Veamos que hoy hay continuidad y profundización de los 90 en el avance de la «territorialidad de dominación». Horacio Machado Aráoz, en "Minería, territorio, identidad. La resistencia a la minería transnacional desde la experiencia de Be.Pe.", destaca en "El ‘modelo minero’, como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general, condensa una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales:

• la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida;
• la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; y
• la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.

Fragmento al artículo

A. para comprender cómo se desarrolla el capitalismo mediante:

Horacio Machado Aráoz señala: “La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas (…) Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras…

Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población:

1. no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar;

2. se manipulan y falsean las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros;

3. se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”. (Extracto de la Declaración de Andalgalá, III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina, 14 de agosto de 2005).

“El primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación, qué queremos hacer nosotros como comunidad. Lamentablemente, a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera… Somos una comunidad membrillera, aceitera, dulcera. (…) Al principio nos catalogaban como ‘los loquitos’. Después ya éramos los sediciosos, terroristas, fundamentalistas, los que no queríamos el progreso… Pero después el pueblo empezó a despertar… La gente empezó a ver, a escuchar, a tomar conciencia. La comunidad dice: ‘YA BASTA!’”. (Dito Salas, Autoconvocados de Andalgalá, 2005).

“Para nosotros, el territorio es el derecho más importante que tenemos como pueblo, porque ningún otro derecho tiene sentido si no se respeta el territorio. El territorio es todo aquello que da lugar a nuestra identidad y toda nuestra razón de ser: yo mismo en estos momentos soy un pedazo de mi territorio que está hablando acá. Porque el territorio es nuestro idioma, es nuestra música, son nuestros recursos culturales asociados al ambiente…” (Marcos Pastrana, dirigente diaguita calchaquí, 2007)".

Horacio Machado Aráoz se refiere a porqué se instala Minera Alumbrera:"La consolidación de la ‘oleada’ neoliberal en los ’90 ha significado en América Latina la profundización de un fuerte proceso de mercantilización y explotación de la ‘naturaleza’. Las ‘reformas estructurales’ involucraron la apertura de un nuevo ciclo de una ‘vieja estrategia’, el extractivismo primario-exportador.

De la mano de la expansión de monocultivos de exportación, la radicación creciente de las llamadas ‘industrias sucias’, la privatización y transnacionalización de las reservas petroleras y mineras, así como de los servicios de agua potable, gas y energía eléctrica, y un largo etcétera, nuevas formas de apropiación, control y disposición sobre los territorios y sus bienes y servicios ambientales se pusieron en juego en la región afectando a crecientes porciones de nuestras poblaciones.

En ese marco, el boom de la gran minería metalífera transnacional verificado en la región desde inicios de los ’90 hasta nuestros días, con la radicación de las más importantes corporaciones mineras transnacionales y la acelerada expansión de las superficies territoriales concedidas a grandes proyectos de exploración y explotación minera, constituye uno de los capítulos ecológica y políticamente más gravosos de este proceso.

En nuestro país, el desembarco inicial de la minería transnacional tuvo lugar en la provincia de Catamarca, con la instalación de Minera Alumbrera Ltd. en 1995. Poco se sabía entonces de qué se trataba este tipo de explotaciones. La pobreza crónica y el desempleo estructural de la región completaron el ‘caldo de cultivo’ adecuado para que la puesta en marcha de este primer mega emprendimiento de minería química a cielo abierto resultara ‘exitoso’. Las promesas del desarrollo y de numerosos puestos de trabajo, más que resistencias, generaron euforia y despertaron esperanzas entre nuestras poblaciones. Sin embargo, al poco andar, las ‘ilusiones desarrollistas’ se transformaron en frustraciones crecientes y las expectativas de progreso se desvanecían ante la creciente evidencia de los impactos socioambientales de esta mega-explotación".

B. para descubrir la resistencia a esta ocupación totalitaria y devastadora de los territorios mediante:

Horacio Machado Aráoz historia:"Desde 1997 a la fecha, los conflictos suscitados en torno a la minería a gran escala no cesaron de fluir, produciendo una larga historia de resistencias con diferentes etapas en la que los motivos, las demandas y los actores fueron cambiando y se fueron extendiendo. Del reclamo por las ‘promesas incumplidas del desarrollo’ (empleos, obras de infraestructura, mejora de servicios básicos, etc.) a las denuncias por daños ambientales (mortandad de animales domésticos, pérdida de flora y fauna, secamiento de vegas y humedales, disminución de los caudales de ríos y napas, etc.) y de éstas, al rechazo absoluto a este tipo de explotaciones. El originario movimiento ‘La Voz del Pueblo’ surgido en Belén en 1997, mayoritariamente integrado por desocupados, se fue extendiendo y ampliando a otros sectores y colectivos sociales, dando origen a diversas agrupaciones movilizadas para denunciar los ‘atropellos de la minera’. Entre los años 2001 y 2003 organizaciones de Belén, Santa María y Andalgalá cobran fuerza en las denuncias de los daños ambientales y las sucesivas roturas del mineraloducto. El testimonio de vecinos andalgalenses sería por entonces decisivo en el plebiscito de Esquel (Marzo de 2003) y en la extensión de una lucha hacia un escenario regional y nacional, con la formación de la Red C.A.M.A. (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina) primero, las experiencias de los Plenarios Ambientales del Noa, luego, y la posterior conformación y articulación de las asambleas locales en la U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas).

En ese contexto, la decisión de Be.Pe. de apoyar e involucrarnos directamente en esta lucha nace precisamente de la convicción de que no se trata meramente de un ‘reclamo ambientalista’ (al menos en el sentido superficial que usualmente se le da a la cuestión), sino de una estratégica confrontación cultural y política por las condiciones presentes y futuras de autodeterminación, justicia y sustentabilidad. El ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa, a nuestro entender, una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.

Esa opción institucional nos llevó a asumir nuevos retos y aprendizajes, participando institucionalmente en los espacios de lucha que se fueron constituyendo en el proceso de resistencia social a la minería a gran escala en nuestra región. Integrando primero la Asamblea Socioambiental Catamarca (2007-2008), luego el Colectivo Sumaj Kawsay (2009-2010), participando desde el 2007 como integrantes de la U.A.C. y como impulsores de la Asamblea Socioambiental del NOA (AsaNoa), y actualmente integrando la recientemente conformada Coordinadora Interprovincial en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes, nuestra participación en estos espacios colectivos ha estado orientada hacia dos objetivos centrales. Por un lado, inspirados en nuestra visión-vocación de la Educación Popular, se ha buscado fortalecer los procesos de articulación e inter-aprendizaje político hacia el interior del movimiento, entendiéndolo como un aspecto clave en este proceso de lucha. Por el otro, se ha buscado ampliar las redes de sensibilización hacia el resto de la sociedad y de participar en medidas directas de resistencia y rechazo al avance del ‘modelo minero’".

Horacio Machado Aráoz destaca: "Muchos son los ‘mojones’ políticamente relevantes que emergen de esta larga e intensa lucha abierta. En este espacio no podríamos dar cuenta con justicia de todos ellos. Sin embargo, sólo para reflejar de algún modo el camino trazado en y desde la resistencia popular, cabe mencionar algunos ‘hitos’ para nosotros muy significativos.

En el plano de la construcción de espacios de inter-aprendizaje y de generación de procesos político-pedagógicos de formación, destacamos la realización de Encuentros que fueron claves para el fortalecimiento de la lucha: los Foros Ambientales del Noa, co-organizados por la Movida Ambiental de Termas y Pro-Eco (Termas de Río Hondo, abril de 2007; Santa María, mayo de 2007) y los Encuentros de Asambleas socioambientales del Noa (Catamarca, abril de 2008; Tucumán, febrero de 2008; Metán, marzo de 2008; Andalgalá, junio de 2008).

También en este plano, creemos que fueron muy significativas las Jornadas “Patrones de Desarrollo y Conflictos Socioambientales” co-organizadas entre Be.Pe. y el Laboratorio Tramas de Estudios Políticos Regionales (Doctorado en Ciencias Humanas, U.N.Ca.) entre los años 2007 y 2008 y los seminarios de formación para educadores populares, realizados junto al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía entre 2008 y 2009. La organización y realización del VII° Encuentro de la U.A.C. en Catamarca, en agosto de 2008, fue sin dudas un hito histórico que marcó el crecimiento de las asambleas locales en capacidad organizativa y conciencia política, con más de 500 asambleístas reunidos debatiendo sobre los diferentes efectos e impactos del modelo extractivo en el país congregados en la capital de nuestra provincia bajo el lema “Catamarca: Eco del Grito de la Tierra”.

En cuanto a las principales acciones públicas y medidas de protesta desarrolladas en los últimos años, cabe mencionar, desde la participación en la Mesa de Diálogo convocada por el Obispado de Catamarca (2007-2008) al acompañamiento a los cortes de ruta desarrollados en la localidad de Aconquija, en protesta por unos piletones construidos en un barrio popular para recoger los derrames del mineraloducto de Alumbrera (septiembre–octubre de 2007); las charlas de sensibilización sobre los impactos de la minería de uranio desarrolladas junto a Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear de Chubut; U.AC.), la posterior formación de asambleas en Fiambalá y Tinogasta y la paralización de las prospecciones de uranio logradas a través de masivas marchas entre noviembre y diciembre de 2007; numerosos cortes de ruta realizados en Belén, Tinogasta, Santa María, Andalgalá y también en diferentes localidades de los Valles Calchaquíes en territorio salteño y tucumano, denunciando los impactos de Minera Alumbrera y expresando la oposición al nuevo proyecto de Agua Rica. Junto a estas medidas, las campañas de denuncia, información y sensibilización realizadas en festividades populares, actos públicos y marchas, con diferentes medios y recursos (eventos artísticos, charlas, ciclos de video-debate, elaboración y distribución de gacetillas y boletines informativos, etc.), marcaron ya una inocultable resistencia popular a este tipo de emprendimientos.

Del otro lado, las medidas de protesta alimentaron, en algunos casos, el clientelismo público-privado, ya a través del reparto de ‘subsidios’ de parte del gobierno, ya a través de ‘donaciones’ y programas de ‘responsabilidad social empresaria’ de las mineras, con el objetivo expreso de acallar las denuncias e incentivar la división social en las comunidades. En otros casos, la resistencia social dio lugar a fuertes represiones y a una peligrosa senda de criminalización y judicialización que tuvieron sus momentos más álgidos durante la jornada del 15 de febrero pasado en Andalgalá, con un centenar de vecinas y vecinos heridos con perdigones y bastonazos propinados por las fuerzas de ‘seguridad’ de la provincia.

En definitiva, el desembarco de la gran minería transnacional cambió drásticamente tanto el paisaje ecológico como el sociocultural y político de nuestra región. A la degradación de las condiciones ecológicas de nuestros territorios, le siguió el grave deterioro de la institucionalidad y la sociabilidad democráticas en nuestras comunidades. Al secamiento de fuentes naturales de agua y la pérdida de superficies agrícolas y ganaderas, al aumento exponencial de enfermedades respiratorias y de la piel, al racionamiento crónico del agua potable y la electricidad, hay que sumarle también un ‘paisaje social’ desolador: comunidades divididas; pueblos enteros ‘asistencializados’ con las dádivas de las mineras; corrupción y clientelismo endémico alimentados por los flujos financieros espurios de una ‘actividad-enclave’ con grandes volúmenes de ganancias; y una institucionalidad democrática ‘patas para arriba’ al decir de Galeano: con jueces y políticos que proveen ‘seguridad jurídica’ a las empresas, legalizando el saqueo y criminalizando a las poblaciones que le resisten; con prohibiciones de plebiscitos ‘en nombre de la constitución’; con la imposición del modelo minero aún a costa del rechazo mayoritario de nuestras poblaciones".

Horacio Machado Aráoz reflexiona:"Nos enfrentamos, en definitiva, a un panorama sombrío. Pese a las evidencias del fracaso de la ‘fantasía desarrollista’ que promete el modelo minero, sus personeros se empeñan en imponerlo ‘a sangre y fuego’, con dosis cambiantes ya de ‘asistencialismo’, ya de ‘criminalización’.

De este lado de la lucha, sin embargo, nuevas expresiones de ciudadanía han ido surgiendo. Desde la vivencia-de-la-resistencia viene fraguando la conformación de nuevas subjetividades políticas, expresiones de otras sensibilidades y sociabilidades, que buscan no ya los placebos del consumismo que ofrece el sistema, sino que intenta avanzar hacia nuevas formas de habitar-producir y vivir el territorio… Nuestros ‘NO’ a la minería, resumen en definitiva, la denuncia de la crisis civilizatoria del Occidente-colonial que busca abrir brechas hacia nuevas formas de convivencialidad, nuevas formas de vinculación con la naturaleza y de gestión de la Vida-en-Común… Se trata de la re-apropiación de nuestros territorios, de nuestra agua y nuestro suelo, pero también de nuestra Identidad y de nuestros Derechos. Más que el retorno a un ‘pasado idílico’ creemos que en esta lucha nos va la construcción imprescindible de otro ‘futuro’ posible. Para todas y para todos. Un mundo socio-biodiverso en con-vivencia igualitaria. Puede sonar utópico, en el peor sentido de la palabra; pero también podemos hacerlo sonar en su mejor y más noble sentido.

Iniciada su construcción en 1995 y se explotación en 1997, Minera Alumbrera Ltd. es un holding empresarial liderado por la suiza Xstratta Cooper dedicado a la explotación de un yacimiento de polimetálicos diseminados. Extrae anualmente 650.000 toneladas de concentrados con 180.000 Tn de cobre y 600.000 onzas troy de oro. En su proceso extractivo consume aproximadamente 100 millones de litros de agua por día, que extrae de una reserva de agua fósil (Campo del Arenal) en una región árida, con un régimen de precipitaciones de entre 150 a 300 mm anuales. Su consumo anual de energía es superior a los 760.000 MW (el consumo eléctrico de toda la provincia de Catamarca es inferior a los 470.000 MW), a lo que hay que sumar alrededor de 35 millones de litros de combustible y 40 mil toneladas de explosivos. La totalidad de los minerales extraídos se exporta a través de una mega-infraestructura que atraviesa cuatro provincias e incluye un mineraloducto de 220 km, una vía férrea propia de 800 km e instalaciones portuarias propias".

Horacio Machado Aráoz (Asoc. Civil Be.Pe., Colectivo Sumaj Kawsay – AsaNoa Catamarca)
Fuente: www.ecoportal.net / 25-09-2010

En consecuencia, la «territorialidad de dominación» significa que -en nombre del progreso y el bienestar social- se consolida el subdesarrollo de la reprimarización productiva, de la precarización laboral, de la infraestructura socioeconómica para la exportación, de la quita de soberanía alimentaria, de los feudos provinciales, de la destrucción socioambiental, etc. Se trata de la consolidación y el avance de un sistema de expropiación neocolonial que Horacio Machado Aráoz precisa como:

• expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida;
• expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; y
• expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.

En este contexto, la «reforma agraria integral» es un desafío no sólo de campesinos e indígenas sino sobre todo de la unidad en diversidad de los de abajo. Su proyecto y puesta en práctica encamina nuestra emancipación socioeconómica e institucional al ir recuperando las comunidades locales y su articulación por compromiso de una creciente mayoría de nosotros con otra sociedad, otro país y otro mundo posibles. Significa la reapropiación de los territorios desde las luchas por la vida, la dignidad de los pueblos y las nuevas relaciones sociales en torno a necesidades e intereses compartidos.

En consecuencia, la «territorialidad de dominación» se implanta no sólo por la vía de los hechos consumados y de la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social sino, sobre todo, por abuso de la situación de desamparo y despojo en que se hallan las pequeñas o medianas poblaciones e inculcación de una visión de modernización y de fuentes laborales.

 

Es hora de cuestionar la impunidad de evaluar los territorios como "socialmente vaciables" y como "sacrificables". Hay que condenar a quienes ejecutan e idean sus extraordinarios negocios sin importar la vida y dignidad de los pueblos. En forma correlativa es preciso, como Maristella Svampa invita, apreciar que a "esas redes territoriales que se constituyeron en el locus del conflicto, que aparecían como el espacio de control y dominación neoliberal, supieron convertirse también en el lugar de emergencia de movimientos socioterritoriales innovadores, con carácter autogestivo, con pretensiones autonómicas, que pusieron de manifiesto las relaciones de antagonismo y de poder existente, contribuyendo de manera decisiva en la generación de resistencias a la hegemonía neoliberal".  

 

La «reforma agraria integral» puede surgir de esta disputa por territorio y por desarrollo. También lo hará de las  "formas y los espacios de deliberación vinculadas a la democracia directa" que los movimientos de carácter socio-ambiental crearon. "En líneas generales, la emergencia de nuevas estructuras de participación que tienen un fuerte carácter asambleario, se refleja en la tendencia a crear estructuras flexibles, no jerárquicas, proclives al horizontalismo y la profundización de la democracia interna".

Luchas Socio-Ambientales en México.

 Prefiguración de subjetividades y horizontes de sentido anticapitalistas

Por Mina L. Navarro y César Enrique Pineda (Rebelión)

"Ante la emergencia de numerosos conflictos ambientales y la crisis ecológica que el mundo vivo humano y no humano enfrenta en la actualidad, nos interesa proponer algunas claves para comprender los modos en los que las luchas socio- ambientales en México están enfrentando los efectos de la acumulación por desposesión y prefigurando modos de relación y lenguajes de valoración anticapitalistas. También es de resaltar el crecimiento de numerosas luchas socioambientales y su significado como obstáculo a la reproducción del capital.

Desde todos los rincones del planeta se multiplican las formas de resistencia a la extracción, utilización y explotación de bienes naturales o bien a sus efectos depredadores, contaminantes y de desecho. Es probable que no exageremos cuando consideremos que estos movimientos pueden ser tan importantes como lo fue el movimiento obrero en el siglo XIX, y para muestra un par de botones.

En Nigeria el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger en confrontación con las petroleras extractoras han logrado a pesar de una feroz represión, que la producción diaria baje de 2 millones y medio de barriles a menos de millón y medio ¹ . En México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra detuvo un proyecto aeroportuario que le despojaría de sus tierras colectivas y hasta el momento de escribir estas líneas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota había obstruido un megaproyecto hidroeléctrico que los apartaría del río Papagayo y de sus tierras. Cada proyecto de inversión rebasaría los 1000 millones de dólares. ² Estos ejemplos resaltan sólo un poco de la importancia de estos movimientos, la necesidad de su comprensión, análisis y visibilidad como actores decisivos dentro de la crisis sistémica y sus posibles alternativas".

A partir de este artículo fragmentado podemos elaborar argumentos sobre nuestro ¡Ya Basta! de capitalismo:

Mina L. Navarro y César Enrique Pineda se refieren a:

"La acumulación por desposesión: un proceso histórico e inherente del capitalismo

Desde sus inicios en el siglo XVI, el modo de dominación capitalista se ha reproducido a través de un proceso constante de acumulación. Este proceso inició con la acumulación originaria o primitiva, llamada así por Marx, por configurar la prehistoria del capitalismo y su modo de producción, impulsando la escisión entre productores y medios de producción. Lo anterior implicó la separación súbita y violenta de grandes masas humanas de sus medios de subsistencia de producción arrojándolas, en calidad de proletarios totalmente libres, al mercado de trabajo (Marx 1867: 893).

En palabras de Karl Polanyi, este proceso de “gran transformación” implicó que “la tierra y el trabajo quedaran súbitamente separados, mientras que tradicionalmente el trabajo formaba parte de la vida, la tierra formaba parte de la naturaleza, vida y naturaleza formaban un todo articulado”. Separar a la tierra de los hombres y organizar a la sociedad para satisfacer las necesidades de un mercado de tierras fue un parte vital del concepto utópico de la economía de mercado ( Polanyi s/d: 178). ³

Uno de los efectos más importantes de esta separación fue que la naturaleza vinculada por todas partes con la vida de la sociedad, fuera transformada apenas en tierra, con lo cual se desarticularon equilibrios sociales constituidos antiguamente, que otorgaban sentido a la vida y que eran el fundamento de los imaginarios sociales (Alimonda 2009:15).Es así como la dominación capitalista a lo largo de la historia ha venido operando sobre ciertos fundamentos en los que la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y en materia prima del proceso productivo, desconociéndose así, el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza. En este proceso la naturaleza se fue desnaturalizando, para hacer de ella un recurso, una mercancía para insertarla en el flujo unidimensional del valor y la productividad económica para beneficio del hombre (Leff 2006: 25). La separación sujeto- objeto tuvo como consecuencia que el paradigma antropocéntrico se instalara como uno de los fundamentos del desarrollo y el progreso de la humanidad.

En el marco de esta racionalidad contra natura, la última fase de acumulación capitalista desplegada a partir de la crisis de sobreacumulación de los setenta, ha estado conformada de manera predominante por encima de la reproducción ampliada, por una estrategia basada en la destrucción, robo, violencia, saqueo y despojo de los bienes colectivos y recursos naturales. Para diversos autores ⁴ , entre los que se encuentra David Harvey, la forma de acumulación actual está conformada por la mayor parte de los rasgos que se presentaron en la ‘acumulación originaria’, entendida no como la etapa que dio origen al capitalismo, sino como un proceso continuo y permanente en la geografía histórica del capitalismo. Algunos de estos rasgos son: “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales)" (Harvey 2003: 116-117).

Durante los últimos treinta años, la acumulación por desposesión se ha materializado en las políticas neoliberales y en una estrategia de “cercamiento de los bienes comunes” (Harvey 2003: 115). L a expresión más visible y condensada de esto, ha sido la oleada de privatizaciones de bienes y servicios públicos producida en las dos últimas décadas en todo el planeta; la privatización de agua y tierras; el desarrollo de medios de comunicación y transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, túneles, ferrocarriles, compañías de aviación), el desarrollo de telecomunicaciones (telefonía digital y sistemas satelitales), banca y servicios financieros, petróleo y petroquímica, complejos siderúrgicos, y la privatización de sistema de seguridad social, fondos de pensión y retiro de los trabajadores (Gilly y Roux 2009: 31). Además proyectos como la minería a cielo abierto, la instalación de confinamientos y basureros nucleares, corredores eólicos, presas o hidroeléctricas, los monocultivos de soja, la producción de agrocombustibles, proyectos inmobiliarios, de desarrollo, expansión urbana y de servicios. Estas políticas han sido operadas en el marco de tratados y planes de libre comercio y desarrollo, y financiadas por los estados nación -incluyendo a los gobiernos progresistas- y empresas trasnacionales.

Así, el despojo de pueblos y comunidades y la lógica productiva de crecimiento incesante se presentan como rasgos inherentes al sistema de acumulación capitalista, trayendo como consecuencia la contaminación del agua, del suelo, del aire, la emanación de gases tóxicos, con su secuela de calentamiento global, el agotamiento de los recursos no renovables, como es el caso de la crisis energética por el agotamiento de los hidrocarburos, la crisis alimentaria y su relación con la producción de agrocombustibles, la crisis del agua, y las enfermedades y muertes evitables en toda clase de seres vivos.

Para muchas voces de la academia y el campo popular, este diagnóstico ha colocado en el centro de la mesa la necesidad de transformar la racionalidad productiva, a través de la cual se ha destruido atrozmente la base de los bienes necesarios para la sustentación de la vida. Todas estas voces han anunciado y advertido que si no se producen cambios estructurales en los modos de producción de la vida en el capitalismo, la vida humana y no humana corre el peligro de perecer en su propia reproducción".

Mina L. Navarro y César Enrique Pineda se refieren a:

"Contradicción capital- trabajo y capital- naturaleza

Los mecanismos de acumulación a partir de la expoliación y de la externalización de costos, especialmente a partir de la degradación de la tierra, el territorio y los recursos naturales son parte indisociable del funcionamiento capitalista y no sólo efectos colaterales incontrolados. Rosa de Luxemburgo afirma que la acumulación capitalista tendría un carácter dual: “el otro aspecto de la acumulación de capital se da entre el capital y las formas de producción no capitalistas (…) aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, el pillaje” ⁵ . El despojo violento de bienes estratégicos sería el otro motor de la esencia de la acumulación debido a la incesante necesidad de externalizar tres costos ocultos que los productores no necesariamente realizan: la eliminación de residuos (especialmente los tóxicos), la renovación de materia prima (esencialmente los bienes naturales) y los costos de infraestructura. (Wallerstein 2005: 111). Es decir, las formas violentas de expoliación capitalista sobre la naturaleza significan una necesidad estructural para externalizar los costos de la producción industrial y mantener el crecimiento infinito sin importar sus efectos sociales y ambientales. Esta lógica es inherente al capitalismo, pero se hace evidente en el momento en que el sistema de mercado ha invadido por completo el orbe.

El agotamiento gradual de espacios libres de residuos, la disputa geopolítica por recursos estratégicos no renovables cada vez más escasos, así como la intensificación de inversiones en el sector inmobiliario, ligado directamente a necesidades de infraestructura y comunicación para el flujo de capitales, mercancías e inversiones, está haciendo evidente el escalamiento de la conflictividad con poblaciones, comunidades y movimientos locales afectados por las necesidades incontenibles de crecimiento. Pero aún más, el enfrentamiento se polariza con los sujetos sociales que conservan, aunque sea parcialmente identidades y formas productivas que no están basadas en la máxima ganancia debido a que “el capitalismo tiene una tendencia histórica a destruir y absorber los modos de producción no capitalistas (…) los usa para crear nuevo espacio para la acumulación de capital” (Harvey 2001: 270) ya que el imperativo de acumular, implica, en consecuencia, el imperativo de superar obstáculos espaciales.

Vemos que el crecimiento, aceleración y expansión de la acumulación requiere vencer al espacio mediante el tiempo, permitiendo que los flujos de mercancías y capitales accedan a cada vez más territorios, cada vez más rápido. Esta lógica infinita, sin embargo choca directamente con territorios y recursos ambientales finitos por un lado, y con culturas, comunidades y colectividades situadas en los lugares de extracción, producción o desecho que se defienden de los efectos de dicha lógica.

Es así que vemos que del carácter inherente del capitalismo, esto es, de su naturaleza autodestructiva y del complejo metabolismo de las sociedades capitalistas, se originan por lo menos dos grandes contradicciones:

• Una de ellas es la tensión entre los ciclos de reproducción del capital vs. los ciclos de reproducción de la vida. Tal y como lo plantea Jorge Veraza: “los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital (…) estas diferencias suscitan necesariamente una contradicción entre el dominio del capital industrial y los ciclos biológicos del planeta”. O como lo plantea Joan Martínez Allier: “la economía recibe recursos y produce residuos, explotando más allá de su capacidad de regeneración”. Esto se deriva de la imposición del horizonte de abundancia con que la modernidad ha operado en los últimos tres siglos, de la cual se ha producido la idea de que los recursos del planeta son infinitos y que en todo caso sólo hay algunos y excepcionales fallos del mercado o externalidades que generan costos ambientales. Esta visión hegemónica parte de suponer que “el mercado funciona como mecanismo racional de asignación de recursos (…) en el que los problemas ecológicos surgen de la ausencia de racionalidad mercantil privada”, y no de las propias contradicciones del capitalismo y los límites de la naturaleza.
   

• Otra contradicción se produce entre la lógica productiva que mercantiliza y cosifica la vida, como una materia prima, un bien de consumo; y por otro lado, los lenguajes de valoración de los pueblos que conciben a la tierra y a la naturaleza como su madre, como un bien inconmensurable, que no tiene precio. La disputa de las luchas socioambientales está en sacar los bienes comunes, de la esfera económica y su valorización. En este terreno se enfrentan dos formas contrarias e incompatibles de percibir la vida: “la naturaleza y el régimen del tiempo capitalista.”

En el marco de la mundialización financiera y de los mercados globales, sin embargo, la necesidad de expoliación de los bienes naturales se acelera ya que la capacidad competitiva de los complejos y conglomerados multinacionales no sólo dependen de fuerza de trabajo barata o materias primas a precios favorables sino de “un complejísimo sistema de condiciones marco (…) se trata de sistemas de provisión de energía y transportes, infraestructuras sociales y administrativas, fuerza de trabajo especialmente calificada, además de las correspondientes condiciones habitacionales y de vida acordes(…)”(Hirsch 2001:143). Ello explica la enorme presión sobre los bienes y territorios no sólo por su cualidad dotadora de materias primas sino por la necesidad de crecimiento de condiciones estructurales para la acumulación global.

Es así como los efectos de la sociedad industrial y las bases de la modernidad capitalista han detonado en los últimos años en todo el planeta una crisis sin precedentes en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo el ambiental. Frente a los aparentes límites absolutos del sistema de poder y dinero del capitalismo, el actual desastre ecológico es leído por muchos como síntoma de una profunda crisis civilizatoria y de un modelo de control tecnológico basado en la máxima ganancia a costa del dominio, desarticulación y desprecio de los procesos agrícolas tradicionales, de las estrategias productivas de los pueblos originarios y del patrimonio de los bienes comunes y culturales".

Mina L. Navarro y César Enrique Pineda hablan de:

"México: camino de resistencias y alternativas frente a la desposesión

En toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta han surgido diferentes respuestas sociales para enfrentar la desposesión, el despojo de bienes colectivos y la mercantilización de la vida. No obstante, a partir de los últimos diez años es notoria la emergencia de un nuevo ciclo de luchas socioambientales en América Latina, lo cual en buena parte se debe al complejo metabolismo de las sociedades capitalistas y su crecimiento de flujos de energía, materiales y salida de residuos (Martínez Allier, 2009: 2).

Estos movimientos han surgido como resistencias y protestas de afectados ambientales, que muy pronto han traducido sus demandas en una lucha por el control colectivo de los recursos, por el derecho a la autodeterminación de sus propias condiciones de existencia, por el bloqueo de las formas depredadoras y contra el despojo de tierras, agua, bosques, biodiversidad, saberes ambientales tradicionales, y otros bienes comunes. México se encuentra también dentro de esta tendencia.

Con el auge e implementación de las políticas neoliberales se ha venido produciendo una reconfiguración del andamiaje normativo e institucional para facilitar la desposesión. Uno de los rubros más importantes de esta transformación ha sido el desmantelamiento del campo. El entramado de unidades productivas campesinas enfrenta en la actualidad la peor de las crisis. La alta migración de la población rural hacia las ciudades y hacia Estados Unidos, la dependencia alimentaria, la destrucción de las culturas y tejidos comunitarios, el despojo de tierras a partir de la cesión de derechos a particulares, y en general la pulverización de la producción agrícola campesina a nivel nacional, son algunos de los componentes de esta crisis (Hernández/ Navarro: 2010).

El reordenamiento que el campo ha sufrido, en buena medida ha sido provocado por la creación de marcos legales como la firma del Tratado de Libre Comercio, y en particular lo señalado en el capítulo agropecuario, que estipula la reducción o eliminación de los aranceles en todos los productos agropecuarios con excepción del maíz, el frijol y la leche a los cuáles se les dio un plazo de 15 años para eliminar a cero su arancel; así como la modificación al artículo 27 constitucional, con lo que se “permitió rentar y vender las tierras ejidales, se autorizó la inversión de sociedades mercantiles en terrenos rústicos y, lo más importante, se canceló el reparto de tierras” (Rubio, 2009: 5).

Estas modificaciones legales y la política estatal en el tema agropecuario, las cuales básicamente se ha fundamentado en su abandono y en desestimular su producción nacional, han generado las condiciones para el dominio de las grandes transnacionales agroalimentarias, así como la exclusión masiva de los pequeños productores rurales (Rubio, 2009: 6). Con todo ello, se ha transformado la forma de organización productiva del campo mexicano, a través de nuevos modos de apropiación y concentración de las tierras para la acumulación capitalista (Serna, 2009: 26, 27).

En el discurso de “desarrollo” el gobierno argumenta que ante la crisis del campo y el abandono de las tierras lo mejor es la privatización y la generación de proyectos para su mejor aprovechamiento. Como si los campesinos y productores rurales hubieran sido los responsables del desmantelamiento del campo y su modo de relación con la tierra hubiera generado la crisis actual. Lo cierto es que las estrategias discursivas del gobierno mexicano y de las cuadrillas empresariales han venido desacreditando las formas de organización autóctonas y comunitarias (Hernández/ Navarro: 2010).

Asimismo con la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 a contracorriente del enorme proceso de movilización social constituido a favor de los Acuerdos de San Andrés, se abrió un nuevo ciclo de reformas “en materia de bosques, aguas, semillas, minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad, todas orientadas al despojo capitalista de los territorios campesinos e indígenas, todas avaladas por el conjunto de la clase política” (Serna 2009: 26).

Tal es el caso de la Ley Minera de 1992 que, conjuntamente con la Ley de Inversión Extranjera, permitió que entes trasnacionales controlen el 100% de las actividades de exploración y producción en el ramo. O la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados en 2005 que pone en riesgo la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen, ofreciendo a cambio, seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90 por ciento (Ribeiro, 2005).

Asimismo los megaproyectos de infraestructura que se han venido impulsando en México, en el marco de diferentes acuerdos y tratados comerciales, como es el caso del Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, tienen como objetivo dominar una serie de áreas para su valorización, dominación e integración al "sistema del mercado global". El impulso de superautopistas, carreteras, megaproyectos turísticos, sistemas de transporte, vialidades, represas hidroeléctricas, basureros comunes, basureros industriales y tóxicos ha ido acompañado de las modificaciones al marco normativo, al relajamiento de leyes de protección ambiental y de la salud, así como de fuertes procesos de despojo contra comunidades poseedoras de la tierra.

Por otro lado, se han detonado numerosos intentos de privatización de manantiales, ríos y ojos de agua en innumerables regiones del país, y elevado los costos por el suministro de agua, en medio de una profunda crisis de escasez de agua, sobretodo en las zonas urbanas.

El reordenamiento de la forma productiva agropecuaria y alimentaria y la profundización del modelo extractivo, como parte de los procesos de acumulación capitalista en México, son algunos de los componentes del complejo escenario que enfrentan los pueblos y comunidades en defensa de sus bienes comunes.

Frente a todo ello se ha venido constituyendo un incipiente pero creciente ciclo de luchas socioambientales en todo el territorio nacional, identificando hasta el momento más de sesenta expresiones de resistencia que han comenzado a organizarse para encontrar una salida a los problemas de desposesión. Estas luchas están siendo protagonizadas principalmente por comunidades indígenas y campesinas, aunque también por comités vecinales, asambleas ciudadanas, organizaciones sociales y colectivos juveniles quienes enfrentan proyectos y políticas de privatización de bienes comunes, de desarrollo urbano, inmobiliario, servicios e infraestructura carretera; tiraderos de basura; desarrollo de complejos turísticos y náuticos; construcción de presas e hidroeléctricas; grandes explotaciones de minería a cielo abierto; problemas de contaminación por el desarrollo industrial y su relación con fuertes problemas de salud; siembra de monocultivos y transgénicos; biopiratería y patentes sobre biodiversidad y saberes tradicionales(...)".

Mina L. Navarro y César Enrique Pineda destacan surgimiento de:

"Subjetividades anticapitalistas en defensa de la tierra, el territorio, la vida y los bienes comunes

Nos referirnos a estas luchas como socioambientales debido a que desde nuestra perspectiva son movimientos que pelean contra la escisión ambiente- sociedad, enfrentando con ello, entre otras cosas, el discurso del conservacionismo por parte de los Estados y las empresas, quienes niegan que los pueblos puedan tener formas sostenibles para gestionar la naturaleza.

Las luchas socioambientales son concebidas como parte de un movimiento global de ecologismo popular o de justicia ambiental (Martínez Allier, 2009: 4) que pelea por su propia subsistencia a partir de la defensa de sus bienes comunes. “En el Tercer Mundo, los movimientos ecologistas no son un lujo de los ricos, sino un imperativo para la supervivencia de la mayoría de la población, cuya vida corre peligro y se ve amenazada por la economía de mercado y por la expansión de ésta” (Shiva, 2006: 65, 79).

Este movimiento de justicia ambiental esta siendo protagonizado por comunidades y culturas que en medio del desgarramiento que ha producido las relaciones capitalistas veneran la vida. La disputa que estas luchas libran es por la producción y reproducción de la vida, la lucha es contra el capitalismo y su lógica de “anti-vida” (Shiva, 22: 2006), centrada en la ocupación y captura infinita de los procesos vivos.

Estas colectividades surgen generalmente como esfuerzos autoconvocados por los propios afectados para deliberar y reflexionar sobre qué hacer juntos, sin que ninguna instancia externa convoque para formar y dirigir un formato específico de organización. La autoconvocatoria de los afectados se da principalmente ante la reacción espontánea que generan los procedimientos antidemocráticos, irregularidades e ilegalidades, presentados en la mayoría de los casos, por los gobiernos que buscan apresurar decisiones fundamentales para la implementación de los proyectos de desposesión. Este sentimiento de afectación que se irá traduciendo en expresiones de resistencia, se produce por la exclusión de las comunidades y los pueblos que ven cómo de un día a otro, sin que ellos hayan sido consultados, sin que ellos lo hayan decidido, su vida y entorno pueden cambiar para siempre. Una dimensión de estos conflictos se centra en los procedimientos que se emplean para la aprobación de los proyectos, que son cuestionados por la gente en sus formas, mecanismos y actores involucrados. Los movimientos que surgen en reacción a los proyectos de desarrollo o explotación cuestionan cómo se decide y quién decide sobre su vida, sobre la tierra y los bienes comunitarios.

En muchas ocasiones, estos esfuerzos autoconvocados de movilización social se presentan como los primeros intentos de organización frente a problemas de este tipo o como las primeras experiencias políticas. Esto les imprime un carácter particular con respecto a los formatos organizativos que la izquierda clásica ha conformado.

Cabe mencionar que muchos de estos movimientos de resistencia, sobretodo los comunitarios, indígenas o campesinos, se construyen sobre lazos comunitarios y formas de organización social preexistentes. En estas luchas los modos de organización tradicional funcionan como redes para tejer la resistencia y la movilización.

Los rasgos más característicos en las formas de organización y de funcionamiento son la reivindicación de la democracia directa, la horizontalidad y la asamblea, apareciendo ésta última como el espacio de deliberación, de pensamiento colectivo, de circulación de información y toma de decisiones más importante. Estos mecanismos y modos de regulación han buscado sostenerse en procesos democráticos de diálogo, para construir acuerdos, soluciones y decisiones, que ayuden a involucrar a todos los afectados.

Hemos percibido que en estos esfuerzos de movilización se carece generalmente de estructuras organizativas rígidas o formales, la separación dirigentes-bases tan marcada en los movimientos sociales tradicionales tiende a disolverse o relativizarse en mecanismos asamblearios y se presenta una incipiente distancia de la idea de representación. Esto último se ha podido detectar en el rechazo que muchas de estas luchas han presentado frente a políticos profesionales, partidos políticos u organizaciones formales que se han acercado para intentar incidir, dirigir o encabezar los esfuerzos de oposición.

Entonces, en su primera fase de actuación estos movimientos de resistencia emergen como respuestas autoconvocadas de afectados, como movimientos opositores, como movimientos del NO. Aunque muy rápidamente estos movimientos del NO, de cuestionar sólo el procedimiento y exclusión de las decisiones pasan a cuestionar el porqué y para qué de estos proyectos de desarrollo y explotación de recursos.

Percibimos que en medio del riesgo que viven las comunidades de perder absolutamente todo, se abre el campo de la autoafirmación, en el que las comunidades comienzan a valorar, imaginar y a decidir cómo desean vivir su presente y futuro. Es en este momento que se presenta un punto de quiebre en los procesos de subjetivación colectivos, atravesados por la emergencia de nuevos horizontes de sentido donde la autoafirmación de los pueblos habilita una dimensión utópica y un porvenir distinto al impuesto por la normalidad capitalista. Es en este punto de quiebre, donde aparecen como dimensiones esenciales de la insubordinación -en palabras de John Holloway- el contra como proceso en el que la confrontación hacia el orden dominante es explícita y el más allá como la construcción de un modo de regulación social distinto. Los movimientos ya no sólo pelean, se organizan e interpelan al poder para rechazar la desposesión, sino que reconocen y afirman el despliegue de valores de uso para enfrentar la vida colectivamente de otra manera.

Ahora bien, es posible que sí los conflictos mantuvieran su campo de disputa en la dimensión procedimental que hemos expuesto, pudieran buscarse herramientas político-jurídicas que las trasladaran a un proceso menos polarizado y tenso. Sin embargo, los movimientos comunitarios buscan respuestas a sus principales interrogantes que se hacen urgentes en medida que avanza la agresividad con que se impulsan estos proyectos y decisiones desde el Estado y las empresas en cuestión. Los movimientos se preguntan a quiénes benefician estos proyectos, cuál es el impacto sobre la tierra y los ecosistemas y su utilidad colectiva o popular. La mayoría de las veces concluyen cuestionando todo el modelo de desarrollo sistémico, sus bases, su discurso, su forma, sus beneficiarios y sus impactos, lo que radicaliza por completo sus estrategias, actitudes y acciones. Con ello, las luchas logran situarse frente al problema de otra manera, desbordando con sus preguntas e interrogantes los marcos institucionales.

Es así como se enfrentan dos proyectos basados en premisas diametralmente opuestas. Los movimientos valoran las culturas y tradiciones comunitarias ligadas al arraigo sobre la tierra y el trabajo que deriva de ellas como identidad de sus pueblos; valoran el usufructo de los recursos sólo para la reproducción y no para la acumulación; valoran también algo que surge en numerosos conflictos que ellos mismos nombran con la palabra dignidad, que identifica numerosos sentimientos colectivos sobre el no sometimiento, la identidad comunitaria, el respeto y la determinación propia -a pesar del obvio desequilibrio de fuerzas a favor del Estado y las empresas-; y, en especial, un profundo sentimiento colectivo de la justicia que no está a discusión a pesar de que cualquier balance objetivo sobre la fuerza del Estado les sea adverso. En suma, priorizan valores y posiciones no mercantiles, sobre su identidad, su historia y los ecosistemas. Son de alguna forma racionalidades distintas a la dominante. Como plantea Enrique Leff “lo que subyace a los conflictos de distribución ecológica son estrategias de poder en torno a paradigmas sociales y racionalidades productivas alternativas”.

Es por ello que de esta racionalidad alternativa, surge todo un cúmulo de sentidos, saberes, construcciones colectivas que incluso podemos considerar paradigmas alternos a los dominantes, basados en una perspectiva de nuevos derechos de uso y apropiación de la naturaleza, derechos a elegir, decidir y construir formas de desarrollo ambiental-territorial y el derecho a controlar procesos productivos en sus localidades".

Mina L. Navarro y César Enrique Pineda concluyen: "Frente a todo ello,

• el Estado surge como principal impulsor de los proyectos de desarrollo y explotación de la mano de las empresas e inversores que son menos visibles, pero puede, en varias fases del conflicto, apreciarse su influencia y poder sobre el procedimiento de aprobación y decisión.

• El Estado a diferencia de los movimientos, apela a la necesidad nacional o el interés común como principal eje de interés para el impulso de los proyectos, acompañado del objetivo del crecimiento económico, la inversión, la creación de empleos y en general la idea de desarrollo entendido como aumento de infraestructura, explotación de recursos y acumulación.

Es en este momento donde puede apreciarse el choque de proyectos.

• El Estado prioriza una racionalidad económica basada en la máxima ganancia y el desarrollo entendido como las condiciones necesarias para la acumulación capitalista.

• Los movimientos priorizan una racionalidad no económica cuyo eje es la preservación de sus comunidades, culturas y ecosistemas. La tierra, el agua, los bienes comunitarios, la cultura, las tradiciones se presentan como bienes inconmensurables, sobre los cuales los pueblos no están dispuestos a negociar, rechazando contundentemente que éstos tengan precio. La lucha a librar transita entonces entre la vida o la muerte.

El interés por el desarrollo económico se vuelve una urgencia del Estado, presionado por intereses de acumulación e inversión “nacionales” o “trasnacionales” que implican una enorme fuerza política, mediática, represiva y en muchas ocasiones jurídica. El interés local por la preservación de pueblos y ecosistemas es en comparación una fuerza mucho más pequeña, que sin embargo sostiene en ocasiones una resistencia anclada en la movilización y participación de los pueblos que puede ser desbordante y, a veces, sorprendente.

En los trayectos de la lucha, muchos movimientos comienzan optando por recurrir a las instancias y canales institucionales, frente a la negativa y limitación de éstas, se ha presentado una orientación cada vez más tendiente a que la auto-organización y la movilización social sean las fuentes de resistencia y lucha privilegiadas. De este modo, las luchas pueden desplegar una serie de estrategias; el trabajo territorial- local y la organización de base de las comunidades afectadas; la resistencia, acción directa y la movilización social; la articulación y coordinación con otras luchas y ONG’s; el empleo de recursos legales y jurídicos.

Así, el agotamiento de los canales institucionales, ha traído consigo la emergencia de una crítica sobre las prácticas de los partidos políticos y de la clase política. La maquinaria institucional no sólo se presenta como insuficiente para la resolución de las demandas sociales, sino que ésta y lo poderes económicos mantienen una relación de complicidad cada vez más cínica para la implementación de los proyectos de desposesión.

Por otro lado, la oposición de las luchas ambientales contra la racionalidad económica de los poderosos advierte el desarrollo de una sociabilidad alternativa y lenguajes de valoración basados en una nueva ética con la naturaleza. Existe una tendencia a cuestionar y poner en entredicho los fundamentos de la sociedad industrial y de la modernidad, presentándose una sensibilidad con el medio ambiente y reivindicándose las formas tradicionales que los pueblos y comunidades han mantenido con su entorno para la reproducción de la vida.

En el carácter emergente de estas luchas se va configurando el antagonismo contra el Estado y el capital, el cual encuentra su anclaje a un tejido comunitario territorial que en los momentos de confrontación se activa como un sujeto comunitario. La construcción de los horizontes de sentido del sujeto comunitario se articulan históricamente con el pasado, siendo la memoria uno de los terrenos desde donde imaginar y rastrear modos de relación con la naturaleza no mercantiles, mediados por valores de uso que hacen posible pensar en alternativas más allá capitalismo. De este modo, la emergencia de múltiples respuestas desde lo social para enfrentar la catástrofe capitalista, bajo la clave de la violencia, despojo y destrucción, constituye una de las luchas más importantes a favor de la vida, como camino de resistencia ante los efectos de la crisis ambiental. Al mismo tiempo que en medio del conflicto contra la desposesión se vislumbra en ellas- como horizonte de sentido- la prefiguración de una nueva subjetividad y modos de relación anticapitalistas de los hombres y mujeres con la naturaleza".

Fuente: http://www.rebelion.org/ México/30-07-2010

Sumemos los dos artículos siguientes a la elaboración de argumentos sobre nuestro ¡Ya Basta! de capitalismo:

El 27 de octubre de 2010, Eduardo Tamayo G. (Alai-amlatina) entrevista a Silvia Ribeiro, investigadora y coordinadora de programas del Grupo ETC de México.
 

-Estamos próximos a una nueva cumbre sobre el clima en Cancún, la pregunta que surge es ¿cómo está afectando el modelo de agricultura industrial al cambio climático?
-Es una pregunta muy importante porque los propios gobiernos, a través de las cifras oficiales que maneja Naciones Unidas, reconocen que la agricultura industrial es causante del catorce por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero, y esto es la misma cantidad que causan los transportes, o sea es muy grande. Y en realidad si sumamos todo el sistema alimentario agro-industrial, desde la semilla al supermercado, lo que significa producir comida y cualquier fibra en cantidades industriales, y lo que eso conlleva en términos de transportes, refrigeración, derivados de petróleo que son todos los insumos químicos, y luego la cantidad de embalajes que se usan en los supermercados en las cadenas industriales (que es el factor fundamental de tala de árboles, que es otro dato poco conocido), si sumamos todo eso, la agricultura industrial, según los autores que se tomen, es responsable del 44 al 50 % de los gases de efecto invernadero, y además usa el 70 por ciento del agua del planeta.

Por otra parte, la agricultura campesina de pequeña escala no gasta en transporte porque se dedica sobre todo al mercado local, usa muy pocos insumos derivados del petróleo o no los usa por razones de elección o por razones económicas, pero además, por el manejo del suelo que hace, la agricultura descentralizada y diversa absorbe una gran cantidad de carbono. Entonces, una cosa que la Vía Campesina comenzó a decir en el 2007 de que los agricultores chicos estaban enfriando el planeta, ahora hay cifras que lo muestran claramente.  

-¿Cuáles son las tendencias que marcan el desarrollo del agro latinoamericano?
-Uno de los problemas más graves que hay es la consolidación de las empresas de agronegocios. En los últimos treinta años ha habido una consolidación corporativa de los agronegocios que no tiene precedentes, ni en la historia de la agricultura ni en la historia del industrialismo. Por ejemplo tenemos situaciones como la de Monsanto que tiene más del noventa por ciento del mercado de semillas transgénicas, al mismo tiempo que tiene la mayoría de todas las semillas comerciales. Pero vemos lo mismo en toda la cadena, desde las semillas, que son cinco o seis empresas que tienen casi todo el mercado comercial, pasando por todas las que procesan cereales que son cuatro (Cargill, Dreyfrus, Bunge y ADM), las procesadoras que son cuatro o cinco, finalizando en los supermercados. Entonces tenemos unas veinte transnacionales con un enorme peso sobre los gobiernos y sobre las políticas agrícolas. Aparte, tenemos una realidad que todavía está presente en América Latina y es que aproximadamente la mitad es población rural y quienes producen la comida son sobre todo campesinos. Es como si estuviéramos todo el tiempo en una confrontación brutal: por un lado las empresas más poderosas del mundo y por otro lado una cantidad de gente, de pequeños y pequeñas campesinas que todavía siguen produciendo la mayor parte de la alimentación.

-¿Cuáles son las características fundamentales del agro negocio como modelo de agricultura?
-Bueno, introdujeron desde hace más de 50 años un tipo de agricultura mecanizada y que usa una gran cantidad de agroquímicos, pero que además hace que la gente no pueda usar su propia semilla y la tenga que comprar. Y la semilla es la base, es la puerta de toda la red alimentaria, entonces, quien controla la semilla controla lo que sigue después. Y esa es la tendencia que hay en este momento en América Latina y que cada vez crece más. Entonces, se está produciendo comida industrial con menor calidad que favorece sobre todo a los intereses corporativos y que además tiene una cantidad de problemas para la salud y genera dependencia y es un factor fundamental de que no se pueda establecer soberanía alimentaria en los países.

-¿Qué nos puede decir de los monocultivos?
-Los monocultivos son una parte integral de esta agricultura tanto a nivel de cultivos agrícolas como de plantaciones. Y nosotros encontramos que el modelo de monocultivos es fundamental en toda la agricultura industrial en América Latina. El caso de Brasil es uno de los más avanzados, los monocultivos de caña de azúcar, maíz, soya y eucaliptos están ocupando cada vez más terrenos, incluso disputándoles terrenos a aquéllos que quieren ocupar la tierra para producir comida. En general estos son cultivos que no están dedicados a la alimentación de la gente, están dedicados o a la exportación para procesamiento en otros lugares o para los agrocombustibles en varios lugares. Entonces también es una disputa a nivel de quién consume lo que se produce.

-Algunos tratados de libre comercio ya están vigentes por algunos años, ¿como está afectando esto a los pequeños campesinos?
-El dato fehaciente es que los tratados de libre comercio han empujado a un mayor desplazamiento de los agricultores chicos hacia la ciudad, lo cual aumenta la pobreza ciudadana, disminuye las posibilidades de soberanía alimentaria dentro de los propios países, y ha creado situaciones de mayor pobreza y desplazamiento de quienes pueden ser las soluciones a las crisis alimentaria y a la crisis climática.
Fuente original: http://alainet.org/active/41852 .  Fuente: http://www.rebelion.org/  Ecología social/ 27-10-2010

Por: Norma Giarracca (COPENOA)

"Durante gran parte del siglo XX, en los ámbitos universitarios se discutió si el conocimiento social podía orientarse a satisfacer demandas de factores de poder sospechados de generar políticas de control social represivas. Siempre aparecían, además del sujeto universitario, el Estado y algún organismo internacional que llevaba a cabo una política semejante en toda la América latina y había financiado el estudio. En nuestros días, a algunos sujetos universitarios estos dilemas les son lejanos, los desconocen o se los trata sin ningún tipo de pudor (como cuestiones del "pasado").

¿Cambiaron las condiciones de aquel debate?

La situación a la que me voy a referir –recursos naturales y los conflictos generados en sus territorios - implica la misma intensidad conflictual e igual o más cantidad de hechos que los que estaban en danza en aquellos debates del pasado.

Los conflictos en cuestión y la falta de resolución por los fuertes poderes económicos que intervienen son por todos conocidos en la actualidad: los qom cinco meses en Buenos Aires reclamando derechos después de varias muertes, el poderoso Benetton litigando contra una familia mapuche, el asesinato de Javier Chocobar, las peripecias judiciales de los campesinos del Mocase y de la mayoría de las organizaciones campesinas del país. Todas ellas son situaciones que se producen en provincias con baja calidad institucional, con poderes judiciales conectados por relaciones familiares, amistosas o de clase con los poderes económicos y cuerpos especiales policiales que los gobiernos no dudan en crear y utilizar.

Por todo esto, llama poderosamente la atención que una universidad nacional asuma el trabajo de detectar y mapear los conflictos por tierra del país en el marco de un programa del organismo internacional que más ha contribuido a aplicar las políticas neoliberales en el campo argentino: el Banco Mundial. Asimismo, llama la atención que se pida abierta y masivamente a quienes tengan información que "contacten a los relevadores". Aquello que hace unas décadas se hacía casi oculto por la vergüenza y sanción social que despertaba otorgar información sobre conflictos sociales a los organismos del "imperio" (para usar la terminología de aquella época), hoy se lleva a cabo sin pudor alguno.

Las universidades públicas tienen información sobre conflictos sociales, existen amplios bancos generados por investigadores y organizaciones sociales en múltiples formas de colaboración y en el marco de un ineludible compromiso y de principios éticos. Esa información, en forma agregada, ha estado siempre a disposición de los poderes públicos que deseen discutir políticas de tierra en los ámbitos donde el Estado democrático discute estas cosas. No hacen falta bancos de conflictos con información pormenorizada de los sujetos y los territorios para llevar a cabo estas tareas. No interrogo acerca de para qué un organismo internacional, paradigma del modelo neoliberal, necesita esa información; es un problema del Estado argentino averiguarlo.

Deseo interrogar acerca de si la universidad pública es la institución que debe facilitar ese conocimiento. Pregunta que reenvía a una cuestión ética y autorreflexiva en la formación del cientista social para poder hacer frente y resolver estas aporías.

 Hay límites que no pueden pasarse y que deben discutirse públicamente en cada época: a mi juicio, se puede trabajar privadamente para los organismos internacionales; se pueden trabajar por convenios universitarios (aun cuando los considero criticables) distintos temas en el nivel macro-institucional que no involucren información específica de sujetos y territorios; pero se necesita un límite estricto cuando se trata de temas de conflictos sociales, ya que allí residen tópicos tales como control social, criminalización de la protesta, escenarios provinciales donde hasta es posible asesinar sin correr demasiado riesgo (caso Chocobar). Se podrá argumentar que estamos en gobiernos democráticos y que trabajar para estas administraciones es lo correcto. Por supuesto, pero hay que mantener el principio de que el conocimiento se produce en espacios con autonomía científica, no "a pedido" de organismos cuestionados profusamente.

Los conocimientos universitarios se ponen a disposición de la democracia en situaciones de mucha claridad (publicaciones, libros, audiencias públicas del Congreso Nacional, etc.). Generar y poner informaciones de este tipo a disposición de los organismos internacionales que produjeron los graves problemas que sufren estas poblaciones ahora en conflicto es muy grave y amerita ser revisado, discutido y, si no es posible porque el poder lo avala, rechazado por quienes aún creemos en valores éticos del accionar universitario".

Norma Giarracca es Profesora de Sociología Rural, Grupo de Estudios Rurales (UBA).

Fuente: http://www.argenpress.info /2011/06/argentina-conflictos-sociales-y-etica.htmlº