidianos que sufren las grandes mayorías.

Se diferencia en que, atendiendo a la autoconciencia popular a raíz del 19 y 20 de diciembre de 2001, oculta
tras cambios superficiales (que presenta como respuestas a reclamos populares) la actualización y profundización de los neoliberales durante los noventa.

El nosotros propio del pueblo, nos exige cambios culturales y morales, ¿cuáles?

En vez, de conformarnos con trabajar
sea como sea y atemorizarnos por
exigir lo que nos corresponde y
necesitamos,
resulta fundamental para la puesta
en práctica de la justicia social,
asumirnos en nuestra dignidad de
personas y trabajadores al
hacernos cargo
de participar en una organización sindical que
sea consecuente con la lucha por
efectivizar el verdadero
salario mínimo; erradicar el trabajo
y el sueldo en negro; restablecer
las conquistas sociales
y solucionar
la alta desocupación estructural
mediante
jornada laboral de 6 horas en
acuerdo con la actual productividad,
recuperación de las empresas quebradas, fomento a

las pymes
y reforma agraria integral.

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

Mientras la concertación K, por identificarse con el capitalismo,
tiende a

• implantar el monopolio político;
   
• cristalizar la estructura socioeconómica de arrasador despojo a los trabajadores y a
  los otros componentes de los de abajo;
   
• sojuzgar de maneras distintas pero en forma esencialmente totalitaria a la inmensa mayoría
  de la población de Argentina.

El pueblo lucha por políticas públicas que sean fruto de la deliberación y  decisión de su diversidad
e integración confraternal.
Para eso,
debe asumir su historia y la internacional.

De ahí la importancia de tener en cuenta cómo se construyó la opresión actual.

"Las investigaciones judiciales en Argentina ponen al descubierto a la macabra red que actuó en este país
y en América Latina, bajo el manto de la Doctrina de Seguridad Nacional".

Stella Calloni (APM), en "El Terrorismo de Estado al desnudo. La Triple A, la CIA y la Operación Cóndor"
sostiene:

"La resolución del juez federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero
la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”) y
su extradición desde España,
en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa.

Esta causa está basada en “50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos”, según el magistrado y es una de las más importantes en la historia de la justicia argentina, después del juicio a las Juntas Militares
de la pasada dictadura (1976-1983).

El juez rechazó que exista algún elemento que responsabilice al ex presidente Juan Domingo Perón, quien falleció cuando gobernaba por tercera vez el país en julio de 1974, pero en cambio considera que la ex mandataria prestó una colaboración “esencial” en los crímenes
que cometió la Triple A entre los años 74 y 76,
aunque
el accionar de este grupo había comenzado en 1973, cuando el ex cabo de policía José López Rega, devenido en Ministro de Bienestar Social en
el gobierno peronista, llegó al país.(...)

En este caso tiene responsabilidad la ex presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, su relación directa con
los implicados -que eran su propia custodia- y el hombre clave de su gobierno nada menos que López Rega el fundador de la Triple A. Y si no
la tiene ella es quien mejor puede explicarlo".

Stella Calloni informa:

"A partir de su llegada al país en 1973,
López Rega
contó con el apoyo de sectores de inteligencia y hombres de las dictaduras anteriores,
grupos de choque de la derecha peronista, entre otras organizaciones como las Milicias Nacionalistas,
los grupos nazis, el Comando Nacional Universitario (CNU) que conformaron los equipos de inteligencia
para
ubicar a las víctimas, dar organicidad e impunidad a los secuestros, torturas y asesinatos.

Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o no, la investigación de
los hechos de la pasada dictadura llevaban inevitablemente a
su más directo antecedente que es la Triple A,
como
se puede ver en el accionar del grupo. De hecho en todas
las investigaciones sobre la Operación Cóndor
-coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge
la presencia de los hombres de la Triple A, ex policías, integrantes de cuerpos de seguridad y delincuentes, en la mayoría de los casos,
como
su actuación en el Centro Clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la historia del terror. (...)

Sería imposible entonces esconder bajo la alfombra el antecedente básico de lo que sería Cóndor,
cuando la llegada de
la dictadura argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó a esta operación contrainsurgente
que ya estaba en marcha".

Stella Calloni precisa:

"La actuación de la Triple A está encuadrada en acciones de terrorismo de Estado,
porque
en la ola de crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas, persecuciones, participaban funcionarios gubernamentales, jefes policiales, sectores militares y de seguridad, lo que garantizaba
la impunidad.

La estrategia actual de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas,
que era la forma de actuación de
la Triple A,
es intentar imponer mediáticamente que se trata de una “venganza” de la izquierda peronista
en el gobierno de Kirchner, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares.

Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el marco de
la carrera electoral.

Sin embargo la causa de la Triple A se iba a investigar
más temprano
que tarde por las consecuencias de su accionar y
su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.

En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972
-entre otros hechos graves- se produjo la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew
al sur del país.

El aparato represivo ilegal “comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal) Alberto Villar” quien era entonces Director General de Orden Urbano, como declaró en 1983
en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policia Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.

Señaló el mismo testigo, “desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo
una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales” y
por eso, “fue después una de las principales vertientes de la Triple A”.

Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973,
terminando con un largo período de proscripción del Partido Peronista,
estaban
armadas las estructuras de represión, control y contrainsurgencia de las dictaduras anteriores y
la organización de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para los proyectos
que trajo el ex cabo policial José López Rega".

Stella Calloni señala:

"Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que
López Rega
había tenido “contactos de trabajo” con la embajada de
Estados Unidos en España, y especialmente con el embajador Robert Hill,
quien había participado en forma activa en
la invasión estadounidense a Guatemala en 1954.

Así además de los lazos que ya tenía López Rega con la Internacional Fascista con base en España,
la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro con los jefes de
los escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y otros lugares de América Latina.

Con todos esos antecedentes en sus manos y lo que ya estaba andando en Argentina López Rega,
que acudió además a sectores marginales, pudo construir un reino de terror solventado en la corrupción,
la mafia y el crimen.
La banda parapolicial que formó tenía como objetivo acabar con los dirigentes más activos de
la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.

Fue López Rega quien

• volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Morales y Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y
   
• convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo
  al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán,
  en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.

Asimismo, ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras.
Villar era viejo amigo del ya fallecido dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suárez.

De modo que el tema de la Triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadounidense trabajó
con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos sus países de origen
que era como entregarlos a la muerte.

Durante el tiempo en que actuó la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y otras organizaciones complementarias (1973-1976),
varios extranjeros perseguidos políticos que buscaron asilo en el país después del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, fueron desaparecidos aquí o en sus países de origen, a los que fueron entregados".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés 
10-2-07

¿Es pasado?
¿Está restringido a los ejecutores directos que son las fuerzas armadas, policiales y 'parapoliciales'?

Ideología:

1. En Colombia,

"luchan dos concepciones del mundo radicalmente diferentes. La una, la que
el presidente Álvaro Uribe y sus seguidores y altos mandos del Estado defienden,
procura
el establecimiento de un Estado corporativo que tiene como pilar
la seguridad llamada democrática para el beneficio de una minoría en el país.

Seguridad que
no se fundamenta ya en las instituciones históricamente creadas para ello
(instituciones políticas como el Congreso, educación, salud, seguridad social, ejército, policía, etc.)
sino que
involucra sus ciudadanos sin importar sus intereses de clase, para que se comprometan activamente (cooperantes del Estado corporativo) en la preservación de la seguridad de la propiedad privada
y el usufructo de la riqueza
por parte exclusiva de la minoría dominante colombiana y sus aliados: grandes terratenientes, industriales, financistas, poderosos grupos económicos; y las transnacionales que usufructúan los recursos naturales estratégicos como el petróleo, y se apropian las empresas públicas más rentables de la nación como telecomunicaciones, petrolera estatal, cadenas de almacenes, empresas cerveceras, sistema de salud, educación, etc.".

Oto Higuita (Rebelión), en "¿Estado Corporativo o Estado Social de Derecho? " prosigue:

"La otra visión del mundo,
la que defendemos tanto la izquierda desde el recién fundado Polo Democrático Alternativo,
amplios sectores democráticos del país y el movimiento social,
aboga por
la creación del Estado Social de Derecho restituyéndole de nuevo su papel central en
la consecución del máximo bienestar para su población sobre la base de la más amplia realización
de los derechos (justicia social) y libertades a la que todos y todas aspiramos disfrutar
en una sociedad democrática.

Dentro de esta concepción alternativa a la que hoy impera en Colombia, la seguridad (social, no policial) la entendemos como el máximo bienestar de toda la población, pero no de una minoría, a través del goce de
la riqueza (justicia social) y los derechos (salud, educación, seguridad social, vida digna) que
consagran nuestra Constitución.

Con ella buscamos, además, hacer letra viva la Constitución del 91 que cada día muere con los atropellos, injusticias, crímenes de lesa humanidad, desaparecidos, amenazas de muerte, masacres, secuestros, expropiaciones de tierras a campesinos pobres y medianos,
despidos masivos de empleados por cierres de empresas, etc.

Este es el verdadero debate que hay en el trasfondo del enfrentamiento entre
la cabeza del ejecutivo,
el presidente Álvaro Uribe, y los dirigentes del Polo como Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Antonio Navarro, Jorge Robledo, Wilson Borja y que, incluso, salpica
al ex presidente César Gaviria.

No podemos dejarnos intimidar ni amedrentar por el tono agresivo y desproporcionado del presidente.
Sabemos bien, no es la primera vez que pierde su compostura, que cuando se sale de sus cabales se lanza a la opinión pública con acusaciones y ataques que nos pone en
la mira de la ya conocida guerra sucia al Polo, a los voceros de las víctimas del paramilitarismo y a todo aquél o aquélla que asuma una posición radicalmente contraria a la suya.

Sus acusaciones de que en el Polo hay "terroristas de civil", son una muestra palpable de que concibe a éste no como su contradictor político legítimo en
la disputa por el poder, sino como un enemigo a muerte".

El epíteto de "terroristas" procura inducir el rechazo masivo, la deslegitimación y el aislamiento de
quienes reclaman, se organizan y luchan
pero
Oto Higuita señala:

"De esta situación, lo preocupante no es el hecho de que en Colombia haya una lucha tenaz
entre dos proyectos de sociedad y que a uno de ellos le llegará su muerte política,
sino que
esta disputa no desemboque en la eliminación física del adversario.
No deseamos ni promoveremos desde el Polo la eliminación de nuestros contradictores políticos.
Pero
es claro que el Polo le apuesta al fin del proyecto autoritario y al Estado corporativo de la seguridad democrática que ha beneficiado a una minoría que todo posee y goza.
Por eso, nuestra preocupación es que ya se empezaron a sentir las amenazas de parte del nuevo grupo paramilitar Águilas Negras contra sindicatos, ONGs, y distintos voceros de la oposición en Colombia.

Al presidente Álvaro Uribe y quienes lo acompañan en la empresa política e ideológica de hacer de Colombia
un Estado y sociedad corporativa al servicio de los intereses de una minoría, le tenemos que responder
desde la izquierda, el Polo, el movimiento social y democrático con la más clara convicción y resolución de luchar en
todos los espacios políticos legales que hemos venido ganando
(no dádivas que alguien nos haya concedido gratuitamente,
sino resultado de la propia lucha del pueblo colombiano) con
la más amplia movilización y sin dejarnos provocar
ni atraer por la idea de que en Colombia todo lo tenemos que resolver vía la eliminación física del adversario.

Que sean las armas de la razón, el debate profundo y amplio de ideas el hilo conductor en
la disputa por el poder. Tenemos todo el derecho a hacerlo, a exigirlo y a impedir con
la movilización en la calle que quienes ven amenazados sus intereses de clase por al avance y lucha organizada del pueblo a través del Polo, nos impongan como salida la guerra sucia otra vez.

Impediremos con la movilización y la lucha electoral que
en Colombia
se imponga una ideología de corte fascista como la que defiende el presidente Álvaro Uribe.
Ideología política
fundada en ideas falsas de la realidad y que sólo sirven a sus intereses de clase,
creyendo que

cambiando
el modo de pensar de la gente con la propaganda (que la izquierda es terrorista)
y la demagogia (haciendo creer que la seguridad democrática es beneficiosa para todos) se transforma la realidad(...)".

* Oto Higuita es miembro de la dirección nacional del Polo
otohica62@yahoo.com

Fuente: www.rebelion.org
Colombia. De Vietnam al Amazonas 
14-2-07 

2. En el continente y el mundo avanza una ideología de corte fascista

Olga Cristóbal (Rebelión), en esa nota, denuncia:

"La represión de las fuerzas de ocupación de la ONU (Minustah) en los barrios populares de la capital de Haití
-con el pretexto de perseguir bandas criminales- se intensifica mientras crecen
las manifestaciones contra la ONU y el gobierno de René Preval.

Como todo el mundo sabe, esas fuerzas de ocupación las integran, entre otros, soldados enviados por Kirchner, Lula, Tabaré, Bachelet y Evo Morales.

El Haití Information Project (HIP) logró filmar la incursión del 22 de diciembre último en Cité Soleil.
Esta verdadera "masacre del Mercosur"
fue perpetrada por 400 soldados de Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay,
dirigidos por el general brasileño José Elito Carvalho Siqueira,
con el apoyo de helicópteros, blindados y armas pesadas.

Entraron a los barrios pobres de Puerto Príncipe, causando por lo menos 70 muertos y cientos de heridos.
La represión fue ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU y se impidió el ingreso de la Cruz Roja. Los ataques se repitieron varias noches en Cité Soleil y en Martissat, y el 24 de enero dejaron otro tendal de víctimas, sobre todo niños
(El País, 27/1).

El ensañamiento con las criaturas ha sido objeto de una denuncia internacional específica: "El terror de la ONU asesina niños haitianos por la noche".
Por si alguien dudaba
del carácter de la «reconversión democrática» de los ejércitos de
los «gobiernos progresistas».

La Minustah precisó que
las muertes fueron "involuntarias" y "en el marco de operaciones para delimitar el terreno de acción
de las bandas armadas y criminales", pero los pobladores denuncian que no hubo tales enfrentamientos y que los helicópteros ametrallaron
las casillas mientras dormían.

Las fotos de hileras de chicos despedazados no llegan sin embargo a la prensa internacional,
que ha hecho suya la versión del "enfrentamiento" con bandas de delincuentes.

Sólo esta brutal complicidad explica que nada se informe. Los asesinatos ejecutados cotidianamente son
de tal envergadura que el ex embajador norteamericano James Foley advirtió a su gobierno
-después de una masacre en Cité Soleil que dejó por lo menos 70 víctimas el 6 de julio de 2005-,
sobre
"el uso desmedido de la fuerza por parte de la ONU". Esto surge de un documento desclasificado gracias a
la presión de organizaciones de solidaridad con Haití. "Hasta hoy, ni una sola organización de derechos humanos internacional ha emprendido
una investigación seria en las acusaciones", dice HIP.

El enviado especial de la ONU en Haití, el guatemalteco Edmundo Mulet, intentó justificar recientemente
la masacre de 2005 en un debate en el Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), en Washington.
Dijo que los "delincuentes" dispararon una ronda de 20.000 municiones por el término de una hora.
Mulet se convirtió así en el hazmerreír del público, que le hizo notar que era imposible que un enfrentamiento
"de características épicas" hubiera producido sólo seis muertos, como él sostenía.

El castigo contra los habitantes de las barriadas va aún más lejos.
Los helicópteros han destruido todos los tanques de agua, lo que obliga a
los pobladores
a caminar varios kilómetros para llenar un balde. Si bien la Minustah tiene camiones cisterna, entregan
el agua a especuladores privados que
la revenden. "Pero la mayor parte de los 500.000 residentes de
Cité Soleil
no tiene con qué comprarla" (HIP).

La población no se ha dejado amilanar por el terror. Un video de HIP muestra una manifestación el 16/12
en Cite Soleil,
en la que "más de 10.000 personas gritan 'Abajo Preval', exigen la vuelta de Aristide,
el final de la ocupación militar y la liberación de los presos políticos".

La Minustah reprimió esa manifestación y las siguientes con artillería pesada.
Los activistas de derechos humanos indican que la verdadera razón por la que la Minustah redobló
sus incursiones en las barriadas es la cada vez más enérgica respuesta de los pobladores".

Olga Cristóbal, bajo el subtítulo de "La Triple A (haitiana)", señala:

"El fracaso de la Minustah es total. "En Haití reina el caos", titula Le Monde (27/12). La debacle empieza a generar divergencias entre la Minustah, el gobierno de René Préval y los Estados Unidos.

La Minustah -cuya misión, decían, era desarmar a las bandas mafiosas- ha tomado distancia de la estrategia de Preval de negociar con ellas, pero también sugiere que Estados Unidos promueve una variante de total desintegración social:

"Entre los secuestradores hay policías corruptos y criminales expulsados de los Estados Unidos.
Los americanos dicen querer la paz, dan dinero, pero, bajo cuerda, envían
un centenar de criminales por mes, que se pierden en el país sin que ningún expediente llegue al Estado haitiano", dice Edmundo Mulet.

Los activistas de derechos humanos aseguran que "el gobierno y las bandas se tratan como verdaderos socios políticos" (ídem). Preval,
sin embargo, dice que los asesinatos son obra de los deportados que envía EEUU y que "la embajadora yanqui amenazó al gobierno
con cortar la ayuda financiera si pedía el cese
o la disminución de las repatriaciones. La embajada contestó que el Primer Ministro es un mentiroso" (www.aporrea 1/1).

Lo concreto es que las mafias controlan parte de la capital "y la ONU nada hace por detenerlas",
dice Brian Concannon, del Instituto para la Justicia y la Democracia (IJDH)(...)".

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional.
Haití. La invasión impune
10-2-07

José Luis Vivas (Rebelión) expresa:

"Desde el 7 de febrero, fecha en que según informes totalmente ignorados por los grandes medios informativos más de 100.000 personas
se manifestaron en varias ciudades de Haití por la retirada de las tropas de la ONU, ésta parece haber puesto en marcha de forma frenética una serie de operaciones cuyo objetivo último parece ser el de castigar a
los que participaron en esas manifestaciones, básicamente la población pobre del país, y justificar una nueva extensión del mandato de la ONU, que expira el 15 de febrero.

El director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, Brian Concannon, afirmó recientemente que
las últimas incursiones de la ONU en el barrio de chabolas de Cité Soleil, en la capital haitiana, podrían ser descritas
como una forma de “castigo colectivo”. Según Concannon “es difícil no advertir una relación entre
las grandes manifestaciones ocurridas en Cite Soleil y
los barrios que la ONU ha seleccionado para realizar extensas operaciones militares".

Lo poco que ya sabemos sobre las actuaciones que la ONU ha llevado a cabo dentro de Cite Soleil tras
las manifestaciones del 7 de febrero parece confirmar plenamente esa hipótesis.

Ya al día siguiente el portavoz adjunto de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), Jean-Jacques Simon, declaraba que “los bandidos armados que operan en la capital haitiana continúan recibiendo financiación, armas y municiones cuya procedencia sigue sin conocerse”.
Añade:
“hemos sido víctimas de numerosos ataques, pero afortunadamente no hemos tenido heridos. Las bandas tienen acceso a municiones increíbles”, afirma sin aclarar cómo es posible que tras esos “numerosos ataques” con tales “municiones increíbles”, las fuerzas de la ONU no hayan tenido un único herido.

Según Simon, las presuntas pandillas criminales están aglutinándose justamente en Cite Soleil, que casualmente también es el centro de la resistencia a la ocupación de la ONU,
y donde presuntamente se estarían intensificando los ataques contra los cascos azules.

“Por un simple ataque, los cascos azules han recibido millares de disparos”, como ya hemos visto sin
una única víctima.
“Eso significa que las pandillas siguen recibiendo financiación”, puesto que “continúan contando con toda
la munición que quieran”. No obstante el tamaño aparentemente inagotable de esas municiones,
Simon se declara incapaz de precisar su procedencia y qué grupos estarían financiando esas presuntas actividades criminales,
a pesar de que la misión principal de la ONU en Haití sería justamente la de proteger a la población contra ese tipo de actividades.

Simon, como se podría prever, no olvida mencionar las manifestaciones contra la MINUSTAH del día anterior. Según Simon, las bandas
“utilizan a los manifestantes como subterfugio para ejecutar sus planes”, sin aclarar qué tipos de planes se pueden llevar a cabo de esa forma.

Lo que sí queda claro, a juzgar por la forma como la ONU viene justificando los “daños colaterales” ocasionados por sus actuaciones,
es que con esas palabras Simon está abiertamente advirtiendo a la población haitiana
que
en futuras manifestaciones, la ONU se reserva el derecho de disparar contra los manifestantes,
con el pretexto de que esa forma estará combatiendo a los pandilleros que
presuntamente los utilizan “para sus planes”.

El día siguiente, 9 de febrero, la ONU reafirma en un comunicado su “voluntad de poner fin a la violencia organizada procedente de las pandillas armadas de Haití”.
El general brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz, comandante de la fuerzas de la MINUSTAH,
declara que
“no tendremos ninguna tolerancia con los secuestros, acosos o terror
que llevan a cabo las pandillas delictivas”.
Y asegura: “continuaré limpiando estas áreas de esas pandillas que le roban a la gente su seguridad”.

Estas ominosas palabras, pronunciadas por un general de las fuerzas armadas de Brasil,
merecen algunos comentarios.
Es irónico
que se haya encargado justamente al ejército de Brasil
la tarea de liderar los trabajos para instaurar la paz en los barrios pobres de Haití.

Veamos las palabras de un investigador brasileño, Marcelo Freixo, profesor de Historia y ahora también diputado estadual en Río de Janeiro, acerca de la ocupación militar de los barrios de chabolas, o “favelas”,
de Río, llevada a cabo poco antes de las elecciones presidenciales del pasado año en Brasil:

“La acción militar en las favelas de Río de Janeiro es extremadamente arbitraria.
En primer lugar porque
se hace uso de un instrumento legal llamado mandato de busca genérico, lo que
hemos venido denunciando en Río desde hace mucho tiempo como un instrumento usado por la policía para criminalizar a la pobreza.
El ejército también está utilizando ese mecanismo jurídico en sus actuaciones.

El gobierno de Lula se ha pasado 4 años sin cumplir el Plan Nacional para
la Seguridad Pública,
que prevé una serie de actuaciones que parten del principio de la protección a
las comunidades, y no de la seguridad de la sociedad frente a esas comunidades.
Ahora, al final de la presente legislatura, el ejército se pone en acción de forma torpe y atolondrada por un motivo ínfimo, pequeño, en una acción innecesaria que es proporcionalmente mayor que la que se está llevando a cabo en Haití.

Un concepto de seguridad que se refuerza con un procedimiento en el que
las favelas constituyen
el espacio ocupado por el enemigo público, un espacio de ausencia de derechos que viene a representar el desorden, la inseguridad, hasta tal punto que se ha llegado a colocar un tanque de guerra apuntando contra una comunidad.

Quizá no estuviera cargado. Pero el instrumento de opresión es enorme.
Una operación así criminaliza a toda una comunidad e incrementa la segregación que ya existe en
una sociedad que es profundamente desigual.

Eso es en verdad un acto para la manutención de un orden basado en el temor de
una sociedad, que se siente mejor protegida con tanques que con la ampliación de
los derechos, y que de esa forma determina el símbolo de la inseguridad: el joven pobre y negro que vive en la favela.

La actuación admisible aquí sería la de una política de seguridad pública incluyente.
El estado tiene que estar presente con políticas sociales dentro de las favelas.
Hoy
sus residentes son víctimas del tráfico de drogas, de la policía,
y más aún de la lógica de unos medios informativos que provocan que
esas comunidades acaben transformándose en el foco de referencia de toda
la inseguridad que reina en Río de Janeiro.”

Al parecer esa misma lógica es la que está guiando las actuaciones de las fuerzas de la ONU en Cite Soleil.
En la madrugada de 9 de febrero la MINUSTAH decide lanzar una operación “a gran escala”,
según
un comunicado de prensa de la ONU, denominada “Operación Jauru Sudamericana”, e invade Cite Soleil con más de 700 cascos azules, 40 tanques, y varios helicópteros.
El operativo establece un “cordón de seguridad en torno al área de Boston”, donde el 2 de febrero pasado
fueron muertas dos hermanas, de 4 y 7 siete años, a causa de los impactos de proyectiles lanzados durante
una incursión de las fuerzas de la ONU en la zona.

El objetivo del operativo sería el de desalojar de Boston a los miembros de una supuesta pandilla armada.
El barrio de Boston
queda así aislado por un “perímetro de seguridad” para impedir, según la ONU, que los miembros de la pandilla puedan fugarse.

También informan que “mientras que los cascos azules estaban llevando a cabo su operación en Cite Soleil,
los vecinos (miembros de la población civil) trataban de huir del mayor barrio de chabolas del país, mientras otros se veían impedidos de entrar”, provocando así protestas que exigían “la retirada de la MINUSTAH de Haití”, y que los cascos azules replicaron con el lanzamiento de gas lacrimógeno.
Se habla de una manifestación paralela de 200-300 personas contra las fuerzas de la MINUSTAH.

Las actuaciones de las fuerzas de la ONU en los barrios pobres de Puerto Príncipe suelen dejar tras de sí varios muertos, que según la ONU serían todos “bandidos”, a pesar de que entre las víctimas se encuentran niños y mujeres embarazadas. La evidencia de esos hechos, recogidas por reporteros independientes,
ha forzado la ONU
a reconocer que ha habido “daños colaterales”, pero insiste en que la mayoría de los muertos son bandidos.

Conviene de nuevo ver lo que nos cuenta Marcelo Freixo sobre un fenómeno similar
en Brasil:

“En 2003
la policía mató a 1.195 civiles [en Río de Janeiro], un récord. Todos con registro de auto de resistencia, o sea personas que la policía mató y registró como si hubieran muerto en una confrontación o resistiendo a una orden de detención.
En 2004
hubo un pequeño decremento, fueron 1.094.
En 2005
la policía siguió manteniendo una media de 3 personas muertas por día, supuestamente durante disputas… Incontables investigaciones... muestran que
la mayor parte de
esos autos de resistencia se refieren, en verdad, a ejecuciones sumarias...

Tenemos la policía que más mata en el mundo, y debemos preguntarnos si es eficaz. Los índices de criminalidad y
la percepción de la población de Río muestran que no… [La] justificativa permanente [para las muertes], que consolida lo que llamamos
la criminalización de la pobreza, [es la de que todos son bandidos]….

Cualquier persona muerta en las favelas – jóvenes, negros, gente con baja escolaridad y pobres – en la versión de
la policía es inmediatamente registrada como un traficante con quien se entró en confrontación”.

De forma análoga, la MINUSTAH suele declarar tras sus incursiones que los muertos son todos bandidos.
El balance de víctimas de la Operación Jauru Sudamericana aún no se conoce, pero ya el 9 de febrero,
la ONU misma ya hablaba de tres muertos y siete heridos.

Según nos informa AlterPresse “siempre se da el caso de que las manifestaciones de los partidarios de Lavalas, como las del miércoles 7 de febrero, para exigir el retorno físico a la república caribeña del ex presidente Jean Bertrand Aristide, parecen coincidir con un recrudecimiento de las acciones de secuestro en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que disminuyeron por un tiempo en diciembre de 2006”. Muchos sospechan que
esas olas de secuestros estén siendo fomentadas por sectores contrarios a la retirada de las tropas
de la ONU.

Se han alzado voces que pretenden prorrogar el mandato de la ONU por lo menos hasta 2011, año en el que termina también el mandato del actual presidente Préval. Es de suponer que hasta esa fecha la MINUSTAH
haya logrado finalmente instaurar

la violencia y la desolación en los barrios pobres de Haití, según el modelo brasileño, de tal manera que imposibilite cualquier forma de organización popular y doblegue de
una vez por todas una resistencia que comenzó con la lucha por la independencia de Haití, hace más de 200 años, y que no ha cesado hasta nuestros días".

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional
12/2/07

Premisas e hipótesis:

El sistema capitalista por representar intereses lucrativos de oligopolios globalizados y subordinados al
capital financiero,
avanza no sólo hacia exterminios masivos y el hundimiento de la inmensa mayoría humana en condiciones de pobreza extrema sino, también, hacia el avasallamiento total de todos los pueblos planetarios. Por eso:

La convocatoria (Rebelión) a la Manifestación en Madrid del 17 de febrero desde la Plaza de España a Moncloa
tiene la consigna

"Construyendo otro Madrid: Organizad@s contra el fascismo".

Explica: 

"En el barrio madrileño de Moncloa, el día 30 de diciembre de 2006, 2 compañeros del Colectivo 1984 sufrieron una agresión por defender a
unos jóvenes negros que volvían a casa.
Los solidarios aun arrastran las lesiones y uno de ellos ha tenido que ser operado.

El cobarde ataque contra estos jóvenes, militantes de los movimientos sociales madrileños, se enmarca dentro de una estrategia terrorista de
los grupos fascistas, reflejada en episodios como ataques a obras de teatro, a locales de organizaciones y militantes de izquierdas, y a
una clínica abortiva, entre otros.
Esta oleada tiene siempre como objetivos a quienes practican la solidaridad, a quienes crean y practican lazos sociales,
a quienes cuestionan el Madrid de los explotadores y los especuladores, y se dan entre la invisibilidad mediática y la impunidad policial y judicial.

Los aparatos represivos del estado español tienen aún en su código genético
la herencia franquista,
y así dejan actuar libremente al terrorismo fascista, mientras se dedican a hostigar a
los movimientos sociales de nuestra ciudad, a quienes defienden el común.

Hay 18 jóvenes encausad@s a la espera de juicio por pelear por una vivienda digna. Hay 3 activistas con penas de prisión por defender la universidad pública contra
la privatización impuesta por la LOU.

¿De verdad son est@s compañer@s un «peligro social» y los fascistas no? La policía,
los jueces y las leyes, ¿no estaban para proteger la convivencia? ¿Por qué tenemos
la sensación de que sirven para proteger a los ricos y poderosos?

Toda la brutalidad del capitalismo se descarga contra los más: contra las capacidades de producción del común, de cooperación y autogestión.
La precariedad, la especulación, la destrucción del territorio y del medioambiente, la colonización de cada aspecto de la vida por la mercancía,
el abrumador control social dirigido contra los pobres y rebeldes.

Sobre esta podredumbre y desarticulación de la sociedad madrileña
nace el fascismo.
La insolidaridad, la frustración de las esperanzas colectivas, la incertidumbre y el miedo son el caldo de cultivo del terror nazi-fascista.

La protección -por acción u omisión- que el Estado, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y su noroeste, les brindan,
hace el resto.
El neoliberalismo disgrega lo social y el fascismo aterroriza los fragmentos.

Frente a ellos hay otro Madrid que emerge, que recorre barrios y centros de estudio y trabajo, que crea cultura no comercial,
que ocupa espacios para darles un uso social liberándolos del desperdicio de
la especulación, que camina ya el camino de la democracia frente al camino de la barbarie mercantil,
que conquista derechos frente al Estado y al Capital.

Combatir al fascismo implica entonces combatir al capitalismo: Denunciar la complicidad policial y judicial al tiempo que afirmar la autodefensa, conectando a tod@s l@s que
están ya construyendo ciudad por encima de
la ciudad faraónica, precaria y policial.

Fuera fascistas de nuestros barrios. Autodefensa y castigo para los fascistas.
Absolución de tod@s los represaliad@s por luchar. Recuperemos Madrid".

Fuente: www.rebelion.org
España. Convocatoria
16/2/07

El Movimiento Estudiantil Alternativo de Costa Rica, en el comunicado urgente que titula
"¡No somos criminales! somos estudiantes" (Rebelión),  manifiesta:

"El 16,17 y 18 de octubre del 2006, y después de casi 5 meses de arduo trabajo,
el Movimiento Estudiantil Alternativo organizó el Seminario Alter-Nativa Estudiantil, primer seminario hecho por jóvenes para jóvenes, centrado en
el análisis crítico de la realidad costarricense, que reunió a más de 140 jóvenes (estudiantes universitarios y colegiales) de todo el país.

Por la coyuntura actual, el seminario utilizó como eje transversal el tema del Tratado de Libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana, por lo que, como organizadores, fuimos objetos de sistemáticas medidas represivas, cuyo fin eran evitar la realización del seminario.

Ciertos grupos extremistas y política-económicamente poderosos, trataron de desprestigiar el seminario,
dando 'argumentos' trasnochados y esquizofrénicos sobre el posible adoctrinamiento izquierdista extremista
a que serían sometidos(as) los(as) asistentes.

Se decía que además, serían objetos de entrenamiento casi terrorista y que generaría células de desestabilización política, social y económica.
Sin embargo, tales 'chismes derechistas' se desvanecieron tan rápido como aparecieron.

Se fueron al ver que las charlas eran impartidas por intelectuales altamente reconocidos a nivel nacional como: Henry Mora, Mauricio Castro, Luis Paulino Vargas, Gerardo Fumero.

Y claro, al ver como expositor �y observador del evento- a la Defensoría de los Habitantes, sumados a participación de grupos de teatro, música y pintura, sin olvidar, a las ONG's y otros grupos de la sociedad civil que participaron
como observadores del evento, no pudieron llevar 'sus argumentos'
tan siquiera al nivel de un buen chisme de pueblo.

Casi 5 meses después del evento,
reaparecen esos grupos mediante el sitio www.grupodepadres.org con el fin de intimidar a los estudiantes asistentes al Seminario y en general, a la población estudiantil de todo el país,
mediante la publicación de la lista total de participantes con nombre, número de teléfono y lugar de residencia.

Ese es un hecho que atenta contra los más elementales derechos humanos, no sólo por ser información robada, sino además por que la mayoría de personas en esas listas son menores de edad, expuestos como criminales.

Esto es una muestra de violencia ideológica-verbal, persecución y represión política,
contra estudiantes universitarios y colegiales a un nivel pocas veces visto en nuestro país,
y que sólo puede ser comparado con las peores dictaduras militares de América Latina.

Bajo el anonimato y la protección económica-política, estos hechos se dan a un año de iniciar
el «gobierno del premio Nóbel de la Paz», Oscar Arias Sánchez, y en momentos en que los sectores sociales de todo el país inician la etapa final de una resistencia histórica para evitar la aprobación del TLC
por un bloque oficialista conformado por el PLN, PUSC, PUN y PML.

Obviamente, esos grupos pretenden utilizar frases cortadas de textos, imágenes aisladas, mitos y mentiras con tres fines:

1. Disimular su fracaso al tratar de engañar a los(as) costarricenses, con una campaña multimillonaria hueca y sin sentido, cuyos patrocinadores no han sido expuestos al público.
    
2. Ante el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población que no Cree Todos Los Cuentos y que rechaza el TLC, se busca ampliar las cortinas de humo e intimidación, mediante el uso de una VIOLENCIA VERBAL, caracterizada por el uso de adjetivos como : agitadores, comunistas, izquierdistas trasnochados, terroristas anti democráticos, manipulados, ignorantes, irracionales y bueno, a tal punto ha llegado la histeria que, en si la palabra juventud es sinónimo de maldad si se usa cerca de palabras como «contra TLC».

Por lo anterior, el uso de fuerzas de choque con macanas, líneas editoriales, sitios web y manipulación de información, amplían su poder hasta llegar a desplantes cínicos como la publicación de esa lista. Siendo, tales hechos, una muestra contundente del miedo de esos grupos económicos al pueblo que NO pueden intimidar, engañar o comprar.

Al igual que cientos de organizaciones de todo el país, el Movimiento defiende la DEMOCRACIA, y por eso,
en su momento, apoyamos la posibilidad del referéndum sobre el TLC, pero los OTROS lo negaron.

Apoyamos la institucionalidad del país, representada por la Asamblea Legislativa, pero los OTROS violaron
la constitución y violan reglamentos y procedimientos, todo con el fin de imponer la VIOLENCIA del capitalismo salvaje denunciados por el papa Juan Pablo II.

Informamos a la ciudadanía sobre los efectos del TLC, asistiendo a debatir a todo lugar y sin condiciones previas, repartiendo información de mano a mano, sin taparnos la cara y firmando cada volante entregado, porque
el anonimato promueve la violencia desde las trincheras del miedo y la ignorancia.

Sin embargo, los OTROS amenazan y atemorizan a sus empleados, se niegan a debatir sobre el tema y generan una violencia psicológica mediante el uso de campañas publicitarias y hasta escondidos bajo la 'objetividad' periodística de ciertos medios de comunicación.

Nosotros volanteamos, marchamos, hablamos y nos divertimos; mientras que los OTROS usan armas, antimotines, gases, intervención de teléfonos, seguimientos de personas, etc.

¿Quién incita la violencia? ¿Quiénes son los violentos?

Aunque nos tachen de mil formas, nos difamen, amenacen o señalen, nosotros resistimos por obligación histórica.

Resistimos porque somos herederos del pueblo que junto a Juanito Mora venció a los filibusteros.

Resistimos porque en nuestra sangre están la pasión y convicción de las sufragistas del señoritas y otros lugares de Costa Rica, de los obreros, zapateros y panaderos de inicio del siglo XX.

Resistimos porque nuestra alma repite los mensajes del cristianismo representado por Monseñor Sanabria.

Resistimos porque nuestra mente es alimentada por las ideas de Mora, Calderón Guardia, Figueres Ferrer, CALUFA, Lyra y decenas más.

Resistimos porque la piel sigue siendo nuestro único escudo, como lo fue para los jóvenes de ALCOA y el Combo.

¡Resistimos por Solidaridad!

Resistimos por que "no hay dolor humano que nos sea ajeno".

Solidaridad con los miles que están fuera de la aulas, los que están junto a 45 compañeros en una aula sin ventanas, sin pintura y sin bombillos; a los que están aplazados por un bachillerato sin sentido, sin posibilidades de estudiar en una universidad pública.

Solidaridad y lucha junto a los casi millón de compatriotas que sufren la pobreza ante la indiferencia de multinacionales, oligarcas y políticos.

Solidaridad con los trabajadores explotados, los campesinos desplazados, nuestro medio ambiente, nuestras instituciones sociales, nuestros vecinos ("porque creemos que en el país de la solidaridad no hay extranjeros"), las mujeres, las personas con discapacidad, nuestros indígenas.

Resistimos porque somos apasionados, soñadores, críticos, idealistas, luchadores, ¡porque somos jóvenes y somos presente! Somos hermanos, hijos, tíos, amigos, compañeros y hasta padres, estudiantes y profesionales.

Somos iguales a los jóvenes que lucharon por la independencia, contra la dictadura de Tinoco, contra ALCOA
y el Combo, y a los que mañana resistirán.

Por todo lo anterior, y por dos años de trabajo honesto y transparente,
más de 150 000 materiales escritos, diseñados y distribuidos por nosotros
DE CARÁCTER exclusivamente informativo, informes anuales públicos,
nuestro respeto a
todas las organizaciones sociales, la unión de diferentes (personas con diferentes ideologías) que luchan junto a nosotros por un solo objetivo (NO TLC) y SOBRE TODO, porque somos una organización estudiantil con una visión de una resistencia civil pacífica. RECHAZAMOS la violencia, en todos los sentidos, a que estamos siendo objeto por parte de grupos económicos-políticos y de medios de comunicación, que tratan de deslegitimar al sector estudiantil costarricense.

Unidos a cientos de miles de estudiantes, repetiremos como una sola voz
"NO SOMOS CRIMINALES, SOMOS ESTUDIANTES" 
"NO al TLC".

Movimiento Estudiantil Alternativo

-- "Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud, la Desobediencia Civil es un derecho imprescriptible
de todo ciudadano." Mahatma Ghandi AHORA O NUNCA, NO AL TLC ".
www.movimientoestudiantil.org

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional
16-2-07

En la actualidad,

"el presidente de la mafia y de los terroristas de estado que gobiernan a Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dio un paso más en la �profundización de su democracia�,
al dar
la orden pública de iniciar una carnicería contra el Polo Democrático Alternativo, principal partido de oposición y especialmente contra aquéllos que se atrevan a disentir y que denuncien la vinculación suya y de su familia con la mafia".

Miguel Suárez (Argenpress), en
"Como
le sucedió a la Unión Patriótica en los 80, la oligarquía busca acabar con la alternativa popular.
Uribe ordena el exterminio de los militantes del Polo Democrático Alternativo",  prosigue:

"La orden de disparar la dio Uribe por radio y televisión desde uno de los bastiones narcoparamilitares,
luego de uno de sus consejos de seguridad realizado el antepasado sábado (070203) en Tierra Alta, Córdoba.

Dijo Uribe refiriéndose al senador Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, grupo que se entregó al estado.'Quienes incendiaron el palacio de Justicia con dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron
el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país',

Es de recordar que el M-19,
luego de que el gobierno de Belisario Betancourt rompió el proceso de diálogos con este grupo,
tomó el Palacio de Justicia para iniciar desde allí un juicio al gobierno por la violación de
los acuerdos de paz de Corinto, pero la respuesta fue,
un golpe de estado de bajo nivel, donde los comandantes de las fuerzas militares desconocieron la autoridad del presidente Belisario Betancourt y del presidente de la corte suprema de justicia
e incendiaron
el edificio con magistrados, guerrilleros, visitantes y trabajadores dentro, dejando unas 120 personas asesinadas, en un caso del que todavía hoy, más de 22 años después ocurrida la masacre,
no se ha condenado a los responsables de las fuerzas de ocupación de la oligarquía colombiana.

Para proteger a las fuerzas militares y a los narcotraficantes que hoy detentan el poder en Colombia, Uribe, su mafia y los medios de desinformación al servicio de la guerra como el Diario El Tiempo, han promocionado al idea de que
el grupo M-19 tomó el palacio de Justicia, pagado por Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín y
en su momento, jefe de Álvaro Uribe Vélez.

Días antes de la perentoria orden de disparar contra el senador Gustavo Petro, tanto Uribe como otros jefes mafioso venían adelantando
una campaña contra el desaparecido grupo M-19 y específicamente contra el senador Gustavo Petro vinculándolo con el tema del
�Palacio de Justicia�.

La orden de muerte se da cuando el senador Petro prepara una audiencia sobre el �paramilitarismo� en Antioquia,
de la cual muy seguramente saldrá mal parado Álvaro Uribe y su familia,
ya que fueron parte de estas bandas de asesinos, debate a raíz del cual Petro viene recibiendo amenazas contra su vida y la de su familia, firmadas por un grupo paramilitar que advierte que si se realiza el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia serán asesinados.

Según el senador, del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo los propósitos de las amenazas de Álvaro Uribe son por lo menos dos:

1. poner al país a discutir sobre hechos de hace veinte años, de manera que
   se distraiga
   la atención sobre los horrores del paramilitarismo y, en especial, de por qué
   el Presidente no ha dado ninguna explicación acerca de por qué tantos de
   sus altos jefes políticos resultaron presos, prófugos, sindicados o señalados por sus relaciones con
   los paramilitares; 
    
2. silenciar a quienes critican a su gobierno, porque es notorio que su afirmación contiene una amenaza, dado que puede justificar atentados contra la vida de
   los militantes y dirigentes del Polo".

Miguel Suárez esclarece:

"Para el fascista Álvaro Uribe Vélez, los ex miembros del M-19, son buenos si han traicionado al pueblo y trabajan para su mafia y �Terrorista de civil� si no han vendido sus conciencias. El alcalde �izquierdista de Bogota� Lucho Garzón le recordó a Uribe que hay ex miembros del M-19 en altos cargos del gobierno, como el traidor Rosemberg Pabón.

Ha sido clásico en el proceder de la oligarquía colombiana, dar órdenes de matar por medio de la radio y televisión. Casi de la misma manera ocurrió con el asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, cuando Carlos Lemos Simmonds, dio la orden de disparar contra los miembros de esa organización política.

El 19 de marzo de 1990, en un debate en el parlamento con el recién elegido senador de la República, Bernardo Jaramillo Ossa, el entonces ministro de gobierno, Carlos Lemos Simmonds, inculpó a los líderes de la UP de ser 'testaferros políticos de la guerrilla'.
Jaramillo Ossa, respondió que acusaciones como esas equivalían a 'colgarle lápidas en el cuello a los dirigentes de la oposición'. Tres días más tarde, el joven dirigente fue asesinado en el aeropuerto de Bogotá.

Tal como hoy Uribe dio la orden de comenzar el exterminio contra el Polo Democrático Alternativo, hace unos 20 años,
también por la radio y televisión dieron la orden de comenzar el exterminio de la Unión Patriótica.

Dos días después de que el presidente de los mafiosos, Álvaro Uribe Vélez acusara de
'terroristas vestidos de civil' a opositores, fue enviada a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios alternativos,
una nueva amenaza suscrita por los grupos paramilitares, que según Uribe no existen, que ahora no se hacen llamar AUC sino �Nueva generación Águilas Negras� y que en su preámbulo, mostrando su complicidad con Álvaro Uribe Vélez, dice:

�Nos identificamos con la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez, estamos con
él hasta la victoria final sobre los comunistas disfrazados
y los camuflados de civil que siguen sirviendo a la insurgencia de las FARC,
estamos a
un paso de conseguir el mayor sueño de nuestro presidente que es la consolidación del estado comunitario y
la nueva división político administrativa de Colombia,
ése es el mejor acuerdo que hemos podido realizar desde los encuentros de ralito,
hasta el momento hemos liberado una campaña de
limpieza de
toda esa escoria social que dicen llamarse defensores de los derechos humanos,
lideres sociales, sindicalistas, ex guerrilleros politizados, y claro encabezados por
un grupo insignificante de abogaduchos de pacotilla que dicen van a llevar al presidente a juicio por su pasado, como si ya no supiéramos también ese puerco pasado que estos todos en conjunto ocupan�

Cuatro días después de que Uribe diera la orden de matar, el 7 de febrero (2007), en la ciudad de Apartadó, Antioquia, fue asesinada en
su residencia, la señora Carmen Cecilia Santana Romaña, de 28 años y
madre de tres hijos, quien era la compañera de Hernán Correa Miranda, Primer Vicepresidente de la CUT.

Hernán Correa, Primer Vicepresidente de la CUT, ha sentido la intolerancia de la oligarquía colombiana en lo más profundo de su ser, puesto que le han asesinado cinco hermanos y ahora a su compañera,

Hay que tener en cuenta que la CUT es base esencial del Polo Democrático Alternativo, con lo cual
la operación del terrorismo de estado denominada �Un amarillo está en la mira�, para aniquilar
al Polo Democrático Alternativo, parece haber comenzado.

La orden de matar de Uribe ha llegado al extremo de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
la Representación Permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Bogotá
denunciaron que unas 70 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicales y sociales han recibido amenazas de los paramilitares de la oligarquía colombiana, en estos últimos días.

Después de 22 años de la masacre del Palacio de Justicia, cometida por el ejercito de la oligarquía colombiana y después de casi los mismos años cuando dieron la orden de comenzar el genocidio contra
la Unión Patriótica, genocidio
que en la pasada campaña electoral Uribe justificó, esa misma oligarquía intolerante, violenta y asesina
se ha quitado la máscara y con el discurso de Uribe dando la orden de comenzar el exterminio del Polo,
en el que ven un enemigo por sus posiciones democráticas y ahora ordenan continuar la historia de sangre
que se ha repetido incesantemente en la historia de Colombia".

Fuente: www.rebelion.org
Colombia de Vietnam al Amazonas
16-2-07

Pero lo más grave es que el gobierno autodenominado de los derechos humanos, procura que
"lo alarmante se vuelva cotidiano" y que no asumamos que "todos podemos ser Jorge Julio López"
por la impunidad
de hacer de nosotros lo que programan sin que deban responder por ello.

La desaparición forzada de Jorge Julio López
ha puesto
en evidencia que Néstor Kirchner no tiene la menor
intención de erradicar la impunidad del Estado terrorista.
También,
junto al destape de la Triple A, muestra que el terrorismo
'paraestatal' requiere de un Estado afín.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) 
en
su boletín informativo número 410 (14 de enero de 2007) relata:

"El Ministro de Seguridad, León Arslanián, aseguró a varios medios que el gobierno tiene conocimiento de
la existencia de grupos parapoliciales que se dedican a secuestrar testigos de las causas
a los represores de la dictadura.

Con la habitual ambigüedad con que habla este gobierno a través de su presidente y sus funcionarios,
las declaraciones de Arslanián no dicen nada nuevo.

Desde la desaparición de López, todo el oficialismo viene batiendo el parche de los grupos parapoliciales, cosa de lavar la cara de su aparato represivo.
Lo único nuevo en la declaración de Arslanián es que ahora, ante la pregunta de La Nación de si
tiene grupos identificados, respondió "Sí,  sabemos de personas que pueden estar vinculadas a una acción de estas características", y luego de haber repetido el mismo guión, agregó "No voy a dar ninguna opinión más allá de esta observación".

En fin, el mismo mediocre circo discursivo de siempre.

El Ministro asegura que los grupos parapoliciales "buscan sembrar el terror". Tal afirmación supone que en este país no hay ningún sector de
la sociedad sometido a prácticas atemorizantes oficiales.
¿Qué significarán para este funcionario las palabras «escuadrón de la muerte»?
¿No es terror lo que viven los pibes que son levantados por la policía, apaleados, torturados y tantas veces asesinados?
Cada día, cada ciudad y cada barrio recibe el mensaje ejemplarizador de casos como el de Darían Barzábal.
¿No es terror morir calcinado en una celda con las risas del servicio penitenciario como fondo?
 
CORREPI ya ha demostrado en más de una ocasión que existen los escuadrones de la muerte, como el dirigido por el sargento en actividad Hugo 'Beto' Cáceres en Don Torcuato e integrado por policías
de la comisaría 3ª y del comando patrullas de Tigre, o por policías retirados o exonerados como
el "mataguachos" de Villa Fiorito, José Peloso, 
que siguen
prestando "servicios irregulares" sin uniforme, generalmente como complemento de la patota de calle de
la zona. ¿O ya nos olvidamos todos de que en el operativo militar del Puente Pueyrredón,
el 26 de junio de 2002,
además del personal uniformado de tres fuerzas nacionales y una provincial, en las camionetas policiales iba disparando, con su célebre chomba rayada, el policía retirado Francisco Robledo?
Ésos, y no otros, son los «parapoliciales» de Arslanian.

En este país no hacen falta otros grupos parapoliciales para sembrar el terror a quienes hay que disciplinar preventivamente. El terror a la mayoría de la población se aplica cotidianamente, con la dirección política de Arslanián y del gobierno que integra, y cuando no les conviene, los rebautizan,
y salen hablando de «resabios de la dictadura», de «bolsones mafiosos» o de «grupos parapoliciales». 
Mientras tanto,
encerrando a dos o doscientos ancianos represores, pretenden que olvidemos lo que es el sufrimiento cotidiano infligido por los que todos los días destruyen un barrio, una familia, y destrozan con la tortura
los cuerpos de
los jóvenes que caen en las manos de los que, con una foto en el patrullero, 'buscan' a López".

Fuente: www.lafogata.org
Argentina: la lucha continúa
15/1/07

En nombre de la seguridad jurídica de los llamados inversores que -por cierto- son los saqueadores,
la concertación K hace posible
la impunidad del enriquecimiento extraordinario de esos oligopolios
e induce a los de abajo  a festejarlo como crecimiento económico de Argentina
cuando, en verdad, degrada la vida de las mayorías y arruina al país.

Coincide con la derecha ortodoxa en paralizar el protagonismo popular como base esencial
al «clima de negocios» y se diferencia en su eficacia para cumplir con ese objetivo
al envolver
en sus debilidades éticas e ideológicas a
la parte más simbólica de la militancia contra la impunidad histórica y a
grupos de la izquierda social, política.

Como la derecha ortodoxa modula la percepción masiva en ámbitos urbanos de modo de conducir a
la creencia general  en que la seguridad
de vida mayoritaria depende de "saturar las calles con policías". Es decir, provoca la disociación psíquica
e incoherencia lógica de cada cual y todos entre su ponerse bajo el cuidado, la protección
de ese personal y
saber con certeza que la policía y los que dominan el negocio de la vigilancia privada tienen prácticas
e ideología mafiosas.

El nosotros propio del pueblo, nos exige cambios culturales y morales, ¿cuáles?

 

En vez de encerrarnos, aislarnos,
preferir matar antes que nos robe
uno de los de abajo
y desconfiar de quienes no forman
parte de nuestros entornos
es fundamental
para reorganizar nuestra sociedad
y nuestro país:
desapropiar los espacios públicos,
resignificarlos y ocuparlos con
la deliberación, la toma de decisiones
sobre los intereses vitales de
nuestra diversidad popular para
articularlos en un programa de
gobierno y Estado.

 

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

Mientras la concertación K entrega el país y su población a ser objeto de despojos, de expulsiones
y a mantenerse en completa sumisión.
El pueblo
debe erguirse con voluntad de poner fin a desarraigos, extrañamientos e infortunios varios mediante
la constitución del gobierno y el Estado que satisfagan sus necesidades e intereses.

En primer lugar, los conflictos vitales de distintas poblaciones con el gran capital son conducidos
a favor del último por el sistema gubernamental de bandidaje político.
Por ejemplo:

El gobierno de la provincia patagónica de Chubut aplica estrategias para erradicar a la comunidad Pillán Mahuiza de Corcovado.

La Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza denuncia:

"El Gobierno de Chubut a través del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), que se encarga de
la regularización de tierras en esa provincia,
está autorizando la radicación de diferentes familias en tierras de la comunidad MapuChe Pillán Mahuiza. Alegando de que se tratan de 'Tierras fiscales',
busca
enfrentar a los MapuChe con gente pobladora que necesita ocupar tierras por necesidad. Esta nueva arremetida de erradicación encubierta, se da en el marco de la firme oposición y lucha de la comunidad contra
la construcción de una Mega-represa hidroeléctrica sobre el rió Carrenleufú, un mes después de
la inauguración de la primera escuela Autónoma MapuChe y Campesina en ese Territorio.

Fuente: www.lafogata.org
Argentina: la lucha continúa
10/2/07

El Colectivo de comunicación de Amigos de la Tierra, también, transmite

a. el comunicado del 6 de febrero que dice:


"Desde la Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza, Corcovado, comunicamos el siguiente mensaje con carácter de urgente:

El IAC está autorizando y mandando gente a que ocupe tierras de nuestra comunidad bajo el pretexto de ser 'tierras fiscales'.

Vemos que el estado está actuando con una nefasta política de dividir y conquistar, ya que busca
crear un enfrentamiento
entre Mapuche recuperando tierra desde la identidad con gente pobladora que
busca ocupar tierra desde la necesidad.

Que quede en claro que el problema de la escasez de tierras pasa por el manejo
que hace el gobierno
de quitárselas a la gente Mapuche/campesina para regalarlas a la gente de plata. Y la ironía e hipocresía con la que opera el estado, haciendo que la gente sin tierra
se pelee por un escaso pedazo, ante un mar de terratenientes usurpadores.

Además, no nos cabe duda que este manejo del gobierno es parte de su estrategia para erradicarnos como comunidad Mapuche de estas tierras ya que

seriamos la resistencia más real y directa contra la realización
de su Mega-represa hidroeléctrica sobre el río Carrenleufú, cosa que dejaría a todo habitante del valle, sea Mapuche, campesino, u ocupante, bajo agua.

Les pedimos a todos que por favor se mantengan en estado de alerta respecto a esta situación. Que por favor reenvíen este comunicado y lo distribuyan por los medios que puedan, y que estén atentos al reenvío de información en estos días.

Frente a este nuevo atropello del estado hacemos un llamado a las comunidades Mapuche y no Mapuche, organizaciones sociales, hombres y mujeres del mundo a que se sumen a la acción de
este viernes 9 de febrero, de decirle al estado que no vamos a bajar los brazos, que tenemos fuerza, tenemos Nehuen, y que defenderemos nuestra tierra e identidad Mapuche hasta las ultimas consecuencias.

A los que puedan en persona llegar a la comunidad antes del día viernes de esta semana,
sería importante su presencia. El número para comunicarse es: 02945-15692319

De todas formas, cualquier acción solidaria que quieran realizar sería importante y agradecida.

Los saludamos con un fuerte Marici weu!!!".
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza

b. El comunicado del 8 de febrero que se titula:

"CRÓNICA DE UNA OCUPACIÓN ANUNCIADA"  y declara que

"hoy jueves 8 de febrero, empezamos la cuenta regresiva hacia el desenlace incierto que tendrá mañana,
la pretendida intromisión sobre nuestras tierras,
por parte de una familia oriunda de Puerto Madryn que ha sido enviada por el Gobierno Provincial a través de Víctor Delgado –titular del I.A.C, Instituto Autárquico de Colonización- a tomar las tierras de
nuestra comunidad.
Desde Pillán Mahuiza hemos reclamado, ante los sucesivos gobiernos de turno,
el título de propiedad comunitaria sobre
las 150ha de tierras que habitamos.

Jamás hemos obtenido una respuesta.
Nuestros petitorios duermen en algún cajón,
sin embargo,
con total prontitud, el Vice Gobernador de la Provincia, Mario Vargas, ni bien asume,
entrega 5.000ha de tierras fiscales -enclavadas en masa boscosa- en
el conocido paraje “Rincón del Aceite”, mientras las comunidades mapuches seguimos esperando.

¿Qué intereses ocultos hay detrás de esta actitud aparentemente indiferente del Gobierno?
¿Por qué las corporaciones extranjeras acceden rápidamente a
los títulos de propiedad de las tierras y no, las comunidades mapuches?

La reafirmación del derecho a la tierra y a una vida plena en ella,
ha estado
plagada de inseguridad. La amenaza de un emprendimiento minero
nos llevó a luchar, ahora, la de un mega proyecto de represas a la que
nos oponemos terminantemente.

Este tipo de intimidaciones patoteras, como
valerse de la situación desesperada de una familia para enviarla a
sacarnos la tierra, es generar conflicto entre pobres.

Todo cuanto suceda mañana, lo hacemos responsable al Gobernador de la Provincia de Chubut,
Mario Das Neves. Esta situación podría haberse evitado si nos hubieran reconocido
la propiedad comunitaria de la tierra.

Por tal motivo, nosotros, la Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza, expresamos
lo siguiente:

- No permitiremos la intromisión de empresas o particulares que amenacen
la convivencia armónica de nuestra comunidad.
- Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha, convencidos de ser
portadores de la dignidad de nuestro pueblo, que no está vencido, y lucha
día a día por la recuperación de nuestra identidad y libertad.
- Hacemos un llamado al pueblo argentino a solidarizarse.

Desde la Cordillera Sur, por Territorio, Justicia y Libertad,
¡Marici Weu!".
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza

Fuente:
tierraamiga@lists.riseup.net
www.amigos.org.ar
 

Ideología:

Veamos cómo se manipula la opinión pública a fin de conseguir el amplio consenso imprescindible para
la 'actual gran conquista del desierto' que abarca a todo el país y el MERCOSUR.

Héctor Huergo (Clarín/ Rural/ 17-2-07) sostiene:

"Lo que realmente importa es el mensaje explícito
de Kirchner,
cuando planteó que ahora el país ingresa en la era de
los combustibles renovables, acoplándose a una iniciativa global".

Huergo continúa refiriéndose a la extraordinaria trascendencia
de
la promulgación de la ley de biocombustibles:

"Es inevitable recordar la Segunda Revolución en las Pampas,
porque
si hubiéramos estado en los niveles de producción de mediados
de los noventa, el efecto de todo este fenómeno hubiera sido
muchísimo menor.

En 1996, la cosecha argentina estaba en las 45 millones de toneladas.
La soja,
el producto de mayor valor (el doble que el promedio de trigo y maíz), alcanzaba al 25% del total.
Este año se superarán las 90 millones de toneladas, pero más de la mitad será soja.

Sí, en apenas diez años, se triplicó la producción del nuevo maná de las pampas.
Hoy
hay tanta soja como la suma de todos los granos en el '96. Y todo lo demás también creció,
sobre todo el maíz. Justamente, los dos cultivos privilegiados por la imparable oleada de
los biocombustibles.

Soja y maíz son, precisamente, los dos cultivos
que mejor expresan la visionaria decisión de
insertar la Argentina
en la era de la biotecnología.

Un día habrá que homenajear en serio la jugada de
Felipe Solá,
cuando liberó al mercado la soja transgénica,
precisamente en 1996.

Pasamos de un valor total de 4.000 millones de dólares (a precios de hoy) a 14.000 millones
en esta campaña. Cuando afirmó la lapicera en la resolución, no le tembló la mano,
a pesar de la oposición(...).

Miren dónde estamos ahora: todos los mercados abiertos, con el triple de producción, un aumento de
rindes por mejor control de las malezas,
y una consistente superación de los parámetros de calidad edáfica,

gracias a que la soja RR facilitó la siembra directa.
Sustentabilidad, futuro".

Héctor Huergo, un portavoz del corporativismo sojero en Argentina con suma influencia
desde
su condición de director del suplemento Clarín Rural, remata su nota regodeándose con
que "el mercado es enorme.
Otros están usando aceite argentino para hacer biodiesel, cuando acá podríamos hacer
la agregación de valor.

Sí, las perspectivas son imponentes".

Claudio Molina  (Clarín/ Rural/ 17-2-07) no se queda atrás en esto de convencer a la mayoría
sobre un formidable negocio exclusivo para los oligopolios.
En efecto, dice:

"Es una nueva instancia,
en la que los principales actores
deberían
ser los productores agropecuarios,
quienes están llamados a ser los dueños del oro verde,
en este nuevo paradigma energético liderado por
los biocombustibles".

"Es cuestión que los productores se animen a convertirse
en industriales,
traspasando sus tranqueras y comprometiéndose con
el nuevo negocio más allá de la natural provisión de materias primas".

Como en las privatizaciones en que se engañó a los trabajadores con lo de la propiedad participada,
hoy
se procura la complicidad de los productores para esa perversión de dedicar las tierras fértiles
a combustibles para los autos del llamado primer mundo en vez de diversificar
la actividad agropecuaria para alimentos de calidad de la población argentina e internacional,
con lo cual -también-
se armonizaría la producción con los equilibrios ecológicos
y se cuidaría por la vida de las generaciones futuras.

Claudio Molina nos enseña, además, otra forma de hacer negocios y 'solucionar' conflictos.
Reflexiona:

"A nadie escapa que uno de los conflictos más serios que se presentan
en la actualidad
es el desatado alrededor de la fábrica de celulosa que está construyendo
la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, Uruguay.

Más allá de que se demuestre que la pastera no es contaminante, (...).
Una alternativa en la que podría pensarse es negociar con el estado finlandés,
socio de Botnia,
que compense el daño causado aportando inversiones ambientalmente amigables en la provincia
de Entre Ríos. En este sentido, conviene saber que otra empresa finlandesa, la petrolera Neste Oil
(que también cuenta con participación estatal), tiene mucho que aportar en materia de biocombustibles.

Hoy la provincia de Entre Ríos exporta casi la totalidad de su producción de soja, que ya llega a
las 3 millones de toneladas sin procesamiento alguno.
Es el principal producto de la economía entrerriana.
Después, la poderosa industria avícola de la provincia re-importa miles de toneladas de
pellets de harina de soja, destinadas a la alimentación de los pollos.

Una planta de biodiesel permitirá (...) agregar valor, generar empleo en la construcción de la planta y
la infraestructura que la acompaña(...)".

Da la 'casualidad' que el presidente de la empresa petrolera finlandesa Neste Oil (Clarín/ Rural/ 17-2-07) declaró:

"esta segunda planta de biodiesel es una etapa más en nuestro objetivo, que no se limita a Finlandia
sino a construir un número de plantas en otros mercados(...).
Queremos
ser líderes mundiales en este rubro, tanto en la producción como en el desarrollo tecnológico".

Premisas e hipótesis

A) La concertación K deja que se expulse de sus tierras a muchísimos compatriotas
e incluso lo promueve
mirando hacia su objetivo principal: el alto superávit fiscal para el pago de la fraudulenta deuda externa
y por supuesto, también,  procura los enriquecimientos personales sin preocuparse de generar pobreza.

Al respecto Fernando M. López (Brecha), en "El granero transgénico del Mercosur" responde
a la pregunta:

En la Argentina, "las crisis sociales ya son evidentes con el desplazamiento territorial,
el desempleo y la violencia
al estilo de las guardias rurales que operan impunemente en Paraguay.

Los barones de la soja ejercen la fuerza indiscriminada para ampliar
sus propias fronteras,
expulsando a pequeños productores, campesinos y pueblos originarios, mediante la creación de grupos paramilitares. Se trata de un método
que nació
con el boom de la soja transgénica, primero en Santiago del Estero, y en
los últimos años en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Aquéllos que logran sobrevivir a la represión privada pasan directamente a
la desocupación urbana.

Según un estudio realizado recientemente por el INTA,
ocho
de cada diez desocupados del Gran Buenos Aires provienen de la agricultura.
Los datos de esta encuesta hablan de la incipiente migración
del campo a la ciudad por el impacto del modelo agroexportador
bajo el sistema de siembra directa, que permite producir monocultivos
con apenas un empleado por cada 500 hectáreas".

Explica:

"Desde que el ex presidente Carlos Menem permitió el cultivo de la soja RR (Roundup Ready) de Monsanto, a mediados de la década de 1990, el modelo de la soja no ha parado de expandirse.
Las 5 millones de hectáreas iniciales se transformaron en 16 millones, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA).
Esta superficie sembrada implica una producción que supera las 40 millones de toneladas de soja para forrajes, aceites y harinas, los principales productos de exportación que dejan en las arcas fiscales
unos 2 mil millones de dólares en concepto de retenciones.

De esta forma, Argentina logró el segundo puesto mundial en la producción de
cultivos transgénicos, detrás de Estados Unidos, aunque para lograrlo tuvo que hipotecar su territorio
como campo de prueba de la biotecnología desarrollada por Monsanto y otras trasnacionales, como Syngenta, Nidera, Cargill, Bayer y Basf,
que también operan en Sudamérica.

Actualmente, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se proyecta como una "república sojera" sin fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, con una producción que ronda las 100 millones de toneladas y que, en su conjunto,
concentra el 68 por ciento de las exportaciones mundiales de soja. Todos estos puntos estarán unidos por
la hidrovía Paraguay-Paraná, un megaproyecto de Cargill que permitirá transportar enormes cantidades de soja del MERCOSUR hacia los puertos del Atlántico.

Las voces más optimistas festejan la llamada «revolución verde»,
un concepto
en el que se incluyen los cultivos transgénicos, los agronegocios,
la siembra directa y los desarrollos en biotecnología.
En este marco,
las trasnacionales incrementan sus ganancias y rediseñan el mapa regional según sus intereses en el mercado mundial.

Los países productores equilibran sus balanzas comerciales y, en algunos casos, logran establecer saldos positivos históricos que les permiten cumplir con sus acreedores, o reproducir sus propios sistemas de asistencialismo social.

Los barones de la soja, mientras tanto, se enriquecen con rapidez y poco esfuerzo. Pero este modelo agropecuario que produce alimentos exclusivos para cerdos, vacas y pollos de Europa y Asia conlleva riesgos".

Fernando M. López  responde a la pregunta:

"a. Veneno

La soja RR es una planta genéticamente modificada (GM) para resistir al Roundup, el herbicida que produce Monsanto a base de glifosato y otros compuestos químicos que permiten aumentar su eficacia contra las malezas.

En Argentina, la soja insume anualmente unos 160 millones de litros de herbicida, a razón de diez litros por hectárea.
La fumigación intensiva en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya impacta de manera irreversible sobre aquellas ciudades y pueblos que ven el avance de la «revolución verde»
a pocos metros de sus cascos urbanos.

El Grupo de Reflexión Rural (GRR), que fomenta la campaña «Paren de Fumigar», junto a otras organizaciones de vecinos autoconvocados, advierte
que
"se está configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las grandes corporaciones y que sólo los enormes intereses en juego y la ignorancia cómplice de la clase política logran mantener invisibilizado e impune".

Sólo en el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en los márgenes de Córdoba capital, se registraron 200 enfermos de cáncer por los agrotóxicos, sobre una población total de 5 mil habitantes. Pero también se detectaron
otras anomalías:
alta incidencia de lupus, púrpura, asma, afecciones en la piel, malformaciones congénitas y alergias.

El caso es paradigmático porque revela las consecuencias más dramáticas del modelo rural vigente,
cuestión que
se repite en miles de localidades de la gran "república sojera".

La expansión de los monocultivos transgénicos en los últimos diez años distorsionó la estructura territorial de
los pueblos rurales. Los cinturones verdes que rodeaban a estos pueblos, como barreras de morigeración frente a los agrotóxicos, fueron ocupados por la soja y ahora las fumigaciones no sólo destruyen malezas, sino la salud de niños y adultos que se ven expuestos a los herbicidas de manera directa.

b. Complicidad ambientalista

El problema sanitario es apenas uno de los efectos del «boom sojero».
También
se debe tener en cuenta la deforestación, la degradación indiscriminada de suelos y la destrucción de
la biodiversidad, como consecuencia de la expansión estratégica que planificaron el Banco Mundial (BM) y
las trasnacionales, en complicidad con las grandes organizaciones ambientalistas.

El Foro por los 100 Millones Sustentables, que se desarrolla desde 2003 bajo la coordinación de
la Fundación Vida Silvestre Argentina (financiada por el BM) y la Asociación Internacional de Agronegocios y Alimentación (IAMA),
busca crear consenso entre empresarios, corporaciones y representantes de la sociedad civil para alcanzar en
el país una meta de 100 millones de toneladas de granos y oleaginosos transgénicos antes de 2015.

En el foro participan Greenpeace, la Fundación ProYungas para el Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña y la Asociación Ornitológica del Plata.
También
lo hacen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), que desde hace años desarrolla programas curriculares,
seminarios, investigaciones y publicaciones en función de los agronegocios".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés
6-2-07

B) La expulsión de campesinos, pequeños productores y pueblos originarios se hace -también- para monopolizar
la reserva de recursos genéticos e hídricos.

Mark Dowie (Pueblos), en "Cuando la conservación implica expulsar a grupos indígenas de su territorio.
Los refugiados del conservacionismo" dice:

"No es ningún secreto que millones de pueblos indígenas de todo el mundo han sido expulsados de sus tierras para dar lugar a las grandes extracciones de petróleo y minerales,
las grandes explotaciones madereras y las grandes extensiones agroindustriales.
Pero pocos se dan cuenta de que algo similar ha estado ocurriendo por
una causa mucho más noble:
la conservación de tierras y de la vida silvestre.

No son sólo las empresas las que tienen mala fama entre las comunidades indígenas, sino también, y cada vez más, algunas organizaciones no gubernamentales internacionales".

Relata que

en el sudoeste de Uganda, "durante miles de años el pueblo Batwa creció en una armonía tan estrecha con el bosque que los biólogos de principios del siglo XX que estudiaron la flora y
la fauna de la región apenas si notaron su existencia. Como señaló un naturalista, eran �parte de la fauna�.

En la década de 1930, los conservacionistas internacionales convencieron a los dirigentes de Uganda de
que esta zona estaba amenazada por intereses madereros, mineros y otras actividades extractivas.
En respuesta a
eso se crearon tres reservas de bosques: Mgahinga, Echuya y Bwindi, todas ellas superpuestas con
el territorio ancestral de los Batwa. Durante sesenta años esas reservas existieron tan solo en el papel,
pero eso mantuvo alejados a los extractivistas. Y los Batwa se quedaron, viviendo tal como lo habían hecho durante varias generaciones, en reciprocidad con la biota diversa que atrajo por primera vez a los conservacionistas a la región.

Pero cuando las reservas fueron designadas formalmente como parques nacionales en 1991 y para administrarlas se creó una burocracia financiada por el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
o GEF por su sigla en inglés) del Banco Mundial,
circuló el rumor de que los Batwa estaban cazando y comiendo gorilas de espalda plateada. Por ese entonces, este tipo de gorila era reconocido ampliamente como una especie amenazada y también, cada vez más, era objeto de atracción para los ecoturistas de Europa y Estados Unidos. Los Batwa reconocieron que los gorilas estaban siendo perturbados e incluso cazados, pero por los Bahutu, los Batutsi,
los Bantu y otras tribus que invadieron el bosque desde aldeas externas.

Los Batwa, que sentían una fuerte afinidad con los grandes simios,
negaron categóricamente haberlos matado.
A pesar de ello,
y debido a la presión ejercida por los conservacionistas tradicionales de Occidente,
que estaban convencidos de que la vida silvestre y las comunidades humanas eran incompatibles,
los Batwa fueron expulsados a la fuerza de su territorio.

Esos bosques son tan densos que cuando salieron por primera vez de ellos, los Batwa perdieron
la perspectiva. Algunos incluso se daban de bruces con los vehículos en movimiento. Ahora, están viviendo en lastimosos campos de ocupantes precarios en el perímetro de los parques, sin agua corriente o saneamiento.

En una generación más, su cultura del bosque de cantos, rituales, tradiciones, historias se perderá.

Actualmente, en la lista de las instituciones destructoras de la cultura, denunciadas por
líderes tribales de casi todos los continentes,
figuran no sólo
Shell, Texaco, Freeport y Bechtel, sino también, increíblemente, nombres como Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF) y la Sociedad para la Conservación de
la Naturaleza (Wildlife Conservation Society, WCS).
Hasta la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), más sensible a
los aspectos culturales, podría obtener una mención.

A principios de 2004 se convocó a una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Era el noveno año consecutivo en que se impulsaba la aprobación de una resolución para la protección de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas. La declaración preliminar de la ONU establece:

�Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre
una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible,
con la posibilidad de regreso�.

Durante la reunión, una delegada indígena que no se identificó, se puso de pie para declarar que mientras
las industrias extractivas seguían constituyendo una amenaza grave para su bienestar y su integridad cultural, su enemigo nuevo y mayor era la �conservación�. (...)

�Somos enemigos del conservacionismo�, declaró el líder Maasai Martin Saning�o, de pie ante una sesión del Congreso Mundial de Conservación, en noviembre de 2004, auspiciado por la UICN en Bangkok,
Tailandia.
El Maasai nómade, quien en los últimos treinta años perdió la mayor parte de sus áreas de pastura por proyectos de conservación aplicados a lo largo de la zona oriental de África,
nunca se había sentido de esa manera.

Es más, Saning�o recordó a su audiencia que �... fuimos los conservacionistas originales�. La sala guardó silencio mientras él explicaba con calma cómo los criadores de ganado nómades y sedentarios han protegido tradicionalmente sus zonas de pastoreo:

�Nuestras formas de cultivo polinizaron diversas especies de semillas y mantuvieron corredores entre los eco- sistemas�.

Luego trató de entender la extraña versión de conservación de la tierra que ha empobrecido a los integrantes de su pueblo, más de cien mil de los cuales han sido desterrados del sur de Kenia y de las Planicies del Serengeti de Tanzania. Al igual que los Batwa, los Maasai no han sido indemnizados con justicia. Su cultura se está disolviendo y viven en la pobreza.

�No queremos ser como ustedes�, dijo Saning�o a toda una sala de conmocionados rostros blancos. �Queremos que ustedes sean como nosotros.

Estamos aquí para cambiar su manera de pensar. Ustedes no pueden lograr la conservación sin nosotros�.

Aunque tal vez no se haya dado cuenta, Saning�o estaba hablando a un creciente movimiento mundial de pueblos indígenas que se ven a sí mismos como refugiados del conservacionismo.
A diferencia de los refugiados ecológicos
-aquellos obligados a abandonar sus tierras como consecuencia del calor insoportable, la sequía,
la desertificación, las inundaciones, las enfermedades y otras consecuencias del caos climático-,
los refugiados del conservacionismo son expulsados de sus tierras en contra de su voluntad,
ya sea por la fuerza o a través de una variedad de medidas menos coercitivas.

Los métodos más suaves, más benignos, son llamados a veces �expulsión suave� o
�reasentamiento voluntario�,
si bien esto último es discutible. Ya se trate de una reubicación suave o agresiva, la reclamación principal que
se escucha en las aldeas improvisadas que bordean los parques y en las reuniones
como el Congreso Mundial de la Conservación en Bangkok,
es que -a menudo- ocurre con la aprobación tácita o la desidia apacible de
una de las grandes cinco organizaciones no gubernamentales internacionales conservacionistas,
o, como han sido apodadas por los líderes indígenas, las BINGO (por el inglés, �big international nongovernmental organisations�).
Con frecuencia los pueblos indígenas son dejados completamente al margen del proceso(...)".

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional
6-2-07

Mark Dowie opina que "esta línea del conservacionismo pone los derechos de la naturaleza
por encima de los derechos de la gente".
Es la línea argumental de la justificación imperialista para expropiar reservas de recursos naturales
porque
la naturaleza está culturizada y tanto los pueblos originarios como los campesinos son fundamentales
en su saber empírico y su actitud de respeto a las leyes de funcionamiento objetivo del territorio que
habitan.

El nosotros propio del pueblo, nos exige cambios culturales y morales, ¿cuáles?

En vez de encandilarnos por la sociedad de consumo
al punto
de degradar nuestra cotidianeidad por acceder a ella y estar convencidos que la modernidad es la del gran capital,
para
la emancipación social y nacional,
es fundamental dejar de creer "en que cada uno atiende
su juego" y
hermanarnos con las organizaciones
que luchan contra la imposición de los fabulosos negocios
de oligopolios sobre los derechos humanos de las minorías
que componen la inmensa mayoría de los de abajo para
hacer posible
el viraje de rumbo del país desde la concentración y
desnacionalización tanto económica como territorial
hacia la atención por las necesidades y aspiraciones
de la diversidad popular.