Problemas Junio 2008

Aclaro que organizaré el tema en forma tal de explicitar mi enfoque sobre la reforma agraria integral y mis razones para concebirla como base esencial a la reestructuración socioeconómica de Argentina. ¿Cómo me atrevo a opinar y establecer lineamientos para un proyecto a elaborar por la diversidad popular?

No soporto mi silencio cuando compruebo que
podríamos estar deliberando sobre problemas decisivos para la vida mayoritaria
pero quienes acceden a medios públicos y privados vuelcan todo su saber en
quitar consenso a la otra parte de la confrontación entre los de abajo sin importarle lo más mínimo por contribuir a que
la diversidad popular pueda analizar los planes en ejecución de los poderes establecidos
como los agro negocios, la mega minería, la exportación de hidrocarburos,
la infraestructura para este modelo devastador….

Me resulta grave la impunidad del capitalismo e imperialismo en nuestro país de
sostener su fabuloso crecimiento económico desde 2002 hundiendo en la pobreza y en la miseria extrema a un tercio de la población.

La consultora privada Equis reveló que
los hogares pobres pueden adquirir apenas 43% de la canasta de bienes y servicios,
correspondiente al nivel de pobreza, mientras que en medio del colapso económico de 2001-2002, la capacidad de compra era de 47%.

Entre enero y marzo pasado, los hogares pobres tuvieron un ingreso promedio de 615 pesos (192 dólares),
cuando el costo de la canasta de pobreza fue de 1.435 pesos (447 dólares).

"La brecha de la pobreza es récord" respecto a los últimos años, señaló Equis.

El aumento del costo de vida, en particular de los alimentos,
sin correlato
en los salarios y otros ingresos populares,
significa -en los hechos- un aumento del número de pobres,
según distintos estudios privados.

En 2007, la cantidad de pobres habría aumentado 1,3 millones de personas en la Argentina,
quebrando la tendencia a la baja que se sostenía desde 2003,
advirtió el economista Ernesto Kritz de la firma SEL Consultores.

La nueva pobreza tiene la característica de afectar a personas que están dentro del mercado laboral, pero cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica.
A finales de 2007,
la pobreza urbana se habría situado entre 28,1% y 30,6%, según Agustín Salvia,
profesor-investigador de la Universidad de Buenos Aires y
director del Observatorio Social de la privada Universidad Católica.

"En el segundo semestre de 2007,
la incidencia de la pobreza en la población fue de 30,3%.
Esto significa que
unos 10,8 millones de personas están en una situación de privación,
de los cuales 3,5 millones son indigentes", dijo Salvia.

El crecimiento económico del sistema capitalista es incompatible con las condiciones dignas tanto de vida
como de trabajo de los de abajo porque se centra en maximizar la tasa de ganancia de oligopolios y
hacerlo durante el menor plazo posible. Máxime si es conducido por corporaciones imperialistas.

Para emanciparse de estar subordinados al actual acaparamiento totalitario de bienes comunes
por los poderes establecidos, es fundamental que los de abajo veamos cómo reelaborar
nuestra concepción colectiva de: mundo, sociedad y persona.

A esa búsqueda contribuye Enric Mompó (Rebelión), en su nota “Globalización capitalista: el camino hacia la barbarie”, cuando aclara sobre:

“Una más gran producción es la clave de la prosperidad y de la paz”.
Con estas palabras, el presidente norteamericano Truman,
en su discurso de investidura anunció un programa de ayuda internacional
que acabaría con la miseria,
gracias a la actividad industrial y el aumento del nivel de vida. Seis décadas después,
la pobreza en el mundo no ha desaparecido y la diferencia entre las metrópolis y
la mayoría de los antiguos países coloniales no cesa de crecer.

La ciencia y la técnica, al servicio del capitalismo,
no sólo se muestran incapaces de acabar con el problema,
sino que lo agravan.

El desarrollismo en el seno de la globalización es la continuidad de la vieja política colonial, por otros medios.
Calificar a un país como «subdesarrollado» frente a otros «desarrollados»
conlleva toda una carga de menosprecio. Ya que siguiendo el criterio -impuesto por
las grandes potencias- la aspiración de los países parias o países «subdesarrollados» sólo puede ser una: «desarrollarse”,
seguir las recetas milagrosas dictadas por los charlatanes de la feria global.
El BM y el FMI les exigen planes de desarrollo que en la práctica no son otra cosa
que la apertura de sus mercados a la depredación de las multinacionales.
Países como Argentina en 2001, que en su momento fueron sus alumnos más disciplinados, se derrumbaron.

Las cifras cantan y sólo los ingenuos, o los que quieren engañar o engañarse a si mismos,
pueden creer que el desarrollo erradicará la miseria del mundo.
Su función, en realidad,
es:
-ayudar al crecimiento capitalista,
-conquistar nuevos mercados,
-destruir las economías autóctonas,
-uniformar a los consumidores en todo el mundo en beneficio de sus productos y
-explotar hasta el agotamiento los recursos de los países
que les suministran materias primas a precios de saldo.

El mito del desarrollo sostenible,
como instrumento de lucha contra la pobreza necesita de ésta
para sobrevivir. En la práctica no hace otra cosa que agravarla.
Los viejos sistemas de solidaridad comunitaria y los mecanismos proteccionistas
son tachados de obsoletos y de ser un obstáculo para el desarrollo.

Se desarma a la industria y el comercio local para entregarlos atados de pies y manos.
Sin embargo, el engaño del “desarrollo” hace tiempo que empezó a resquebrajarse.

Por eso,
una corte de economistas, filósofos y sociólogos, decidió añadirle otros calificativos
(sostenible, responsable, social), con el propósito de hacerlo tragable a
la opinión pública.
Resulta esperpéntico ver a los zorros manifestar su preocupación por el gallinero.
Los mayores contaminadores del planeta, como British Petroleum, Total-Elf-Fina,
Suez,
Viviendi, Monsanto (el principal productor mundial de transgénicos),
Novartis, Nestlé apoyan con su firma manifiestos a favor del desarrollo sostenible.

La palabra «desarrollo» encubre otro término más crudo: «crecimiento capitalista»,
con todas sus implicaciones (acumulación de capital, explotación de la fuerza de trabajo, imperialismo, saqueo de los recursos naturales).

El calificativo “sostenible” sólo sirve para tranquilizar la conciencia de una masa de población cada vez más crítica con las consecuencias (cambio climático, pérdida de biodiversidad…).

Si el desarrollo puede “sostenerse” es porque existe la forma de paliar sus consecuencias negativas. La ciencia y la técnica, transformadas en una especie de pensamiento mágico acaban sirviendo de coartada a los desmanes del capitalismo. Se inventan automóviles que contaminan menos y electrodomésticos que gastan menos.

Los científicos se reúnen y los gobiernos deciden combatir las causas del cambio climático,
se vuelve a hablar de centrales nucleares más baratas y seguras.
Todo esto provoca un efecto adormecedor entre la población.
Si los gobiernos y los científicos hablan de “desarrollo sostenible” será porque saben de
lo que hablan. (…)

Pero los defensores del «desarrollo sostenible » enmascaran la realidad detrás de un amplio surtido de mitos, que los medios de comunicación se encargan de vender como ciencia.
También, se asocia el crecimiento a la felicidad y el bienestar y se oculta que los beneficios acaban en manos de unos pocos.

El PNB se convierte en la mentira estadística utilizada para encubrir sus efectos negativos.
Un estudio sobre el crecimiento en USA en el que se contabilizaron las pérdidas provocadas
por la degradación ambiental y la contaminación reveló que, a partir de los años 60,
el progreso
estaba estancado e incluso había retrocedido, mientras que el PNB crecía sin cesar.
Arrasar un bosque para transformarlo en papel y madera incrementa el PNB,
dejarlo intacto no, sin embargo el bosque evita la erosión del suelo y retiene el agua
que nos es necesaria, por lo que su supervivencia contribuye al bienestar social.

La idea perversa que defienden es que la felicidad y el bienestar dependen del crecimiento de las fuerzas productivas. A más coches y electrodomésticos mayor calidad de vida.
Sin embargo, ocultan la amenaza que se cierne sobre la humanidad.
¿Cómo hacer compatible el aumento de la producción, con los recursos limitados del planeta?
El engaño es recurrir a la ciencia y a la técnica, como si éstas fueran capaces por si solas de solucionar cualquier problema que se plantee.

Algunos científicos replican que ‘ya se encontrará otra cosa’, que ‘el humano posee una capacidad de evolución fuera de lo común’ y que ‘los proyectos técnicos permitirán encontrar una fuente de energía que no contamina e infinita’… tales afirmaciones están más cerca de las creencias que de una verdadera agudeza científica…

El conocimiento de las leyes naturales convirtió al hombre en la especie dominante del planeta. Pero lo que la ciencia no puede hacer en ningún caso es contradecirlas. El vertiginoso e irracional crecimiento capitalista,
cumpliendo la ley de la entropía, nos lleva al desastre (…)”.

La reforma del agro y del país debe ser obra del protagonismo popular que
resulta de superar la condición de masas o de comunidades aisladas entre sí
por constitución de la unidad de voluntad de la diversidad popular.

De modo que
los de abajo requieren emanciparse para erguirse como sujetos autoconcientes
de los cambios estructurales que hagan posible la satisfacción de las necesidades básicas a su bienestar de personas, familias y poblaciones.

No le interesa el consumo de las grandes mayorías, al contrario, nos ve estorbo para
su libre exportación. Somos población redundante y fuente de trabajadores a sobreexplotar,
a matar o incapacitar por alta siniestralidad, precariedad laboral y a despedir fácilmente.

El Estado fruto de las conquistas sociales de un siglo de luchas obreras ha sido y es desmantelado no sólo por desfinanciar-privatizar los espacios públicos y transferir los fondos públicos e ingresos personales o familiares hacia quienes los remesan –junto a utilidades- al exterior sino, también, mediante la entrega de las empresas estratégicas como YPF y la demolición de las estructuras reguladoras e investigadoras.

Sin embargo, el Estado existe y nunca dejó de intervenir en forma protagónica
como sucedió durante la Convertibilidad, o sea, durante la aplicación argentina del
Consenso de Washington.

Claro, tiene otra forma que atesora lo conseguido por los gobiernos de facto pero, sobre todo,
en los setenta adquiere su funcionamiento y sus plantas de profesionales garantizadores de
un orden mirando exclusivamente hacia la globalización.

En los setenta, las clases opresoras lo lograron mediante terrorismo de estado del Partido Justicialista cuando era gobierno y fundamentalmente de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Si incluimos la planificada masacre del 20 de junio de 1973, fueron diez años de una lucha de clases que la alianza de todos los factores locales de poder con las potencias imperialistas lideradas por EEUU llevó al extremo de practicar genocidio
para desorganizar a los trabajadores y a las militancias de izquierda.
Ese Estado

Proceso de reorganización nacional bajo la dictadura genocida que continúa y profundiza
como políticas de Estado contra los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios,
los pequeños y medianos propietarios para el avance de la concentración y la desnacionalización tanto económica como territorial que aumenta la desigualdad e injusticia social.

Los Kirchner han actuado consolidándolas y expandiéndolas. Ahora, según sus admiradores,
lo han hecho obligados por la correlación de fuerzas. Pero lo cierto es que esos cambios han tenido lugar y que el matrimonio ha hecho cuanto pudo por desarticular y desmovilizar a las organizaciones de los de abajo.

Veamos porqué discrepo con su caracterización como gobierno de los derechos humanos, nacional y popular.

Ø Su función de garantizar la seguridad jurídica o el paraíso de negocios
al poder económico fundamentalmente transnacional
la lleva a cabo –sin sensibilidad alguna- despojando
de posibilidades
de satisfacer necesidades básicas a catorce millones de
los habitantes de Argentina y degradando las condiciones de vida de
la inmensa mayoría de la población.

Ø Su identificación con la gran burguesía local no lo convierte en nacional y popular
porque a la última tampoco le importamos como consumidores ni como país.
Como la oligarquía diversificada, ha participado y se ha beneficiado tanto de
la dictadura genocida como de la década bajo gestión Menem-Cavallo.
Basta mirar hacia Techint,
el grupo económico que los Kirchner procuran más favorecer en negocios
dentro del país y en Sudamérica.

“El grupo Techint llegó a Argentina proveniente de Italia, donde
la familia Rocca hacía negocios junto al gobierno fascista de Benito Mussolini.
Configurado como un poderoso consorcio siderúrgico, en los ´70 fue activo sostén
del plan económico de Martínez de Hoz, en plena dictadura genocida que tuvo al grupo como socio principal, apoyando y estimulando numerosas desapariciones de obreros en sus empresas,
controladas internamente por brigadas militares de mutuo acuerdo.

El estado se convirtió así en el principal sostén económico del desarrollo del grupo que regentean la familia Rocca. En los ´90 fue beneficiada con las privatizaciones, y se hizo entre otras empresas públicas, de Somisa (hoy Siderar).

El Kirchnerismo, bajo la falsa premisa de recrear la «burguesía nacional»,
es virtual representante de la empresa en cuantiosos negocios petroleros y
gasíferos en la región y el mundo. Techint es hoy proveedora de caños ‘sin costura’ de las principales empresas petroleras y posee más de 100 empresas en el mundo, obtiene 16 mil millones de dólares al año de ganancia. Pero, a no desesperar:
de buenas a primeras y bajo la caricia firme del proyecto nacional y popular,
finalmente Techint vendría a ‘derramar’ sus multimillonarias ganancias históricas

De paso, se quedará con una buena parte de la costa del Río de la Plata y sus bienes naturales (…)”.

Al principio del gobierno K, quienes adherían desde la izquierda lo caracterizaban como gobierno en disputa, hoy lo ven como contradictorio.

Mi opinión es otra, considero que los Kirchner están bien definidos y son lúcidos en sumar fuerzas o dividir componentes de los de abajo a fin de garantizar la actual etapa del imperialismo (liderado por Estados Unidos y la Unión Europea) en América latina,
cuyo objetivo es apropiarse y ocupar integralmente el territorio continental.
Los Kirchner –además de cerrar negocios sin importarles las consecuencias sociales- plantean
los conflictos desestabilizadores en forma tal que alinean, desorganizan
y desmovilizan a los de abajo con éxito de ahí el avance en
la gobernabilidad del sistema de saqueo y sometimiento.

2. Desconocer las causas principales de perpetuación del avance en la desigualdad social y de la pobreza e indigencia

El crecimiento económico desde mediados del año 2002 hasta hoy se tradujo
en mayor concentración y desnacionalización del poder de producción, comercio, finanzas e infraestructura socioeconómica que significa transferencia de riquezas generadas por el trabajo en Argentina hacia el exterior.
En el año 2007, las empresas extranjeras tuvieron ganancias por 6.112 millones de dólares.
De ese total, remitieron 4.556 y reinvirtieron en el país sólo 1.556 millones de dólares.
¿Por qué los K se consagran a atraer inversores extranjeros en lugar de recuperar
las rentas petrolera, minera, agraria, financiera, pesquera…?

Durante su gestión siguió la profundización del dominio casi absoluto de oligopolios de transnacionales y socios locales que se instauró mediante terrorismo de estado.
Es otra versión del neoliberalismo
ya que el crecimiento económico –en esencia- se da como acumulación capitalista gracias a
un régimen muy regresivo de relaciones laborales. Es decir, la sobreexplotación de
los trabajadores posibilita las extraordinarias ganancias que, a la vez, se incrementan por abuso de posición monopólica. Por lo último, se quedan con buena parte del lucro de pequeños y medianos propietarios, les imponen qué y cómo hacer, los funden, etc. y todo porque el gobierno no usa las herramientas del Estado para regularlos y sobre todo, porque: desinforma, violenta e intimida a quienes luchan por políticas públicas a favor de los de abajo, estigmatiza la politización de los conflictos, etc.

Encima, el Estado los favorece interviniendo para legalizar el avasallamiento a los trabajadores, reprimir a estos si resisten y subsidiarlos millonariamente aun cuando anteponen la globalización a las necesidades populares y a los intereses nacionales.
Sucede que en el capitalismo:

“Se está…ante una nueva modalidad de articulación de la periferia con el centro,
basada sobre una división jerárquica del trabajo en el seno de la industria articulada
por el capital transnacional y sustentada sobre la superioridad tecnológica del centro
y los bajos costos salariales de la periferia”.

Enrique Arceo continúa:
“Ello da lugar, en la periferia, a un crecimiento extremadamente polarizado.
En efecto, los países que no logran preservar o desarrollar actividades industriales competitivas con las radicadas en el centro, se ven obligados a alinear sus costos salariales con los de los países donde se los ha reducido más y son sometidos a un creciente intercambio desigual”.

Fuente: “Economía mundial y desarrollo rural”
compilado por Raúl Bernal-Meza y Suranjit Saha.
Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 2005.

La presidenta Cristina Fernández, su marido y quienes atacan a todos los sectores agrarios
en conflicto, englobándolos como derecha, les recriminan la condición casi esclava de los trabajadores rurales. Sin embargo, durante los cinco años, el gobierno K no hizo nada por anular y reemplazar le ley de la dictadura genocida que rige las relaciones del patrón con los peones.

Tampoco mejoró la precarización laboral de la gran mayoría de quienes trabajan
en el propio Estado, al contrario, la reforzó y amplió con la incorporación de beneficiarios de los planes sociales que, desde octubre de 2002, se mantienen en 150 pesos cuando la canasta más básica está alrededor de 1400 pesos.

Los Planes Jefas y Jefes de hogar dan mano de obra a bajo o ningún costo a áreas del sector público y al sector privado. Por tanto, derivan en desplazamiento y reemplazo de otros trabajadores y/o la caída de sus salarios. Ahora, el núcleo duro de la desocupación y el desaliento no es atendido dejando amplios sectores desamparados y la selección para recibir plan social se hace mirando a poder incorporar los perceptores a los aparatos clientelares.

El gobierno K ha continuado lo que la población en general sabe pero prefiere callar y
aceptar como legítimo al triunfo electoral. Ha consolidado la pobreza e indigencia estructural que es imprescindible para el funcionamiento de una democracia de fachada que encubre la dictadura del poder económico e imperialista.

“Desde que en Argentina se recuperó el espacio democrático, en 1983,
se han ido acentuando las prácticas clientelistas.

Antes
-que los cambios drásticos en la distribución de la renta,
-que la restauración de la soberanía sobre los recursos estructurales
de la economía,
-que modificar la tendencia neoliberal al crecimiento con altísima desigualdad,

se ha ido imponiendo como ‘desideratum’ político la mera permanencia en el poder
por medio del reparto sistemático de bienes en las instancias electorales.

Bienes
obviamente adquiridos con los recursos del Estado, esto es con el dinero de
los contribuyentes, por medio de una trama compleja y eficiente de caudillos y ‘punteros’.

Allí donde hay pobreza y desempleo intensos, marginación y analfabetismo, como en todas las provincias, la técnica clientelista permite, con alguna rara excepción, ganar holgadamente las elecciones”.

Incluso el gobierno K ha reforzado el esclavismo perverso implícito en
el clientelismo
a través del ministerio conducido por su hermana Alicia Kirchner y
a través de un plan político que frenó los avances e iniciativas de las organizaciones de piqueteros en interpelar a la dignidad de los trabajadores desocupados y derrotar al poder territorial de contubernios de mafias con gobiernos y estados tanto nacional como provinciales y municipales.

Ha hecho posible una burguesía local que se asocia con transnacionales
en el lavado de dinero y acumula capital gracias a juegos de azar y el trabajo esclavo en el boom de la construcción e indumentaria por expansión de la trata de personas y del narcotráfico.

“La Alameda” denuncia, documenta y lucha contra esos talleres de marcas muy cotizadas. Mientras desenmascaraba a cinco prostíbulos, los talleristas esclavistas arrojaron piedras donde trabaja y realiza diferentes actividades sin que la policía hiciese nada. Ante este hecho, sostiene:

“(…) De la mano de funcionarios públicos y abogados laboralistas que participan en la lucha por la eliminación de los talleres del sudor, la trata y la esclavitud moderna, la Asamblea Popular de Parque Avellaneda, “La Alameda” (originada en la crisis de 2001), ha encarado una amplia campaña de denuncia y ha llevado a 85 marcas a la Justicia.

Mediante esta declaración solicitamos el apoyo de académicos, movimientos sociales y ciudadan@s a nuestra causa, que es a su vez una causa internacional por la defensa de l@s trabajador@as más débiles, l@s sin voz.

Para apoyar esta causa por favor simplemente dale difusión a esta declaración y reenviá este mensaje a las siguientes direcciones:

El 70% de los nuevos empleos durante el alto crecimiento económico es en condiciones precarias y se crean pocos por sobreocupación de los ya empleados. Asimismo los sectores privilegiados tercerizan para intensificar la flexibilidad laboral y el aprovechamiento del cuentapropismo. A su vez, el boom de la construcción tiene como regla el trabajo en negro (o sea sin derecho alguno) y los súper e hipermercados funcionan sometiendo a los jóvenes a condiciones negreras y estresantes. La juventud que trabaja como pasantes y en los call-center, de los casinos,…
es maltratada y perjudicada en su salud tanto física como psíquicamente.

Tanto los trabajadores en negro como los informales son arrojados a la miseria porque ni alcanzan
a cubrir la más elemental canasta alimentaria. Tamaña realidad incluye a los trabajadores del estado en las provincias periféricas. En éstas, casi la mitad del empleo asalariado es provisto por el Estado convertido en satrapía que atrapa en sus aceitados mecanismos electorales y somete a sus arbitrariedades y las del poder económico a la mayoría de esa población que, por ende, es despojada de derechos civiles, políticos, sociales.

El gobierno K ha consolidado esta organización estatal, no sólo por afirmarse en el Partido Justicialista y la CGT, sino también por aplicar la descentralización del Banco Mundial
y la ley de responsabilidad fiscal de las provincias en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establece el privilegio del pago a los fraudulentos acreedores externos sobre las respuestas a las necesidades populares.

Néstor Kirchner ha legitimado la estafa que es la deuda pública y la obligación de pago creciente

dejando sin presupuesto al sector público y manteniendo bajos a los salarios de los trabajadores del estado.

Alrededor del 80% de los jubilados y pensionados han sido reducido a vivir en la pobreza para transferir los ahorros de sus vidas laborales y los aportes forzosos de los trabajadores a los grandes capitales locales e imperialistas. Pero tal política del gobierno K se corresponde con haber conservado la ley de Entidades Financieras
de José Alfredo Martínez de Hoz que subordina el país a la globalización financiera y condicionó de modo sustancial la subordinación e inviabilidad de las economías regionales y de los pequeños, medianos propietarios.

Tampoco hizo nada por cambiar que el superávit fiscal sea a costa del alto IVA que restringe el consumo básico de los de abajo tanto como la elevada inflación impuesta por los formadores de precios o el llamado libre ‘Mercado’ que encubre la verdad de oligopolios e incluso carteles valorando productos en acuerdo a incrementar sus beneficios.

En suma, sigue el orden socioeconómico y político-cultural contra los de abajo y el país
que se impuso mediante terrorismo de estado durante una década si incluimos la planificada masacre del 20 de junio de 1973, sin contar a la serie de golpes de estado anteriores.

¿Es contradictoria la jefa de Estado? Al solicitar que la "ayuden a convencer a los que todavía dudan de que éste no sea el camino. Yo les pido que me ayuden a ablandar el corazón de muchos que tienen todo y no entienden que es necesario mejorar la distribución de la riqueza".

Es de un cinismo flagrante ante la declaración de 250.000 pesos mensuales por alquileres. Pero es de derecha y una prueba es que distorsiona la visión del problema no sólo para no resolverlo
sino, sobre todo, para desviar a los de debajo de ir descubriendo el rumbo hacia constituir su protagonismo de deliberación sobre problemas en común, de autoorganizarse y luchar por la soberanía popular.

Planteo

Aprecio un objetivo central del Movimiento Nacional Campesino Indígena

que es

la soberanía alimentaria, un concepto político -introducido en 1996 por
Vía Campesina en Roma-
con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Vía Campesina lo propone como:

· el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y
alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria;

· la protección del mercado doméstico contra los productos excedentes
que se venden más baratos en el mercado internacional, y
contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción)
resaltando
la relación que tiene la importación de alimentos baratos con
el debilitamiento de producción y población agraria locales;

· una ruptura con la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la OMC;

· la diferencia respecto a la seguridad alimentaria definida por la FAO
que persigue la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria
confiere también importancia al modo de producción de los alimentos y su origen.

Ahora,

“titulares periodísticos en todo el mundo proclaman la actual crisis global de alimentos.
Los precios de los granos básicos se van al cielo e imposibilitan a millones de personas
la compra de comida suficiente para sostenerse;
en varias partes del mundo
estallan disturbios por alimentos y los gobiernos luchan por encontrar salidas rápidas.
Entre tanto, conforme el hambre y el miedo al hambre se extienden,
agro-empresas trasnacionales, especuladores e inversionistas cosechan pingues ganancias”.

Annette Aurélie Desmarais y Jim Handy *continúan respondiendo:

¿Cuáles son las soluciones a esta crisis?

Los partidarios de la globalización neoliberal quieren hacernos creer que
la crisis súbita es resultado de "escasez de productos" y "fallas del mercado".
Nos aseguran que la mejor forma de salir adelante es
-evitar que los gobiernos nacionales intervengan en el mercado,
-elevar la producción mediante la adopción de semillas modificadas genéticamente, y
-liberalizar aún más la agricultura y los alimentos.

¡Tal parece que no hemos liberalizado lo suficiente!

En cambio, los campesinos, granjeros y comunidades indígenas del mundo organizados en La Vía Campesina sostienen que la crisis es resultado de décadas de políticas destructivas,
de globalización de un modelo agrícola neoliberal industrial y de capital intensivo,
y que "ha llegado la hora de la soberanía alimentaria".

Durante más de 30 años,
trazadores de políticas, gobiernos nacionales e instituciones como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio
impulsaron la reestructuración fundamental de las economías nacionales, entonando el mantra
de liberación, privatización y desregulación.

En la agricultura,
esto condujo a un dramático desplazamiento, de producir para el consumo doméstico a producir para la exportación. En el proceso, campos que normalmente se cultivaban con alimentos para la población nacional fueron remplazados por hectáreas de brócolis, chícharos en vaina, mangos, camarones y flores para los mercados del norte.
En consecuencia, muchos países en desarrollo que eran autosuficientes en granos básicos
son ahora importadores de alimentos.

La reestructuración de la agricultura también facilitó su corporativización.
Mientras los pequeños agricultores han sido expulsados sistemáticamente de la tierra en el norte y el sur, los consorcios incrementaron su control sobre la cadena alimentaria.
Al hacerlo, las agro-empresas se han asegurado de quedar en mejor posición
para extraer ganancias en cada eslabón de la cadena.

Es este modelo agrícola neoliberal, industrial e impulsado por consorcios
el que ha sido globalizado en los 30 años pasados.
Es un modelo que

trata a los alimentos como cualquier mercancía,
presenta la agricultura exclusivamente como un proyecto para obtener ganancias,
concentra los recursos productivos en manos de la agroindustria y
coloca los alimentos en mercados de futuros.

Allí, especuladores hambrientos de ganancias, inversionistas y fondos de riesgo se embolsan
millones de dólares mediante frenéticas ofertas y apuestas sobre cambios de precios y predicciones de escasez.

La agricultura se ha alejado de su función primaria: alimentar a seres humanos.
Hoy, menos de la mitad de los granos del mundo son consumidos por humanos.
Se usan -en cambio- para alimentar animales y, en fechas más recientes, se convierten en agro-combustibles para alimentar vehículos. Esto es escasez manufacturada por excelencia.

Los programas de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, combinados con los acuerdos comerciales de la OMC, provocaron que
las políticas agrícolas y alimentarias estén hoy controladas sólo por un mercado internacional sin rostro.

Las políticas nacionales -controles de precios, aranceles, organizaciones de productores- diseñadas para garantizar la viabilidad de los pequeños agricultores y un abasto adecuado de alimentos culturalmente apropiados, mediante el apoyo a la agricultura doméstica,
han sido remplazadas por las voraces demandas del "mercado".

Los mercados nada saben de moralidad, justicia o del derecho básico de las personas a
una alimentación adecuada y nutritiva. Los mercados sólo determinan que se vendan los bienes al mejor postor; hoy las personas son superadas por las demandas de los agro-combustibles, por los especuladores, y por el ganado. Si nos guiáramos sólo por el precio, parecería que la agricultura nada tiene que ver con producir alimentos para las personas.

La Vía Campesina, movimiento internacional de agricultores que representa a 149 organizaciones de 56 países, sostiene que la crisis mundial de alimentos demuestra la necesidad desesperada de construir

un modelo agrícola esencialmente nuevo, basado en la soberanía alimentaria.
La «soberanía alimentaria»
se enfoca en producir alimentos para las personas,
cierra la brecha entre productores y consumidores de alimentos,
pone a quienes producen y consumen alimentos en
el centro de
la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y alimentarias, y
construye sobre el conocimiento de los proveedores de alimentos.

La Vía Campesina sostiene que la crisis sólo puede resolverse si
los gobiernos
apoyan la producción campesina y en pequeña escala, reconstruyen sus economías alimentarias nacionales, regulan los mercados internacionales, y si la comunidad internacional
respeta, protege y satisface los derechos humanos... en especial el derecho a comer.

No morir de hambre es, después de todo, estricta justicia”.

Traducción: Jorge Anaya

* Annette Aurélie Desmarais es profesora asociada de estudios judiciales en la Universidad de Regina, Canadá,
y autora del libro La Vía Campesina. Jim Handy es profesor de historia en la Universidad de Saskatchewan, Canadá.

Nota publicada en La Jornada, 8 de mayo de 2008

Fuente: viacampesina.org

¿Cómo organizar la reforma agraria integral
hacia
la puesta en práctica de

la soberanía alimentaria?

Ideología

La reforma del agro y del país requiere, de modo previo, un cambio radical en el análisis
sobre qué y cómo hacer
según quienes se identifican de izquierda al punto de conformar un partido con la misión de programar la puesta en práctica de transformaciones estructurales a partir del vínculo unitario con los sujetos de esos cambios.

Ejemplifico con el razonamiento del economista Fabián Amico
del Partido Comunista de Argentina,
señala:

“Además del efecto devastador que el monocultivo sojero tiene sobre el suelo y el medioambiente,
el auge de la producción de soja es también un factor central a la hora de explicar el estancamiento
o reducción de las producciones de otros bienes alimentarios (lácteos, carnes, frutas).Esta sustitución de producciones tiende a incrementar el precio de los alimentos.

Con este u otro gobierno, la diferencia de rentabilidades entre producciones agropecuarias
(en particular a favor de la soja) debe, por tanto, ser contrapesada de algún modo si se quiere
realmente favorecer la diversificación productiva a fin de brindar alimentos a la población a precios razonables.

Eso supone ir a contramano de lo que dictan los mercados internacionales
y por ende, rechazar de plano la quimera (porque es sólo eso, una mera ilusión)
de que el bienestar de los argentinos depende de los precios internacionales
de las commodities agropecuarias y en suma, del «campo argentino» ”.

Sostener que el decreto de retenciones móviles soluciona e independiza suena a
varita mágica y además, desconoce el pasado de Kirchner como gobernador y presidente
o el de Cristina como senadora y el presente como presidenta
que prueban sus identificaciones plenas con la globalización y la recolonización de Argentina.
Han formado parte protagónica de la reforma del Estado según dictados del FMI-BM y que significó:
-la entrega de las empresas fundamentales para garantizar
el desarrollo del bienestar social,
-la provincialización-municipalización para favorecer el avance privatizador de educación, salud, seguridad social… y favorecer la entrega de los recursos naturales y
-la centralización de la recaudación fiscal para derivarla al pago de los servicios de
la ‘deuda pública’.

Fabián Amico explica razones para apoyar la actual demonización (antes fueron
los piqueteros, los docentes, los trabajadores del Garrahan….):

“En buena parte de su historia,
los recurrentes ciclos argentinos han sido consecuencia, justamente, de la conjugación de una elevada productividad “natural” del sector primario (fuente principal de generación de divisas) y la falta de una adecuada acción reguladora del Estado que pueda bloquear la presión revaluatoria, o sea, la “la enfermedad holandesa”.

Es en esta dinámica estructural donde pueden hallarse las razones de ciertas paradojas trágicas del
desarrollo nacional: cuanto más robusto es el sector agropecuario, cuanto más explota sus recursos naturales, cuanto más granos y soja exporta,…termina habiendo más pobreza y exclusión social y mayores porcentajes de población que devienen “sobrantes”. El ejemplo más dramático es la crisis del 2001. (…)

Es el pasado aquél de Argentina “granero del mundo”, potencia mundial que perdió la brújula en el camino y que habría sido reemplazada por el populismo, la industrialización ineficiente y los sindicatos.

En verdad, ni ayer ni hoy hay modo de alimentar y abastecer a la población con sólo las exportaciones de granos. Ni tampoco de dar empleo, ni de tener esperanza de progreso”.

En su afán de argumentar a favor del decreto de retenciones móviles y adherir a la justificación gubernamental de que de ese modo se va contra el monocultivo de soja, soslaya que:

la Convertibilidad es la que se agota en 2001 pese al blindaje, al mega canje;
el alto superávit fiscal y la acumulación de divisas del Banco Central
son fundamentalmente para los estafadores llamados acreedores y para subsidiar
a los grandes capitales como las petroleras e industriales que no lo necesitan;
el avance notable, durante estos cinco años, de la concentración y extranjerización
del territorio fue por promover el modelo sojero y también, el de los agro combustibles a los cuales se les retiene 2% frente al 45% de la forrajera;
la reestructuración socioeconómica del campo-ciudad o del país entero se concretó y concreta bajo el condicionamiento del pago de la fraudulenta deuda externa
y la hegemonía de la globalización financiera.

Miguel Teubal dice en junio de 2003 respecto a los dos años anteriores y
la seguridad alimentaria:

“Esta crisis se manifestó, entre otros factores, en el carácter crecientemente regresivo

de la distribución del ingreso, el cierre de fábricas y negocios, el aumento descomunal de
la desocupación en todas sus manifestaciones. Tendencias que ya se venían manifestando a lo largo de los años noventa pero que fueron potenciadas de modo atronador durante la crisis actual.

Llegamos como consecuencia,
y tras los acontecimientos de diciembre de 2001, a la caída profunda de la economía en 2002,
año en que la situación de pobreza e inanición se agudizó como nunca. En este contexto
el hambre sería una consecuencia del derrumbe de la economía, y con ello de la incapacidad de gran parte de la población de acceder a una alimentación digna, sea porque cayeron sus salarios e ingresos, porque aumentó estrepitosamente la desocupación y/o porque los precios de los alimentos se incrementó en forma desmesurada. (…)

Sin embargo, la crisis actual es también consecuencia de otros factores.
Constituye una suerte de emergente de factores más profundos.
Por una parte,
puede ser considerada una crisis del modelo neoliberal aplicado
en nuestro país, con incluso mucho mayor severidad que en otras partes del mundo.
Por otra,
forma parte de una crisis de lo que nosotros denominamos
el modelo agroalimentario o agroindustrial que se implantó
al amparo
de los procesos de globalización y que, como tal, forma
parte del modelo neoliberal en su conjunto.

Se trata de
un modelo impulsado y dominado por grandes empresas transnacionales
y las tecnologías controladas por ellas: supermercados en la distribución final
de los alimentos, la gran industria alimentaria, la industria de semillas y de agroquímicos
y el capital financiero concentrado”.

Fuente: revista Realidad Económica nº 196,
mayo/ junio 2003, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)

Entonces, la alianza con las grandes burguesías globales abarca a todos los factores locales de poder y reestructura a todo el país en función de lo que le conviene a las primeras.

Tampoco concuerdo con la siguiente visión -tal vez por ser bióloga-
del economista Fabián Amico:

“En todo el mundo, el agro es cada día más una simple rama de la industria.
Cada día más la riqueza depende menos de la dotación que provee la naturaleza y más del trabajo, el aprendizaje y la inteligencia del hombre.

La mistificación sobre el “granero del mundo” persiste (…) puede apreciarse hoy en los diagnósticos y pronunciamientos políticos de la totalidad de la dirigencia agropecuaria
y de algunos economistas. Resulta incomprensible para estos sectores que la expansión argentina entre 1870 y 1930 se basó en ventajas comparativas del agro pampeano
derivadas de la fertilidad natural de la llanura pampeana, lo que permitió ofrecer carne y cereales a costos mucho menores que los internacionales.

Pero dichas actividades eran más de carácter extractivo que resultado del ingenio y el esfuerzo humano; de hecho, el ganado se reproducía casi espontáneamente, mientras que el elevado rendimiento agrario era consecuencia directa de la roturación de suelos vírgenes, ricos en nutrientes naturales y bien regados por las lluvias”.

Concluye:

“las formas asumidas por las actividades productivas
permitieron que se confundiera la causa de
esa riqueza
hasta hacerla aparecer como un resultado de
la “actividad humana”, antes que como fruto
de una naturaleza pródiga. (…)

Por supuesto,
las explotaciones agropecuarias ya no son lo que eran.
Se han modernizado y aumentado su productividad,
crecientemente influidas por la propia actividad industrial
y científico-tecnológica.
Pero es necesario hacer memoria para no caer, una vez más,
en vanas ilusiones que conduzcan sin etapas al viejo virus holandés”.
Fuente: semanario Nuestra Propuesta Nº 872 del Partido Comunista de la Argentina
22-5-08

La agricultura y la ganadería son actividades humanas que se ven favorecidas o no
por la eco-región donde se desarrollan, verlas fruto de la naturaleza es adecuado
para establecer como bien común a la renta agraria.
Sin embargo, esa visión menosprecia las culturas campesinas e indígenas y plantea
dudas acerca de cómo se entabla solidaridad con Bolivia y el gobierno de Evo Morales.

Es cierto que el bienestar en el primer mundo cada vez depende menos de la dotación que provee la naturaleza pero por ocupar países y continentes para saquearlos.
Tampoco la industrialización de las actividades agropecuarias beneficia a los pueblos en muchos aspectos, destaco el perjuicio a la salud de conjunto e individual.

Si de verdad se lucha por el socialismo, es prioritario enfocar las actividades agropecuarias
e industriales de un modo radicalmente distinto al capitalismo en cuanto a dejar de ser parásitos de la naturaleza y esmerarse por multiplicar los mutualismos o sea las relaciones
en bien común y de la co-evolución de la sociedad con la naturaleza.

En consecuencia,
la unidad de voluntad de la diversidad popular
puede constituirse por deliberación sobre
la reestructuración del sistema agroalimentario en su totalidad en base a la organización de la lucha por erradicar

la concentración y la transnacionalización tanto económica como territorial y a la reapropiación de las universidades e instituciones públicas para las ciencias y tecnologías que resulten construcción conjunta
con los pueblos originarios, los campesinos,
los productores medianos, los trabajadores
rurales y urbanos.

Premisas e hipótesis

La reforma del agro y del país se debe organizar en base a la participación en
lo que está creando:

La Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria,

por los Derechos y la Vida

La Conferencia aclara, el 30 de abril de 2008, la manera en que las reivindicaciones sectoriales
resultan en construcciones por el bien común. En efecto:

“ La soberanía alimentaria es un principio, un derecho y un legado de
las mujeres rurales, los campesinos, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y pescadores,
que fue adoptada
por los movimientos sociales para la construcción de un mundo,
de una nueva sociedad, de una nueva forma de comprender

Ø las relaciones políticas,

Ø el desarrollo,

Ø los derechos humanos,

Ø la democracia y

Ø la forma de producir y mantener los alimentos y los sistemas alimentarios.

Esto, en un mundo que se desangra día a día por la vergüenza que significa
81 millones de personas en extrema pobreza y
52 millones de desnutridos en América Latina y El Caribe y 854 millones en el mundo entero”.

Describe cómo se organiza:

“En Brasilia, Brasil, entre los días 10 y 13 de abril de 2008,
el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria CIP
(Coordinación Regional América Latina y El Caribe) facilitó la realización de
la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida
que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.

Provenientes de 20 países, nos reunimos representantes, hombres y mujeres, campesinos, agricultores familiares, trabajadores rurales, pescadores, jóvenes, Pueblos Indígenas, redes y ONG´s, involucrados en la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, para analizar el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo industrial de agricultura y pesca y sus efectos sociales y climáticos, y
las alternativas basadas en la soberanía alimentaria.

La Conferencia Especial también tuvo como objetivo dar seguimiento
a la Cumbre Mundial de la Alimentación: 10 años después;
al Foro Mundial de Soberanía Alimentaria de Nyéléni;
a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); y
elaborar
recomendaciones para la 30ª Conferencia Regional de FAO;
así como construir un plan de acción de la sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas”.

Explicita: “Sostenemos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, la que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto.

Afirmamos que el hambre y la pobreza, no son producto de la casualidad,
sino de un modelo que viola el derecho a la vida digna de las personas y
de los pueblos, acrecentando la subordinación de la mujer, explotando su trabajo e invisibilizando su aporte social, económico y cultural”.

Nos esclarece sobre el porqué el gobierno K –que de facto desquicia al INDEC- proyecta
la bronca popular contra ‹la inflación en los alimentos› hacia el campo y lo trata de prolongar en el tiempo. Destaca:

“A pesar de la evidencia -en todo el mundo- de los nefastos efectos del
modelo neoliberal,
el sistema internacional, los gobiernos y las transnacionales insisten en someter al planeta a
un desarrollo que agota las posibilidades mismas de la vida, convirtiendo a las personas en meros agentes productivos, sin rostro y sin historia.

La liberalización económica, como único camino para el desarrollo, es
directamente proporcional al crecimiento de la pobreza y el hambre en la región; el no ejercicio de la soberanía alimentaria compromete gravemente la soberanía de los propios estados.

La crisis del modelo dominante de producción y distribución de alimentos
se refleja hoy, en la especulación a gran escala de los mismos y
en el alza injustificada de los precios.

La violencia con que son reprimidos los pueblos, como los hechos suscitados recientemente en Haití y en otras partes del mundo, constituye un síntoma evidente de un problema estructural, que si no es encarado de manera inmediata por los gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede transformarse en una situación explosiva.
Advertimos que esto no puede convertirse en excusa para el uso de transgénicos,
plaguicidas y de tecnologías que reproducen este modo de producción”.

Plantea cómo dependemos de la naturaleza y cómo el imperialismo la arrasa poniendo
en peligro máximo a la humanidad. Señala:
“Mientras que las consecuencias del cambio climático confirman las responsabilidades de las transnacionales y los países del Norte se benefician de las soluciones de mercado, establecidas en el marco de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático:

el planeta, la tierra, los océanos y los ecosistemas que mantienen la vida,
están en riesgo como nunca antes en la historia de la humanidad.

El calentamiento global y el cambio climático, que afectan con especial violencia a los Campesinos, Pueblos indígenas y Pescadores, son el resultado del mismo modelo desarrollista”.

Nos interpela ubicándonos en cuál es la verdadera disyuntiva. Expresa:
“Dada la gravedad del problema, la FAO ha convocado a una “Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía” que se realizará en junio de 2008, en Roma. Es indispensable y urgente la participación de las organizaciones y los movimientos sociales en esta Conferencia.

En el momento actual, la disyuntiva es,
o promover un modelo basado en los agronegocios, los agrocombustibles y
en la pesca de gran escala, orientados todos a la exportación y para lucro de unos cuantos,
o bien
impulsar una agricultura campesina, familiar e indígena y la pesca artesanal,
con la diversidad de sistemas productivos basados en relaciones de género justas y
en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas ancestrales,
acumuladas por generaciones que garantizan la producción de alimentos y
el bienestar sostenible de las personas y de la biodiversidad”.

Es decir, las ciencias y tecnologías al servicio de cada uno y todos los pueblos planetarios
sólo son posibles por interacción transdisciplinaria, prospectiva referida a la coevolución de la sociedad con la naturaleza e incorporación protagónica de los de abajo diferenciados en sus diversidades culturales pero unidos en voluntad colectiva de decidir, planificar, construir creativamente y controlar las transformaciones radicales.

Implica que lo central es humanizar y para ello es preciso potenciar tanto las combinaciones plurales como las singularidades de los sujetos de esos cambios estructurales partiendo de reconocer sus capacidades, conocimientos, cosmovisiones y deseos.

Es en este camino que: “Ante la ideología neoliberal y su modo de explotación del planeta,
las mujeres y los hombres representantes de La Conferencia Especial para
la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida, manifiestan que:

Los sistemas tradicionales de producción de alimentos,
constituyen un derecho humano y son patrimonio de nuestros pueblos campesinos, indígenas y pescadores y están al servicio de la humanidad.

La concentración de la tierra, bosques y agua de los pueblos en manos de
las transnacionales, conduce a una guerra por los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las naciones.

La mercantilización de la tierra impulsada por el Banco Mundial, que ha dado como resultado una vez más la concentración, la extranjerización de la tierra y pérdida de territorios, constituye una de las mayores causas de expulsión de campesinos y Pueblos Indígenas de sus tierras y comunidades.

Los pescadores son expulsados de la zona costera y sus derechos limitados sobre las zonas marítimas.

La tierra y los océanos, además de ser medios de reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son mercancías, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible”.

Podemos hallar lineamientos programáticos en lo que

La Conferencia Especial declara:

“Que la recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y política para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten la producción de la agricultura campesina, familiar e indígena, además de la pesca artesanal, como garantía para acceder a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, y como un aporte económico fundamental en el sostenimiento de las sociedades actuales.

Es necesario valorar y promover a la agro-ecología como único modo de producir alimentos de alta calidad, respetando los ecosistemas y reconociendo los conocimientos de los campesinos, indígenas y agricultores familiares,

Que es inadmisible que la implementación del marco jurídico que garantiza el derecho humano a una alimentación adecuada, sea impuesto sin la participación efectiva de
los ciudadanos. Instamos a la FAO que desarrolle consultas reales que establezcan consensos entre los gobiernos y la sociedad civil para la construcción de leyes de
soberanía alimentaria.

Que es imperativo que los gobiernos de la región den cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Llamamos a la FAO a promover
su implementación en los diferentes países de la región.

Rendimos tributo a la hoja de coca que ha sido utilizada por milenios por
los Pueblos Indígenas de los Andes y que forma parte de su patrimonio cultural.
Rechazamos que
la hoja de coca sea declarada un cultivo ilegal y que se criminalice por este motivo
a las comunidades de campesinos e indígenas en lugar de perseguir a los verdaderos responsables del tráfico de narcóticos, los que se esconden detrás
del sistema financiero internacional,
involucrando incluso altas esferas políticas y militares.

Los representantes expresan su más enérgico rechazo a
la generación, desarrollo y uso de agro combustibles y
toda la generación de energía a través de
la biomasa,
tal como viene siendo promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda,
las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional.

El desarrollo y uso de agrocombustibles no cambia, sino que perpetúa el modelo de producción y consumo de la civilización moderna, urbana e industrial.
Resulta imperativo que se apruebe la moratoria sobre agrocombustibles.
Del mismo modo,
el desarrollo e imposición de organismos genéticamente modificados, que acompañados de
un paquete tecnológico basado en plaguicidas han ido reemplazando sistemáticamente a
los cultivos tradicionales, volviendo cada vez más precaria y dependiente la vida de
los pueblos.

Cabe también responsabilidades a los medios masivos de comunicación y multimedia que manipulan, falsean, ocultan o tergiversan la información promoviendo este tipo de desarrollo.

Es urgente que los gobiernos garanticen que la FAO recupere su mandato original.
La FAO,
no debe ser reducida a un órgano técnico intergubernamental, sino que puede y debe ser un agente activo en la lucha contra el hambre y la pobreza e impulse el mantenimiento y la recuperación de los modos tradicionales de producción de alimentos, comprometiéndose de manera prioritaria con la realización del derecho a la alimentación, en el marco de
la soberanía alimentaria y creando un entorno propicio para un diálogo eficaz de alto nivel entre los gobiernos y los movimientos y organizaciones sociales.

La FAO y los gobiernos deben dar seguimiento a los compromisos adoptados en
la Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, CIRADR.
Su continuidad no puede limitarse a estudios y consultas de orden técnico.
La Reforma Agraria, comprendida en la Declaración final de la CIRADR,
significa
que el acceso a la tierra pasa por una reforma agraria integral, que la distribuya
desde la perspectiva del territorio, garantizando no sólo el acceso a ella
sino a todos los instrumentos y mecanismos que garanticen condiciones de igualdad y permitan una vida rural digna y justa. Ello requiere de acciones concretas, del apoyo para la generación de políticas publicas, visión de estado y compromiso de los organismos internacionales.

De este modo, resulta imperativo crear un mecanismo de alto nivel para
un diálogo político
permanente con los movimientos y organizaciones sociales rurales en el seno de
la Conferencia Regional y de los Comités de Seguridad Alimentaria y Agricultura,
a fin de definir orientaciones para políticas públicas y acciones que deben ser implementadas en este marco.

Con respecto a los dos Programas de Cooperación Técnica para el seguimiento a
la CIRADR, proponemos que la FAO convoque al CIP y a los representantes de movimientos campesinos, de agricultores familiares, mujeres rurales, indígenas, trabajadores rurales, pescadores y jóvenes, a una mesa de trabajo para concretar el diseño y la implementación de
los TCP y para analizar propuestas como la de las Directrices por el Derecho a la Tierra o
la creación de un centro de reforma agraria.

Los gobiernos deben asegurar que en el proceso de reforma de la FAO se mantenga
una arquitectura de género permanente, con presupuesto suficiente y
con los debidos mecanismos participativos, de consulta y toma de decisiones.

Los y las representantes hacen público su reconocimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario -MDA-
y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, por su apoyo para
la realización de esta Conferencia Especial y sin cuyo concurso no hubiera sido posible, perdiéndose un mecanismo político imprescindible para el diálogo entre
los gobiernos y
los movimientos y organizaciones sociales, cuestión que hubiera sido extremadamente grave considerando que en la 30ª Conferencia Regional de FAO, se están discutiendo precisamente materias relacionadas con el desarrollo regional y el seguimiento de
la CIRADR”.

Finalmente,

la Conferencia Especial demanda a los gobiernos representados en
la 30ª Conferencia Regional de la FAO:

1.- Detener la criminalización de los movimientos sociales y terminar con la militarización de
los territorios de los pueblos y comunidades. Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y mujeres del mundo, que por sus luchas se encuentran perseguidos y encarcelados.

2.- Acabar con la producción de agrocombustibles. Hacemos nuestro el llamado urgente del Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, para que los gobiernos declaren una moratoria internacional sobre todos los incentivos para la producción y el comercio de los agrocombustibles. Urgimos a la FAO, en su condición de garante de la alimentación en el mundo, a que en su 30ª Conferencia Regional haga suya
esta moratoria.

3.- La concreción de una Reforma Agraria integral, radical, con la debida consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos y las comunidades.

4.- La inmediata ratificación por los gobiernos del Convenio 184 de la OIT referente a la salud y seguridad de los trabajadores rurales por los derechos y por la vida y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990.

5.- Instamos a que los gobiernos de la región y la FAO en particular, adopten medidas urgentes en orden a restablecer los sistemas alimentarios nacionales de Haití, que permitan al pueblo recuperar su autonomía. Menos armas, menos tropas y más alimentos.

POR LOS DERECHOS Y POR LA VIDA.
POR UN PRESENTE Y UN FUTURO SIN HAMBRE,
ES TIEMPO DE
SOBERANIA ALIMENTARIA”.

Fuente: sitio accióntierra.org de

la Red de Investigación Acción Sobre la Tierra (LRAN) que es una red de investigadores y movimientos sociales
comprometidos en la promoción y el adelantamiento de los derechos fundamentales de individuos y comunidades y en el acceso equitativo a los recursos necesarios para la vida con la dignidad humana...

La reforma del agro y del país adquirirá perspectivas de desarrollo
en la medida que atienda al problema planteado
en Argentina y el mundo cuya solución está en la soberanía alimentaria si la convertimos en plataforma aglutinadora de nuestras luchas por la vida (contra el ‘Mercado’) y en propuestas para democratizar nuestra sociedad y nuestras profesiones.
Lo último implica hacer posible que nuestro trabajo sea colectivo, multisectorial e interdisciplinario y nuestras relaciones se entablen mediante incesante comunicación mirando a optimizar la convivencia.

Concibo la reforma agraria como el manejo integral del territorio – que es heterogéneo- por parte de los pueblos de una Argentina interrelacionada ecológica, cultural, económica y políticamente tanto con el continente como con el mundo.

Gracias a la Conferencia Especial, los de abajo ganamos en discusión e investigación sobre teoría-práctica de la soberanía alimentaria y en lucha por un orden internacional que sea en beneficio de todos los pueblos planetarios. Pero el desafío de soberanía alimentaria nos exige hacernos cargo que hay un apoderamiento territorial de las transnacionales para extraer no sólo los monocultivos sino los nutrientes, el agua, los animales marinos, los minerales e hidrocarburos hasta agotarlos por completo.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo una enorme expansión del modelo sojero que implicó notable concentración y desnacionalización territorial pero, además, destrucciones graves como la extensa deforestación exterminadora de pueblos originarios y como la infraestructura de exportación en gran escala.

En la actualidad, además de ratificar la cesión de la cordillera a las corporaciones globales de la mega minería, el Gobierno K -como representante de las petroleras, las automotrices, las agroindustrias e hipermercados y los grandes bancos- está en pelea por garantizar a Estados Unidos y la Unión Europea la posesión de todo el territorio despoblado de Argentina para los agro combustibles y la especulación financiera con alimentos.

Cuenta con superpoderes para distribuir fondos públicos discrecionalmente a fin de sumar fuerzas al apoyo incondicional y sobre todo, con el predominio de esquematismos conceptuales de elites políticas e intelectuales. Sin embargo, lo principal a resolver es la pasividad mayoritaria por:

La pasividad mayoritaria se da aun cuando “la crisis alimentaria en curso es uno de los mayores desafíos que enfrentan los pobres del mundo, ya que pone a prueba tanto sus movimientos sociales y políticos como sus formas de supervivencia”.

Raúl Zibechi (La Jornada), en su nota “Seguridad alimentaria: abajo y a la izquierda”, continúa:

“Como se ha escrito en las últimas semanas, la feroz especulación con las commodities es muestra palpable de la decadencia del capitalismo, que ya sólo puede sobrevivir con base en
«la acumulación por desposesión».

Si el neoliberalismo es la guerra para apropiarse de los recursos naturales o bienes comunes,
la actual especulación con alimentos puede comprenderse como una guerra contra la vida
(de los pobres), una guerra biopolítica por el dominio de los cuerpos.

Aunque los análisis más serios con que contamos aciertan en las causas del alza de precios de los alimentos, no atinan sin embargo a la hora de proponer soluciones. Éstas no vendrán de arriba.
Un reciente artículo de Aníbal Quijano (“Descolonialidad del poder: el horizonte alternativo”) señala que “el capitalismo colonial/moderno ya no produce ni producirá más empleo, salvo ‘precarizado’ y ‘flexibilizado’, ni más servicios públicos, ni más libertades civiles”.

Las alternativas no vendrán,
por lo tanto, ni de los estados ni de las instituciones y organismos internacionales,
cuyas acciones, a menudo espectaculares y mediáticas, apenas ponen parches a
situaciones puntuales pero nunca abordan soluciones de fondo.

Para eso sería necesario, en primer lugar, dejar de considerar a los alimentos como commodities,
o sea como valores de cambio al servicio de la acumulación de capital. Pero no existen instituciones capaces de hacerlo, ya que se topan necesariamente con las multinacionales y los gobiernos que las apoyan, entre ellas, claro, los llamados “progresistas” del cono sur de Sudamérica.

La seguridad alimentaria que reclaman los pueblos, aparece en algunas prácticas de los de abajo,
como
los Sin Tierra de Brasil y el neozapatismo de Chiapas, en línea con la experiencia de millones de campesinos e indígenas que siguen cultivando sus parcelas, diversas y heterogéneas.

Para hacerlo resisten el avance de los monocultivos y el militarismo, dos caras de un mismo proceso (…)”.
Fuente: sitio Rebelión/ economía/ 25-5-08

La pasividad mayoritaria se da por convicción en el potencial científico-tecnológico del
llamado primer mundo pese a las defraudaciones crecientes.

Silvia Ribeiro (La Jornada), en su nota “Genes climáticos y comerciantes de hambre”,

“Ante la crisis alimentaria creciente y los desastres provocados por el cambio climático,
las grandes corporaciones de los transgénicos y los agronegocios vuelven a la carga con nuevos bríos, como si no estuvieran entre sus principales causantes. Su propuesta más reciente es enfrentar el cambio climático y el hambre con cultivos "resistentes al clima".

Hace una década,
las mismas empresas prometían que la agricultura industrial de exportación, reforzada por
el uso de semillas transgénicas, iba a acabar con el hambre en el mundo. Sucedió exactamente lo contrario: aumentó.

Luego se montaron en la ola de los agrocombustibles, recibieron millones de dólares en subsidios públicos y cosecharon ganancias récord en cualquiera de los escenarios:

· por los subsidios a los agrocombustibles y la demanda artificial creada en razón de
los porcentajes obligatorios en Estados Unidos y Europa, ganaron más y vendieron más caro;

· por el aumento de los precios del petróleo, también vendieron más caro –no sólo por
las semillas y los granos, sino también porque las mismas empresas son las mayores empresas de venta de agrotóxicos, todos derivados de petróleo.

Ahora vuelven a ganar, vendiendo granos al Programa Mundial de Alimentos, para que lleguen a los que sufren la hambruna que ellos colaboraron activamente para provocar.

Estos comerciantes del hambre de otros, se presentan ahora como salvadores del clima,
y aparentando preocupación porque los agrocombustibles compiten con la producción de alimentos,
proponen una segunda generación de éstos, basada en cultivos y árboles transgénicos, más peligrosos que cualquiera de los transgénicos anteriores y con un potencial de contaminación más riesgoso y mucho más vasto.

Como cereza en el pastel,
aducen que es imprescindible aplicar la tecnología Terminator (que crea semillas suicidas en segunda generación) para controlar la contaminación que crean. Lo único seguro es que así obligarían a todos los agricultores a comprarles semillas nuevas en cada estación.

Como estrategia complementaria, los gigantes genéticos, Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Basf, Dow, Bayer, que controlan la totalidad del mercado mundial de semillas transgénicas
y la mayoría del mercado mundial de semillas comerciales de cualquier tipo, afirman ahora que habrá que usar semillas que resistan los debacles del cambio climático, que según ellos solamente se podrá hacer con modificaciones genéticas.

Un nuevo informe del Grupo ETC "La apropiación de la agenda climática", muestra que
estas transnacionales
no están realmente preocupadas del cambio climático y sus consecuencias, sino en cómo lucran con el desastre. Existen 532 solicitudes de patentes monopólicas aprobadas o en trámite (en Estados Unidos, Europa, Argentina, México, Brasil, China, Sudáfrica, entre otros) relacionadas a caracteres genéticos de plantas que podrían resistir presiones ambientales relacionadas con el clima, como sequía, calor, frío, inundaciones, suelos salinos y otras.

En algunos casos, la cobertura de las patentes solicitadas es tan vasta, que cualquier cultivo que tenga la misma secuencia genética quedaría bajo el control de la empresa.
El barón de las patentes de "genes climáticos" es Monsanto, que en asociación con BASF y con algunas empresas biotecnológicas más pequeñas, controlan las dos terceras partes del germoplasma "resistente al clima".

Un aspecto trágico,
es que las formas de agricultura altamente tecnificadas, como la llamada "agricultura de precisión", en realidad ha empeorado los problemas que decían solucionar. Por ejemplo, el riego controlado para "ahorrar" agua, que sólo llega a la superficie de las raíces de las plantas, ha provocado mayor salinización del suelo, destruyendo o disminuyendo drásticamente las posibilidades de sembrar cualquier cultivo.

Los cultivos "resistentes al clima", prometen aplicar la misma lógica, por lo que además de los nuevos problemas que provocarán por ser transgénicos, afectarían muy negativamente los suelos y la posibilidad de ir hacia soluciones reales.

La crisis climática y alimentaria es crudamente real, pero la respuesta no vendrá con más de lo mismo que la creó. Son los campesinos y agricultores familiares quienes tienen la experiencia, el conocimiento y la diversidad de semillas que se necesitan para afrontar los cambios del clima y
la crisis alimentaria.

Mientras que la industria semillera afirma que desde la década de los sesenta ha creado 70.000 nuevas variedades vegetales (la mayoría flores), se estima que los campesinos del mundo crean por lo menos un millón de nuevas variedades cada año, adaptadas a miles de condiciones diferentes en todo el mundo.

Y lo que menos se necesita en esta situación, son nuevos monopolios para impedir que lo sigan haciendo”.

La reforma del agro y del país requiere de la elucidación mayoritaria
acerca de cuáles son los problemas, las potencialidades y las perspectivas de:

“(…) es increíble que aun luego de una historia agrícola de prácticamente cien años, la Argentina permanezca, después de algunos avances y retrocesos (al decir de las escalas económicas de Rutan), en un periodo de primarización que la mantiene en la recurrencia de crecimientos permanentes pero sin un desarrollo integrador ni integrado.

Es verdad que entrando en este nuevo milenio, nuestra agricultura está teniendo transformaciones transcendentales. El nuevo sistema, permite incrementar – mediante la aplicación intensiva de insumos
y su combinación con nuevas tecnologías de creciente aceptación – los rendimientos físicos de los cultivos de alta respuesta, pero con resultados y consecuencias ambientales, sociales y económicas que recién comenzamos a evaluar”.

“El sistema productivo es presentado por gobierno y empresas corporativas, como una única alternativa económica.

En la campaña 2006/2007,
los guarismos mostrarán, lo que los economistas tradicionales y funcionarios repetirán hasta el hartazgo: el llegar a un nuevo record histórico absoluto de casi 93 millones de toneladas, superando en un 20 % el registro del año anterior y en un 35 % el de la década.

Hemos triplicado ya los niveles de finales de la década de los años setenta, donde arranca el crecimiento expansivo de la agricultura más intensiva. Los aumentos en productividad de los principales cultivos (maíz, soja, girasol y demás) muestran un salto promedio anual del 5 % en las últimas tres décadas, que casi triplica por otro lado, el crecimiento de la economía en su conjunto (1,8 %).

Ahora bien,
el aprovechamiento -en la forma en que se hizo- de estas ventajas comparativas,
no ha garantizado un crecimiento sostenido del sector que derivara
en algún momento en un desarrollo más balanceado.

Hablando específicamente del sector rural y de los agricultores, no necesariamente los resultados de estos “avances pampeanos” llegaron de la misma forma y se plasmaron en logros algo más que efectistas.

Es más, el pequeño y mediano agricultor que no alcanzó la también creciente escala económica necesaria para sostenerse, de productor pasó a arrendar su campo o a ser dirigido en sus acciones por pooles o grupos económicos mayores.

En el modelo actual de crecimiento rural, el destino que espera a estos agricultores, seguramente será el de prestadores de servicios en pueblos y ciudades rurales o nuevos emigrantes.

Por eso, es tan importante diferenciar crecimiento de desarrollo.
El desarrollo rural es otra cosa.

Es fomentar la ocupación en producción y trabajo, diferenciado y con distintos caminos y destinos bajo las múltiples alternativas disponibles
en un país
con eco-regiones tan disímiles, hoy día muchas de ellas uniformizadas y disciplinadas por la tecnología y la inyección de capital foráneo”.

Walter A. Pengue sostiene que todavía mejor es “hablar de un «desarrollo rural sostenible».

La sustentabilidad excede la mera conservación de los recursos naturales y del medio ambiente para convertirse en la expresión de un desarrollo económico y social estable y equitativo.

El pasaje de una agricultura convencional a una sustentable es un proceso lento, complejo, que difícilmente se da en forma natural. Significa disponer
de un conjunto de instrumentos económicos, sociales y de políticas, así como de tecnologías y conocimiento de procesos aplicables que orienten los mecanismos y señales de los mercados en función de esos objetivos.

“El mercado puede ser un eficiente medio de asignación de recursos pero sus invisibles manos, muchas veces, deben tener quién las oriente”.
A la capacidad tecnológica y productiva que tenemos, hemos de sumar de forma obligatoria la educación formal e informal, en todos los ámbitos y sectores. Todo ello necesita de Políticas Públicas.

Si la base de la riqueza argentina está en su campo y en la gente que la produce, favorecer, apoyar y mantener el modo regional y la cultura propia del medio rural
junto con las personas que lo habitan, es una responsabilidad indelegable del Estado, nacional, provincial y municipal y de todos los organismos en sus distintos estadios que también tienen o deberían tener incumbencia directa en este proceso:

· construir con objetivos específicos y claros los conceptos de los alimentos como productos locales, regionales, delicatessen, especialidad, denominación de origen, amenidades, arte y alimentos especiales, que si bien son tan promovidos en el primer mundo, pueden ser aprovechados también aquí, tanto localmente como en el incipiente movimiento agroturístico o la actividad exportadora para quienes mediante la actividad cooperativa logren establecer los principios de cantidad, calidad y continuidad.

Países como Italia, Francia, España, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, muy similares en su base agro productiva a nosotros, lo han implementado y sus resultados saltan a la vista.
Muchos de ellos son subsidiados por entender que la agricultura no es sólo producir un commoditie (materia prima), sino que implica valores y externalidades sociales, que deben ser resguardadas y reconocidas.

Mientras estas economías se protegen, en nuestro caso, se atenta directamente contra un desarrollo rural integrado. No todo el sector rural es lo mismo ni mucho menos. Hoy día la agroindustria sojera o la economía basada en el maíz, tanto como la ganadería están mejorando. La renta que el Estado argentino toma para si como impuestos a la exportación (retenciones) deberían, en lugar de utilizarse como hace ya de más de cuatros años en políticas de emergencia primero y clientelistas después, ser orientados directamente a las economías rurales y regionales y su diversificación en su forma mejor entendida, es decir, “valorando” el aporte de la agricultura familiar y de
los técnicos dedicados al sector en beneficio del desarrollo nacional. (…)

Es indudable que favorecer un sistema productivo diversificado, que mantenga el paisaje rural y productivo e intercale estos elementos con
el trabajo del hombre, permitiría mantener la calidad ambiental y
sus servicios, preservar la biodiversidad, proteger el recurso suelo, administrar sosteniblemente la cuenca y sostener a la familia en el campo.

Para alcanzar un desarrollo rural sostenible en el siglo XXI, por encima de
los crecimientos coyunturales, Argentina deberá aplicar ingentes y continuados fondos en sus sistemas de educación formal e informal “desde la base”, apoyar medidas y legislación para regularizar la cuestión del uso y tenencia de la tierra, promover un ordenamiento ambiental y territorial participativo y garantizar apoyos permanentes
a la agricultura diversificada, la producción integrada, las pymes rurales, la familia y la juventud rural, la capacitación y promoción técnica y todos los actores de desarrollo agro productivo.

El desarrollo rural integrado y sostenible está asociado en forma directa a
otro aspecto, pobremente apoyado en la Argentina: el de la soberanía alimentaria.
Las naciones más desarrolladas, a las que en mucho casos, se pretende emular, resguardan estos dos aspectos y no los sortean en las manos coyunturales de los intereses del mercado, por ser valores superiores los que están en juego, vinculado a la estabilidad del espacio vital y la verdadera gobernabilidad”.
Fuente: www.ecoportal.net
20-08-07

En la nueva concepción humanística y ecológica del desarrollo rural
se lo articula con la multiplicación de ciudades pequeñas y medianas en toda la extensión del país que intercambien con el campo para garantizar calidad de vida tanto en el medio urbano como rural y con la reestructuración emancipadora de las economías regionales.

La reforma del agro y del país debe partir de la resistencia a las transnacionales y al gobierno, estado nacional y los provinciales que, en vez de representarnos, facilitan la comunidad de negocios de los grupos económicos locales con
las primeras.

1. El plan de la globalización de ocupación total del territorio sudamericano para extraer commodities

Desde Argentina, durante el gobierno de Menem-Cavallo, se expandió
la soja transgénica al MERCOSUR. ¿Qué significó?

Renee Isabel Mengo, en “República Argentina: impacto social, ambiental y productivo de la expansión sojera”, advierte:

Ø el rol del Estado que se aleja del modelo tradicional de Estado de Bienestar,

Ø una economía abierta a los actores trasnacionales, con nuevo protagonismo del capital privado en la explotación de
los recursos naturales, y

Ø una "reterritorialización" configurada a partir de nuevas comunicaciones, nuevos marcos reguladores, e intensos procesos de integración y complementación económica.

La nueva dinámica económica
muestra un acentuado proceso de apertura,
una estrategia nacional ofensiva de primarización de exportaciones, particularmente energéticas, e impone
la reconversión de las actividades productivas regionales, a fin de alcanzar niveles de competitividad suficiente para acceder a los mercados, en condiciones de exigencia creciente en precios y calidad en procesos y productos.

A partir de ello se impone
una profunda alteración en la modalidad empresaria, en las relaciones entre los agentes que conforman los subsistemas económicos regionales, entre concesionarios y usuarios, entre los propios capitales privados de producción y servicios, definiéndose nuevas estrategias de asociación y competencia, y nuevas formas de gestión del trabajo.

Se redefinen los territorios,
los espacios de producción e intercambio, los sistemas de transporte, y el sistema de ciudades;
se imponen nuevas lógicas en el uso del espacio natural, de los recursos, del territorio. Se intensifica la antropización de los ecosistemas, interfieren nuevas actividades con horizontes productivos diferenciados y en modelos tecnológicos contradictorios, y se instalan nuevos actores en el escenario regional con comportamientos más ligados a la dinámica mundial de los negocios que a la historia regional.

El orden neoliberal que ha sido impuesto, tendrá que enfrentarse a
una transformación profunda, ya no urgido por los movimientos sociales,
sino por una realidad mucho menos negociable ni susceptible de represión político-militar:
la escasez de recursos renovables y el desequilibrio que los mismos conlleva”.

Renee Isabel Mengo respecto a “Los cambios en la República Argentina” dice:

“Entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, la diversidad de la producción agrícola argentina fue mutando por premisas neoliberales en concepto de rentabilidad entre ellas, la adopción compulsiva del monocultivo de soja transgénica para uso forrajero.

El proceso económico actual se basa en una importante ventaja comparativa que hasta ahora ha sido su sostén pero que bajo la intensificación de la agricultura se torna cada vez más insustentable con respecto al ambiente. (…)

A partir de la política de 1991, la desregulación llevada adelante por la Presidencia Menem y
en su ministro de economía Cavallo, el INTA, que había desarrollado una correcta política de variedades y cultivares agrícolas durante décadas para las distintas áreas de cultivo argentinos,
se vio obligado a entregar su colección de germoplasma a los semilleros multinacionales que se apropiaron desde entonces de los secretos de la producción nacional.

A partir de allí el INTA fue poco menos que una figura decorativa, al servicio de Monsanto y las compañías cerealeras, en cuyas manos quedó el control y la exportación de granos al destruirse la Junta Nacional de Granos.

Esta política desreguladora como expresión de las premisas neoliberales,
destruyó la soberanía alimentaria argentina iniciando un proceso que está llegando a su cúspide transformando a nuestro país en una colonia desde el punto de vista alimentario.

De esta manera es en el año 1997 cuando a través de una resolución administrativa de
la Secretaria de Agricultura, sin la participación del Congreso Nacional, sin ninguna ley y sin realizar ensayos experimentales previos por parte de los organismos oficiales, se tomaron decisiones sustentadas en los ensayos realizados por las propias empresas interesadas.

Los agricultores argentinos se inclinaron hacia esta tecnología porque aparecía como la solución a los problemas que enfrentaban. Desde 1980 la región agrícola más fértil del territorio nacional,
la denominada pampa húmeda, presenta una fuerte erosión del suelo.

Según el INTA,
alrededor de la mitad de los 5 millones de hectáreas es afectada por el influjo de un notable proceso de erosión que ocasiona la caída de los rendimientos de estas tierras en, por lo menos, un tercio. Para tratar de solucionar este problema, los agricultores empezaron a experimentar con el sistema de “labranza cero” –consistente en la siembra directa de semillas en la tierra, sin necesidad de practicar ninguna otra forma de labranza, encontrándose con el inconveniente de no poder controlar las malas hierbas.

En este escenario la soja RR irrumpe como una solución caída del cielo, ya que esta semilla permitía la puesta en ejercicio del sistema de “labranza cero” eludiendo la acostumbrada necesidad de realizar las cinco o seis aplicaciones de un cóctel de herbicidas, porque ahora el control de las malas hierbas es reducido a sólo dos aplicaciones de glifosato.

La nueva tecnología también se presentaba como una alternativa de bajo costo.
De esta manera, mientras los agricultores de Estados Unidos pagaban un sobreprecio de al menos el 35% para cultivar variedades GM, Argentina, al no haber firmado todavía un acuerdo internacional sobre patentes, se limitaba a contribuirle a Monsanto un cargo reducido.

Estos elementos condujeron a que, impulsados por la aparentemente insaciable demanda externa de soja, los agricultores argentinos se volcaran masivamente a su cultivo mediante la aplicación de esta nueva tecnología.

A mediados de los 90 tuvieron lugar dos factores determinantes: por un lado, la fuerte baja en
los precios internacionales de los productos argentinos, y por otro, una serie de cambios significativos en las condiciones internas, generadas por la convertibilidad, las privatizaciones
y la desregulación total del sector.

En tal contexto, los actores económicos más fuertes se valieron del apoyo del Estado y de la ayuda de un eficaz dispositivo comunicacional para marcar el camino hacia el aumento de la producción agropecuaria
con especialización en oleaginosas y la exportación de sus derivados.
Como siempre, el discurso dominante postuló que este camino
no sólo era el único camino posible sino que además era el camino hacia el paraíso.

Esta decisión comportaría cambios en las orientaciones productivas y
en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores.
Sin lugar a dudas,
hoy podemos constatar que ese nuevo esquema productivo ha traído como consecuencia
una tremenda desindustrialización, que responde a una crisis estructural de largo plazo,
y ha arrastrado a la economía nacional a una primarización concentrada en muy pocos rubros agroproductivos.

Este proceso fue privando a los agricultores de semillas de germoplasma nacional estabilizados por las condiciones ecológicas de nuestras regiones, llegándose al extremo actual donde
han desaparecido cultivares y variedades de trigo pan, trigo candeal, maíz, arveja, lenteja, tomate, sorgo, lino, girasol, papa, batata, etc., sembradas durante décadas y desarrolladas en
el país por el INTA o la Secretaría de Agricultura en otros tiempos, transformando
al antiguo granero del mundo en una peligrosa republiqueta sojera.

Con respecto a la soja tradicional (no transgénica) la que venía expandiéndose en forma continuada desde mediados de los sesenta, es a partir de 1994, con la autorización de la autoridad agropecuaria para el cultivo de la Soja RR (soja transgénica con agregado de genes para Resistencia al herbicida Round-up), que el cultivo de soja crece exponencialmente llegando a ocupar más de la mitad de la producción total de granos argentinos”.

“Si bien la transgenia es un grave problema en sí, lo más grave del cultivo de la soja RR,
es su sistema de cultivo y la poco conocida acción del monocultivo continuado de soja
sobre la fertilidad y la estructura de los suelos donde se la cultiva.

El sistema de cultivo de la soja RR,
el cual la hace 'tan rentable' en los términos de agricultura minera e inmediatista a que son tan afines las voces oficiosas agropecuarias, se basa en su resistencia al herbicida Round-up (Glifosato).

Esto permite que la soja RR pueda crecer bajo las pulverizaciones de Round-up, de tal forma que esta soja es implantada mediante un sistema denominado siembra directa. Es decir no se rotura
el suelo, sino que sobre los rastrojos del cultivo anterior, previa aplicación de herbicida, se siembra soja RR, mediante un equipo de siembra de alta potencia apto para sembrar sin roturar. A posteriori se aplica Round-up más los plaguicidas necesarios en sucesivas aplicaciones mediante fumigaciones aéreas o con equipos especiales.

Transcurrida más de una década, la situación ha producido una desertificación biológica de los suelos argentinos, parecería que se está desarrollando un inmenso proceso de devastación, erosión y desertificación estructural de los suelos sometidos al sistema de siembra directa y cultivo de soja RR. (…)

El cultivo de la soja RR se difunde masivamente pues
es susbsidiada de hecho por las políticas generadas desde el poder económico dominante.
La alta tasa de rentabilidad bruta de la soja RR, está vinculada al altísimo precio del gas oil,
desde que la empresa Repsol
decidió no producirlo más en el país sino importarlo, lo cual encarece cualquier cultivo que pudiendo competir con la soja, no se realice por siembra directa. El alto costo de la maquinaria para hacer siembra directa obliga a trabajar en grandes extensiones de tierra obligando a la concentración de la tierra, ya fuera por venta, arriendo o abandono. Pero implicando siempre el desarrollo de un sistema de producción sin agricultores.

El otro elemento es el bajo costo relativo del Round-up en el mercado de herbicidas, teniendo en cuenta que el propio Monsanto realiza ventas en negro para abaratarlo y que ahora hay un Round up de origen chino más barato que el de Monsanto. Cabe señalar que en los EEUU, lugar de origen de la soja RR, la misma ocupa sólo el 40% de la producción de soja y que el Estado regula su expansión mediante el precio del herbicida y de la semilla. (…)

Es evidente que el plan global -que se nos impone- es el de territorios dedicados a la producción de commodities para la exportación y una masa de población sobrante y mísera mantenida por el asistencialismo o las ONGs en lo que
se denomina "economía de la pobreza".

Todos los programas de ayuda social implican deuda externa y, además, las experiencias productivas que se promueven con ellos tienen que competir desventajosamente con
la producción en gran escala. Esto a simple vista se evidencia que no tiene sentido.

El sistema puede estar pensando una alternativa posterior a la catástrofe que se avecina, compensando o poniendo en juego otros territorios, por esta razón también es preciso tener una perspectiva latinoamericana.

Millones de familias
se retiran cada año de las zonas rurales y la población en la periferia de
las ciudades ha aumentado considerablemente.

Los impactos de la expansión de la soya amenaza a la soberanía alimentaria e incluso las familias argentinas han tenido que reemplazar la proteína proveniente de la carne por productos derivados de soya (cambio en la dieta alimentaria).

Dado que la soja se ha establecido como cultivo principal, el costo de los precios de los otros alimentos se ha incrementado y se ha iniciado la importación masiva de productos que han sido llevados a categorías de alto valor dentro del mercado que a su vez son de difícil acceso para la población.

La problemática de la tenencia y posesión de la tierra de las comunidades campesinas
también ha sido una de las causas del proceso de sojización.

Necesitamos instalar un discurso que vincule la soja y el hambre como causa y efecto,
enfatizando en la paradoja de que el modelo sojero no remedia el hambre;
más aún, la potencia. Hay que volver a producir para la gente.

Los impactos ambientales de la sobreexplotación de recursos agrícolas por la presión agroexportadora son, y seguirán siendo, pagados por las actuales y futuras generaciones (…)”.

2. Los cambios drásticos en los ecosistemas a causa del plan global de ocupación territorial del continente

El gobierno K enciende la mecha de una discusión de mero enfrentamiento y conducida por quienes nos inculcan sus razonamientos limitados a fórmulas economistas y políticas,
mientras prosigue impulsando la puesta en práctica del genocida plan global.
Para peor, he escuchado -a quien encabeza a 750 de los intelectuales- convocar a concentrarse en la contradicción principal en vez de luchar contra papeleras, mineras…

Es decir, el motivo de apoyar a los K por la unidad contra el enemigo principal se ha desplazado a derrotar “la derecha”.

Pero veamos el avance real y efectivo del plan global,
en su nota “El cobre de Agua Rica saldría por el Pacífico”
Javier Rodríguez Pardo (especial para ARGENPRESS.info)
señala a
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) como el camino del saqueo que está en marcha desde hace tiempo.

“En los encuentros patagónicos que efectuamos entre chilenos y argentinos previendo el avance de mega emprendimientos mineros e hidroeléctricos,
se conformó una suerte de Parlamento Patagónico de ambos países
porque
las fuentes de aprovechamiento eléctrico de las transnacionales mineras y
el gran consumo de agua, componen los dos insumos principales para explotar
los yacimientos diseminados polimetálicos. Sin ellos no hay minería posible.

Seis mil litros de agua por segundo que viajarían en dos acueductos
desde Argentina a Chile (de Salta a Atacama) es el plan de
estas trasnacionales que operan minas de cobre en virtuales desiertos.
El agua que le falta a las comunidades irá a los lodos mineros”.

Javier Rodríguez Pardo explica la Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Sudamericana:

“IIRSA es la mejor planificación para el saqueo de los bienes comunes de
los pueblos del sur en los últimos quinientos años. Significa desarrollar la infraestructura en los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones para una suerte de “regionalismo abierto”, en teoría, para beneficio de un continente que desea exportar con el menor costo posible, además de poder hacerlo.

Visto al revés (que es precisamente lo que sucede) IIRSA es
la imposición del Norte de una infraestructura para la extracción y exportación de productos primarios en manos de corporaciones transnacionales que operan
facilitadas por leyes leoninas.

El plan de obras fue concebido en la reunión de presidentes de América del Sur, en Brasilia, en el año 2000,
pero la iniciativa en realidad fue promocionada por la banca mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

El ALCA es la cabeza invisible de miles de proyectos con carácter extractivo,
si por ese término se entienden, los combustibles fósiles, los biocombustibles,
los minerales críticos y estratégicos, el cereal transgénico, la madera y la celulosa, la depredación pesquera y la forestal, por citar algunos ejemplos.

El plan requiere no sólo instrumentos de financiamiento porque para eso están
las empresas que lo proponen, la banca internacional, sino fundamentalmente integración energética, tratados binacionales, facilitación de pasos fronterizos (rutas bioceánicas), vías fluviales navegables, puertos, represas hidroeléctricas, sistemas de transporte marítimo,
en fin, las vías adecuadas para que con el menor costo se obtenga y se trasladen los bienes comunes que, como se sabe, expresa mejor el concepto depredador que el de recursos naturales. IIRSA, dijimos, son las vías del saqueo, los tratados y las leyes fueron su antesala”.

El gobierno K jerarquiza al ministro Julio de Vido que acompaña a Néstor Kirchner
desde cuando era gobernador de Santa Cruz ocupando el cargo de Director General de Obras Públicas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda para luego pasar a la Administración General de Vialidad Provincial.

Desde el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, Julio de Vido está al frente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios apoyando a la patria contratista y financiera para sus formidables negocios con IIRSA.

Es así que, bajo la justificación de la crisis energética e integración latinoamericana, deriva millonarios fondos públicos a mega represas.

Con motivo de conmemorarse el 14 de Marzo, Día Mundial de Acción sobre las Represas, en la localidad de Eldorado de la provincia de Misiones,
el ingeniero Horacio Goytía, integrante de Cuña Pirú un conocido grupo ambientalista de la provincia, sostuvo:

revisar el modelo de desarrollo provincial, hacia dónde vamos,
qué pretendemos para Misiones dentro de la región, del MERCOSUR;

examinar minuciosamente la matriz energética que nos debemos
desde hace años”;

“profundizar en el estudio de alternativas energéticas que puedan cubrir la demanda misionera, dentro de un esquema que permita la convivencia entre la naturaleza y el productor, el industrial, el emprendedor turístico y la distanciada dirigencia política que sólo se acerca al pueblo en época de elecciones”.

“Focalizamos nuestra oposición no sólo frente al ya rechazado, por un plebiscito, proyecto de Corpus, sino que contextualizamos a Misiones dentro de un peligroso lote de grandes represas que forman parte de la iniciativa de "integración" conocida como IIRSA, en la que también se encuentra, con decisión fuerte por parte del gobierno nacional, la hidroeléctrica Garabí”.

Advirtió:
“Ambas represas, sumadas a los daños que causa en la región la represa de Itaipú
-poderoso grifo regulador geopolítico que tiene Brasil-, y los efectos ya conocidos de Yacyretá, más los que aún no se han dado y serían peores en caso de elevarse la cota a nivel 83, generarían situaciones críticas en todos
los aspectos. (…)
Río abajo del Uruguay, la represa de Salto Grande sigue sumando daños sociales, ambientales y económicos”.

Preguntó finalmente:
“Con esta realidad ¿cuánto más deberán conocer quienes tienen el poder político
para decidir y darse cuenta de que el desarrollo de un pueblo no viene precisamente de la mano de una gran represa?”.

“Desde hace mucho tiempo se sabe que las grandes represas son la máxima “delicia” de políticos, constructoras y bancos. Nada hace pensar que estos sectores podrían sensibilizarse ante la voluntad
de todo un pueblo que hace casi 12 años ha rechazado en forma contundente la construcción de uno de los proyectos más preciados después de Yacyretá, Corpus Christi, al que se suma
el de Garabí, también con otros nombres”.

Indicó:
“La falta de protección a los habitantes y bienes naturales en Misiones por parte del gobierno, diputados y dirigentes políticos que siguen promoviendo grandes represas,

pretendiendo desconocer las consecuencias dañinas,
principalmente
para la salud humana y la calidad del agua que tienen los ríos Paraná y Uruguay.
Suficiente lo que, en la actualidad, se recarga a éstos con efluentes de las pasteras,
plantas químicas en las cuencas, la continua deforestación y agrotóxicos que se escurren hacia los cursos de agua de la provincia”.

La reanudación de Garabí preocupa a los movimientos sociales por la pérdida de tierras cultivables, bosques y biodiversidad debido a la formación de otro lago artificial.

En la cuenca del río Uruguay, proyectos que ya funcionan como las hidroeléctricas de Itá, Machadinho, Barra Grande y Campos Novos, provocaron enormes impactos socio-ambientales.

“Algunos impactos son irreversibles,
como la alteración del microclima, la pérdida de biodiversidad y la proliferación de mosquitos y parásitos, aumentando de manera alarmante las enfermedades y los conflictos sociales, entre otros problemas. Los gobiernos no toman en cuenta estos hechos”, aseveró la experta
Elisángela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de la Tierra Brasil, con oficina en Porto Alegre.

“Es importante destacar que la región tiene otros potenciales desaprovechados de generación energética que poseen menor impacto ambiental y social, como la energía eólica, las pequeñas centrales hidroeléctricas, las pequeñas cooperativas termoeléctricas, que podrían funcionar con cáscara de arroz, por ejemplo. Lo que no existe es la voluntad política de apoyar esos proyectos”.

Por su parte, el abogado Jorge Daneri, de la Fundación Mbiguá - Ciudadanía y Justicia Ambiental, de Paraná, Entre Ríos, aseguró que
“el sistema de represas de Garabí
será un golpe final a la cuenca del río Uruguay, y concretará la necesidad puntual
de más energía para plantas de celulosa y papel, además de concentrar
la mayor provisión de energía para Brasil. (…)

No se puede avanzar en estos emprendimientos sin un tratado tripartito de gestión de
la cuenca y sin un marco de evaluación ambiental estratégica de la región en términos jurídico-institucionales, y como mecanismo operativo de evaluación del estado de los ecosistemas. (…)

Es necesario aplicar mecanismos participativos para considerar y discutir estas iniciativas de infraestructura a gran escala frente a otras alternativas menos impactantes, a la vez que proponer otro tipo de integración a escala humana”.

Fuente: Prensa / Proteger - www.proteger.org.ar