PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

La «territorialidad de dominación» arrasa con la historia mundial del trabajo, de la producción y de la economía. Ya que "todos los grupos humanos transformaron su entorno para satisfacer sus necesidades y demandas. Pero en las sociedades modernas, y entre las mismas, se han construido juegos de poder, donde no todos los individuos cuentan con el mismo peso de decisión para imponer las normas sobre de qué manera y con qué objetivos se realizarán estas transformaciones". Como el capitalismo se basa no sólo en la expoliación a los trabajadores sino también en la profundización de la desigualdad social e internacional, en su actual etapa representa los intereses lucrativos de oligopolios globalizados y éstos acumulan riquezas y poder dando preeminencia a los súper negocios suyos (y de sus socios menores, los poderes locales) sobre la vida de las poblaciones. Ejemplifiquemos con la mega minería a cielo abierto que envenena el agua, la usa en enormes volúmenes que priva a las poblaciones de esas zonas semiáridas y arruina el sistema glaciar-periglaciar.

En el año 2004 Walter Pengue* en "La transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina" nos aclara cómo el capitalismo avanza en la «territorialidad de dominación» mediante:

◊Etnocidios y desaparición forzada de campesinos, comunidades rurales

Los impactos de las actividades humanas, sobre los sistemas ambientales dependen en la mayoría de los casos, de su intensidad, extensión, duración y por cierto, de las tecnologías empleadas. Todos los grupos humanos transforman su entorno para satisfacer sus necesidades y demandas, pero en las sociedades modernas, y entre las mismas, se han construido juegos de poder, donde no todos los individuos cuentan con el mismo peso de decisión para imponer las normas sobre de que manera y con que objetivos se realizarán estas transformaciones. De todas las actividades humanas, la agropecuaria es la que se aplica a una mayor superficie, lo que nos involucra en un conflicto creciente entre las actividades y básicamente las formas de “hacer agricultura”, la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad y la sustentabilidad del ambiente natural. Sin embargo, no todas las formas de agricultura, transforman el ambiente de manera similar. 

• La historia de América Latina, muestra un continente autosuficiente en alimentos y recursos naturales, desde que el hombre se hace sedentario y se dedica a la agricultura. La riqueza florística dio lugar a un proceso de domesticación y al desarrollo de sistemas agroecológicos altamente diversificados y aún mucho más complejos que los eurasiáticos. Durante varios miles de años, se asentaron en el subcontinente, culturas cuyos profundos conocimientos sobre las formas más apropiadas y combinadas de producción: Maíz, poroto y calabazas en Mesoamérica, tubérculos, raíces y maíz en Los Andes, camote y yuca en las caribeñas les permitieron el uso sostenible de los recursos y marcaron un camino, que posteriormente fuimos perdiendo, de la mano de la “colonización”, la “modernización” y la “globalización”, sistemas que sirvieron básicamente para acelerar la extracción irracional y minera de los ricos recursos, con que aún hoy en día, Sud América cuenta. 
   
• Los recursos naturales y humanos que América Latina posee podrían sustentar su desarrollo endógeno de largo plazo. Con sólo el 8 % de la población mundial la región posee el 23 % de sus tierras cultivables, otro tanto aún es selva tropical (cuenta con el 46 % de las selvas tropicales del mundo), 13 % de tierras para pasturas y el 31 % del agua de superficie disponible. Asimismo, disponemos de ricas reservas de fuentes renovables y no renovables de energía (3 % combustibles fósiles y 19,5 % de producción hidroeléctrica). América Latina es la región que concentra la más rica de las biodiversidades del planeta. De los doce países poseedores de la mayor megabiodiversidad en el mundo, cinco se encuentran en Meso y Sud América: Méjico, Colombia, Ecuador, Perú y el Brasil. Sin embargo, estas riquezas y básicamente la forma en que podrían ser aprovechadas para y por los propios sudamericanos hasta ahora no se han plasmado en una mejora sustancial de la calidad de vida y del ambiente donde cada uno de ellos viven, sino que los modelos de desarrollo, claramente no han incluido a la mayoría de la población. 

Nos hemos focalizado en un modelo defectuoso que más que incluir, excluye a nuestras clases más empobrecidas, especialmente durante los últimos treinta años. Es dable comprender que los orígenes de la penuria y la miseria en América Latina son variados y complejos pero puede destacarse que una larga tradición de gobiernos autoritarios, totalmente insensibles a los cambios y necesidades sociales, decisiones de política económica definitivamente equivocadas que se apoyaban en la creencia del crecimiento indefinido, una importante transferencia SurNorte de capital, recursos humanos y naturales, una diferenciación en el trato de las economías ricas para con Sud América y la creciente deuda externa de la Región que se impulsó desde los países superdesarrollados y sus organismos multilaterales de crédito desde la década de los setenta para fortalecer los regímenes dictatoriales primero, no han facilitado las cosas a los países sudamericanos. La llegada en los años ochenta de los gobiernos democráticos, trajo de alguna forma una nueva discusión en lo formal, pero a muestra de los resultados, las desigualdades siguen creciendo, favorecidas e incrementadas posteriormente por políticas neoliberales, fuertemente facilitadas en casi todos los países de América Latina durante los noventa que liberalizaron el paso hacia un modelo social excluyente y abrió el camino aún más amplio para la expoliación de los recursos naturales con el propósito de afrontar las crecientes demandas de su deuda externa.

Durante todo este período el sector agrícola, uno de los de mayor potencialidad de la Región, comenzó a cambiar virtualmente el foco de su demanda, para pasar a responder fuertemente a los incentivos hacia una concentración en la producción agroexportadora, intensiva en el uso de los insumos de la Revolución Verde, en detrimento de la producción local diversa y autosuficiente, en la cuál el sector campesino y los pequeños y medianos agricultores tuvieron un marcado éxito durante siglos. La cultura tradicional campesina demostró ser altamente sustentable dentro de sus propios contextos históricos y ecológicos. Muchas veces utilizó, sofisticadas técnicas de administración y gestión de los recursos naturales, adaptadas a las múltiples condiciones locales, permitiendo satisfacer las necesidades vitales de la población durante siglos, incluso en condiciones ambientales adversas.

Estas prácticas agrícolas implicaron el uso de una cierta tecnología de procesos, una organización social, espacial y cultural y un conocimiento preciso de los recursos, patrones de consumo y trabajo ajustados a las condiciones de cada medio. Así estos sistemas múltiples, son los que alimentaban a millones de americanos hace quinientos años cuando se cruzaron nuestras culturas y que hoy día relegados ya en muchos casos a las peores tierras disponibles, utilizando el 10 % de esa tierra cultivable, con serias limitaciones físico-químicas contribuye con el 40 % de la producción agropecuaria de la región, demostrando según datos de organismos internacionales y científicos ser superiores en ciertos casos a los de la agroganadería de mayores insumos". 

◊Expansión del sistema global de agronegocios

"En Centro y Sudamérica, los campesinos conforman hasta el 80 % de los productores rurales, producen el 51 % de la cosecha de grano más importante de la región, el maíz y por lo menos en siete países (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Paraguay) son los principales responsables por la seguridad alimentaria de los mismos. Sin embargo, estos programas exitosos desde el punto de vista socio ambiental, no han sido apoyados ni incentivados oficialmente por los sucesivos gobiernos de turno en los países sudamericano. Tampoco los agricultores de bajos ingresos, no sindicalizados u organizados fuertemente, cuentan con influencia en las decisiones sobre las políticas de investigación científico tecnológica, las que no responden cabalmente – por lo menos en la mayoría de los casos a las verdaderas necesidades específicas de sus respectivas regiones. 

Es así que muchos de estos procesos, especialmente aquéllos que nuestra rica Región ha debido enfrentar desde el arribo de la “Revolución Verde”, respondieron a un esquema de políticas de “desarrollo”, no decididas en los planos nacionales sino que reflejaron los intereses y juegos geopolíticos decididos por los gobiernos de las economías más desarrolladas, en nuestro caso, especialmente el de los EE.UU. y sus grandes corporaciones que consideraron a América Latina su patio trasero.

Los organismos de difusión científico tecnológico internacionales facilitaron la expansión de un “único modelo de producción agropecuario”, apoyado exclusivamente en la concentración por el desarrollo de pocos cultivos de altos rendimientos – o mejor dicho de alta respuesta a los agroquímicos–homogéneos genéticamente, hacia los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria en cada uno de nuestros países.

Un modelo de expansión monoproductivo, pensado para resolver de manera muy simplista, y que por cierto, no pudo enfrentar los complejos problemas que los países subdesarrollados. Desde la llegada de la Revolución Verde, los grados de intervención y conflicto con la naturaleza no tienen precedentes. El concepto de obtener lo más posible, el incremento de la productividad y la homogeneización y concentración la producción en cada vez menos productos fueron las pautas culturales que apuntaron exclusivamente a una lógica económica llevada al paroxismo.

La aceleración de los procesos económicos, el aumento del consumo de productos alimenticios – muchos de ellos suntuarios – y por otro lado la disminución de los costos de producción y de los alimentos para los ciudadanos de las economías más ricas, que por otro lado, facilitaron la sobreexplotación de los sistemas naturales de América Latina, la subvaluación internacional de los productos y materias primas que la región generaba y en muchos de sus países, la destrucción sistemática de sus fecundos, variados y estables sistemas de producción local y regional. Asimismo, para garantizar su autoabastecimiento, asegurar su estrategia geopolítica de poder y luego competir con aquellas nacionales que naturalmente podrían producir a más bajos costos, Europa y los Estados Unidos subvencionaron fuertemente sus agriculturas, prestando muy poca atención a los métodos intensivos y el elevado consumo de insumos externos que las mismas aplicaron.

De varias maneras, un importante porcentaje de estos subsidios se transfirieron a su vez a las grandes corporaciones internacionales de agroquímicos y semillas, principales promotoras de la Revolución Verde. Estas grandes empresas, que operan tanto en las naciones desarrolladas como en desarrollo, han logrado enquistarse en los sistemas nacionales de decisión, siendo participes importantes de parte de las decisiones sobre qué formas de agricultura deben funcionar en el mundo. Mientras en la economía rica, fomentan los subsidios a las agriculturas cada día más contaminantes, en el sur, propenden a sistemas monoproductivos y literalmente el avance sobre la rica frontera agropecuaria, utilizando un subsidio relevante y totalmente devaluado: el ambiente y su fecundo potencial". 

◊Revolución Verde

"Posiblemente la Humanidad esté discurriendo por un nuevo andarivel productivo, elevadamente ineficiente en términos ecológicos y sociales.  Sólo es productivo en la economía impuesta por el capitalismo global, que fuerza a grandes regiones del mundo a una búsqueda irrestricta de grandes extensiones transformadas, para la producción de materias primas vegetales monodiversas que alimenten a los animales de los países más desarrollados en un engranaje totalmente afiatado que nos arrastra a la irracionalidad productiva y a una irrestricta búsqueda de proteínas cada vez más baratas. Quizás, una batalla que pierden nuestras economías más pauperizadas, es la Batalla por la Proteína de mayor calidad, por la proteína animal, a la que en otras épocas, accedían de manera rica y diversa. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las catástrofes ecológicas provocadas por inadecuados procesos agrícolas y de sus industrias subsidiarias como las de pesticidas, no dejan de manifestarse y exigen acciones inmediatas. Los desastres socioambientales, que quizás anteriormente se registraban más asiduamente en los viejos países industriales, se han desplazado hoy en día a todos los continentes, y la aparición de riesgos ecológicos relacionados con los desplazamientos y asentamientos de las empresas occidentales a las naciones subdesarrolladas, son el motor común que coloca ahora el riesgo alto, en tales economías. 

La Revolución Verde

• Se encuentra asociada de hecho a estos desastres ecológicos que involucraron desde su expansión un importante efecto de pérdida de la biodiversidad, derivado de la concentración en muy pocos cultivos, la mayoría para atender la exportación a mercados específicos en detrimento de la producción local y ampliada y a las formas diferentes por ende, en el uso de la tierra. También la tecnología, en paquetes insumo intensivos (fuerte capitalización, incremento en el consumo de insumos energéticos, labranzas, plaguicidas, semillas híbridas de genética estrecha) puede ser un importante vehículo de agresión.
   
• Se expandió sobre toda nuestra región casi sin excepciones, desde el sur del Río Bravo hasta Las Pampas acumulamos impactos que pasan por la imposición de sistemas más agresivos en el uso de la tierra e intensivos en la aplicación de tecnologías que han ejercido importantes impactos, generalmente negativos, sobre el hábitat, el paisaje y afectado la soberanía y seguridad alimentaria junto a las vidas de millones de personas de toda América del Sur. Existe una relación concreta, incontrastable entre el riesgo de extinción de especies de la fauna silvestre y la agricultura. Además de avanzar hacia una deforestación y degradación de la biodiversidad en general, es factible comprobar un peligroso proceso de defaunación. Existe un notable impacto negativo sobre la vida natural en aquellos países que desarrollaron un perfil agrícola más intensivo, perfil que, están siguiendo básicamente muchos de los países de la región, especialmente aquellos con superficies agrícolas más extensas. 
   
• Es, en resumen, la primera experiencia de imposición tecnológica estricta en toda la Región Sudamericana y en muchas otras de toda el orbe.
   
• Generó importantes consecuencias ambientales y sociales, y si bien logró incrementar en parte los rendimientos unitarios de ciertos cultivos específicos, no solucionó los graves problemas de producción y acceso a los alimentos de las propias poblaciones donde se instaló el modelo. Las principales consecuencias ecológicas de la misma pasaron por la intensa contaminación por agroquímicos, degradación química, biológica y física de los suelos, salinización, pérdidas de estructura, aumento de los niveles de erosión hídrica y eólica, extracción de nutrientes sin reposición ni descanso natural, contaminación del agua dulce, de recursos fluviales y marítimos, pérdida de la diversidad genética y uniformización, del conocimiento autóctono y autónomo, fuerte incremento de la contaminación con fertilizantes, eutroficación del espacio natural, destrucción del paisaje y pérdidas de conectividad, introgresión de especies vegetales y animales con fuerte imposición energética, pérdidas de la biodiversidad, disfuncionalidades fisiológicas y enfermedades en seres humanos, dependencia externa. Todas consecuencias comprobables empírica y científicamente a lo largo y ancho de América Latina. En la década de los noventa, el Subcontinente enfrenta nuevamente un intenso proceso de imposición tecnológica, que podría incrementar aún más y que se encuentra inmersa en la misma lógica productivista creciente en el mundo desde los albores de los años sesenta".

◊Revolución Transgénica

"La Nueva Biorrevolución, la Revolución Transgénica, no está exenta del mismo esquema de pensamiento de esa época, pero cuenta con una lógica propia, donde la expansión y dominación total de las áreas más ricas para la producción de materias primas vegetales y animales, la concentración del negocio y el alcance a toda la cadena agroindustrial, se presentan como una amenaza, más que beneficio, no sólo para los agricultores y campesinos de todo el mundo, sino para los propios consumidores que pierden cada vez más rápidamente su decisión hacia qué alimentos desean y sus formas de consumirlos. El hecho de la aparición de nuevas tecnologías y su aceptación y adaptación por las economías locales no significa ni garantiza que el país que las adopte acceda a una nueva fase de crecimiento económico y desarrollo social que asegure una distribución equitativa de los beneficios obtenidos sobre toda la sociedad. 

Son justamente las sociedades quienes debieran discutir en una forma amplia y abierta, quienes debieran discutir los beneficios o los potenciales riesgos a los que pudieran verse sometidas, cuando tecnologías tan poderosamente transformadoras pretenden diseminarse en su ambiente y territorio. Tales tecnologías se sustentan en sólidos y costosos programas de investigación y desarrollo que en el caso de esta Nueva Revolución Verde, son llevados adelante por compañías internacionales de los países industrializados y que pretenden por cierto, un fuerte – sino total – control y protección de sus productos, mediante fuertes regulaciones internacionales y nacionales, e incluso restricciones biológicas importantes de accesibilidad y dominio, que representarían un incremento importante de los pagos que toda la Región debería solventar por el pago de patentes y regalías. En muchos casos, como sucediera con los desarrollos y capacitaciones de la Revolución Verde, son varios los centros de investigación y desarrollo que junto con técnicos específicamente formados en las universidades públicas e institutos y consejos nacionales de promoción tecnológica de los países latinoamericanos los que están abocados a la tarea de propender a desarrollos biotecnológicos, pero muy lejos aún, de colocar con éxito algún producto comercial y más cercanos a ser cooptados sus desarrollos por las corporaciones, con la consiguiente transferencia de beneficios nuevamente del sector público al sector privado. 

La Revolución Biotecnológica, del tipo y forma que la Región enfrenta responde entonces a un proceso de dominio, desarrollado en muchos casos, por las mismas corporaciones agroquímicas y de semillas del modelo anterior, que en un “lavado de cara”, pretenden posicionarse con mayor potencialidad hoy en día, y aprovechar los beneficios derivados de la rica explotación agropecuaria sudamericana. El modelo no se circunscribe al dominio de los insumos y de la base productiva más importante, la semilla, sino que se prolonga, ahora más intensamente a la cadena de comercialización, la cadena de valor, la agroindustria, el producto final y hasta las formas finales del consumo. La clave para asegurar el manejo absoluto y el dominio y apropiación de los beneficios de la Ingeniería Genética – que aquí diferenciaré de la Biotecnología, por ser ésta una tecnología más amplia, que en algunas circunstancias puede facilitar procesos socialmente apropiables que beneficien a la comunidad, como el cultivo de tejidos vegetales, de anteras y demás – que implica una fuerte transferencia de genes entre especies no emparentadas, es que la mayoría de las técnicas, insumos y procesos utilizados son patentadas. Por ese motivo, es que inmediatamente a la par que se van produciendo los nuevos desarrollos de la Ingeniería Genética (ya les siguen la Genómica y la Proteómica), se diseño un riguroso proceso de regulaciones, básicamente orientado por los intereses comerciales de las grandes corporaciones tanto en la escala internacional como global, favorecido por las exigencias impuestas además por los acuerdos emergentes en la OMC, el NAFTA o el discutible futuro ALCA, que en este tema, sólo demuestran el interés real por lograr convenios que garanticen el reembolso por pagos de royalties y licencias por las nuevas semillas transgénicas. 

Tecnología, Marco Regulatorio, Patentes y Comercio fueron las claves para intentar expandir los productos de la Ingeniería Genética en algunos de nuestros países, con éxito variado. Pero un marco regulatorio por sí sólo no asegura un régimen de control efectivo ni puede representar los complejos y diversos intereses de las sociedades involucradas. De los países sudamericanos, Argentina es el que ha permitido una difusión comercial extensiva de cultivos transgénicos y fue el que avanzó más rápido en la coordinación y afianzamiento de un organismo que brindara los instrumentos y “asesoramiento” sobre las diversas actividades relacionadas con la promoción de la Ingeniería Genética: la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA. Sus objetivos explícitos como estructura de supervisión de Organismos Genéticamente Vegetales en el país respondieron a la “minimización” de los potenciales riesgos para la salud humana, el ambiente y la producción agropecuaria, “favorecer” el desarrollo tecnológico, ocuparse de la seguridad y por la calidad de los nuevos productos, informar a la opinión pública y realizar el seguimiento de los mercados internacionales.

En mayor o menor grado, organismos del mismo tenor se pueden encontrar en Ecuador (Comisión Nacional de Bioseguridad), Méjico (CIBIOGEM), Brasil (CTNBio), Uruguay (CERV), Chile (CALT), Bolivia (Comisión de Bioseguridad) o Colombia (CTN). La mayoría de ellos, se han involucrado más quizás con las cuestiones de promoción de las nuevas tecnologías que por su regulación, estando sumamente relegados los intereses por realizar estudios de impacto socio ambiental integrados (siguiente Cuadro). En ningún caso, existen instancias de discusión donde se incluyan con verdadera amplitud la participación social ni tampoco las decisiones de estos organismos son sometidas al análisis de investigadores independientes o no comprometidos directamente con los intereses en pugna. 

Fuertemente imbuidos por favorecer el “desarrollo tecnológico” estos organismos concentran en su estructura a investigadores de los centros de investigación biotecnológica, a representantes de la industria y demás actores relacionados del Estado y Cámaras, pero se hallan muy escasamente representados o con muy pobre participación real, los diferentes representantes de ONGs, o Secretarías importantes como las de Ambiente o del Consumidor. En realidad, la existencia de estos Comités de Asesoramiento en la evaluación del riesgo de materiales OGM es técnicamente simbólica, estando su actuación tendiente a responder a las formalidades legales y actuar como "garantía” de respuesta ante posibles demandas ciudadanas. Es más, respecto de estas últimas y su participación, estos organismos cuentan en general con un módulo, referido a la percepción pública, en el cuál se asume que la misión es explicar “las bases científicas de estos procesos”, asumiendo que es una tecnología necesaria para el desarrollo, pero sin brindar ningún espacio a la participación social. 

Sí es muy intensa la participación de representantes de las Secretarías de Agricultura en cada uno de los países o de organismos relacionados directamente con el rubro semillas, su certificación y promoción (los INASE, SENASA, CNS, SNICS, PNS o nombres o siglas similares). Básicamente su función inicial fue dar cabida en el marco de la UPOV, a los ajustes nacionales necesarios para expandir el negocio de las semillas comerciales, pago de patentes y royalties para lo cual crearon sus propios organismos como ARPOV o BRASPOV, muy desarrollados en Argentina y el Brasil, junto a un crecimiento muy veloz en los demás países. Pero desde el punto de vista, de la fuerte promoción y difusión de las nuevas semillas transgénicas, los principales impulsores son las organizaciones colegiadas de empresas que defienden y representan los intereses del sector semillero en cada uno de nuestros países tales la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), ECUASEM, AGROBIO, ABRASEM, CUS, ANAPROSE u ANAPO.

Estas organizaciones tienen un fuerte poder de lobby e influencias muy grandes de las corporaciones transnacionales que actúan directamente sobre las decisiones de los organismos encargados del contralor y certificación estatal de las semillas comerciales, los distintos Institutos Nacionales de Semillas. A pesar de todo lo avanzado en muchos de nuestros países en el plano tecnológico y su facilitación, es muy pobre en la mayoría de ellos el desarrollo del Marco Legal necesario que controle y regule fuertemente tecnologías y empresas tan poderosas. Un solo país, el Ecuador incluye en su Constitución Nacional (Art. 89 – Inc 3) estrictas normas de Bioseguridad para el manejo de OGMs y reconoce el Principio de Precaución. El Brasil cuenta también con una Ley propia sobre Bioseguridad que reglamenta sobre la liberación de OGMs (Nº 8974), mientras que en general los demás países se manejan solamente aún con Decretos y Normas de organismos como sus ministerios de Agricultura, Ambiente y demás. Es altamente llamativo el caso de Argentina, que a pesar de la superficie implantada no cuenta aún con una norma que regule y haya discutido socialmente en su Congreso una legislación adecuada que contenga y controle los fuertes cambios que se están produciendo. Una situación similar tiene relación con el Derecho del Consumidor a saber lo que consume, que vuelve a encontrar al Ecuador entre aquellos países que más desarrollaron sus procesos legislativos y que cuentan con una Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que establece en su Articulo 14 la obligación de informar sobre ingredientes genéticamente modificados en los alimentos. En el caso de Méjico, el Código Penal, en su artículo 420, recomienda pero no obliga al etiquetado de alimentos, mientras que en el Brasil, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 8078) recomienda el etiquetado de productos OGMs".

◊Dominio de las transnacionales agroindustriales

"Las corporaciones transnacionales agroindustriales han constituido grandes conglomerados formados compulsivamente a partir de adquisiciones y acuerdos de colaboración de empresas tanto del área agrícola como de los productos agroquímicos. Esta estrategia, incluye simultáneamente la adquisición de empresas internacionales menores junto a las compras totales o parciales de empresas nacionales, encubriéndose de esta forma muchas veces la presencia de las corporaciones en los ámbitos locales. De esta forma, llegaron a La Región desde hace varias décadas algunos de los principales grupos económicos semilleros y de agroquímicos, que se expandieron en todos los países latinoamericanos. Así Monsanto como tal tiene una fuerte presencia en Argentina, Brasil o Méjico y un crecimiento destacado en los demás, utilizando a los primeros para crecer y difundir en la actualidad, la tecnología transgénica. 

El proceso cierra luego, con la integración a los principales traders de cereales mundiales como Cargill, ADM, Bunge, Toepfer y Dreyfus, que operan y se expanden velozmente tanto en el norte como en el sur de la región. En Argentina, las cinco compañías exportan el 78 % del trigo, 79 % del maíz, 71 % de la harina de soja, 95 % del aceite de soja y el 99 % del girasol. Si observamos cualquier otro lugar de Sud América, hallaremos que cifras similares se seguirán reproduciendo, lo que implica que el grueso de la producción mundial de alimentos exportables está en manos de estas compañías. Empresas que operan tanto en Brasil, Argentina o los Estados Unidos con enormes facilidades y con gran poder en las negociaciones comerciales. 

Relacionado con la percepción social de las nuevas tecnologías y la producción agropecuaria, se han creado los medios desde los propios sectores de interés por la difusión de las “bondades de las nuevas tecnologías”. Las Cámaras de Semillas, han dispuesto la creación de instancias bajo distintas modalidades para la promoción de las nuevas técnicas o creado directamente Institutos que se ocupan de tales funciones, tales el Foro Argentino de Biotecnología, o su similar en Méjico, en Brasil y en los demás países (lo bien los conocidos sitios en la internet identificados como “porqué biotecnología”). Asimismo han convocado a otras Instituciones y ONGs ambientales para que fomenten la discusión para alcanzar “con sustentabilidad” incrementos cada vez mayores en la producción de materias primas, tales la FVSA en Argentina, el ILSI en el Ecuador o la CICEANA en Méjico. 

Todos estudian la cuestión de la importancia de los incrementos productivos, pero muy pobremente se han fomentado discusiones científicas serias que permitan analizar, ex ante, los impactos potenciales desde el punto de vista sociales, económico o ambiental de las liberaciones de diferentes tipos de transgénicos en nuestros países. También crece el aporte internacional para inducir a la discusión – y aceptación definitiva de los OGMs de importantes apoyos económicos internacionales vía GEF de organismos de Naciones Unidas que ya se han instalado en todos los países sudamericanos. En muchos casos, se ponen a la discusión, principios pseudocientíficos como el de la Equivalencia Sustancial, fuertemente promovidos por Argentina o ciertos sectores en el Brasil, siguiendo los lineamientos desarrollados para equiparar la producción convencional a la transgénica. Sin embargo, a la luz de la discusión social y la creciente actividad de estos movimientos, comienza a vislumbrarse la importancia para cada una de nuestras sociedades, de la incorporación seria del Principio Precautorio, frente al avance sin condicionamientos de los productos transgénicos. 

En la mayoría de los países, la investigación agropecuaria estuvo ligada a un modelo de modernización tecnológica excluyente, que junto a la privatización de muchas de sus funciones ha beneficiado fundamentalmente a aquellos productores que contaban con el capital y la escala que les permitía demandar investigación y asistencia técnica para competir y ser eficientes.

Esta respuesta de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola (los INIA, INIAP, INIFAP, EMBRAPA, INTA o ICAs, a escala regional el IICA) respondieron básicamente a los requerimientos de la lógica productivista relacionada a los grandes cultivos de exportación y muchos de ellos se beneficiaron directamente de un pequeño porcentaje por las exportaciones producidas, lo que les permitía ser autárquicos y definir que líneas de investigación favorecer y cuÁles no.

Es claro entonces, hacía dónde podría apuntar la decisión sobre qué investigar y desarrollar. Tanto en estos organismos de investigación, como en las Universidades e Institutos Mixtos, se investiga “a demanda”, lo que implica un serio riesgo para la definición de la política científica en cada uno de nuestros países. Es un riesgo notable, lindante con la irresponsabilidad permitir que la agenda científica de nuestros Institutos de Investigación se defina en función de las necesidades exclusivas de un sector y no se permita una discusión y una participación social en la definición de las políticas científicas en los respectivos países, existiendo aún la preeminencia del paradigma tecnológico de la Revolución Verde en todos estos centros. 

Nos encontramos que, en la práctica, son ya varios los cultivos transgénicos que se han liberado tanto comercialmente como en pruebas extensivas a campo, o arribados a algunos de los territorios como productos importados para consumo o en el marco de los programas mundiales de alimentos. En Argentina, son más de 13.000.000 de hectáreas las sembradas con organismos transgénicos (soja RG, maíz Bt y algodón Bt especialmente), siendo que los demás países aún se encuentran en proceso de análisis, ensayos de campo o producción en invernáculo tales el clave azul comercializado en Ecuador o Colombia, el jitomate en Méjico, o la intensa campaña por la difusión del algodón y el maíz en los países andinos como en Bolivia y Colombia. En Uruguay en menor escala, se ha permitido desde hace varios años la soja transgénica y se ha presentado el Maíz Bt para su difusión, pero con una creciente resistencia social Acerca de la contaminación del maíz mejicano, si bien no se ha permitido la producción local de maíz transgénico, es notable y tal lo que ha pasado que frente una importante importación de maíz OGM, y dada la posibilidad de escape y siembra, se produciría flujo de genes entre especies lo que efectivamente sucedió, tal como dan cuenta los últimos trabajos de investigadores y de las organizaciones sociales.

A pesar de no haberse permitido una liberación comercial, la contaminación se produjo y afectó el principal centro de origen, del más importante cultivo alimenticio de América. Los conocidos programas de Ayuda Alimentaria han sido otro instrumento de facilitación del proceso hacia la pérdida final de la Soberanía Alimentaria de la Región. Respecto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), otra vía por la cuál ingresan productos y alimentos transgénicos, sin el consentimiento ni conocimiento social, se comprobó por ejemplo en Ecuador, la presencia de OGMs en alimentos para niños en los Programas “Mi Papilla” y “Mi Colada”, especialmente de soja resistente al glifosato. En Argentina, país excedentario históricamente en alimentos, pero dramáticamente afectado por la crisis devastadora generada por el modelo neoliberal de los noventa, se implementó un programa interno, para promover el consumo de soja transgénica entre los más pobres, especialmente los más pequeños, conocido como “Soja Solidaria”, impulsado por las organizaciones más comprometidas con la expansión de los cultivos transgénicos en el país, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, AAPRESID. Luego de la fuerte acción pública, el gobierno dejó de apoyar, por lo menos activamente, estos programas. 

A poco que se analicen los sistemas productivos nacionales de hace cuarenta años atrás y los actuales, se podrá concluir que en la mayoría de los países de la Región, anteriormente autosostenibles en los alimentos básicos, hoy en día dependen de una dieta menos enriquecida o literalmente se han convertido en importadores netos de alimentos incluido al maíz, nuestro alimento básico! tal el caso de Colombia, Méjico, Colombia, Uruguay o Bolivia o han mermado en gran medida sus producciones variadas para el consumo interno como los casos de Argentina o el Brasil, donde las mejores tierras se reasignan de manera sistemática para la producción extensiva y latifundista de productos exportables en detrimento de la sostenibilidad local. 

Toda la región está poniendo en riesgo su soberanía alimentaria es decir aquella entendida como el derecho de una Nación a definir su propia política agraria, de empleo, pesquera, alimentaria y de tierras de manera tal que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para sí y sus condiciones únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a las formas de producirlo, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. 

Lamentablemente hemos podido ver como toda América Latina lenta pero inexorablemente, de la mano de las decisiones políticas dependientes de sus respectivos gobiernos, se ha ido alejando cada día más de estadios más seguros sobre el manejo de sus alimentos pasando a depender exclusivamente de las decisiones comerciales de las corporaciones transnacionales de los mismos. Los ejemplos de Argentina o Méjico, el primero facilitando la expansión de los cultivos transgénicos en su propio territorio y el segundo, permitiendo un ingreso masivo de alimentos desde los EE.UU. acompañados ambos procesos por una sistemática eliminación de fuentes de trabajo para sus pequeños y medianos agricultores debería llamar a la reflexión sobre las formas de analizar los verdaderos impactos que una tecnología, tremendamente poderosa puede tener no sólo sobre el ambiente sino sobre las sociedades donde esta se difunde.

El proceso de penetración con eventos transgénicos se ha presentado bajo diferentes modalidades, algunas yuxtapuestas, en nuestros países: Desde la difusión para la competencia comercial en el nivel mundial, pasando por la alimentación hacia los más pobres con los propios productos excedentes del proceso o la importación de alimentos transgénicos de terceros países (Vease Mapa). Más allá de la discusión puntual sobre la potencialidad o no de la Ingeniería Genética en este momento histórico de la Humanidad, es dable preguntarse por qué existiendo un conocimiento pleno y profundo sobre las formas de producción de la rica y diversa agricultura regional, se hace necesario eliminar de cuajo estos sistemas de producción para instalar por otro lado, en nuestros países, un sistema homogéneo, sólo interesante para ciertos sectores de la exportación y sin ningún beneficio social. 

El enorme costo social (Argentina perdió el 30 % de sus establecimientos agropecuarios en los últimos años en una concentración de tierras que se repite en casi todos los países), el aumento de la pobreza y la indigencia, la dependencia alimentaria y la falta de oportunidades en el campo tradicional, deberían hacer repensar a las autoridades y recordar que aún hoy en liberación comercial definitiva, mientras Ecuador recibe ayuda alimentaria con OGMs producidos en los EE.UU. A nivel extensivo, el objetivo de las corporaciones es ampliar su negocio a las áreas de mayor superficie integrada como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, donde la calidad de las tierras y las cercanías a vías navegables de salida relativamente sencilla, facilitarán el incremento de un negocio millonario. La hidrovía ParaguayParaná está siendo concebida exclusivamente con este objetivo, sin considerar las serias consecuencias ambientales, sociales y económicas que ello puede llegar a generar. La pobreza se sigue incrementando. Los Institutos de enseñanza agropecuaria y aquellos de difusión y extensión, básicamente se han acercado a estas líneas de trabajo que favorecen las producción extensiva, de exportación y son solamente las ONGs ambientales, algunos grupos de investigación y científicos independientes, organizaciones de pequeños productores y consumidores en algunos países las que han levantado su voz de alerta sobre las inconcebibles formas en que el dominio de los alimentos y los métodos de producción se han desarrollado en nuestras naciones". 

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Otro desarrollo: los sistemas agroecológicos

"Pero la crisis del modelo en muchas naciones ha sido por otro lado, un fuerte llamado de atención a los gobiernos sobre la necesidad de comenzar a apoyar de alguna forma, métodos de producción sustentable y de rescate de la producción local, que básicamente se encuentran relacionados con aquellos sistemas agroecológicos tan conocidos, que han demostrado ser sostenibles, productivos y económicos durante las graves crisis que enfrentamos y a las que posiblemente deberemos enfrentar nuevamente en el futuro. 

Estos sistemas agroecológicos vuelven a poner en manos de los agricultores, los instrumentos y las formas de producción. Su éxito, independiente, comprobable y científicamente validado comienza a ser una alternativa, viable, productiva que crece frente al modelo de producción de la agricultura industrial. Desde el ámbito de la tecnología y la extensión, con muchos menos recursos, comienzan también a demostrar resultados muy importantes programas nacionales como el ProHuerta del INTA en Argentina o el importante trabajo del EMATER, un ente técnico regional en Brasil, que apoyan y promueven prácticas de autoproducción y comercialización de alimentos sanos, baratos y orgánicos bajos prácticas agroecológicas, altamente validadas y con un costo sumamente bajo de inversión. Se fomentan sistemas de producción local y regional, de productor a consumidor, con productos de mayor calidad que los convencionales y favorecen las condiciones de desarrollo del agricultor, urbano o rural y de sus familias. 

Las principales demandas, de los millones de pequeños agricultores, responsables de gran parte de la producción no se hallan asociadas a la necesidad de la difusión de las plantas transgénicas, sino a la implementación de Políticas Agropecuarias consistentes y adecuadas a sus necesidades. Así como lo indica Rubens Nodari para el Brasil, que se puede replicar a toda Sud América, la introducción de las plantas transgénicas en la agricultura, es una cuestión falsa, porque las plantas transgénicas desarrolladas hasta la actualidad no atienden ni apuntan a la pequeña propiedad familiar. La evaluación de una nueva tecnología y de su riesgo consecuente, debería incluir necesariamente informaciones sobre todas las posibles alternativas a la misma, además de un análisis comparativo de los beneficios, sus riesgos, su distribución y las diversas soluciones posibles en complejas y holísticas revisiones multicriteriales, que aún nuestros funcionarios desconocen o no desean conocer".

* Ingeniero Agrónomo. Miembro del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Foro de Ecologia Politica de Argentina (FEP). Email: wapengue@gepama.com.ar 

Este informe es un resumen del documento desarrollado como coordinador regional junto a Resources Agricultural International Network GRAIN entre 2001 a 2003 en el marco del Proyecto sobre la Transnacionalización de la Agricultura y la Alimentación en América Latina, publicado por GRAIN, Biodiversidad, Seedling y también por la Red de Formación Ambiental para Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2004. 

Fuente: http://www.grain.org/briefings/?id=189  Octubre 2004

Ideología

La «territorialidad de dominación» nos interpela a reflexionar sobre la gravedad de su consolidación mediante el actual acaparamiento de tierras.

Ya GRAIN, en octubre de 2008, advierte:

"¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008

Las crisis alimentaria y financiera actuales, aunadas, desencadenaron un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen de las importaciones para alimentar a sus pueblos, se están adueñando  rápidamente de  tierras agrícolas por todo el mundo en las cuales producir sus propios alimentos fuera del país. Las corporaciones de alimentos y los inversionistas privados, ávidos de ganancias en medio de la profundización de la crisis financiera, ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como una importante fuente nueva de ingresos. El resultado es que las tierras agrícolas fértiles se privatizan y concentran cada vez más. De no poner coto a este proceso, el acaparamiento mundial de tierras podría significar en numerosos lugares del mundo el fin de la agricultura en pequeña escala y del campo como medio de vida y sustento".

Consideremos:

El artículo de GRAIN comienza con la: “Introducción

La apropiación de tierras es un proceso que ha venido ocurriendo por siglos. Basta con pensar en el “descubrimiento” de América por Colón y en la brutal expulsión de las comunidades indígenas que desencadenó, o en los colonialistas blancos que se adueñaron de los territorios ocupados por los maoríes en Nueva Zelanda y por los zulúes en Sudáfrica. Es un proceso violento muy vivo hoy en día, de China a Perú. No pasa ni un solo día sin que la prensa nos informe de las luchas por la tierra —y empresas mineras como Barrick Gold invaden las montañas de América del Sur, o corporaciones de alimentos como Dole o San Miguel estafan a los campesinos filipinos para quedarse con sus derechos sobre la tierra. En numerosos países los inversionistas privados están comprando grandes extensiones para disponer de ellas como parques naturales o áreas de conservación. Y a dondequiera que uno mire, la nueva industria de los agrocombustibles, promovida como respuesta al cambio climático, parece basarse en expulsar a la gente de su tierra.

No obstante, algo más peculiar está ocurriendo. Las dos grandes crisis globales que estallaron en los últimos 15 meses —la crisis alimentaria mundial y la crisis financiera, más vasta,  de la cual la crisis alimentaria es parte — [1] están engendrando una nueva y preocupante tendencia a comprar tierras para la producción dislocada de alimentos. Son dos las agendas paralelas que impulsan a dos tipos diferentes de acaparadores de tierras. Pero aunque sus puntos de partida difieran, sus pasos terminan convergiendo.

El primer tipo de especuladores está vinculado a la seguridad alimentaria. Varios países que dependen de la importación de alimentos y están preocupados por lo competido de los mercados, aún cuando tienen dinero en efectivo para repartir, buscan dislocar su producción interna de alimentos, es decir producirlos fuera del su país adueñándose y controlando tierras agrícolas en otros países. Consideran esto como una innovadora estrategia de largo plazo para alimentar a sus pueblos a buenos precios y con mucha mayor seguridad que hasta ahora. Arabia Saudita, Japón, China, India, Corea, Libia y Egipto están en ese camino. Desde marzo de 2008, funcionarios de alto rango de muchos de esos países han estado activamente en la búsqueda diplomática de tierras fértiles en lugares como Uganda, Brasil, Camboya, Sudán y Pakistán. Dada la continuada crisis de Darfur, donde el Programa Mundial de Alimentos intenta alimentar a 5.6 millones de refugiados, podría parecer disparatado que haya gobiernos extranjeros que estén comprando tierras en Sudán para producir y exportar alimentos a sus propios ciudadanos. Lo mismo ocurre en Camboya, donde 100 mil familias (medio millón de personas), carecen actualmente de alimentos.[2] Y sin embargo eso es lo que está ocurriendo hoy. Convencidos de que las oportunidades agrícolas son limitadas y de que no es posible confiar en el mercado, los gobiernos con “inseguridad alimentaria” están comprando tierras en todos lados para producir sus propios alimentos. Por otro lado, los gobiernos que están siendo “cortejados” para hacer uso de sus tierras agrícolas, generalmente dan la bienvenida a esos ofrecimientos de nuevas inversiones extranjeras.     

El segundo grupo de especuladores va por las ganancias financieras. Frente al desplome financiero actual, toda suerte de actores de las finanzas o la industria alimentaria —las casas de inversión que manejan las pensiones de los trabajadores, los fondos de capitales privados que buscan ganancias rápidas, los fondos de cobertura que huyen del mercado ahora derrumbado de los instrumentos derivados, los comerciantes de granos que buscan nuevas estrategias de crecimiento— están recurriendo a la tierra, para producir alimentos, para combustibles,  y como nueva fuente de lucro. La tierra misma no es una inversión típica para gran parte de esas empresas transnacionales. De hecho, es tan fácil que la tierra se vea envuelta en conflictos políticos que muchos países ni siquiera permiten que pueda ser propiedad de extranjeros. Y la tierra no se valoriza de la noche a la mañana, como los cerdos cebados o el oro. Para tener rentabilidad los inversionistas necesitan aumentar las capacidades productivas de la tierra —y a veces incluso ensuciarse las manos dirigiendo en los hechos un establecimiento agropecuario. Pero las crisis alimentaria y financiera, juntas, han convertido las tierras agrícolas en un nuevo activo estratégico. En muchos lugares de todo el mundo los precios de los alimentos son altos y los precios de la tierra son bajos. Y la mayoría de las “soluciones” a la crisis alimentaria hablan de extraerle más alimentos a la tierra con que contamos. Así que queda claro que va a ser negocio el tener el control de las mejores tierras, cerca de suministros de agua disponibles, cuanto antes.

Lo que ambos grupos de especuladores tienen en común es que el sector privado tendrá el control. En la búsqueda de la seguridad alimentaria, los gobiernos son los que llevan la delantera a través de una agenda de políticas públicas. En la búsqueda de ganancias financieras, son estrictamente los inversionistas quienes hacen sus negocios como de costumbre. Pero no nos engañemos. Si bien son los funcionarios públicos quienes negocian los contratos de apropiación de tierras destinadas a proporcionar “seguridad alimentaria”, explícitamente se espera que el sector privado se adueñe de la tierra y entregue productos. Así que ambos carriles del acaparamiento señalan en una misma dirección: las empresas privadas extranjeras obtienen nuevas formas de control sobre tierras agrícolas para producir alimentos, no para las comunidades locales sino para otros. ¿Alguien dijo que el colonialismo era una cosa del pasado?

A la búsqueda de la seguridad alimentaria

La apropiación de tierras con miras a la seguridad alimentaria es de lo que la gente ha oído hablar: los periódicos informan que Arabia Saudita y China están comprando tierras por todo el mundo, desde Somalia a Kazajstán. Pero hay muchos más países involucrados. Una mirada más de cerca revela una lista impresionante de países que andan en eso: China, India, Japón, Malasia y Corea del Sur en Asia; Egipto y Libia en África; y Bahréin, Jordán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente. En el anexo se brinda un panorama detallado de quiénes buscan tierra, dónde, con qué fines y por cuánto dinero.

La situación de esos países varía mucho, por supuesto. China es ostensiblemente autosuficiente en alimentos. Pero tiene una población gigantesca, sus tierras agrícolas están desapareciendo ante el avance industrial, sus suministros de agua están sometidos a graves presiones y el Partido Comunista tiene un futuro a largo plazo en que pensar. Con el 40% de los agricultores del mundo pero solamente un 9% de las tierras agrícolas mundiales, no debería causar sorpresa a nadie que la seguridad alimentaria sea uno de los puntos principales de la agenda del gobierno chino. Y con más de 1.8 billones de dólares de reservas en divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad alimentaria en el extranjero. Como numerosos líderes y activistas campesinos del sudeste asiático saben, Pekín ha estado gradualmente dislocando parte de su producción de alimentos desde bastante antes de que estallara la crisis alimentaria mundial en 2007. A través de la nueva diplomacia geopolítica de China y de la agresiva estrategia gubernamental de inversión en el exterior, en los últimos años se concretaron unos 30 tratados de cooperación agrícola para dar a las empresas chinas acceso a tierras agrícolas de “países amigos” a cambio de tecnologías, capacitación y fondos para infraestructura chinos. Esto ocurre no solamente en Asia sino también en toda África, a través de una serie de proyectos muy diversos y complejos[3]. Desde Kazajstán a Queensland, y de Mozambique a Filipinas, está en marcha un proceso sistemático y conocido en que las compañías chinas arriendan o compran tierra, montan grandes establecimientos agrícolas a los que envían sus agricultores, científicos y extensionistas para trabajar en la producción de cultivos. La mayor parte de la agricultura china en el extranjero (dislocada) está dedicada al cultivo de arroz, frijoles o porotos de soja (soya) y maíz, junto con cultivos para agrocombustibles como la caña de azúcar, la mandioca o el sorgo.[4] El arroz producido en el exterior invariablemente significa arroz híbrido, cultivado a partir de semillas importadas de China, y los agricultores y científicos chinos están enseñando con entusiasmo a los africanos y a otros a cultivar arroz “a la manera china”. Sin embargo, los trabajadores rurales locales contratados para trabajar en los establecimientos agrícolas chinos, en África por ejemplo, a menudo no saben si el arroz es para alimentar a su pueblo o a los chinos. Dada la naturaleza furtiva de una serie de negocios con la tierra, la mayoría de la gente asume que el arroz es para alimentar a los chinos y hay mucho resentimiento en torno a eso.[5] (...)
 

Los Estados del Golfo Pérsico —Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— enfrentan una realidad totalmente diferente. Como naciones creadas en el desierto, tienen escasez de suelo y de agua con la cual cultivar alimentos o criar ganado. Pero poseen enormes cantidades de petróleo y dinero, lo que los coloca en una excelente posición para buscar en otros países cómo obtener sus alimentos. La crisis alimentaria actual afectó excepcionalmente fuerte a los Estados del Golfo. En la medida que dependen los alimentos que obtienen del extranjero (especialmente de Europa) y dado que sus divisas tienen paridad con el dólar estadounidense (excepto Kuwait, pero apenas desde el año pasado), el aumento simultáneo de los precios de los alimentos en el mercado mundial y la caída del dólar estadounidense implicó que importaran una gran “inflación extra”. El gasto en importación de alimentos se infló en los últimos cinco años de 8 mil millones de dólares a 20 mil millones. Y como sus poblaciones están constituidas en gran medida por trabajadores inmigrantes escasamente remunerados que construyen las ciudades y atienden los hospitales, es absolutamente necesario para las dinastías políticas del Golfo les proporcionen alimentos a precios razonables[9]. Después de todo, están sentados sobre una diferencia de clases que es una bomba de tiempo, y a la vez esperan mantenerse prósperos de aquí a 20 años arrendando bienes inmobiliarios de máximo nivel.

Cuando la crisis alimentaria estalló y se cortaron los suministros de arroz provenientes de Asia, los dirigentes del Golfo hicieron veloces cálculos y llegaron a conclusiones difíciles. Los sauditas decidieron que, dada la escasez inminente de agua, tendría sentido dejar de producir trigo, su principal producto alimentario, para el año 2016 y en cambio cultivarlo en otros lugares y traerlo, siempre y cuando todo el proceso estuviera firmemente bajo su propio control. En los Emiratos Árabes Unidos, donde 80% de su población son trabajadores inmigrantes en su gran mayoría consumidores de arroz de Asia, hubo pánico. Bajo la égida del Consejo de Cooperación del Golfo (ccg), se unieron con Bahréin y los otros países del Golfo para formular una estrategia colectiva de producción de alimentos en el exterior. Su idea es asegurar arreglos comerciales, especialmente en países islámicos hermanos, por los cuales ellos proporcionarán capital y contratos petroleros a cambio de la garantía de que sus corporaciones tendrán acceso a tierras agrícolas y podrán exportar el producto de regreso a su país. Los estados preferidos por esta estrategia son, de lejos, Sudán y Pakistán, seguidos de varios países del sudeste asiático (Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Tailandia y Vietnam), Turquía, Kazajstán, Uganda, Ucrania, Georgia, Brasil ... y la lista continúa.
 

No habría que subestimar la gravedad de la decisión de los Estados del Golfo. Entre marzo y agosto de 2008 algunos países del ccg, en carácter individual o con consorcios industriales, arrendaron por contrato millones de hectáreas de tierras agrícolas y se espera que las cosechas empiecen en 2009. Dirigentes del ccg planean celebrar importantes reuniones en octubre de 2008 y enero de 2009, donde culminarán el diseño de las políticas oficiales al respecto. Si bien los componentes visibles de la estrategia del Golfo no son materia de controversia en sí mismos (ver Cuadro 1), organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida mundialmente como fao, por sus siglas en inglés) han considerado necesario involucrarse directamente en el manejo de las relaciones públicas en torno al tema. “No tengo problema alguno con que los árabes hagan la inversión”, exclamó Jacques Diouf, director de la fao, pero la tierra, dice, es un tema político que resulta una “papa caliente”. Así, mantiene a varios funcionarios de la fao instalados en el Golfo para evitar “escándalos no intencionales” que resulten de las maniobras de los Estados del Golfo.[10]

Si bien China y los estados del Golfo son los mayores actores, otros países también se están moviendo agresivamente para encontrar tierras agrícolas en el extranjero, con un nuevo ímpetu a partir de este año. Japón y Corea del Sur, por ejemplo, son dos países ricos cuyos gobiernos han optado por depender de las importaciones en lugar de buscar la autosuficiencia para alimentar a su pueblo. Ambos reciben alrededor de 60% de sus alimentos del extranjero. (En el caso de Corea, es más de 90% si se excluye el arroz). A principios de 2008, el gobierno coreano anunció que estaba formulando un plan nacional para facilitar las adquisiciones de tierra en el extranjero para la producción coreana de alimentos, designando al sector privado como el actor principal. En efecto, las empresas coreanas del rubro de la alimentación ya están comprando tierras en Mongolia y Rusia oriental para producir alimentos que serán exportados a su país. El gobierno, mientras tanto, explora por sí mismo varias opciones en Sudán, Argentina y Asia sudoriental. Japón, por otro lado, parece basarse enteramente en el sector privado para organizar importaciones de alimentos (ver abajo) mientras que el gobierno hace malabarismos con el marco político a través de acuerdos de libre comercio, tratados bilaterales de inversión y pactos de cooperación para el desarrollo. No tiene un papel pasivo. Los sucesivos gobiernos japoneses han resistido todo tipo de presiones para reestructurar la agricultura japonesa, donde reinan las fincas agrícolas familiares y las corporaciones no están autorizadas a ser dueñas de la tierra. Ahora que las empresas japonesas están comprando tierras en lugares como China y Brasil, la presión puede hacerse sentir aún más.

A India también le llegó la larga mano que arrebata tierras. Visto desde las salas de los directorios de las empresas y las oficinas de gobierno de Nueva Delhi o Pune, la agricultura india está en aprietos. El país tiene grandes problemas con los costos de producción (su mayor preocupación), por la disminución de la fertilidad del suelo y de la disponibilidad de agua a largo plazo, por nombrar tan sólo algunos. Además, las luchas por el acceso a la tierra se han complicado increíblemente, especialmente debido a la resistencia social generalizada a las Zonas Económicas Especiales. Estimulados por la crisis alimentaria mundial y probablemente porque no quieren quedarse al margen, varios ejecutivos indios de los agronegocios, así como la Corporación Estatal de Comercio (stc, por su sigla en inglés) propiedad del gobierno indio, consideran ahora que es necesario producir parte de los alimentos del país en el extranjero. Están apartando los cultivos de oleaginosas, legumbres y algodón para la producción dislocada, mientras que calculan que es más barato continuar con la producción nacional de trigo y arroz.[11] La nueva estrategia está en marcha en Birmania, que abastece 1 millón de los 4 millones de toneladas de lentejas que la India importa cada año para complementar su producción interna de 15 millones de toneladas. En vez de seguir comprándole a Birmania, los comerciantes y fabricantes indios quieren ahora entrar y cultivar ellos mismos allí las lentejas. Resulta más barato y tienen más control sobre todo el proceso. Con el apoyo del gobierno, las empresas indias están obteniendo contratos de arrendamiento en tierras agrícolas birmanas para producir el cultivo destinado a su exportación exclusiva a la India. El gobierno indio está proveyendo a la junta militar birmana de nuevos fondos especiales para mejorar su infraestructura portuaria, e impulsa agresivamente un acuerdo bilateral de libre comercio e inversión, adaptado para allanar los escollos resultantes de las diferencias de las políticas de ambos Estados. Pero la cosa no termina allí. Los directivos indios también están comprando plantaciones de palma aceitera indonesias y ahora vuelan a Uruguay, Paraguay y Brasil en busca de tierras para cultivar lentejas y soja para su exportación a la India. Mientras tanto, el banco central de la nación, el Banco de Reservas de la India, intenta cambiar rápidamente las leyes nacionales para poder conceder a empresas privadas indias, así como a la stc, los préstamos necesarios para comprar tierras en el extranjero. Esa posibilidad nunca fue contemplada antes, por eso es que no existen normas. (...)

El nuevo imán para los inversionistas privados

Si bien es probable que los gobiernos tengan agendas para la seguridad alimentaria, el sector privado tiene una muy diferente: hacer dinero. La crisis alimentaria aunada a la crisis financiera han hecho del control sobre la tierra un nuevo imán para los inversionistas privados. No hablamos de las operaciones típicas de las agroempresas transnacionales, en que Cargill podría invertir en una planta de procesamiento de soja en el Mato Grosso de Brasil. Hablamos de un nuevo interés en adquirir el control de las propias tierras agrícolas. Hay dos actores principales aquí: la industria alimentaria y, con mucho mayor peso, la industria financiera.

 “La mejor cobertura para la recesión en los próximos 10 ó 15 años es la inversión en tierras agrícolas” —Reza Vishkai, jefe de alternativas de Insight Investment, julio de 2008[13]

Dentro de los círculos de la industria alimenticia, las empresas japonesas y árabes de comercialización y procesamiento son quizás hoy por hoy las más involucradas en las adquisiciones de tierras en el extranjero. Para las empresas japonesas, esta estrategia se arma dentro de su crecimiento orgánico . En cuanto a las empresas de Medio Oriente, se subieron a la ola en la que sus gobiernos van a abrir puertas en nombre del paradigma de la seguridad alimentaria.

La complicada industria financiera es la que se lleva la mayor tajada. Para mucha gente en el poder, la crisis alimentaria mundial deja al descubierto un problema superlativo: que no importa a dónde se mire, el cambio climático, la destrucción del suelo, la pérdida de los suministros de agua y el estancamiento de los rendimientos de los cultivos dentro del paradigma del monocultivo, están presionando como la gran amenaza a los futuros suministros de alimentos del planeta. Esto se traduce en pronósticos de mercados inactivos, precios elevados y presiones para obtener más de la tierra. Al mismo tiempo, la industria financiera, que tanto apostó a sacar buen dinero de las deudas y perdió, está a la búsqueda de refugios seguros. Todos esos factores hacen de las tierras agrícolas un lindo juguete nuevo con el cual obtener ganancias. Es necesario producir alimentos, los precios seguirán altos, hay tierra barata disponible, compensará —ésa es la fórmula. ¿El resultado? A lo largo de 2008, un ejército de casas de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han estado comprando ávidamente tierras agrícolas en todo el mundo —con gran ayuda de organismos como el Banco Mundial, su Corporación Financiera Internacional y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, quienes están allanando el camino para esta corriente de inversión y “persuaden” a los gobiernos a que cambien las leyes de propiedad de la tierra de manera que aquéllos puedan tener éxito (ver Cuadro 3). El efecto es que los precios de la tierra están empezando a subir, presionando aún más para moverse rápidamente. 

Este año la fiebre del sector privado por adueñarse de tierras ha sido vertiginosa. El Deutsche Bank y Goldman Sachs, por ejemplo, están asumiendo el control de la industria cárnica china. Mientras todos los ojos estaban puestos nerviosamente en Wall Street a fines de septiembre de 2008, estos dos metían su dinero lejos, en los mayores establecimientos porcinos y avícolas y plantas de procesamiento de carne de China —incluso en derechos a tierras agrícolas. La empresa BlackRock Inc, con sede en Nueva York, una de las mayores administradoras de dinero del mundo, con casi 1.5 billones de dólares en sus libros, acaba de crear un fondo de cobertura agrícola de 200 millones de dólares, 30 millones de los cuales se utilizarán para adquirir tierras en todo el mundo. Morgan Stanley, que casi engrosa la fila de los rescatados por el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, hace poco compró 40 mil hectáreas de tierras agrícolas en Ucrania. Esta cifra empalidece comparada con las 300 mil hectáreas de tierras ucranianas sobre las cuales adquirió derechos Renaissance Capital, una casa de inversiones rusa. De hecho, a lo largo del fértil cinturón que desde Ucrania atraviesa el sur de Rusia, la competencia es grande. Black Earth Farming, un grupo de inversiones sueco, adquirió el control de 331 mil hectáreas de tierras en la región de tierra negra de Rusia. Alpcot-Agro, otra empresa de inversiones sueca, compró los derechos de 128 mil hectáreas allí. Landkom, el grupo de inversiones británico, compró 100 mil hectáreas de tierras en Ucrania y aspira a expandirlas a 350 mil hectáreas para 2011. Todas estas adquisiciones de tierra son para producir cereales, aceite, carne y productos lácteos para el hambriento mercado mundial … es decir, para quienes pueden pagarlo.

La celeridad y el ritmo de esta nueva tendencia de inversión es asombrosa. También lo es la lista de los países escogidos: Malawi, Senegal, Nigeria, Ucrania, Rusia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Brasil, Paraguay, incluso Australia. Todos fueron identificados como lugares que ofrecen tierra fértil, relativa disponibilidad de agua y cierto nivel de crecimiento potencial de la productividad agrícola. El horizonte temporal del cual están hablando los inversionistas es, en promedio, de 10 años —con el claro entendimiento de que tienen que hacer productiva la tierra y crear infraestructura comercial, y no descansar ociosamente— y las tasas anuales proyectadas de retorno son del 10 al 40% en Europa o hasta 400% en África. Nuevamente, lo que es nuevo y especial aquí es que esos grupos financieros están adquiriendo derechos reales a la tierra, y muchos de esos movimientos se hicieron apenas en los últimos meses, cuando los mercados financieros comenzaron a derrumbarse. Lo que auguran en realidad para el futuro de la agricultura en esos países es una gran incógnita (...)". Fuente: http://www.grain.org/briefings/?id=214

En el artículo GRAIN contesta a la pregunta: ¿Qué significa todo esto?

Una cosa que demuestra este auge de adquisición de tierras es que los gobiernos perdieron la fe en el mercado. Esa fe ya había sido sacudida por la crisis alimentaria mundial, cuando los países se vieron súbitamente enfrentados a una situación de falsa escasez, ocasionada por la especulación más que por la oferta y la demanda. Los Estados del Golfo, entre otros especuladores de tierras, son bastante lúcidos acerca de su intención de

1. asegurar el abastecimiento de alimentos a través de la propiedad directa o del control de tierras agrícolas extranjeras, y

2.  excluir lo más posible a comercializadores y otros intermediarios para reducir en un 20-25% el gasto de la importación de alimentos. En efecto, se han visto forzados a ir a lugares como Islamabad y Bangkok y pedirle a los gobiernos allí que levanten su prohibición de exportación de arroz de manera especial para sus establecimientos agrícolas. Queda de manifiesto el desprecio subyacente que todo esto demuestra por los mercados abiertos y el comercio libre, tan laureados por los asesores occidentales en las últimas cuatro décadas.

Otra cuestión fundamental es que los trabajadores, los agricultores y las comunidades locales inevitablemente perderán acceso a la tierra para la producción local de alimentos. Sencillamente se está entregando la base misma sobre la cual construir la soberanía alimentaria. Los gobiernos, los inversionistas y los organismos de desarrollo que participan en esos proyectos argumentarán que se crearán puestos de trabajo y algo de alimentos quedará. Pero eso no reemplaza la tierra y la posibilidad de trabajar y vivir de ella. De hecho, lo que debería ser obvio es que el problema real con la apropiación actual de la tierra no es simplemente el asunto de darle a extranjeros el control de tierras agrícolas nacionales. Es la reestructuración. Esas tierras serán transformadas de pequeñas propiedades o bosques en grandes fincas industriales conectadas a grandes mercados lejanos. Los agricultores no volverán a ser más agricultores reales, haya o no trabajo. Ésta será probablemente la mayor consecuencia.

Un tercer mensaje que es importante extraer surge del hecho de que la inversión en agricultura es buena y de que el llamado auge entre países del Sur que hay detrás de esos negocios agrícolas en el exterior, podría ser bueno. Necesitamos invertir más en agricultura. Construir solidaridad entre los países del Sur y crear una economía cooperativa, fuera del alcance del imperialismo (occidental o del Sur), puede ser una buena forma de hacerlo. Pero ¿qué agricultura? ¿Y qué tipo de economías? ¿Quién controlará esas inversiones y quién se beneficiará de ellas? El riesgo de que no solamente los alimentos sino también las ganancias generadas a partir de esas operaciones agrícolas en el exterior se desvíen a otros países, a otros consumidores que pueden pagarlas, o simplemente a élites foráneas, es bastante real. Esas operaciones no harán mella necesariamente en la crisis alimentaria. Tampoco traerán necesariamente el “desarrollo” a las comunidades locales. Y no debemos olvidar que muchas de esas inversiones agrícolas en el extranjero serán facilitadas a través de tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio más amplios, lo que hará más difícil resolver futuros problemas. Si bien la ideología en la cual los Estados del Golfo Pérsico envuelven sus proyectos es en cierta medida más amigable con la gente que la ideología del capitalismo chino —y esas inversiones están imbuidas en ideología y diseño geopolítico—, es tan sólo una fachada. Después de todo, a través de esos acuerdos, los Estados del Golfo están apoyando el régimen de Jartum, así como India está apoyando la dictadura militar de Birmania. Pekín se lleva su propia fuerza de trabajo y sus tecnologías cuando hace agricultura dislocada en el exterior, desplazando la biodiversidad nativa y eludiendo los sindicatos locales. Así que a pesar de la necesidad de inversiones y de una política entre países del Sur, quien se beneficie realmente es un asunto muy preocupante y sin respuesta. 

¿Y qué hay de la reforma agraria? Es difícil imaginar que la concesión de tierras agrícolas a otros países o a inversionistas privados para producir alimentos que serán enviados a otra gente, no nos lleve a asestarle duros golpes a las luchas de tantos movimientos que reclaman una reforma agraria genuina y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Tanto más, ya que muchos de los países escogidos son importadores netos de alimentos, con conflictos muy serios en torno a la tierra. En Pakistán, los movimientos de agricultores ya están dando la alarma sobre 25 mil aldeas que serán desplazadas si se acepta la propuesta de Qatar de producir en la provincia de Punjab parte de su producción de alimentos.[16] En Egipto, pequeños agricultores del distrito de Qena han estado luchando con uñas y dientes para recuperar 1600 hectáreas que recientemente se concedieron a Kobebussan, un conglomerado japonés de agronegocios, para producir alimentos con destino a Japón.[17] En Indonesia, los activistas especulan que la planeada finca arrocera saudita en Merauke, donde se entregarán 1.6 millones de hectáreas a un consorcio de 15 empresas para producir arroz para exportación a Riyadh, eludirá el derecho nacional de los habitantes de la provincia de Papúa a vetar el proyecto.[18] Dada la tenacidad del Banco Mundial y otros por facilitar el control de las tierras a los ávidos inversionistas extranjeros como solución retorcida a la crisis alimentaria, todo esto podría culminar en un conflicto explosivo.

Otro aspecto importante que no puede ignorarse es que esos acuerdos afianzan más la agricultura orientada a la exportación, lo cual sencillamente no es apropiado en la mayoría de los países escogidos. La enorme presión de las últimas décadas por producir alimentos destinados a mercados externos en vez de los mercados internos, es lo que hizo que el impacto de la crisis alimentaria 2007-2008 fuera tan difícil para tanta gente, especialmente en Asia y África. No todos pueden comprar alimentos en el mercado mundial —sobre todo cuando los salarios e ingresos reales de la mayoría de la gente no han aumentado en los últimos años. En la medida que la mayoría de esas tierras arrebatadas está destinada a instalar grandes fincas empresariales —sea en Laos, Pakistán o Nigeria— para producir alimentos para exportación, el problema se agrava. Es verdad que algunos acuerdos reservan parte de los alimentos para las comunidades locales en la región o para el mercado interno. Algunos incluyen hasta agendas sociales como la construcción de hospitales o escuelas. Pero aun así promueven un modelo industrial de agricultura que genera pobreza y destrucción ambiental, exacerba la pérdida de biodiversidad, la contaminación por agroquímicos y debido a organismos modificados genéticamente. Una amplia gama de estadísticas, en caso de que no bastara con la simple observación, atestigua la creciente brecha entre ricos y pobres, los bien alimentados y los hambrientos, consecuencia de este proceso.

Por último, la pregunta más obvia de todas: ¿qué ocurre en el largo plazo cuando concedes el control de las tierras agrícolas de tu país a naciones e inversionistas extranjeros?".

Fuente: http://www.grain.org/briefings/?id=214

Premisas e hipótesis

La «territorialidad de dominación» se arraiga y expande durante la gestión CFK. Los dos últimos ejemplos de entrega de tierras denominadas fiscales se explican a continuación:

Novedades de GRAIN
17 abril 2011

Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de “responsabilidad”

Entre el 19 y 20 de abril de 2011, se reunirá en la sede del Banco Mundial en Washington un grupo de cerca de 200 inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de gobierno y funcionarios públicos internacionales, para discutir como operacionalizar lo que llaman “adquisiciones responsables” de tierra en gran escala. En Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que tiene su sede en la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) está por lanzar un proceso de consulta mundial relacionada con los principios que habrán de regular de tales negocios. Resaltando que es un problema de la mayor urgencia, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se están movilizando para detener estos acaparamientos de tierras, y para dar marcha atrás a aquellos acaparamientos que ya están ocurriendo.

¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y algunos gobiernos muy involucrados insisten

en intentar que estos negocios con tierras funcionen mediante “inversiones agrícolas responsables”?

Los acaparamientos de tierra de hoy se acuerdan a gran velocidad. Se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo —cantidad suficiente para alimentar a 50 millones de familias en la India— se le han transferido de los agricultores a las corporaciones en los últimos años, y a diario se unen a esta carrera más inversionistas. 1  Algunos de estos negocios son presentados como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para lograr alimentar a sus poblaciones, tales como Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de negocios y nuevas oportunidades de hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y las corporaciones privadas. Las firmas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro muy cercano. 2
           

¿Qué son los Principios de Inversión Agrícola “Responsable”?  

Con gran nerviosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos y organismos internacionales, de Japón al G-8, decidieron sugerir criterios que pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el documento promovido por el Banco Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos (conocido por las siglas IAR).

Los principios de “inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 3

Son siete principios que los inversionistas pueden suscribir voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala. Es notable que los principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometidos a la aprobación de los órganos de gobierno de las cuatro instituciones promotoras.

En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios de “inversión agrícola responsable”. Su declaración dejó en evidencia que los principios IAR son una maniobra para legitimar el acaparamiento de tierras, y afirmó que facilitarle el control a las corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin importar qué lineamientos se sigan. 4           

Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más grupos y movimientos sociales de todo el mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es lamentable que, en vez de ponernos a la altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más sustentable social y ambientalmente, actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera conseguirse de manera responsable”. 5 

En septiembre de 2010, el Banco Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de tierras a gran escala. Tras dos años de investigación, el Banco no pudo hallar ejemplos convincentes de “provecho” para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir información con el Banco Mundial acerca de sus inversiones en tierras de cultivo, por lo que éste tuvo que confiar como fuente de información en el sitio electrónico (farmlandgrab.org), publicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR. 

Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés) en octubre de 2010 debatió si respaldar o no dicha iniciativa. Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Japón, estuvieron en favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica, Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una fuerte oposición debido a la ausencia de un proceso adecuado de consulta. Una coalición de movimientos sociales y organizaciones publicaron una crítica detallada del marco de operación de los principios IAR antes de la reunión del CFS. 6 Esto catalizó a los movimientos sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un llamado al CFS para que rechazara el documento de principios de IAR. Al final, el CFS no respaldó el citado documento y acordó únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de IAR.     

A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras socialmente responsable donde “todos ganen” estaba a punto de naufragar. Entretanto, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios.

En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron a compartir experiencias y consolidar sus luchas contra el acaparamiento de tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron un llamado público —que continúa ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento. 7

Pero los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse .

Actualmente, la dirección del CFS prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente de consulta en torno de las IAR. 8 El borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que se opondrá a un proceso cuyo foco principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones de tierras en gran escala. En cambio, argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión agrícola responsable” son la respuesta a los problemas en el terreno y luego reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la agricultura se necesita para remontar el hambre y apoyar a los agricultores en pequeña escala, en particular a las mujeres. El CIP recomendó que el CFS dejara de utilizar el nombre actual (IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras, no con las inversiones. Pero las cuatro agencias que promueven los principios de IAR siguen presionando.

Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia anual en torno a tierras y pobreza en su sede de Washington DC. 9 Los principios de IAR están en el centro de la discusión. Su objetivo central ahora es comenzar a “operacionalizar” las IAR a partir de las experiencias con otros mecanismos de “responsabilidad social corporativa” (RSC), como las Mesas Redondas sobre Soya Sustentable y Biocombustibles, o la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva. 10    

Entretanto, los gobiernos nacionales luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en que “ambas partes ganan” comienza a sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Nueva Zelanda comienzan a responder con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades de los extranjeros para adquirir tierras de cultivo nacionales. Otros, como Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta para suprimir la oposición local. En la campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición, Le Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), solicitó que el presidente de la república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron en la región conocida como Office du Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el gobierno de Khartoum por haberles arrebatado sus tierras.     
           
Qué está mal con los principios de “Inversión Agrícola Responsable”    

Las IAR no tienen que ver con facilitar las inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de que el acaparamiento de tierras puede continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esta ilusión es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades con el fin de que los acaparadores de tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando vender o arrendar sus tierras. 

El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro por indígenas campesinos, pastores, pescadores artesanales y nómadas, lo que amenaza seriamente sus derechos a la alimentación y al sustento seguro. El acaparamiento de tierras también captura todos los recursos de agua que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo que de facto es una privatización del agua.

La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras, debido a que se e llevan a cabo expulsiones por la fuerza, se silencia y se reprime a los críticos, se introducen modelos no sustentables de agricultura y del uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas. Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y estas realidades. No pueden tampoco adaptarse para ser presentados como políticas públicas o regulación estatal.

El acaparamiento de tierras, que tiene por objetivo darle a los inversionistas una tasa de ganancia del 20%, es lisa y llanamente una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento de tierras es totalmente incompatible con la seguridad alimentaria: la producción alimentaria únicamente arroja ganancias de entre 3 y 5%. Lo único que logra el acaparamiento de tierras es enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo.

Hay quienes creen que promoviendo transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún modo, conducir a resultados donde “ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”, la transferencia de vastas porciones de tierra, bosques, áreas costeras y fuentes de agua a grupos de inversionistas, de todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente de proteger la tenencia de la tierra de los campesinos y otros productores en pequeña escala, y muchos movimientos sociales han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos agrarios durante muchos años. Los principios de “inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta la fecha en pos de una reforma agraria, y en pos de derechos territoriales.

Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro de los triunfos obtenidos con sus mecanismos de “responsabilidad social corporativa”, un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán confiando en los tratados comerciales y de protección de inversionistas, en los resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros de riesgo político (proporcionados por las instituciones internacionales que promueven los principios de IAR), que los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera.

El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil hectáreas del acuerdo de Malibya en el Office du Niger en Mali, a las 320 mil hectáreas que el Grupo Beidahuang pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar la ausencia de legitimidad haciendo que los inversionistas se adhieran a unos cuantos principios es una estafa.

Invirtamos en soberanía alimentaria          

Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes están rompiendo las cadenas de viejos regímenes para recuperar su dignidad y el espacio de la autodeterminación, necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo.    

Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras; no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros; 11 rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada e ilegalizar el acaparamiento de tierras. Los gobiernos deben también dejar de oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad a los activistas detenidos.

Reiteramos las exigencias que han hecho una y otra vez los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de 2006 —el referente multilateral consensado y de mayor autoridad en relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. De igual modo llamamos al CFS a que adopte los Lineamientos de la FAO en relación a la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales que tienen fuertes raíces en las leyes de derechos humanos, con el fin de que se utilicen efectivamente para proteger y cumplir con los derechos a la tierra y a los recursos naturales de todas las poblaciones rurales y urbanas a nivel nacional e internacional.

Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo un amplio consenso en relación con las soluciones reales para el hambre, la crisis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son:

*  la agricultura campesina, la agricultura familiar, la pesca artesanal y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas que se basan en métodos ecológicos y en mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan los medios de garantizar el sustento.
*  los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad de carga de la tierra.
*  debemos reemplazar los regímenes neoliberales, verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala.
*  deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.12

Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando y pugnando por este camino junto con muchos aliados por todo el mundo.

17 de abril de 2011

▪ Amigos de la Tierra Internacional
▪ Campaña Global por la Reforma Agraria
▪ Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
▪ FIAN International
▪ Focus on the Global South
▪ GRAIN
▪ La Via Campesina
▪ Land Research Action Network
▪ Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (Red Social de Justicia y de Derechos Humanos)
▪ World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Itinerantes)
▪ World Forum of Fisher Peoples (Foro Mundial de los Pueblos Pescadores

Fuente: http://www.grain.org/o/?id=113
 

Los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse