La crisis
estructural del capitalismo nos da la oportunidad para decir:
En tiempos de crisis
civilizatoria, otra sociedad y otro trabajo son posibles si dejamos
de resignarnos y asumimos el ¡basta! a la acumulación de
oligopolios; a la economía global a su servicio; y a la destrucción
tanto del planeta como de las sociedades humanas. Son posibles,
sobre todo, porque ellos dependen de nosotros para funcionar
socioeconómica y políticamente en contra nuestra. Ya que nos usan
exprimiendo cuanto les conviene a su enriquecimiento ascendente que
arroja a la pobreza a una creciente mayoría de la humanidad.
I.
PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
Planteo
Podemos pensar que el desafío de «otro trabajo y otra
sociedad» es menos realista y nada tiene que ver con la consigna "que
la crisis no la paguen los trabajadores". Pero esa apariencia engaña.
Intentemos seguir a:
Clara
Marticorena
que, en su artículo "El trabajo asalariado industrial en la
posconvertibilidad", centra su análisis en cuáles son las condiciones
objetivas de la clase trabajadora ocupada en la industria manufacturera,
"sector de significativa
relevancia en la recuperación y el excepcional crecimiento del PIB en los
últimos años y donde la evolución del empleo pone de manifiesto una clara
diferencia respecto de su comportamiento en la década de los '90, dados los
elevados niveles de elasticidad empleo-producto que presentó en los años
recientes".
Especifica
sobre el
carácter de los cambios en la relación capital-trabajo
durante la fase de 2002 a 2006:
-
"Las limitaciones para
incrementar los salarios y revertir el deterioro en las condiciones de
trabajo (...)
La aguda crisis precedente permitió una fuerte expansión de la actividad y
del empleo basada sobre la utilización de capacidad ociosa, también la caída
en los costos laborales que abaratan la contratación de fuerza de trabajo y
la reactivación de sectores de baja productividad determinaron la evolución
del empleo.
El dinamismo que presentan la economía y el empleo sin duda plantea
condiciones favorables a la lucha de los trabajadores. En efecto, los
salarios reales para algunas porciones de la clase obrera han recuperado e
incluso superado levemente, los niveles previos a la devaluación. Sin
embargo, esto se produce en el marco de una tendencia de largo plazo signada
por la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios (...).
Esa tendencia
se debe al proceso de reconfiguración de la relación al interior de y entre
las clases sociales fundamentales que opera desde el último cuarto de siglo
en nuestro país, en el marco de un proceso de reestructuración mundial del
capitalismo. Dicha reestructuración ha supuesto un avance sustantivo en la
subsunción del trabajo al capital, cuyos efectos han sido la creciente
pauperización de los trabajadores y el deterioro de sus condiciones de
trabajo,
avance posibilitado tanto por el aumento de los trabajadores que
constituyen el ejército de reserva para el capital como por el cambio en las
relaciones políticas de fuerza a través de la represión directa y de
los procesos de ajuste económico. (...)
«La reconfiguración de las relaciones sociales» durante las últimas décadas,
tiene un vínculo particular con el modo a través del cual fue posible
reanudar un ciclo de
acumulación ampliada en los años recientes y con las
condiciones que permiten mantener los elevados niveles de rentabilidad
capitalista.
En efecto, el ajuste devaluatorio
provocó una abrupta caída del salario real que garantizó la recomposición y
aumento de la tasa de ganancia (...)".
Clara
Marticorena,
al examinar las características del trabajo asalariado
industrial durante la posconvertibilidad, destaca:
"la
recuperación de los ingresos de los trabajadores industriales ha sido
considerablemente lenta y recién en el año 2006 los asalariados registrados han
recuperado el nivel de su capacidad adquisitiva correspondiente a octubre de
1998. Dicha recuperación estuvo ligada, en un principio, con aumentos de carácter
no remunerativo, basándose posteriormente sobre la regulación del salario mínimo
y la reactivación de la negociación colectiva.
La «política salarial
desplegada por el gobierno» (primero de Duhalde y luego de Kirchner)
consistió, hasta mediados del año 2003, únicamente en el otorgamiento de
bajas sumas de carácter no remunerativo que fueron incorporadas al básico
mediante la negociación colectiva posterior. Este retraso permitió al
capital industrial comenzar un nuevo ciclo expansivo sobre la base de costos
salariales particularmente bajos.
La política de aumentos no
remunerativos fue parcialmente reemplazada desde julio de 2003 por la regulación
del salario mínimo vital y móvil que se encontraba 'anclado' en $200 desde
septiembre del año 1993. Sin embargo, esta regulación partió desde niveles
inferiores al de indigencia para una familia tipo, llegando a colocarse debajo
de la línea de pobreza a fines de 2006. Finalmente,
desde el gobierno se adoptó la política de establecer -de
hecho- pautas que disponen un “techo” a los aumentos salariales en la
negociación paritaria,
situación que permite limitar el impacto de los aumentos
nominales de salarios sobre el costo salarial real.
La recuperación salarial, a
su vez, pone de manifiesto significativas diferencias entre trabajadores
registrados y no registrados. Si bien los trabajadores no registrados han
logrado cierta recuperación a partir de 2005, sus salarios reales se encontraban
a fines de 2006 aún un 26,8% por debajo de los niveles correspondientes a
octubre de 1998".
Clara
Marticorena
subraya:
"Cobra particular relevancia,
en este contexto, la evolución y magnitud del «empleo
no registrado» -que lejos de poner de
manifiesto una ruptura con las condiciones de la década previa-
plantea su
profundización como está documentado.
Así, durante la fase actual se observa
para el conjunto de los trabajadores industriales niveles de empleo no
registrado que, aunque con una leve tendencia descendente, se sitúan en un nivel
superior respecto de la anterior fase expansiva.
El «empleo no registrado», lejos
de mantenerse como resabio del "neoliberalismo", se presenta como
un
mecanismo estructural que permite abaratar los costos laborales no sólo
mediante la evasión de los componentes de salario indirecto sino a través
del pago de salarios considerablemente por debajo de los que perciben los
trabajadores registrados. (...)
Parece claro que el «empleo no
registrado» como mecanismo estructural de la explotación del capital sobre
el trabajo, constituye una de las formas más difundidas que asume la venta
de la fuerza de trabajo por debajo de su valor y ha tenido un papel más que
significativo durante los años de recuperación del producto, aspecto que
podría resultar llamativo dada la abrupta caída de los costos laborales
operada a partir de la devaluación. (...)
El incremento del «empleo no
registrado» en estos años, se presenta como una forma de garantizar la
adecuación del plantel de trabajadores en función del nivel de actividad
eludiendo la doble indemnización en caso de despido, en el marco de aún
altas tasas de desempleo y subempleo. Sin embargo, como se mantiene elevado
incluso durante la fase de crecimiento, cabe suponer que
garantiza la
reducción de los costos laborales, en tanto las conquistas salariales de los
trabajadores registrados afectan los amplios márgenes de ganancia obtenidos
por el capital industrial a partir de la devaluación".
En "A modo
de conclusión",
Clara
Marticorena
precisa:
"En un contexto signado por
el crecimiento del empleo y la disminución del ejército industrial de reserva
-lo cual imprime a la dinámica social y laboral características diferentes
de las imperantes en los '90-, podemos observar un proceso de consolidación que
articula la extensión del «empleo no registrado» y la dispersión salarial sobre
la base de bajos niveles en términos históricos.
La caída del costo
salarial real a partir de la devaluación y el aumento de la productividad han
redundado, por su parte, en niveles de
explotación superiores en relación con la anterior fase expansiva(...)".
Fuente: Realidad
Económica Nº 236 de mayo-junio de 2008/
www.iade.org.ar
¿Cómo la
superación de la crisis 2002-2003 se relaciona con las que
se produjeron
desde 1975 y cómo intervino el Estado para esa derrota de la clase
trabajadora?
Ideología
Podemos comprobar que -desde
el Rodrigazo en1975 hasta hoy- hubo una continuidad en el incremento de la
explotación laboral. Respecto a la evolución de la "Concentración del
ingreso y desigualdad en la Argentina( 1974-2003)",
en noviembre de 2004,
Gabriela Benza y Gabriel Calvi
indican:
"A lo largo de los últimos 30
años, los principales indicadores sociales registraron un persistente deterioro
incluso en los momentos de bonanza económica.
-
El primer síntoma de este
deterioro se observa tempranamente y
es efecto de las políticas económicas implementadas
durante la gestión del último gobierno militar. El carácter regresivo del
período se pondrá de manifiesto, fundamentalmente, en la abrupta caída del
salario real, del orden del 47% entre 1974 y 1982.
-
Durante los '80, al
estancamiento del salario real -que sólo mejoró coyunturalmente hasta 1984-
se sumó una importante disminución del PIB per cápita y un sensible
incremento de los índices de desocupación y subocupación horaria.
-
Los años '90 profundizarán
las tendencias regresivas observadas y el crecimiento económico registrado
en buena parte de la década no tendrá mayores efectos sobre el bienestar de
la población. El explosivo aumento del desempleo y la subocupación horaria
se erigen, durante esta década, como principales emergentes de una economía
con escasa capacidad de absorción de mano de obra (...). La aguda recesión
que atravesó la economía desde mediados de 1998, combinada hacia 2002 con el
abandono del anclaje cambiario, intensificó el carácter regresivo del modelo
(...)".
En
"Conclusiones sobre evolución secular y ciclos de desigualdad estilizados"
aclaran que durante la dictadura cívico-militar se instrumentan medidas
fundadoras del proceso de estratificación salarial.
"En el marco de un régimen de
alta inflación, la suspensión de las convenciones colectivas y el congelamiento
salarial decretados por las autoridades de facto hicieron que «el primer ciclo
de desigualdad» estuviera claramente impulsado por la concentración de los
ingresos de los asalariados.
En un contexto cercano al
pleno empleo, los trabajadores de mayores calificaciones lograron atenuar la
caída de sus ingresos reales en mayor medida que aquellos con menores
credenciales educativas. Hacia 1981,
observamos un violento incremento de la desigualdad
que encuentra su origen en la intensificación (por los altos
niveles de inflación que siguieron al abandono de la política cambiaria) del
proceso de estratificación salarial.
La crisis que dio fin al
programa iniciado hacia 1977 fue, como vimos, el resultado de la alta
vulnerabilidad externa a la que había quedado sometida la economía luego de la
reforma financiera y la apertura comercial, primigenios pilares que sentaron las
bases del proceso de reforma.
No obstante la recomposición de los
niveles de desigualdad que acompañó los últimos años de la dictadura y los
primeros del gobierno de la transición democrática,
las secuelas derivada de la
primera fase de transformaciones estructurales parecieron irreversibles. La
destrucción de buena parte del aparato productivo, la gran concentración de
capitales, la pesada carga de la deuda pública y los altos niveles de inflación,
todos ellos heredados del período militar, conminaron al país a un estancamiento
crónico durante toda la década.
Con un gobierno que progresivamente asumía como
propio el ideario de los principales actores económicos locales y extranjeros,
el deterioro distributivo del segundo quinquenio de los '80 obedecería también a
un desigual reparto de los salarios pero que esta vez no estaría asociado con
algún tipo de estratificación educativa.
El leve pero constante incremento de la
desocupación, que afectaría principalmente a los hogares más pobres, parece
haber contribuido también a ese deterioro, dando cuenta de los primeros síntomas
de la baja capacidad de absorción de mano de obra que caracterizaría en adelante
el modelo económico emergente. Sin embargo, la baja incidencia de los
desocupados sobre el pico distributivo registrado durante la crisis de 1989 es
un indicador de que tal problema no había asumido aún los niveles endémicos que
se advertirán en la década siguiente. El deterioro distributivo
desencadenado por esa crisis es el resultado de la desigual distribución de las
capacidades de los ocupados para lidiar con el proceso hiperinflacionario
abierto.
Bajo el apogeo de la
administración menemista, la Argentina transcurrió más de una década en
una virulenta secuencia de opciones de política de corte neoliberal. (...)
La explosiva combinación de reformas
estructurales y de políticas de estabilización centradas sobre el anclaje del
tipo de cambio multiplicaron enormemente la herencia del período dictatorial.
Endeudamiento masivo, desindustrialización y extranjerización quedaron ocultos
entonces detrás de la publicitada estabilidad de precios y el crecimiento
económico. La progresiva exclusión de vastos sectores de la población fue el
principal síntoma de las características que asumiría en adelante el ahora
consolidado “modelo de desarrollo”. La baja elasticidad producto-empleo
de la economía se intensificó considerablemente y la desocupación entró en
escena arrastrando consigo el deterioro distributivo durante los primeros años
de la década. Así, la crisis distributiva desatada hacia 1995, en cuyo germen se
halla la exacerbada vulnerabilidad externa de la economía, estuvo guiada
novedosamente por el efecto de la desocupación y dado los niveles de desempleo,
la reaparición de un proceso de estratificación salarial por devaluación
educativa.
La recuperación económica posterior a
la crisis de 1995 incrementó la heteronomía de la política local frente a las
arbitrariedades de los organismos financieros internacionales. El sesgo
fiscalista predominó desde entonces como último recurso para ganar el favor de
los acreedores externos, única y costosa fuente que quedaba entonces para dar
liquidez a la economía. (...)
La inminente fase recesiva fue
acompañada por la asunción de un nuevo gobierno que extremó los niveles de
endeudamiento soberano y por tanto, la subordinación a los organismos
financieros con el objetivo de conservar los lineamientos heredados de la década
anterior. La restricción del gasto público encontró su máxima expresión en esta
etapa de la mano de políticas que llegaron a supeditar los salarios estatales a
los ingresos fiscales (...)".
Gabriela Benza y Gabriel Calvi
terminan su artículo afirmando:
"En el origen de la
desigualdad se encuentran las transformaciones en el modo de funcionamiento
económico local desatadas por la progresiva serie de reformas estructurales que
han acompañado a la Argentina durante los últimos treinta años. Ante la ausencia
de iniciativas tendientes a revertirlas, es probable que la dinámica cíclica
vuelva a contribuir al deterioro de largo plazo".
Fuente: Realidad
Económica Nº 214 de agosto-septiembre de 2005/
www.iade.org.ar
En
consecuencia,
la alianza de oligopolios
imperialistas con sus socios locales
salió
de las sucesivas crisis instaurando nuevas fases de expansión
mediante la práctica de superar e intensificar el empobrecimiento y
sometimiento de los trabajadores que había logrado en el período
precedente. Tal avance de la concentración y desnacionalización
económica-política se estableció no sólo mediante Estado
terrorista sino con planes para esa reestructuración del funcionamiento
socioeconómico e institucional en acuerdo con la del sistema capitalista
mundializado.
Premisas e hipótesis
Podemos tener presente la extensión del trabajo no registrado y
el techo salarial que el gobierno y la CGT imponen respondiendo a los intereses
lucrativos de la UIA para descubrir la continuidad del derrotero genocida en:
1. La democracia restringida o de baja intensidad
Clara
Marticorena, en su artículo "El trabajo asalariado industrial en la
posconvertibilidad", al abordar el carácter de los cambios en la
relación capital-trabajo, se refiere a:
ii. "Las
modificaciones en la regulación estatal sobre la relación capital-trabajo
La
reestructuración capitalista operada en las últimas décadas impulsó la
transformación de los parámetros que regulaban las relaciones laborales. En este
marco, se implementaron mecanismos de disminución del costo laboral, formas
flexibles en materia de contratación y nuevas figuras referentes a la
negociación colectiva. Los principales cambios introducidos en los años '90 en
la legislación sobre contratos por tiempo indeterminado, períodos de prueba,
regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, contribuciones patronales,
accidentes de trabajo y ámbitos y contenidos de los convenios colectivo
institucionalizaron una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora dentro y
fuera del lugar de trabajo de modo de adecuar las formas de compra-venta a las
necesidades cíclicas del capital.
Durante la fase actual se modificaron
algunos aspectos de la legislación de contenido “flexibilizador”
sancionada durante la convertibilidad, se implementaron mecanismos para limitar
el despido de trabajadores y políticas salariales que implicaron cierta
recuperación de la capacidad adquisitiva.
Ello estuvo acompañado de cambios en
la jurisprudencia a través de fallos favorables a los trabajadores en relación
con la aplicación de la ley de Accidentes de Trabajo (pese a que la misma ley,
ampliamente cuestionada, no haya sido derogada) y el restablecimiento del
principio de solidaridad entre empresas en relación con los trabajadores
subcontratados por proveedores y clientes integrados en sus cadenas productivas
(Palomino y Trajtemberg, 2006). Finalmente, cabe señalar el reciente
establecimiento del carácter remunerativo de los vales almuerzo, alimentarios y
canasta de alimentos, aunque de forma escalonada.
Estas
políticas se despliegan en un contexto signado por la necesidad de
construcción de hegemonía, luego de la crisis social y política
que estalló en el año 2001, y en un contexto en el cual la reconfiguración
del balance de fuerzas al interior del 'bloque en el poder' es acompañada
por un aumento de la autonomía relativa del Estado, aunque sobre la base de
la correlación de fuerzas entre las clases sociales fundamentales alumbrada
en las últimas décadas (Piva 2007).
En este sentido, no puede negarse
que las disposiciones señaladas poseen efectos concretos en las condiciones
de compra-venta de la fuerza de trabajo, aunque principalmente limitados y
restringidos a los trabajadores registrados. El
problema radica en analizar cómo esta intervención se conjuga, se sitúa y se
articula con el deterioro a largo plazo de las condiciones de explotación
del trabajo por el capital.
Sin duda, la modificación de algunos
de los contenidos más controvertidos de la legislación laboral implementados por
la comúnmente denominada ley “Banelco” tuvo
como condición de posibilidad la previa reducción de los costos
laborales, resultado de la devaluación y la
consecuente contracción de los salarios reales. Aun así, la ley de Ordenamiento
Laboral configuró mecanismos de reducción de las contribuciones patronales,
aunque restringiendo su alcance, estando sus disposiciones principalmente
vinculadas con la regulación del ingreso y egreso de la relación laboral.
Por su parte, el renovado dinamismo
que adquirió la negociación en el nivel de rama de actividad no ha implicado un
retroceso de la negociación en el nivel de rama de actividad no ha implicado un
retroceso de la negociación en el nivel de empresa, sino que ésta mantiene su
predominio dentro del total de negociaciones. A su vez, la mayoría de las
negociaciones se han centrado sobre los contenidos salariales sin que se observe
una clara reversión de los contenidos salariales sin que se observe una clara
reversión de los contenidos flexibilizatorios introducidos en los convenios
colectivos durante la década pasada ya sea porque se sustancian acuerdos
salariales manteniendo vigentes aquellos convenios o porque se vuelven a
negociar contenidos similares.
Estos aspectos subrayan que
formas institucionalizadas no son las que se hallan
en el origen de la flexibilización laboral
sino,
fundamentalmente, la correlación de fuerzas entre las clases sociales.
Según Gramsci podemos entender esta correlación como el
resultado de
la relación entre la disposición de fuerzas objetivas y la correlación de
fuerzas políticas en un período históricamente determinado.
Concentrándonos en el primer aspecto,
debemos señalar que la magnitud del empleo no registrado como también los aún
considerables niveles que presenta el ejército industrial de reserva, operan
como contrapeso de las posibilidades de revertir los procesos de flexibilización “de
hecho” de la fuerza de trabajo. Claramente,
las condiciones objetivas no
alcanzan para explicar estos procesos, sino que es preciso analizar la
organización y grado de autonomía de la clase obrera, la representatividad de
las organizaciones gremiales, la orientación de éstas, su homogeneidad o
fraccionamiento interno, entre otros aspectos de crucial relevancia
(...)".
Fuente: Realidad
Económica Nº 236 de mayo-junio de 2008/
www.iade.org.ar
2. El modelo productivo durante el gobierno K
Juan M.
Graña y Damián Kennedy, en "Salario, productividad y acumulación de capital...",
se refieren a:
"El deterioro del salario real como fuente de plusvalía extraordinaria
Además de las ya señaladas,
el conjunto de capitalistas cuenta con una fuente adicional de plusvalía: el
pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, es decir, un salario real
que no alcanza a representar el poder adquisitivo necesario para la reproducción
normal de los obreros.
Para avanzar en esta cuestión, debemos
retomar «la relación entre el salario real y el valor
de la fuerza de trabajo». En este marco:
En primer lugar bien
podría plantearse que el «deterioro del salario real» refleja una caída del
valor de la fuerza de trabajo aún mayor que la provocada por la reducción
del valor de las mercancías que deben consumir. Este argumento sólo es
sostenible sobre la base de considerar un proceso de descalificación masiva
de la fuerza de trabajo. Si bien es cierto que un sector de la misma ha sido
víctima del despojo de sus capacidades productivas, otro tanto ha adquirido
los atributos de la población trabajadora en el nivel mundial. Dadas estas
dos tendencias contrapuestas, difícilmente el promedio de ellas explique
tamaña reducción en el poder de compra asalariado.
En segundo lugar,
podría pensarse que el nivel del salario real a inicios de la década de los
setenta se encontraba marcadamente por encima de su valor, de modo que la
reducción observada desde mediados de la misma, en realidad responde a un
'ajuste' del salario al verdadero valor de la fuerza de trabajo. A nuestro
juicio ...entre mediados del siglo pasado y principios de los setenta el
salario real muestra una evolución compatible con el proceso económico de
nuestro país, donde la creciente industrialización y tecnificación requerían
un obrero colectivo más calificado y por tanto, con una necesaria mayor
capacidad de consumo.
En ese marco, si la marcada caída del
salario real no está reflejando ni una caída del valor de la fuerza de trabajo
ni un “ajuste” del salario al verdadero valor de la fuerza de trabajo,
entonces tal deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones representa el
pago a una fuerza de trabajo que se vende por debajo de su valor.
En este sentido, cuando el salario no
alcanza a cubrir el valor de las mercancías que los trabajadores y sus familias
necesitan para su reproducción, éstos están 'cediendo' no sólo plusvalía en
general, sino también plusvalía extraordinaria en la cuantía de esa diferencia.
En otros términos:
El pago de la fuerza de trabajo
por debajo de su valor representa una fuente adicional de plusvalía", que se
suma a la obtenida por "extensión de la jornada laboral, su intensificación
y la producción de plusvalía relativa. (...)
La contracara del retroceso de 11pp en
la participación asalariada es el incremento de la plusvalía que pasa del 55,6%
al 66,4% del ingreso total. Sin embargo, la parte 'genuina' de la
plusvalía no sólo no crece sino que retrocede al 48,5%. De modo que dicho
incremento tiene su base en el deterioro del salario real y no en el desarrollo
de las fuerzas productivas (...)".
Juan M.
Graña y Damián Kennedy sintetizan sobre cómo evolucionó la producción de plusvalía
extraordinaria con fuente en salarios de pobreza e indigencia:
"Desde
mediados de la década de los setenta,
el proceso de acumulación de capital en la Argentina
tiene como uno de sus rasgos específicos la
producción de plusvalía extraordinaria basada sobre la reducción del salario
real, situación vigente independientemente del «signo político»
de los gobiernos de turno.
Evidentemente, un proceso de
acumulación con esta base de sostenimiento está minando cada vez con mayor
intensidad su propio futuro, al atentar contra las posibilidades y
características de reproducción de la fuerza de trabajo".
Fuente: Realidad
Económica Nº 242 de febrero-marzo de 2009/
www.iade.org.ar
En
consecuencia, el reclamo de que la crisis la paguen los causantes
no va a ser respondido por el gobierno-Estado cuya función es garantizar
niveles de explotación superiores a la
anterior fase expansiva del poder económico casi transnacional. La historia
prueba la existencia
de políticas de estado en ese sentido que han cristalizado como democracia
restringida y se han profundizado en forma constante.
Con otras palabras, lo dice el
Secretario
General de la OEA -José Miguel Insulza-
al contestar la pregunta
sobre si puede haber explosiones sociales debido a la crisis:"Puede
haber problemas sociales y políticos pero creo que los países están
mejor preparados para canalizar las demandas. Si alguien responsabiliza
al gobierno, se llama a elecciones en pocos meses. Las ventajas de las
elecciones es no sólo elegir a las autoridades sino manifestar el punto
de vista de la ciudadanía. Más de un gobierno va a pagar las
consecuencias de la crisis económica. Pero no la democracia sino el
gobierno de turno"
(Clarín // El Mundo //15-3-09).
El matrimonio Kirchner como conductor actual de la democracia restringida ha
hecho posible conservar el enorme descenso del costo laboral, que
originó
la devaluación, mediante la consolidación de la extensión del empleo no
registrado;
la política de establecer -de hecho- pautas que disponen un “techo”
a los aumentos salariales en la negociación paritaria; y mediante la
dispersión salarial sobre la base de bajos niveles en términos
históricos y el incremento de la productividad.
Toca a nosotros -los de
abajo- organizarnos en otra sociedad y otro trabajo asumiendo que el
capitalismo (sea neoliberal o neodesarrollista) implica no sólo
priorizar la alta rentabilidad del poder económico casi transnacional
sobre las necesidades populares sino, también, sacrificar a los
trabajadores con salarios reales que no les permite alcanzar la canasta
familiar; también a los campesinos y a los productores, comerciantes e industriales
pequeños y medianos porque les impone desaparecer.
Pero desde dónde y cómo
plantarnos para el cambio social que ponga en el centro del
funcionamiento argentino a la vida y dignidad humana de todos nosotros
sin discriminación de tipo alguno. Es imprescindible asumirnos sujetos
de derechos e involucrarnos plenamente en los movimientos de resistencia
al sistema de saqueo y destrucción tanto de nuestras comunidades como de
la naturaleza.
II.
PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
Planteo
Podemos pensar que el desafío de «otro trabajo y otra
sociedad» es menos realista y nada tiene que ver con la consigna
de: "restauración conservadora o profundización del cambio"
que lanzan
el matrimonio Kirchner y los intelectuales en la V Carta Abierta. Pero
esa apariencia engaña. Intentemos descubrir a qué desarrollo o progreso se
refieren y cómo el mismo mira hacia la exportación (pese a que es atribuida a la
derecha recalcitrante) en:
1. El modelo de industria
Guido Saccal
describe:
"La crisis internacional, que ha
puesto en jaque a los principales fabricantes de todo el mundo, está provocando
tensiones en la industria nacional que está registrando mermas significativas en
la producción y ventas. Retroceso que mantiene en vilo a empresarios, sindicatos
y Gobierno. En un informe reciente de la Asociación de Fábricas de Automotores
de Argentina (Adefa), se destaca la caída de 31,8 por ciento en la producción en
abril en relación al mismo mes del año pasado. Así acumula una caída del 39,2
por ciento en lo que va del año. En términos de ventas y patentamientos los
números también son negativos: del récord de 2008 (611 mil unidades nuevas
vendidas) se pasó a una caída del 34,5 por ciento en los pedidos de las
concesionarias y a una merma del 33,2 por ciento en el registro de autos cero
kilómetro.
Por el lado de la demanda, el
retroceso se explica por la disminución de las ventas en el mercado interno
pero, sobre todo, por la drástica caída de las exportaciones a Brasil. Alrededor
del 60 por ciento de la producción nacional tiene como destino el exterior,
siendo el socio mayor del Mercosur
el comprador de más del 65 por ciento de los
automóviles fabricados en el país. Brasil representa el 40 por ciento de las
ventas totales del sector. En este sentido, Juan Cantarella, gerente general de
la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes comentó a Página/12 que “lo
que sucede con el mercado brasileño define en buena medida la evolución de la
industria automotriz local. Los números son muy desalentadores si los comparamos
con los que tuvimos el año pasado y que se esperaban para éste. Antes de que se
desatara la crisis, las terminales planeaban alcanzar las 900 mil unidades
vendidas. Las empresas se prepararon para un 2009 récord y esa expectativa se
vino abajo. Sin embargo, con un panorama histórico más amplio, la producción se
encuentra en volúmenes aceptables”.
El comercio con Brasil es
también muy intenso en relación a las importaciones y, en ese sentido, la matriz
productiva del sector también juega un rol importante. Mientras la Argentina se
ha especializado en autos medianos, Brasil es el mayor productor de Sudamérica
de los denominados modelos chicos. En un contexto de caída del poder
adquisitivo, los fabricantes del país vecino han logrado acaparar el 60 por
ciento del mercado local de autos económicos. Para los actores principales del
sector, las medidas que tomó el Gobierno para intentar paliar esta crisis no han
tenido resultados. Cantarella expresó que “hay acuerdo con el Gobierno en
centrarnos en la conservación del empleo. Pero lo cierto es que nuestra
capacidad financiera está muy reducida por la caída de la demanda y se hace muy
difícil sostener las estructuras. Hay una presión impositiva excesiva para el
momento que estamos atravesando, además de problemas con los costos salariales”.
Se calcula que el sector
automotor emplea a unas 150.000 personas entre fabricantes, autopartistas y
diversos eslabonamientos productivos. Las negociaciones con los principales
gremios del sector (UOM por metalúrgicos y Smata por mecánicos) giran este año
en torno al otorgamiento de una suma fija. Al respecto, Valeria Ianni,
investigadora del Conicet y especialista en el sector, comentó que:
“Si uno
observa la serie histórica de producción de la industria, se percibe el cambio
en el destino de las ventas, hoy mucho más focalizadas en las exportaciones que
en la década del ‘70, en la que el mercado interno era fundamental. También vale
aclarar que la cantidad de trabajadores que emplean las terminales en particular
se redujo a la mitad desde los picos de los años 1973 y 1974”.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3901-2009-05-24.html
“el
directivo de la Fiat, Cristiano Rattazzi, quien criticó el modelo macroeconómico
imperante en los últimos años y la estrategia del “vivir con lo nuestro”
y abogó por la vuelta del liberalismo económico y recomendó un entendimiento
entre la UIA y otras organizaciones empresarias, entre ellas algunas
consideran la industria como una
excrecencia indeseable incubada por la distorsiva intervención estatal".
“A
pesar de los altísimos precios de la soja, empujados en buena medida por la
especulación financiera, en 2008, las exportaciones de vehículos y cajas de
cambio equivalieron al 90% de las exportaciones de poroto de soja. (No hay que
dejar de recordar en este contexto que el grado de industrialización de las
exportaciones sigue siendo bajo y que el principal rubro de exportación del país
sigue siendo residuos).
El régimen automotriz comenzó a diagramarse en el cuadro del Programa de
Integración Comercial Argentina Brasil (PICAB) negociado a la vuelta de la
democracia por Alfonsín y Sarney y consolidado en el Mercosur.
El régimen establece cuotas
para el comercio exterior entre las partes establece requisitos de integración
nacional para cada parte. Si no hubiera sido por este acuerdo la industria local
(no nacional, ya que es de propietarios extranjeros) habría sufrido la avalancha
demoledora de la local brasileña (también de propietarios extranjeros, a la
sazón, casi los mismos que los residentes en la Argentina). Es decir,
el régimen es básicamente un acuerdo intra corporaciones
transnacionales bajo el paraguas de los estados. Además de evitar los
traumas que la competencia puede generar en las empresas (como se sabe la
competencia es algo muy bueno para que la sufran los otros), tiene también el
propósito de preservar lo que queda de nacional de la industria de autopartes
local.
Reiterando, para los señores
liberales, la
industria automotriz Argentina-Brasil vive en el marco de la intervención
estatal y la negociación inter corporaciones, con muy poco de libre mercado.
Para finalizar, la propuesta de
un “industrial” de asociarse con entidades anti industriales no es
novedosa. Forma parte de la anomalía argentina, en la cual los industriales
apoyaron sistemáticamente gobiernos y políticas anti industriales, un fenómeno
que me parece corresponde más al campo de la sociología que al del cálculo
económico, por la persistencia del campo como fuente de valor simbólico y por la
irrefrenable fascinación que ejerce, a través de las edades la que Sarmiento
llamara la aristocracia con olor a bosta de vaca. Aunque esa “aristocracia”
ahora tiene más olor a fragoteo político, evasión impositiva y otras yerbas
poco vinculadas a las pobres vacas y a la producción.
Esta anomalía persistente,
oxímoron que domina la historia argentina, la encontramos reflejada,
precisamente, en un libro fundamental para comprender la conducta industrial:
“Empresarios del Pasado. La Unión Industrial Argentina”, de Jorge Schvarzer,
escrito en los ochenta. Refiriéndose a la continuidad de la composición
societaria de la UIA a través del tiempo, Schvarzer explica: “Esa continuidad
social explica, en buena medida, la presencia de otros rasgos no menos
sorprendentes en una entidad industrial; en particular, su aprobación de ciertas
estrategias dominantes que difícilmente puedan considerarse 'industrialistas',
sus silencios en torno de temas claves para el desarrollo y consolidación del
sector fabril y sus alianzas gremiales y políticas con fuerzas escasamente
proclives a la industrialización nacional” (Página 246). Es decir, no
tenemos nada nuevo bajo el persistente sol otoñal argentino".
Claudio Scaletta
advierte
“La verdad incómoda”:
"El discurso en apariencia
progresista a favor de “pequeños productores sojeros” contiene sin
querer un componente retardatario en términos del desarrollo de las fuerzas
productivas materiales".
Explica la visión de progreso en
el capitalismo central o imperialista que encubre el despotismo de sus
oligopolios como
“necesidades
técnicas del proceso productivo”
señalando:
"Una de las características del
«desarrollo capitalista» desde su surgimiento son los procesos de concentración
económica. No se trata sólo de la concentración de la propiedad de los medios de
producción, que dependiendo de las formas societarias puede o no ser la del
capital, sino también del aumento de las necesidades de escala de la producción.
Esta segunda parte constituye un cambio microeconómico radical del capitalismo
en relación con modos de producción anteriores y es una transformación que
ocurre al interior de las fábricas o explotaciones. Cuanto más estándar es una
mercancía, mayor es la necesidad técnica de producirla a gran escala y el
consiguiente premio económico por hacerlo. Esto es el resultado de los procesos
de estandarización productiva ya descriptos por Adam Smith cuando respondía por
las causas de “la riqueza de las naciones”.
Pero no se trata sólo de
predicciones teóricas. En la producción agraria sobran las muestras fácticas.
Normalmente se acepta que 500 hectáreas de soja demandan, en el campo, un empleo
directo. Actualmente se aspira a que el “aumento de la productividad del
trabajo” permita llegar a las 1000 hectáreas por trabajador.
Sucederá antes o
después y la superficie que pueda trabajarse con un empleado y mucho capital
será siempre creciente.
En términos económicos, entonces,
hablar de “pequeños
productores sojeros” es hacerlo de una especie en extinción. Puede ocurrir que
la soja sea muy rentable y entonces también pueda serlo para las pequeñas
explotaciones, pero lo será siempre más para las de mayor escala. Por eso, quien
no tiene superficie suficiente suele convertirse en rentista.
En el capitalismo
avanzado, el espacio económico para los pequeños productores es el de la
producción de mercancías menos estándar. Hasta aquí la perspectiva económica,
que se funda en las necesidades técnicas del proceso productivo. No es la
conciencia la que determina la existencia".
Claudio Scaletta
aclara razones para el posicionamiento a favor del
capitalismo mundializado de oligopolios y del Estado cuidando por conservar los
feudos provinciales:
"Desde la perspectiva social el
dato económico aparece, prima facie, como un problema. Una vasta propiedad
agraria es un territorio vacío con un seguro propietario, por lo general
absentista, radicado en algún centro urbano en cuya suburbia se asientan quienes
no consiguen trabajo en el campo. Este es el “desierto verde” de los campos sojeros.
Ahora, la misma extensión ocupada por
un conjunto de pequeñas propiedades no
sólo supone una distribución más equitativa de la propiedad, sino que da lugar a
una sociedad más dinámica. Seguramente aparecerá un pequeño centro urbano de
servicios y se desarrollará el germen de una sociedad democrática. Los
socialistas utópicos estarían encantados imaginando las potenciales relaciones a
su interior, pero lo que en realidad aparece es la sociedad de la “Familia Ingalls”, sociedad que en su devenir histórico, y en su país de origen,
muestra
que en la actual fase de desarrollo sólo puede subsistir en base a subsidios. El
discurso en apariencia progresista a favor de los “pequeños productores”
contiene sin querer, cuando se trata de la producción de commodities,
un
componente retardatario en términos del desarrollo de las fuerzas productivas
materiales. Esto explica las contradicciones de organizaciones como la
Federación Agraria Argentina, que para justificar su cerrada defensa de los
intereses de las grandes explotaciones sojeras, de la que se beneficia su base
social, se ve obligada a realizar congresos de economías regionales en lo que
supuestamente se defienden los intereses de los pequeños productores.
Desde la perspectiva del sector
público el balance debe ser cuidadoso. Las políticas económicas activas suponen
transferencias. La pregunta de fondo en la economía local es si estas
transferencias deben ser intra o intersectoriales; si la política agropecuaria
debe pensar en transferencias hacia los pequeños productores sojeros, por
ejemplo a través de retenciones diferenciales, o hacia los pequeños productores
de mercancías menos estandarizadas, donde estos productores tienen razón
económica de ser, como lo son por ejemplo las de muchas economías regionales de
base agraria ni sojeras ni cerealeras".
jaius@yahoo.com
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3901-2009-05-24.html
Comprobamos:
♠Subsidios
a automotrices que deberían ser sostenidas por sus casas matrices y al hacerlo,
el gobierno-Estado sacrifica el bienestar básico de los jubilados y pensionados
pero, además, les quita sus fondos con la justificación de cuidar la ocupación
laboral, cuando minimizan el plantel de trabajadores a diferencia de las pymes e
incrementan la deformación estructural del complejo productivo de Argentina y de
la integración sudamericana.
♠Argumentos
para retenciones a sojeros sin segmentación sobre la base de que la producción
de monocultivos en gran escala es el progreso y la eficiencia económica.
En consecuencia, al igual que la
restauración conservadora, la profundización del cambio mira por
el avance del capitalismo mundializado.
¿Qué
significa seguir aceptando que nuestro destino común dependa del avance
capitalista y por qué es prioritario proyectar otro trabajo y otra
sociedad?
Ideología
Podemos escudriñar cómo el progresismo entrega el país y nos
despoja de derechos en forma semejante a la etapa anterior del capitalismo pero
con otra construcción política e ideológica al examinar:
1. Desconocimiento de la reforma de Estado que se hizo para la transnacionalización
del país
Federico
Bernal, en “Provincialización y atraso” y el 4 de enero de 2009,
afirma:
"Del mismo modo
que la provincialización hidrocarburífera, el Pacto Federal Minero de 1993 y su
fundamentación ideológica y política hace de las suyas en las provincias
extractoras. Igual que se destacaba –y se destaca– el boom productor y
exportador petrolero y gasífero en tiempos del menemismo, el secretario de
Minería, Jorge Mayoral, anunció como un gran logro de su gestión el haber
multiplicado por setenta “el crecimiento productivo aurífero” de la
Argentina “en los últimos años”.
Esto permite ubicar al país como
el “tercer mayor productor (de oro) del continente americano y decimocuarto
en el mundo”, según expuso Mayoral en el discurso de cierre durante el
Evento Argentina Oro. Si bien el análisis de la minería aurífera merece un
estudio aparte, ¿en qué podría beneficiarse un país que en plena etapa de
industrialización (y de crisis financiera internacional) extrae oro
descontroladamente y con destino de exportación?
El boom minero del nuevo
siglo va reproduciendo paso a paso los mismos resultados que los arrojados
por la provincialización de los hidrocarburos: profundización del atraso
provincial, extracción con fines de exportación, ascenso y proliferación de
especialistas con mentalidad colonial y aumento de la dependencia del
producto bruto provincial hacia la explotación de recursos naturales.
Según el secretario de Minería
de Salta, la “actividad minera de la provincia (incluye hidrocarburos) genera
un 6,8 por ciento de su PBI. Sin embargo, la entrada en producción de los
proyectos metalíferos en marcha permitirá incrementar sensiblemente esa
participación” (El Inversor Energético y Minero Nº 32). Como se observa, la
idea es acrecentar la participación de la actividad minera en el PBI salteño,
cuyos recursos (los minerales) están sobrevaluados internacionalmente y forman
parte de la burbuja especulativa de reciente estallido. Más grave aún, dicho
incremento no será consecuencia de mayores regalías.
Tomar este camino implicaría
ir contra la ley minera, incompatible con una extracción racional de las
reservas probadas y la acumulación de capital como fin estratégico de la
actividad. Implicaría, asimismo, ir a favor de la edificación de una
plataforma industrial provincial a largo plazo, independiente de la
explotación de recursos naturales.
Por su parte, en San Juan, la
niña bonita de la minería argentina, la actividad de un solo emprendimiento (Veladero),
representa más del 30 por ciento del pago del impuesto de ingresos brutos de la
provincia (Panorama Minero Nº 348) y la mitad de sus exportaciones totales
(Compendio, Panorama Minero, noviembre de 2008). El gobernador de la provincia,
principal referente minero del país en el exterior, Luis Gioja, resume los hilos
conductores de la política minera provincial: “La Argentina era la Pampa
Húmeda, lo sigue siendo y nos sentimos orgullosos que así sea, porque tiene las
vacas, el trigo, la soja, nuestro complejo industrial que representa al país.
(Del otro lado, estamos las) provincias andinas, que tenemos montaña y que
siempre digo que en la montaña no puedo plantar soja, no puedo criar vacas, no
puedo tener esto que es el boom en la Argentina. (...) En la montaña, (...)
tenemos minerales guardados. Entonces, como decía Sarmiento hace 150 años,
cuando le escribía a Mitre y le decía: ‘dame las herramientas, dame los recursos
y yo con la minería le voy a cambiar la cara a San Juan y al país’. Sarmiento en
aquella época ya lo decía. Estoy seguro que con la minería vamos a tener los
mismos números que tiene la Pampa Húmeda con la soja, con el trigo y con las
vacas; que merecidamente lo tienen” (discurso de Gioja durante el Evento
Argentina Oro, en 2006).
De no haber sido porque el
territorio sanjuanino está cubierto en un 80 por ciento por terreno montañoso,
Gioja lo hubiera cubierto de soja. ¿Cuánto hubieran “economizado en sangre de
gauchos” o en expediciones punitivas, empréstitos y pertrechos Mitre y
Sarmiento de haberse servido de la soja como exterminador natural del gauchaje
en el siglo XIX? El pensamiento del gobernador sanjuanino sintetiza no sólo una
Argentina pastoril y desindustrializada, sino un “federalismo” a imagen y
semejanza de la Mesa de Enlace. Un “federalismo” enemigo de una Argentina
industrial y socialmente justa".
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3742-2009-01-04.html
Su opinión
evidencia que no
alcanza con definir como enemigo a la Mesa de Enlace para posicionarse a favor
de un proyecto popular-nacional.
Su unilateralidad le impidió anticiparse a lo que sucede hoy o sea meses después: la identificación con el
gobernador Gioja de la presidente Cristina Fernández de Kirchner es tal que a
poco días del noveno encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en la capital
de San Juan, viaja a esta ciudad y alaba la mega minería como desarrollo de las
provincias y fuente laboral ejemplificando con Santa Cruz (su 'feudo'). También,
en noviembre de 2008, veta la ley de protección de glaciares. Por supuesto, lo
fundamental es que el 14 de abril de 2009
recibió en
Casa Rosada a Peter Munk, fundador y máximo directivo mundial de la Barrick Gold,
vinculada a la mina de oro Pascua-Lama, el mayor emprendimiento minero de
América Latina.
2. Planteo de
desafío que resulta funcional a la colonialidad
Federico Bernal
propone:
“Definir el modelo“
porque
"la actividad minera plantea el
desafío de sumarla a un país de un modelo agrícola-ganadero o a uno encaminado a
abandonar su aparente subdesarrollo".
Comienza su nota acerca de que el desarrollo está en la actividad
minera mediante la frase:
“Lamentablemente, el país nació
como agrícola-ganadero”
-con
la que- “luego de una breve introducción, el
director de la revista Panorama Minero, órgano oficial de la industria minera en
la República Argentina, dio por iniciado el seminario “Argentina Oro 2008”, en
noviembre del año pasado. Minutos más tarde y promediando su alocución,
profundizó su anterior alegato añadiendo: “Ojalá que la Argentina siga siendo
agrícola-ganadero. Somos el alimento del mundo. Eso es muy lindo (sic)”. A la
luz de la crisis abierta con la Resolución 125, analizar esas dos expresiones
reviste especial significación.
En primer lugar, porque brindan
una idea cabal de cómo la industria minera y buena parte de los funcionarios
públicos del sector (nacionales y provinciales) conciben esta actividad:
una
minería desde y para un país granero del mundo.
En segundo lugar, porque
sintetizan el pensamiento de un sector de la población, que les impide aprender
las leyes del desarrollo socioeconómico de cualquier nación, e hilando más fino,
aquellas específicas que hacen al desarrollo de los países periféricos. Si las
ignoran no las pueden demandar ni defender, y entonces las atacan. Se explica
así el apoyo al sector agropecuario concentrado, alianza condensada en el
enunciado “sin campo no hay país” ".
Es decir, elude la confrontación entre las fuerzas del coloniaje
y los pueblos en lucha contra el modelo extractivo de las transnacionales
agroindustriales, mineras, petroleras... Y así como la soslaya ocultando que la
acumulación capitalista en el país se hace mediante la plusvalía extraordinaria
con origen en la renta agraria, encubre la reforma del Estado para su nueva
función de garantizar los súper negocios de las transnacionales tergiversando
causas de que la mega minería haya pauperizado aún más a pueblos de provincias.
En efecto, manifiesta:
"Las ponencias del seminario
“Argentina Oro 2008” permiten además explicar otras cuestiones ligadas a la
resolución del añejo e irresuelto enfrentamiento entre modelos: «la cuestión
federal». No obstante haber aumentado su participación en el PBI nacional de 0,4
por ciento hace doce años a 1,5 por ciento en 2008, desde su despegue a fines de
la década del noventa, la minería en la Argentina no ha desarrollado socioeconómicamente al interior, sino todo lo contrario, lo ha pauperizado.
Desde entonces, las provincias productoras han aumentado su dependencia
económica sobre esta actividad, primaria, finita (5 a 15 años para grandes
emprendimientos), sujeta a los vaivenes internacionales, no industrializada,
aislada de las labores productivas locales, de generación de empleo igualmente
limitado y escaso en comparación con lo aportado por otras ramas industriales.
Asimismo, la provincialización de los recursos mineros (Pacto Federal Minero de
1993) le imprimió –como ocurre con los hidrocarburos y tal como la Mesa de
Enlace pretende replicar a nivel agrario– un carácter semifeudal en los manejos
operativos, de negociación, gestión, control y de usufructo de dividendos.
Peor
aún, la provincialización ha convertido a la minería en una herramienta
político electoral de fortalecimiento (o debilitamiento, según el caso) de sus
respectivos gobernadores. Así lo manifestó sin tapujos el vicepresidente de la
Cámara Minera de San Juan, en ese seminario, al asegurar que “desde nuestra
provincia aspiramos a que el gobernador sea candidato a presidente en 2011
(sic)”. Un gobernador que opinó que “la Argentina era la Pampa Húmeda, lo sigue
siendo. Y nos sentimos orgullosos de que así sea, porque tiene las vacas, el
trigo, la soja, nuestro complejo industrial que representa al país” (Argentina
Oro, 2006)".
Federico Bernal
afirma que la cuestión es aprovechar el oro para las arcas del Banco
Central: "En conclusión, la minería en la
Argentina debe pensarse y practicarse bajo la modalidad de ¿un país
agrícola-ganadero (o en el mejor de los casos, agroindustrial)?, o bien ¿de uno
decidido y encaminado a abandonar su aparentemente eterno subdesarrollo? Y aquí
es justamente donde la crisis internacional puede ayudar a una definición a
favor de la segunda opción. Con la comprobación del reposicionamiento mundial
del oro como activo estratégico fundamental a la hora de edificar y proteger la
seguridad económica y financiera de los países, resulta irracional la
profundización del perfil netamente exportador de la minería aurífera en la
Argentina. Mientras tanto, las “revolucionarias” compañías mineras nucleadas en
el World Gold Council –muchas de las cuales son además las principales
operadoras auríferas en la Argentina– sugieren como prudente un aumento del
porcentaje de la “reliquia bárbara” (parafraseando a Keynes) en las reservas del
Banco Central, llegando inclusive hasta insinuar hacerlo comprando la producción
doméstica".
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3901-2009-05-24.html
3.
Enfoque que antepone la vida y la dignidad humana
"A pesar del veto de los
Kirchner, los vecinos interponen un amparo ambiental
EN DEFENSA DE LOS AMBIENTES
GLACIARES.
San Rafael, Mendoza, 22 de mayo de 2.009.
La MULTISECTORIAL DEL SUR, que
tiene por objeto la defensa del Desarrollo Sustentable, y a la que adhieren más
de 40 instituciones representativas de las fuerzas vivas de la provincia de
Mendoza, representada por los Dres. Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez,
interpuso ante la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación una acción de amparo ambiental contra la omisión inconstitucional en la
que incurre el Estado Federal que consiste en la omisión de sancionar y/o
promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de
agua de recarga de cuencas hidrográficas, por infringir dicha omisión el derecho
de incidencia colectiva que tiene por objeto el ambiente como bien colectivo
(artículos 41 y 43 de la Constitución argentina y artículos 2º-objetivos de la
política ambiental-, 4º -principios de la política ambiental-, 6º -presupuestos
mínimos- y 27º -daño ambiental- de la ley 25.675), el derecho de incidencia
colectiva que tiene por objeto el nivel de vida adecuado respecto del agua como
bien colectivo (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y Observación General Nº 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) y todos los derechos conexos al derechos al
agua (derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a
la propiedad).
Desde la entidad, advirtieron que tras el veto de la ley 26.418 por el Poder
Ejecutivo Nacional, norma que protegía los glaciares y los ambientes periglaciares, los mismos hoy se encuentran en absoluta desprotección,
poniendo
en grave situación de riesgo el recurso hídrico, un recurso escaso y cada vez
más valorado, por cuanto constituyen reservas estratégicas de agua en estado
sólido, resultando así afectadas prácticamente todas las provincias y las
presentes y futuras generaciones de argentinos.
Agregaron que “no podemos olvidar que además de ser importantes reservas
hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los
glaciares brindan importantes servicios ambientales, por cuanto han permitido la
cultura del oasis en todo el oeste del país, la agricultura, la vitivinicultura,
el turismo, la generación de energía eléctrica, etc. todas ellas susceptibles de
una valoración económica, que también debe ser tutelada”.
“Sin duda alguna de no existir este reservorio, o si el mismo fuera alterado en
sus condiciones naturales, la historia de estas provincias y en definitiva de
nuestro país sería muy diferente” ".
Dario Aranda,
en "Otra polémica ambiental a la Corte"
(Página 12), completa información:
"Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente
glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del
amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la
Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La
acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce
y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación
constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la
urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último,
pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del
Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la
inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el
principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con
la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero
Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días
en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización
de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y
periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite
la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes,
productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el
recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos,
judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la
actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione
una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada
patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San
Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras
de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y
aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de
las provincias.
“No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o
periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en
Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica
el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas
hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los
glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto
han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el
turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una
valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la
abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que
estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas
normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida
adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado
quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos
mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la
presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la
inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la
ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de
recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas,
definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un
inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía
como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y
determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones
sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años
pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más
del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra
reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto
cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no
habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado
en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un
argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona
cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo
económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que
la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el
voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como
una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”,
denuncia la presentación".
Fuente:
http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=2266
26/05/2009
En
consecuencia, ni los progresistas ni los de derecha desembozada conciben
otro desarrollo distinto al capitalista y éste es incompatible con la vida
y la dignidad humana de las grandes mayorías al destruir y envenenar la
naturaleza expulsando y hacinando poblaciones en las ciudades más
importantes.
Premisas e hipótesis
Podemos
analizar cómo se desarrolla el capitalismo:
1. En el país , incremento del trabajo no registrado como clave para el modelo
y de las sub y sobreocupación
Clara
Marticorena, en su artículo "El trabajo asalariado industrial en la
posconvertibilidad", señala que en la fase de expansión actual los
niveles de empleo han aumentado de manera generalizada pero en distintas
proporciones.
"En las ramas mercado
internistas su crecimiento ha sido del 62,5% entre mayo de 2002 y el cuarto
trimestre de 2006; en las medianamente exportadoras del 43,48% y en la
exportadoras del 22,5%. Mientras que del total de puestos de trabajo asalariados
creados en este período las ramas mercado internistas explican el 43,48%, las
medianamente exportadoras explican el 36,25% y las exportadoras el 20,27%
restante".
Ahora "el
valor de la producción de las ramas exportadoras representa alrededor del 50% de
la producción industrial, las ramas medianamente exportadoras explican alrededor
del 35% y las mercado internistas participan en torno del 15%. (...)Dado que el
volumen físico de producción se incrementa entre 2002 y 2006 en las ramas
exportadoras un 50,2%, en las medianamente exportadoras un 59,8% y en las
mercado internistas un 65,5%, se puede apreciar que las actividades que
predominan en el producto sectorial han sido las menos dinámicas en la creación
de empleo.
Dichas actividades, ligadas
principalmente con el procesamiento de recursos naturales (como alimentos y
bebidas y en menor medida, la refinación de petróleo) o bien al ensamblado de
partes con baja integración de autopartes nacionales (como en el caso de la
industria automotriz), dan cuenta del
proceso de simplificación y primarización del
perfil sectorial operado en las últimas décadas en el marco de transformaciones
en la inserción de la economía argentina dentro de la división internacional del
trabajo. Además de
ser menos dinámicas en la demanda de fuerza de trabajo, presentan altos niveles
de empleo no registrado y la estructura ocupacional que aquí tienen los puestos
no calificados.
Vemos entonces que el aumento del
empleo sectorial durante la fase actual se ha sostenido en primer lugar en la
demanda de las actividades mercado internistas. Por ello, es particularmente
relevante destacar que el crecimiento de los trabajadores asalariados en estas
ramas ha estado basado principalmente en el aumento del empleo no registrado. En
estas actividades, mientras el empleo no registrado se ha duplicado entre mayo
de 2002 y el cuarto trimestre de 2006 (con un incremento del 107,9%), el empleo
registrado sólo ha crecido un 34 por ciento. (...)
En términos relativos, estos procesos
implicaron que el incremento del empleo no registrado manufacturero se explique
en primer lugar por la evolución que ha tenido en las actividades mercado
internistas y en segundo lugar por su evolución en las ramas exportadoras. Si en
éstas presenta una orientación decreciente en el año 2006, en las primeras, en
cambio, vuelve a aumentar (...)".
Clara
Marticorena dice: "es
posible observar que en virtud de la menor concentración del capital y ligado
con ello, los bajos niveles de productividad, los capitales que producen
fundamentalmente para el mercado interno hacen recaer su capacidad competitiva
sobre un deterioro de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo
superior al promedio.
Estas condiciones, lejos de mitigarse,
se han agudizado durante el actual proceso de sustitución de importaciones, que
opera en el marco de una economía abierta y crecientemente concentrada.
Pese a que el tipo de cambio “alto” otorga cierta protección sobre las
actividades mercado internistas, su reproducción depende principalmente de
los precios de importaciones y en la medida en que los países productores de
mercancías similares logran mayor competitividad, estos capitales se ven
apremiados a reducir sus costos locales,
fundamentalmente la reducción de los
costos laborales y el deterioro de las condiciones de empleo. (...)
También, debemos tener en cuenta el
mayor peso que en las ramas mercado internistas posee la subocupación. En
cambio, en las actividades exportadoras, los elevados porcentajes de sobreocupación se presentan como característica distintiva, vinculándose mayores
salarios con un mayor desgaste de la fuerza de trabajo que alcanza casi a la
mitad de los ocupados. El promedio de sobreempleo en las ramas exportadoras
entre 2003 y 2006 es de 47,5%, en las medianamente exportadoras de 38,5% y en
las mercado internistas de 35,4%. El subempleo, en cambio, se especifica en
estas últimas, ascendiendo su promedio al 19,2%. En las ramas exportadoras se
sitúa en el 16,3% y en las medianamente exportadoras en el 14,9 por ciento".
Fuente: Realidad
Económica Nº 236 de mayo-junio de 2008/
www.iade.org.ar
2. En el mundo,
intensificación de las formas de extracción de trabajo
En 2007
Ricardo Antunes recalca sobre el capitalismo mundializado que a comienzos de los
años '70 "ocurrió
la crisis estructural del sistema productivo que, en cierto modo, se prolonga
hasta hoy, visto que el vasto y global proceso de reestructuración productiva
todavía no cerró su ciclo.
Pues bien, con todos estos
cambios, se mostró que la empresa taylorista y fordista ya había cumplido su
trayectoria. Se trataba, entonces, de implementar nuevos mecanismos y formas de
acumulación, capaces de ofrecer respuestas al cuadro crítico que se
diseñaba especialmente a partir de la eclosión de las luchas sociales de 1968,
en Francia, o en el “Octubre Caliente” de Italia de 1969, ambos
objetivando el control social de la producción.
Fueron varias las experiencias
ensayadas por el capital en su proceso de reestructuración. (...) Se trataba
para los capitales de garantizar la acumulación de modo cada vez más flexible.
De allí que se gestó la llamada empresa flexible o liofilizada. Esta
transformación estructural tuvo fuerte impulso después de las victorias del
neoliberalismo, cuando un nuevo recetario, un nuevo diseño ideológico-político
se presentó como alternativa de dominación en sustitución del welfare state.
Se comenzaba a expandir otra pragmática que se articuló íntimamente con la
reestructuración productiva en curso a escala global".
Afirma:
"Esta reestructuración
productiva se fundamentó sobre lo que el ideario dominante denominó como lean
production, esto es, la empresa 'desgrasada', la 'empresa moderna', la
empresa que constriñe, restringe, cohíbe, limita el trabajo vivo,
ampliando la maquinaria tecno-científica que Marx denominara trabajo muerto
y que rediseñó la planta productiva de un modo bastante distinto al del
taylorismo/ fordismo, reduciendo enormemente la fuerza de trabajo viva y
ampliando intensamente su productividad, re-territorializando y también
des-territorializando el mundo productivo. El espacio y el tiempo se
convulsionaron.
El resultado está en todas
partes: desempleo explosivo, precarización estructural del trabajo, rebajas
salariales, pérdida de derechos, etc. (...) En esta empresa liofilizada es
necesario un nuevo tipo de trabajo. (...) ¿Cuáles son los perfiles del nuevo
tipo de trabajo'? Es más polivalente o multifuncional, lo que es distinto del
trabajo que se desarrolló en la empresa taylorista y fordista. A diferencia de
esta última, la fase es desespecialización multifuncional que en verdad expresa
la enorme intensificación de los ritmos, tiempos y procesos del trabajo. Esto
ocurre tanto en el mundo industrial, como en los servicios, para no hablar de
los agronegocios, soterrando la tradicional división entre sectores agrícola,
industrial y de servicios.
Además de operar a través de varias
máquinas, en el mundo del trabajo hoy presenciamos también la ampliación del
trabajo inmaterial, realizado en las esferas de la comunicación, publicidad y
marketing, propias de la sociedad de los logos, de las marcas, de lo
simbólico, de lo que involucra y de lo superfluo, de lo informacional.
(...)
Los servicios públicos como salud,
energía, educación , telecomunicaciones, jubilación, etcétera, también
sufrieron, como no podía dejar de ser, un notable proceso de reestructuración,
subordinándose a la máxima de la mercantilización que viene afectando
fuertemente a los trabajadores del sector estatal y público.
El resultado parece evidente: se
intensifican las formas de extracción de trabajo, se amplían las tercerizaciones,
las nociones de espacio y de tiempo también fueron metamorfoseadas y todo eso
cambia mucho el modo en que el capital produce las mercancías, sean ellas
materiales o inmateriales, corpóreas o simbólicas. Donde había una empresa
concentrada se la puede sustituir por varias pequeñas unidades interligadas por
la red, con un número mucho más reducido de trabajadores y produciendo muchas
veces más. Afloran el trabajo de la telemática, el trabajo conectado en red, el
trabajo en casa, etcétera, con las más distintas formas de precarización. Las
repercusiones en el plano organizativo, valorativo, subjetivo e
ideológico-político del mundo del trabajo son por demás evidentes.
El trabajo estable se torna casi
virtual. Estamos viviendo, por tanto, la erosión del trabajo contratado y
reglamentado dominante en el siglo XX y vemos su sustitución por las
tercerizaciones, por gran parte de las flexibilizaciones, por las formas de
trabajo part time, por las diversas formas del cuentapropismo, cooperativismo,
trabajo voluntario, tercer sector, etc., de aquello que Luciano Vasapolio
denominó trabajo atípico.
El ejemplo de las cooperativas tal vez
sea todavía más elocuente dado que originalmente nacieron como instrumento de
lucha obrera contra el desempleo y el despotismo del trabajo. Hoy, por lo
contrario, los capitales vienen creando falsas cooperativas, como forma de
precarizar todavía más los derechos del trabajo (...)".
Fuente: Realidad
Económica Nº 232 de noviembre-diciembre de 2007/
www.iade.org.ar
En
consecuencia,
el
capitalismo avanza maximizando la sobreexplotación de los trabajadores y
de la naturaleza. Pero, debido a que funciona en favor exclusivo de
oligopolios, requiere para imponer tales políticas: des-socializar, manipular la opinión masiva e
individual y modelar las conductas en acuerdo con bloquear la soberanía
popular.
Esos son los objetivos de
la gobernabilidad que el matrimonio Kirchner ha conseguido concretar. De
ahí que su compromiso es antagónico con el
rumbo hacia el buen vivir de nosotros: los de abajo.
Nos
toca hacernos cargo de establecer relaciones en beneficio mutuo que
logren la autogestión y autogobierno de cada desarrollo local según lo
decidido (entre todos como pares) para el desarrollo regional y según acordar el país
con el continente mirando a propiciar la armonía entre las
diversidades populares y con la naturaleza que sea fuente de
presente-futuro feliz para el conjunto de pueblos, naciones y las distintas comunidades e
individualidades.
III.
PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
Planteo
Podemos
pensar que el desafío de «otro trabajo y otra
sociedad» es tan poco realista e impreciso como la consigna
"trabajadores al poder". Lo cierto es que la posibilidad de un
logro resulta de percibirlo adecuado al sistema social en vigencia. En esa
adaptación, el partido Comunista de Argentina ha terminado por claudicar a los
planes burgueses. Claro, aduce necesidad de amplitud y reformismo si se pretende
la construcción de "una poderosa herramienta para el cambio social".
Constatemos su lectura del acto de
Moyano el 30 de abril de 2009 y la de Prensa De Frente:
1. Gran masa de trabajadores organizados
El editorial titulado "Los trabajadores" de Nuestra Propuesta, semanario del comité
central del
Partido Comunista de la Argentina, marca que es: "uno
de los hechos políticos sobresalientes de estos días en nuestro país(...)".
Explica:
"El tercer factor del bloque
histórico pensado por el ex presidente y la presidenta Fernández de Kirchner es
la central sindical, la CGT. De ahí la importancia del acto con motivo del 1º de
Mayo.
Una gran masa
de trabajadores organizados concurrió a la convocatoria de Moyano y al margen de
los discursos y propósitos de los convocantes, con su participación y
protagonismo puso en evidencia un factor determinante para el reclamo de
distribución de la riqueza. (...)El hecho obliga al gobierno a
pensar en este factor de su alianza estratégica, atacar el corazón de la crisis
supondría dotarse de un blindaje social que proteja a los trabajadores de sus
graves consecuencias".
A continuación, concluye que
"el problema está planteando:
distribución de la riqueza, aumento de salarios y jubilaciones, defensa del
empleo".
Fuente: Nuestra Propuesta Nº 918 /
7-5-09
www.pca.org.ar
2. Apriete neovandorista de Moyano
Prensa De Frente, en
Envío especial, Día del
Trabajador/a,
titula:
"Ni
1° de mayo ni reivindicaciones concretas
El apriete neovandorista de Moyano del 30 de abril
Último bastión del vandorismo ortodoxo, Hugo Moyano resucitó
el jueves uno de los habituales ejercicios de apriete sustentado en una
movilización multitudinaria a los que recurría el gran jefe de la burocracia
sindical de los 60.
No hubo ni homenaje de clase al 1° de mayo
ni pelea
reivindicativa en la convocatoria sobre la 9 de julio. Ni siquiera
el contenido de apoyo contundente a un determinado proyecto político –el del
kirchnerismo- en un momento límite o de riesgo. Pero ese ejercicio de apriete
para conseguir nuevos espacios de poder corporativo estuvo acompañado por casi
100 mil personas, en su gran mayoría laburantes en blanco y sindicalizados.
Durante el acto, con Moyano como único orador, no se escuchó finalmente el
“Hay que estar contra Kirchner para salvar a Kirchner” que algunos
anticipaban, como remedo de aquel “Hay que estar contra Perón para salvar a
Perón” que sí explicitó Vandor en 1965. Fue el mismo año en el que los
caciques sindicales, no precisamente los cuadros más combativos de la clase
obrera peronista, llenaron con sus nombres las listas de candidatos de la Unión
Popular –el sello usado por un peronismo todavía proscripto- para las elecciones
legislativas nacionales y provinciales, tal como Moyano pretendería que suceda
hoy en las listas del Frente para la Victoria.
En los pasillos de la CGT se asegura que el apriete a Kirchner ya había surtido
efecto incluso antes de iniciado el acto, y que fue por eso que el discurso de
Moyano no contuvo el subtexto de advertencia sobre un eventual inicio de cambio
de rumbo que se había dejado trascender en los días previos.
Hacía muchos años que una conducción cegetista no se atrevía a convocar a un
acto masivo de contenido excluyentemente político. Además de lo aceitado y
rígido del control de la cúpula de los mecanismos coercitivos de los aparatos
sindicales, algunas primeras y tal vez superficiales lecturas sobre el porqué
del consenso logrado por la “audacia” moyanista del 30 de abril hablan de
una conjunción de datos:
Uno de ellos es el de la astucia en el uso de la cierta reconstitución de la
centralidad de los trabajadores ocupados y sindicalizados en el debate de los
grandes rumbos políticos más gruesos, justo en el momento en que esa centralidad
vuelve a estar en el punto de quiebre. Un uso que, además, coincide con
el cumplimiento
más disciplinado por parte de la CGT del rol de contención de la protesta obrera
frente a las estrategias oficiales y empresarias que
buscan que la crisis sea financianda por los salarios, las condiciones de
trabajo y hasta los propios empleos de los trabajadores.
Otro dato, el de la reaparición de algunos de los tics más viscerales y gorilas
de antiobrerismo y antisindicalismo de grandes sectores de clase media urbana y
rural que tributan supuestamente a los partidos y coaliciones de la oposición de
centroderecha de todo pelaje, tics consecuentemente alimentados por el
enfrentamiento entre el gobierno y las patronales del campo.
Último dato, y fundamental, la debilidad en la que se encuentran todavía las
construcciones clasistas en el seno de las bases obreras, destinadas a expresar
sus intereses más auténticos y a precisar un proyecto autónomo de clase, y
capaces por lo tanto de dar un nuevo sentido a la recuperación de esas bases de
sus tradiciones de adhesión y también de repudio".
Fuente:
www.prensadefrente.org /
4-5-09
▪¿Por
qué la gran mayoría de los trabajadores no ha asumido constituir
organizaciones sindicales que los afirme sujetos de derechos y aceptan
su
sumisión a la UIA a través tanto del Gobierno K como de la CGT?
Y
▪¿por
qué los partidos políticos marxistas
no consiguen concretar su
responsabilidad esencial de promover entre los trabajadores la
construcción de la «clase para sí»?
Ideología
Podemos
reflexionar sobre cómo se fue construyendo la concepción de sistema opresor y la
necesidad de emanciparse que alcanzó gravitación entre los de abajo a fines de
los sesenta y principios de setenta recurriendo a
Agustín Tosco, quien
testimonia, en
una carta,
sobre qué fue El Cordobazo:
1. Expresión militante de un pueblo conciente de estar oprimido y de
querer liberarse
Agustín Tosco,
relatando acerca del encuentro con gremialistas solidarios en la cárcel de Trelew,
expresa que ante la pregunta:
“¿Por
qué se ha producido el Cordobazo? Respondimos, con lo que creo es la esencia de
la respuesta a tanto interrogante y a tantas elucubraciones que andan dando
vuelta como conclusiones:
El Cordobazo es la expresión militante, del
más alto nivel cuantitativo y
cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo, en relación a que se
encuentra oprimido y a que quiere liberarse para construir una vida mejor,
porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se
benefician con su postergación y su frustración de todos los días.
¿Y por qué
Córdoba precisamente? Porque Córdoba no fue engañada por la denominada
Revolución Argentina. Córdoba no vivió la “expectativa esperanzada” de
otras ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes de modernización y de
transformación que Onganía, Martínez Paz, Salimei y Ferrer Deheza y luego Borda,
Krieger Vasena y Caballero
prometieron. La toma de conciencia de Córdoba, de carácter
progresivo pero elocuente, es bastante anterior al régimen de Onganía. Pero se
expresa con mayor fuerza a partir de julio de 1966.
La
reivindicación de los derechos humanos, proceda de donde proceda, en particular
de las Encíclicas Papales desde Juan XXIII, encuentran en nosotros una
extraordinaria receptividad y así se divulgan especialmente en la juventud y en
los Sindicatos. Si hay receptividad es que hay comprensión, y la comprensión
deriva en entusiasmo, en fe y en disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso
al sacrificio para consumar los ideales que ya tienen vigencia en el ámbito
universal.
Para reducir
la cuestión a sus aspectos más cercanos, las grandes luchas previas al Cordobazo
amanecen antes de los dos meses de la usurpación del poder por parte de Onganía.
Y estas, tanto como las que posteriormente se plantearon ya que siguen en
vigencia, bajo distintas características,
obedecen a la toma de conciencia de la
necesidad de liberación que es el patrimonio principal de Córdoba dentro del
panorama nacional.
A mediados del
mes de Agosto de 1966 nuestra Organización Sindical emitió una Declaración en
carácter de “Solicitada” cuyo título fue: “Signos negativos”. Fue !a primera
posición sindical en Córdoba
contra la serie de medidas de neto corte represivo
que implantaba la
Dictadura. Esa declaración tuvo amplia repercusión, no sólo
local sino nacional y podríamos decir que prácticamente inauguró la posición
rebelde contra la política de Onganía y su equipo.
La muerte de
Santiago Pampillón a manos del aparato represivo, puso en evidencia
la histórica
resistencia estudiantil. Nadie podrá olvidar las luchas y manifestaciones de
protesta de todas las agrupaciones, las huelgas de hambre y el propio paro de
una hora del movimiento obrero cordobés en solidaridad con los compañeros
universitarios. Tuve el honor de integrar una Delegación Sindical de la CGT de
Córdoba que acudió a Mendoza al sepelio de Santiago Pampillón.
Allí discutimos
los cordobeses con Gerónimo Izzeta que se encontraba casualmente y le increpamos
la pasividad de la CGT Nacional.
Al mismo tiempo que se manifestaba el ascenso
del espíritu de lucha de las bases sindicales y estudiantiles contra el régimen,
los jerarcas del sindicalismo nacional iban justificando —en actitudes— su
posterior proclamación a todos los vientos de la “filosofía participacionista”.
Tanto como la
represión crecía también la resistencia aumentaba. Una manifestación incidental
revelaba las distintas formas del repudio al régimen y a sus cómplices. En
Córdoba circuló profusamente una hoja impresa que reproducía a Francisco Prado,
participando del Festival del Folklore en Cosquin Enero de 1967- mientras era
avasallado el Sindicato de Portuarios, despedazado su convenio colectivo de
trabajo y despedidos sus dirigentes y militantes más esforzados. Prado era
Secretario General de la CGT Nacional. Esas hojas circularon por todo Córdoba y
la gente evidenciaba su condena ante la claudicante actitud.
En el mismo mes de febrero de 1967 y en función del Paro Nacional resuelto para
el primero de Marzo de dicho año, en esta ciudad se realizaron grandes
manifestaciones obreras.
El diario
”Córdoba” reprodujo varias fotografías de los actos y una en particular de la
represión, donde constó mi detención junto con varios compañeros de la columna
de Luz y Fuerza. Fue un plan de lucha de alcance nacional,
frustrado por el
incipiente participacionismo y dialoguismo que terminó una vez más confiando,
según expresiones del propio Francisco Prado, en el nuevo ministro Krieger
Vasena, porque según él: “Habría cambiado y su gestión podría ser útil a los
trabajadores”. Pese a esto, la posición de casi todos los sectores populares,
especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la lucha.
Quiero
transcribir una frase de un documento sindical del 23 de Febrero de 1967, por su
carácter premonitorio del “Cordobazo”. Decía así: “La historia grande ¡está
jalonada de hitos como el que ayer fuera protagonizado por el movimiento obrero
de Córdoba, en los talleres y fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque
fue la de ayer una jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones
estentóreas que desbordaron los lindes habituales y se prolongaron luego en los
grafismos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el ánimo de los
millares de protagonistas y espectadores que vivieron las secuencias del plan de
acción desplegado por la CGT y gremios confederados de Córdoba. Fue una jornada
lúcida y comprometida que nos acerca un poco más a la definición crucial que
forzosamente tiene que producirse por imperio de la situación a que ha sido
arrastrado el pueblo argentino, y sobre la que los trabajadores tenemos adoptada
una posición clara, concreta e irreductible”.
La represión
que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la desastrosa conducción de la
CGT Nacional produjo un notorio vacío que estuvo signado fundamentalmente por
la
oposición cada vez más abierta entre las bases sindicales y dirigentes
vinculados a ellas y el participacionismo entreguista anidado en la sede de
Azopardo en la Capital Federal.
Las bases
demandaban un nuevo Plan de Acción. En Tucumán el ataque a los derechos de los
trabajadores iba en aumento. En octubre de 1967 la Delegación de Córdoba en el
Congreso de la Federación de Luz y Fuerza reclamaba ese Plan de Acción,
inspirada en las propias demandas vigentes en nuestra ciudad y denunciaba los
hechos más alarmantes que estaban sucediendo.
La
preocupación de los dirigentes nacionales se centraba exclusivamente en
normalizar la CGT en ese entonces en manos de la Comisión Delegada".
2. Producto de la política de asumir los problemas populares en conexión con el
sistema opresor
Agustín Tosco
expresa que
"la
preocupación de los dirigentes nacionales se centraba exclusivamente en
normalizar la CGT en ese entonces en manos de la Comisión Delegada".
Pero:"¿De qué
teníamos los cordobeses clara conciencia a fines de 1967? ¿Cuál era nuestra
denuncia? ¿Cuál era nuestra posición?
En apretada
síntesis expresábamos:
Bajo el lema de
modernización y transformación el gobierno planteó un plan económico, cuya base
filosófico-política se asentó aparentemente en el más ortodoxo y crudo
liberalismo, en la resurrección del “dejar hacer, dejar pasar”, en la vigencia
de un libre empresismo a ultranza, que provocaría la estabilidad y la
multiplicación de los bienes económicos del país. Sin embargo esta declamada
libertad económica no es sino un esquema destinado sustancialmente a someter al
país integrándolo a la crisis del sistema capitalista monopolista como elemento
compensador del deterioro cada vez más pronunciado del mismo.
Más adelante
señalábamos: “Ya desde hace tiempo en todas las naciones del mundo ha concluido
la etapa del liberalismo que aquí se pregona. Las potencias industriales
practican un crudo dirigismo económico; en el sistema interno protegiendo su
mercado productor e incluso consumidor por vía de las barreras aduaneras y otros
dispositivos complementarios; en el aspecto externo creando organismos
internacionales supeditados a ellas que imponen la política de la libre
penetración y de la libre explotación de los pueblos subdesarrollados por los
monopolios que actúan desde las grandes metrópolis. Esta libertad económica
impuesta y dirigida desde afuera, especialmente desde las concentraciones
monopolistas norteamericanas a la par de favorecer desmesuradamente a las mismas
y a su país de origen, provocan en Argentina la agudización de la crisis y la
profundización de los efectos recesivos”.
En los
pronunciamientos sobre los aspectos económicos se concluía: “Lo que se pretende
realmente es quebrar a la industria nacional y dejar el mercado de consumo a
merced de los monopolios. Así lo ha expresado genéricamente la Confederación de
la Industria al referirse que esta política de transferencia formales y reales
es en el más benigno de los juicios, un mal signo. En lo que hace a las empresas
del Estado la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Sociedades
Anónimas, confirma crudamente la programática oficial de entrega del patrimonio
estatal y de la conducción básica y fundamental de la economía a los intereses
extranjeros. Nadie duda ya que el plan trazado es contrario a un auténtico
desarrollo, atenta contra el nivel de vida de la población, sirve a los grupos
de la reacción y del privilegio, compromete el porvenir del país y lesiona la
soberanía nacional”.
En las
cuestiones sociales se denunciaba “(…) el aumento de todos los precios de los
artículos de uso y de consumo, agotando la capacidad adquisitiva de las
remuneraciones. El incremento de la desocupación. La paralización de la Comisión
del Salario Vital, Mínimo y Móvil. La imposición del arbitraje obligatorio para
los diferendos laborales. La ley de represión de los conflictos sindicales. La
intervención a Sindicatos, el retiro o suspensión de personerías gremiales. La
eliminación o restricción de las representaciones sindicales en la Empresa del
Estado, incluidos los organismos de previsión social. La violación de los
contratos colectivos de trabajo. La ley de congelación de salarios. La
modificación de la ley de indemnizaciones por despido. El aumento de la edad
para acogerse a la jubilación y la eliminación de las compensaciones por años de
servicio”.
Como últimos
detalles de las denuncias contra la reaccionaria política que se llevaba
adelante se señalaba: “Simultáneamente el Gobierno pretende tener un consenso
tácito de la opinión pública, pero no abre vías de ninguna naturaleza para
probar con la expresión del pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica
tamaño despropósito con la supuestamente perjudicial de enfrentar a un debate
político al país. Con la lógica perseverancia de sus propósitos retrógrados el
Gobierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a toda la población a
partir de los 14 años de edad, bajo el pretexto de asegurar el frente interno,
pero con la finalidad de reprimir toda legitima defensa de los intereses
económicos, sociales y políticos de los trabajadores. Más adelante dicta la
denominada ley de represión al comunismo, que engloba a todas las personas o
instituciones que protesten o lleven adelante una acción para proteger sus
derechos. Supera el cuadro represivo macartista dejando al Servicio de
Informaciones del Estado la calificación de toda persona que tenga
'motivaciones
ideológicas comunistas', añadiendo un régimen punitivo que llega hasta los nueve
años de prisión. Intervienen las Universidades Nacionales, anula la
participación de la juventud estudiosa argentina en la vida de las mismas,
proyecta una reglamentación limitacionista y disuelve los Centros de
Organización Estudiantiles. Viola el secreto de la correspondencia cual modernos
inquisidores celosos de toda opinión adversa a la dogmática oficial. En el
ámbito internacional propuso, felizmente rechazada, la institucionalización de
la Junta Interamericana de Defensa, cual moderno gendarme de los Pueblos de
América Latina que bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos en
el subdesarrollo, en el estancamiento y en la dependencia neocolonial”.
Allí se
realizaron denuncias que si bien eran conocidas por todos, no todos la
realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo general las que sustentaban
estos planteamientos en todos los ámbitos.
En Córdoba se expresó poco tiempo después una resolución de la CGT local que
declaró persona no grata al Presidente Onganía, y eso trasuntaba el creciente
desafío al régimen autocrático, no cuestionado a nivel masivo con tanto vigor
como se daba en Córdoba.
(...)
Un documento
que se denominaba
DECLARACIÓN DE CÓRDOBA
y que se dio a
publicidad el 21 de Marzo de 1969. Dos meses y días antes del Cordobazo.
En
él
reseñábamos los problemas principales de orden local que sumados a los de
orden nacional y en función a la toma de conciencia del pueblo de Córdoba sobre
la validez de sus derechos, podríamos decir que encuadraron la heroica reacción
popular del Cordobazo.
En la
introducción se decía;
“Nuestra Provincia soporta un descalabro gubernativo, una
manifiesta inoperancia en los más altos niveles jerárquicos oficiales, una
ineptitud generalizada en la conducción de la cosa pública. Paralelamente a esta
ineficacia se destaca un oscuro y torpe manejo de los instrumentos del poder,
para favorecer a los círculos del privilegio económico y financiero, para exaccionar los modestos recursos monetarios de la población, para burlar la
auténtica representatividad popular mediante el fraude neocorporativista, para
manipular desvergonzadamente a algunos miembros de la justicia,
intentando
abiertamente ponerlos al servicio de la tolerancia cómplice hacia el crimen de
algún conspicuo allegado al régimen.
No se recuerda
que nuestra provincia haya soportado tamañas iniquidades públicas. Nunca el
pueblo cordobés contempló, un ejercicio sensual del poder usurpado con la
impunidad que se manifiesta, y con el visto bueno de un Poder Central que en
muchos casos lo pone como ejemplo de experiencia a proyectarse en toda la
nación.
Esta situación
insoportable en todos los órdenes, obliga a la clase trabajadora cordobesa a
repudiar públicamente al gobierno local, a corresponsabilizar a la Dictadura de
Ongania de todos sus actos y a actuar cada vez más unida y enérgicamente
para
lograr
la instauración del ejercicio pleno de los derechos y garantías que
pertenecen inalienablemente a los trabajadores y ciudadanos, y a la práctica de
la función gubernativa en un plano de dignidad y de real interpretación de las
aspiraciones del Pueblo”.
Señalábamos y no lo hacíamos nosotros por una elucubración al margen de las
posiciones populares, sino como una expresión auténtica que palpitaba en toda la
población que:
“Consejo
Asesor: Durante bastante tiempo el Gobierno de Córdoba trabajó intensa y
solapadamente, para implementar el denominado Consejo Asesor Económico Social.
Sus fundamentos se basaron en el supuesto interés por consultar sectores
representativos de la comunidad y darles participación en el análisis y programa
de los actos gubernativos”.
Luego se
indicaba: “Asimismo se pretende remedar el engendro del Consejo Asesor, con los
Consejos Económico-Sociales de vigencia positiva en algunos países del mundo
estructurados políticamente sobre la base de la voluntad soberana del Pueblo”.
Y por último,
luego de otras consideraciones: “El Consejo Asesor procura la domesticación de
la sociedad, su estratificación definitiva y si hoy se viste con los ropajes de
una aparente inocencia, con el tiempo todos deberán lamentar su consolidación
como aparato de poder omnipotente, sin apelaciones, en el que se fundamentará y
basará el régimen para implantar un sistema de vida repudiado por la historia y
con el cual se identificó con su saludo romano el otrora joven camisa negra, hoy
Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero.”
Sobre el caso
Valinotto, se señalaba: “(…) la opinión pública cordobesa y también la nacional
observan con estupor como un Juez de Córdoba, dispuso la libertad de un criminal
basándose en el testimonio, denominado
'de abono' del Ministro de Gobierno, Dr. Luis E. Martínez Golletti, y del Vocal del Superior Tribunal de Justicia Dr.
Pedro Angel Spina”.
Y culminaba el
análisis sobre este tema: “El Sr. Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero,
ante la renuncia verbal de su Ministro de Gobierno, Dr. Martínez Golletti,
resolvió, rechazarla ratificándole su confianza”.
Sobre los
impuestos de orden local recalcábamos: “Los centros vecinales de Córdoba,
integrados en su mayoría por trabajadores, han denunciado el asalto fiscal de
que son objeto, han protestado, han señalado la ilegalidad de las medidas
tributarias, pero el gobierno ha permanecido incólume, ofreciendo una
transitoria y demagógica rebaja que no altera la situación de fondo y que ha
determinado la resistencia al pago, como único camino para hacerse escuchar,
aunque el gobierno sigue y seguirá sordo
a los reclamos del pueblo, embebido en su absolutismo y cegado
por su tortuoso designio político.
Sobre los
problemas laborales se daba el caso de las “quitas zonales” que afectaba
fundamentalmente al gremio metalúrgico. La anulación de la Ley del Sábado
Inglés, que había sancionado en el año 1932 y que rebajaba en un 9,1 °/o los
salarios mensuales de los trabajadores. El Departamento Provincial de Trabajo
resultaba totalmente inoperante. Se distinguía que “(…) Córdoba es, a no
dudarlo, el paraíso de los recibos en blanco, que sirven para robar de los ya
magros salarios de los trabajadores, partes sustanciales y crear la inseguridad
en la permanencia de su empleo”. Por otra parte se dispuso el cierre de una
serie de escuelas nocturnas de capacitación a la que concurrían los
trabajadores, con el fundamento de que se habían agotado las instancias para que
los mencionados establecimientos pasaran a formar parte del organigrama
secundario provincial.
Las tropelías
de la denominada “Brigada Fantasma”, también enardecieron al pueblo de Córdoba.
Decíamos sobre el particular: “Todo el país conoce ya el increíble episodio de
la Brigada Fantasma, denominada así por sus oscuras andanzas no en resguardo
de la seguridad pública, sino atentando contra la misma. Intimidando a gente
inocente, persiguiendo a supuestos delincuentes y extorsionando a los
detenidos”. Se concluía sobre este punto: También el episodio de la “Brigada
Fantasma”, por más que se haya dispuesto su disolución y la detención de los
“policías” que la integraban, no fue descubierta por la preocupación o la
diligencia de los funcionarios del gobierno. Se conoció y se investigó por las
denuncias periodísticas que constituye hoy el único medio que tiene el Pueblo
para defenderse de alguna manera de los atropellos a que es sometido por un
Gobierno, que inexorablemente “será juzgado como el más nefasto para los
derechos de toda la población de Córdoba”. Para no extenderse más sobre este
extenso documente señalaré una frase mas: “Una ínfima minoría, los dedos de una
mano sobran para contarlos, de
'dirigentes' sindicales, apoya el régimen
cordobés. No es así sin embargo en el orden nacional.
La asistencia
de más de cuarenta jerarcas gremiales a una entrevista con Onganía ha demostrado
que el espíritu de lucha de los trabajadores y del pueblo, tienen un fuerte
contingente de desertores, sumados a la programática del régimen: política de
sometimiento económico, de opresión social, de oscurantismo cultural y de
mordaza cívica, sojuzgando a todos los argentinos que quieren un país en el cual
se operen fundamentales transformaciones que posibiliten un inmediato porvenir
donde impere la justicia social; donde se produzca la independencia económica,
liberando a la patria de la penetración y dominio monopolice e imperialista;
donde se materialice la soberanía política sobre la base de la libre voluntad
popular y donde la democracia integral se practique sin ningún tipo de
proscripciones e inhabilitaciones para todos los argentinos”.
Cubríamos el
final exhortando a la unidad, a la acción común reivindicativa, de todas las
Organizaciones Sindicales para la prosecución de la lucha en defensa de nuestros
derechos(...)".
Junio de 1970
Fuente:
http://loboesta.wordpress.com/2008/06/22/testimonio-del-cordobazo-por-agustin-tosco/
En
consecuencia, la dirigencia y militancia de izquierda impugnó al sistema
opresor desde
la conexión de éste con
los problemas principales de orden local y
los de
orden nacional pero,
de
modo tal, que suscitó
la toma de conciencia del pueblo de Córdoba sobre
la validez de sus derechos y sus posibilidades de afirmarlos.
Premisas e hipótesis
Podemos comprobar que hoy compartir la necesidad de luchar por
cambios emancipadores no es suficiente para poder construir la unidad en
diversidad de los de
abajo. Es imprescindible elaborar un lenguaje común entre las organizaciones
sociales con distintos objetivos, pero que comparten el imperativo de arraigar
sus derechos, para:
I. Articular dos posicionamientos respecto al «otro
desarrollo»
1. El uso de los recursos naturales en beneficio de los pueblos y
generaciones futuras
La Central de Trabajadores Argentinos,
en la primera parte del documento, sitúa su introducción:
"DESDE ADENTRO, DESDE LATINOAMÉRICA PROFUNDA
En la actualidad, se hace cada
vez más extensivo en el mundo el debate en torno al cuidado, aprovechamiento,
utilidad e importancia de los recursos naturales. En Latinoamérica y en la
Argentina, también los conflictos en torno a los recursos naturales avanzan y se
popularizan en varios niveles, con multiplicidad de perspectivas; lo mencionan
los medios, aparece en plataformas políticas, a nivel institucional en las
secretarías de Estado, en las mesas y foros de las organizaciones sociales y
hasta en los libros de escuela. Pero es, sobre todo, ante un conflicto, cuando
la problemática se hace evidente y renace, una y otra vez, la catarata de
diagnósticos, reflexiones y conclusiones en torno a este tema.
La Central de Trabajadores Argentinos intenta dejar el
análisis coyunturalista de un conflicto en particular para avanzar sobre un eje
constitutivo de la discusión económica y social en nuestro país, de nuestros
países: el dilema entre la urgencia del crecimiento económico (y, por ende, el
aumento del trabajo) y la necesidad de reproducción de los recursos naturales y
de la biodiversidad como fuente y sustento de vida.
En las distintas zonas de
nuestro país el pueblo se ha unido para parar políticas de destrozo y de saqueo.
Y, más allá del mayor o menor éxito de cada una de las reivindicaciones, lo que
se ha puesto en escena es la capacidad de juntarse a debatir para que la suma de
la organización frente a los conflictos tenga la capacidad de alumbrar el
proyecto de sociedad que queremos y la decisión política de
implementarlos.
Gravitan allí las problemáticas que nos atraviesan como clase;
no es casualidad
que en América Latina el mapa de la localización de los recursos naturales
coincida con la cartografía de la población empobrecida y la exclusión social.
Como organización política
federal, nuestra CTA lleva en su vientre un nuevo desafío que es cambiar esa
realidad de privatización, desindustrialización y extranjerización (oligopólica
en la mayoría de los casos), que deviene en mayor pobreza, una pérdida de
sustentabilidad urbana y rural, la privación de la soberanía nacional y regional
y de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, unida a la deshumanización, la
alienación, la falta de libertad en el trabajo, un trabajo esclavo. Es decir
cambiarla para pensar, en cambio, otra orientada a una sociedad soberana,
democrática, inclusiva y justa.
En ese sentido,
la disyuntiva se
centra en si la explotación de los recursos naturales debe hacerse en beneficio
de los pueblos en donde se encuentran radicados o de las empresas (por lo
general transnacionales) que por su capacidad tecnológica están en condiciones
de transformarlos y comercializarlos. Este debate nos permite plantear nuestra
intervención política de clase frente a las políticas transnacionales respecto
de los recursos naturales y la producción. Tarea que requiere saberes del bloque
gremial, de los sectores del conocimiento y en alianzas con otros sectores
sociales que resisten las políticas dictadas desde el plano internacional. Este
proceso no puede sino pensarse en el contexto de nuestra región latinoamericana,
donde también crecen las protestas de los pueblos en contra del saqueo de los
recursos naturales y el arrasamiento cultural en defensa de los territorios, las
lenguas, las culturas, las economías en peligro de desaparecer frente a un
mercado único y soberano.
La puesta en funcionamiento de
un modelo de producción, implica necesariamente un impacto sobre el territorio.
No hay forma de recurrir a la naturaleza, de hacer que sus elementos y procesos
se constituyan en recursos para la satisfacción de necesidades, sin que ello
represente una transformación del ambiente. Debe ser decisión de un pueblo
organizado contemplar cómo se provee de lo que necesita para garantizar su
desarrollo, asumiendo soberanamente cuánto está dispuesto a exponer la calidad
de su ambiente para garantizarlo. Esto implica, específicamente, la puesta en
funcionamiento de un modelo de extracción, producción, transporte y
distribución. Implica pensar integralmente el circuito del consumo hasta sus
últimas instancias; el manejo de residuos y el reciclaje de materia y energía. E
implica, también, pensar la soberanía alimentaria: el derecho a la mejor calidad
de alimentación, es decir, de vida. En estas decisiones se juega mucho más que
el presente de un pueblo: se juega su memoria, y su futuro.
Comunidades enteras se han
organizado contra los atropellos de su derecho a decidir sobre la riqueza que
generan, sobre la calidad del
aire que respiran y del agua que beben. Aquí es
donde se manifiesta la conflictividad en el orden local, nacional, regional y
global: cuando hay vida amenazada, cuando el interés por el sostenimiento de las
ganancias extraordinarias se encuentra con la búsqueda de la reproducción de la
vida y del cuidado del ambiente. En oportunidades, a través de enfrentamientos
anónimos y discontinuos en el tiempo. Otras veces, a través de respuestas
organizadas y plurales. En nuestro país, el pueblo de Gualeguaychú, en la
provincia de Entre Ríos, dio un gesto de lucha y de identidad frente a la
instalación de una planta de producción de pasta celulósica en el margen
uruguayo del Río Uruguay, que fue rápidamente interpretado no sólo por el resto
de sus poblaciones costeras, sino también por el resto de las poblaciones de la
provincia y luego más allá de los límites de la provincia.
Las asambleas, en especial
Gualeguaychú, han tenido la capacidad de reinstalar el tema “ambiente” en
el discurso de los medios, pero detrás de éste y de cada conflicto ambiental
existe una línea que
divide a los sectores y clases afectadas de los
beneficiarios del saqueo de los recursos y de la calidad del ambiente. La
demarcación de esta línea divisoria, está condicionada por el accionar regulatorio y la institucionalidad vigente al interior de los Estados
Nacionales, raramente exentos de la incidencia de lobby de las corporaciones
trasnacionales, en su afán por lograr las mejores condiciones locales para sus
estrategias de negocios globales. Estos Estados discapacitados para equilibrar
intereses permiten directamente el abuso de los recursos naturales, sumado a la
falta de planificación que conduce a la privatización de los bienes y la
socialización de las pérdidas (...)".
La Central de Trabajadores Argentinos
enfoca que:
-
La
historia de cómo se fue estableciendo la actual recolonización de América
latina prueba que
"la degradación del planeta no obedece a errores en las
técnicas o sistemas productivos, sino que se sustenta en los modelos de
exclusión y marginación implantados y potenciados por la llamada
globalización. La mayoría de los países empobrecidos, no han escapado a las
generales de estos modelos de apropiación global
del producto del trabajo y de los recursos, y de sus consecuentes y
crecientes impactos ambientales.
Paralelo al
incremento del deterioro ambiental, a nivel social aumenta la pobreza y el
desarraigo. Este esquema dominante, que en algún momento se
conoció como "la división internacional del trabajo", del que Eduardo
Galeano dice: "que consiste en que algunos países se especialicen
en ganar y otros en perder", necesita contar con espacios suficientes,
para que el desarrollo desmedido de industrias y desechos que satisface el
consumo irracional a expensas del 70 % de la población mundial, no siga
cobrando víctimas en el Norte. Ellos no toleran la mugre en su jardín y la
trasladan al resto del mundo. En nuestro país, el desarrollo de los
principales emprendimientos mineros, petroleros, agrícolas, pesqueros
exponen cabalmente el resultado de la matriz de funcionamiento de este
modelo productivo subordinado. Sobran los Motivos.
Así es como, en la Argentina, el «modelo
productivo» que lleva décadas avanzando, no es un modelo sustentable
ambiental y socialmente: margina económicamente a grandes masas
poblacionales y depreda la biodiversidad y el ambiente. Pero, como decíamos,
el argentino no es un caso aislado, es la historia de Latinoamérica toda
(...)".
-
"El
debate no es el antagonismo “progreso” versus ”conservación”,
como intentan hacerlo ver: el gobierno, las empresa y las consultoras que
trabajan para el poder.
El eje de nuestro debate es otro:
está centrado en el uso de los recursos naturales, y tiene que ver con
discutir acerca del modelo productivo y la distribución de la riqueza”.
Fuente:
feteraorganizacion@gmail.com/
www.feteracta.org.ar
2. La reconstitución de territorios ancestrales mediante el buen vivir
y Estados plurinacionales comunitarios
IV Cumbre de Pueblos de Abya
Yaya
Declaración de Mama Quta Titikaka
"Asistimos
a una profunda crisis de la civilización occidental capitalista donde se
superponen las crisis ambiental, energética, cultural, de exclusión social,
hambrunas, como expresión del fracaso del eurocentrismo y de la modernidad
colonialista nacida desde el etnocidio, y que ahora lleva a la humanidad entera
al sacrificio".
"¡12 al 16 de Octubre
Movilización global en Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos !
Reunidos
en la Paqarina Mayor de Lago Mama Qota Titikaka, 6500 delegados de las
organizaciones representativas de los pueblos indígenas originarios de 22 países
del Abya Yala y pueblos hermanos de África, Estados Unidos, Canadá, Circulo
Polar y otras partes del mundo, con la participación de 500 observadores de
diversos movimientos sociales, resolvemos lo siguiente:
Proclamar
que asistimos a una profunda crisis de la civilización occidental capitalista
donde se superponen las crisis ambiental, energética, cultural, de exclusión
social, hambrunas, como expresión del fracaso del eurocentrismo y de la
modernidad colonialista nacida desde el etnocidio, y que ahora lleva a la
humanidad entera al sacrificio.
Ofrecer
una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte, recogiendo
nuestras raíces para proyectarnos al futuro, con nuestros principios y prácticas
de equilibrio entre los hombres, mujeres, Madre Tierra, espiritualidades,
culturas y pueblos, que denominamos Buen Vivir / Vivir Bien. Una diversidad de
miles de civilizaciones con más de 40 mil años de historia que fueron invadidas
y colonizadas por quienes, apenas cinco siglos después, nos están llevando al
suicidio planetario. Defender la soberanía alimentaria, priorizando los cultivos
nativos, el consumo interno y las economías comunitarias. Mandato para que
nuestras organizaciones profundicen nuestras estrategias Buen Vivir y las
ejerciten desde nuestros gobiernos comunitarios.
Construir
Estados Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en el autogobierno, la
libre determinación de los pueblos, la reconstitución de los territorios y
naciones originarias. Con sistemas legislativos, judiciales, electorales y
políticas públicas interculturales, representación política como pueblos sin
mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones en todos
aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad. Estados
Plurinacionales no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los
excluidos. Para Todos Todo y haciendo un llamado a los movimientos sociales y
actores sociales para un diálogo intercultural, respetuoso y horizontal, que
supere verticalismos e invisibilizaciones.
Reconstituir
nuestros territorios ancestrales como fuente de nuestra identidad,
espiritualidad, historia y futuro. Los pueblos y nuestros territorios somos uno
solo. Rechazar todas las formas de parcelación, privatización, concesión,
depredación y contaminación por parte de las industrias extractivas. Exigir la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado, público, en lengua
propia, de buena fe, a través de las organizaciones representativas de nuestros
pueblos, no sólo de los proyectos sino de toda política y norma de desarrollo
nacional. Exigir la despenalización de la hoja de coca.
Ratificar
la organización de la Minga / Movilización Global en defensa de la Madre Tierra
y de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (tierras, bosques, agua,
mares, agrocombustibles, deuda externa), contaminación (transnacionales
extractivas, instituciones financieras internacionales, transgénicos,
pesticidas, consumo tóxico) y criminalización de movimientos indígenas y
sociales, del 12 al 16 de octubre.
Construir
un Tribunal de Justicia Climática que juzgue a las empresas transnacionales y
los gobiernos cómplices que depredan la Madre Naturaleza, saquean nuestros
bienes naturales y vulneran nuestros derechos, como el primer paso hacia una
Corte Internacional sobre Delitos Ambientales.
Organizar
durante la Convención de Cambio Climático de Copenhague, en diciembre 2009, una
Cumbre Alternativa en defensa de la Madre Tierra para presionar por medidas
efectivas, ante la hecatombe climática, como la consolidación de territorios
indígenas, buen vivir y consulta y consentimiento previo, asumidos como
estrategias para salvar al planeta.
Enfrentar
la criminalización del ejercicio de nuestros derechos, militarización,
bases extranjeras, desplazamientos forzados y genocidios en nuestros pueblos a
través de alianzas y una amplia movilización por la amnistía de todos nuestros
líderes y dirigentes procesados y encarcelados, especialmente por los luchadores
por la libertad y la vida que se encuentran en cárceles en Estados Unidos y del
mundo.
Respaldar y ampliar las denuncias presentadas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Erradicación de la
Discriminación Racial de la ONU. Impulsar el juicio internacional a los
gobiernos de Colombia, Perú y Chile, al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el
genocidio de los pueblos indígenas colombianos; al Estado chileno por la
aplicación de la ley antiterrorista, persecución y judicialización de la demanda
mapuche, los crímenes sobre lideres mapuches y la milititarización del wallmapu;
y a Alan García por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para
privatizar los territorios indígenas y los mas de mil lideres perseguidos y
enjuiciados.
Implementar
nuestros derechos, exigiendo que se dé rango de Ley Nacional a la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, siguiendo el
ejemplo de Bolivia, Australia, México, Venezuela, entre otros países. Y que
incluye el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Si Barack Obama
quiere hacer cambios en el desastre imperial, debe empezar por casa, y aprobar
como ley en Estados Unidos, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
Movilizar
nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos indígenas de la
amazonía peruana contra las normas privatizadoras de sus territorios y bienes
naturales. Su lucha es la nuestra. Organizar en la primera semana de junio
plantones frente a las embajadas del Perú en cada uno de nuestros países,
exigiendo solución y no represión para nuestros hermanos. Y en esa dirección las
organizaciones indígenas y campesinas del Perú acordamos un inmediato
Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú
en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas
generados por el TLC con Estados Unidos.
Rechazar
los Tratados de Libre
Comercio de Estados Unidos, Europa, Canadà, China y otros países, con nuestras
economías quebradas, como nuevos candados de sometimiento a los pueblos y saqueo
de la madre Tierra. Rechazamos las maniobra de la Unión Europea junto con los
dictadores de Perú y Colombia para destruir la Comunidad Andina e imponer el
TLC.
Movilizar
nuestras organizaciones y movimientos sociales de nuestros países en defensa del
proceso de descolonialidad iniciado en Bolivia, rechazar los intentos golpistas,
separatistas, racistas y magnicidas de la oligarquía local y el imperio
norteamericano. Rechazar los asilos políticos concedidos por el gobierno peruano
a los genocidas bolivianos. Y en esa dirección acordamos realizar la
V Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala el 2011 en el
Qollasuyu / Bolivia.
Fortalecer
nuestros propios sistemas educación intercultural bilingüe y de salud indígena,
para avanzar en la descolonialidad del saber, y en especial, detener la
biopiratería, defendiendo nuestro régimen especial de patrimonio intelectual
especial de los pueblos indígenas de carácter colectivo y transgeneracional.
Respaldar
la lucha de los pueblos del mundo contra los poderes imperiales, lo que incluye
el cese del bloqueo a Cuba, la salida de Israel de territorios palestinos, los
derechos colectivos de los pueblos Masai, Mohawk, Shoshoni, Same, Kurdo,
Catalán, Vasco, entre otros.
Construir
paradigmas de vida alternativos a la crisis de la civilización occidental y su
modernidad colonial, a través de un Foro sobre Crisis de la Civilización
Occidental, Descolonialidad, Buen Vivir, entre otros, a realizarse en Cusco, del
26 al 28 de marzo del 2010
Globalizar
nuestras luchas a través de la realización de la I Cumbre de Comunicación
Indígena en el 2011, en el Cauca, Colombia; la I Cumbre Indígena del Agua;
Cumbre de Comunicadores Indígenas, y la II Cumbre Continental de Mujeres
Indígenas el 2011 en el marco de la V Cumbre de Pueblos Indígenas.
Constituir
la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, continuando
el proceso de conformación de abajo hacia arriba, conformando comisiones de
mujeres, adolescentes, niños, jóvenes y comunicadores indígenas, y en especial
de la articulación regional en Norteamérica. Coordinadora del Abya Yala que
vigile a la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones
Unidas, para superar su subordinación al poder imperial y que de no hacerlo
construir la Organización de Naciones Unidas del Abya Yala y del Mundo.
¡ La tierra no nos pertenece,
nosotros pertenecemos a ella !
¡ El cóndor y el águila vuelan juntos otra vez !
Mama Quta Titikaka, 31 de
mayo de 2009".
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Declaracion_de_Mama_Quta_Titikaka
1-6-09
II. Deconstruir el ideario y
pragmática de la degradación laboral
1. Por contrastar la tecnología con la flexibilidad, precarización e
informalidad laborales
Ricardo Antunes,
en "Presente y futuro del trabajo", señala la
contradicción:
"La
era de la informatización y la época de la informalización del trabajo
(...) En el mundo del capital
mundializado y financierizado, cuanto más racionalizado es su modus
operandi, cuanto más se empeñan en la implantación
de las “competencias”, de la “cualificación” , de la gestión del
“conocimiento” ,
más intensos
parecen pasar a ser los niveles de degradación
del trabajo ( ahora, en
el sentido de la pérdida
de lazos y de la erosión
de los reglamentos y convenios)
para una parcela enorme de trabajadores/as.
En la cúspide, tenemos trabajos
ultracalificados que actúan en el ámbito informacional; en la base, avanza la
precarización y el desempleo, ambos estructurales. En el medio, la hibridez, el
ultracalificado hoy que puede estar desempleado o precarizado mañana. Ambos en
expansión en el mundo del capital global.
Al apropiarse de la dimensión
cognitiva del trabajo, al apoderarse de su dimensión intelectual –rasgo crucial
del capitalismo de nuestros días- los capitales amplían las formas y los
mecanismos aún “coactivos, renovando las formas primitivas de violencia, toda
vez que –paradójicamente como dice Alberto Bialolakowsky- al mismo tiempo
las empresas necesitan cada más de la cooperación o el ‘involucramiento’
subjetivo y social del trabajador ”. (…)
Se tiene, como resultado, que el
predominio de la razón instrumental asume la forma de una enorme
irracionalidad societal. Lo que plantea un desafío
fundamental y candente: la deconstrucción de ese ideario y de esa pragmática es
la condición para que la humanidad y por lo tanto también el trabajo, puedan
ser verdaderamente dotados de sentido, frenando el destructivo proceso de
desantropomorfización del trabajo en
curso desde el inicio de la Revolución Industrial.
La constatación es fuerte en
plena era de la informatización del trabajo, del mundo maquinal y
digital, estamos conociendo la época de la informalización del trabajo,
de los mercerizados, precarizados, subcontratados, flexibilizados, trabajadores
de tiempo parcial, del subproletariado.
Si en el pasado reciente sólo
marginalmente la clase trabajadora en el Brasil padecía niveles de informalidad,
hoy se encuentra en esa condición más del 50% (entendida la informalidad en
sentido amplio), desprovista de derechos, fuera de la red de protección social y
sin cartera de trabajo. Mayor desempleo, precarización exacerbada, rebaja
salarial acentuada, pérdida creciente de derechos, éste es el diseño más
frecuente de nuestra clase trabajadora (…)”.
Fuente: Realidad
Económica Nº 232 de noviembre-diciembre de 2007/
www.iade.org.ar
2.
Por constatar el funcionamiento de la impunidad de empresarios y altos
funcionarios
Raúl
Wanzo
(Lista Negra de los mineros del carbón Río Turbio) y Marcos Britos
(Agrupación Semilla Ramírez de Trabajadores de la UBA) practican Memoria,
Verdad y Justicia al denunciar:
“En la noche del 14 de junio de 2004
en Río Turbio, al sur del sur, a escasos metros de la frontera con Chile, se
produjo una tragedia que podría haberse evitado, si la patronal hubiera
priorizado la seguridad industrial en la mina.
Los
hechos
Miles de toneladas de carbón son
transportadas hacia el exterior por una cinta mecánica. El 14 de Junio de 2004,
un rodillo se trabó pero la cinta siguió andando. El roce encendió el carbón. El
humo tóxico y espeso inundó las galerías. El chofer del transporte que evacuaba
a los mineros chocó la pared de la gran galería de ingreso y egreso a escasos
cuatrocientos metros de la zona sin humo. A pié y semi- asfixiados algunos
tomaron la dirección contraria. Otros pidieron que los dejen porque ya eran una
carga. Tanteando la pared de la galería un grupo se dirigió hacia las voces de
dos compañeros que se habían adentrado hacia el fondo de la mina para ayudarlos.
Cuando la pared de humo los detuvo apelaron a sus gritos de estímulo como
brújula. Los que alcanzaron a llegar caían convulsionando y vomitando. Las
consecuencias para su salud psíquica y física son diversas, complejas y aún en
estudio. Los cuerpos de catorce mineros pudieron ser recuperados varios días
después. En el punto donde la tosca detuvo el rodillo la temperatura sobrepasó
los 3000º C.
Un análisis de las responsabilidades inmediatas
Al hablar de
Estado nos referimos al conjunto de
instituciones que permiten el funcionamiento del sistema económico, social,
político y cultural en el que vivimos: el capitalismo. Incluimos aquí las
instituciones de gobierno, las Fuerzas de Seguridad y la Iglesia. Por
Régimen entendemos la relación entre los
"poderes" Legislativo, Judicial y Ejecutivo. El
Gobierno son los organismos cotidianos de
dirección política.
En 1994, el
Gobierno de Menem entregó en concesión privada
a YCF. El agraciado fue el empresario Sergio Taselli, quien iba a estar bajo
control de las instituciones del
Régimen
y el
Gobierno a través de una Comisión
Fiscalizadora. Pero el objetivo de Taselli era cobrar subsidios para invertirlos
en otras empresas, aprovechar el "régimen de compra minero" para comprar
mas barato al servicio de sus otras empresas y en un cierto tiempo vender hasta
el último bulón.
Una de las medidas de "reorganización y reestructuración" fue reducir
funciones. Una de esas tareas era ser "botonero": ante una situación dudosa,
había que apretar un botón rojo y detener la cinta hasta verificar que
estuviera todo en orden. Y un día dejaron de existir los
"botoneros" y nadie se preocupó demasiado porque nunca pasaba nada y se
estaba todo el tiempo solo, lejos del frente de producción, en un precario
refugio de la galería.
Cuando el humo comenzó a inundar las galerías, no sólo faltaba el "botonero".
Todo el sistema de prevención y alerta falló. Los Jefes de Seguridad y del Turno
perdieron un tiempo precioso, en averiguaciones burocráticas temiendo el enojo
de los superiores hasta que tomaron la decisión de evacuar. Y encima no dieron
indicaciones claras mientras el humo se estaba extendiendo por una galería
paralela e interconectada con la galería de ingreso y egreso. Si hubieran
indicado la evacuación en dirección contraria nadie hubiera resultado muerto.
¡Pero nunca se había realizado un simulacro de evacuación y además la mina no
tenía sensores de humo!. Ni siquiera hubo alguien con la conciencia suficiente
como para desobedecer la orden de "esperar hasta averiguar que pasa"
¡cuando más arriba había olor a humo!. La línea de mando intermedia, formada en
la sumisión, "el arreglo" y carente de capacitación fue un último eslabón
de una cadena que no funcionó.
Las
responsabilidades mediatas y políticas
El
Estado Nacional avaló las decisiones del burgués
Taselli: ninguna institución del
Estado, ni del
Régimen, revisaron su gestión pese a
evidencias de vaciamiento. La Iglesia Católica también dejó correr: Taselli
cedió al obispado enormes terrenos y construcciones en "comodato". Ni el
Régimen ni el
Gobierno Nacional (Alianza), o el
Provincial (Kirchner) plantearon
cuestionamientos ¡y el actual Secretario de Energía de la Nación: Sergio Cámeron,
estaba como el representante del Gobierno de Kirchner en la Comisión
Fiscalizadora!
La única institución en la que se peleó contra estas medidas fue
una institución no Estatal y de la clase obrera: el sindicato, a
pesar de que las agachadas de una dirección sindical en línea con los gobiernos
de turno también aportó lo suyo para el avance de la inseguridad. Recién cuando
ATE-Río Turbio, en 1999, se recuperó para una lista clasista la consigna
¡Fuera Taselli! inundó el pueblo y la mina y
la organización puso como centro de sus objetivos hacer caer la concesión
iniciando una larga lucha por la concientización de los trabajadores y de la
población. Como resultado de esta lucha, el Primer Congreso de los Trabajadores
del Carbón reunió a 1000 personas entre mineros y pobladores. Entre otras cosas,
resolvió presentar demanda penal contra Taselli por el vaciamiento y se inició
la etapa final de esa lucha. El año 2002 cayó la concesión.
Por lo tanto, el Estado Nacional, las Instituciones del
Régimen y los Gobiernos SON RESPONSABLES de la tragedia de Río Turbio por acción
o por omisión de sus deberes y como mínima sus funcionarios debería caberles la
tipificación penal del "dolo eventual" porque sabían que podía ocurrir una
tragedia y no hicieron nada para evitarla. También son responsables
de que hasta el presente la Justicia no impute a los responsables políticos y a
Taselli. Lo que sí hicieron fue destinar una enorme cantidad de dinero para
sobrevivientes y familiares de los muertos buscando comprar su silencio e
inacción(...)". Fuente:
www.anred.org
/14-6-09
III. Analizar situaciones
conflictivas con el capitalismo
Raúl Zibechi
(Argenpress.info), en "Masacre en la Amazonia: la
guerra por los bienes comunes", nos ayuda a situarnos
en la actual etapa recolonizadora del capitalismo que tiende a convertir los
territorios en acuerdo con sus agronegocios, su superexplotación del petróleo y
del mar, su megaminería a cielo abierto, su IIRSA, sus mega emprendimientos
turísticos e inmobiliaros...Opina:
"La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra
indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una
larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del
TLC entre Perú y los Estados Unidos".
Nos introduce en la lógica
capitalista que en Argentina se comprueba tanto en el oficialismo como en las
derechas:
"El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El
Comercio, de Lima, bajo el título “El síndrome del perro del hortelano".
Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es
una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la
Amazonia: “El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de
proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para
ser medioambientalista” .
En su opinión, los que se oponen a la explotación intensiva de la Amazonia son
como el perro del hortelano, que “no come ni deja comer". “Hay millones de
hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las
comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de
depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a
los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno
y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir
energía eléctrica” , dice en su artículo.
“El primer recurso es la Amazonia” , asegura. Son 63 millones de hectáreas que
propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas,
pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta
tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe “entregar pequeños lotes de terreno a
familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa
misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que
esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión
son apenas “tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos
económicos, por tanto su propiedad es aparente” ".
Nos anticipa hacia dónde conducen
las democracias restringidas:"El TLC y los
Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al
Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del
TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el
Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis
meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado
en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el
Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el
Parlamento “para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa
vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los
términos de la delegación aprobada por el Congreso”(...)".
Nos
interpela a militar la Memoria, Verdad y Justicia en forma integral
teniendo en cuenta la criminalización de la pobreza, el estado de excepción en
las cárceles superpobladas de pobres, la judicialización de la protesta social y
las leyes antiterroristas. Recuerda:"La
masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos
pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El
Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de
forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de
un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el
Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las
condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las
Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales.
El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que
demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo
de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la
Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por
la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al
edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y
135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el
Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue
el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas,
ya que “se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse
rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una
comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la
responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó
impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas,
jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del
segundo gobierno de Alan García (...)".
Fuente:
www.argenpress.info /12-6-09
En
consecuencia,
la resolución de los
problemas fundamentales, al presente y futuro en común, requiere
enfrentar
la política pro capitalista sea del oficialismo o de la derecha más
desembozada. Es decir, no hay alianza posible con ninguna de las dos por
ser componentes de la democracia restringida que legaliza, legitima -e
implica en-
las relaciones de poder económico, político y cultural existentes
desde la dictadura genocida.
Son
responsables de la seguridad jurídica y la creencia mayoritaria que
la recolonización del país es desarrollo o crecimiento y que la integración
continental mediante el IIRSA y el modelo extractivo exportador es
solidaridad con los pueblos hermanos, o peor aún que conduce a la segunda
independencia.
Desde
abajo y a la izquierda, nos toca organizar un frente cultural
político en sus significados y sentidos más enraizados al despertar de
la diversidad popular conforme lleva a cabo aprendizajes mutuos sobre
diferencias que potencian el buen vivir de todos; intercambios constructores de
relaciones recíprocas; y deliberación conjunta acerca de la otra
sociedad para el otro trabajo.
Es
cultural por reconocer la heterogeneidad de las muchas identidades de
los sujetos de derechos y el dominio capitalista e imperialista mediante
alienación como trabajador, disociación en roles cotidianos, escisión
entre lo político y lo social, desinformación, manipulación, inculcación
de creencias contrarias a intereses populares,...
Ese
reconocimiento está en la base de la política del buen vivir
propuesto por los pueblos indígenas y la soberanía alimentaria que
elaboró Vía Campesina. Ambos paradigmas de desarrollo alternativo reclaman la autogestión y el autogobierno de
los de abajo.
Es
político porque esos espacios de comunicación, encuentro y creación de
vínculos proyectados en hacer posible la convivencia apreciadora de la
diversidad de identidades:
se
efectivizarán si se derrota al capitalismo en todos sus campos de
actividad opresora.