Respecto al 17 de marzo de 2002

Fue la fecha en que nos reunimos como Interbarrial Nacional y adoptamos un programa de
lucha en común de todas las asambleas populares con las otras organizaciones sociales.
Consistía en las reivindicaciones de los de abajo y sus cauces políticos hacia
un autogobierno y una Asamblea Constituyente.

Con el «que se vayan todos y no quede ni uno solo» luchábamos por la democracia de los de abajo y
por eso,
nos pronunciamos contra la instalación de facto del senador Eduardo Duhalde como presidente.
Teníamos claro que considerarlo legítimo era aceptar a uno de los capos del
sistema gubernamental de bandidaje político
y por lo tanto, dar vía libre a la restauración del último.

Néstor Kirchner viene de la mano de Duhalde y se identifica con

·        el ministro Roberto Lavagna al punto que
continúan
como pilares de su política económica: el superávit más elevado que lo exigido por el FMI
y el dólar alto para pagar la fraudulenta deuda externa y como acreedores privilegiados y
programadores del país: los organismos financieros imperiales;
 

·        el ministro Ginés González García al punto de
que
acaba de subsidiar a las prepagas pese al colapso de la salud pública,
nada hace por abaratar los medicamentos mediante el plan
( con origen en el movimiento de asambleas de
2001-2002)
de recuperar los laboratorios públicos y al contrario, prefiere el constante incremento notable
de sus precios a favor exclusivo del suculento negocio con las enfermedades
y aprobó el ataque de G.G.G. con el epíteto de 'terroristas sanitarios' a los trabajadores del
hospital Garrahan por exigir un salario acorde con la canasta familiar;
 

·        el ministro Aníbal Fernández al punto que oculta su bandidaje en Quilmes y lo coloca al
frente de la seguridad contra los ladrones de abajo, la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social aprovechando su carácter de patotero puesto de manifiesto en sus estigmatizaciones a
-los piqueteros
mediante la mentira de que no trabajan por no querer hacerlo,
-la izquierda con la etiqueta de 'siniestra' cuando es la única que está siempre
en las luchas contra las distintas expresiones de la impunidad y por las reivindicaciones
populares como en el 2001 y el 2002;
-el personal de INDEC que calificó de "mafia enquistada";
 

·        el ministro Carlos Tomada al punto que sigue imponiendo la injusticia e ilegitimidad laboral de
la flexibilidad,
de salarios misérrimos y del elevado número de trabajadores en negro, cuentapropistas
y desocupados mediante el contubernio con la UIA y la CGT.

Algunos cambios, el jefe de gabinete Alberto Fernández con superpoderes viene del partido de Cavallo.
La ministra Felisa Miceli
que estuvo en el Frente contra la pobreza (Frenapo) se limita, con su amplia sonrisa, a obedecer el dictado
-del sistema financiero instaurado por Martínez de Hoz mediante terrorismo de estado,
-de los agronegocios,
-de los crecimientos espectaculares mineros e inmobiliarios y
gestionar una distribución sumamente regresiva de riquezas e
ingresos que aumenta la desigualdad social en forma incesante para ese paraíso rentable del gran capital.

A comienzos del 2007, la ministra Miceli ha desenmascarado su autoritarismo y
elitismo.
Al igual que Cavallo cuando mandó a lavar los platos a los científicos, apostrofó sobre el carácter de cuarta de quien se hallaba al frente del Índice de Precios al Consumidor(IPC) del INDEC
por concurso mientras ella está de facto como todos los integrantes de los distintos gabinetes
de cada Ejecutivo unipersonal que
hemos sufrido y sufrimos con las democracias restringidas desde 1984.

Pero el problema es más grave que
el maltrato y forzamiento a profesionales universitarios
tanto por ocupación de oficinas con personal de vigilancia como
por inestabilidad laboral en razón de estar bajo contratos temporarios.

Tal conflicto se enmarca en que no sólo el gobierno de Kirchner blanqueó a todos
los de siempre
que han sido y son imprescindibles para la continuidad del neoliberalismo sino
también, consolida la autocracia con consenso que viabiliza la plutocracia.

En ese refuerzo de la autocracia con consenso y privatizadora de todo lo que surja como gran negocio,
se sitúa el conflicto con el INDEC.

Daniel Muchnik (Clarín 26/2/07) advierte:

"La crisis en el INDEC, con el desplazamiento de Graciela Bevacqua de la Dirección de Precios
y su reemplazo por Beatriz Paglieri, una funcionaria proveniente del Ministerio de Economía,
se amplía día a día.

La razón es que Paglieri desembarcó en el INDEC para «corregir» el índice de precios al consumidor(...)
pero como avanzada para un cambio más profundo en el organismo de estadísticas.

Se están haciendo nuevas designaciones, nada más y nada menos en el área de "entrada de datos".
Eso abre más sospechas, porque ya no sólo se trataría de modificar criterios metodológicos
sino directamente los precios relevados.(...)

Mientras tanto, la torpeza oficial alentó a quienes quieren privatizar las estadísticas y de esta manera
abrir un nuevo negocio con criterios opuestos a la transparencia estadística.

En un reciente comunicado, los universitarios que trabajan en el INDEC señalan:
«la no confiabilidad en el INDEC necesariamente afecta a la credibilidad de sus resultados
y en consecuencia,
también a la ética y solvencia de los profesionales involucrados y a la Estadística como profesión».
Y se ofrecen
a debatir aspectos técnicos y metodológicos.

El INDEC es, desde su nacimiento en 1968, un organismo del Estado y debe ser cuidado como
patrimonio público.(...)
No debe ser un coto cerrado donde funcionarios o sectores privados puedan actuar como se les antoje".

Nosotros, después del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en el 2002 ocupamos plazas, parques, calles para
debatir y dábamos espacio de comunicación social a todos los grupos, sectores populares y comunidades
para explicar sobre sus conflictos vitales.

Habíamos estado tan callados sobre nuestros conflictos vitales, tan sin saber qué hacer para visibilizarlos
en la sociedad y resolverlos que se multiplicaron las listas de reclamos en las asambleas y en el Interbarrial.
Han transcurrido cinco años
y un importante número de esas reivindicaciones centrales para cada componente de la diversidad de los de abajo nos ha reagrupado con mayor conciencia sobre el imperativo de politizar a la necesidad del colectivo
que formamos.

Pero, al mismo tiempo,
el embaucamiento general (por una completa censura y manipulación de variadas formas) ha cundido como,
por ejemplo, que la deuda ya no es clave en la opresión.

Veamos la relación con la reestructuración del INDEC.

"La dispar evolución entre el ajuste
de la deuda pública
por inflación y el dólar (entre enero
y setiembre de 2006, el CER subió
el 7,4% mientras el dólar, apenas
el 2,1%)
fue haciendo más atractiva la compra
de bonos atados al CER. Y esos bonos
sumaron magnetismo en enero, porque
era un comentario a voces que
la inflación
venía empinada -más del 2%- valorizando
aún más los títulos de la deuda atados
al CER".

Ismael Bermúdez (Clarín 13/2/07) prosigue:

"El impacto de un índice de más del 2% sobre las expectativas inflacionarias, la pobreza y
las negociaciones salariales unido a una nueva y fuerte suba de la deuda pública llevaron
al Gobierno
a reemplazar a Graciela Bevacqua para cambiar sobre la marcha la metodología del IPC y
sorprender con el 1,1%.

Así, tras la «intervención» a la Dirección del IPC y sin ninguna aclaración, salió el índice
de enero con «cambios» en la forma de medir el turismo, la medicina privada y frutas y verduras".

Explica el enorme negocio de bancos y fondos de inversión:

"La emisión de bonos en pesos atados al CER
(el coeficiente que sigue la inflación)
fue una de las claves del éxito
del canje de deuda.
Es que después de la fuerte devaluación,
los bancos y fondos de inversión
descontaron que
la cotización del dólar se aplanaría.
Y en cambio, los precios internos,
muy rezagados respecto de
los precios mayoristas,
volverían a cobrar fuerza por el repunte de la actividad.

En consecuencia, banqueros y fondos ingresaron al canje, optando mayoritariamente
por los bonos en pesos atados al CER por la rentabilidad implícita que contenían
en moneda extranjera.

A fin de setiembre de 2006, la deuda en pesos, mayoritariamente atada al CER,
representaba el 47,1% de los 129.605 millones de dólares adeudados.
En cambio, después del canje, en junio de 2005, la deuda en pesos era del 36,7% de
los 126.500 millones de dólares.

El fuerte progreso de la deuda en pesos, atada al CER, muestra con claridad
el mecanismo indexatorio
del que disponen los títulos públicos, una ventaja que no tienen otras variables de la economía".

Aún más,

"Por el ajuste del CER, la deuda pública
en pesos creció
en 9.357 millones de pesos en
los primeros 9 meses de 2006,
de acuerdo con el informe difundido
el 12 de febrero por
el Ministerio de Economía.

Así, en lugar de reducirse
por
los pagos de vencimientos que
se hicieron entre enero y sep-
tiembre del año pasado,
el endeudamiento público total
subió del 128.629 millones a
129.604 millones de dólares.

Este valor no incluye la deuda no ingresada al canje, que suma 25.347 millones de dólares.(...)

La deuda en pesos atada al CER -a fin de diciembre de 2005- sumaba 162.968 millones de pesos,
equivalente a 53.608 millones de dólares.
Entonces,
cada punto de inflación, pasa a elevar la deuda en 1.629 millones de pesos".

De modo que el llamado «desendeudamiento» de Kirchner no sólo marca su decisión
por transferir los fondos públicos a

los acreedores, en verdad, saqueadores
ya que son quienes -con la complicidad de las democracias restringidas- han degradado
nuestras condiciones de
vida, trabajo, producción y cultura al 'fugar' los capitales hacia el exterior,
recibir por entrega nuestras empresas estatales y los recursos naturales,
manejar el sistema financiero de acuerdo con sus intereses lucrativos,
quedarse con las Afjp y nuestras tierras y expoliarnos como trabajadores
desocupados, subocupados, en negro e informales, sobreocupados y con
salarios miserables.

Sino, también (por si fuera poco), les instala
un proceso en gran escala
de enriquecimiento formidable a costa del hambre, la miseria, el atraso y
la sumisión que llega a la esclavitud hasta de niños
de una creciente mayoría porque la brecha de desigualdad social
prosigue en incremento constante desde la dictadura genocida.

Respecto a la acumulación del gran capital hecha de muerte, tortura e inequidad extrema
Pedro Resels destaca:

"Hace dos décadas que el movimiento de jubilados comenzó a exigir una jubilación mínima de 450 pesos.
Actualizando esa cifra por el costo de vida o por el valor del dólar, aquel reclamo significa hoy más de mil.

¿por qué, luego de 5 años de crecimiento de la economía
a tasas superiores al 8% anual acumulativo
y luego de
veinte años de una lucha incesante, la jubilación mínima
sólo alcanza al 50% de lo pedido en aquellos momentos?

Podemos encontrar, al menos, tres razones comenzando por la creación de ese engendro
de negocio financiero llamado afjp que privó al Estado de los recursos que los trabajadores
en actividad aportaban al sistema previsional único.

Estos fondos fueron desviados a favor de los bancos
-dueños reales de las afjp-
y luego
utilizados para financiar al propio Estado.

Unido a ello, los distintos gobiernos desde el 2002, procuraron un alto superávit presupuestario,
para lo cual redujeron fuertemente las erogaciones del Estado.
Según el Ministerio de Economía,
los gastos primarios -todos los gastos menos el pago de intereses de la deuda externa-
se redujeron en un 13% en el período 2002/06 respecto al período 1999/01,
con un «ahorro» de 40.000 millones de pesos.

Tal monto fue logrado, fundamentalmente, pagando menores montos a todos los jubilados y
menores salarios a los trabajadores públicos.
Ese superávit fiscal,
del que tanto se ufanan los últimos ministros de Economía,
logrado con el hambre y la miseria de los jubilados,
se utilizó
para pagarle a los «Organismos Multilaterales de Crédito»
la suma de 26.500 millones de dólares, entre los años 2002 y 2006,
sobrando además 25.000 millones de dólares que se destinaron
a aumentar
las «reservas internacionales» que es una verdadera garantía para los acreedores de la deuda externa".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 813 - 22/2/07
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

¿Puede ser un proyecto del pueblo el capitalismo «andino», «serio» o «nacional» si
realmente fuese posible
porque hoy es un sistema global?

Es una ilusión reaccionaria y cada vez se patentiza más a donde conduce el privilegio
de los fabulosos negocios sobre la vida de la población.

Al «que se vayan todos y no quede ni uno solo» le faltó la convicción mayoritaria de
que
el problema esencial a la Argentina confraternal era y es el viraje desde
el reinado del lucro de una minúscula minoría creída de ser raza superior hacia
la construcción de soluciones a los problemas básicos de la calidad de vida característica a
cada componente de la diversidad popular
sin discriminación de tipo alguno y con el protagonismo deliberante, mandante y controlador del pueblo.

"Conviene reafirmar que la impunidad
sigue siendo
la regla y la justicia, la excepción y
que las condenas conquistadas lo
han sido por la lucha de años y
no por dádiva
del gobierno de Néstor Kirchner".

En el documento del Partido Comunista de la Argentina a casi un año del 30 aniversario
se aclara:

"Nada nos ha sido regalado y cada paso de avance contra
la impunidad,
así fuera milimétrico, condensa años de esfuerzos jurídico/
políticos, de movilizaciones callejeras y pronunciamientos colectivos.

Contra estos esfuerzos ha conspirado un Poder Judicial presto a facilitar la estrategia
de impunidad de los represores: «chicanear», postergar, diluir las cuestiones en debate
por el sendero de tratar todo como «delitos individuales»".

El documento destaca que esa atomización de los juicios a ejecutores de los crímenes de lesa humanidad
pretende la convicción mayoritaria
de que

·        no se dieron dentro de "un plan sistemático de destrucción de personas";

·        no se organizaron para implantar "el proceso de reestructuración neoliberal
capitalista que condujo al actual país de dos pisos.

En el de arriba, los que gozan de la venta en dólares de la soja, los hidrocarburos y algunos
otros productos producidos a bajo costo( por los bajos salarios y la paridad cambiaria subsidiaria
de las exportaciones)" y que son oligopolios casi todos extranjeros.

"En el de abajo, la mayoría de la población privada de empleo digno y excluida de casi todo
empezando por
ingresos mínimos para sostener una canasta familiar digna (algo así como 2500 pesos,
tan lejana del promedio salarial menor a los 700 pesos de los que tienen
algún empleo)".

El Partido Comunista de la Argentina dice:

"En este año después del 30 aniversario del golpe de Estado del 76, se destacan,
en la lucha contra la impunidad histórica:

·        la condena ejemplar a Echecolatz (con la mención -por vez primera
en un fallo judicial nacional- del marco en que se perpetraron los crímenes,
el de un genocidio
preparado con anticipación y destinado a modificar de raíz
las condiciones de funcionamiento del capitalismo en el país) y
 

·        la reapertura de la Causa contra los responsables de los crímenes de
la Triple A (al menos unas mil quinientas ejecuciones sumarias,
novecientas desapariciones forzadas, tres mil detenciones prolongadas
y
miles de atentados terroristas con explosivos contra locales
del movimiento popular y hogares de militantes).

Fueron resultado de la perseverancia de los sobrevivientes al genocidio, organismos de
derechos humanos y fuerzas políticas de izquierda".

¿Cuál fue y es el comportamiento de Néstor Kirchner?

"Puntualmente, en la causa Echecolatz, no fue el gobierno (que cuenta con el servicio de
la Procuración General de la Nación, que dirige a los fiscales federales que actúan
como parte acusadora en los juicios) quien promovió la figura de genocidio
sino
la querella de los organismos de derechos humanos que representaban entre otros
al compañero Julio López.

Si el gobierno poco hizo y hace por el avance de los juicios (a tres años de la caída de
las leyes de la impunidad, sólo dos condenas se han dictado y se calcula que el 97 por ciento de
los represores identificados siguen en libertad),
su responsabilidad
se hace mayúscula en el caso del secuestro del compañero López:

no tomó ninguna medida para evitar la agresión de los represores amenazados,
tal como
mandan los Pactos internacionales de resguardo a los luchadores
por los derechos humanos, a los que tanto gusta publicitar su adhesión.

Sobre todo, por más de cinco meses ha evitado tomar las medidas
que conducirían al esclarecimiento de la desaparición forzada:
-depurar las fuerzas represivas de figuras comprometidas con la represión,
-investigar los círculos concéntricos que salen de la cárcel de Marcos Paz
donde Echecolatz y otros cincuenta represores conspiran abiertamente.

Vale la pena recordar que el doctor Righi, procurador General de la Nación
-que reporta a Kirchner-
opinó por escrito en diciembre, ante la Corte Suprema de Justicia, que la investigación
por López
debería continuar en el juzgado provincial que realiza una «averiguación de paradero»
ya que no habría datos que hagan presumir su desaparición forzada.

Como se sabe, tal posición cambió radicalmente ante el secuestro del militante kirchnerista Gerez,
(...) pero obvió tomar medida alguna que repare la permanencia de elementos afines con
el terrorismo de Estado
en el aparato represivo estatal y para colmo, pasan los días y tampoco se esclarece el caso del
secuestro de Gerez (...)".

El Partido Comunista de la Argentina señala:

"Tampoco el gobierno tiene mucho que ver con la reapertura de
la Causa Triple A.
Esta fue el resultado de la labor de denuncia realizada por
una organización «Argentinos en el exilio» que encontró a Almirón,
lo denunció en España y provocó un escándalo que no podía
ser ignorado.

La reapertura de la Causa Triple A(...) pondrá en incomodidad a los dos relatos hegemónicos
sobre el golpe de Estado:

·       el relato liberal que considera el Terrorismo de Estado como
una anomalía propia de militares desvariados, que ahora tienen
que explicar
la perpetración de éste bajo un gobierno constitucional,
así como la impunidad que la «democracia neoliberal»
-iniciada en 1983-
les garantizó durante todos estos años;
 

·       el relato revisionista que ha pretendido contar la historia
de un modo simple y binario:
unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, etcétera.
Y ahora
tropieza con un peronismo víctima, el de Troxler y otros
cientos de militantes, pero también con
un peronismo victimario, el de Isabel, López Rega y
Lorenzo Miguel, cuyos herederos están en el partido oficialista
y aun en sectores del gobierno nacional".

La dictadura cívico-militar del 76 al 83 aplicó el terrorismo de Estado para paralizar el protagonismo popular,
despolitizar a las grandes mayorías y desorganizar a la clase obrera.

¿Qué sucede hoy?

El Partido Comunista de la Argentina contesta:

"El gobierno nacional, que gusta fungir de «defensor de los derechos humanos»

·        no respeta uno de los derechos básicos de la ciudadanía cual es el de
la libre organización popular,
con autonomía del poder y los gobiernos de turno;
 

·        dedica ingentes recursos a interferir en las acciones de éste,
provocando una falsa línea divisoria entre sus partidarios y
sus «enemigos»,
división que dificulta la constitución de un verdadero frente
de lucha contra el continuismo neoliberal y las estrategias
de dominación latinoamericanas, tal como se logró articular
en ocasión del repudio a la «visita» de Bush y el intento
de constituir formalmente el Alca (...)".

Destaca:

"A pesar del rumbo económico que garantiza la continuidad del modelo fundado por Videla
y Martínez de Hoz y de que su compromiso con la lucha contra la impunidad ha quedado
al desnudo
con el secuestro impune de Jorge Julio López, el presidente Néstor Kirchner y
la Senadora se las han arreglado para seducir a un sector del movimiento de derechos humanos
y provocar
todo tipo de divisiones al interior del movimiento popular pretendiendo establecer
una división entre los «serios» que reconocen los supuestos logros del gobierno en el terreno
y los «delirantes» que persisten en denunciar la violación cotidiana de los derechos humanos y
la responsabilidad del gobierno en el tema".

Reflexiona sobre la izquierda y los sectores populares:
"Oscilan entre la tentación de

·        la cooptación por el poder
que genera la ilusión de un reconocimiento social y al menos,
un instante de victoria y
 

·        la del sectarismo que cultiva la ilusión del principismo y
la promesa de vanguardizar una revolución que, así, nunca llega.(...)

Políticas que, aun cuando parecen opuestas, son funcionales al objetivo reaccionario de
impedir
constituir al movimiento popular en un sujeto autónomo, capaz de convocar a las grandes mayorías
a la lucha contra todas las impunidades, por todos los derechos para todas y para todos".

El Partido Comunista de la Argentina propone:

"Queremos insistir en que en este nuevo aniversario del Golpe,
estamos desafiados
a superar ambas tentaciones y construir un verdadero frente
contra la impunidad histórica, el continuismo del capitalismo neoliberal
y la estrategia yanqui para nuestra región, convulsionada por
la vitalidad revolucionaria
de Cuba y Venezuela y los nuevos procesos de ruptura con el neoliberalismo
en Bolivia, Nicaragua y Ecuador".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 813 - 22/2/07
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

El 17 de marzo de 2002 nos pronunciamos contra esos ejes de desarrollo de las democracias restringidas;
a favor de los derechos de todos los de abajo
y formulamos
cambios como el no pago de la deuda externa con derivación de esos fondos públicos hacia un Plan Nacional de Obras Públicas, la ruptura con el FMI, la reestatización sin indemnización y con control de los trabajadores y
el pueblo, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, etc.

Pero la propuesta de explicar, desarrollar e incluir esas disposiciones en los diversos contextos cotidianos
no tuvo la merecida repercusión.

Hoy pienso en las muchísimas impunidades que han desatado rupturas con el conformismo y han motivado
intensamente a militar por la justicia, la calidad de vida, la dignidad de todos los de abajo,
los cambios sociales....organizándose y movilizándose.
Y considero que
en ellas debe arraigar y consustanciarse
esa lucha articuladora de la diversidad popular y dirigida contra la impunidad histórica,
contra
el continuismo del único capitalismo existente en el mundo pero agravado por el hundimiento del país
en el subdesarrollo y contra las estrategias imperialistas fundamentalmente
de Estados Unidos.

Múltiples son los conflictos que originan los crecimientos minero, sojero, inmobiliario, petrolero y los agronegocios en general, el negocio de la basura, el del agua... con los intereses vitales de comunidades. Confluyen hacia el imperativo de:

a. Desapropiación del territorio

Por un lado, como programa y capacidad de efectivizar la organización del territorio en forma de
reforma agraria integral mirando por
la soberanía alimentaria, la agroecología,
la democracia en vez de los feudos provinciales,
el desarrollo rural y de las economías regionales,
la política demográfica que mire por la dignidad de
vida y trabajo de los de abajo sin discriminación de tipo alguno y la promoción de
-sus respectivas culturas y autonomías históricas,
-la salud pública,
-la educación en acuerdo con la diversidad popular y el humanismo proletario.
Pero,
también, como puesta en práctica, con lenguaje cotidiano, de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.

Eleonora Gosman (Clarín 26/2/07) relata:

"En San Pablo, donde desembarcará el 8 de marzo, el presidente norteamericano Bush  quiere
celebrar con
su colega Luiz Inacio Lula de Silva un acuerdo de reparto de mercados en biocombustibles
para generar un bloque continental de estas nuevas fuentes energéticas,
dijeron fuentes diplomáticas.

En principio, se tratará del etanol, un rubro en que Brasil y Estados Unidos lideran
los mercados internacionales con 72% de la producción global.
Después
vendrá el biodiésel, el otro rubro de las energías renovables en las que tienen
profundo interés las grandes potencias mundiales. (...)

Los norteamericanos concuerdan con el razonamiento del consejero agrícola de
la Unión Europea
Gustavo Idígoras, quien un par de meses atrás recalcó la trascendencia sudamericana
en la producción de biocombustibles.(...) "Vamos a necesitar entonces de exportadores
y a la cabeza
de esta lista están Brasil, Argentina y Malasia", sostuvo.

Ni cortos ni perezosos, en Washington comenzaron a pensar una política capaz
de utilizar
las tierras hemisféricas como productoras de «paliativos» para sus necesidades energéticas
de los próximos 20 años.(...)

La otra cara de esta historia es la que cuentan las multinacionales.
En Argentina,
se anunciaron 13 proyectos de biodiésel, con una inversión de US$ 300 millones en plantas
que comenzarán a funcionar a fines de este año. Las fábricas estarán en Santa Fe, Buenos Aires,
Tucumán y Río Negro(...)".

Paula Lugones hace reflexionar sobre «combustibles versus alimentos» e informa:

"los granos de maíz que se requieren para llenar
el tanque
de una camioneta Range Rover con etanol
equivalen a la cantidad que se precisa
para alimentar
a una persona durante un año.

El «boom» de biocombustibles en reemplazo del petróleo,
¿no estará encerrando un peligro aún mayor que la contaminación, con consecuencias devastadoras
para países en desarrollo?

No es futurología ni política ficción. En el último año, y más aún después de que George W.Bush
anunciara que promovería el etanol, derivado del maíz, el precio del maíz se fue por las nubes.

Los mexicanos fueron los que encendieron la alarma. Allí se desató una furia popular cuando
el kilo de tortilla de maíz llegó a casi un dólar, el doble que hace un año".

En nombre de desarrollar recursos energéticos no contaminantes y renovables, el único capitalismo existente
realiza otra conquista del desierto: desaloja, desarraiga, despuebla, expulsa hacia los cordones de miseria
de las ciudades y extermina de diferentes maneras.

Es hora que los pequeños y medianos productores dejen de ser cómplices por subordinación al 'Mercado'
y se hermanen con los campesinos, los pueblos originarios y con las grandes mayorías.
Tampoco
tienen porvenir por la gran escala de los monocultivos -encima transgénicos- de exportación.

Sobre todo, la Argentina se arruinará totalmente porque
esa agroindustria
destruye los equilibrios ecológicos
por arrasar la biodiversidad típica de cada eco-región y sustituirla por un ecosistema tan simplificado que
requiere del sostén cada vez más artificial para mantenerse en el tiempo y por lo tanto, resulta en extremo
contaminante y desertificador con lo cual ni es energía renovable.

Por otro lado 
como
autogestión y autogobierno local en complementariedad e interrelación con los correspondientes a provincias, a regiones, al país entero,
al continente y al mundo de ahí surge otro Estado del, por y para el pueblo de Argentina.

Pero para llegar a esta voluntad política de la diversidad popular es prioritario poner en deliberación pública
el discurso oficial y socializar ampliamente las investigaciones y fundamentos, por ejemplo, del
¡no, a la mina a cielo abierto!
de todas las poblaciones cordilleranas y precordilleranas en América latina.

Es fundamental constituir un frente cultural, mediático e ideológico que desenmascare a
quienes nos entregan a la voracidad insaciable del gran capital y despojan de presente, futuro.
Un frente que, en simultáneo, nacionalice la lucha contra las multinacionales devastadoras y
el sistema gubernamental de bandidaje.

Dentro del último,  Jorge Mayoral -secretario de Minería- manifiesta:

"La potencialidad de la minería en la Argentina es muy grande.(...)
Tampoco se trata
de una moda o de un negocio de poco tiempo. ¿cuántos años hace que Chile, por ejemplo, vive
del cobre?(...). La idea es aprovechar nuestra orografía, queremos potenciar el desarrollo
para diagramar un modelo productivo sustentable
con base en los recursos locales.

En las provincias mineras no se puede hacer soja o carne o pasar de un grano a otro según
el precio del mercado.
La mayoría del territorio es un desierto de piedra".

Refuerza esta búsqueda del imprescindible consenso amplio
declarando
(para ahuyentar investigaciones a fondo sobre la real y efectiva desnacionalización):
"que la propiedad de los recursos mineros son provinciales y que las grandes firmas están asociadas con empresas provinciales". Cita ejemplos pero encubre en función de qué actúan esos componentes estatales.
También,
habla sobre la importancia minera para la creación de puestos laborales y para los fondos de Catamarca.

Ante tanta mentira de traficante de un país entero:

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
para acabar con la entrega, el despojo y la sumisión.

«Sólo el pueblo salvará al pueblo»
y «el pueblo unido, jamás será vencido».

Ahora, Óscar Martínez, en su nota "Récord de inversiones para la gran minería"(Clarín/Económico 18-2-07)
complementando las citas de lo dicho por Mayoral,
informa:

-"Para el funcionario, el origen de la actual minería a gran escala tiene número:
es la ley 24.196 de Inversiones Mineras y sus modificatorias que se complementan
con el Plan Minero que lanzó Néstor Kirchner en 2003.
Una legislación que incluye beneficios inéditos para otros sectores productivos".

-"Pero el verdadero gran impulso llegó del exterior. La trepada del precio de los metales
en el último lustro(...) fue el desencadenante de las renovadas inversiones.
Porque
esta «gran minería» es básicamente metalífera y exportadora. Y con un predominio
casi total de las grandes firmas internacionales".

b. Desapropiación del patrimonio público y del social

Múltiples son los conflictos contra las privatizaciones y las encubiertas, contra las leyes de la dictadura
genocida que rigen el funcionamiento básico de la sociedad como la de entidades financieras y la de radiodifusión, contra el entramado de negocios en las universidades e institutos públicos;
también por
la salud y la educación públicas, la libertad de uso y disfrute de plazas y parques, el derecho a no oficializar
las radios y canales televisivos del sector público, etc.
Respecto a un patrimonio social,

la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de
la República Argentina
a través de su secretario general y miembro de la Secretaría de Previsión Social de la CTA-Capital
Luis Cortari señala:

"hace muchos años que la Nación mantiene una deuda económica
y moral con sus jubilados y pensionados»

Recuerda que "en muchas etapas del desarrollo de la sociedad las cajas de jubilaciones
fueron botín de guerra de gobernantes que echaron mano a sus fondos, dejándolas
económicamente insostenibles.

De esta manera se perdió el principio por el cual fueron creadas basadas en la solidaridad,
la igualdad de beneficios y esfuerzos, sin privilegios de ninguna clase con la participación
en la gestión de los propios beneficiarios".

Puntualizó que

·        "se insiste, ahora, en recorrer un camino de reformas parciales,
pero
se alimenta la incompatibilidad constitucional de base, al mantener
la convivencia dentro de la seguridad social
de regímenes
con principios inconciliables, con lógicas antagónicas,
-uno basado en la solidaridad y en criterios redistributivos y
de justicia social y
-otro, fundamentado en criterios de rentabilidad empresaria
y sustentado en el lucro";
 

·        "se limita, por tanto, a consolidar esa reforma estructural
llamada
Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones
(Régimen Previsional Público y Régimen de Capitalización),
una privatización de la seguridad social que fue llevada
con el impulso del Banco Mundial";
 

·        "no se pronuncia acerca de la movilidad y se continúa,
por omisión,
violando la Constitución Nacional".

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de
la República Argentina exige:

1.    la derogación de las leyes 24241 y 24463;
 

2.    la recuperación del 82 por ciento móvil en su misma categoría,
clase o función como base de un criterio de equidad;
 

3.    la adopción como eje para discusión de la Ley 18037/38
y a partir de ella,
la realización de las reformas necesarias
teniendo en cuenta que el protagonista es el hombre y
que la seguridad social no es un gasto, sino una inversión;
 

4.    Aumento general de haberes con una mínima de1.000 pesos
que permita a los trabajadores jubilados superar el nivel de pobreza;
 

5.    Rechazo a la legalización de la estatización del PAMI, es decir, que
se privilegia sea dirigido por funcionarios elegidos por el gobierno de
turno y por la CGT en lugar de propiciar que los representantes de
dueños del PAMI, trabajadores activos y jubilados, sean elegidos por elección directa y
secreta de cada sector.

En consecuencia, desapropiar los patrimonios públicos y sociales
exige, por un lado, la puesta en práctica de la voluntad colectiva de "memoria, verdad y justicia".

Por otro lado, exige la socialización tanto del conocimiento como del ejercicio de las capacidades de participar en planificar, realizar, dirigir y controlar la gestión del bien correspondiente.

En procura de esa socialización se precisa la comunicación que involucre a una creciente mayoría de los de abajo en:

• la ruptura con quienes aprovechan de nuestra delegación de los poderes públicos para robarnos, extorsionarnos, pisotearnos, reprimirnos, exprimirnos, matarnos y arruinarnos en todos los sentidos de esta acción;

• el hermanamiento con quienes compartimos ámbitos e identidades y con todos los distintos componentes del pueblo de modo de hacer posibles la otra sociedad y el otro país a que aspiramos.