Algunas ideas

Necesitamos la unidad de voluntad de la diversidad popular para:

Julio José Viaggio sostiene:

"Limitar la doctrina de la «seguridad nacional» al terrorismo de Estado,
es detenerse
sólo en uno de sus aspectos, quedarse en la superficie, en el fenómeno más notorio,
desdeñando la esencia y los objetivos de esa doctrina. No olvidemos que puede haber
doctrina de la «seguridad nacional» sin terrorismo de Estado.

Es necesario, por ello, ahondar en los fundamentos profundos de la doctrina,
en sus raíces exógenas importadas, en sus sustentos económico-sociales y
en sus ingredientes ideológicos mistificadores.

Estos últimos aspectos, que en los documentos oficiales, en los debates parlamentarios
y en la literatura que aborda el tema se omiten, son
-sin duda-
los que importan, no sólo para comprender el pasado, sino también el presente y el futuro.

Con el derrocamiento de la dictadura, el pueblo sólo ha retomado el poder formal;
pero
el poder económico sigue en manos de las fuerzas dominantes que
-en el plano internacional y en el orden nacional- coadyuvaron, apoyaron y usufructuaron
de la aplicación de la doctrina, sirviéndose de nuestras FF.AA., en sus planes de
colonización y explotación de nuestro pueblo".

Eduardo S. Barcesat aclara aún más:

"En diciembre de 1984 se reciben en las actuaciones que se investiga la desaparición forzada
del abogado y filósofo Jorge L. Rébori, las 'Directivas' de la denominada «lucha antisubversiva». (...)

En su primera página y con la firma del Tte.Gral. Jorge Rafael Videla, se define como
'objeto'
de la «lucha antisubversiva»: "...la preservación del orden y la seguridad de los bienes,
de las personas y del Estado".

Evidentemente, esta frase, repetida en varios pasajes de las 'directivas', condensa el 'alma'
de la ideología de la seguridad nacional.

Se trata de preservar, en primer término, el orden y
la seguridad de los bienes.

No es un orden casual o expresado en línea ascendente: de los bienes hacia el Estado
pasando por las personas. 

Los 'bienes' expresan y sintetizan el poder y la dominación económica: poder y dominación
que
han sido extrañados de la facultad de autodeterminación del pueblo argentino, para
inscribirse en una macroestructura del poder en el orden internacional y en el que se le asigna
a la Argentina, como América Latina, un papel dependiente y como abastecedor de materias primas.

Para posibilitar el buen funcionamiento -orden y seguridad- de esta estructura de dependencia
que reconoce su matriz en un orden de las relaciones económicas,
el Estado,
el aparato de fuerza monopólica, es 'instruido' teniendo como 'enemigo' de esta 'guerra'
al pueblo, el sujeto del derecho a la autodeterminación. (...)

La excepcionalidad institucional, el ejercicio arbitrario y aberrante del aparato de fuerza del Estado,
se utilizó para acentuar el esquema de la dependencia, demoliendo toda estructura, todo poder
de decisión,
toda aspiración democrática que pudiera atentar contra
la preservación del ..."orden y seguridad de los bienes". (...)

Se trata, ahora, y ése es el objetivo de este ensayo, de proponer pautas para la acción social
que enderecen hacia la ruptura, quebrantamiento, de la ideología de la seguridad nacional
y del estado de excepción. (...)

Nuestra tesis propone que entre excepcionalidad institucional y
sociedad democrática (estado de derecho) debe mediar una ruptura o discontinuidad (...).

Pero esta discontinuidad o ruptura no se constituye como tal mediante
un mero ejercicio semántico; es necesario introducirla en un conjunto de prácticas y de
articulaciones sociales
que exhiban, como resultado, esa diferenciación entre dictadura y estado de derecho.

La ideología jurídica ha jugado un papel inverso... al jerarquizar la eficacia de
los mandatos impuestos y hechos acatar por el usurpador".
Es decir,
la usurpación es reconocida como fundadora de un nuevo orden jurídico.

Fuente: Inseguridad y desnacionalización
(La "Doctrina" de la Seguridad Nacional),
Ediciones Derechos del Hombre, 1985
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH),
e-mail: ladh@velocom.com.ar

La impunidad sigue rigiendo por pactos que no se han roto y están inscriptos en
el funcionamiento
esencial de las 'democracias' que están restringidas para encubrir al genocida poder económico y
facilitar su acaparamiento creciente de las riquezas generadas por los trabajadores y
del territorio de Argentina.

Lo evidencian

• el privilegio de la seguridad jurídica de los llamados inversores por Kirchner
  que aplasta y vacía la de los de abajo;
   

• la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social que lleva
  al incremento
  del gatillo fácil, del número de presos políticos y procesados y de
  la población de las cárceles y comisarías;
   

• la desaparición forzada de Jorge Julio López hace nueve meses sin que Kirchner
  haya asumido la responsabilidad
  de acabar con los indultos, con los miles de represores que están en las fuerzas de
  seguridad e inteligencia y hacer investigaciones efectivas sobre el secuestro
  de Jorge Julio López;
   

• la falta de voluntad política de Kirchner para poner fin a la impunidad
  de desaparición forzada y a la de fusilamiento
  como sufrió Carlos Fuentealba
  conduce a
  la multiplicación de amenazas, atentados y secuestros con torturas hasta:
  un nene de ocho años se lo secuestró dos veces por tres horas en quince días
  amenazándolo
  que si sus padres continuaban con su militancia en la Coordinadora Antirrepresiva
  del Oeste, matarían a toda la familia.

Pero si Kirchner no asume sus responsabilidades de Presidente de la Argentina y es impune,
si
Aníbal Ibarra puede ser sarcástico y alardear que vuelve de la mano de todos,
es porque, según las palabras muy acertadas de Sandra Rodríguez tenemos que organizarnos
con los objetivos de

-poner fin a la impunidad de todos los gobernantes;
-repudiar todo el accionar represivo como método de legítima acción de gobernar y
-no aceptar la violencia institucional que
está cada vez más naturalizada entre nosotros, hasta llega al punto de
fusilar públicamente a un maestro, a un luchador social,
a un militante de la vida.

La impunidad de todos los gobernantes, las mayorías legislativas, la CGT y el poder judicial
se basa en los pactos del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical con el genocida poder
económico e imperialista.
Basta de llamarlo menemismo, duhaldismo, kirchnerismo ... porque el poder político de todos ellos
respondió a encolumnar detrás de sí al Partido Justicialista y por ende, a la CGT.

Es fundamental que los de abajo nos hagamos cargo de emanciparnos de esos partidos mayoritarios.
Ni podemos elegir con nuestro voto y nos vemos forzados a optar
debido
no sólo a los poderes que están detrás de los candidatos del sistema
sino a nuestra creencia mayoritaria que exclusivamente ellos pueden gobernar por
esa idea que recoge Feinmann, en "El corleonismo".
  

Martín Lozada sostiene:

1. "El incremento de los procesos de criminalización tan
   sólo sirven,
   en el mejor de los casos, para administrar los efectos
   de las injusticias y de los agravios.
   Pero muy difícilmente ayudan a enfocar sus causas
   y mucho menos, aún, a minimizar las violencias que
   tanto parecen preocupar a la sociedad argentina".
    

2. "La cárcel es un espacio social abandonado, esquivo
   a los ojos de las clases dirigentes, tanto política como
   jurisdiccionalmente.
   Y lo que es más llamativo aún: la cárcel es un espacio
   de no-derecho.
   Una suerte de ámbito donde rige
   un estado de excepción permanente que lo excluye
   de la vigencia formal de la ley del Estado".
    

3. El control de las cárceles, comisarías e institutos de menores
   "por parte de la sociedad civil es el primer paso
   hacia
   su conversión en espacios resocializadores".

Relata:

"En el pasado mes de noviembre fue presentado en el Colegio de Abogados de la ciudad
de La Plata
un informe sobre las condiciones de detención en cárceles, comisarías e institutos de menores
de la provincia de Buenos Aires.

El informe fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura. (...)

Los resultados de la investigación indican que entre los años 2000 y 2005 la cantidad de detenidos
en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2%. Concretamente, de 15.012 a 24.802 internos.

Simultáneamente, también en las comisarías aumentó la cantidad de detenidos.
En 1998
había 2.866 personas allí alojadas, mientras que para este año sumaban 4.431,
lo que representa una suba del 64%. (...)

En su minuciosa enumeración casuística, el informe contextualiza las muertes,
los suicidios y la falta de atención médica con el hacinamiento, la violencia y
las torturas. Fenómenos todos que forman parte de un sistema marcado por
la impunidad
y la indiferencia, sostenido también por la inacción judicial(...)".

Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
mayo 2007
 www.eldiplo.org.
 secretaria@eldiplo.org.

Podemos pensar que no es nuestro problema o apenarnos pero estando convencidos de
no poder hacer nada, seguimos andando como si no pasase nada.
¡Error! quienes se han adueñado del mundo
nos supercontrolan
y no nos permiten ni el menor reclamo de nuestros derechos.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre declara:

"En el día de ayer, miércoles 6 de junio de 2007, el Senado de la Nación
(en un gesto que lo hace aún menos honorable)
aprobó
por mayoría casi unánime el proyecto de modificación del Código Penal
elaborado por el Poder Ejecutivo y elevado a tratamiento con la firma del Dr. Néstor Kirchner
que establece
gravísimas modificaciones regresivas en un Código Penal
que arrastra el impacto reaccionario de las propuestas Blumberg
aprobadas en su momento
con la misma aplastante mayoría que la de ayer.

Resalta entre otras,
la propuesta de crear la figura de «asociación ilícita terrorista» mediante
la creación de un nuevo artículo 213 ter que propone considerar como actos terroristas a
los cometidos para
"aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" para lo cual realicen
una "acción de propagación del odio étnico, religioso o político "
y
"disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de
un número indeterminado de personas" .

Esto abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista
a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental. Supongamos
que se pida aumentar el presupuesto educativo para que no existan escuelas
sin calefacción en invierno, y que en el transcurso de las movilizaciones, la Policía o
los servicios de inteligencia 'descubran' con su labor de 'investigación' que alguien tiene una granada de gas o alguna pistola tal como la Policía del Gatillo Fácil planta armas para justificar sus acciones.

Y no estaría de más recordar que sólo en la «Bonaerense» hay cientos de efectivos que revistaron en centros clandestinos de detención bajo la dictadura o que el actual Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, revistó como oficial de inteligencia en el nefasto Batallón 601,
unidad de elite del Terrorismo de Estado que casi todos dicen condenar".

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre
repudia
"la media sanción aprobada por el Senado
del proyecto de ley antiterrorista elaborado por el Poder Ejecutivo".

Advierte que "subordina la legislación argentina a la estrategia norteamericana
de dominio de los pueblos del mundo, so pretexto de su «guerra contra el terrorismo»".

Convoca al "pronunciamiento y movilización popular contra los avances de
esta normativa represiva que pretende calificar como «terrorista» a
la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas
siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte y el macartismo".

www.liga.org.ar
ladh@velocom.com.ar

La Cámara de Diputados transformó -el 13 de junio de 2007- en ley el proyecto
del gobierno de Néstor Kirchner
que prevé reclusión o prisión entre 5 y 20 años a quienes integran una asociación ilícita
con un plan de acción que apunte a "promover el odio étnico, religioso o político"
y
"aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

La ley, a la que sólo restan su promulgación y publicación, corresponde tanto a un reclamo
de EE.UU.
como a una presión a la Argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional,
amenazaba con hacer un pronunciamiento público declarando que nuestro país
no tiene seguridad jurídica o clima de negocios para los inversores extranjeros.

En consecuencia, lo central de la lucha de los de abajo contra la derechización de nuestra vida
es afirmarnos
en la unidad de voluntad contra las diversas formas de expresarse la impunidad
de los poderes establecidos y por contenidos reales y efectivos de los derechos humanos
que
nos convoca a ampliar y profundizar el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
que incluya -sin discriminación de tipo alguno- a todos los asesinados y torturados
de distintas maneras por el capitalismo
y
profundice el concepto de impunidad abarcando a todos los que hacen posible
la gobernabilidad del sistema de saqueo, superexplotación laboral y expulsión
de los pueblos originarios, los campesinos, los pobres de las ciudades, etc.