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Comunicación
Julio 2011
La crisis de representación política y de legitimidad del Estado
entre 2001 y 2002 fue subsanada por el liderazgo que el matrimonio
Kirchner supo construir. Significó hacer creíble que el crecimiento
de la concentración y la transnacionalización (tanto económica como
territorial) conduce a la justicia social, el bienestar popular y el
progreso del país.
El kirchnerismo lo logró por involucrar, a la mayoría de los de
abajo, en la autopercepción de estar viviendo una confrontación con
los monopolios cuando el modelo centrado, como la propia Presidenta
ha explicitado, en el ‘desendeudamiento’ y en el extractivismo les
transfiere recursos en gran escala, lo prueba su ascendente
acumulación de riquezas y poder.
Hebe de Bonafini y Milagro Sala han jugado un papel relevante en la
conciliación con el capitalismo local que implantó el terrorismo de
estado para la reestructuración socioeconómica a favor del avance
continuo en la entrega de bienes comunes y el despojo de derechos a
los de abajo.
¿Cómo lo concretaron? En esencia, promovieron que los desalojados y
desposeídos se conformen con tener viviendas en el lugar de
desarraigo y participar en el trabajo envilecido de los aparatos
clientelares. También,
el año pasado, Hebe protagonizó la conversión de la marcha del 24 de
marzo en un festival y este año, junto a Sergio Schoklender y a
Boudou, realizó un acto en el Mercado Central. “En ese marco la
titular de Madres de Plaza de Mayo destacó "les vamos a contar a
la gente por qué vienen en las villas, por qué no tienen agua, baños
y contarle cómo este gobierno está tratando que tengan trabajo, que
tengan agua, que sus hijos vayan a la escuela" destacó. Bonafini
señaló que se homenajeará a Néstor Kirchner porque "las madres
siempre decimos que Kirchner nos devolvió la patria cuando dijo
'procedan' e hizo bajar con Bendini el cuadro de Videla".
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A su vez, Milagro Sala utiliza su
agrupación como fuerza de choque
contra movimientos sociales y referentes de quienes se asumen
sujetos colectivos de derechos. A mediados de mayo, “Milagro Sala
entregó un petitorio a Mayoral, donde distintas organizaciones de
extracción kirchnerista solicitan integrar la empresa minera pública
de la provincia de Jujuy que se encuentra en trámite de
constitución.
Mientras distintas comunidades originarias de Jujuy, no alineadas
con el gobierno nacional, han manifestado su preocupación ante esta
reunión, por considerar que se estaría avalando tanto al estado
provincial y nacional en su plan de minería contaminante, lo que
afecta a cientos de comunidades indígenas de la provincia de Jujuy”.
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Pero la democracia real es creada, en
la provincia de Jujuy, por la organización de comunidades aborígenes
y campesinas de la Puna y Quebrada de Humahuaca.
En el Boletín Puna Año 3 - Nº 16 -
Septiembre 2002 de la Red Puna se aclara:
“(…) Y estos cambios, podríamos decir, han ido ocurriendo en muchos
otros sentidos desde 1995 hasta hoy, pero quizás haya un tema que es
central particularmente hoy para la RED y creemos para la Argentina.
Quién toma las decisiones. Haremos el mismo recorrido en el
tiempo, de quién tomaba y quién toma las decisiones y quién tiene
las mayores responsabilidades dentro de la RED. Teniendo en cuenta
que en la RED y nuestras organizaciones, la búsqueda de la
plena participación y de los mecanismos democráticos, siempre ha
sido algo buscado y provocado. Al principio, no había demasiadas
decisiones que tomar, ya que el único trabajo conjunto que hacíamos
era compartir dos días cada dos meses. Si, cada dirigente de las 6 y
después 13 organizaciones tomaba las decisiones de trabajo en su
organización, más o menos democráticamente. Que cosas hacer, o cómo
gastar los recursos. Vino después la época en que si tuvimos cada
vez mas trabajos conjuntos y podríamos pensar que en ese entonces,
un puñado personas representativas y respetuosas de las mayoría eran
los que a través del respeto ganado, tenían más autoridad al
expresar sus opiniones. Después vinieron los distintos espacios de
trabajo, de las microrredes y cada vez más articulaciones, entonces,
las decisiones estuvieron cada vez menos centralizadas en la reunión
bimensual y en aquel puñado (…)”. Leer
Asimismo, el
Movimiento Nacional Campesino Indígena,
en su Primer Congreso Nacional (setiembre 2010), sostiene que
la «reforma agraria integral»:
·
se basa en la participación y
organización colectiva y autónoma en la toma de decisiones sobre lo
que nos afecta: educación, salud, producción, comercialización,
comunicación, cultura, deporte, recreación y arte;
·
es recuperar la tierra y los medios
para producir, los saberes ancestrales y la tecnología apropiada, la
medicina popular, los hospitales, una formación crítica y
transformadora de la realidad en las escuelas y otros espacios, para
todas las familias campesinas indígenas que vivimos en el campo y
para quienes hoy día viven hacinados en las grandes ciudades. El
campo y la ciudad deben compartir, discutir e intercambiar porque el
cambio debe ser para todos.
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PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
Planteo
La
comunicación de las organizaciones en lucha por el territorio (o sea por la
vida, la dignidad y contra el modelo extractivo exportador) nos democratiza a
todos los diversos de abajo al situarnos en el desafío de:
1. Debatir cómo organizar nuevos modelos de producción agroecológica y
derrotar al actual modelo agroexportador
Comunicado
del
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA –CLOC
- VÍA CAMPESINA
Nuestro Repudio a los acuerdos y declaraciones sobre
la crisis alimentaria del G20
Los medios de
comunicación argentinos difunden la noticia de que los acuerdos del G20 en el
tema agricultura son un éxito para Argentina y el mundo. Y se destaca en esto la
posición Argentina en cuanto a la crisis alimentaria.
Desde el
Movimiento Nacional Campesino Indígena repudiamos los acuerdos y las falsas
soluciones basadas en las presiones y lobbies de las transnacionales. Basados en
certezas
científicas sesgadas y corrompidas como un cáncer en gran parte de la producción
pseudo-científica de las Universidades durante el auge del neoliberalismo.
En primer lugar
el G20 no
es un espacio democrático ni legítimo para debatir políticas agrarias globales,
están allí ausentes casi todos los países y principalmente aquéllos que han
sufrido la pérdida de soberanía alimentaria debido a la revolución verde y la
invasión de las transnacionales, muchas veces precedidas por tropas militares de
la OTAN.
Los Gobiernos de
Argentina y Brasil impulsaron que el Consejo de Seguridad Alimentaria en la FAO,
sea el espacio de gobernanza mundial agrícola.
Y ahora, por lo
que se leen en los medios de comunicación, ¿Claudicaron en sus convicciones?
¿Mintieron a la sociedad civil y a 193 gobiernos que aprobaron la reforma del
CFS/FAO?
La FAO tiene muchísima información para demostrar que el problema del hambre
no es un problema de productividad de alimentos si no de cómo se produce,
quiénes producen y cómo se distribuyen los mismos, un reciente documento de
FAO describe que en la cadena agroindustrial global se pierde el 40% de los
alimentos producidos por descomposición y desechos.
El informe IAASTAD del cual FAO es parte, demuestra que a medida que se
desarrolla la agricultura industrial y se fortalece el poder de las
transnacionales el hambre crece en el mundo. El mismo informe recomienda
retomar la vía de la producción campesina familiar y agroecológica
como forma de luchar contra el hambre.
¿Es por estas contundentes pruebas que la discusión de la política agraria
global se sale de la ONU y de FAO y se lleva a la OMC y a al G20 donde los
países poderosos y las transnacionales tienen mucho más poder?
Pero ¿y la posición argentina?
La posición que llevó el gobierno argentino a la reunión del G20 es producto de
la presión y el lobby de la mesa de enlace y las corporaciones transnacionales.
El actual modelo agropecuario no es sustentable, el mercado interno esta apenas
sostenido por enormes masas de subsidios que el estado nacional debe aportar a
los sectores concentrados del las carnes, lácteos y granos para que los precios
mínimos de los alimentos básicos no se disparen. La cadena agroalimentaria esta
cada vez mas monopolizada, producto del acaparamiento de tierras y de la
concentración industrial, así como de la burbuja financiera que rodea al mercado
global de los alimentos.
Las
cosechas record de millones de toneladas de granos son incapaces de saciar el
hambre a los argentinos y que en pleno 2011 todavía tengamos que soportar
índices que dan cuenta de esta realidad, y aunque el hambre se publica en menos
de 5 %, la pobreza sigue en dos dígitos 13,9 %
Los agro combustibles (mal llamados biocombustibles) generan también enormes
presiones para que los alimentos aumenten
Plantear que
debemos redoblar las exportaciones de alimentos en el marco del modelo
actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo
industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos
humanos .Además esto va en dirección a consolidarnos como productores de
materias primas en el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que
envidiarle a antiguos esquemas coloniales.
Aumentar a 160 millones de toneladas de granos
(forrajeros y no alimentarios) la
producción anual (tal como anunció el ministro) es sumar otras 10
millones de hectáreas a las 20
millones que se cultivan de soja transgénica, además de los
otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los
desalojos de las familias campesinas que producen de manera sustentable en
el bosque, a partir de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y
en franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando al éxodo rural que
continuará sobredimensionando las ciudades.
La agricultura
argentina (exceptuando la campesina, indígena y familiar) no es nacional, ni
responde a intereses nacionales, y por tanto no podemos engañarnos, un modelo
basado en retenciones a las exportaciones agrícolas no conduce a ningún
desarrollo, mucho menos al buen vivir, o calidad de vida. Las retenciones son
una buena medida coyuntural, pero para nada una solución estructural.
Por eso la
Argentina debe rectificar su posición, en primer lugar el debate debe darse en
el ámbito de la ONU y del CSA en FAO, y en segundo lugar se hace necesario
plantear herramientas globales para frenar la escalada de precios de los
alimentos así como detener al capital financiero. Sobran ejemplos para ver que
todo lo que toca este tipo de inversiones luego cae catastróficamente.
Frente al
problema del hambre es urgente generar mecanismos de control sobre las
transnacionales y poner firmes límites a los acaparamientos de las cadenas
agroalimentarias por parte de las mismas.
Además la única
salida a la crisis alimentaria y a la crisis climática es fortaleciendo la
agricultura campesina y familiar, única garantía de producción de alimentos
sanos y suficientes en el marco de sistemas de mercados locales dinámicos y
justos, claro eso se logra con intervención estatal. El Brasil ha sido un claro
ejemplo con su programa Hambre Cero, realizado entre gobierno, movimientos de
agricultores familiares campesinos y consumidores urbanos como sujetos activos.
Además las
exportaciones de alimentos deben estar centralizadas y fiscalizadas por el
estados, los ingresos económicos ser insumos para políticas públicas y el
desarrollo.
El rol de las
organizaciones campesinas indígenas y de la agricultura familiar es de carácter
estratégico,
la mayoría de las estructuras del
estado fueron configuradas al servicio del agronegocio, por lo tanto para
desarrollar políticas públicas transparentes y democratizadora, las mismas deben
contar con la activa participación de las organizaciones.
La cuestión de la tecnología y la ciencia está hoy al
servicio del capital y de las corporaciones, es necesario socializar y
generar conocimiento científico capaz de articular con el conocimiento
ancestral acumulado en las comunidades campesinas y desarrollar nuevos
modelos de producción agroecológica.
No
nos engañemos más, que la idea de maximizar a toda costa la exportación de
commodities históricamente benefició y fortaleció a la oligarquía rural y sus
aliados las transnacionales.
No hay
posibilidad de construir en modelo sustentable y justo en ese esquema, porque el
poder de la producción de alimentos no es algo a subestimar.
Finalmente plantear que el planeta tierra y todas sus fuentes naturales y
energéticas son fuente ilimitada de energía y mercancías es algo irracional y
para nada científico. Y este modelo de producción y consumo industrial intenta
obviar esa evidencia. Eso puede llevarnos a toda la humanidad a un final
catastrófico. El cambio climático y el hambre. La Revolución Verde no solucionó
el hambre sino que la acrecentó; la revolución transgénica ha provocado
violencia contra los productores genuinos de alimentos y más hambrientos. No
son los científicos los que
garantizarán los alimentos, sino los
agricultores campesinos, pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas.
Sin explayarnos
lo suficiente diremos además que este modelo nos expone directamente a millones
de litros de agro tóxicos que son esparcidos sobre nuestro territorio y que esta
presente en la mayoría de los alimentos que ofrece la gran industria, sumándole
los componentes transgénicos, de los cuales todos los consumidores somos ratas
de laboratorio para conocer que efectos provocarán en la humanidad y en el
planeta.
No habrá manera
de establecer la justicia social sin soberanía alimentaria, y no es posible la
soberanía alimentaria en el marco de una agricultura industrial controlada por
una las corporaciones transnacionales y la mesa de enlace.
Éste es un debate urgente y todos
aquellos sectores que nos consideramos como progresistas, de izquierda o
nacional y popular estamos obligados a darlo profundamente sin especulaciones
políticas ni electorales. No escamoteemos la realidad con el credo del progreso
moderno, que tantas consecuencias nefastas está trayendo a la humanidad y a la
vida en la madre tierra.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la
esperanza!
¡Somos Tierra para alimentar a los Pueblos!
secretaria.mnci@gmail.com
Fuente:
http://www.mnci.org.ar/
2.
Luchar como El Algarrobo por
interpelar a
los vecinos y los pueblos en sus derechos a decidir sobre el
territorio
Enfrentándose a las empresas mineras en Andalgalá
Licencia
social
Por Julián Maradeo
(Rebelión)
En Andalgalá, Catamarca, se
denomina licencia social a las diferentes formas por medio de las cuales las
empresas mineras y sus proveedores buscan legitimarse en la dinámica
comunitaria. Por caso, la entrega de beneficios para las escuelas y la
organización de competencias deportivas y talleres artísticos.
La reacción de los
andalgalenses nucleados en la asamblea de vecinos autoconvocados El Algarrobo,
el 14 de febrero de 2010, impidió el desarrollo de Agua Rica, adjudicada a la
canadiense Yamana Gold, y de Pilciao 16, por el cual
los 17 mil andalgalenses,
indemnización mediante, hubieran tenido que abandonar su lugar para que la
multinacional Billington pudiera extraer el oro y el cobre que yacen bajo la
superficie de la ciudad.
Tras la represión sufrida
durante esa jornada de febrero, mientras cortaban el camino comunero que lleva a
El Potrero, los vecinos –así se definen- que conforman El Algarrobo desplegaron
un repertorio de acciones para que se prohíba la megaminería en Andalgalá. En su lucha, con Esquel
como norte,
El Algarrobo se ha visto
obligado a convertirse en un productor simbólico complejo para poder enfrentar
tanto al poder económico como a la inacción gubernamental.
Lo hecho por esta asamblea de
autoconvocados se puede esquematizar en tres momentos:
- En el primero, el objetivo
fue visibilizar a la minería a cielo abierto como el núcleo del problema.
Establecieron como origen la explotación de Bajo Minera La Alumbrera a fines de
la década del ’90. En diciembre de 2009, decidieron instalar una guardia en el
lugar del corte, los cuales, luego, pasaron a ser selectivos. A su vez,
comenzaron a realizar, cada sábado, las “Caminatas por la Vida”. Acto seguido,
ante el avance de la judicialización de los asambleístas, las marchas se
complementaron con las llevadas a cabo por “Las Mujeres del Silencio”, que
transitaban con los ojos vendados, la boca tapada y las manos atadas.
- En el segundo, aparte de
sumarse a la UAC, red de redes de las diversas asambleas de autoconvocados del
país, se produjo la regionalización de la protesta. En este sentido, quizá uno
de los puntos más altos fue la organización de la 14ª UAC, que se desarrolló en
Andalgalá a fines de 2010. A lo que se suma, también, las acciones concertadas
interprovincialmente entre asambleas de Catamarca, La Rioja y Tucumán.
- Por último, el tercer momento
expuso su adaptabilidad a distintos lenguajes. En esta etapa, juega un papel
clave el aspecto comunicacional. Inicialmente, crearon la “Televisión pública”
que consiste en la emisión de, por ejemplo, documentales realizados por
integrantes de la asamblea. Se dan en una pantalla gigante, situada en la plaza
9 de Julio, la principal de Andalgalá.
Este rasgo clave tiene dos
complementos cuya distinta circulación enfatiza la diversidad del receptor: el
blog y la radio. El primero, a través del cual llegan a los jóvenes y en donde
suben diferentes videos, como el de la represión, que fue tomada con un teléfono
celular. El segundo es la radio. Su
incursión en el éter tiene dos etapas. La primera fue el programa que El
Algarrobo tenía en FM La Perla. La siguiente es la reciente puesta en
funcionamiento de la propia radio de la asamblea, en el dial 105.3, cuyo lema es
“La lucha que se hizo audible”.
Con el objetivo de penetrar
en otro nivel, se añadió la función didáctica para la cual organizaron
diferentes encuentros con la finalidad de explicar que los proyectos de megaminería son parte de un modelo extractivista, el cual enfoca a los recursos
naturales desde una perspectiva exclusivamente productivista. La penetración del
mensaje de El Algarrobo-materializado a través de las distintas acciones-
labró otra clase de legitimidad,
que interpela al vecino y propone que los pueblos tengan el derecho de decidir
sobre su territorio.
Con el resultado de las
elecciones de marzo, que a nivel local impuso a Alejandro Páez (emergente de la
alianza entre la UCR, MST y Proyecto Sur), considerado el candidato que supo
interpretar el “No a la megaminería”, se abre una nueva etapa para la asamblea,
en la que su relación con el gobierno municipal, desde el inicio al menos, será
muy otra.
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131489 Argentina/ 02-07-2011
En
consecuencia, es prioritario establecer la comunicación social que
interpele a los diversos de abajo para suscitar el involucramiento en
los desafíos de hacer posible otro modo de producción e intercambio y
otro desarrollo opuesto al capitalista e imperialista
La
puesta en práctica de la «reforma
agraria integral» por
los diversos de abajo arranca de instalar la deliberación pública, por
la multiplicación de espacios en común, sobre la realidad del
empobrecimiento y la desertificación en el presente y la hipoteca del
futuro que es posible revertir si valoramos los saberes, los proyectos y
las organizaciones de campesinos, indígenas, trabajadores, vecinos,
estudiantes,...
Ideología
La
comunicación desde los de abajo en lucha por territorio que va modificando y
constituyendo la realidad jurídica de campesinos e indígenas
es descripta
en la entrevista de
Pedro Herrera
(13-04-2011)
a
Pedro Osvaldo Orieta,
abogado del
colectivo
“Práctica Alternativa del Derecho” (PRADE) de la provincia
de Santiago del Estero.
Con el
objetivo de reflejar en forma directa esta construcción anticapitalista, recorto
la entrevista:
"Ser campesino es en sí
un acto de resistencia
¿Cómo defines la situación que viven los
campesinos y pueblos originarios con los conflictos de usurpación que los
afecta?
(...)En principio, creo que éste es un conflicto político de
territorialidad, es decir, planteos culturales, forma de vida determinada con
poblaciones que tienen una forma ancestral y que están tratando de resistir.
-¿Qué situación podemos analizar que hacen definir
que, para los tribunales, existen sujetos distintos frente al derecho?
(...)En los
lugares en los cuales estamos teniendo conflictos, el estado está casi ausente;
no te digo ausente totalmente porque la mayor presencia que tiene es a través de
la mano represiva (policía y el poder judicial).
-Enumeras servicios que, supuestamente, cada
ciudadano independiente al lugar que decide vivir también debería gozar?
Yo digo que, la vida campesina, es un acto de resistencia, a
pesar de que el estado no cumple con la esencia para la que ha sido creado, las
familias siguen viviendo en ese lugar, siguen resistiendo. Porfiadamente siguen
convencidos de esa forma de vida. (...)
Pese a la invasión se reconoce una negociación
-Ese acto de resistencia que tienen para
sobrevivir día a día ¿por qué no se asume al momento de enfrentar los
conflictos? El empresario entra agresivamente en una comunidad y después propone
una negociación que las comunidades aceptan
El caso de las negociaciones y los acuerdos que se puedan
lograr principalmente tiene que ver con un proceso bastante complejo, primero,
una comunidad debe trabajar el ánimo de dueño, ya hemos dicho que vamos a hacer
la opción de laburar en lo judicial porque todavía no están dadas las
condiciones como para plantear algo mucho más amplio, dentro de lo judicial
vamos a buscar lo alternativo; nosotros vamos a elegir la figura del poseedor
(a) como para plantear nuestras posiciones pero es necesario trabajar desde el
ánimo de dueño y eso el abogado no lo puede inventar, si llego a una comunidad y me
dicen: esto es fiscal, esto es de fulano de tal, necesariamente tenemos que
empezar a trabajar para revertir esa primera manifestación.
-Si las familias han formado comunidades y viven
muchos años ahí, ¿Por qué es tan difícil que reconozcan la tierra como su propiedad
frente a los empresarios invasores?
Hay toda una carga cultural e histórica muy particular, las
familias campesinas han sido las principales clientes del sistema político
durante muchísimos años, no te voy a decir sólo los 50 años del juarismo, son
muchísimos años más y, no obstante, hoy continúa en eso, un sistema clientelar
que no te permita autonomía. Hay que desterrar esas prácticas culturales, esos
son los primeros pasos, reconocerse como dueño forma parte de la estrategia no
sólo en lo judicial sino también en lo político. Mucho de los conflictos uno no
los termina de entender y dice: che por qué la comunidad no se mueve sino hasta
que llega la topadora frente a la casa?…quizás tenga que ver con esto, es decir,
entender el contexto en el cual la comunidad está inserta. (...)
-¿Cuándo la comunidad no ha trabajado ese “animo de dueño” es
cuándo se abre el proceso de negociación?
La comunidad comienza a reconocer en el otro los derechos y
los considera dueños, entonces es cuando se abre el proceso de negociación
porque la comunidad le está reconociendo derechos al otro. Le reconoce porque
existe todo lo que se llama la cultura del papel todo lo que se busca siempre es
ver que dicen los papeles, lo típico, entonces se comienzan a preguntar quién
tiene plano, quién tiene papeles. Cuando logremos desterrar la cultura del papel
vamos a poder dar un paso muy importante.
-Una vez que se reconoce el ánimo de dueño, ¿cuál
sería el siguiente paso?
Tenemos que ver con qué equipo contamos y yo, como director
técnico, porque (abogados) nosotros no somos lo que ponemos el cuero sino la
gente, y vemos si tenemos capacidad de organizarnos, resistencia, movilización,
capacidad de comunicar lo que estamos haciendo, tenemos ciertas posibilidad de
movilizar recursos de otras organizaciones o del estado mismo para poder
resistir?, preguntémonos eso. Hay comunidades de 60 familias y terminamos siendo
20.
-Distribuir las capacidades…
Tenemos que ver cuál es la capacidad dirigencial, algunos
tendrán que viajar, desarrollar trabajos en el monte, aquel que decide cumplir
funciones en terreno tendrá que cuidar, mejorar los actos posesorios, vigilar la
acción invasiva de algún empresario. Una vez que tengamos estos asuntos
resueltos, un equipo fuerte, una decisión política de defender lo que es nuestro
como lo está haciendo una comunidad del norte (Copo) que pretende pelear por 75
mil has, si esa decisión es firme, no hace ni falta abogado".
Respecto a cómo se va desarmando
los feudos provinciales
Pedro Herrera
pregunta:
"-Por más que existan instancias para debatir el
problema, avanzar en la defensa y posterior recuperación territorial, ¿continúa
la invasión de empresarios y las comunidades siguen perdiendo territorio?
Pedro Osvaldo Orieta
contesta:
-Es necesario que las comunidades se vayan formando no
solamente en lo jurídico sino en lo político para tomar decisiones en forma
autónoma de manera horizontal que esa es la apuesta para que todo el proceso de
reconocimiento de derechos tenga sentido porque sino va a quedar en letra
muerta, no me sirve de nada una convención, una ley que me esté impidiendo las
medidas cautelares, las resoluciones judiciales o administrativas, la existencia
y reconocimiento como pueblo originario, cuando la justicia de Santiago del
Estero se caga en esa legislación nacional porque siguen avanzando en Atamisqui,
en Figueroa, en Moreno, en Copo. Entonces las legislaciones son totalmente
deficitarias si no están respaldadas por una organización y una movilización
política de la organización".
Respecto a
cómo participan los abogados identificados con la causa campesina e indígena
Pedro Osvaldo Orieta
apunta a través de la entrevista
de
Pedro Herrera:"En los casos que estamos acompañando, desde el
punto de vista judicial, estamos entre muchos obstáculos, el conflicto es
político, lo jurídico es político, un abogado(a) que se empecine en decirte que
hay que cumplir la ley tiene una posición política formada, está dentro de lo
que se llama el positivismo jurídico, es una línea ideológica dentro del
derecho, entonces sabiendo de quienes dictan las leyes, de quienes pueden ser
funcionarios judiciales desde ahí también vamos a ir analizando de qué clases
sociales surgen los operadores jurídicos y legislativos y por lo tanto vamos a
ver con qué lógica van a actuar.
Los
tribunales ¿imparciales?
-Hasta ahora, los funcionarios de la
institución judicial no han logrado satisfacer la necesidad de justicia de los
pueblos originarios…
Ante todo ese andamiaje que existe es necesario
como empezar a redefinir, redireccionar o repensar una forma de ejercer la
profesión de abogado y una forma distinta de concebir el derecho. El derecho
tiene que ver con lo justo, no confundamos el derecho con leyes, si no hay
justicia en la aplicación del derecho no es derecho, será la aplicación de una
ley, lo que vos quieras, pero va a estar muy alejado del derecho, entonces,
pensar el derecho es como un desafío, como una práctica de liberación.
-Entonces, cuál sugieres, debiera ser la postura
de los ciudadanos para lograr un hecho de justicia
Los derechos de las comunidades campesinas, los
pueblos originarios, los trabajadores, las mujeres, tienen que ver con procesos
de lucha. No hay derecho alguno que sea regalado, ofrecido o donado
voluntariamente por parte del estado. El derecho se conquista y en ese proceso
las comunidades campesinas están trabajando, se están movilizando. Yo creo que
el gran desafío sería, hoy en día, poder lograr una reforma agraria, un
reordenamiento territorial, pongámosle el nombre que quieras pero,
fundamentalmente, reformar el ordenamiento jurídico desde las miradas de la
posesión, reformar el sistema de catastro y registración para garantizar que los
pueblos originarios sigan viviendo y mejorando su forma de vida. Garantizar la
soberanía alimentaria.
Al rescate
de las formas de vida colectivas
-Con todas esas restricciones a la aplicación de
las formas de vidas de los pueblos. ¿Qué posición deben tomar los profesionales
que acompañan a las organizaciones en sus luchas para la aplicación de derechos?
Estamos sumidos en una gran contradicción,
primero asumir eso, porque sino nos vamos a volver locos, así como somos
críticos del sistema judicial y de los operadores jurídicos, la pregunta sería
entonces ¿por qué vamos para ahí?, hoy estamos yendo de forma continua con
planteos desde los pueblos originarios, propuestas ambientales, planteos que
tienen que ver con la diversidad cultural, la permanencia del bosque nativo,
garantizar la salud evitando las fumigaciones, es decir, hoy estamos buscando la
fórmula y sobretodo recreando mucho la imaginación para poder garantizar la
forma de vida campesina desde lo judicial.
-Si el conflicto por la tierra es político ¿por
qué se recurre a un tribunal?
Porque hay que evaluar si tenemos la fuerza
suficiente de las organizaciones para retraernos a la aplicación de las leyes
desde el sistema judicial, crear la fuerza suficiente para que una comunidad
vaya generando autonomía necesaria, sentarse con el estado desde otro lugar, ese
es el desafío. Yo estoy convencido de que se va a lograr, nada más que es un
proceso que nos va a llevar tiempo y en ese tiempo tenemos que ir brindando
mínimamente una cierta garantía de que no nos avasallen.
-Entonces no es sano seguir sólo un camino..el
judicial
Los jueces no son imparciales, no son objetivos y
no existe la objetividad en el derecho, tratamos de aplicar las leyes que
mayormente favorezcan a las comunidades campesinas y los pueblos originarios. No
basta sólo lo jurídico, hay que acompañar este proceso judicial con movilización
política, un escrito que podamos presentar en tribunales si no es acompañado de
una movilización política, no tiene sentido, y tampoco si no hay una acción de
resistencia en el campo.
-Entonces los casos que se han logrado parar ¿no
es producto de una medida judicial?
Muchos de los casos que no han avanzado tienen
que ver con resistencia. Los casos de Abra Grande, San Nicolás lo pueden
sintetizar, yo les puedo contar lo que es el laburo en tribunales pero, el
trabajo en terreno es el gran sostén, la gente evitando que las empresas no
avancen. En San Nicolás existen órdenes de desalojos, convenios que las empresas
hayan firmado con la policía (ver nota aparte), permisos de desmonte por la
Dirección de Bosque, es decir, un manto de legalidad que uno trata de buscarse,
quejarse, patalear pero no ha sido suficiente.
-Existe algún caso que, pese a realizar estos
pasos, se haya perdido la lucha?
Si, también existe la posibilidad de que perdamos
una lucha y quedemos sin nada y podemos citar el caso de los Gramajo (Dpto
Capital), la familia vivió todo un proceso, y eso tenemos que hacer un mea culpa
las organizaciones. La familia, en su momento, llegó a perder todas las
instancias judiciales, quedaron afuera y han sido desalojadas y las
organizaciones que no apoyaban una postura de “no a la negociación” no
han estado poniéndole el cuero como lo está poniendo la familia Gramajo.
Los
abogados, empleados de las organizaciones
-Tú dices que el asunto de los Gramajo es un
caso donde las organizaciones estuvieron ausentes?
Tenemos que estar atentos a lo que vayan
decidiendo las comunidades de acuerdo a los equipos que hayan formado y en esto
tengo que ser bien claro, sobre el rol de los abogados, somos empleados de las
comunidades y lo tengo bastante claro, no tenemos capacidad de decisión, salvo
que sea una decisión estratégica en lo judicial con los conocimiento técnicos
que hemos podido adquirir, pero los verdaderos sujetos de la lucha por la tierra
son las comunidades campesinas".
Fuente:
http://www.elcoyuyo.org/%e2%80%9cla-legislacion-es-letra-muerta-si-no-hay-movilizacion%e2%80%9d/
En
consecuencia, como sostiene el Movimiento Nacional Campesino Indígena,
la
«reforma
agraria integral» ya empezó en el ejercicio de derechos de los
campesinos e indígenas durante su toma de conciencia sobre el lugar de
dignidad que le corresponde y sus luchas contra la acumulación gran
capitalista por desposesión. También se inició con los universitarios
participantes que deconstruyen sus profesiones e instituciones hechas a
la medida de los opresores.
Premisas e hipótesis
La
comunicación entre los de abajo, en lucha por la democracia real, se establece con fines de autoorganización o de
modificar el funcionamiento del Estado y los otros espacios públicos, también
orienta en la profundización de la realidad capitalista e imperialista para
situar en que los intereses de la diversidad popular son antagónicos con los del
sistema.
Comprobemos la comunicación tendiente a suscitar:
A.
Cambios en las relaciones entre los de abajo
1. Unidad de organizaciones encaminada a cambios económicos y proyectos superadores
del modelo en vigencia
Red
Puna: Orgullo por la tierra propia
Texto
de DIEGO ABDO.
Cuando en 1995 la Red nació, el aire para los pobladores de la región de la Puna
y Quebrada de Humahuaca en Jujuy olía a incertidumbre y desazón. A la luz de
aquella crisis económica y cultural en la que estaba sometida toda la zona y
arrastrados por una actitud asociativa e inmaterial de compartir una identidad
en común, daban sus primeros pasos bajo el nombre de Red Puna unas 33
organizaciones entre centros vecinales, comunidades aborígenes y cooperativas de
productores y artesanos.
Orientados por el mismo sentimiento de arraigo a su tierra y por atravesar
experiencias similares “los productores que conformamos esta asociación sumamos
nuestras voluntades para mejorar la producción, encontrar canales de ventas y
optimizar la calidad de los animales (llamas, ovejas y vacas)”, cuenta Jacinta Balvin, elaboradora de quesos de vaca, verduras, papas y frutas de la puna.
Hoy
la realidad sigue siendo complicada con altos índices de mortalidad infantil y
una desocupación que llega al 50 % de los trabajadores rurales, aunque el modo
asociativo alienta, capacita y da fuerzas para afrontar el trabajo diario de
campo. “El campesinado está subsistiendo, peleando para vivir en su lugar,
porque, por cierto, aún no están solucionados los títulos de propiedad de
tierra. Ante este avasallamiento histórico nos paramos con mucho orgullo porque
nuestro territorio no es una mercancía”, explica Ariel Mendez, coordinador
general de la Red Puna.
Arrancando el 2010 el campesinado que puebla la región se caracteriza
por sostener su honda tradición indígena, y por ser productores agropecuarios
de, por ejemplo, alimentos como la papa. Una buena parte de su producción la
consumen domésticamente, para vender el resto en mercados locales y regionales.
La
disciplina como método asociativo
Que más de 1300
familias encuentren una lógica de funcionamiento dentro de una red social no se
concreta de un momento para otro.
Fue por eso que después de años de trabajo que la dinámica interna de la Red
comenzó a funcionar desglosándose en asambleas mensuales y anuales para discutir
y accionar sobre nuevas propuestas. Y fue también con el tiempo que la
asociación se dividió por áreas de trabajo, que van desde la producción,
comercialización y comunicación, hasta una que se encarga de la formación de
nuevos dirigentes.
“Instalar temas de debate no es poco. Es fundamental seguir hablando de una
reforma agraria que vaya más allá de la explotación minera, también hay que
discutir sobre seguridad alimentaria dentro de este contexto de modelo
agroexportador donde no se calma el hambre, sino que se ensancha la brecha entre
los que más tienen y los que menos. Nuestros alimentos deben llegar a la mesa de
los argentinos siguiendo una producción sana y agroecológica”, explica Mendez.
Una
sociedad más justa, donde por ejemplo los productores no sean beneficiarios de
acciones solidarias sino más bien sujetos con derechos, es una de las metas más
claras del camino trazado. “Nos caracterizamos por no sólo ser un espacio de
financiamiento sino más bien
un proyecto político sin vencimientos que busca
transformar la realidad”, sintetiza el coordinador general. La fuerza y la
esperanza en el futuro está, como ellos apuntan en una de sus cartas abiertas,
en sus propias manos, claves para el desarrollo de la región.
Fuente:
http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=203164423043475
10-03-2011
2.
Esfuerzo de las organizaciones sociales por construir sus direcciones
colectivas
En el Boletín
Puna
Año 3 - Nº 16 - Septiembre 2002 leemos:
"(…)Y estos cambios, podríamos decir, han ido ocurriendo en muchos otros sentidos
desde 1995 hasta hoy, pero quizás haya un tema que particularmente hoy para la
RED, y creemos para la Argentina, es central. Quién toma las decisiones.
Haremos el mismo recorrido en el tiempo, de quién tomaba y quién toma las
decisiones y quién tiene las mayores responsabilidades dentro de la
RED. Teniendo en cuenta que en la RED y nuestras organizaciones, la búsqueda de
la plena participación y de los mecanismos democráticos, siempre ha sido algo
buscado y provocado. Entonces, al principio, no había demasiadas decisiones que
tomar, ya que el único trabajo conjunto que hacíamos era compartir dos días cada
dos meses. Si, cada dirigente de las 6 y después 13 organizaciones tomaba las
decisiones de trabajo en su organización, más o menos democráticamente. Qué
cosas hacer, o cómo gastar los recursos. Vino después la época en que sí tuvimos
cada vez más trabajos conjuntos y podríamos pensar que en ese entonces, un
puñado de personas representativas y respetuosas de la mayoría eran los que a
través del respeto ganado, tenían más autoridad al expresar sus
opiniones. Después vinieron los distintos espacios de trabajo, de las
microrredes y cada vez más articulaciones, entonces, las decisiones estuvieron
cada vez menos centralizadas en la reunión bimensual y en aquel puñado. Esto se
graficaba en que no había un lugar donde se tomaban las decisiones, si no que
había muchos espacios de decisión, compuestos por distintos dirigentes.
Mientras tanto en las bases, en las reuniones comunitarias, cada vez se
profundizaban más las discusiones y se asumían más responsabilidades. Todo esto
unido y sostenido por grandes acuerdos que venimos asumiendo desde hace
mucho tiempo. Así llegamos al día de hoy, con más de 50 dirigentes muy
involucrados, con distinto nivel de autoridad, pero con una alta injerencia en
los distintos espacios de decisión. Sin embargo no nos conforma, al revés de lo
que se podría pensar, es la época en que más estamos cuestionándonos por
la necesidad de compartir responsabilidades y abrir más los espacios de decisión.
Estamos discutiendo el poder dentro de la RED,
y eso es bueno.
Pero ¿a qué se debe nuestra disconformidad? ¿Nos da
incertidumbre, inseguridad el poder colectivo, distribuido? ¿Necesitamos padres
(algunos), no queremos dejar de serlo (otros)? A la RED, nos cuesta asumir ese
protagonismo que decimos que queremos. Afortunadamente estamos dedicándole
tiempo a pensar nuevas formas, más integradoras y más respetuosas de las
opiniones de “todos” . Y esto nos hace atravesar momentos de confusión, porque
sabemos que queremos cambiar la forma actual, pero no sabemos cómo es la forma
nueva.
Para seguir profundizando esta reflexión. - Deberíamos darnos el tiempo
para pensar y valorar todo lo que hemos avanzado sobre todo en los últimos
años. - Deberíamos valorar que todos , posiblemente desde distintos
sitios, deseamos ir hacia formas cada vez mas democráticas y participativas.
Que tenemos horizontes comunes. - Y preguntarnos con honestidad, si nos incomoda
que
el poder se construya hacia formas más compartidas, intensificando los
mecanismos democráticos. Y para terminar, tratando de darle un sentido renovado
a esta pregunta, ¿qué opinarán las bases de todo esto?".
Fuente: http://www.cinterfor.org.uy/mujer/formujer/argtina/red_puna.pdf
3. Interpelación a trabajadores de medios públicos o con pauta oficial
en pro del objetivo
en común de un Estado para los de abajo
Junta Interna de ATE
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Carta
abierta a los responsables editoriales de Canal 7 (TV Pública) y de los diarios
Página/12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur
La
invisibilización de la precarización laboral en el Estado y la protesta de sus
trabajadores
De nuestra
consideración:
Nos dirigimos a
ustedes a fin de hacerles llegar nuestra inquietud acerca del preocupante
silenciamiento que notamos, en la agenda de temas tratados por sus prestigiosos
medios, sobre la problemática del trabajo estatal precarizado y la protesta que
venimos protagonizando diversos sectores contra este flagelo que afecta a los
trabajadores de la administración pública.
En nuestro caso, los
trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) de la Nación venimos realizando un plan de lucha desde marzo del año en
curso, en exigencia de aumento salarial y por el fin de la precarización laboral
que sufrimos. En nuestro Ministerio, unos 3000 empleados (más del 70% del total
de empleados) están contratados a través de un convenio temporario e ilegal, ya
que el convenio colectivo sectorial indica que sólo un 15% de los empleados
puede desempeñarse bajo dicha modalidad de contratación y sólo en el caso de
funciones no regulares del organismo. A su vez, a nivel salarial, la inmensa
mayoría de nuestros compañeros y compañeras perciben salarios que oscilan entre
los $2500 y $3000, por lo que la suba del 24% desdoblada en tres cuotas acordada
semanas atrás por el gobierno nacional y UPCN, resulta más que insuficiente para
mantener el poder adquisitivo ante el aumento incesante del costo de vida.
Frente a este grave
cuadro de situación venimos peticionando y movilizándonos. Sin embargo, en cada
medida constatamos que la repercusión en vuestros medios es nula y nos cuesta
comprender si no son hechos noticiosos 9 paros nacionales en la cartera laboral,
un acampe de 24 horas de sus trabajadores frente a la sede central y un masivo
corte en el Obelisco en horas del mediodía, entre otras medidas realizadas en
los últimos meses.
El persistente
silenciamiento de esta problemática, por omisión en los contenidos tratados,
resulta doblemente preocupante y paradójico en un escenario nacional donde el
cuestionamiento a las corporaciones mediáticas se ubicó, saludablemente, en el
centro del debate público a causa de la promulgación de la Ley de Medios. Por el
contrario, darle difusión desde la óptica editorial de sus medios significará un
aporte concreto a la profundización de la pluralidad informativa y a la
democratización de la palabra pública.
Por las razones
expuestas, les solicitamos especialmente que tengan a bien considerar la
cobertura periodística de esta problemática, que no sólo afecta a los
trabajadores del Estado sino que compromete severamente la posibilidad misma de
impulsar políticas públicas de excelencia, que favorezcan a los sectores más
postergados de nuestro pueblo.
ate@trabajo.gob.ar
www.ate-ministeriodetrabajo.blogspot.com
Fuente:
http://www.anred.org/breve.php3?id_breve=6417
B.
Posicionamientos respecto al Estado que existe en el país, continente y mundo
Nos
hallamos frente a:
1. El Estado argentino con función de legalizar, legitimar y subsidiar a
las transnacionales del agronegocio y a sus socios locales
En el comunicado
reproducido en Planteo, el
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA –CLOC
- VIA CAMPESINA
nos advierte:"la mayoría de las estructuras del
estado fueron configuradas al servicio del agronegocio, por lo tanto para
desarrollar políticas públicas transparentes y democratizadora, las mismas deben
contar con la activa participación de las organizaciones.
La cuestión de la tecnología y la ciencia está hoy al
servicio del capital y de las corporaciones, es necesario socializar y
generar conocimiento científico capaz de articular con el conocimiento
ancestral acumulado en las comunidades campesinas y desarrollar nuevos
modelos de producción agroecológica.
No
nos engañemos más, que la idea de maximizar a toda costa la exportación de
commodities históricamente benefició y fortaleció a la oligarquía rural y sus
aliados las transnacionales".
2.
Los gobiernos de Bolivia y Ecuador
con Estados en favor de las transnacionales mineras y petroleras
Maristella Svampa, en "Minería y Neoextractivismo Latinoamericano",
explica:"(...)Escenarios y
debates
El primer país latinoamericano en el cual se implementó el
“nuevo” modelo minero fue el Perú, donde la tradición minera existente hizo
posible su naturalización y exaltación como “motor de desarrollo”. En la
actualidad, pese a tener
altas tasas de crecimiento (8,6%) gracias a la exportación de minerales, el Perú
sigue siendo uno de los más pobres y desiguales de la región, a lo que se agrega
un escenario fuertemente represivo. Se trata de un modelo trasnacional que se instala
claramente en el denominado extractivismo depredatorio, con fuerte impacto
social y ambiental, confirmado a lo largo de los sucesivos gobiernos
neoliberales, desde Fujimori a Alan García.
Sin embargo, los escenarios más
paradójicos lo ofrecen Bolivia y Ecuador, pues ahí las tensiones dan cuenta de
un desfase entre los discursos emancipatorios y las políticas públicas realmente
existentes. Tal es el caso de Evo Morales quien, hacia afuera viene sosteniendo
un enérgico discurso de defensa de la Madre Tierra, que ofrece muy poca
correspondencia con la política netamente extractivista que implementa hacia
adentro.
Esto no significa empero que los escenarios peruano y boliviano sean
similares. Así, durante el primer gobierno de Evo Morales (2006-2010) la nueva
lógica estatalista entró en conflicto con las grandes empresas, a partir de las
nacionalizaciones, cuyo objetivo era el control de la renta por parte del
Estado. Pero, a partir de su segundo mandato, y liberado ya de la presión de las
oligarquías regionales, el
gobierno boliviano refleja cada vez más la consolidación de una nueva hegemonía
estatalista, de corte puramente economicista, que pone en entredicho las
aspiraciones de fundar un Estado plurinacional. Esto se hizo visible en la sanción de varias leyes
estratégicas, que tienen por objeto facilitar el desarrollo de ambiciosos
proyectos extractivos, entre ellos, concesiones mineras en territorios indígenas
y grandes proyectos energéticos en la Amazonía.
No es extraño que, en este escenario, organizaciones como
CIDOB (Coordinadora Indígena del Oriente Boliviano) y CONAMAQ (Confederación
Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo), comenzaran a exigir el derecho
de consulta previo, recogido por la Constitución boliviana, así como el
respeto por sus estructuras orgánicas.
Sin embargo, tanto las ventajas comparativas (acentuadas por la posibilidad
de explotación del litio) como la existencia de un fuerte imaginario minero
(ligado al mundo del trabajo), constituyen un obstáculo para una discusión
genuina sobre el extractivismo y sus consecuencias, sobre todo, en clave
ambiental.
Ecuador es sin duda el país latinoamericano en el cual
arrancó el debate sobre las cuestiones ambientales, tal como lo registra la
nueva Constitución (2008) que proclama el “Buen Vivir” como una
alternativa al desarrollo convencional. La Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), elaboró el Plan del Buen Vivir,
2009-2013 que propone, además del “retorno del estado”, un cambio en
el modelo de acumulación, más allá del primario-exportador, estableciendo
una “hoja de ruta” (P.Ospina) hacia un desarrollo endógeno,
biocentrado, basado en el aprovechamiento de la biodiversidad, el
conocimiento y el turismo. Asimismo, recordemos que la Constitución enuncia
también los derechos de la Naturaleza, otorgándole un carácter de sujeto y
estableciendo su derecho a la restauración y a ser defendida. Pese a esta
apertura, el
extractivismo neodesarrollista tiene en el presidente Rafael Correa uno de
sus defensores más acérrimos. Así, la nueva ley minera sancionada en 2008 pretende
avanzar sobre territorios protegidos y comunidades indígenas, desconociendo
las fuertes resistencias sociales existentes. Un elemento llamativo es la
criminalización de las luchas, bajo la figura penal de
“sabotaje y terrorismo”, que hoy alcanza a unas 180 personas, en gran
parte ligadas a las resistencias a la megaminería. Las declaraciones de
Correa acerca del “ecologismo infantil” no han coadyuvado al diálogo,
en un escenario de confrontación cada vez más abierto entre el gobierno y
las organizaciones indígenas y ambientalistas.
En estos países, una cuestión central es el alcance del
derecho de consulta a los pueblos originarios y sus modalidades de
participación, el cual, según el convenio 169 de la OIT, debe ser libre, previo
e informado. En Bolivia, uno de los puntos de litigio con el gobierno es el
carácter vinculante o no de las consultas previas. En Ecuador, el convenio fue
ratificado por la Constitución en 1998, pero en la práctica no se cumple, y
corre el riesgo de ser acotado bajo otras figuras, como por ejemplo, la consulta
pre-legislativa. La cuestión se instaló incluso en Perú, donde luego de la
represión de Bagua (junio de 2009), Alan García se vio obligado a abrir la
agenda política al reclamo de las comunidades amazónicas. En mayo de 2010 el
Parlamento votó una ley de consulta, en acuerdo con la legislación
internacional, pero ésta fue “observada” por el presidente peruano, quien
la reenvió al Parlamento. En consecuencia, el veto presidencial confirmó el
avance del modelo de desposesión, avalado por la continua concesión de
territorios indígenas para actividades extractivas (petróleo, minería,
forestales) y megaproyectos de infraestructura (hidroeléctricas, carreteras)".
3.
Los Estados nacional y provinciales en función del saqueo minero de las
transnacionales
Maristella Svampa, en "Minería y Neoextractivismo Latinoamericano",
continúa:" (...)¿Y por casa cómo andamos?
Respecto del modelo minero, la Argentina presenta grandes
similitudes con el modelo peruano, netamente depredatorio, pues en ambos países
se ha consolidado una dinámica de desposesión en donde prima la lógica
economicista de las corporaciones trasnacionales y los intereses privados,
favorecidas y profundizadas por las políticas públicas a nivel nacional y
provincial. Pese a ello, existen varias diferencias; entre ellas, que en
Argentina no hay tradición de minería a gran escala y por ende, no hay
imaginario social disponible a partir del cual “naturalizar” la actividad. Por
otro lado, las resistencias sociales no se expresaron mediante consultas
públicas (sistemáticamente prohibidas, luego del éxito de
Esquel, en 2003) sino
a través de leyes de prohibición y, en aquellos casos que involucran comunidades
originarias, por la aplicación del convenio 169, como en Loncopué (Neuquén) y en
Tilcara (Jujuy).
Hoy son siete las provincias que cuentan con leyes que prohíben
este tipo de minería, con la utilización de diferentes sustancias tóxicas,
aunque estos avances institucionales se hallan amenazados, ya que tanto las
empresas como los gobiernos provinciales buscan las brechas de la ley, recurren
a la justicia cuestionando su constitucionalidad (como sucede en Mendoza y
Córdoba), o aguardan una nueva “oportunidad política” (el contexto posteleccionario, luego de octubre de 2011), para derogar legislaciones
provinciales o no reconocer derechos ancestrales, que hacen peligrar las grandes
inversiones económicas en juego.
Lo más llamativo en Argentina es, sin embargo, que la coexistencia entre
desposesión y progresismo es más rotunda que en otros países. En efecto, en un
contexto de polarización donde no caben los matices, el oficialismo mantiene
blindado su discurso sobre la política estatal de explotación de los bienes
naturales, en especial, la minería. Esto coloca a la Argentina frente a una
realidad bastante paradójica, aunque incontestable: la exacerbación de lo
nacional popular viene acompañada también por la consolidación de un modelo neocolonial.
Dos hechos propiciaron una cierta apertura y difusión de la problemática minera
a nivel nacional: el primero, referido a los fondos de minera La Alumbrera,
destinados a las universidades públicas; debate impulsado por una lúcida carta
de denuncia que Adolfo Pérez Esquivel envió a los rectores en 2009. Sin embargo,
gran parte de las Universidades Públicas aceptaron esos fondos, amparándose en
su “legalidad” y eludiendo el debate ético y político de la cuestión. El segundo
hecho nos remite al veto presidencial a la ley nacional de protección de los
glaciares, a fines de 2008 y el posterior debate que se dio en el Congreso
Nacional, cuyo resultado fue una ajustada aprobación de la ley más protectora
(la ley Bonasso-Filmus), en septiembre de 2010, votada tan solo por siete
senadores del oficialismo… Dicha norma establece la protección de las fuentes y
reservas de agua dulce, prohibiendo cualquier actividad extractiva en el área de
glaciares y periglacial, equivalente a un 1% del territorio argentino, donde se
encuentran emplazados grandes proyectos mineros. Pero la ley fue prontamente
judicializada (en San Juan, entre otros, por la compañía Barrick Gold) y los
vacíos de su reciente reglamentación volvieron a confirmar la escasa voluntad
del gobierno nacional y las diferentes instituciones del Estado para hacerla
efectiva, permitiendo así el sostenido avance de los proyectos mineros.
Pensar la transición
Más allá de los contrastes y paradojas, los diferentes
escenarios nacionales son abiertos y dinámicos. A fines del año pasado, por
ejemplo, Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en prohibir
la minería a cielo abierto, y de modo más reciente, Panamá derogó el código
minero. Asimismo, toda la región está atravesada por una miríada de luchas
locales, muy asimétricas, que nos recuerdan que el extractivismo reinante no es
un destino; es ante todo una opción política y civilizatoria, asumida por los
diferentes gobiernos, sean neoliberales o progresistas, que va reconfigurando
negativamente los territorios y economías, a la par que genera una nueva
dependencia. En no pocos casos, éstas han logrado detener localmente el avance
de la megaminería, como sucedió hace poco en el Valle de Tambo, Islay, en Perú;
aún si por momentos, esta tarea se revela como un interminable trabajo de
Sísifo, tal como sucedió en la zona de Intag, Cotacachi, en Ecuador, donde en
dos oportunidades la población debió expulsar a las corporaciones mineras.
Una cuestión que suelen subrayar los defensores de este tipo de minería es que
sus críticos no tienen un proyecto alternativo de desarrollo. Esto no es cierto.
En realidad, como afirman Norma Giarracca y Miguel Teubal, los propios gobiernos
buscan ocultar las posibilidades y alternativas productivas de la zona, con
políticas públicas que profundizan la “crisis” y preparan el desembarco de la
minería, a lo cual se añaden luego dudosos informes de impacto ambiental, que
minimizan la repercusión de la actividad minera sobre las economías locales.
A esto hay que agregar, por otro lado, que
la envergadura del modelo extractivista es tal, que exige pensar en respuestas a una escala mayor. En esta
línea, en varios países de América Latina comenzó a debatirse sobre las
alternativas del extractivismo y la necesidad de pensar en escenarios de
transición. Aunque estos debates se originaron en Ecuador, es en Perú donde
recientemente, un conjunto de organizaciones que participan de la Red peruana
por una Globalización con Equidad (RedGE), dio un paso adelante y realizó una
declaración de fuerte impacto, presentada ante los principales partidos
políticos. Esta declaración plantea un escenario de transición hacia el
posextractivismo, con medidas que apuntan al uso sostenible del territorio, el
fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental, el cambio del marco
regulatorio, el respeto del derecho de consulta previa, entre otros grandes
temas. Tal vez dicho pronunciamiento carezca de la radicalidad discursiva
presente en otros países, como en Bolivia y Ecuador, puesto que no habla del
“buen vivir” ni del “Estado plurinacional”, pero al menos plantea la necesidad
de pensar escenarios menos depredatorios, una discusión todavía ausente en
países como la Argentina, considerados sin embargo progresistas desde el punto
de vista político.
Una de las propuestas más interesantes ha sido elaborada por el Centro
Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), bajo la dirección del uruguayo
Eduardo Gudynas. Su propuesta plantea que la transición requiere de un conjunto
de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la articulación
entre cuestión ambiental y cuestión social. Asimismo, considera que un conjunto
de “alternativas” dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente
al extractivismo, con lo cual es necesario pensar y elaborar “alternativas al
desarrollo”. Por último, es una discusión que se coloca en el plano regional y
en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de aquello que los pueblos
originarios han denominado “el buen vivir”.
La discusión sobre la transición hacia el posextractivismo está apenas abierta,
pero no hay dudas de que éste es uno de los grandes debates que deben dar
nuestras sociedades, y ello, mal que le pese al progresismo reinante".
Fuente:
http://www.dariovive.org/?p=1500 10.Jul.11 ::
Argentina
4.
El Estado de Canadá para la globalización de la megaminería a cielo abierto
El modelo minero
canadiense: saqueo e impunidad institucionalizados
Por William
Sacher
Excelente escrito enviado por Horacio Machado
"Resumen
En este artículo,
describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que
rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas
proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción
canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento
de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.
Canadá, líder
internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus
fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales
encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se
realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan
impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas
multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por
parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un
verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.(...)
Canadá, un mineralo-Estado
Según revela una
encuesta efectuada por el Instituto Fraser a 670 empresas y agencias de
servicios del sector minero, en 72 países y Estados, Canadá es un verdadero El
Dorado para las empresas mineras. Entre las 10 primeras jurisdicciones que la
encuesta indica como ideales para la exploración minera, figuran seis provincias
canadienses.(28)
En Canadá, la
minería de exploración y explotación es de carácter exclusivamente privado, sin
embargo, disfruta de un fuerte apoyo del sector público.
En el ámbito fiscal,
varias medidas de asignación, créditos de impuestos, incentivos fiscales eximen
a las empresas mineras del pago de impuestos y regalías. En la provincia de
Québec, “en el período 2002 — 2008, 14 empresas pagaron cero regalías pese a que
acumulaban valores brutos de producción anual de 4,2 billones de dólares”.
A nivel federal, el
promedio anual en regalías entregadas al gobierno entre 1966-2002 alcanzaba el
monto irrisorio de 4,16 millones de dólares.
Además de los beneficios ya mencionados, un conjunto de
empresas del Estado, tanto a nivel provincial como federal, ofrecen apoyos
múltiples a las empresas mineras que operan en territorio canadiense.
En Québec, por
ejemplo, el Estado se encarga de ofrecer asesoría a las empresas mineras
privadas para que sepan aprovechar de manera óptima el entorno fiscal permisivo
de la provincia. Estas entidades públicas ofrecen además otras formas de
servicios: participan directamente del capital de las empresas, otorgan
préstamos a tasas preferenciales, y proveen de garantías a la inversión,
dándoles credibilidad financiera y sirviendo de trampolín a las empresas
juniors. A esto se añaden apoyos indirectos, como el financiamiento público de
las campañas de exploración geológica, de mega-infraestructuras de producción
energética y de transporte.
En cuanto al acceso
a los territorios, las empresas gozan de la ausencia de obstáculos legales. Las
legislaciones mineras canadienses funcionan con el principio del llamado free
mining, o free entry. Este principio, en vigor desde el siglo XIX, se basa
en la premisa de que la explotación minera es la mejor forma de uso del
territorio. Los derechos del detentor de un título minero tienen supremacía
sobre los derechos territoriales de los propietarios de las tierras, las
colectividades locales, e incluso de los pueblos indígenas. (34’35’36)
En cuanto a la
legislación ambiental, las sucesivas desregulaciones de los últimos 20 años
introdujeron una enorme flexibilidad, además de drásticos cortes en los
presupuestos de los Ministerios del Ambiente. Todo esto ha dejado a las
empresas un amplio margen de decisión para manejar sus desechos y el proceso de
cierre de las minas.
Este conjunto de
factores nos lleva a proponer el calificativo de Mineralo-Estado para el Estado
Canadiense.
En un Mineralo-Estado el comercio de los recursos minerales puede ser visto como
el comercio de la droga en un Narco-Estado, es decir permite el enriquecimiento
de las oligarquías poniendo al aparato estatal al servicio del comercio minero.
Así, entendemos como Mineralo-Estado, un Estado que:
1. Posee un territorio con gran potencial geológico;
2. garantiza el acceso a recursos energéticos y agua al mejor
precio (puede ser cero...);
3. garantiza con la fuerza militar y/o la ley un acceso
privilegiado a los recursos minerales para los actores del sector minero;
4. garantiza una red de infraestructuras que permiten el
transporte de recursos materiales y humanos, así como el mineral de una manera
rápida y segura;
5. apoya financieramente a las empresas;
6. facilita la exportación de las ganancias, y minimiza el
control fiscal;
7. reduce al mínimo las restricciones relativas al medio ambiente
y las condiciones de los trabajadores;
8. se encarga de una propaganda agresiva a favor de la
explotación minera, y permite la criminalización de los actores críticos;
9. a través de redes, permite al sector minero ejercer una
influencia directa sobre las autoridades políticas y su acción. La permisividad
de la legislación, las cuantiosas transferencias de fondos públicos hacia las
empresas, la minimización de regulaciones fiscales, y la influencia indiscutible
del sector minero en la política hacen que Canadá responda perfectamente a esta
definición.
Canadá, un paraíso judicial
Varios factores han incentivado
el boom minero mundial de los últimos años.
Al incremento de la demanda en minerales de todo tipo, provocado por crecimiento
económico de China e India, se añaden el boom tecnológico, la crisis económica y
el uso del oro como valor-refugio, la financiarización de la economía mundial y
la búsqueda de nichos de especulación. A esto se suma el aumento de los gastos
militares, el auge programado de la energía nuclear como fuente alternativa a
los combustibles fósiles y la voluntad de las grandes potencias para asegurar el
acceso a yacimientos económica y estratégicamente sensibles.
En este contexto,
las multinacionales canadienses del sector minero con sus “saber-hacer”
centenario, han extendido sus actividades por todos los continentes, en busca de
nuevos yacimientos rentables durante los últimos 20 años. Estas empresas se han
beneficiado de la aplicación del Consenso de Washington en un gran número de
países endeudados de amplio potencial geológico bajo la presión del Banco
Mundial. Esta instancia, a menudo con asesoría de origen canadiense, ha
impulsado la elaboración de nuevos códigos mineros que favorecen la inversión
extranjera agresiva y sin mayor regulación. Canadá ha participado a través de
diversas instancias públicas, en la elaboración del nuevo marco de inversión
minera en Colombia, Botswana, Zimbabwe, Guinea y Zambia, reproduciendo las
características del Minera/o- Estado canadiense.
El ambiente es
definitivamente favorable a la inversión en el sector minero, pero ¿qué hace que
inversionistas mineros estadounidenses, suecos, alemanes, australianos o
mauricianos escojan al Canadá para gestionar sus proyectos en África, América
Latina, Indonesia o Asia? Proponemos responder a esta pregunta describiendo una
serie de características que hacen de Toronto el lugar de predilección de los
inversionistas, particularmente en cuanto
a la exploración
minera.
Un polo de atracción para los negocios mineros
Históricamente, los
mercados financieros canadienses han sido el teatro de numerosos escándalos
vinculados a la empresas mineras, como el de “Wind FalI” en los años
sesenta, o más recientemente el de la empresa junior Bre-X,(40) que llevó al
colapso de la Bolsa de Vancouver, y a la concentración de la totalidad del
capital minero canadiense en Bolsa de Valores de Toronto (TMX). Desde su origen,
a finales del siglo XIX, la reputación de las Bolsas de Valores canadienses es
la de verdaderos casinos en donde reina la especulación, a tal punto que en mayo
de 1989, la famosa revista económica Forbes, calificó a la Bolsa de Vancouver de
“capital mundial de las estafas”.
Actualmente, las
reglas del TMX permiten a las empresas cultivar la ambigüedad en cuanto al
potencial real de un yacimiento. Así, el TMX sigue siendo un lugar de
predilección para especuladores, que comercian títulos de numerosas empresas
junior registradas allí, a tal punto que ciertas empresas tendrían esta
actividad como única vocación.
Es más, las
regulaciones del TMX estipulan que las empresas no tienen la obligación de
divulgar información que no sea de interés de los accionistas. En Toronto, se
especula sobre las concesiones mineras que han sido adquiridas o que se explotan
a costa de daños indescriptibles, pero las empresas no tienen obligación de
rendir cuentas.
La disponibilidad de
capitales en Canadá es otro aspecto que atrae a los inversionistas mineros. La
población canadiense en su conjunto financia a las empresas mineras a través de
inversiones personales y, sobre todo, de fondos públicos y privados de
jubilación de una gran parte de la clase media colocados masivamente en la Bolsa
de Valores de Toronto. Así, las jubilaciones de los canadienses dependen de las
ganancias que reciben las empresas mineras; ganancias que, como hemos de señalar
más adelante, enfrentan gravísimas acusaciones de abusos e irregularidades.
Otro factor
importante es el apoyo multiforme que les prodiga el gobierno canadiense
para proyectarse alrededor del mundo. Primeramente, las ventajas fiscales
considerables y de múltiple espectro, ofrecidas por las diferentes
instancias gubernamentales del Minera/o-Estado, benefician también a las
empresas activas al extranjero.
Es importante
señalar el rol activo de instancias gubernamentales como la ACDI (Agencia
Canadiense de Cooperación y Desarrollo Internacional) que ha servido de agencia
de publicidad y promueve la exportación del Minera/o-Estado canadiense a escala
internacional, pues ha “colaborado” con diversos países en la definición
de sus políticas mineras de acuerdo a los intereses de la industria canadiense.
En resumen, la ACDI “prepara el terreno” para las empresas mineras
canadienses, que “tienen de este modo, acceso fácil a la información
geológica del país, economizando tiempo y dinero, y encuentran al interior del
gobierno, individuos formados en Canadá, o por canadienses, con un a priori
favorable a las empresas y al know how canadiense”.
Otra agencia, la
Exportation Development Canada (EDC), una aseguradora poco transparente, provee
préstamos y garantías públicas indispensables para la obtención de
financiamiento de bancos privados.
Además, a través de
su red de embajadas y delegaciones comerciales, el gobierno canadiense brinda un
apoyo diplomático incondicional a sus empresas mineras activas en otros países y
ejerce todo tipo de presión a sus autoridades, y no duda en asumir públicamente
su rol de lobbysta.
Para aumentar su red
de influencia en el extranjero, las empresas multinacionales del sector
extractivo contratan como “consejeros” a ex primeros ministros
canadienses, como Joe Clark, Jean Chrétien, o Brian Mulroney.Pregunta: ¿qué
hacen estos personajes, sino poner al servicio de las empresas mineras, sus
contactos y la información acumulada a lo largo de su mandato?
Por último, es
preciso mencionar que Canadá ofrece protección jurídica a sus empresas, pues el
vacío jurídico hace difícil que las víctimas de abusos cometidos en el
extranjero por empresas privadas lleguen a un tribunal canadiense.
Además, anteriores
decisiones de tribunales canadienses sobre estos asuntos demuestran que las
autoridades judiciales han decidido no actuar en contra de intereses mineros.
Una impunidad de
hecho asegura a toda empresa canadiense que nunca será importunada por la
justicia en Canadá a causa de abusos cometidos en el extranjero.
Por lo antes
mencionado, Canadá se impone como paraíso judicial para las empresas mineras a
escala mundial. En el momento de escoger una jurisdicción para registrarse, un
inversionista minero optará lógicamente por Toronto. Al igual que un sinnúmero
de empresas se registra cada día en los paraísos fiscales para evadir al fisco
de los Estados de Derecho, las mineras se registran masivamente en el paraíso
judicial canadiense para gozar de una protección jurídica, política y moral.
Una letanía de abusos
Con este pedigree,
el Canadá se ha convertido en la plataforma privilegiada de inversionistas de
todo el planeta, desde la cual sus empresas pueden alcanzar una rentabilidad
récord, externalizando impunemente los altos costos financieros, ambientales y
sociales que generan sus actividades. La gravedad de estos costos se mide por
las serias acusaciones de abusos que enfrentan las mineras registradas en
Canadá, en todos los países en donde se encuentran activas. Las principales son:
• evasión fiscal u
otras formas de criminalidad económica,
• expropiación
brutal y violación de derechos humanos,
• contaminación,
producción de residuos tóxicos y destrucción de los ecosistemas, envenenamiento
de las poblaciones locales,
• complicidad en el
asesinato de líderes opuestos a la actividad minera,
• complicidad en
crímenes de guerra.
En situaciones de
guerra civil, como en la República Democrática del Congo, multinacionales
mineras del Canadá, como AMFI, Lundin Mining, First Quantum Minerals, Emaxon, o
Banro no han tenido reparos en negociar contratos leoninos con jefes de guerra.
Estos contratos han permitido a las mineras obtener a bajo precio derechos sobre
yacimientos de calibre mundial, financiando indirectamente la guerra civil en
esta región. Acusaciones de incentivo a la conflictividad en esta región
africana son sumamente graves pues se calcula que en los últimos 15 años, esta
guerra habría provocado más de cinco millones de muertos y al menos un número
igual de desplazados.
La multiplicación de
idénticas acusaciones, provenientes de fuentes independientes, en todos los
continentes, es prueba de que no se trata de casos anecdóticos. Por el
contrario, es necesario tratar estos hechos como evidencia de que existe un
sistema propiamente canadiense de saqueo de recursos minerales, que se apoya en
la propagación de su modelo de Mineralo-Estado y en la existencia de un paraíso
judicial.
Ignorancia e impunidad
No podemos concluir
sin mencionar del proyecto de Ley C-300, que fue rechazado por el
parlamento federal de Ottawa en octubre del 2010, durante su tercera y última
lectura. El principal punto de esta Ley era la posibilidad de suprimir el apoyo
financiero que reciben las empresas cuando no cumplen una serie de estándares.
Sin duda, este proyecto representaba un “paso en la dirección correcta”,
como afirmaron varios actores de la sociedad civil canadiense. En realidad, era
un paso en extremo tímido. Pese a ser sujeto de críticas agresivas por parte del
sector minero y sus aliados, la Ley no cuestionaba los fundamentos del paraíso
judicial, es decir la impunidad de los múltiples crímenes que habrían cometido
las empresas del sector extractivista. La timidez de este proyecto de ley y el
rechazo del parlamento, son muestras de la enorme influencia de los intereses
mineros en el Minera/o-Estado canadiense, así como de una ausencia de voluntad
política para regular el sector.
El africanista
francés François-Xavier Verschave decía a propósito de la explotación
neo-colonial francesa en África, el silencio y la impunidad están íntimamente
vinculados.(53)
El silencio del
gobierno y de los medios de comunicación sometidos a los intereses mineros, hace
que los ciudadanos canadienses no cuestionen un sistema de explotación
depredador y potencialmente criminal. A esto se añade que las empresas tienen
derecho a seguir juicio a los actores críticos, bajo el pretexto de defender su
reputación. Entre los atropellos recientes a la libertad de expresión figuran
los casos de las mineras Barrick Gold y Banro que siguen juicios a los
autores y la editorial del libro Noir Canada por un total de 11 millones de
dólares. Estas amenazas a la libertad de expresión impiden que se desarrolle un
verdadero discurso crítico en Canadá.
Décadas de
construcción de una reputación de “buen gobierno”, tanto al interior como
al exterior de las fronteras, han logrado la confianza ciega de una gran
parte de la sociedad canadiense en sus instituciones. Mientras tanto, el sector
minero no tiene límites para seguir instrumentalizando a las autoridades
públicas y aumentando sus márgenes de ganancias, aun si todo eso implica la
evasión fiscal, la destrucción de ecosistemas, el contrabando, la corrupción, la
expropiación mortal de pueblos, el tráfico de armas, o la asociación con jefes
de guerra sanguinarios.
Fuente:
http://restodelmundocontaminado.blogspot.com/2011/06/el-modelo-minero-canadiense-saqueo-e.html
Boletín de Noticias de Movida Ambiental
En
consecuencia, la comunicación social que ayude a la construcción de la
democracia real tiende a establecer nuevos vínculos, más recíprocos,
entre los diversos de abajo. No implica sólo encuentros interculturales
sino también lucha por terminar con la impunidad de los de arriba; con
la delegación en un falso paternalismo gubernamental y estatal y con el
criminal progreso del capitalismo e imperialismo.
La «reforma
agraria integral» se basa en esa construcción de relaciones sociales más
representativas de los de abajo y de militancia emancipatoria porque
depende de la lucha de las distintas comunidades por recuperar o crear
sus territorios de autogestión y autogobierno para armonizar la ciudad
con el campo en el propósito común de establecer las condiciones dignas
de vida y trabajo de todos los de abajo sin discriminación de tipo
alguno.