I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

¿Prosperidad para quiénes y cuáles son las implicancias para los trabajadores?

La concertación K implica mantener el extraordinario enriquecimiento de los poderes establecidos mediante:

"Encerrar la cuestión social en la problemática de la pobreza,
tal como lo hace el modo predominante de entendimiento de ella en la Argentina,
entraña un serio riesgo tanto para la reflexión como para la acción".

Pablo Ignacio Caruso aclara:

"El riesgo para

• la reflexión consiste en que se deja de lado el cuestionamiento a
  las dinámicas macrosociales productoras de las desestabilizaciones actuales:
  -en el mejor de los casos-
  se describen estados de carencias, se reflejan las diferentes formas asumidas
  por la pobreza,
  se diferencian 'nuevas' de 'viejas' pobrezas, se cuenta la cantidad de pobres,
  se estudia cómo se perciben a sí mismos y a las políticas que los tienen por objeto, etc., etc.,
  evitando así profundizar en los procesos que explican
  cada una de esas cuestiones;
   
• la acción, en términos de intervención desde las políticas públicas tendiente
  al manejo de los factores de desestabilización social,
  consiste en
  mantener, frente a la pobreza y la exclusión, sólo una estrategia asistencialista focalizada (promovida fuertemente por
  las agencias internacionales de
  asistencia crediticia, en particular, el Banco Mundial) con carácter reparador
  centrada
  sobre situaciones ya degradadas, renunciando a intervenir de modo preventivo
  apuntando a revertir las tendencias al aumento de la vulnerabilidad de masas
  y a la cohesión social, al tiempo que se abriga la vana esperanza de revertir
  dichas tendencias de la mano sólo de la recuperación del empleo vía crecimiento económico sostenido".

Pablo Ignacio Caruso sostiene:

"Pensar en una estrategia efectiva de lucha
contra la pobreza y la exclusión implica avanzar
hacia una intervención desde la política pública
que
prevenga los factores de desestabilización de
la sociedad salarial en el centro mismo de los procesos de producción
y sobre todo, de distribución del ingreso y la riqueza social".

Pablo Ignacio Caruso subraya:

"no hay dato más contundente para marcar el nivel de degradación del trabajo-empleo
como vector de integración social que el elevadísimo nivel de informalidad (trabajo no registrado) que presenta la estructura ocupacional de Argentina(...).

Esto implica que alrededor de 5 millones de trabajadores/as, están fuera del sistema de Obras Sociales,
no poseen aportes previsionales, ni gozan de los beneficios de una relación laboral formal (registrada),
como ser el pago de horas extras, vacaciones, protección frente al despido arbitrario, etc.

De aquí se desprende que el mercado de trabajo-empleo en la Argentina no presenta sólo
un problema de cantidad de empleo que no se tiene (desocupación-subocupación)
sino que,
de modo menos visible pero más trascendente, expone también el problema de la pésima calidad del empleo que se tiene (informalidad-precariedad).

Por todo esto, puede asumirse que -en la Argentina- la precariedad laboral es el rasgo central
de los cambios sufridos en el mercado del trabajo durante los últimos años. Y supone
fragilidad de inserción social.
Es decir, debe atenderse fundamentalmente la llamada zona de vulnerabilidad social si se quiere
buscar una solución efectiva a los problemas de la pobreza y la exclusión".

Fuente: Realidad Económica nº 222
agosto/ septiembre 2006,
editada por el Instituto Argentino para 
el Desarrollo Económico (IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

A su vez, Fabián Amico destaca otro aspecto esencial:

"El esquema de «administración» del conflicto social,
basado
en otorgar aumentos salariales a una estrecha franja
de trabajadores sindicalizados del sector formal de
la economía,
va estructurando una tendencia de fondo hacia la fragmentación
de los asalariados y una distancia cada vez mayor entre
diversos grupos de trabajadores.

Quienes trabajan en negro, quienes reciben planes sociales, muchos empleados públicos y
la gran mayoría de los jubilados
van quedando relegados al fondo de la ya ensanchada pirámide de ingresos. Este resultado,
claro está, amplifica y consolida la desigualdad social.(...)

Formalmente el agro ocupa a unos 400 mil trabajadores en todo el país,
pero se estima que -en el campo- hay un millón de empleados «en negro».
También
hay trabajo infantil y muchos trabajadores sin documentación.

En este marco, la única preocupación oficial parece ser acotar la puja distributiva para
evitar expectativas inflacionarias. Así,
el salario
queda subordinado a dos objetivos de superior jerarquía:

• la inflación (el objetivo del gobierno K)
  y
• el sostenimiento de las voluminosas ganancias
  (la preocupación empresaria).

Dos metas que, en el modelo vigente, están claramente asociadas.

El trabajo «en negro»  es un modo
encubierto
de proveer mano de obra barata
al pujante proceso de acumulación
en curso(...)".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 768 - 13/4/06
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

"El esquema regresivo de los salarios afecta más duramente a los trabajadores informales. Existe un terrible abismo entre el ingreso medio de los precarizados (391 pesos) y los formalizados (1072 pesos).
En el primer segmento
se ubica el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que no cubre
la canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia".

Claudio Katz (Rebelión) continúa:

"El empleo en negro no es una actividad marginal. Se encuentra ampliamente difundida en ramas de alta rentabilidad (como el agro y la construcción)
e incluye
al propio sector público, que mantiene a un 11,7% de sus empleados sin formalizar.

La preservación de esta dualización del mercado de trabajo es una tendencia del capitalismo contemporáneo que alienta el nuevo modelo, porque esta segmentación
disuade
el aumento de los salarios. La reactivación no ha reducido la gran polarización que se gestó durante la década pasada. Mientras que -en 1992- el ingreso de los precarizados rondaba el 72% de los formales, en la actualidad sólo cubre 37% de esa suma.

Los precarizados son las principales víctimas actuales de la pobreza. Este tormento se ha reducido estadísticamente como consecuencia de la reactivación. Ha decaído del 40,2% (2005) al 31%, pero sin llegar luego de cuatro años de alto crecimiento al 24 % que promedió en la década del 90.

La pobreza -que fue sinónimo de desempleo durante la depresión de 1998-2002- se ha convertido ahora en
un mal de los asalariados informales, que podría perdurar durante largo tiempo.

Esta gravitación obedece también a la magnitud del desempleo, que presiona a
trabajar
a cambio de ingresos de subsistencia. Los defensores del modelo afirman que
la desocupación bajó desde un pico de 17,8% (2003) al 10,4% actual. Pero considerando los planes, que disfrazan el paro, la reducción fue del 23 % al 12,8%. Estas caídas siguen el patrón habitual de las fases ascendentes del ciclo, aunque en la actualidad
se registra un nivel más elevado de la subocupación (11,9%).

Existe una evidente dificultad para perforar el núcleo duro del desempleo.
La baja inicial fue rápida porque se concretó absorbiendo la capacidad ociosa de la industria con poca inversión. Pero actualmente la elasticidad-producto (aumento de la ocupación por cada punto de crecimiento de la economía)
no reacciona tan favorablemente. La normalización capitalista impone aumentos de la productividad que conspiran contra la expansión del empleo.

Estas tendencias incrementan a su vez la tasa de explotación. De 14 millones de asalariados hay 5,3 millones sobreocupados,
que trabajan más de 45 horas semanales y triplican el número de los desempleados.
El grueso de los convenios colectivos firmados durante el año pasado convalida este padecimiento, ya que incluyen numerosas normas de flexibilización laboral.

El gobierno coquetea con la reversión de contra-reforma laboral de los 90 pero también limita esta iniciativa, porque sus socios de la UIA exigen polifuncionalidad, períodos de prueba, pasantías y subsistencia de la oprobiosa la ley de riesgos de trabajo.

En el caso extremo de la indumentaria la explotación alcanza ribetes de servidumbre. Se pagan centavos a
los trabajadores extranjeros para fabricar las prendas que se venden en los shoppings. Los burócratas sindicales miran para otro lado o avalan los atropellos con discursos de empleo a cualquier precio.

Estrujar a la fuerza de trabajo es una necesidad competitiva del capitalismo neo-desarrollista".

Fuente: www.rebelion.org
Economía
19-2-07

Tampoco los trabajadores registrados tienen salarios dignos.

Ismael Bermúdez (Clarín 20/2/07) divulga el Informe del Ministerio de Economía sobre el trabajo en blanco en
el segmento privado según el cual

"casi 3 millones de trabajadores -el 54%- ganaron menos de 1.200 pesos
en 2006.(...)

Los datos de Economía, obtenidos de las declaraciones de las empresas ante la Seguridad Social,
indican que dos sectores que están teniendo mucha actividad y rentabilidad,
tienen
la mayor proporción de trabajadores con sueldos más bajos.

Así el sector agropecuario no sólo tiene el sueldo promedio más bajo -963 pesos- sino que
8 de cada 10 trabajadores ganó menos de 1.200 pesos.

Le siguió la construcción, donde a pesar de las mejoras salariales, todavía el 66,9%
de los 368.000 trabajadores ganó menos de 1.200 pesos.

También el sector de comercio muestra un alto porcentaje de empleados -63,1%- con sueldos
inferiores a los 1.200 pesos. Y en la misma situación está el grueso de los empleados vinculados
a la enseñanza y salud privados".

 II.  ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

¿Seguridad para quiénes y qué significa
para
el país y su población?

"¡Récord de inversiones para la gran minería" titulan los medios de difusión masiva
pero
qué hay detrás de ese festejo de los de arriba.

"Los incentivos fiscales y legales a la minería
son notablemente generosos".

Julio Sevares (Clarín 13/2/07) aclara:

"La legislación actual, modificada en varios aspectos
a lo largo de los noventa, establece, por ejemplo,
que
el Estado tiene
-la obligación de otorgar los yacimientos a empresas privadas y
-la prohibición de explotar por sí mismo.

El Estado está autorizado a realizar investigación geológica y minera pero, como no puede explotar
por su cuenta,
debe transferir lo descubierto a las empresas privadas.(...)

La legislación establece numerosos incentivos fiscales y aduaneros (para la importación de bienes de capital),
con una estabilidad jurídica de 30 años, período en el cual no pueden ser reducidos.(...)

Las exportaciones de productos mineros están aumentando a buen ritmo,
pero esto influye necesariamente en el balance de divisas,
porque
las empresas pueden dejar en el exterior la totalidad de las divisas obtenidas por la exportación.
En este punto, son más beneficiadas que las petroleras, que pueden dejar afuera 'sólo' el 70%
del valor exportado.

Las ganancias que obtienen son de libre disponibilidad: pueden transferir al exterior capital y ganancias
en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias.
Las que
operan en el sur tienen una ventaja adicional: cobrar un reembolso por exportar en puertos patagónicos
del 7% al 12% hasta 2008.

Ése es el caso, por ejemplo, del yacimiento Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y plata de la provincia
de Santa Cruz, que por sus características tiene bajos costos de explotación y que recibe el reembolso
porque exporta desde los puertos sureños".

Lucas Chiappe (Ecoportal.net) aporta:

"El oro, la plata y todos los demás minerales que se esfuman por los mineraloductos de nuestro país,
son una de las mayores atracciones de la Argentina para los empresarios extranjeros.
Según el Diario La Nación,
«la inversión» (otra vez el verso de las «inversiones») en minería alcanzó el año pasado los 2500 millones de pesos, un 24% más que en 2004, y en 2006 se elevará un 340%, para llegar a los 11.000 millones en 2006.
Así, en los últimos dos años,
la cantidad de proyectos mineros aumentó de 50 a 200 (datos de la Secretaría de Minería).

Sin embargo, no todos los gobiernos provinciales muestran el mismo apoyo a la minería, dice el diario... y yo agrego: Sobre todo los que están cayendo en la cuenta que las supuestas «inversiones» nunca fueron tales para el país, menos para las provincias.

Ya que en la práctica estas poderosas corporaciones extranjeras terminan explotando los minerales a un costo bajísimo, están exentos de casi todos los impuestos, se llevan el total de los minerales dejando una mínimas regalías de 2 % a boca de mina, y nosotros
además
les reintegramos parte del dinero (4 %) si exportan «nuestra riqueza» (ahora de ellos), a través de puertos patagónicos. De paso es bueno recordar que, en la mayoría de los casos se llevan mucho más de lo que dicen... ya que «mezcladito» incluyen un montón de otros minerales rarísimos y muy cotizados en el Hemisferio Norte.

Aclaremos además que esos miles de millones que pregonan estar invirtiendo en el país, incluyen el valor de todas esas costosísimas maquinarias que son propiedad de las empresas y que se van a otra parte una vez que el yacimiento está agotado...

Claro que, como si esto fuera poco, la minería a cielo abierto y con utilización de cianuro u otras sustancias tóxicas,
invariablemente nos deja un desastre ambiental de proporciones dantescas, del que en el mejor de los casos, será nuevamente el Estado (o sea todos nosotros) quien deberá hacerse cargo y pagar la remediación (muchas veces inservible o insuficiente) para paliar semejante legado de contaminación y saqueo.

Aparentemente en Chubut y en la Nación algunos se están dando cuenta que los números no cierran, que nos están usando de profilácticos como le gusta metaforizar al Gobernador y que la gente no está dispuesta en esta provincia a comprar los espejitos de colores de la Meridian Gold canadiense o de la Pacific Rim Corporation «argentina» (?)...".

Fuente: www.rebelion.org
Ecología social 29/8/06

La Agencia La Vaca resume cómo la lucha en Chubut es de los autoconvocados sin apoyo gubernamental alguno, al contrario. Relata:

"La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra
seis vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión.
La agencia
de publicidad del kirchnerismo, Braga Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y el primo del cónsul argentino en Nueva York, Raúl Timerman son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado «a buscar el quiebre» entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que contaminaría con cianuro la región. Por primera vez, también, se pueden escuchar sus «propuestas» identificando sus voces".

En el desarrollo de "Quién es quién", la Agencia La Vaca relata en el subtítulo de

David vs. Goliat
"Por lo pronto, hasta Buenos Aires pudo llegar uno de los vecinos demandados: el abogado Gustavo Macayo.
En diálogo con lavaca, fue el encargado de sintetizar la situación:
-Creo que esto no va a prosperar, la minera se ha equivocado. Es más: se ha equivocado grueso,
porque nos ha permitido venir a Buenos Aires a difundir la situación. Están locos con lo que han hecho, o están desesperados.

-Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.
- No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta
de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente,
a los que
son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional.
Ellos hablan de 'mantenerlos informados' de los planes de la empresa,
lo cual deja ver que todo el mundo está sabiendo que la empresa va a seguir adelante con el proyecto.

-¿Cómo es que la minera pudo seguir en Esquel después de la consulta?

- A ellos la consulta se les escapó, no la pudieron parar.
Nosotros hicimos muchas acciones:un amparo que está con sentencia, acciones administrativas, judiciales y legales importantes, pero que no fueron suficientes.
Evidentemente estamos en una lucha muy desigual, frente a una empresa que maneja millones de dólares e influencias políticas en todos los niveles. Es una empresa que tiene mucha plata para aguantar los años
que sea de desgaste,
porque ellos tratan de desgastarnos a nosotros y nosotros tratamos de desgastarlos a ellos.
Pero nosotros
trabajamos a pulmón, sin recursos, como podríamos decir... trabajamos con una utopía que es ver si los podemos parar. Es un trabajo que no tiene ninguna financiación ni estructura y que es muy difícil, porque van surgiendo otros conflictos, como la empresa hidroeléctrica que se quiere hacer en Corcovado o el avance de otras empresas en la zona de la meseta.
Surgieron un montón de concesiones mineras y la lucha se va haciendo más compleja para que una sola comunidad pueda seguir resistiendo. Y ellos siguieron avanzando, por donde pudieron seguir, siguieron.

-¿Por ejemplo?
-Se extendieron en concesiones.
-¿En el mismo Esquel?

-En toda la provincia hay más de 200 concesiones. La gobernación las siguió dando. Es más: la provincia prohibió mediante una ley la minería a cielo abierto con cianuro y la dirección provincial de mina continuó dando concesiones. Nosotros paramos el proyecto en Esquel, pero tenemos otro que está detrás de Esquel, en otro sector de la cordillera, donde Meridian Gold hizo un intento de avanzar.
También tuvimos que salir a pararlo, lo desactivamos pero no hay ninguna seguridad de que no vayan a seguir. Esto es así, es muy complejo, muy largo y muy difícil.

-¿La Meridian Gold sigue teniendo abiertas sus oficinas?

-Ellos hoy operan con un perfil bajo. Tienen oficinas y personal, aunque se han vuelto invisibles, nadie los ve. No tienen discurso, ni vocero de prensa. A veces sacan un comunicado, pero no tienen un representante. Es que nadie quiere asumir ese papel ahora, porque la presión de los vecinos es muy fuerte.
-¿Será por eso que hicieron esta denuncia en Buenos Aires?
-Creo que ellos tratan de sacarnos a Esquel. Un poco porque acá la gente está menos enterada de lo que es
la minera y también porque seguramente apuestan a desgastarnos más trayéndonos a Buenos Aires.

Fuente: www.lavaca.org
15-2-07

La minería a cielo abierto consume diariamente millones de litros de agua buenísima pero escasa,
o sea, no sólo envenena a la población y los otros seres vivos sino que les quita agua.
Aún más, al pulverizar cerros, modifica la orografía e hidrografía con lo cual perjudicará al país entero.

Pero los de abajo componemos población sobrante en el mundo del sistema capitalista.
No les interesa nuestra enfermedad, nuestras angustias existenciales ni masacrarnos.
Lo de que los de arriba miran por nuestra seguridad
es un embaucamiento para mantenernos presos y creídos que estamos en libertad, peor aún,
nos matan de a poco o bruscamente por la plaga de inseguridades que nos fuerzan a vivir.

 III.  ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

¿Producción agraria para quiénes y por qué
identificarnos
con
los campesinos, los pueblos originarios y
los pequeños, medianos productores?

“Los campesinos somos productores de alimentos, no de energía”

Carolina Yacamán (Diagonal) entrevista a Paul Nicholson, miembro del sindicato agrario EHNE y dice:

"Paul Nicholson, miembro del sindicato agrario EHNE y coordinador en Europa de Vía Campesina,
ha sido imputado por un tribunal brasileño con una pena de 30 años de cárcel por participar,
junto con otras 36 personas, en una acción contra los monocultivos impulsados por multinacionales
que fuerzan
el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Porto Alegre, el 8 de marzo de 2006.

En la entrevista, Paul Nicholson hace un análisis sobre los efectos sociales y ambientales que están generando las actuales políticas agrarias de la Unión Europea en el mundo rural.

DIAGONAL: La multinacional Aracruz Celulosa ha iniciado un proceso judicial contra miembros de Vía Campesina y del movimiento de mujeres campesinas de Brasil. ¿Podrías contextualizar la condena?

PAUL NICHOLSON: El contexto es un 8 de marzo del 2006, en el Estado Brasileño de Río Grande do Sul
(Porto Alegre), durante una conferencia internacional organizada por la FAO sobre la reforma agraria.
En este contexto,
las mujeres de Vía Campesina deciden hacer una acción pública en contra de los ‘desiertos verdes’
(la deforestación de la selva por monocultivos de eucaliptos, pinos o acacias para producir pasta de papel).
La acción concreta de estas 2.000 mujeres fue invadir una finca de viveros de eucaliptos donde según la policía se destruyó un millón de plantas de eucaliptos y de pinos y el laboratorio de semillas transgénicas de la empresa.

¿Qué cargos os imputan por haber participado en esta acción?

El Gobierno de Río Grande do Sul ha encausado a 37 personas, 34 mujeres y dos hombres. Se nos acusa de banda armada, secuestro, uso de armas, lavado de dinero y espionaje industrial. En total se nos pide 2.000 años; entre ocho y 30 años a cada persona. Pero lo más preocupante son las mujeres: en Río Grande do Sul, están bajo una gran presión y el apoyo tiene que ir hacia ellas. D.: La plantación de grandes monocultivos va asociada al desplazamiento de comunidades locales en Brasil y en otros lugares...

Esto está ocurriendo en todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, se está dando con la palma de aceite. Se está dando también en la India, en Indonesia y en África. Las tierras más fértiles se están destinando para cultivos que no producen alimentos, principalmente para producir energía de origen vegetal o biodiesel.

Y no hay que olvidar que está ocurriendo en un contexto de aumento del hambre en el mundo.

La huella europea

El Comité sobre Agricultura y Desarrollo Rural de la UE ha aprobado un documento sobre biotecnología que prevé un incremento de los transgénicos para la década 2006- 2015. ¿Qué consecuencias tendrá en caso de aprobarse por el Parlamento europeo el próximo mes de marzo?

Este documento entra en esta misma lógica de los monocultivos. Es un fraude, pues está orientando
la producción hacia una agricultura no alimentaria, para la producción del biodiesel. Es una alternativa muy
a corto plazo y va a poner nuestra agricultura en jaque.

Este documento es un engaño por varias razones:

La primera, las fábricas para la producción de energía derivada de origen vegetal se están construyendo cerca de los puertos
y no de las zonas de producción agrícola, porque desde el principio
se entiende que esta producción se basa en la exportación.

El segundo problema es que estas políticas de apoyo a los cultivos productores de energía de origen vegetal son dependientes de las ayudas,
lo que crea una mayor dependencia del modelo industrial por
parte de la agricultura.

Los impactos sociales más inmediatos son la fragilización de las economías locales y la soberanía alimentaria local y nacional. Los costes ambientales son altos porque este modelo viene acompañado del uso intensivo de
la tierra y de los agrotóxicos.

Creemos que este documento y la política agraria europea son absurdos. Si el modelo capitalista está
ante una crisis energética no lo puede solucionar con este tipo de propuestas, pues ante todo los campesinos somos productores de alimentos y no productores de energía.

¿Se están viendo afectados los mercados alimentarios por esta nueva tendencia de
producción agrícola no alimentaria?

En efecto. En México, por ejemplo, el maíz ha subido un 40% en las tortillas, y eso está afectando directamente a la capacidad de consumo de los ciudadanos mexicanos.

La causa de esta subida de precio en el maíz es que los EE.UU. están utilizando gran parte de su maíz para
la producción del biodiesel, y no para el consumo humano. El mayor impacto está en que la tierra va a perder
su uso social y pasará a tener un uso más mercantil, ya sea para la producción de pasta de papel o de biodiesel.

¿Crees que las actuales políticas agrícolas de la UE son contrarias a la soberanía alimentaria?

La UE prioriza la importación de materia prima alimentaria barata para después trasformarla aquí y volver a exportarlo a todo el mundo. Tanto en piensos animales que usan la soja y el maíz, como los aceites.
Prioriza la agroexportación frente a la soberanía alimentaria.

Nosotros defendemos el marco de soberanía alimentaria, el derecho de que países o regiones puedan desarrollar políticas agrarias que vayan orientadas a suplir las necesidades sociales, con una agricultura propia.

¿Nos encontramos ante una crisis rural generalizada?

Sí, en todo el mundo, pero esto también incluye la Unión Europea. Cada minuto que pasa, se cierra una explotación familiar; ése es el sacrificio que hace Europa. Ha decidido apostar por la agricultura industrial en manos de las multinacionales. Su prioridad es conquistar los mercados industriales y de servicios internacionales y, hoy en día, parece que quiere liberalizar los mercados agrarios y alimentarios. Es una postura cínica porque la UE es el mayor culpable junto con Estados Unidos de la crisis rural en todo el mundo.

Biocombustibles

El Convenio sobre el Cambio Climático aprobó en 2003 el uso de los árboles de ingeniería genética como sumideros de carbono y como materia prima para biocombustible, en sustitución del combustible fósil que emite CO2. Desde entonces, el Movimiento Mundial por la Defensa de los Bosques Tropicales, fundado en 1986 ante el Plan de Acción Forestal Tropical de la FAO y el Banco Mundial, emprendió una gran campaña para denunciar
los impactos de los monocultivos a gran escala en los países del sur (wrm.org.uy)".

Fuente: www.rebelion.org
Ecología social
19-2-07

"600 delegados/as, provenientes de los cinco continentes y representantes de los sectores
de la sociedad interesados por las cuestiones agrícolas y alimentarias concurrirán al Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria «Nyéléni 2007», que se desarrollará en la aldea de Sélingué, Malí,
del 23 al 27 de febrero de 2007.

El día anterior, las mujeres participantes efectuarán un evento propio para debatir
sobre el desarrollo de los conocimientos en la producción alimenticia
-especialmente en agricultura y semillas- y la interrelación entre >
los derechos de las mujeres y la soberanía alimentaria.
Habrá también,
demostraciones prácticas e intercambios de conocimientos".

Irene León (Alai-amlatina), en "La soberanía alimentaria: una ética de vida"
prosigue:

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a
-definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, 
-proteger y regular su producción y el comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, 
-decidir en qué medida quieren ser autónomos y 
-limitar el dumping de productos en sus mercados.

Explica:

"Este concepto de la soberanía alimentaria, acuñado por la Vía Campesina, se plantea no sólo como
una alternativa para los graves problemas que afectan a la alimentación mundial y a la agricultura,
sino como
una propuesta de futuro que se sustenta en principios de humanidad, tales como los de autonomía y autodeterminación de los pueblos.

Según la dirigenta campesina chilena, Francisca Rodríguez, se trata más bien de un principio, de una ética de vida, de una manera de ver el mundo y construirlo sobre bases de justicia e igualdad.

 Para las mujeres campesinas este concepto es consubstancial a su propia existencia y definición social,
pues su universo
ha sido históricamente construido, en gran parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria.

Su reto actual, en palabras de Lidia Senra, Secretaria General del Sindicato Labrego Galego, (en la II Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina, 2006) es hacer que
al construir esta propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva visión del mundo incluya
a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción de ser campesinas en pie de igualdad.

No obstante, la ideología patriarcal es columna vertebral de las tendencias capitalistas
que apuntan a la premisa de que hay que producir más, lo que equivale a depredar más, y desarrollar tecnologías, como las resultantes de
la biogenética, para maximizar la rentabilidad.

Las lógicas que subyacen en esta visión de la producción para el comercio y la exportación,
son diametralmente
opuestas a aquéllas que nutren las propuestas y prácticas de autosustento,
desarrolladas a través de los tiempos por las mujeres;
son también
la antítesis del concepto de soberanía alimentaria, pues cuando el mercado decide sobre las políticas agrícolas y las prácticas alimentarias que resultan de ellas,
los pueblos apenas tienen el papel de consumidores y, en casos, de empleados, no de tomadores de decisiones.
 

Desde hace decenios, las organizaciones campesinas y ecologistas han sustentado y comprobado
que la actual producción de alimentos es más que suficiente para alimentar a todas y todos. Han insistido en que lo que hay que cambiar son los patrones de producción y consumo de los países ricos y establecer una distribución igualitaria de los bienes alimenticios, y aún más, han insistido en la ligazón entre buena alimentación y salud.
Sin embargo,
ciertas políticas internacionales -basadas en las consecuencias y no en las causas- continúan enfocando problemas y soluciones aisladas, mismo si los costos y esfuerzos para encaminarlos se multiplicaran.

Optar por la soberanía alimentaria implica, entonces, un giro radical de las políticas productivistas mercantiles actuales, bajo cuyo dominio la crisis alimentaria y el hambre no cesan de aumentar.
Pues, en la realidad,
es en la pequeña agricultura -área donde se ubican principalmente las prácticas productivas de las mujeres-, que no sólo se registran los resultados más concluyentes, sino que se generan modos de vida congruentes con la sostenibilidad y la redistribución.

Según Peter Rosset:

"En cada país -donde los datos estén disponibles- se puede comprobar que las pequeñas fincas son, en cualquier parte, de 200 a 1.000 por ciento más productivas por unidad de área".

Pero, justamente la pequeña producción es la más amenazada por las políticas liberalizadoras de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues además del dumping y la competencia desigual entre ésta y
el agronegocio,
sus preceptos radican en una visión contraria a la sostenibilidad alimentaria: el monocultivo intensivo y
la comercialización regida por las reglas del comercio internacional,
área enteramente controlada por el mercado.

Precisamente por eso, la Vía Campesina brega porque la agricultura se mantenga al margen de la OMC,
pues el desarrollo de ésta bajo principios previsibles implica no sólo el registro de las cantidades de los productos exportables y de su libre flujo,
sino el florecimiento de un modo de vida acorde con el respeto del medio ambiente y la generación de culturas, como también de éticas acordes con el mantenimiento
y la renovación de valores humanos fundados en la justicia social y de género.

Si las personas del campo se beneficiaran de condiciones que les permitan concentrar su energía en
el trabajo agrícola,
podrían asumir fácilmente la soberanía alimentaria para las futuras generaciones. Un ejemplo de ello es el caso de África Subsahariana, una de las regiones más afectadas por el hambre y la desnutrición en el mundo,
donde, paradójicamente, los recursos naturales disponibles son ampliamente subutilizados, ya que el continente sólo produce el 0.8% de lo que podría retirar de su potencial agrícola, afirma Devlin Kuyek.

Gestoras de soberanía alimentaria y de su propia autonomía

El reto emprendido por la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, es de gran envergadura, pues
la formulación de una perspectiva de género para la soberanía alimentaria está ineludiblemente
asociada a
la vindicación de una de las áreas de producción y conocimientos más devaluadas socialmente, e incluso asociada al confinamiento de las mujeres: la producción de alimentos.
Para cuyo desarrollo han sido, contradictoriamente, necesarios siglos de investigación, creación, y producción de conocimientos que ellas han desarrollado.

La división patriarcal del trabajo ha rescindido el valor de
estas creaciones y más aún ha hecho de ellas un terreno de exclusión,
de allí que -para las mujeres- el reivindicarla implica una amplia agenda de reparaciones que aluden directamente a
la transformación de las relaciones de desigualdad entre
los géneros en todas las esferas.
Así, sus demandas no se restringen a las dinámicas productivas sino que
abarcan el conjunto de relaciones sociales inherentes, precisamente, a la soberanía, la autodeterminación
y la justicia de género.

 Para alimentar a la humanidad, las mujeres han desarrollado
complejos mecanismos de producción, procesamiento, distribución,
pero
además han enfrentado las relaciones desiguales que resultan del trabajo doméstico impago, que prodiga gratuitamente cuidados, resultantes de conocimientos multidisciplinarios que, aún en condiciones de extrema pobreza, generan calidad de vida y permiten el funcionamiento societal.

Adicionalmente, las asalariadas invierten prioritariamente sus ingresos en este ámbito, mientras las otras,
desde lo informal,
redoblan el ingenio para, a través de pequeñas iniciativas vinculadas principalmente a la agricultura,
la producción y venta de alimentos o la artesanía,
obtener recursos económicos, por lo general invertidos en el bienestar familiar. No obstante, hasta el trabajo informal de las mujeres corre peligro de desaparecer ante la imposición de los capitales transnacionales.

Por eso, la agenda reivindicativa de las mujeres de la Vía Campesina asocia inextricablemente
la justicia de género
con el desarrollo de la propuesta de la soberanía alimentaria,
no sólo en consideración del importante papel que ellas juegan en la materia,
sino porque ellas la conciben como una ética para el desarrollo humano
y no como un simple vehículo para la alimentación.

Al colocar en el centro de sus reivindicaciones el derecho humano a la alimentación,
las campesinas
abogan por la reorientación de las políticas alimentarias en función de los intereses de los pueblos,
lo que apela a la refundación de valores colectivos y la revalorización de cosmovisiones integrales.

Para encaminar este propósito, ellas enfatizan la reivindicación de la igualdad de género
en el conjunto del planeamiento y toma de decisiones relacionadas con el agro y la alimentación,
lo que incluye su participación en los diseños estratégicos
para la preservación de las semillas y otros conocimientos.

La valoración de los conocimientos de las mujeres en la agricultura, la alimentación y la gestión de la vida, implica

la transformación de los estereotipos generados por el capitalismo y el patriarcado, para que ellas puedan, al fin,
alcanzar su calidad de sujetos, su ciudadanía a parte entera y continuar ampliando y aplicando
sus conocimientos. Para lograrlo, como señala el manifiesto sobre soberanía alimentaria de la Marcha Mundial de las Mujeres (Soberanía alimentaria: tierra, semillas y alimento, 2006),
el camino es reconocer que
la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es
una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y
de la organización de la sociedad.

Así, si la soberanía alimentaria es una propuesta para la humanidad, ésta no puede prescindir de las mujeres como sujetos sociales integrales, máxime si lo que está en cuestión es la gestión universal de sus creaciones".

Fuente: www.rebelion.org
Ecología social
21-2-07

3. El capitalismo desertiza en todos los sentidos del verbo con su agricultura sin agricultores y dedida
las tierras a combustibles en vez de alimentos hambreando pero, además, mata y enferma de otros modos.

"Nicaragua: Descubren arroz transgénico, prohibido para consumo humano, en muestras comercializables.
El producto nocivo pertenece a la empresa Bayer".

radiomundoreal.fm informa:

"La Alianza de Protección a la Biodiversidad de Nicaragua alerta que una importante proporción del arroz
que se vende
en el país está contaminada con la variedad transgénica LL601, prohibida para el consumo humano.

La Alianza está conformada por organizaciones no gubernamentales (ONG) que promueven
el desarrollo humano y sostenible en el país, entre las que se destaca el Centro Humboldt.

El grupo de defensa a la biodiversidad encargó un estudio al laboratorio estadounidense Genetic Id,
que constató que el 75 por ciento de las muestras de arroz recolectadas en Nicaragua y
analizadas está contaminado con el arroz LL601.

Ese arroz transgénico, resistente al herbicida glufosinato, es producido por la empresa alemana Bayer.

La Alianza de Protección a la Biodiversidad empezó en septiembre de 2006 un proceso de monitoreo,
que consistió en juntar 20 muestras de arroz que se comercializan en los supermercados de Nicaragua y enviarlas a Genetic Id para que fueran analizadas.

Las muestras contaminadas son de arroz producido en Nicaragua, pero también de arroz importado desde Guatemala y principalmente Estados Unidos.

Esto llevó a que la Alianza de Protección a la Biodiversidad alertara que Nicaragua
está importando ilegalmente el arroz LL601, y desde el gobierno se aduce que en la frontera
se toman todos los controles para evitar que eso ocurra.

La organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional advirtió en agosto de 2006 que
la comercialización del arroz LL601 no estaba permitida en ningún país del mundo y
que esa variedad transgénica no había superado las pruebas de seguridad de
protección de la salud humana y el medio ambiente.

La Alianza de Protección a la Biodiversidad emitió el 14 de febrero un comunicado en
el que reclama al estado nicaraguense que fortalezca el mecanismo de control y
monitoreo implementado con las empresas importadoras de arroz,
y especialmente con las empresas de Estados Unidos.

Pide además que se evidencien los procesos ilegales de introducción de
organismos genéticamente modificados por parte de empresas internacionales y
que se de a la sociedad civil los insumos necesarios para que pueda defender sus derechos y participar activamente en los espacios de decisión".

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional
21-2-07