Contextos

La deliberación sobre necesidades y aspiraciones de nosotros, los de abajo, y nuestra organización en forma
de democracia directa e indirecta a lo largo y ancho del país nos desafía ir más allá de las apariencias y
profundizar en la realidad para descubrir:

1. Las responsabilidades criminales de quienes nos “representan democráticamente”

Carlos del Frade (APE), en su nota “Los desnutridores”, nos introduce
en que:

está definida como una enfermedad pero, en realidad,
se trata de la consecuencia física, existencial, de un sistema económico
que concentra riquezas en pocas manos y multiplica pobreza entre millones.

En el medio, se supone, debería estar el Estado para paliar los efectos o, en el mejor de los casos, transformar la realidad para que miles y miles de pibas y pibes no sean condenados aún antes de pronunciar la palabra mamá.

Sin embargo, las noticias que llegan desde una de las provincias más ricas de la Argentina,
Entre Ríos, comienzan a descubrir que así como hay desocupadores y desaparecedores,
habrá que comenzar a pronunciar la palabra que informa sobre «los desnutridores».

Aquellos funcionarios que sin marcar un solo rastro de vergüenza llevan adelante supuestos planes para pelear contra el hambre y que garantizan comida para menos de una semana.

¿Cómo será el alma de los desnutridores?

¿Qué tipo de pensamientos tendrán a la hora de constatar la cifra que destinan para gambetear los efectos de la pobreza y el precio de los alimentos que se supone debe comprar la gente?

Hay un programa llamado Refuerzo Familiar. Desde hace tres años se reparte en forma de bonos que por medio de troqueles se cambian por comida. La indecencia del papel tiene distintas dimensiones, pero el mayor nivel de hipocresía está en los montos.

Cuarenta y siete pesos por mes es el total de la ayuda.
Doce pesos para carnes, cuando el kilogramo de asado está por encima de los diez pesos;
cuatro pesos para huevos, cuando la media docena está por arriba de esos valores y cinco pesos para aceites, grasas y manteca que no alcanzan ni para cubrir los costos de una unidad por rubro de esos alimentos.

¿Cuánto tiempo duran esos 47 pesos para las familias desesperadas?

¿Qué refuerzo familiar suponen esos 47 pesos mensuales?

La cifra, una vez más, desnuda el tamaño del desprecio para con los sectores populares, el nivel de falsedad cuando se habla de preocupación o 'lucha permanente' contra la pobreza, porque con esas cifras -en realidad- hay una consagración de la desnutrición como variable cotidiana.

El Programa es una decisión del gobierno nacional, una clara señal que demuestra qué entiende la administración de Cristina Fernández cuando habla de distribución de la riqueza. Con esos montos,
en concreto, se multiplica la pobreza y crecen los génesis de nuevas existencias desnutridas.

La información sostiene que ya el denominado Centro de Almaceneros de Paraná 'decidió no recibir los bonos este mes por atrasos en los pagos' y que muchos comerciantes desde hace tiempo no aceptan los troqueles. Algunos de los consultados por los medios de comunicación regionales calificaron el monto y la demora en pagar esos bonos como una 'verdadera vergüenza porque son para evitar la desnutrición'.

Una verdadera vergüenza que es el resultado de la impunidad de un nuevo actor político social en la historia argentina, los desnutridores”.

“-Rosario está linda- es la frase que más se escucha en los últimos años.
Visión acotada y
dirigida, iluminada por los reflectores de publicistas varios que
esconden los arrabales de aquello que no pudo engancharse detrás de
las exportaciones y el crecimiento privilegiado de pocos, de muy pocos”.

“Alrededor de las barrancas que se desploman sobre las aguas marrones del río Paraná,
la ciudad de Rosario -lugar donde flameara por primera vez la bandera de la nación de iguales
que todavía no es- exhibe sus orgullos mientras oculta y silencia sus espantos cotidianos.

En los últimos cuarenta años, el lugar dejó de ser industrial para explotar al conjuro del boom sojero.
Las piquetas arrasaron con las casas de los barrios y empezaron a elevarse decenas y decenas de edificios que buscaban el cielo por pura devoción al dios dinero.
La consecuencia está en
los cuerpos sacrificados de los obreros en aquel altar del boom de la construcción,
la especulación inmobiliaria y el derrame en servicios de la forrajera tan mentada en estos días.
Cuatro trabajadores que intentaban ganarse la vida, la perdieron porque son más importantes los departamentos VIP que las existencias de los que nunca supieron cómo era la ciudad industrial, portuaria y ferroviaria que alguna vez fue Rosario”.

Ilumina lo que el embaucamiento encubre:
“En esas calles que albergaron experiencias de educación popular inigualables,
como la Escuela Serena de las hermanas Cossettini, donde las campanas eran reemplazadas
por música, las pibas y los pibes creaban cooperativas para el barrio y formaban coros que imitaban el canto de los pájaros; o como la Biblioteca Vigil, surgida en el corazón del barrio La Tablada y
que contó con un telescopio de última generación mientras su editorial imprimía cientos
de miles de libros para los hijos de las familias obreras; en esas calles bombardeadas
por la ferocidad de los intereses inmobiliarios y sojeros, atravesados por miles de desocupados
que no pudieron recuperar sus actividades porque la ciudad dejó de ser obrera;
en esas calles crece -sin reflectores de por medio- el analfabetismo.

Parece mentira.
La ciudad que exhibe premios por su calidad en el servicio público en salud y sus políticas antidiscriminatorias, exilia a muchas de sus hijas e hijos del conocimiento elemental y mínimo.

Según informa la filial rosarina del llamado Programa de Alfabetización Encuentro,
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, el 32 por ciento de las personas que viven en los arrabales de la ciudad es analfabeto.
Y en su mayoría, precisa la noticia, son mujeres, al mismo tiempo que
'un alto número de jóvenes de más de quince años no finalizó la escuela primaria’ (…)”.

2. El Estado que chantajea a los trabajadores y se despreocupa del desamparo mayoritario

Ø controlar todos los medicamentos, todos los alimentos, todas las vacunas,
y todos los reactivos de diagnóstico;

Ø estudiar y contener todas las enfermedades infectocontagiosas
(meningitis, hepatitis, tuberculosis, fiebre amarilla, dengue, chagas, etc.);

Evidentemente si esto ocurriese, estaríamos ante una catástrofe socio-sanitaria.
Ahora bien,
queremos que la población sepa que si esto no ocurre es pura y exclusivamente
porque solamente los trabajadores de estas instituciones entendemos
la vital importancia que tienen para la población nuestras tareas,
y aun en condiciones laborales denigrantes asumimos la responsabilidad de nuestra tarea (…)”.

Lo mismo sucede en hospitales, escuelas, universidades…del sector público si no fuese por

la responsabilidad social de la mayoría de sus trabajadores no habría funcionamiento alguno

“La vital importancia que tienen para la población nuestras tareas al Gobierno Nacional no le preocupa
porque:

• No aprueba la carrera profesional acordada desde el 2005;

• Mantiene estructuras funcionales de la década del “achicar el estado para agrandar la nación”; generando entre otras anormalidades, además de no estar adecuada a la nueva realidad sanitaria,
que más de la mitad de los trabajadores estén precarizados y se impida el pase a planta de los contratados;

• Sigue insistiendo que nuestra actividad es administrativa , y no reconoce nuestra realidad con una nueva carrera sanitaria para todo el personal,

• No reglamenta los adicionales por función sanitaria; y continúa con la política de rebajar el salario real frente a la inflación real.

Ante esta situación vemos con suma preocupación que la política del Gobierno Nacional
es llevar lentamente al país a la situación arriba descripta.
Porque
las Asociaciones de profesionales de los Institutos de salud nacionales y las juntas internas de la ATE de los organismos nacionales de salud, Instituto Malbrán,

ANLIS, e Institutos que de esta dependen; Institutos Nacionales de Medicamentos y de Alimentos
y CENARESO, entendemos que estas instituciones deben estar al servicio de la población,
y ser parte de
un proyecto sanitario y científico que permita al país dar un salto a la modernidad como nuestra presidenta declama, y porque la patria somos todos, incluidos los trabajadores de la ciencia y la salud, es que realizaremos nuestra cuarta jornada de protesta y esclarecimiento a la población”.

(…) la cristalización
del perfil ultra regresivo del sistema tributario, que mantiene como principal vía de captación de recursos por parte del Estado los impuestos indirectos como el IVA, que pagan en términos relativos quienes menos tienen, mientras se mantienen exenciones a los impuestos directos, sobre todo
el impuesto a las ganancias, que premian al poder económico más concentrado.
Por ejemplo, las exenciones en ganancias a la renta financiera, a la tenencia y compraventa de acciones o a la tenencia de bonos.

Y del correspondiente esquema del gasto, destinado básicamente al pago de las crecientes obligaciones de vencimientos de capital e intereses de la deuda externa –este año por casi 20 mil millones de pesos- y de subsidios directos e indirectos a los grupos económicos por más de 10 mil millones de pesos.

Ese es el marco en el que se desenvuelve el panorama del trabajo y de los ingresos de los sectores populares, condicionado por un modelo productivo en el que reinan los parámetros capitalistas
más crudos de alta rentabilidad inmediata y fuertemente concentrada, basado precisamente en
la producción y exportación de materias primas de origen agrícola cuyas ganancias extraordinarias provienen de la diferencia entre el precio local del producto (la ecuación que surge de los costos
más la ganancia normal del empresario) y el precio en el mercado internacional.

Ese modelo arroja hoy cifras –de acuerdo con un trabajo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA- según las cuales la precariedad laboral alcanza al 58,7 por ciento de la fuerza laboral del país.

el 38,3 por ciento de los trabajadores ocupados tienen ingresos por debajo del salario mínimo, y eso a pesar de que la jornada promedio de los asalariados en la Argentina es de 12 horas de trabajo,
4 más de lo que marca la ley.

Y el tan cacareado (por el gobierno) proceso de generación de empleos, ahora estancado, y que fue de 2.654.000 puestos entre 2001 y 2007, muestra que 2.260.097 de ellos fueron ocupados por empleados que rotaron de trabajo, mientras persiste según las polémicas cifras oficiales 1.250.000 desocupados que podrían haber salido de esa situación si hubiera una política específica para manejar con racionalidad la oferta generada.

Los niveles de explotación de los trabajadores se expresan con claridad si se tiene en cuenta que
la productividad de la economía creció entre 2001 y 2007 un 15,1por ciento. Ese debería ser, por lo menos, el índice de aumento general de salarios respecto de los de 2001; sin embargo, el valor real del salario, hoy, apenas iguala al de ese año”.

“un modelo productivo en el que reinan los parámetros capitalistas más crudos de alta rentabilidad inmediata y fuertemente concentrada, basado precisamente en la producción y exportación de materias primas de origen agrícola”.

Pascual Serrano, a raíz de la muerte de cuatro trabajadores en Valencia, plantea
el deber de
“analizarlo en el marco del sistema de subcontratas que hoy domina el panorama laboral
en muchos países. El método, que en América Latina denominan tercerización, consiste en adjudicar una obra a una empresa, la cual se dedica a buscar otras que realicen el trabajo total o parcial por un precio más ventajoso y, en muchas ocasiones, la cadena de subcontrataciones se alarga todavía más.
De esta forma,
cada empresa va abaratando costes que inevitablemente se reflejan en las condiciones laborales, en la seguridad, en la calidad de los materiales, etc.
Al mismo tiempo,
son varias las firmas que van logrando beneficios sin ejecutar ningún trabajo, sólo mediante la mediación entre la aceptación de un presupuesto y el logro de una nueva empresa que acepte hacerlo por un precio menor, de forma que deje un diferencial de beneficio para quien no habrá trabajado nada. (…)

La escritora Naomi Klein recoge en su libro “La doctrina del shock”, el relato de un senador demócrata estadounidense sobre la forma cómo se aplica el sistema de contrataciones en Iraq: “El contrato
va a parar a un subcontratista, y de éste a otro, y a un cuarto subcontratista. El pago del aire acondicionado se convierte en pago a cuatro contratistas, el cuarto de los cuales instala un ventilador en una sala. Sí, el contribuyente norteamericano paga por un aire acondicionado, y cuando el dinero ya ha pasado por cuatro manos lo que hay al final es un ventilador instalado en una sala de Irak”.

Del sistema se benefician todas las empresas, las primeras porque cobran un dinero por trabajos y servicios que no se realizan o lo son de peor calidad que los que se comprometieron sin que tengan responsabilidad porque ellos no ejecutaron la obra; y las últimas porque logran hacer chapuzas e ilegalidades que ninguna administración aceptaría reflejar contractualmente. El único “efecto colateral” es que los albañiles terminan muertos, los aviones estrellados y los aires acondicionados se convierten en ventiladores.

Marx estableció en el siglo XIX el concepto de plusvalía como la diferencia entre el valor de reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador y el valor generado por esta fuerza de trabajo, esa diferencia era apropiada por el capitalista.
El mecanismo de las subcontratas ha logrado multiplicar las plusvalías a costa de
la remuneración del trabajador y de la disminución de la calidad de lo producido. No puede haber otra forma. Ahora sólo queda la decencia de la Administración o gobierno que termine con
el crimen. En Ecuador, el presidente Rafael Correa lo aprobó el pasado 30 de abril”. www.pascualserrano.net
Fuente: www.rebelion.org
Economía 2-6-08

b. Para violarlos en sus derechos en nombre de la «seguridad jurídica» de los saqueadores

“En reiteradas ocasiones se culpa como responsable de nuestro atraso y pobreza estructural a
la falta de seguridad jurídica.
Esta grave falencia lleva –en boca de sus defensores- a que las empresas, ante la incertidumbre en
el mediano y largo plazo, concentren sus inversiones en sectores que les garanticen alta rentabilidad en corto tiempo.
Esta política iría a contramano de lo que la literatura económica recomienda, es decir, inversiones a más plazos, que son la que en definitiva generan el círculo virtuoso de la economía en crecimiento.

Y destacamos el término «seguridad jurídica» porque es éste el vocablo utilizado, pero además porque nos sirve de ejemplo de cómo se construye la realidad en el ámbito de la difusión masiva
o mal llamada comunicación social.
Esta construcción pasa por el cambio de su significado primigenio, que podríamos sintetizar como
"la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por
el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno", a otro más sintético que podría traducirse como "no puede hacerse nada contra las empresas".

Cuando la prensa hegemónica habla de seguridad jurídica no se refiere al principio de Derecho universalmente reconocido citado arriba, sino a la intención manifiesta de que ni los individuos ni
el Estado pueda actuar (legislar, controlar, actuar) el accionar de las empresas privadas. Un principio se convierte así en un interés.

Esta introducción viene a cuenta de una información generada por la organización no gubernamental (ONG) Christian Aid y difundida por la BBC sobre la evasión que las empresas multinacionales realizan en América Latina y el Caribe.
La ONG británica cuantificó en 50.000 millones de dólares el monto que estas compañías dejan de tributar cada año en las naciones ubicadas el sur del río Bravo. La misma fuente señala que
esta conducta penalmente punible "limita seriamente el desarrollo de esos países".

La misma fuente estima en 160.000 millones de la moneda estadounidense la evasión de estas empresas en todo ese universo llamado Tercer Mundo. Esta es una cantidad entre tres y cuatro veces superior a
los entre 40.000 y 60.000 millones de dólares que el Banco Mundial estima que se precisan para financiar los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El director de esa ONG, Daleep Mukrji, sostiene que las muertes de "5.600.000 niños en todo
el mundo podrían evitarse entre los años 2000 y 2015 si el pago de impuestos de
estas compañías fuese un hecho". El cuánto llama mucho la atención. La cifra de 50.000 millones de dólares es el monto de las exportaciones argentinas en 2007, por ejemplo. Esa cifra es, a su vez, el total de las reservas monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así como el cuánto, también el quiénes llama poderosamente la atención. British Petroleum
(petrolera británica, ganancias en 2005 22.450 millones de dólares), Wal-Mart (minorista estadounidense, ganancias en 2007 11.300 millones), Royal Dutch Shell (petrolera angloholandesa, 22.500 millones en 2006) y ExxonMobil (petrolera estadounidense, 39.500 millones en 2006) entre otras, son blanco de acusaciones de esta ONG cristiana. Según el informe, esta millonaria pérdida significa un obstáculo a un crecimiento sostenible e independiente de los países pobres”.

“Este es el dato frío: las empresas multinacionales evaden impuestos en América Latina y el Caribe por 50.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué hacer? Aquí es donde resurge con todo su impulso el concepto restringido de «seguridad jurídica».
El discurso que enuncia el bloque hegemónico sería algo así como "no debe sancionarse a las empresas (por la evasión impositiva) porque este tipo de acciones atenta contra la seguridad jurídica". Luego, todo lo que mencionamos antes: sin seguridad jurídica no vienen las inversiones de largo plazo, no hay inversión, no hay crecimiento sostenido, mayor atraso y pobreza”.

“Lo más destacable del dato aportado por Christian Aid es que se ha cuantificado el costo de
la seguridad jurídica acotada: 50.000 millones de dólares. Ese monto es, precisamente, lo que
la falta de seguridad jurídica
ha generado como ingresos a las empresas multinacionales que operan en nuestro medio. Y que
los países han dejado de percibir. De existir auténtica seguridad jurídica, esas empresa habrían sido denunciadas penalmente y sus directivos deberían responder ante la Justicia por violar
las leyes tributarias. Y los Estados dispondrían de esa enorme suma de dinero para cumplir con
sus deberes. Pero las empresas, los medios y sus adláteres sólo claman cuando se le exige a
las empresas que cumplan con sus obligaciones legales.

En estas condiciones, no sólo se torna necesario poner en evidencia estas cuestiones y señalar a los culpables, sino también tratar de leer correctamente cómo se construyen los discursos
en la eterna lucha de poder. Porque si tanto se pregona que debe respetarse
la seguridad jurídica, las empresas mediáticas y sus voceros pagos deberían poner
el grito en el cielo para que estas compañías sean juzgadas y condenadas
por alta evasión impositiva.

Si no es así, entonces no se están discutiendo principios sino intereses”.
Fuente: www.prensamercosur.com.ar
30-5-08

Ahora tomemos un ejemplo la corporación francesa Suez que encima se le permite su acción a través del CIADI que es del Banco Mundial, su socio en el servicio de agua potable y saneamiento. Leamos:

“En los países en desarrollo,
las condiciones mínimas en la calidad del agua no se satisfacen y no hay un correcto tratamiento residual. Unos 2.600 millones de personas -casi la mitad de la población mundial- carecen de acceso al agua potable.
Y son los niños,
las principales victimas, porque corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas,
transmitidas por el agua. Por el alarmante porcentaje de personas que padecen esta falta de regulación sanitaria, el 2008 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional del Saneamiento Ambiental.

Para asegurar las necesidades básicas, los seres humanos necesitan consumir de 20 a 50 litros de agua potabilizada todos los días. No disponer de agua salubre y suficiente para la higiene personal, lleva a que el 88 por ciento de los niños, menores de 5 años, muera anualmente por enfermedades diarreicas, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El agua cubre el 70,8 por ciento de la superficie terrestre, pero menos del 1 por ciento del agua dulce del mundo está disponible para el consumo. Si bien desde 1990 a la fecha, aumentó el número de personas con acceso al agua potable, aún hay 425 millones de niños que no pueden beber de fuentes mejoradas. Una de cada seis personas, se ven obligadas a recurrir al uso de fuentes de abastecimiento de agua potencialmente nocivas. Esto significa que para tomar agua, deben hacerlo de pozos excavados a mano, de ríos, lagos o arroyos no protegidos, poniendo en riesgo la salud y la vida.

Los países de América Latina son algunos de los más afectados por
este problema. En el continente 125 millones de personas viven
sin alcantarillado, sólo el 14 por ciento de las aguas residuales son tratadas,
y el 40 por ciento de los residuos sólidos no son dispuestos adecuadamente, provocando la contaminación de la tierra y el agua.

En Brasil sólo el 47 por ciento de la población cuenta con las condiciones de saneamiento, según el Instituto Trata Brasil, una organización no gubernamental que trabaja para mejorar el saneamiento ambiental de ese país.

La insuficiencia de agua apta para el consumo y la falta de higiene tienen efectos perjudiciales, sobre todo en los más pequeños que son el sector más vulnerable de toda sociedad. En América Latina las enfermedades diarreicas son la segunda causa de mortalidad infantil. Los países más afectados son: Nicaragua, Honduras, Bolivia y México, ya que allí se registran las tasas más altas de natalidad. (…)

En América Latina y el Caribe, se calcula que dentro de los 510 millones de habitantes de la región, unos 56 millones no tienen acceso a agua limpia; mientras que otros 132 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados, sobre todo por falta de agua corriente.

En el continente, casi la mitad de los pobres extremos son niños menores de 12 años. Estas criaturas que nacen en hogares humildes tienen negados los derechos humanos más elementales: alimentación adecuada, salud y educación.

Es triste imaginar que de 120 millones de niños que nacen cada año en el llamado mundo subdesarrollado, la mitad lo hace en hogares sin instalaciones de saneamiento apropiadas y la quinta parte carece de fuentes de agua potable en sus casas.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revelan que
60 millones de niños latinoamericanos no acceden al agua potable en su vivienda.
En África subsahariana, el 42 por ciento de la población no tiene acceso a agua potable y sólo el 36 por ciento tiene servicios de eliminación de excretas. La cifra de niños africanos que viven en esa situación precaria de saneamiento asciende a 54 millones.

Esta situación no hace otra cosa más que violar el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la vez se reproduce en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala que la infancia tiene derecho a disfrutar de
las mejores condiciones de salud.

Entre las medidas necesarias para garantizar este derecho, se incluyen luchar contra
las enfermedades y la desnutrición -mediante- un suministro adecuado de
alimentos nutritivos y de agua potable limpia (…)”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, advierten que si la situación no mejora, medio millón de personas seguirán sin acceso a los servicios sanitarios básicos y 800 millones de personas continuarán bebiendo agua no potable para el 2015.

En su informe, estas dos agencias de la ONU calculan que con una inversión anual de 11.300 millones de dólares -de los cuales, más del 80 por ciento iría destinado a África y Asia-, se reduciría a la mitad el número de personas que no dispone de saneamiento. Hay que resaltar que si se mantuviera esta inversión durante 2 décadas, todos los habitantes del mundo dispondrían de esta asistencia fundamental.

Este tipo de medidas -para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales- contribuirían al desarrollo económico y social de los países afectados. Una investigación realizada por UNICEF demuestra que por cada dólar invertido en saneamiento, se puede ahorrar un promedio de 12 dólares en costos de salud, educación y desarrollo económico.

Las enfermedades infecciosas, particularmente las diarreicas son la causa más importante de retraso en el crecimiento de los niños. Se calcula que
cada menor de 5 años, en un país en vías de desarrollo sufre un promedio de
tres episodios de diarrea al año (…)”.
Fuente: www.prensamercosur.com.ar
1-6-08

En consecuencia, constituiremos órganos de deliberación y organización de la democracia directa e indirecta a lo largo y ancho del país a partir de la socialización o nacionalización de la lucha de -agrupamientos en torno a que rija la vida y no imperen
los negocios del contubernio entre los poderes establecidos;
-asociaciones de trabajadores por la autogestión de empresas,
por la democracia sindical, por salarios y condiciones laborales
que erradiquen la opresión, por la dignidad de trabajadores de
los desocupados; -grupos o movimientos sociales que resisten a los desalojos, los arrinconamientos, la trata de personas, el gatillo fácil, la criminalización de la pobreza, la judicialización de la protesta social.

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La soberanía alimentaria se convertirá en plataforma aglutinadora de nuestras luchas (contra
el ‘Mercado’ para hacer posible la vida humana en todas sus dimensiones y la de la biodiversidad
que asegura equilibrios ecológicos) si reconocemos que compartimos la necesidad de:

1. Poner fin al “modelo político y económico de dominación implantado en el país”

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, en su carta
a la Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aclara cómo este modelo se originó:

“El 24 de marzo recordamos el dolor y la resistencia del pueblo
durante la dictadura militar que fue parte de la política continental para implantar
el proyecto neo-liberal a través de la Doctrina de Seguridad Nacional,
con un alto costo en vidas humanas, muertos, desaparecidos, torturados, encarcelados y exiliados.

Proyecto que tuvo como objetivo la destrucción de la capacidad productiva del país y
la apropiación de sus recursos. Esa política nefasta de destrucción y muerte no comenzó en 1976;
fue impuesta varias décadas atrás en el país y en todo el continente.
Tampoco podemos obviar a las Tres A y el terrorismo de Estado impuesto durante el gobierno
de Isabel Perón”.

“Entre los mecanismos de dominación,
está la deuda externa que los gobiernos continúan pagando,
generando un círculo vicioso y suicida: “más pagamos, más debemos y menos tenemos”,
hipotecando el presente y futuro del pueblo.

El gobierno esta negociando con el Club de París la deuda externa con el agravante que
los miembros del Club le exigen hacerlo a través del FMI, condicionando la soberanía nacional.

Esta situación es posible porque el gobierno y los que le precedieron, se han sometido a los intereses internacionales y no tienen el coraje y decisión política de realizar una auditoría, que determine la deuda legítima, de la ilegítima.

Disponen de toda la documentación del juicio iniciado por el Dr. Alejandro Olmos y que el juez Ballestero enviara al Parlamento Nacional y pidiendo que se investigue. Sin embargo, la decisión tomada es:
“de eso no se habla y no se toca. Se paga”; generando la impunidad y permitiendo continuar con
el aumento de la deuda y el saqueo del país.

El gobierno debe hacer frente al pago de 52.907 millones de dólares, entre intereses y vencimiento de la deuda, lo que representa casi el 30% de la deuda pública total reconocida por la Argentina que asciende en la actualidad a 137.114 millones de dólares. La deuda pública aumentó en 11.000 millones de dólares por el ajuste del CER.

En el presupuesto nacional del año 2008, aprobado por el Congreso Nacional,
se destinan cerca de 20.000.000 millones de pesos para el pago de los intereses de
la deuda externa.

Mientras el presupuesto para Educación alcanza a los 11.300.000 de pesos y el de Salud a los 6.200.000 de pesos. Si se suman los dos presupuestos son menos que el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Cuáles son las prioridades del país? No se puede hacer una abstracción de las consecuencias de la deuda y su relación con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar”.

“Asignaturas pendientes con el pueblo

Son los derechos que deben ser defendidos en su integridad.
Es urgente enfrentar los altos índices de mortalidad infantil.
Según el informe anual de UNICEF (2007) mueren en el país 25 bebés menores de un año por día, la mayoría por causas evitables. La situación de desigualdad se hace más evidente en las provincias pobres.
El último informe (2007) de la ONU es alarmante, la mortalidad infantil es de 13,3 por cada mil nacidos.

Los pueblos originarios
están sometidos a la marginalidad, explotación y extinción, como el caso del Pueblo Mbya Guaraní, donde la mortalidad infantil alcanza al 90 por mil. Es doloroso el índice de mortalidad entre el Pueblo Tobas que en el año 2007 alcanzó a 20 víctimas de hambre.

El informe señala que un 20 por ciento de la población, se apropia del 60 por ciento de las riquezas que se generan en todo el territorio nacional.
Señala el abandono de parte del gobierno y la aplicación de políticas equivocadas desarrolladas en los últimos años.

El modelo político y económico de dominación implantado en el país no desapareció.
Por el contrario, se fue afirmando en el tiempo a través de los sucesivos gobiernos que continuaron aplicando la misma receta neo-liberal y poniendo al país en subasta al mejor postor, con las políticas de ajuste, capitalización y privatizaciones.

Muchos de los problemas planteados surgen de las políticas de gobierno que son permisivas.
La rebelión del campo hay que analizarla detenidamente y no medir con
la misma vara a todos los productores. No son las retenciones el único problema; son las políticas de desigualdad, de explotación y privilegio de las grandes corporaciones. No se hace cargo de las condiciones que el campesino debe afrontar frente a sequías, inundaciones, granizo y pérdida de la producción.

La ley de minería, sancionada durante el gobierno menemista es una de las más nefastas para el país. Sin embargo, no se toca.

Lo que marca el índice de complicidad directa e indirecta en la destrucción del medio ambiente y daños a la población. La misma actitud tiene el gobierno con la Ley de Radiodifusión impuesta durante la dictadura militar que los gobiernos se niegan a modificar e impiden el ejercicio de la libertad de prensa y medios comunitarios alternativos.

El gobierno no desconoce lo que explicito,
pero deja hacer a las empresas sus negocios sin importarle el costo en vidas y pérdida de los recursos naturales.

Es cierto que han tratado de detener el desmonte de los bosques y
hubo que enfrentar la fuerte oposición de legisladores que defendía el capital financiero.
A esa situación se suma el uso indiscriminado de los agroquímicos; la quema de grandes extensiones de bosques para plantar soja trasgénica, provocando daños irreversibles.

Pocas veces se tiene en cuenta nuestros mares y ríos sometidos y amenazados por la devastación y explotación de empresas navieras extranjeras, provocando altos índices de contaminación y destrucción de los recursos marítimos,
ante la imposibilidad de disponer de la vigilancia y control de la soberanía sobre nuestros mares.
La soberanía sobre el territorio de la Antártida esta amenazada y el gobierno debe actuar antes
que sea tarde.

Muchos gobernadores provinciales, como señores feudales, manejan las provincias de acuerdo a
sus intereses, vendiendo tierras que no les pertenecen. No se sabe que hacen con el dinero.
Cabe preguntarse si existe un Catastro, un seguimiento sobre los recursos y títulos provinciales y nacionales. Mientras, someten y marginan a indígenas y campesinos y les niegan los títulos de posesión.
A este respecto, los Pueblos Originarios, con quienes estamos en permanente contacto, nos han expresado su preocupación por la puesta en marcha de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, ya que la misma corre peligro de vencimiento.
Hasta el momento no se conoce qué medidas está tomando al respecto el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI).

No existe en el país una ley que regule y ponga límite a la venta de tierras a extranjeros.
La complicidad de legisladores y gobernadores; como de los sucesivos gobiernos nacionales,
han impedido que avance la sanción de una ley de protección a la tierra.

Es necesario tener en cuenta el documento
“Una Tierra para todos” de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino, sobre la grave situación que viven los indígenas y campesinos. Los obispos señalan:

“Una deuda pendiente”

“A una década de la incorporación del inciso 17 en el Art. 75 de la Constitución Nacional- que reconoce la pre-existencia de los pueblos indígenas, su derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas y otras aptas y suficientes, a una educación bilingüe intercultural, a su propia lengua y cultura y a la participación en aquellas cuestiones que los afecten- pareciera que la situación de las comunidades se agrava cada vez más y los problemas estructurales que padecen se agudizan día a día”.

No es posible que se expulse de sus tierras a indígenas y campesinos y se les someta al hambre y a
la pobreza; violando la Constitución Nacional, y el Art. 169 del Convenio de la OIT; los Pactos y Protocolos Internacionales que el Estado Argentino suscribió y que no respeta, violando los derechos humanos que deben ser defendidos en su integridad.

Lamentablemente en nuestro país existen categorías de ciudadanos y ciudadanas de primera, segunda y tercera clase.

¿Qué democracia se está construyendo?

Duele tener que decirlo, Sra. Presidenta. EL PAIS ESTÁ EN VENTA.

Se han vendido más de 16.900.000 hectáreas de tierra a extranjeros. Se suma la noticia del proyecto de privatizar el Banco Nación, ( esperemos que sea solamente un rumor) que hoy tiene en sus manos 14.500.000 hectáreas de chacareros endeudados que pasarían a mano de la banca extranjera, suma que en total de tierras vendidas e hipotecadas, asciende a 31.400.000 hectáreas.
Lo que significa una superficie semejante a toda la Provincia de Buenos Aires.
De ser así, sería una pérdida irreparable de la soberanía nacional y completaría la entrega del país.

Le recuerdo que detrás de cada número hay rostros, de niños, hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos que nos cuestionan e interpelan y reclaman un lugar justo y digno en la vida. Debemos preguntarnos si
el sueño de nuestros mayores, sus luchas y esperanzas de construir un país libre y soberano fue sólo una quimera.

¿Es posible que el pueblo despierte a la pesadilla de la realidad que vivimos y vea cómo han vendido el país y nos encontremos extranjeros en nuestra propia tierra?-

¿Dónde ha quedado el profundo sentido de Patria, hoy casi olvidada?- ¿Qué significa la identidad y pertenencia que nos legaron nuestros libertadores, que lucharon y dieron sus vidas para dar vida y libertad a nuestro pueblo? - ¿Murieron en el olvido?- ¿Fueron idealistas frustrados que soñaron un país distinto, soberano y libre de dominaciones?

En el año 2010 el país celebrará el Bicentenario de su grito de libertad. ¿Quedará algo para celebrar de nuestro patrimonio, valores e identidad nacional? ¿Dónde quedó el clamor del pueblo que lucha por
su liberación? ¿O es que tal vez, pretendan celebrar la re-colonización del país?

Vuelvo al proverbio: Hay que regresar a las fuentes; profundizar en los valores y la memoria compartida de las luchas populares para saber de donde venimos y hacia dónde vamos. Debemos ser coherentes entre el decir y el hacer.

No es posible hablar de soberanía sin tener el control y ser dueños de los recursos naturales con empresas nacionales básicas y estratégicas. Un país que no tiene el control de sus recursos queda cautivo de las empresas transnacionales y lleva a la dependencia, el hambre, la pobreza y marginalidad del pueblo”.

Adolfo Pérez Esquivel plantea:

“Sra. Presidenta.
Usted ha reclamado a la sociedad que la ayuden a “defender el modelo de país”.
Creo que la mayoría estamos de acuerdo en apoyar un proyecto de país y hacer todos los esfuerzos necesarios.
Pero:

¿Qué significa el modelo actual de país? Es necesario tener claridad conceptual y desarrollar políticas
acordes para construir y defender un país soberano, trabajar para la recuperación de nuestros recursos
y la redistribución de la riqueza a fin de alcanzar el derecho e igualdad para todos.

Sin embargo,
vemos que ha firmado -en París- los acuerdos para la construcción del “Tren de alta velocidad” o “Tren Bala”.Es una bala dirigida al corazón del pueblo. No hay políticas coherentes que lleven a recuperar los ramales ferroviarios que fueron desmontados; condenando al aislamiento a gran parte de las regiones del interior”.

Recurre al nombre de una película para situarnos en el presente y subtitula:

“Las aguas bajan turbias

Como bien lo señalara Hugo del Carril hace varias décadas, hoy también las aguas bajan turbias e impiden ver lo que ocurre en el país. Es necesario que las aguas se aquieten, que se calme la mente y el espíritu y esperar que se vuelvan transparentes para ver el fondo.

Cuando en los años 74, 75 y 76 y durante la lucha por los derechos humanos contra la dictadura militar y
la violencia de diversos signos que sufría el país, reclamamos a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos que actúen antes que sea tarde,
muchos miraron para otro lado, no querían ver ni escuchar; hubo quienes fueron cómplices de la destrucción del país y salieron a golpear los cuarteles para reclamar que salgan las tropas a reprimir. Gracias a Dios hubo hermanos y hermanas en la fe coherentes con la espiritualidad y el compromiso junto al pueblo. Nuestro mártir de los llanos riojanos, Monseñor Enrique Angelelli decía: “Debemos poner un oído en el pueblo y otro en el Evangelio para saber por donde ir”.

Es necesario hacer memoria, para que nos ilumine el presente. Recordar lo que ocurrió con la Forestal en Santa Fe, con la venta de YPF, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias de la Nación; Teléfonos del Estado, Ferrocarriles Argentino, entre otras empresas nacionales.

Señora Presidenta.
Es necesario restablecer el equilibrio entre los seres humanos con la Madre Naturaleza, con el Cosmos y con Dios, defender la integridad de la creación porque de ello depende el presente y futuro de la humanidad, de nuestro país y de nuestros hijos.

Es necesario recordar la carta del jefe indio de Seatlle, dirigida al jefe blanco: “De una cosa estamos seguros, la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a la familia.
El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a si mismo… y está tentando a la desgracia si osa romper esa red”. Se pregunta: ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció- ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y sólo nos queda el recurso de intentar sobrevivir”.

Adolfo Pérez Esquivel convoca a:

“Resistir en la esperanza

Que nos permita construir nuevos paradigmas de vida junto a nuestro pueblo y los hermanos del continente latinoamericano, en la integración y diversidad, en la unidad.

Es necesario tener presente que federalismo, no significa feudalismo y desintegración del país.
Existe una gran perversión conceptual y de valores éticos y filosóficos. ¿Hasta cuándo se puede soportar tanta humillación e injusticias al sentirnos exiliados en nuestra propia tierra?

Para finalizar, Señora Presidenta, lo que señalo es un aporte al gobierno. La situación que vive el país
se arrastra desde hace muchas décadas y continuar aplicando ésta política es suicida.
Sabemos las dificultades que debe afrontar y que se deben dar pasos concretos
hacia los cambios que el país necesita.

Esta situación no se resuelve con paliativos y clientelismo político.
Urge la necesidad de políticas dirigidas a recuperar
la soberanía, la libertad, el derecho del pueblo a disponer de su patrimonio;
de los recursos energéticos, la biodiversidad, el agua y la tierra.

El retroceso que el país ha sufrido en las últimas décadas es alarmante.
Es necesario superar el analfabetismo y las enfermedades endémicas, el hambre y evitar que se mueran niños, indígenas y ancianos. La seguridad pasa por implementar políticas sociales y cambios estructurales en el fortalecimiento de la soberanía nacional y vigencia de los derechos humanos desde su integridad.

Escuche el clamor del pueblo y luche por la construcción de un nuevo amanecer, sabiendo que otro mundo es posible y que otra Argentina es posible. Tenemos expectativas a que se sume a la resistencia y construcción en la esperanza.
Le reitero mi fraterno saludo”.

Fuente: ARGENPRESS.info
Edición Nº 2082
30-5-08

Iñaki Gil de San Vicente (Gara), en su nota “Ética y derecho a la rebelión” nos esclarece
sobre
el antagonismo irreconciliable entre el Estado de derecho de los opresores y el Estado de derecho de los oprimidos.
En efecto, señala:

“Una de las contradicciones que minan a la cultural euro-occidental
desde sus orígenes asiáticos, sumerios en concreto,
es la lucha irreconciliable entre,
por un lado, la ética y el derecho a la insurgencia y,
por otro lado, la ética y el derecho a la opresión. (…)

Aunque el derecho a la rebelión contra la injusticia
se teorizaría más tarde, lo cierto es que ya en éstas y otras tradiciones mitológicas y religiosas explotaba la contradicción irreconciliable entre el poder opresor y el pueblo oprimido.

Cuando el reaccionario Platón
exigía que se quemasen los libros de Demócrito, no estaba sino sintetizando para el futuro una costumbre que siglos más adelante se plasmaría en múltiples leyes represoras, en leyes que cierran medios de prensa crítica y libre, ilegalizan organizaciones civiles, prohíben derechos humanos básicos,
por ejemplo, en la Ley de Partidos.

Cuando Platón
argumentaba el derecho del Estado a mentir al pueblo, no estaba sino sintetizando toda una vasta experiencia anterior y preparando el terreno para el Plan ZEN elaborado por el PSOE a comienzos de 1983, por ejemplo.

Cuando Quinto Tulio Cicerón
escribió el "Pequeño manual para una campaña electoral", y César Augusto se dotó del primer ’staff’ de propaganda con Horacio, Ovidio, Mecenas, Virgilio…, no estaban sino reforzando las bases de lo que,
bajo el capitalismo, serían las poderosas transnacionales que monopolizan
la industria político-mediática que fabrica manipulación, mentira y ética opresora.

Pese a éstas y otras prácticas del poder establecido, las masas explotadas en modo alguno renunciaron a su derecho a la resistencia, a su ética liberadora.
De una u otra forma,
estas luchas desarrollaron sus propias razones por las que luchaban
sin hacer caso a las razones de los opresores”.

Iñaki Gil de San Vicente recuerda cómo la burguesía estableció su Estado de derecho y cómo
lo defiende reprimiendo, aplicando terrorismo de estado:

“La joven burguesía reivindicó con las armas en la mano el derecho a la revolución,
y se lanzó a cortar cuellos reales y a expropiar a las posesiones eclesiásticas.
Pero estas clases dominantes negaban estos derechos que creía exclusivos, a las clases dominadas, al campesinado, a las mujeres, a los proletarios, a los pueblos oprimidos.

El derecho a la rebelión era exclusivo de los detentadores de la propiedad privada, siendo negado a quienes no tenían nada excepto su fuerza de trabajo.
Y siempre que las masas se sublevaban eran machacadas sin piedad, sin compasión, en un océano de sangre, y lo siguen siendo”.

Aclara cómo nos hace cómplices de su avance en la criminalización tanto de la pobreza
como de la protesta social:

“Toda la cultura occidental está surcada por la contradicción que existe entre
el derecho de las masas y el derecho del poder.
La historia de la ética y de la política refleja de inmediato la evolución material de este conflicto. Conforme este conflicto aumentaba en intensidad al ir avanzando los modos de producción, las masas explotadas iban mejorando su comprensión teórica del problema, superando las explicaciones idealistas y utópicas para desarrollar la concepción socialista, marxista.

Fue bajo estas presiones y en el contexto mundial de las sublevaciones de los pueblos contra el imperialismo, de los recuerdos de las atrocidades del fascismo, que la ONU aprobó la siguiente declaración que aparece en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, votada a finales de 1948: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de
la rebelión contra la tiranía y la opresión”, y seguía luego el articulado de
los Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento explícito del derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión como supremo recurso, las burguesías lo niegan ahora con más insistencia que nunca antes en base a una supuesta ética neutral, aséptica y ‘democrática’ ”.

3. Reconocer la soberanía alimentaria y los otros cambios estructurales como obra de la diversidad popular

El FRENTE NACIONAL CAMPESINO se constituyó el 17 de abril de 2008 en la Universidad Madres de Plaza de Mayo pero ya en la primera semana de mayo, sus dirigentes se reunieron con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández y por supuesto, Hebe de Bonafini los acompañó como auspiciadora
de esa división entre los de abajo. Acordaron la apertura de espacios de discusión con distintas áreas técnicas y sociales del gobierno. Después tuvieron una entrevista con el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza y su equipo técnico.

El Frente Campesino está integrado por dos de los tres sectores en que se divide
el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) y el Movimiento Campesino de Jujuy y Misiones, aunque cuenta con representaciones en otras provincias y con un espacio conocido como la mesa de Agricultura Familiar de Buenos Aires.
Aclara que no son “campesinos K”. Declara:

“Nosotros,
los representantes de las organizaciones campesinas, pueblos originarios, agricultores familiares, trabajadores de la tierra, nos reunimos en plenario para fijar posición y acordar propuestas y políticas para el Desarrollo Rural Sustentable de nuestro país.

Decidimos constituirnos en FRENTE NACIONAL CAMPESINO, el 17 de abril (Día internacional de
la lucha campesina),
con el objeto de conformar un ESPACIO DEMOCRÁTICO, AMPLIO Y PLURALISTA, que nos contenga a
todas las organizaciones y movimientos campesinos de la Argentina. No nos sentimos representados por las cuatro entidades agropecuarias que hasta el momento se han expresado en el lock-out patronal y
han producido el desabastecimiento de nuestro pueblo (SRA, CONINAGRO, CRA, FAA).

Entendemos y proponemos la soberanía alimentaría como el eje fundamental de nuestra acción
porque nosotros fuimos, somos y seremos productores de alimentos, porque como ciudadanos sabemos
que la soberanía alimentaría cuestiona -en los hechos- el modelo concentrador de la tierra y la renta en nuestro país, y su secuela de pobreza, inequidad y exclusión.

Las corporaciones trasnacionales con su concentración de la tierra, producción y negocios, han provocado la destrucción, el despoblamiento, el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y pueblos originarios de nuestro país; el gobierno, que estuvo y está abierto al diálogo y fue muy generoso con
“las cuatro entidades”,
tiene la oportunidad de construir un espacio de trabajo con el FRENTE NACIONAL CAMPESINO, que representa los intereses de más de 200.000 familias, las más postergadas del campo argentino, para discutir y ejecutar políticas diferenciadas que tengan como base la redistribución de la riqueza y poner limites de esa manera al modelo agropecuario de los agro negocios y las multinacionales cerealeras.

Planteamos la defensa de los recursos naturales, sociales, culturales y ancestrales como forma de vida y continuidad de nuestra historia, el fortalecimiento de nuestras economías regionales, la diversificación de la producción, la creación de bancos de semillas y el desarrollo de canales de comercialización alternativos.

Nos asumimos como genuinos representantes del sector de los pequeños productores campesinos de la Argentina.

Convocamos, para el 23 de mayo al 2º Plenario Nacional de delegados del
FRENTE NACIONAL CAMPESINO, para discutir propuestas y acciones a seguir con todas las organizaciones y movimientos campesinos, será en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

SI A LA VIDA, NO A LA SOJA.
DIVERSIFICACIÓN.

El Frente ejemplifica lo que habitualmente hacemos e impide la construcción conjunta
de salida a la actual opresión. Se yergue como

Ø dueño de su actividad sectorial desconociendo que la potencialidad de ésta -en la modernidad- puede concretarse sólo si participan los múltiples actores de la realización, por ejemplo, de la soberanía alimentaria;

Ø autosuficiente que ningunea a quienes han debido irse del campo y también engloba a las capas medias de las economías regionales y a los productores medianos como enemigos sin darse cuenta que el desarrollo rural sustentable precisa que encaminemos la voluntad colectiva de emanciparnos de la subordinación al mercado global que impone tanto el gobierno de los Kirchner como los grandes del agro negocio.

En consecuencia, adueñarnos de nuestro Estado de derecho e
independencia política-económica para poder desarrollar
la soberanía alimentaria, nos desafía a desacostumbrarnos del sistema opresor o elaborar conductas menos centradas en nuestras creencias sobre qué es gobierno democrático, popular, nacional y en qué consisten los deberes e intereses sectoriales.
Implica escuchar mejor a los distintos entre los de abajo y si nosotros, real y efectivamente, somos más consecuentes y coherentes con los principios de justicia social, seremos capaces de tener paciencia y humildad para no enrostrarles sus debilidades e ir haciendo posible que deje atrás sus sometimientos a las reglas de los grandes capitales.

Por otra parte, la lucha de las clases opresoras por el negocio de matar de hambre está mundializada y el gobierno K la asume embaucando -como el BM- de proponerse erradicar la pobreza de modo que quienes organizan un Frente por reivindicaciones justas pero pensando en el diálogo con el gobierno K, sólo contribuirán a afianzar la recolonización que ha pactado.

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La ocupación territorial por la alianza de las transnacionales con factores locales de poder
se hace para la acumulación capitalista en el mercado global. En cambio, la diversidad popular
no desaloja ni despoja es democrática requiere, por tanto, considerar cómo optimizar la autogestión medio ambiental para el bienestar social.

Tampoco se desentiende de las viviendas, de los basurales, del transporte, de
la provisión de redes de agua potable-cloacas-gas, de la alimentación y su calidad, etc.
y asume hacer centro en la salud pública que es tener en cuenta a todos los derechos humanos de las grandes mayorías y la armonía de la sociedad con la naturaleza.

1. El apoderamiento de nuestros bienes comunes y nuestras vidas de modo ‘democrático’

Jorge E. Rulli y Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural, en “La génesis de una política agraria…”
señalan:

“Uno de los ejemplos que nos preocupan en esas políticas globales,
consecuencias directas de usinas generadoras de ideas para los nuevos marcos legislativos que, desde las Corporaciones comienzan a tutelar el destino de las naciones,
es el del proceso de gestación de la ley de promoción de los biocombustibles en la República Argentina.

Esta ley fue generada desde el ámbito de las empresas privadas con la colaboración de algunos pocos funcionarios de Estado. Hoy, muchos de aquellos consultores privados de los primeros foros dedicados a diseñar la política nacional sobre biocombustibles son altos funcionarios y deciden las políticas públicas.

Uno de aquellos ex consultores, es hoy, nada menos que portavoz de la Secretaria de Energía de la Nación en el tema de biocombustibles, justamente a cargo de la aplicación de la ya promulgada ley de promoción a los biocombustibles.

Entre los representantes del sector empresarial que colaboraron activamente en el nacimiento de la ley sobre Biocombustibles, hubo representantes del complejo sojero, ellos tuvieron a su cargo exponer la relación de los biocombustibles con el desarrollo sustentable.

Sin embargo,
en ningún momento, se tuvo en cuenta que la conversión de las tierras utilizadas hasta ahora para la producción de forrajeras o para producir alimentos, y de ahora en más,
para complejos agroindustriales, podrían poner en riesgo indudable,
el derecho soberano de nuestro pueblo a una alimentación saludable.

Estamos refiriéndonos a enormes complejos agroindustriales que desarrollarán la producción de maíz y de sojas transgénicas a una escala jamás imaginada y en los marcos de un modelo hegemónico de agro exportación, para alimentar ganados de corral, pollos de criadero y producciones masivas de dieseles y etanoles para mezclar con las gasolinas en la UE y en los EEUU.

Asimismo, estamos describiendo un nuevo y temible poder que nace de la alianza corporativa y de
sus innovaciones tecnológicas, y que tal como puede verse en sus propias páginas electrónicas,
no oculta que son ellas mismas las que generan las políticas públicas y las que planifican el territorio y las producciones, y que además de ello subordinan sin pudor alguno a los organismos estatales de certificación y de investigación a sus propios designios. (…)

Las leyes de promoción de biocombustibles, tales como las promulgadas en la Argentina, se están introduciendo simultáneamente en muchos países del mundo, como herramientas legales para dar seguridad jurídica al nuevo gran negocio de los biocombustibles.

En Argentina,
la Ley hace obligatoria en 4 años el uso de una mezcla de combustibles fósiles con un 5% de etanol para
la nafta y de biodiesel para el gasoil. Esta medida significa que tendrán que producirse alrededor de 600.000 toneladas por año de biodiesel y 160.000 toneladas de etanol.

Armonizar internacionalmente leyes que promueven los biocombustibles, garantiza nichos comerciales no tan solo en los mercados locales, sino como es el caso de los agronegocios argentinos, una significante apertura de comercio con el exterior.

La razón principal de la producción de biocombustibles en la Argentina, sin embargo, tendría como principal objetivo la exportación a los países ricos. De tal manera, y ante la actual propuesta de la Comisión Europea sobre la adopción de objetivos obligatorios de utilización de biocombustibles en el sector del transporte, el asesor de la Secretaria de Energía Osvaldo Bakovich, dice:

“Europa va a necesitar (en el 2010) 11 millones toneladas de biocombustibles,
lo que significa que nuestro país estará produciendo tan sólo 10% de lo que demandaría ese continente”.

Se estima que hacia 2008,
la Argentina estará en condiciones de producir 1,2 millón de toneladas en biodiesel y etanol para exportar. Mientras tanto, la Unión Europea comenzará a reemplazar un porcentaje de las naftas y diesel, que irá posiblemente de un 5,75% en el 2010 a un 10%, o aún más, 12,5% para el 2020- con biocombustibles elaborados sobre la base de aceites de soja, palma, colza, jartrofa y etanoles provenientes del azúcar y del maíz entre las principales materias primas provenientes de la agricultura.

Los expertos en agronegocios estiman que Europa, a pesar de ser actualmente la región del planeta con mayor producción de biodiesel, no podrá tener la producción suficiente para cubrir las necesidades a que la obligará,
la proporción obligatoria del 5.75 % en el 2010. Se requerirán 9 millones más de toneladas de biodiesel de
las que se producen actualmente y ello abrirá las puertas a la importación. Argentina es el primer productor mundial de aceite de soja y esto pone a las plantas procesadoras de aceite en la primera línea para cubrir
la demanda interna y externa”.

2. El sometimiento del país por petroleras, corporaciones de agro negocios…y el gobierno-Estado

“No sorprende entonces que los productores de energía fósil y los agronegocios estén respaldando fuertemente estas nuevas políticas.

La avalancha de información que está llegando en estos momentos sobre la reacomodación energética es tremenda e imposible de describir en pocos renglones. Por lo pronto, sabemos que Repsol, junto a la empresa Bunge, están construyendo plantas de biodiesel en España, plantas en las que se utilizará como materia prima la Soja y el aceite de palma importado.

Un número de compañías como Total, British Petroleum, Petrobras, Cargill, Monsanto, Syngenta, se encuentran asimismo en proceso de elaborar productos y concretar una oferta corporativa sólida para las obligaciones de mezcla de combustibles en la UE, para el año 2010.

En la Argentina,
la aceiteras Vicentín, General Deheza, la petrolera Repsol YPF, la empresa Oil Fox, entre las principales en
el negocio del biodiesel, están invirtiendo sumas millonarias en la construcción de plantas procesadoras cercanas a los puertos. Simultáneamente, la agroindustria, ante las posibilidades de comercializar con mayor intensidad con el exterior, y necesitada de nuevas redes de infraestructura, está haciendo lobby de manera agresiva ante el Estado, para que se mejoren los calados de la hidrovía Paraná- Paraguay y se fortalezcan las redes viales provinciales.

El actual diagrama agroenergético global creará inevitablemente serios conflictos por
el uso de la tierra, debido a la competencia suscitada entre aquellas tierras destinadas a producir agroenergía, con las que ahora se destinan a producir comida.

Y considerando que, los modelos de producción intensiva, están desde hace ya bastante tiempo comprometiendo la vida del planeta y de sus habitantes, podemos imaginar los riesgos a que se nos predispone poniendo ahora la agricultura al servicio de producir combustibles (…)”.

Martina Chidiak, en “Biocombustibles y desarrollo sustentable”, informa:

“Argentina
está experimentando actualmente un boom del biodiésel. La capacidad instalada a principios de 2008
era de 600.000 toneladas, y si se agregan las inversiones en fase avanzada de proyecto/construcción
se alcanzan las 4 millones de toneladas (la capacidad estimada en Europa a principios de 2008 era de 10 millones de toneladas).

En 2007,
Argentina exportó el 90% de su producción de biodiésel (ingresando 268 millones de dólares)
y se está convirtiendo en un gran jugador internacional en ese mercado, gracias a su elevada competitividad
en la producción soja y de aceite de soja, los principales insumos locales para la obtención de biodiésel.

Aparentemente, las estrategias privadas y las políticas públicas implementadas hasta el momento se orientan solamente a la expansión para la exportación, con una perspectiva de muy corto plazo y sin prestar mayor atención a los impactos sociales, ambientales, o incluso económicos (energéticos, tecnológicos, de balanza de pagos) de mediano plazo (…)”.

“Puesto que los incentivos de mercado están dados para una profundización del monocultivo de soja
y de la producción de aceite y biodiésel en base a soja mayormente orientados a la exportación,
se vuelve urgente fortalecer las políticas sociales y de ordenamiento territorial.

En forma similar, es necesario definir y monitorear una serie de indicadores de sostenibilidad relacionados con la soja y otros cultivos asociados a los biocombustibles (…)”.

En efecto,
la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (RAPAL) advierte:

“La mayoría de la gente sabe que una de las principales causas del cambio climático son las emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural).
Sin embargo, pocos saben del papel que también juega la agricultura en el calentamiento global del planeta.

De acuerdo a la FAO,
la agricultura aporta más del 20 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero generados por actividades humanas.
Las emisiones resultan del modelo de agricultura impulsado durante los últimos 50 años, basado en
el uso intensivo de maquinaria, agrotóxicos, fertilizantes químicos y sistemas de riego.

En nuestro país este modelo de agricultura se ha visto incrementado sustancialmente en los últimos años, en particular con el auge de la soja transgénica, que ha pasado a ocupar unas 500.000 hectáreas de tierra.

Los monocultivos agrícolas generan desequilibrios agro-ecológicos, tales como pérdida de capacidad productiva de los suelos y aparición de plagas, y enfermedades que son controladas con agrotóxicos
que impactan sobre los ecosistemas y la salud de las personas.

En el caso concreto de la soja transgénica, su cultivo está asociado al uso masivo de agrotóxicos.
Su desarrollo en nuestro país ha implicado un enorme aumento de estas sustancias, con la aplicación de miles de toneladas de herbicidas, insecticidas y funguicidas, algunos de los cuales ya están prohibidos en países europeos por ser altamente contaminantes para la fauna local (en particular las abejas) y por haberse comprobado sus impactos sobre la salud de la gente.

Como podemos apreciar, en nuestro país ha habido un enorme aumento de agrotóxicos, con la aplicación de miles de toneladas de herbicidas, insecticidas y funguicidas, algunos de los cuales están prohibidos en países europeos por ser altamente contaminantes y por haberse comprobado sus impactos sobre la salud de la gente y resultado en grandes mortandades de abejas.

Este modelo de agricultura, basado en el uso intensivo de maquinaria, agrotóxicos y fertilizantes químicos
supone alto consumo de petróleo, acrecienta la concentración de gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuye al cambio climático.

RAPAL hace un llamado a las autoridades a enfrentar el desafío de cambiar este modelo de monocultivos por otro basado en la diversidad, que asegure la conservación a largo plazo del medio ambiente (agua, suelos, flora, fauna) y que mejoren la calidad de vida de la población rural”.

Desde Colombia, C. Fernando Márquez M., en “Los biocombustibles y las consecuencias de ignorar el principio de precaución”, señala “…
variables que deben incluir temas igualmente importantes aunque menos conocidos como:

Ø La presión que su producción, por la vía de la ocupación de tierras de cultivo,
ejerce sobre la seguridad alimentaria.

El etanol proporciona un tercio menos de energía que la gasolina. Tadeus Patzek, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de Berkeley, afirma que se invierte hasta un 70% más de energía en producir un galón de etanol que la que es posible recuperar del mismo.

Por los biocombustibles no se pagan impuestos de ninguna clase, también se los impone como
consumo obligatorio y están fuertemente subsidiados”.

Destaca:
“Tema central del debate debe ser su misma denominación.
Llamarlos biocombustibles es una falacia tan grande como la de llamar “biogasolina” a la mezcla de más de 250 compuestos químicos con el 10% de un combustible de origen agrícola, el etanol. La utilización del prefijo “bio” es un truco publicitario, es la comercialización de la ecología sin que exista un real interés ella por parte de los productores.

En Estados Unidos a principios del siglo pasado decidieron agregarle tetraetilo de plomo a la gasolina y la llamaron “etilgasolina”, nombre que enmascaró por largo tiempo los nocivos efectos del plomo pero que no evitó que millones de personas en todo el mundo, niños especialmente, desarrollaran afecciones neurológicas, renales y psicológicas mientras otros cuantos millones morían prematuramente.

El cultivo de organismos genéticamente modificados, OGM, para producirlos debe también ser objeto de estudios profundos y suficientes, de ninguna manera financiados ni influenciados por empresas o personas con intereses en el negocio.

En suma, se debe observar todo el proceso bajo la lupa del principio de la precaución, mencionado por los Profesores Geraldo Deffune, y Miguel Angel Altieri, quienes alertaron sobre las graves consecuencias de olvidar el que debería ser el primero e innegociable principio a la hora de tomar decisiones que afecten el interés público en cualquier ámbito.

Según este principio, debemos ser escépticos frente a la capacidad de la ciencia para comprender biosistemas complejos, debemos saber cómo manejar riesgos que son inciertos a largo plazo y debemos considerar
la posibilidad de error al estimar los impactos ambientales y sobre la salud.

Este vital principio se desconoció a la hora de introducir los biocombustibles en Colombia, no hubo –ni hay– estudios suficientes que permitieran anticipar, hasta donde es posible, los efectos negativos que su producción y combustión originan, efectos que como el encarecimiento de los alimentos eran casi obvios cuando se inició el programa de oxigenación de las gasolinas, mientras los efectos sobre los vehículos, calidad del aire, salud pública, agua, flora y fauna requerirán mayores análisis y estudios. El tiempo apremia.

Más aún, los pocos estudios que se hicieron demuestran la existencia de riesgos mecánicos, ambientales y de salud pública no mencionados o subvalorados en el mejor de los casos, lo que hace aún más grave la omisión. La exigencia –no fue un gesto de altruismo de los palmeros colombianos– del sello de calidad ambiental
que la Unión Europea impuso a las exportaciones colombianas de aceite de palma confirma
la existencia de aspectos oscuros que deben ser objeto de análisis oportunos, sistemáticos y amplios.

El aparato publicitario montado por los promotores de los biocombustibles se centró en la disminución de los hidrocarburos no quemados, del monóxido de carbono y los 2 ó 3 puntos de mejora en el octanaje de las gasolinas colombianas. El incremento en la formación de ozono troposférico, de óxidos de nitrógeno, de aldehídos y otros tóxicos se ignoraron aumentando “la posibilidad de error al estimar los impactos ambientales y sobre la salud” que enuncia el principio de la precaución.

Informe de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, presentado el 22 de Agosto de 2007: “En toda la bibliografía consultada se evidencia reducción generalizada de emisiones contaminantes, (hidrocarburos y monóxido de carbono) con excepción de los aldehídos y los óxidos de nitrógeno.” En el grupo de los aldehídos se encuentra
el acetaldehído, compuesto cancerígeno e inductor de alteraciones genéticas mientras los óxidos de nitrógeno son causantes de la lluvia ácida y de la eutrofización de cuerpos de agua, es decir, de la liquidación de la vida que haya en ellas. ¿Sabemos cómo manejar riesgos que son inciertos a largo plazo?

Manuel Rodríguez Becerra dijo durante su intervención que los biocombustibles tienen un balance negativo para Colombia. “En varias regiones del mundo el desarrollo de esta industria ha llevado a la destrucción de amplias zonas de bosque, como es el caso de Indonesia, y ha generado un mayor aporte a los GEI, (Gases de Efecto Invernadero) contando también los problemas de degradación de los suelos, destrucción de biodiversidad, contaminación de aguas y otros”. Y le asiste toda la razón, Malasia es uno de los grandes aportantes de dióxido de carbono, con el 8% del total mundial. El modelo de explotación utilizado en Malasia es a todas luces inconveniente a largo plazo para el país (…)”.

Radio Mundo Real, en “Uruguay natural versus Uruguay transgénico ¿hacia dónde conduce la coexistencia?”
informa:

“El Ministro de Agricultura de Uruguay, Ernesto Agazzi, reconoció públicamente que el país
se encamina a admitir la “coexistencia” entre cultivos con semillas genéticamente modificadas (transgénicos) y la agricultura tradicional.

De esta manera, se pondría fin al período de moratoria establecido para la habilitación de nuevos eventos transgénicos además de las variedades de maíz y soja (que debería continuar hasta el 29 de julio de 2008), aunque el proceso de discusión comunitaria y pública sobre la conveniencia de abrir el mercado de semillas a variedades patentadas por grandes corporaciones, naufragó tempranamente.

En la actualidad prácticamente la totalidad de la soja cultivada en Uruguay es de origen transgénico. Respecto al abrumador avance de esta oleaginosa hasta convertirse en el cultivo “vedette”, así como respecto a sus impactos ambientales y sociales, acaba de editarse el trabajo “La nueva colonización. La soja transgénica en Uruguay”, editado por RAP-AL Uruguay (En el mismo se señala que “el avance de la soja, con 366.535 hectáreas sembradas en la zafra 2006/07 determina que hoy en día este cultivo represente más de la mitad del área agrícola nacional”. (…)

REDES-Amigos de la Tierra lamenta que Uruguay lidere la producción de transgénicos y alerta sobre
los riesgos ambientales y sociales, y la amenaza a nuestra soberanía alimentaria, que generan las más de 500 000 hectáreas con esos cultivos, a partir de semillas elaboradas por corporaciones transnacionales.

El informe expuso que la implantación de cultivos transgénicos provocó un aumento del uso de agrotóxicos en los países en que más se los ha producido. Agregó que esos cultivos no sirven para combatir el hambre y la pobreza y que no tienen mayor productividad que las variedades convencionales.

Además, la utilización de transgénicos ha conducido al desplazamiento de pequeños agricultores y a una mayor concentración de la tierra en pocas manos (...)”.

“Si en Argentina quisiéramos reemplazar sólo el gasoil no todo el petróleo con biodiésel,
la superficie sembrada de soja se debería ampliar en un 160%, lo que equivale a sembrar con soja
más de toda la superficie cultivable actual de oleaginosas, dejando de sembrar maíz, girasol, lino, algodón, maní, colza, etc.

Para reemplazar una forma de energía por la otra, habría que emplear prácticamente toda la superficie arable de muchos países en sembrar especies para producir combustibles en vez de alimentos. Esto amenaza seriamente la autonomía alimenticia de muchos países en vías de desarrollo y significa un ataque terrible contra la poca vegetación natural que queda y un ataque fatal contra la biodiversidad:
los desmontes para hacer lugar a la soja o a otras oleaginosas, que ya son uno de los problemas ecológicos más graves que tiene nuestro país, terminarían rápidamente con los pocos bosques naturales que quedan, en medio de los salvajes desmontes que ya se están llevando a cabo en muchas zonas de la Argentina y la destrucción sistemática del pantanal y de las selvas amazónicas, para no alejarnos en la geografía más allá de Brasil (en Indonesia también se destruye la selva para plantar palmeras aceiteras...).

No cabe duda de que
el resultado del intento de reemplazar todo o una parte significativa del combustible fósil por alguna de estas pretendidas panaceas, en las que se están invirtiendo actualmente miles de millones, sería una verdadera catástrofe ecológica y alimentaria.

Resumiendo: el éxito de la actual y vigorosa campaña relacionada con los biocombustibles, inclusive el fomento legal otorgado a esa industria en la Argentina hace unos meses, sería un triunfo a lo Pirro para nuestro país.

Además de los impactos ecológicos directos, empeoraría aún más la desigual distribución de las tierras, expulsaría aún más gente de sus campos, destruiría cada vez más la biodiversidad, amenazaría la autonomía alimentaria del país y no resolvería los problemas del Primer Mundo, que no son los nuestros aunque estamos haciendo todo lo posible para importarlos.

La única solución justa para el mundo es un sistema social y económico diferente a la actual tendencia al crecimiento constante en un mundo finito y cada vez más poblado.

Todo lo demás no hará más que empeorar la situación, sobre todo para la población de los países "subdesarrollados", los que suministrarán combustible a los ricos sobre el hambre y la sed de sus habitantes”.

Su infraestructura de exportación en complemento con la de la mega minería
origina cambios irreversibles en la naturaleza.

Elba Stancich (trabajo conjunto de GRAIN y Ríos Vivos), en “Cuando los ríos se modifican pierden los pueblos y
la biodiversidad”, aclara a principios de 2003:

“Los mega proyectos de desarrollo, como hidrovías industriales y proyectos hidroeléctricos han tenido impactos devastadores, particularmente sobre los peces, en la calidad y disponibilidad de los recursos de agua dulce, en los ecosistemas y en los medios de sustento de las comunidades afectadas por ellos.

A continuación se describe la situación actual en América Latina con respecto a cómo la construcción de megarepresas ha contribuido a degradar los recursos hídricos, además de causar graves problemas sociales.
Otra amenaza para la región es el propósito de los gobiernos de modificar los ríos para transformarlos en vías rápidas y baratas de transporte de materias primas. Estas propuestas han generado una gran controversia en la sociedad, la que se ha organizado en diferentes movimientos en defensa de sus derechos y su ambiente.

Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), casi dos terceras partes de las 979 represas en Sudamérica están en Brasil. El pico de la construcción de represas se alcanzó en 1960-79, cuando entraron en operación un promedio de 17 represas anuales. Brasil genera más del 93% de su capacidad con hidroenergía, Venezuela el 73%, Ecuador el 68%, Chile el 57% y Colombia el 68%. Casi el 100% de la generación eléctrica en Paraguay y el 74% en Perú es por hidrogeneración. Las 101 represas de Argentina aportan el 40% al subsector eléctrico.

Las represas son vistas por muchos como la demostración de la supremacía del hombre sobre la naturaleza y su capacidad para dominarla. El transcurso del tiempo corrió el velo de lo que nunca se había dicho o previsto: la aniquilación de los ríos y sus ecosistemas asociados, la pérdida de sustento para muchos pueblos, la destrucción de culturas, el incremento de miseria y pobreza.

Se inició un debate mundial con respecto a si los objetivos de mayor producción de alimentos, generación de energía y control de inundaciones habían sido alcanzados por la construcción de represas, y si no existían otros caminos menos destructivos para el entorno y la sociedad. Por pocos años de supuestos beneficios de una represa, es mucho lo que se pierde para siempre, contradiciendo la misma definición de desarrollo sustentable.

Los argumentos a favor de construir grandes represas se basan en que son instrumentos de desarrollo para satisfacer necesidades de servicios de agua y energía, promover industrias con capacidad de exportar, crear empleos y brindar múltiples beneficios a largo plazo.

Sin embargo, para el investigador Patrick McCully, de International Rivers Network (IRN), "el monstruo de
la industria internacional de las represas continúa funcionando (aunque a un ritmo inferior que en el pasado)
sólo porque la construcción beneficia a poderosos intereses políticos y económicos, y porque el proceso de planeamiento, de promoción y de construcción de represas es invariablemente sigiloso y se encuentra aislado de la crítica y de
la responsabilidad democráticas"(…)”.

“Los caudalosos ríos de América del Sur han sido navegados desde siempre como vías de comunicación e intercambio entre los pueblos originarios. Las políticas de corte neoliberal que se vienen aplicando en las últimas décadas en América Latina, favorecedoras de la explotación de recursos naturales, revieron la necesidad de que estos caminos de agua bien podrían transformarse en una especie de "barcopistas" fluviales, acordes con el vértigo de la época.

El objetivo es abaratar fletes de transporte, utilizando como argumento para subir los estándares ambientales el ahorro que significaría en combustibles fósiles y emisiones atmosféricas transportar cargas por agua en comparación con el transporte ferroviario y carretero. Lo que no tienen en cuenta es la amenaza que esta manipulación de la naturaleza significa para estas fuentes de agua dulce y para las comunidades que dependen de ellas.

Lo que caracteriza a una hidrovía
es la necesidad de modificaciones en el lecho del río como dragados, voladuras de rocas y rectificación de curvas que cambian inevitablemente sus características hidrológicas. El sustento de pequeñas familias tradicionales y ribereñas, el tránsito de barcos pequeños, la vida acuática y la economía generada por el turismo local se ven afectadas negativamente por la construcción de una hidrovía.

El proyecto de navegación Hidrovía Paraguay-Paraná es considerado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay la columna vertebral de los planes de integración económica regional. El proyecto implica serios impactos ambientales para los humedales del Pantanal y del Chaco -localizados sobre los límites de Bolivia, Brasil y Paraguay-, reconocidos mundialmente como hábitats críticos ricos en biodiversidad. Las regiones pobres y las comunidades indígenas serán poco beneficiadas por este proyecto.

Alteraciones hidrológicas, cambios en la calidad del agua, pérdidas en la biodiversidad y disminución de la pesca son algunos de los impactos negativos pronosticados. La Coalición Ríos Vivos, conformada por más de 300 organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, científicos, pescadores y movimientos sociales, la mayoría de la Cuenca del Plata, se creó en 1994 para resistir el proyecto Hidrovía.

Como resultado se logró parar el proyecto y el BID anunció que se retiraba del mismo. Pero los gobiernos emplearon otra estrategia, que fue intentar hacerla por partes.

Con la misma lógica de abaratar costos de transporte, el programa federal Brasil en Acción 2000/2003, retoma
el proyecto de gobiernos anteriores, de realizar la Hidrovía industrial Araguaia-Tocantins. El objetivo es disminuir los costos de exportación de granos del centro de Brasil, y así acelerar la expansión de la frontera agrícola en
el Cerrado, aumentando la oferta, particularmente de soja. El proyecto estima en más de 110 millones de toneladas el potencial de producción de soja en el área de influencia del proyecto, y que este grano y
sus derivados constituirán el 50% del volumen que se espera sea transportado por esta vía fluvial.

Actualmente, sumando la producción brasileña más la de Argentina (78 millones de toneladas), estos dos países juntos superarían a EEUU en el primer puesto de producción mundial de soja.

El proyecto Hidrovía es funcional a este proceso propuesto en la agricultura de los países de
la Cuenca del Plata, hacia la intensificación, concentración de riqueza y
expulsión de los pequeños y medianos agricultores.

La estrategia es dividir el proyecto por partes y los gobiernos están cediendo el control sobre proyectos de desarrollo en la región a empresas privadas transnacionales. Cabe destacar que la Hidrovía es parte del eje multimodal de integración y desarrollo Orinoco-Amazonas-Plata mediante el cual se integra verticalmente a Venezuela con el sur; además, va a servir para interconectar el eje interoceánico que vincula las costas del Atlántico con Brasil y las costas del Pacífico con el sur del Perú y el norte de Chile.

Es necesario, entonces, avanzar colectivamente con respecto a cuáles serían los caminos para alcanzar un desarrollo sustentable con rostro humano para las diferentes regiones de América Latina. Este enfoque debe enfatizar la importancia de los ríos y los territorios que los sustentan como un bien común de las poblaciones, como fuente de múltiples beneficios para las generaciones presentes y futuras”.

En consecuencia, el manejo como totalidad del territorio local, nacional y sudamericano lo ha asumido el capitalismo mundializado pero para la superexplotación tanto de los trabajadores y las capas medias como de los ecosistemas.
De ahí la importancia de la articulación socioeconómica y político, cultural de la diversidad popular en cada lugar, provincia a lo largo y ancho del país mediante transformación de la resistencia en voluntad creadora de dignidad de vida y trabajo en común.

Jorge E. Rulli y Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural, en “La génesis de una política agraria…” señalan:

Jorge E. Rulli y Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural, en “La génesis de una política agraria…”
señalan: