Interbarrial

a La desmonopolización y nacionalización de los bienes comunes como cambios fundamentales en el régimen de propiedad que hoy establece la tiranía del ‘Mercado’ global sobre la vida mayoritaria.

a La construcción del Estado de derecho de la diversidad popular como el viraje del Estado ‘nacional’ desde su función de garantizar el paraíso rentable para el poder económico e imperialista a expensas de nuestro bienestar y nuestro futuro como sociedad hasta la de responsable de hacer posible lo último o sea la convivencia de las capas medias urbanas y rurales entre sí y con los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios para beneficio del conjunto y de cada componente de esa variedad de pertenencias.

a La autogestión y el autogobierno de los de abajo sobre los bienes comunes como puesta en práctica de políticas públicas no sólo deliberadas entre todos los involucrados sino, también, discutidas después de elaborar mancomunadamente las transformaciones radicales a realizar en los métodos
de la actividad agropecuaria, industrial e infraestructural.

¿En qué consisten esas reformas que pueden sacarnos del destino de exterminio masivo?

Para orientarnos debemos tener en cuenta cómo procedió el capitalismo mundializado con el apoyo esencial de todos los factores locales de poder.

Empezó por imponer –mediante diez años de terrorismo de estado- el predominio de la economía de casino sobre la economía real y el sometimiento al capitalismo central que es la estafa o deuda externa pública para la creciente transferencia de capitales e ingresos hacia la gran burguesía cuya dictadura es la globalización.

Siguió apropiándose de las empresas fundamentales para impulsar el desarrollo o el subdesarrollo del país y el bienestar social o su desmantelamiento. Debido a que instauró las segundas alternativas condujo a la expulsión y marginación de la producción y el trabajo no sólo de buena parte de la diversidad popular sino también de las economías regionales extra-pampeanas.

Este apoderamiento del país fue gracias a la patria contratista-financiera y la oligarquía diversificada pero, sobre todo, de las cúpulas de los verticalistas partidos mayoritarios y de la CGT, instituciones derechizadas a fuerza de terrorismo de estado, que hicieron posible la aplicación –en forma ‘democrática’- de los ajustes permanentes del FMI, de las ‘privatizaciones’ o mejor la concentración-desnacionalización económica según programas del BM y de la guerra psicológica contra la población que se centró tanto en modelar su imaginario colectivo a favor del avance neoliberal como en indagar las particularidades de cada componente de la diversidad popular para manipularlo, estigmatizarlo o aislarlo.

Como todo régimen dominante de propiedad se sostiene en una reestructuración total del país o el continente-mundo. Por su índole capitalista e imperialista su funcionamiento es hacia maximizar la explotación y la subordinación de los trabajadores.

Ø Descapitalización del país al consolidar la transferencia extraordinaria de beneficios hacia el capitalismo central por clientela cautiva, no inversión, posición de privilegio, tarifas ajustadas regularmente en acuerdo con la inflación de EEUU (durante la convertibilidad y ahora las subsidiamos), precios de transferencia, etc.

Ø Exclusión social que se evidencia en los despidos masivos por acción directa e indirecta, la última consecuencia de las cientos de poblaciones fantasmas y de la inviabilidad tanto de las economías regionales extrapampeanas como de las pymes rurales-urbanas que no pudieron adaptarse a las reglas de juego dictadas por los monopolios y oligopolios.

Ø Demolición del Estado de bienestar o despojo de los derechos de satisfacer necesidades básicas y la conversión de los mismos en servicios con tarifas varias veces más altas que en los países de origen de las corporaciones y en instrumentos efectivos para expulsar de la amurallada sociedad de consumo hacia asentamientos precarios, sometidos por narcotraficantes o razzias policiales e incluso a partir de Kirchner, fueron ocupados militarmente los 3 mayores de Buenos Aires.

Ø Precarización, flexibilidad, atomización en la situación estrictamente vigilada de los trabajadores e inducción en ellos de otras identidades y abuso del cuentapropismo.

Si resumimos cómo se propulsa el notable y sostenido crecimiento de los monopolios en Argentina durante el gobierno K, hallamos:

Hugo Echeverre (PTS) se refiere a que
“los datos de un informe elaborado por la CTA (*) dejan ver los avances del "capital" en detrimento del "trabajo". Destacan (una vez más) la pérdida de derechos y un deterioro en las condiciones laborales. Como se desprende del informe, la práctica capitalista de utilización de mano de obra en negro junto a la extensión de la jornada de trabajo son mecanismos para reducir el costo laboral, que financian y dan mayor rentabilidad a los empresarios.

Para enfrentar los ataques habría que comenzar uniendo las filas obreras mediante asambleas comunes, organizando comisiones internas y cuerpos de delegados, que representen a todos los trabajadores: efectivos, contratados, en negro, y reclamar pasar todos los compañeros al mejor convenio. A la vez, luchar por la reapertura de las paritarias, por una escala móvil de salario y aumento acorde a la canasta familiar, y la recuperación de la jornada de trabajo de 8 horas, combatiendo a la burocracia sindical (responsable de la entrega).

Distribución del ingreso
(Participación de los asalariados en el Valor Agregado Bruto Total)
En 1993, la participación de los trabajadores era del 43%.
En el 2006, del 30%.
Taller de Estudios Laborales (TEL), diciembre del 2007.
Trabajo en negro
La fuerza laboral asciende a 16.200.000 trabajadores.
El 58% (9.400.000) está precarizado y en negro.
Más de 3 millones de estos trabajadores gana por debajo del salario mínimo, menos de 800 pesos.
Pobreza e indigencia
La pobreza alcanza a 12.000.000 de personas (32%).
La indigencia, casi a 5 millones (21%).

Desocupación y subocupados
2.900.000 trabajadores sufren problemas de inserción laboral.
1,4 millones están desocupados, y 1,5 millones trabaja menos de 6 horas semanales.
Juntos suman un 17% de trabajadores con serios problemas de ocupación e ingreso.
Horas de trabajo
Los trabajadores en negro trabajan en promedio 12,5 horas diarias. Y los que están registrados, 12 horas.
Si recuperáramos la jornada de 8 horas (como fija el derecho), se podrían crear casi 2.000.000 de nuevos puestos de trabajo.
La productividad (rendimiento) del trabajo creció en promedio más del 15%.
*"Radiografía actual del mercado laboral y las tendencias post-convertibilidad", Ana Rameri; Tomás Raffo y Claudio Lozano, 15/05/08
Fuente: La Fogata digital 8-6-08

“Ante los últimos conflictos laborales por suba de salario o mejoras en las condiciones de trabajo, vemos que poco a poco se va retomando un viejo método de disciplinamiento de los trabajadores. A la par de la utilización de patotas de la burocracia sindical y de aprietes de las patronales hoy vuelve a la carga la judicialización de los conflictos, haciendo acto de presencia en ramas tan disímiles como los trabajadores estatales, textiles y del juego.

Las acusaciones judiciales no son una forma novedosa de criminalización de conflictos sindicales, aunque en los últimos años fue perdiendo vigencia en detrimento de formas menos diplomáticas de “contención”. Así los aprietes o las palizas dijeron presente en buena parte de los gremios que llevaron adelante conflictos, incluso en algunos de los cuales hoy avanzan causas judiciales.

Este último caso es el de los trabajadores del Casino Buenos Aires, representados por gremio ALEARA. En conflicto desde hace más de un año, comenzaron reclamando ser encuadrados en el convenio adecuado al establecimiento donde realizan tareas, reivindicación que finalmente consiguieron. Posteriormente solicitaron la reducción de la jornada laboral al haber registrado crecientes índices de accidentes o lesiones provocados por la cantidad de horas de pie. En el marco de este reclamo fueron brutalmente agredidos por una patota del kirchnerista Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Aprovechando el escándalo generado por la agresión, y bajo la excusa de haber estado involucrados en la pelea, la patronal envío más de 80 telegramas de despidos. Ante la protestas de los trabajadores la reacción oficial fue la represión por parte de la Prefectura Naval al acampe en frente del establecimiento de juegos. En esa oportunidad media docena de trabajadores fueron detenidos, pero durante varias horas no se supo de su paradero ya que Prefectura no oficializaba el listado de demorados en sus dependencias.

El pasado 6 de mayo una notificación judicial le comunicaba al Dr. Marcelo Parrilli, abogado defensor del trabajador y delegado del Casino Flotante Hernán Lopatka, que sobre su representado pesa la acusación de “Resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio agravado”. Al parecer del Juez Federico Salvá, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 34, Lopatka es el responsable de las heridas sufridas por uno de los prefectos abocados al operativo represivo en el cual casualmente fue detenido el trabajador del Casino Flotante. El magistrado dictó un embargo de bienes por 50.000 pesos a quien fuera despedido de su puesto de empleo días antes de esa jornada. Octavio Crivaro, miembro de la junta directiva de la FUBA e integrante de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue juzgado por el mismo tribunal por considerarlo "coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas".

Otro caso reciente fue el de los trabajadores textiles de La Plata. Un sector de este gremio encabezó un largo conflicto aún vigente en la empresa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (MAFISSA). Tras meses de conflicto, entre la tarde del 17 y la madrugada del 18 de abril, una feroz represión se desató sobre ese establecimiento con el objetivo de desalojar a los trabajadores que se encontraban dentro. La permanencia dentro del establecimiento se inició luego de la negativa por parte de la patronal a efectivizar la resolución del juez Arias del Fuero Contencioso administrativo que llamaba de forma urgente a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El saldo del operativo fue la detención de 18 trabajadores, entre ellos el cuerpo de delegados en pleno. Estos fueron liberados el día 20, casi 48 horas después de su detención, fueron imputados por "coacción agravada en concurso real con daño calificado"; el agravante sería producto de la acción en conjunto, más de 3 personas, y están expuestos a sufrir penas que van desde los 3 hasta los 10 años de cárcel.

El caso más reciente, pero no menos preocupante, se dio en el sector público y puso de manifiesto que estas maniobras represivas no se limitan solamente al ámbito de Poder Judicial de la Nación. El pasado 3 de junio comenzó el juicio oral contra los delegados que componen la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sobre estos trabajadores pesa la acusación de “interrupción del tránsito vehicular” por una acción de protesta que se remonta a octubre del año pasado. En esa oportunidad los trabajadores realizaron medidas al interior de su establecimiento laboral reclamando mejor salariales y un reencuadramiento acorde a las tareas que realizan, sin encontrar respuesta de ningún tipo. Redoblando la apuesta decidieron sacar el conflicto a la calle, movilizándose a las puertas del la Sede central, sita en Av. Gral. Paz 5445 de la Capital Federal, donde luego se decide cortar una de las manos de esa arteria vehicular.

A pesar de haber dejado un carril libre, el mismísimo director del INTI, el ingeniero Enrique Mario Martínez, radicó una denuncia que luego fue girada a la justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ésta, diligente como pocas veces, dio curso mediante el Juzgado en Primera Instancia nº 26 de la Zona 2 de la Ciudad. Si bien por tratarse de una causa contravencional, es poco probable que los trabajadores acaben en la cárcel, esta causa sienta precedente a nivel judicial, así como también es todo un adelanto para los planes del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de regular y restringir la protesta en la ciudad.

Si bien estos son los casos más destacables recientemente, la utilización de recursos institucionales permanece latente y es utilizada tanto por los gobiernos de turno como por las patronales, cuando no por ambos a la vez, para intentar limitar la legitimidad de los delegados en caso que no funcionen los métodos de la burocracia. El caso testigo es el de los trabajadores del Subte y tiene nombre y apellido, Néstor Segovia. Integrante del cuerpo de delegados es acusado por la empresa de sabotear formaciones ferroviarias cuando en realidad Segovia se limitó a impedir la salida de las formaciones que no se encontraban en condiciones óptimas para transportar pasajeros. El reclamo de la empresa a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) fue tomado por el gremio y actualmente Segovia se encuentra a la espera de una resolución que puede ser el inicio del desmembramiento de uno de los cuerpos de delegados que ha conseguido conquistas no menores para sus representados”.

C) Sometimiento de la población a pagar la fraudulenta deuda con la degradación de su vida mayoritaria

La Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE) difunde la nota “Sísifo y la deuda” de Néstor Sappietro que advierte:

“El último informe de la Secretaría de Finanzas señala que la Argentina tiene obligaciones por 144.728 millones de dólares, equivalente al 56% del PBI. Los números oficiales indican que en los últimos dos años la deuda creció y que, medida en dólares, es mayor que durante la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

La información, sin proponérselo se transforma en una alegoría a la metáfora de Sísifo, aquél a quien los dioses griegos habían condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Como decía Albert Camus, refiriéndose a la condena impuesta al rey de Corinto: “Los Dioses habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”.

El sentido común, que nada entiende sobre los vericuetos de la economía, encuentra datos que desconsuelan: La gestión Kirchner desembolsó más de 50 mil millones de dólares en pagos de la deuda pública y, sin embargo, debemos más que en 2001. Allí aparece el desconsuelo del trabajo inútil y sin esperanza.

La riqueza es entregada a la usura internacional a cambio de nada, o lo que es peor, a cambio del hambre de miles de argentinos condenados en los confines del infierno a comer de la basura, a no tener asistencia sanitaria, a la desnutrición, a morirse de pobreza.

Dice Albert Camus en su maravilloso ensayo sobre Sísifo: “Lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces como la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura”.

Cada vez que escucho hablar sobre el pago de la deuda esas imágenes que describe Camus aparecen en mi memoria.

El ex diputado Mario Cafiero, señala: “El problema de la deuda es el pésimo 'arreglo' que hizo el actual gobierno, que no fue tal. Tampoco hubo un 'ajuste' de ella, sino peor aún, un desajuste con la emisión de deuda contingente mediante las Unidades Ligadas al PBI, que crecen en forma geométrica año tras año, por la cual los prestamistas inescrupulosos pasaron a ser socios de nuestro crecimiento. Fue el peor de los malos arreglos posibles. La deuda no fue auditada. No se buscó diferenciar lo contraído ilegalmente”.

Si alguien tuviera dudas acerca de la inmoralidad de la deuda bastaría con repasar las investigaciones de Alejandro Olmos y su hijo. De paso, podríamos citarlo cuando dice: “Las deudas hay que pagarlas, las estafas no”.

A pesar de los anuncios ampulosos de cancelación, de quita histórica; la deuda sigue estando ahí, como una inmensa roca que llevamos sobre nuestras espaldas, como una excusa inmoral para justificar los destinos inciertos de la riqueza de un país que sigue hundiendo en el infierno del desprecio a sus mayorías”.

La Asamblea Socio-Ambiental del Noroeste argentino (ASANOA) cesionó, el 7 de junio, en la ciudad de Andalgalá de la provincia de Catamarca y entre otros pronunciamientos está el siguiente:

“Denunciamos el ocultamiento la información pública respecto al avance de los trabajos de la minera Agua Rica, por parte de los funcionarios de distintas áreas y Entidades académicas. Reafirmamos el NO a La Alumbrera, NO a Agua Rica, NO a Filo Colorado. Rechazamos el plan nacional minero y nuclear y exigimos la derogación de las perversas leyes mineras de la década del 90."

Su DECLARACIÓN señala:
“Los miembros de: ASANOA, integrantes de la Mesa Regional de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), representantes de las Asamblea Socio Ambiental de San Fernando del Valle de Catamarca, la Org.Tupaj Katari, de Jujuy y los representantes de Santiago del Estero, medios de comunicación Código Rojo, Diario Contrapunto, cátedra de comunicación social de la UNT, movimientos de autoconvocados de Tinogasta, Belén, Fiambalá, Aconquija por La Vida, Pro-Eco Grupo ecologista de Tucumán, la Asociación de apoyo a regantes del Medanito, Asociación de vecinos por la Vida de Andalgalá y el acompañamiento a través de un documento de las asambleas Ciudadanas Riojanas.

Concientes de la intencionalidad del sistema capitalista que ejerce impunemente, y en complicidad con los gobiernos, destrucción, contaminación y saqueo, del agua vital, considerada por nuestros pueblos eje estratégico de la soberanía alimentaria.

- Rechazamos el plan nacional minero y nuclear y exigimos la derogación de las perversas leyes mineras de la década del 90.

- Denunciamos la complicidad de las autoridades ante la represión e intimidación de los compañeros en lucha de la Asociación de Regantes de Medanitos, de Catamarca y del movimiento Tupaj Katari de Juuy.

- Rechazamos la denuncia en contra de ASANOA y PRO-ECO por extorsión efectuada por el Camarista Federal Ricardo San Juan, ante los legítimos reclamos de justicia por la contaminación.

- Denunciamos el ocultamiento la información pública respecto al avance de los trabajos de la minera Agua Rica, por parte de los funcionarios de distintas áreas y Entidades académicas.

- Denunciamos el saqueo del agua, ejercida encubiertamente por el Diferimiento Impositivo Cavernet de los Andes con la complicidad de Magistrados, con profunda afectación de la capacidad social y productiva de Medanitos, con peligro de destrucción definitiva del ecosistema.

- Denunciamos la presión y represión del Gobierno para inmovilizar las luchas legítimas de las organizaciones sociales y ambientales.

- Exigimos la continuidad del proceso penal en contra del Vicepresidente de La Alumbrera y la determinación de los responsabilidad de funcionarios y académicos, por el delito de contaminación, hasta la sustanciación del juicio oral y público en la Cámara Federal de Tucumán.

- Repudiamos la Cumbre del MERCOSUR por pretender instalar la mentira de la crisis energética y crecimiento de los pueblos, facilitando la concreción definitiva del Iniciativa de Integración Regional de Sud América (IIRSA).

- Reafirmamos el NO A LA ALUMBRERA, NO A AGUA RICA, NO A FILO COLORADO”.

Las Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA nos ayudan a tener otra visión de la cotidianeidad, a no naturalizar y ver sobre qué se sostiene. Comenta:

“Muchas personas no saben de dónde viene el oro ni cómo se extrae.
La minería de oro puede desplazar a comunidades enteras, contaminar el agua potable, dañar la salud de los trabajadores y causar graves daños al medio ambiente. Para muchas personas un anillo matrimonial o otra joyería de oro tienen un valor que no es medible. Tal vez usted mismo tiene un anillo de oro. Aunque el anillo es un símbolo que podria ser sin precio, el oro mismo tiene un costo alto. El costo del oro para la el planeta y su pueblo es mucho más que el valor del metal. La producción de un anillo de oro genera 20 toneladas de desechos. La minería de oro es sin duda una de las industrias más sucias del mundo. Utiliza cianuro, genera montones de desechos y deja un cicatriz permanente en las comunidades y paisajes. Más de la mitad de todo el oro del mundo proviene de territorios indígenas. En lugares tan diversos como Ghana, Indonesia, los Estados Unidos y el Perú, minas de oro han desplazado a comunidades sin su consentimiento y han destruido maneras tradicionales de ganarse la vida. También han hecho daño a ecosistemas. En particular, los pueblos indígenas han sufrido de manera desproporcionada los impactos negativos de la minería de oro. Esto ha intensificado las injusticias que sufren”.

En consecuencia, los tres desafíos están interrelacionados tanto en la lucha por hacerlos posibles como en la organización de su puesta en práctica.

Ø Los cambios que Néstor Kirchner tuvo la oportunidad histórica de llevar a cabo si se involucraba con el NO al neoliberalismo que la gran mayoría de Argentina deseaba y necesitaba.
Son el no pago de la fraudulenta deuda hasta su revisión completa
que diferencie su enorme parte de estafa; la ruptura con el FMI, el BM, el BID y la denuncia o independencia del sistema acuerdos bilaterales de inversión-CIADI en su vulneración de la soberanía nacional; la anulación de la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y nacionalización del sistema financiero; la recuperación del Banco Central; la rescisión de las privatizaciones y su reestatización; la eliminación de las AFJP y la entrega del PAMI a los jubilados, pensionados y trabajadores activos; la democratización de los feudos provinciales y el sector público.

Ø Los cambios que Cristina Fernández de Kirchner tiene la oportunidad histórica de realizar pero dice rechazar por anacrónicos y en verdad, es por sus pactos de espaldas a las necesidades populares e intereses nacionales.

¿Cuáles son los cambios que Cristina Fernández de Kirchner tiene la oportunidad histórica de realizar?

En este artículo GRAIN nos introduce en los cambios que el Gobierno K no asume por identificarse con la globalización como lo prueban su alianza con las transnacionales petroleras, automotrices, agroindustrias, las pesqueras, las mineras y los grupos locales a cargo de llevar adelante la Iniciativa de Integración Regional de Sud América (IIRSA), además lo prueban el cumplimiento de lo exigido por el FMI, el BM… e incluso maximizó esa obediencia y la reunión a escondidas con la oligarquía para dejar aislados a los productores medianos y pequeños.

“La información sobre las revueltas que estallaron en todo el mundo como resultado de la crisis alimentaria mundial ha sido profusa, pero se ha prestado escasa atención a cómo salir adelante.

La solución exige un cambio radical: las políticas agrícolas deben formularlas los agricultores a pequeña escala -- quienes siguen siendo responsables de la mayor parte de la producción de los alimentos consumidos en todo el mundo -- y para ello es necesario que las instituciones financieras internacionales y los organismos mundiales de desarrollo dejen de tener el poder que detentan actualmente. Habrá que resolver tres temas que están interrelacionados: tierra, mercados y la agricultura misma”.

“En marzo de 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales comenzaron a hablar abiertamente de una crisis alimentaria mundial.
Como ocurrió con muchas otras crisis de ese tipo, llegaron un poco tarde. Los precios de los alimentos -- especialmente de los cereales, pero también de los lácteos y la carne -- habían estado aumentando a lo largo de 2007, mucho más que los ingresos. La gente lo fue resolviendo con un cambio en sus hábitos alimenticios, que implicó reducir su ingesta de comida, y salió a las calles a exigirle al gobierno que adoptara medidas.
A principios de 2008 los precios de los cereales escalaron y en unos 40 países estallaron revueltas populares que llenaron de temor a las elites políticas mundiales.

Han pasado pocos meses desde que la crisis alimentaria fue un tema incluido en la agenda mundial. Las causas del problema están identificadas y más o menos entendidas. [1] Sin embargo la crisis alimentaria sigue extendiéndose. Los precios continúan aumentando, ha surgido toda una clase de "nuevos pobres", los gobiernos se pelean por encontrar o manejar reservas de granos, y en caso de que surja otra situación adversa de magnitud, podría provocar una crisis mundial verdaderamente dramática.

Todo el mundo coincide en que es necesario hacer algo, pero existen grandes desacuerdos en cuanto a lo que eso implica.

· Los sacerdotes del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional, los directorios de las empresas y, de hecho, la mayoría de los gobiernos y sus equipos asesores quieren que continuemos transitando el camino de la industrialización de la agricultura y la liberalización del comercio y la inversión, aún cuando esta receta sólo promete más de lo mismo para el futuro.

· Los movimientos sociales y de otro tipo que han estado combatiendo las injusticias del modelo capitalista actual ven las cosas de manera diferente.
Para ellos, es tiempo de romper con el pasado, de movilizarse en torno a una nueva visión creativa que traiga no solamente una mitigación a corto plazo sino también el tipo de cambio profundo que en definitiva nos saque de esta crisis alimentaria y, en realidad, de la serie interminable de crisis (cambio climático, destrucción ambiental, pobreza, conflictos por la tierra y el agua, migración, y otras por el estilo) que genera la globalización neoliberal”.

Muchas personas están tomando conciencia de que no hay solución posible a menos que abramos las puertas a un cambio real de poder. No podemos confiar en que las autoridades políticas, los científicos y los investigadores que nos han llevado al desastre actual, nos saquen de él. Ellos han creado un doble vacío profundo: un vacío político y una farsa de mercado.
El vacío político es palpable. En lugar de generar ideas brillantes para construir un sistema alimentario más sustentable y equitativo, quienes están en el poder parecen capaces de tener sólo actos reflejos que equivalen a más de lo mismo: más liberalización del comercio, más fertilizantes, más transgénicos y más endeudamiento para hacer todo eso posible. La mera idea de, por ejemplo, reformular las reglas del sistema financiero o de poner coto a los especuladores, son temas tabú. Incluso las políticas de autosuficiencia alimentaria adoptadas en algunos países en desarrollo, en sí mismas una idea muy buena, con frecuencia repiten las fallidas estrategias de la Revolución Verde. (…)

Enfrentados a este panorama de insolvencia de ideas y de sistemas, no hay otro camino creíble que reconstruir desde los cimientos. Esto significa dar vuelta todo: los pequeños agricultores, todavía responsables de la mayor parte de los alimentos que se producen, deben ser quienes fijen la política agrícola, en lugar de la OMC, el FMI, el Banco Mundial o los gobiernos.

Las organizaciones campesinas y sus aliados tienen ideas claras y viables sobre cómo organizar la producción y los servicios y cómo dirigir los mercados e incluso el comercio regional e internacional. Lo mismo ocurre con los sindicatos y los sectores pobres urbanos, quienes pueden cumplir un papel importante en la definición de las políticas alimentarias. Varios grupos, tales como la Unión Nacional de Agricultores de Canadá, la Confederación Campesina de Francia, ROPPA de África Occidental, Monlar de Sri Lanka y el MST de Brasil, han exhortado enérgicamente a renovar las políticas y los mercados agrícolas. Organizaciones internacionales como La Vía Campesina y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, también están dispuestas a tener algún tipo de participación.

Hay tres temas interrelacionados que es necesario abordar para que podamos salir de la crisis alimentaria: la tierra, los mercados y la agricultura propiamente dicha.

El acceso de los campesinos a la tierra es un elemento claramente central. Con el aumento de los precios de los productos básicos (commodities) y el nuevo mercado de agrocombustibles, la especulación de la tierra y la apropiación de tierras se suceden a una escala impresionante. En muchas partes del mundo, los gobiernos y las empresas están estableciendo agricultura de plantaciones en gran escala a costa del desplazamiento de campesinos y de la producción local de alimentos. En efecto, el modelo agrícola orientado a la exportación y la dependencia de las importaciones, que están en la raíz de la crisis actual, se acelerarán, destruyendo los sistemas de producción de alimentos que necesitamos para salir del atolladero actual.

La situación se torna incluso más crítica en tanto la apropiación de tierras ocurre en todo el mundo y se está volviendo oficial. Según algunas fuentes, Japón ha adquirido 12 millones de hectáreas de tierra en el sudeste asiático, China y América Latina, para producir alimentos que exportaría a Japón, lo que significa que los cultivos japoneses en el extranjero ¡tienen ahora el triple de tamaño de su parte continental! [4] El gobierno de Libia arrendó 200.000 hectáreas de tierras de cultivo en Ucrania para atender sus propias necesidades de importación de alimentos, y los Emiratos Árabes Unidos están comprando grandes propiedades de tierras en Pakistán con el apoyo del Islamabad. [5] El año pasado el gobierno de Filipinas firmó una serie de acuerdos con Beijing para permitir a las empresas chinas el arrendamiento de tierras para la producción de arroz y maíz con destino a la exportación a China, lo que desencadenó una enorme protesta nacional en diversos sectores, desde organizaciones campesinas filipinas hasta la Iglesia Católica. Las empresas chinas también han estado adquiriendo derechos sobre tierras productivas en toda África y otras partes del mundo. El gobierno de Beijing está por hacer de la compra de tierras en el exterior para la producción de alimentos con destino a la exportación hacia China, una política central y oficial del gobierno. [6]

La tierra, por supuesto, siempre ha sido una demanda central de los movimientos sociales, especialmente de los campesinos, los pescadores tradicionales, los trabajadores rurales y los pueblos indígenas.

La reforma agraria es una de las primeras medidas que urge aplicar para poner fin al creciente flagelo de la pobreza rural y para empoderar a la gente para que se alimente a sí misma y a sus comunidades, revirtiendo la explosión de barrios urbanos marginados, que constituye un elemento tan central de esta crisis alimentaria. Ya es hora de tomar en serio y poner en práctica las propuestas de las organizaciones campesinas.

Otro tema importante a atender es cómo resolver el tema del mercado. Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI impusieron a los países pobres políticas para lograr la liberalización neoliberal del comercio y políticas de ajuste estructural. Esas prescripciones fueron reforzadas con el establecimiento de la OMC a mediados de la década de 1990 y, más recientemente, a través de un aluvión de tratados bilaterales de libre comercio e inversión. Junto con varias otras medidas, han provocado el despiadado desmantelamiento de aranceles y otras herramientas que los países en desarrollo habían creado para proteger la producción agrícola local.

Estos países han sido obligados a abrir sus mercados al agronegocio mundial y a los alimentos subvencionados exportados por los países ricos. En el proceso, las tierras fértiles dejaron de servir a los mercados locales de alimentos para producir commodities mundiales o cultivos fuera de estación y de alto valor para los supermercados occidentales, convirtiendo a numerosos países pobres en importadores netos de alimentos.

Uno de los aspectos más inmorales de la crisis alimentaria es el lucro espectacular que el mercado ha permitido que tengan los grandes del agronegocio y los especuladores. Contrariamente a la impresión que dan algunos medios de difusión:

Ø los agricultores que perciben algún beneficio por el aumento de los precios son pocos. Ya hemos mencionado el ejemplo de los agricultores tailandeses que ahora obtienen menos por su arroz, mientras que los consumidores pagan el triple. Los agricultores de Honduras, que en algún momento fueron el granero de América Central, ya no pueden pagar más la semilla o el fertilizante, por el aumento de precios que han tenido esos insumos. [7]

Ø Las empresas, por otro lado, están obteniendo ganancias sin precedentes en todos los eslabones de la cadena alimentaria -- desde los fertilizantes y las semillas al transporte y el comercio. A principios de este año, GRAIN documentó el aumento de las ganancias experimentado en 2007 por las principales empresas de alimentos y fertilizantes. [8] En el primer trimestre de 2008, mientras numerosas personas hambrientas reducían aún más la cantidad de alimentos ingeridos, las principales compañías de alimentos y fertilizantes daban cuenta de un aumento aún más espectacular de sus ganancias. [9]

Al mismo tiempo se está dando una especulación en gran escala. Según un prominente agente de commodities, la cifra de la inversión especulativa en futuros de commodities aumentó de 5.000 millones de dólares en 2000 a 175.000 millones de dólares en 2007. [10] La mitad del trigo que se comercializa ahora en la bolsa de commodities de Chicago está controlada por los fondos de inversión. [11]

En la Bolsa de Futuros Agrícolas de Tailandia, la especulación sobre el arroz ha triplicado, en un año, el número promedio de contratos diarios y los fondos de cobertura y otros especuladores representan ahora la mitad de los contratos comercializados diariamente. [12] Toda esta actividad especulativa de los fondos de pensión, fondos de cobertura y similares, más el cambio de la comercialización de los commodities de los mercados formales a acuerdos directos fuera del ámbito de los mercados organizados, está haciendo subir los precios por las nubes.

La burbuja es intrínsecamente inestable y está destinada a explotar, con resultados imprevisibles. Con pocas excepciones, los gobiernos y los organismos internacionales difícilmente hablan de esta parte de la crisis alimentaria, y menos aún hacen algo efectivo para lidiar con ella.

En contraste, los sindicatos y las organizaciones de agricultores han reclamado insistentemente una regulación y controles adecuados, en especial porque los productores y los consumidores son los grupos más afectados por todo esto. Los reclamos de soberanía alimentaria de los movimientos sociales invariablemente incluyen la propuesta de dar urgente prioridad a los mercados locales y regionales y aplicar medidas para reducir el dominio de los mercados internacionales y de las empresas que los controlan.

Otras de las medidas propuestas son la suspensión, si no el desmantelamiento, del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, la fijación de impuestos a las empresas del agronegocio para mejorar la distribución de los recursos y el establecimiento de reservas estratégicas nacionales. Esto permitiría a los gobiernos manejar las existencias con mayor eficiencia, alentar la competencia, inhibir la formación de monopolios, realizar investigaciones formales sobre la especulación en los mercados de commodities y luego adoptar medidas para controlarla, y otras medidas por el estilo. [13] Hay numerosas opciones, si verdaderamente queremos cambiar las cosas.

Luego está el tema de la agricultura propiamente dicha. La crisis alimentaria ha galvanizado las voces de la vieja Revolución Verde para pedir más de los mismos paquetes verticalistas de semillas, fertilizantes y agroquímicos.
Como la razón principal de que la crisis alimentaria perjudica tanto a tanta gente es porque no puede pagar los altos precios actuales, aumentar la producción no resolverá necesariamente las cosas, en especial si eso significa aumentar los costos de producción. Las variedades de alto rendimiento de alimentos básicos por las que tanto entusiasmo tienen el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), la FAO y la mayoría de los ministerios agrícolas, requieren más fertilizantes y otros productos químicos basados en el petróleo, todos los cuales han sufrido enormes aumentos de precios que en los hechos los colocan fuera del alcance de numerosos agricultores.

En todo caso, los fertilizantes químicos son una de las causas principales de los gases de efecto invernadero producido por la agricultura. Echar más en suelos ya agotados, como predican ahora muchos entusiastas de la Revolución Verde, no haría sino empujar más al mundo hacia el caos climático y profundizar la destrucción de la vida de los suelos.

En esto, nuevamente, hay una vasta gama de propuestas y experiencias sólidas para avanzar a métodos agrícolas que son productivos, no se basan en el petróleo y están bajo el control de pequeños agricultores.
Existen estudios científicos que demuestran que esos métodos pueden ser más productivos que la agricultura industrial, y que son más sustentables. [14] Si cuentan con el debido apoyo, esos sistemas agrícolas locales, basados en el conocimiento indígena, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, y organizados en torno a una utilización amplia de la biodiversidad disponible localmente, nos muestran formas de salir de la crisis alimentaria.

Para poder avanzar a partir de esos sistemas es necesario dejar de confiar en los expertos del Banco Mundial y el CGIAR y en cambio comenzar a hablar con las comunidades locales.

Sería necesario no solamente crear nuevas estrategias y colaborar con distintos actores, sino también poner fin a la criminalización de la diversidad de manera que los agricultores puedan acceder, desarrollar e intercambiar semillas y experiencias libremente. Implicaría, también, que los gobiernos dejen de promover el agronegocio y los mercados de exportación, y comiencen a proteger y reverenciar las técnicas, el conocimiento y las capacidades de sus propios pueblos.

Es claro que quienes no somos del gobierno ni del sector empresarial necesitamos unirnos más que nunca para construir nuevas solidaridades y frentes de acción, no solamente para encontrar soluciones a los problemas inmediatos de la crisis alimentaria sino también para construir soluciones a largo plazo.

Si no trabajamos juntos y juntas para facilitar un cambio en el poder que ponga en primer lugar las necesidades de los sectores pobres rurales y urbanos, definitivamente tendremos más de lo mismo. Reorientar nuestros sistemas agrícolas y alimentarios para que sean más justos, más ecológicos y verdaderamente efectivos en su función de alimentar a los pueblos no es una tarea fácil, pero seguramente todos y todas tenemos un papel a cumplir. En lugar de esperar o buscar soluciones prefabricadas debemos crear esos mejores sistemas ahora, colectivamente”.

El presente artículo es un anticipo del editorial sobre la crisis alimentaria de la revista Seedling de GRAIN (Julio de 2008).
Fuente: www.grain.org
5-6-08

También, el actual conflicto con sectores agropecuarios incluye a las consecuencias de la Ley de Responsabilidad Fiscal que Néstor Kirchner hizo promulgar en agosto de 2004 respondiendo a la demanda del Fondo Monetario Internacional y que agrava la falta de fondos públicos para la infraestructura económica y social de las provincias.

¿Cómo involucrar en esa voluntad política a la diversidad popular e iniciar la reestructuración del país entero?

Jorge Schvarzer, Director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina (UBA), afirma que el único camino posible es como a continuación lo describe:

“Si queremos un país desarrollado, éste deberá ser industrial, acompañado por un agro consolidado y eficiente.
No un país ‹agroindustrial›, como dicen los que siguen enamorados de un pasado que no volverá, sino un país industrial con una fuerte base agropecuaria.

La diferencia no es inocua y la brecha se aprecia en las actuales protestas de los productores agrarios que creen que ellos son ‹el país›, que ‘alimentan’ a los demás y hasta suponen que subsidian a la industria.

Es bueno recordar que el 90 por ciento de los argentinos viven en las ciudades y que allí producen una gama de productos y servicios. Esa gama incluye, por ejemplo, la ropa que usan los hombres y mujeres del campo (que de otra manera estarían alimentados pero desnudos) y todos los demás productos que ellos demandan. Las ciudades también producen bienes fabriles que se exportan en cantidades crecientes como el mejor indicador de que la industria local es competitiva y eficiente. Conviene destacar que hoy, por ejemplo, las exportaciones de acero superan a las de carne, en el país de las vacas. Debemos exportar más carne, sin duda, pero lo que creemos en el desarrollo nacional estamos orgullosos del crecimiento de las exportaciones fabriles y pedimos más”.
Fuente: revista Caras y Caretas
Año 47- Nº 2.223 / junio de 2008

Jorge Schvarzer refleja la mentalidad dominante entre los intelectuales y las universidades públicas que esos ámbitos junto a nosotros –los de abajo- precisamos revisar para cambiarlas radicalmente si queremos emanciparnos del funcionamiento transnacional de nuestro país que lo achica, lo somete al dumping social de artículos provenientes de China y a insumos importados o fijados en acuerdo con el alto valor especulativo del petróleo para los agricultores.

Ø “se afianzó un aparato fabril con enorme dependencia del abastecimiento del exterior, máxime en lo que se vincula con la provisión de innovación (sea bajo la forma de maquinarias y equipos o de conocimientos y desarrollos científico-tecnológicos de diversa naturaleza)”;

Ø “han jugado un rol determinante la orientación macroeconómica y la de las distintas políticas implementadas, así como las omisiones estatales en muy diversos niveles”.

“a) El boom productivo-exportador de los últimos años no ha logrado viabilizar un cambio estructural en el perfil de especialización productiva de la Argentina, lo que se refleja en el hecho de que un puñado de actividades –y de grandes firmas y conglomerados empresariales- muy ligadas con el procesamiento de recursos básicos (…) presenta una considerable gravitación en el PIB del sector.

Se trata, en su gran mayoría, de mercados con oferta fuertemente concentrada, con escasas articulaciones internas en el plano productivo, relativamente poco demandantes de mano de obra, en los que los salarios juegan un rol mucho más de costo empresario que de factor dinamizador de la demanda interna y los salarios están muy expuestos a los vaivenes del mercado internacional.

De allí que una de las conclusiones de este Ciclo “Foros de Bicentenario. Innovación, tecnología y desarrollo” sea que en los últimos años el patrón de especialización argentino volvió a acentuar su sesgo a favor de las ramas industriales de intensidad tecnológica baja y media-baja.

Vale enfatizar los interrogantes que genera esta fisonomía productiva respecto a las posibilidades de concretar un proceso de desarrollo nacional ligado con crecientes niveles de inclusión socioeconómica”.

b) El nivel cambiario ha permitido un cierto proceso de sustitución de importaciones pero “no debería soslayarse una cuestión muy poco señalada y menos aún problematizada en la discusión académica y política de nuestros días: el hecho de que también se ha registrado un crecimiento notable de las importaciones de productos industriales (tanto de bienes finales como de capital e intermedios).

Esto arroja luz sobre la profundidad de la desintegración del tejido industrial de la mano de las políticas aperturistas y del dólar barato de los años noventa y alerta sobre la necesidad de políticas estatales activas tendientes a avanzar en una reintegración del sector manufacturero.

c) El comportamiento inversor e innovador se ha reactivado pero de un modo muy reducido en comparación con lo que sucede en el plano internacional, “producto del débil carácter innovador de gran parte de las firmas nacionales, la fuerte dependencia de abastecimiento externo que caracteriza a la mayoría de las manufacturas y el débil ‹efecto derrame› en materia innovadora que generan las empresas extranjeras con control sobre gran parte del aparato fabril doméstico”.

d) “El crecimiento industrial de los últimos años ha dado lugar a una nueva y fuerte transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas, sobre todo hacia las grandes empresas y los grupos económicos que controlan las exportaciones (la regresividad en la distribución funcional de ingreso constituye una de las principales líneas de continuidad desde 1976). (…)

Se concluye sobre la necesidad de contar con una estrategia nacional de desarrollo productivo-industrial
que, desde una perspectiva integral, jerarquice y articule distintos ejes de intervención en pos de la concreción de objetivos (…)”.

“Impulsar y generar un importante e imperioso debate social en torno de las características que debería asumir un programa de desarrollo que propicie un cambio de la estructura productiva a partir de la selección estratégica de sectores en función de diversas variables: encadenamientos internos, creación de empleo, dinamización salarial, generación y difusión de tecnologías, formación de capital, exportaciones netas, modalidades de inserción en el comercio internacional, etcétera”.

Fuente: revista Realidad Económica nº 233,
enero/ febrero 2008, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)

“sucedió el lunes pero es como si hubiera sido una década atrás. La Presidenta anunció un Plan de Redistribución Social (PRS), con fuerte acento en la inversión pública en salud. Un fondo de afectación específico, formado con el plus de recaudación de las retenciones móviles a soja y girasol, se destinará a la construcción de 30 hospitales y 300 Centros de Atención Primaria (CAP, en adelante). También se instalará un acelerado programa de formación y capacitación de enfermeras. Habrá otras medidas, construcción de viviendas e infraestructura vial, pero esta nota prefiere centrarse en la propuesta de política sanitaria”.

“Trazos gruesos: El oficialismo no discriminó aún los lugares en los que se construirán los hospitales, cada uno con dos CAP satélites muy cercanos destinados a atender las dolencias menores, diagnosticar las más severas, munir los exámenes y análisis necesarios y, eventualmente, derivar con data a los pacientes al hospital. En entrevistas a medios electrónicos otorgadas por Ocaña y en charlas informales con funcionarios de primer nivel de su ministerio y de otros, se habla de alrededor de diez en el conurbano bonaerense, alguno más en el interior de la provincia de Buenos Aires, el resto en otras provincias. El Gobierno articulará las tareas con provincias y municipios. Los costos de la obra pública correrán por cuenta del Estado nacional, también los de la instalación respectiva: insumos, instrumental, etc.

Es de imaginar que a ese stock de recursos públicos la Nación deberá agregar el flujo para bancar los gastos regulares, empezando por los sueldos de los recursos humanos necesarios. Un gran hospital y varias “salitas” son una inversión importante, es dudoso que la mayoría de las provincias y municipios puedan hacerse cargo de esos costos. Máxime si, como se desliza en despachos empinados, se privilegiarán las ciudades y las regiones (conurbano, NOA) con población más desvalida. Si esa masa regular de plata no fluye, los hospitales podrían devenir elefantitos blancos. Hay sobrados ejemplos previos. Uno muy conspicuo es el hospital regional de Formosa, erigido hace pocos años, con gran erogación. La falta de presupuesto para pagar al personal general, médicos y enfermeras lo mantuvo inactivo durante bastante más de un año.
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De cara al enjambre: La implementación de la medida, así se dijo, debe articularse con provincias e intendencias. El diseño actual es endiablado, los hospitales y algunos CAP son provinciales. Otros CAP son municipales, su vinculación con la administración provincial tiene sus bemoles.

Los nuevos acuerdos serán complejos en términos políticos y prácticos. Instalar hospitales en zonas pobladas desata problemas surtidos: encontrar los terrenos propicios, desanudar problemas dominiales, sólo para empezar.

Mucha política haría falta para designar las prioridades, consensuarlas y concretar el proyecto en un plazo razonable. En el oficialismo no se emiten certezas, pero algunos pronósticos hablan de dos años. Suena muy voluntarista, tanto como deseable.

Desde luego, también es necesaria la discusión de los especialistas acerca de qué es lo más urgente y más eficaz en cada territorio.
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Recursos humanos: La falta de camas hospitalarias es un flagelo. También lo es la pasmosa escasez de personal capacitado. La formación de decenas de miles de nuevas enfermeras (leyó bien) y la capacitación de las que trabajan en condiciones sobreexigentes es otra flagrante necesidad. El Gobierno piensa consagrarle recursos del PRS y también requerir un aporte a las obras sociales (una cápita anual para formar profesionales) que también sufren la falencia.

Es otra medida encomiable, que también requiere convocar a otras instituciones, para empezar las educativas.
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Ideas fuerza: El cronista cree que la idea fuerza que emitió Cristina Kirchner es interesante. Y como profano, se excusa de juzgar la pertinencia estricta de las medidas que ameritan un debate público de calidad, de esos que por acá no se consiguen.

Pero, en medio del fragor del sábado, se permite consignar que esta sociedad se merece abordajes inmediatos (despojados de la frivolidad y exasperación imperantes) de cuestiones como ésta. Y también las condignas polémicas públicas. En una tierra asolada por la inequidad y la falta de solidaridad tangible con los más humildes, es toda una urgencia. Pero la vocinglería y la intemperancia expandidas disipan esas virtualidades, en un escenario opresivo que el cronista comenta (y lamenta) en las páginas principales de este mismo diario”.
Fuente: Página 12
15-6-08

En complemento con la salud pública, por prevenirla, está la cuestión de saneamiento ambiental. Por saneamiento se entiende el conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas de un lugar. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico.

Las políticas de saneamiento tienen por finalidad reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación, para así promover el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural.

El sector del transporte público de pasajeros cumple una función vital en la economía y afecta fuertemente las condiciones de vida de la población, especialmente de los trabajadores y demás sectores populares.

Tenemos que poner en debate a lo largo y ancho del país y decidir cuál de estos dos proyectos deben concretarse:

D. La vivienda
Los planes de vivienda digna que le permitan solucionar ese problema a quienes están en asentamientos precarios y sobre todo, impliquen repoblación del país, deben mirar por el saneamiento ambiental, la atención sanitaria y educacional, la red de gas y electricidad, el transporte público,… y por las fuentes laborales de calidad.

Pero también está el grave problema del alquiler. Radames Marini, en representación de la Unión Argentina de Inquilinos, pregunta:

El drama de alquilar vivienda no conmueve a los sectores defensores de los derechos humanos pese a que el derecho al techo está incluido en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y ha sido incluido en nuestra Constitución en la reforma de 1994.

Cuando todo el mundo se rasga las vestiduras por el problema de la inflación nadie se preocupa porque los alquileres crecieron en el 2007 dos veces y media lo que crecieron los precios y en el mes de abril del presente los han triplicado.

En la República Argentina hay 1.167.000 viviendas alquiladas de la cuales la mitad están en la Capital Federal y el Conurbano, o sea que la población afectada no es poca.

En todo el país se ha desarrollado una técnica perversa de generar una falsa demanda insatisfecha. El sistema para cumplir este objetivo es el de requerir para renovar el contrato, a su vencimiento. Un aumento del orden del 100% del valor del contrato anterior. Como los inquilinos que se ven afectados no pueden afrontar ese incremento deben dejar el inmueble y salen a peregrinar por las inmobiliarias todos juntos tratando de obtener, con el ingreso que perciben, un techo donde ubicarse con sus familias.

Este fenómeno que se constata desde enero de 2007 y que ha tenido como consecuencia que los alquileres fueran dos veces y media mayores que los precios ha generado también un crecimiento desorbitado de la renta inmobiliaria, con el consecuente perjuicio de las familias de inquilinos que han visto sistemáticamente degradada su vivienda.

Baste señalar que se ha producido un hecho inédito como es el de romperse locaciones locativas de 10, 15, 20 años o más con el consecuente desarraigo de las familias afectadas que han tenido hijos y nietos en el lugar constatando la inhumana concepción de que la antigüedad en hogar no les genera derecho alguno.

Todo frente a la desaprensión del Estado que usó a los inquilinos como pretexto para difundir un programa de créditos hipotecarios que nunca se concretó pero que les permitió una capitalización publicitaria a costa de la frustrada ilusión del cumplimiento de un sueño.

Este no es un problema solo de competencia federal. Las Provincias y las Comunas están obligadas a intervenir para preservar el valor humano frente a la avaricia insaciable de los rentistas.

Los inquilinos debemos concientizarnos de nuestros derechos, organizarnos institucionalmente y movilizarnos para hacer valer nuestros derechos.

Es un problema que no podemos resolver en el trato individual con el rentista que nos alquila porque la desproporción de poder y la necesidad nos generan una vulnerabilidad insalvable

Vamos todos juntos que juntos somos más”.

Está asociado con las políticas ambientales, urbanísticas, de desarrollo económico regional y de descentralización. En la actualidad predomina un enfoque más integral de estrategia para lograr el desarrollo sustentable, entendido en términos de política intersectorial y horizontal.

Su análisis se realiza a partir de dos indicadores: la formulación de objetivos a largo plazo y la incorporación en el proceso de toma de decisiones de criterios y métodos provenientes de la prospectiva, especialmente visiones alternativas de futuros deseados, escenarios alternativos de futuros posibles y métodos para lograr transformar los deseos, expectativas y conocimientos en imágenes objetivo que sirvan de Norte para las actuaciones de ordenación del territorio.

Su carácter global y comprehensivo plantea la necesidad de articular las normas reguladoras de la ordenación existentes o en ciernes con las políticas sectoriales y populares. Existen dos tendencias en el querer concretar ese objetivo:

v La de articulación operativa busca mantener la separación entre las políticas sectoriales e intersectoriales y las de ordenación del territorio, pero bajo unas relaciones de interdependencia donde el último establece un marco de referencia territorial para los planes sectoriales e
intersectoriales y coordina / armoniza la incidencia territorial de éstos, pero, a su vez, toma en cuenta las previsiones de los planes sectoriales e intersectoriales y procura insertarlas dentro de una concepción territorial de carácter global y armonizador.

v La de articulación orgánica va más allá de las relaciones de complementariedad entre los planes sectoriales y territoriales para plantear la integración funcional de éstos, bajo criterios estratégicos y/o ambientales. De este modo, el plan de ordenación incorporará en sus estrategias y regulaciones los objetivos urbano-regionales, urbanísticos y ambientales en lo referente a su espacialidad, aunque las políticas sectoriales siguen operando en lo concerniente a sus objetivos estructurales.

En América latina, la implementación ha chocado con la inexistencia o debilidad de la organización institucional para la gestión, la inexperiencia en el trabajo interinstitucional y la tendencia a pensar el territorio desde una perspectiva sectorial; así como la ausencia de una cultura del trabajo coordinado, interdisciplinario y abierto, que facilite el intercambio fluido de información entre los distintos organismos que participan en la gestión en un mismo ámbito territorial y entre los distintos ámbitos, así como la sinergia asociada a la complementación de acciones y que evite la entropía de información y duplicidad de esfuerzos.

Pero, además, estamos insertos en un crecimiento económico mirando sólo por el extraordinario y rápido lucro de la gran burguesía local e imperialista de ahí que se maneje por los boom como el inmobiliario que explica que el 40% del crecimiento en la construcción sea en Puerto Madero
que no sólo segrega y despoja del río a la población sino edifica contra las normas ecológicas.

Las políticas agrarias no pueden estar en manos sólo de campesinos y pueblos originarios, requieren involucrar a los productores medianos y pequeños
y a todos los involucrados en las economías regionales a modificar radicalmente porque:

“Los monocultivos de soja y el modelo de agroexportación de commodities son un problema de carácter estructural que demanda estrategias integrales en que el Estado debe comprometer un amplio espectro de políticas activas con respecto a:

Es evidente que el plan global que se nos impone es el de territorios dedicados a la producción de commodities para la exportación y una masa de población sobrante y mísera mantenida por el asistencialismo o las ONGs en lo que se denomina "economía de la pobreza". Todos los programas de ayuda social implican deuda externa y, además, las experiencias productivas que se promueven con ellos tienen que competir desventajosamente con la producción en gran escala. Esto a simple vista se evidencia que no tiene sentido

El sistema puede estar pensando una alternativa posterior a la catástrofe que se avecina, compensando o poniendo en juego otros territorios, por esta razón también es preciso tener una perspectiva latinoamericana”.
Fuente: www.ecoportal.net
26-2-08

También hay que resolver la deforestación, el uso con fines agrícolas de suelos de vocación ganadera o forestal, los usos ganaderos de suelos usualmente forestales o de humedales, el empleo de maquinaria agrícola inadecuada, la sobrecarga de ovinos y sobre-pastoreo, degradación de los suelos (pérdida de fertilidad y estructura, compactación, erosión), el manejo de las cuencas hidrográficas, etc.

NO al Tren Bala Elitista, Antinacional, y Antidemocrático	SI al Tren para Todos. Popular, Ecológico, Económico
320 Km por hora	120 Km por hora (tres veces el promedio de velocidad actual).
Por lo menos 5000 millones de dólares	3100 millones de dólares. 1900 millones de dólares menos que para el "Tren Bala".
1000 Km de vías que sólo podrá usar este tren, ya que no servirán para los trenes comunes y sólo para transportar pasajeros	18.000 km de vías reconstruidas a nuevo: 7000 km de vías para trenes de pasajeros y de carga y 11.000 km sólo para trenes de carga. 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15.000 vagones para carga.
Un pasaje que costaría entre 300 y 400 pesos será inaccesible para la mayoría de la gente	Los pasajes costarían varias veces menos de lo que cuesta actualmente un pasaje en micro.
Sólo comunicaría 4 ciudades (Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba)	Llegaría a todas las zonas del país (Noroeste. Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia), a todas las grandes ciudades, y a cientos de pueblos que volverían a conectarse con las grandes ciudades, bajando costos de transporte y reactivando las economías regionales.
Nos hace depender de la tecnología francesa. Este tipo de tren bala no ha funcionado en ningún país fuera de Europa porque necesita desarrollos tecnológicos muy complejos con los que nuestro país no cuenta para su mantenimiento	Utilizaría tecnología Nacional y del MERCOSUR al alcance de las capacidades de nuestro país.
No reimpulsa la industria ferroviaria nacional.	Reimpulsa la industria ferroviaria nacional con la construcción de vagones, el ensamble de locomotoras y la producción de repuestos, generando trabajo.
Aumenta la deuda externa.