Podemos creer y confiar en la consigna "fortalecer el Estado para liberar la nación" a causa de quedarnos en valorar, por ejemplo, las privatizaciones y las descentralizaciones como simples transferencias y debilitamientos del Estado. Pero el avance y profundización del paraíso rentable para las transnacionales y sus socios locales sólo son posibles por la seguridad jurídica e impunidad que le brinda su Estado, cuyo origen fundamental está en  constituirse terrorista ejecutor de la planificación genocida. La impunidad de extremar el aplastamiento de la lucha contra las clases oprimidas se mantiene y afianza a través de la democracia restringida de los distintos gobiernos de turno.

Pensemos en el honrar la deuda, continuado por el des-endeudamiento del gobierno K, como prioridad del Estado de Argentina que garantiza, junto con la ley de Entidades Financieras en vigencia, el acelerado proceso de concentración y desnacionalización tanto económica como territorial. Las privatizaciones y descentralizaciones complementaron a posteriori la aplicación estatal del Consenso de Washington para reforzar la inviabilidad de economías regionales extra-pampeanas, el desmantelamiento del Estado social con consolidación tanto de feudos provinciales como de las fuerzas de seguridad e inteligencia militarizadas, la dependencia de universidades e instituciones científico-tecnológicas del poder económico transnacionalizado e imperialista.

Como dice el zapatismo, no se trata de luchar contra el neoliberalismo sino de hacerlo contra el capitalismo hoy mundializado. Esta lucha se da de distintas maneras y en:

Colectivo Sí a la Vida, Francia invita a:
 

"Argentina
¡Alto a la política minera destructora!

¡No nos dejemos engañar ! no podemos sentirnos ajenos a las realidades que están viviendo las poblaciones locales en aquellas regiones de explotación minera en Argentina como en otros países del Sur. Las empresas occidentales, nuestro modo de vida y nuestro consumo desempeñan un primerísimo papel en el modelo de desarrollo exportador, extractivista y derrochador basado en la actividad minera destructora.

Por eso deseamos llamar la atención de los candidatos a las elecciones legislativas y senatoriales del futuro 28 de junio en Argentina dirigiéndoles el petitorio que os convidamos a firmar".
Colectivo Sí a la Vida, Francia
Para mayores informes :
http://dunplateaualautre.over-blog.com/
http://www.noalamina.org/
Contáctenos: sialavida-argentina@googlegroups.com

Texto del petitorio

Señora Presidenta, Señoras y Señores candidatos a las elecciones legislativas y senatoriales,
Con nuestro mayor respeto, nos permitimos dirigirnos a Ustedes, para comunicarles nuestra gran preocupación por el recrudecimiento en Argentina, de proyectos mineros a cielo abierto en la región andina, especialmente, en la Provincia de Jujuy, con la reactivación de Mina Pirquita y numerosos pedidos de cateo y exploración en diferentes departamentos de la Puna. La misma prestigiosa Quebrada de Humahuaca, inscripta desde el año 2002 en el Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO, se encuentra amenazada por seis pedidos recientes de cateo por la Empresa Uranio del Sur S.A en el departamento de Tilcara, autorizados y luego suspendidos provisoriamente ante la oposición local.

El carácter irremediablemente destructor de la tecnología de explotación a cielo abierto que recurre a grandes cantidades de Energía, Agua, y productos altamente tóxicos, se encuentra abundantemente documentado en cuanto al medio ambiente, al entorno social y cultural, a la salud, a la permanencia y a la vida misma de las poblaciones locales.

Existen en las propias Fiscalías Federales, numerosas denuncias penales de contaminación de empresas mineras actuales y muchas otras que han sido abandonadas hace más de 20 años, sin haberse realizado ningún tipo de remediación de pasivos ambientales de dichas minas. Esto hace que las mismas sigan actualmente contaminando ríos y perjudicando a la población. Los casos de las localidades de Abra Pampa y Pan de Azúcar han sido abundantemente documentados. De igual manera, es notorio el carácter espoliador de este tipo de extracción implementado por empresas extranjeras beneficiando de escandalosas exenciones fiscales y de privilegios energéticos y de uso de las reservas hídricas.

¿Qué será de la Quebrada de Humahuaca con una o varias minas de uranio?¿Qué será de sus campesinos indígenas, de sus cultivos regados con agua altamente contaminada, con una atmósfera inevitablemente impregnada de elementos radiactivos llevados a centenares de kilómetros, de su “Patrimonio Natural y Cultural”, de su auge turístico promovido durante años por los últimos gobiernos provinciales? ¿Qué será de la Puna Jujeña y de sus 50.000 habitantes, y más allá, cuando se acentúe todavía más el envenenamiento y el descenso de su napa freática, cuando se vuelva imposible la actividad agropecuaria tradicional?

¿Para qué lucharon los grandes próceres argentinos tan recordados en toda la tradición patriótica, si los argentinos del siglo XXI abren su puerta a un neo-colonialismo peor aún que la colonia de la cual fueron liberados? ¿De qué independencia económica, energética, cultural podemos hablar cuando empresas extranjeras se llevan todo, dejando detrás de ellos migajas, desastres ambientales y sociales irreparables, y las reservas minerales e hídricas saqueadas? Qué humillación para la Argentina, las limosnas de las empresas mineras a hospitales, escuelas y universidades para hacer olvidar sus privilegios exorbitantes otorgados durante el fatídico decenio de los noventa, y plasmados en una indignante ley de presupuesto de minería todavía sorprendentemente inmodificada.

Nos atrevemos a solicitarles que exijan un particular respeto de la Ley General de Medio Ambiente Número 25 675 y del Convenio Número 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las Comunidades Aborígenes. Deseamos que el Poder Judicial promueva la sanción rigurosa de los delitos ambientales y que el Poder Legislativo abra la Ley a los nuevos paradigmas tecnológicos y éticos.

Por favor, que el maravilloso País de la Argentina

• no transforme sus paisajes en desiertos,

• no destruya su invalorable patrimonio natural y su valiosa diversidad cultural,

• no aumente las poblaciones marginales de sus suburbios con sus campesinos y aborígenes forzados al exilio durante y después de las actividades mineras!

Finalmente, quisiéramos expresar nuestra indignación y nuestra incomprensión ante el veto a la ley 26.418 de Protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Nos indignan también las modificaciones llevadas a la ley que podrán debilitarla y hasta vaciarla de su contenido, a causa de las ambigüedades introducidas. Es indudable que los cambios integrados al artículo 6, al permitir la implantación de infraestructuras declaradas de “interés público”, juegan con la ambigüedad de términos que pueden interpretarse de distintas formas. Por ejemplo, la extracción minera ya se ha calificado como una actividad de interés público en el artículo 13 del Código de mina.

Frente a proyectos mineros que conllevan importantes consecuencias medioambientales, en particular el de Pascua Lama situado entre Argentina y Chile, creemos que esta ley debe contar con una defensa firme para evitar catástrofes irreversibles. En estos tiempos de calentamiento global y de deshielo acelerado de los glaciares de Argentina y otros lugares, cuando el agua genera considerables tensiones y puede llevar a conflictos geopolíticos, es nuestro deber adoptar un comportamiento responsable respecto a esos campos de hielo. La desaparición de los glaciares y el debilitamiento de la reflexión de los rayos solares que proporcionan, aceleran el calentamiento global. La permanencia de los glaciares atañe a todos. Por consiguiente, les pedimos a Ustedes hacer todo lo que se encuentre en su poder para protegerlos.

Esperamos de Ustedes que sepan enviar a los argentinos y al mundo entero, un mensaje fuerte a favor de los Derechos Humanos Ambientales y de la Equidad en la repartición de las riquezas.

Con esta esperanza y confianza, saludamos a Ustedes muy atentamente. 

Firmas :Nombre, Apellido, ciudad, país, organización/profesión

Fuente: http://www.noalamina.org/ 5-6-09

a) Para el boom minero

Página/12 informa:"Casi sin discusión, las universidades nacionales aceptaron percibir y repartirse fondos millonarios provenientes de un empresa resistida por su impacto ambiental: la minera La Alumbrera, una empresa que –según la Justicia Federal en una causa aún abierta– ha incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud, por lo que uno de sus ejecutivos está procesado. Luego avalada por cada institución, la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional de aprobar el ingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, ahora, de otros 36 millones generó malestar entre los numerosos investigadores de las propias universidades que hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos de la explotación minera “a cielo abierto” que se expande en el país: “La Alumbrera es un proyecto que atenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo a Página/12 Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.

El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamento catamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución–. Para explotar la mina, Ymad conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá.

La actividad empezó en 1997 y hoy se trata de la mina más grande del país, una de las mayores del mundo (ver “Los números...”).

Al menos desde 1999, pobladores y funcionarios vienen presentando reiteradas denuncias por la contaminación generada por derrames y filtraciones. La causa que más prosperó se inició con una denuncia de un ex director de Medio Ambiente de Tucumán, el biólogo Juan González, por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney.

Como pruebas, el expediente citó informes de impacto ambiental de la propia minera, pericias realizadas por la Gendarmería y estudios de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Además de un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación, que consigna según recordaron los jueces al procesar a Rooney que el canal DP2 “presenta concentraciones de sólidos totales disueltos, sulfatos y molibdeno (...), hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable”, por lo que “el impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental”.

¿Por qué las universidades reciben fondos de esa empresa? Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771. Por primera vez desde que la mina se puso en actividad, el año pasado llegaron al sistema universitario 50 millones de pesos. Y hace apenas algunos días llegó una segunda partida, por 36,8 millones. Antes de arribar a las casas de estudios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas, debió acordar el reparto de los fondos.

 

“Los rectores nos limitamos a discutir la distribución que nos pedía el ministerio”, explicó el actual presidente del CIN, Darío Maiorana, consultado por este diario. “Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibir los fondos, pero hay una responsabilidad derivada de la ley que los asigna”, argumentó otro rector. La principal discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad. Menor interés despertó la propuesta de unos pocos rectores, quienes pretendían definir un destino global para los recursos: finalmente, sólo se acordó “sugerir” que los fondos de la minera se aplicaran “a proyectos institucionales”, es decir, no a un mero refuerzo presupuestario para afrontar gastos corrientes.

Tras la resolución del CIN, entre fines del año pasado y los primeros meses de 2009 cada universidad fue aprobando en sus consejos superiores el ingreso a sus arcas de la partida inicial de La Alumbrera. En la UBA, por ejemplo, los 3,4 millones que le tocaban se aprobaron este año como recursos propios, sin debate alguno. Lo mismo ocurrió en la mayoría de las casas de estudios. En otras universidades nacionales, como las del Sur, Mar del Plata y la Patagonia (SJB), hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría. Las principales objeciones a la vinculación entre universidades y minería fueron planteadas por organizaciones sociales y, desde la comunidad académica, por los investigadores críticos del modelo de desarrollo vigente, extractivo y exportador de materias primas, avalado por el Estado y las grandes corporaciones.

“En el peor de los casos, las universidades deberían usar esos recursos para investigar seriamente las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto, una forma de explotación que, a mi juicio, va a dejar sin agua potable a las poblaciones cercanas y que no es conveniente para los intereses del país”, dijo Abraham Gak. “Es inadmisible que las universidades acepten esos fondos –estimó Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba–. Los rectores no pueden ignorar la procedencia de estos fondos; de hecho, algunos lo conocen perfectamente, porque hay universidades que les venden sus servicios a estas empresas. Por otro lado, hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades” .” Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ 5-6-09

b) Para el boom de los agronegocios

Jorge Eduardo Rulli sostiene en sus editoriales del programa radial Horizonte Sur:

• Editorial de 19-4-09 "(...)En el común de la gente, tanto del campo como de la ciudad, las instituciones que forman opinión pública, sembraron muy firmemente la idea de que los tóxicos de la agricultura son “remedios” y esta palabra remedio es una palabra clave para develar ahora la terrible conspiración de que fuimos víctimas por parte de las Corporaciones. Todavía los informes oficiales del Estado argentino refieren a Fitosanitarios, no a tóxicos de la agricultura. Y esos informes que hablan de fitosanitarios, no están escritos precisamente, por los fumigadores. No, están escritos por profesionales capaces  en su materia, profesionales que estudiaron en las Universidades argentinas donde el Pueblo pagó sus estudios, esos profesionales tienen títulos y doctorados asimismo, en Universidades extranjeras en cursos y post grados, que el Estado Argentino solventó, esos profesionales trabajan en oficinas y escritorios alejados de todo riesgo de contaminación y cobran sueldos mensuales que multiplican por cien o por doscientos, el de un pobre banderillero al que se lo convenció, de que debía soportar con estoicismo el baño químico, cada vez que el avión o el mosquito fumigador llegaba al límite ese del campo, en que él estaba allí parado, haciendo la marcación con su banderita roja… Ahora como es un año electoral, parece que los sojeros son los meros convictos, los sojeros y los aplicadores, entonces, los autores intelectuales de este modelo genocida, se permiten recordarnos que ellos son progresistas y señalan a los culpables, que no son en cierta medida sino las víctimas también de las políticas de Estado que se planearon y ejecutaron, desde la Secretaría de Agricultura, pero en especial desde el INTA y  el SENASA.
  
  Ahora, porque es un año electoral, resulta que hasta el CONICET descubre que esos doscientos millones de litros anuales que se han estado arrojando cada año, sobre las tierras y los pueblos  argentinos, son altamente tóxicos. Pero han transcurrido doce años en que ese crimen fue avalado día por día, doce años en que se silenció a quienes lo denunciábamos, doce años en que perdimos nuestros trabajos en el Estado, doce  años en que acallaron los informes de centros de investigación que de manera valiente denunciaban los daños crecientes a los ecosistemas y a la salud humana, mientras toneladas y toneladas de tóxicos se continuaban derramando en forma implacable sobre los pueblos del interior…  Ahora, desde la prensa adicta resulta aceptable  reconocer, en un año electoral,  el poder letal de esos productos que hasta ayer llamaban fitosanitarios, y que insistían con infinita crueldad e irresponsabilidad, en que podían beberse como el agua sin perjuicio alguno para la propia salud. Y eso no slo lo hemos escuchado de notorios sojeros como el Dr. Víctor Trucco de AAPRESID, la Asociación de siembra directa. Recuerdo que lo dice en la película que hiciéramos con Nicolás Sarquís en el año 2003 desde la Secretaria de Cultura de la Nación, película que se llamaba “Soja ¿panacea alimentaria o arma silenciosa?” y que fuera transmitida reiteradamente por la televisión nacional con el respaldo del entonces secretario de Cultura Rubén Stella.  En esa película Sarquís lleva la cámara a repetir de manera graciosa para el público, el gesto teatral de Trucco de echarse al garguero una copita de glifosato.
  Que el glifosato se podía beber como agua".
   

• Editorial 31-5-09 "(…)Durante años explicamos el modelo de los monocultivos, anunciamos y luego denunciamos sus terribles consecuencias y también, sus impactos sobre la salud de las poblaciones. El cáncer era una epidemia y las ciudades se vieron rodeadas de cinturones de indigencia, pero continuábamos sin querer enterarnos de las verdaderas causas, y además, comiendo milanesas de soja. Ahora al fin ese tema salió a la superficie, llegó a la tapa de los grandes diarios, alcanzó a la Corte Suprema y obligó a algunos altos funcionarios a pronunciarse. Entonces, se nos promete formar comisiones que investigarán la situación… yo me pregunto: ¿qué es lo que van a investigar, si todo es tan pero tan evidente? Cuántas veces nos lo explicó el general, que las comisiones se forman para que no pase nada… Cuánto hace que en el Ministerio de Salud se formó una comisión para investigar el caso del Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba? Y qué pasó con la Comisión? No pasó nada… por supuesto, que no pasó nada…
  
  Ahora, el Ministro de Ciencia y Tecnología nos promete que la Facultad de Agronomía de la UBA, va a evaluar con el respaldo del INTA, el empleo de agroquímicos y sus posibles efectos sobre el ambiente y la población urbana y rural… ¿Nos están tomando el pelo?... si son justamente ellos, los que implementaron el modelo, si ellos lo trajeron, lo impusieron, si ellos colonizaron a los ingenieros agrónomos, les lavaron la cabeza a los jóvenes y a los productores, los convencieron de la bondad del Agronegocio, de la maravilla de las tecnologías de punta, de la conveniencia de usar semillas genéticamente modificadas, de la necesidad de los agrotóxicos… Si ellos son los que continúan repitiendo que no exportamos commodities sino conocimientos…

  
  Pero hay más todavía en esta saga…el biólogo Andrés Carrasco hace público con mucho valor, sus experiencias de laboratorio sobre embriones de anfibios afectados por glifosato y el Ministro de Ciencia y Tecnología sin mayores elementos que lo respalden sale inmediatamente a desmentirlo y a objetar que las condiciones de un laboratorio puedan extrapolarse a la situación de la Argentina, y acto seguido diversos científicos e instituciones inician una polémica de academia sobre protocolos y embriones, a lo que se añade siempre la necesidad de investigar más sobre el tema… Nos están tomando el pelo.
  
  Si en algo tiene razón el tecnólogo Barañao es en subestimar los resultados producidos en un laboratorio. El verdadero laboratorio son nuestras dieciocho millones de hectáreas de cultivos transgénicos, con población incluida, como animalitos de experimentación, dieciocho millones de hectáreas con los mismos patrones agroquímicos en todo el territorio, con vuelos rasantes constantes que asperjan los cultivos con tóxicos, con ingesta de sojas transgénicas por parte de la población objeto, que se incorporan gracias a los alimentos industrializados y a las ayudas alimentarias a los desempleados. Dieciocho millones de hectáreas, si no le sumamos las que existen en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay y en Brasil. No existe en el mundo un experimento de laboratorio de estas proporciones, con tantos millones de personas sometidas a un experimento de las Corporaciones transnacionales con organismos genéticamente modificados y agrotóxicos, sin haber sido consultadas y sin que lo sepan siquiera.  Entonces, cuando hablamos de una situación gravísima, cuando hablamos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad… ¿estamos exagerando?
   

• Me pregunto, ¿cómo hacer para endulzar esta situación y que el público que durante años no se quiso enterar, ahora no se abrume? ¿Cómo hacemos para que esa izquierda que cada vez que hablábamos de los monocultivos y del modelo de la soja RR nos sacaba del tema, llevándonos a la situación de los campesinos de Santiago del Estero, como si ellos en la ciudad y sus hijos que estudiaban en la Facultad de Ciencias Exactas o en la de Agronomía, no tuviesen nada que ver con la instalación del modelo, como si no estuviésemos en el centro de irradiación del modelo, de un modelo que se constituye a partir de paradigmas del mundo, que responde a una visión de la ciencia empresarial, que depende de la creencia de que las tecnologías son neutras, y en el que la voracidad y la rapacidad del sojero son tan sólo los últimos eslabones de una cadena de complicidades, que se basan en el concepto de que la agricultura es un negocio más, y en la búsqueda constante de la rentabilidad, y cuyo origen tiene una clara autoría intelectual.
  
  Y esa autoría intelectual se fundamenta en convicciones y en presupuestos ideológicos, que, son compartidas por el grueso de los sectores progresistas y los sojeros. Por eso es que uno de los inspiradores de este modelo de ciencia y tecnología, tal como es el biólogo Alberto Kornblitt de la Facultad de Ciencias Exactas, era justamente el candidato de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos al rectorado de la UBA. Allí tenemos el gran problema…. Qué le decimos a esos que nos critican porque no valoramos las luchas populares, cuando en realidad, ellos se refieren a esas luchas que lideraron a favor de planes asistenciales en las urbes congestionadas por el desempleo rural, luchas que no hicieron en general sino fortalecer e institucionalizar el modelo de Republiqueta sojera (...)".

El Grupo de Reflexión Rural, en su documento del 7 de mayo de 2009, manifiesta:
"Nos pronunciamos frente a las declaraciones del ministro de ciencia y tecnología

(…)Durante los  últimos años hemos denunciado, desde el GRR y desde la Campaña Paren de Fumigar,  así como lo hicieron todos los grupos amigos que la componen, tales como el CEPRONAT de Santa Fe y las madres del Barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, el daño irreparable que producen los agrotóxicos que acompañan a las sojas transgénicas: enfermedades de carácter terminal, abortos y malformaciones. Se trata  de los daños colaterales de una agricultura que merece el apelativo de agro genocidio. El informe Pueblos Fumigados, que hemos presentado, y que puede hallarse en nuestra página www.grr.org.ar, da testimonio del sufrimiento colectivo, pero también, es un camino para superarlo y una propuesta para generar modelos agrícolas alternativos más sustentables y ecológicos, en una Sociedad menos tóxica que la actual. La Argentina sojera y dependiente de la biotecnología, que respalda desembozadamente, el Ministro Lino Barañao, ha batido record de cosechas, pero también, de víctimas inocentes que reclaman justicia… ".Fuente: www.grr.org.ar

La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), en su declaración fundacional, precisa:

"A fines del año 2006, un grupo de compañeros y compañeras, algunos pertenecientes a diversas organizaciones políticas y otros independientes, que en su mayoría formábamos parte desde años atrás de la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (CORREPI), nos vimos obligados a diferenciarnos de dicho organismo en razón de profundas diferencias políticas y metodológicas. Fue así, que decidimos generar un nuevo espacio continuador de la lucha que veníamos llevando adelante
durante tantos años, al que denominamos CorrepiSur.

Hemos recorrido un largo camino desde aquel momento, se sumaron nuevos compañeros y organizaciones que venían de otras experiencias en la lucha contra la represión y por los derechos humanos y por ello entendimos entre todos que ha llegado el momento de encarar una nueva etapa, logrando una síntesis superadora que tome lo mejor de todos estos años de experiencia en la lucha antirrepresiva y lo conjugue con las nuevas necesidades que requiere el momento histórico, refundando para ello este organismo antirrepresivo y de derechos humanos,  que desde ahora en más pasará a llamarse CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo).

Tanto desde CORREPI en un primer momento, como desde Correpi Sur después,  fuimos definiendo nuestro punto de vista sobre las particularidades de la lucha antirrepresiva en el marco del sistema capitalista, y en particular en la etapa post-dictatorial en nuestro país..

En distintos documentos se caracterizó la represión como inherente al sistema capitalista y como herramienta coercitiva del Estado burgués, que "independientemente del gobierno que lo administre y en tanto representante de los intereses de los sectores dominantes", necesariamente recurre (en proporciones variables y según el grado de consenso) a estrategias represivas como el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias y la persecución política con el objetivo de ejercer el control y el disciplinamiento social  para garantizar la aplicación de sus políticas de hambre y exclusión.

 

En ese contexto se producen permanentes violaciones a los derechos humanos como un accionar sistémico ejercido por el Estado, principalmente mediante la represión preventiva hacia los sectores más empobrecidos y marginados y la represión contra los luchadores populares.

 

Históricamente el Estado ha sido consecuente con esta práctica, criminalizando la pobreza y persiguiendo a los luchadores populares utilizando a tal fin las distintas herramientas con las que ha contado. Es que, a fin de defender el orden social establecido y los intereses de los sectores dominantes, los sucesivos gobiernos no han dudado en utilizar todos los instrumentos a su alcance, desde la represión directa y el asesinato hasta la persecución judicial a partir de leyes creadas a la medida de la persecución política.

Una de las primeras leyes promulgadas con el explícito fin de perseguir a los que llevaban adelante luchas reivindicativas es la ley 4.144 del año 1902, denominada "Ley de Residencia", complementada en 1910 con la  ley 7.029 llamada "Ley de Defensa Social". Estas herramientas legales, junto con las prácticas represivas abiertas fueron un hito en la persecución a los oprimidos ya que, además de permitir la expulsión del país, llegaban a la pena de muerte.

No es novedoso que el Estado sancione leyes a la medida de la persecución de la protesta social y política e históricamente se han creado y aplicado distintas figuras jurídicas a los que reclaman activa y firmemente por sus derechos, como así también se ha recurrido a los más atroces métodos de exterminio para imponer las políticas del Estado burgués. El punto más alto ha sido sin lugar a dudas el genocidio llevado adelante por la última dictadura, utilizando la doctrina de seguridad nacional como sostén ideológico y siguiendo el mandato estadounidense en plena guerra fría. En ese contexto las fuerzas armadas desplegaron su capacidad represiva contra un enemigo interno, que no era ni más ni menos que el pueblo y las organizaciones políticas revolucionarias.

Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 1983, que es cuando comienza el período que denominamos institucional, la política represiva del Estado ha tenido  una clara continuidad, aunque reformulando el concepto de la doctrina de la seguridad nacional por un concepto de doctrina de la seguridad social. A partir de esa fecha, el rol de control social y preservación de las bases del sistema se va a desplazar desde las fuerzas armadas hacia las fuerzas policiales.

Durante el período institucional, la represión de las fuerzas policiales se efectuó en un primer momento fundamentalmente sobre los pobres en general y sobre los jóvenes y los sectores en lucha en particular. Se explica ese cambio de enemigo interno, ya que se pasa del "enemigo real" de la década del 70', al "enemigo potencial" de estos tiempos, debido a que los pobres y los jóvenes tienen sobrados motivos para rebelarse y para darle sentido político a ese levantamiento.

Además, al comenzar a gestarse la resistencia más organizada políticamente de los sectores en lucha, el Estado aplicó de manera brutal toda su fuerza para perseguir, encarcelar y asesinar a los luchadores. Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Aníbal Verón, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Carlos "Petete" Almirón, entre otros asesinados por las fuerzas estatales, la existencia de presos políticos a lo largo del país, miles de causas penales contra militantes, han sido el resultado más visible de esa política.

 Y en este sentido los gobiernos de Raúl Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner han sido claros exponentes, con sus matices, de la política de represión contra el pueblo. Desde 1983 a la fecha se profundizó la mano dura, a los fusilamientos de la policía se los llama "enfrentamientos"; a los ocupantes de tierras o viviendas, "usurpadores"; a los extranjeros pobres, "indocumentados"; a los niños "delincuentes infanto juveniles", a los luchadores populares "delincuentes", a los presos políticos "presos a secas", y a las organizaciones populares se las continúa catalogando de "terroristas", pero ahora con "ley"  y todo.

Actualmente, a pesar de que la gestión de los Kirchner se ha querido autoproclamar el "gobierno de los Derechos Humanos", vemos que la situación en nada ha cambiado. Tras 6 años de gobierno los resultados hablan por sí mismos: más de mil casos de gatillo fácil, miles de militantes acusados penalmente, la sanción de la denominada "Ley Antiterrorista", la existencia de presos políticos, la mayoría de los genocidas libres y la desaparición forzada de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Teniendo en cuenta que «la represión institucional» es una herramienta indispensable del Estado burgués, entendemos que la lucha antirrepresiva tiene un profundo contenido ideológico y que sólo tiene sentido enmarcada en la gran batalla del objetivo estratégico: la derrota del capitalismo. Sin embargo, una organización antirrepresiva y de derechos humanos no puede ocupar el rol protagónico en la construcción del proyecto del cambio revolucionario, ya que su ámbito es la lucha reivindicativa por los derechos humanos, en la cual, por otra parte, confluyen y conviven diversas visiones sobre las formas de construcción revolucionaria y la disputa por el poder.

Pero lo que sí nos proponemos es no limitarnos a actuar con un carácter meramente defensivo, sino aportar e intervenir directamente en la lucha de clases desde nuestro rol de organismo de derechos humanos, generando políticas concretas y aportando a la necesaria coordinación con organizaciones y militantes para ir generando espacios de doble poder y empujar -desde  nuestro aporte- la lucha popular.

Definimos el concepto de «derechos humanos» con un sentido amplio y dinámico, y entendemos imprescindible ir limitando y condicionando la política del Estado con el accionar antirrepresivo, siendo conscientes que la única posibilidad de vigencia plena de los derechos del pueblo es la derrota del capitalismo. En ese sentido tomamos la definición que diera nuestro compañero León "Toto" Zimerman, respecto a que "Los derechos humanos son los derechos que tiene el pueblo de hacer la revolución".

Estas definiciones son y han sido siempre el eje y la base de los acuerdos para construir con todos los compañeros y organizaciones que se acercaron a nuestro organismo. Estamos convencidos que la coordinación en la lucha antirrepresiva nos permite generar política en conjunto, entendiendo la misma como una herramienta de autodefensa popular y de intervención en la dinámica de lucha, buscando influir no sólo en un determinado segmento de los militantes organizados, sino en las masas "que son finalmente las que deciden el curso de la historia". Por estas razones, desde CADeP seguimos apostando a la pluralidad dentro del campo popular, llevando adelante la tarea común de confrontar la represión estatal con unidad, organización y lucha.

CADeP seguirá llevando adelante el trabajo concreto que comenzamos hace años contra las políticas de gatillo fácil, la criminalización de la protesta y de la pobreza, y exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la cárcel para los asesinos de ayer y de hoy. También como hasta ahora, impulsaremos activamente las diversas construcciones que integramos, como la Multisectorial "Chau Pozo", en la zona sur del conurbano,  la Coordinadoras Antirrepresivas del Oeste, de La Matanza y el Encuentro "Memoria, Verdad y Justicia" a nivel nacional.

Continuamos fieles a  nuestra historia y con el compromiso renovado de enfrentar las políticas represivas del Estado y aportar a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, convencidos de que hoy más que nunca el único camino sigue siendo la lucha. Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009". Fuente: www.anred.org 

La Asociación Civil La Casa del Encuentro convoca el día 3 de cada mes a las 18.30hs frente al Congreso de la Nación (Entre Ríos y Rivadavia) - Buenos Aires- Argentina:  
"Por las Mujeres y Niñas Desaparecidas y secuestradas en Democracia por las redes de trata para la prostitución con la consigna:
ELLAS NO PUEDEN ESPERAR MÁS.
Por Marita Veron, Florencia Penacchi, Andrea López, Fernanda Aguirre y por las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas.
Justicia para Otoño Uriarte
Justicia para Dana Pecci
 Radio abierta, sentada  y ronda alrededor del Congreso
Para exigir aparición con vida, y  reclamar justicia 
Diferentes organizaciones de mujeres, sociales, feministas, barriales,
Sociedades de fomento, políticas y personas independientes estaremos allí junto a ellas exigiendo:   

• Por la aparición con vida de todas las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución. 

• Reforma a la Ley de Trata. 

• Los secuestros, desapariciones de mujeres  se declaren DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

• Basta de complicidades del poder político, judicial y policial

• Desmantelamiento de las redes de trata.

Por Florencia, por Fernanda, por Marita, por Andrea y
Por todas las que ya no pueden esperar más. 

SIN “CLIENTES” NO HAY PROSTITUCIÓN NI TRATA
SEXO PAGO ES SEXO ESCLAVO
Repudiamos toda la forma de violencia hacia las mujeres y  niñ@s

La Federación Universitaria de Buenos Aires "contra las redes de trata" explica el porqué:

"En nuestro país 600 mujeres son secuestradas anualmente por las redes de trata para ser obligadas a prostituirse. Es el tercer negocio ilegal a nivel internacional después del narcotráfico y la venta de armas. Estas redes mantienen en una misma línea de organización y complicidad a la policía, jueces, funcionarios del Estado y empresarios.

Es tan así que el gobierno nacional junto a la oposición han votado a favor de una ley de trata que favorece a los proxenetas y sus socios: aplica penas irrisorias y excarcelables, no incauta sus bienes y exige que las mujeres mayores de edad demuestren el no consentimiento. (...)

En el último Congreso extraordinario de la FUBA, realizado en el mes de abril, sesionó una comisión de la mujer la cual resolvió, entre otras cosas, impulsar una campaña contra la trata de personas y colocar como reclamo fundamental dirigido al gobierno: la aparición con vida de Florencia Pennacchi y de todas las mujeres secuestradas/desaparecidas por las redes de trata. Desde la FUBA estamos convencidas/os que la única manera de recuperar a nuestras mujeres, niñas y niños es por el camino de la movilización y organización independiente de los poderes políticos de Estado. (...) Por eso, resolvimos convocar a estas jornadas con el objetivo de hacer conciente este problema y comprometer a decenas y cientos de estudiantes en la lucha por el desmantelamiento de las redes y la aparición de las mujeres y niños/as desaparecidas. También resolvimos marchar todos los 3 para sumarnos a este plan de lucha".
Fuente: comisionmujerfuba@gmail.com

En consecuencia, es imprescindible erradicar la impunidad del Estado en su accionar sistémico de: ▪garantizar y realizar violaciones de derechos humanos; ▪aplicar criminalización tanto de la pobreza como del reclamo reivindicativo; ▪legalizar y legitimar  el saqueo y destrucción de las condiciones de vida; ▪pagar la estafa que reconoce deuda externa pública en incesante aumento pese a las crecientes transferencias de fondos públicos y jubilatorios que desfinancian al Estado social en sus distintas jurisdicciones; y

▪proteger y participar de súper negocios con la trata de personas, con el narcotráfico y los juegos de azar.

 

Se trata, en esencia, de derrotar a la prioridad del «Mercado sobre la vida» luchando y creando democracia directa e indirecta a medida que se consigue revertir el funcionamiento de feudos provinciales, del sector público...y deconstruir la lógica capitalista, las ciencias y tecnologías coloniales, las rutinas cotidianas, etc.

 

En consecuencia, es imprescindible erradicar la impunidad de las transnacionales y sus Estados locales e imperialistas que se efectiviza en las relaciones de poder económico, político y cultural conquistadas por la alianza de esas corporaciones con los grupos económicos de Argentina mediante dictadura genocida y se afianzan mediante la democracia restringida.

 

Implica, para quienes nos identificamos anticapitalistas, comenzar por asumir la existencia del progresismo y el centroizquierda que no sólo se subordinan al orden del capital como el único viable sino, sobre todo, se encandilan con el neodesarrollismo que es recolonización de América latina o si se oponen a esta última, aceptan su lógica de modelo productivo a gran escala e integrado en bloque regional dentro del sistema capitalista mundializado.

 

Este reconocimiento nos interpela a facilitar espacios de construcción de un lenguaje común entre las organizaciones sociales que tienen distintos objetivos pero son afines en resistir el despotismo económico de los poderes establecidos. Ya Esteban Echeverría, en 1837, planteaba esclarecer rumbos coherentes con la Revolución de Mayo mediante la definición de palabras simbólicas que fuesen pensamientos en acción transformadora. Se refería a desarrollar democracia, industrias, ciencias, etc. en acuerdo con nuestras realidades como pueblos soberanos.

 

Tal desafío nos conduce a averiguar cómo reconstruir la responsabilidad de colectivos intelectuales que la Carta Abierta ha rebajado, poniéndola al servicio de la gobernabilidad del sistema de saqueo y destrucción. Es decir, quienes nos asumimos intelectuales de izquierda nos trazamos como primer objetivo aprender y aprehender de pueblos o de los de abajo: su constituirse en asambleas, movimientos, multisectoriales, coordinadoras y frentes en rebeldía y resistencia al capitalismo.

 

Es deconstruir nuestros conocimientos y hábitos, es descolonizarnos o desburguesarnos por adentrarnos en el estar siendo con los otros de abajo y por reelaborar nuestras especificidades al analizar condiciones y medios propicios a que el protagonismo popular afirme su soberanía y autodeterminación.

 

Es involucrarnos en facilitar el arraigo en toda la diversidad popular de esas organizaciones sociales e indígenas que han asumido su ser sujetos de derechos mediante la resistencia al avance del predominio de intereses lucrativos sobre las condiciones de vida y trabajo dignos. Pero, al mismo tiempo, esmerarnos en aportar al desarrollo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, al de su estar junto con el Movimiento Nacional Campesino e Indígena y al de otras formas de persistencia en el encuentro de los de abajo para poder emanciparse y ejercer autonomía comunitaria.

 

En consecuencia, lo prioritario es erradicar la impunidad de la CGT como pilar fundamental de la democracia restringida que da continuidad programática al Estado terrorista mediante legalización y legitimación del proceso de reorganización de Argentina para garantizar el incesante avance de la concentración y desnacionalización tanto económica como territorial.