Implica organización y
lucha:
1. Contra
la Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional de
Sudamérica
(IIRSA)
◊Integración
a golpe de megaproyectos
Por Sergio de Castro Sánchez
"Surgida en el año 2000 como propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a la reunión de presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia a
finales de agosto de ese año, la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) no sólo ha sobrevivido a la
supuesta
defunción del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) en la Cumbre del Mar de Plata en 2005 –a la que inicialmente
iba vinculada–, sino también a los cambios políticos que se han sucedido en los
gobiernos de algunos de los países de la región. Desde entonces,
la
IIRSA ha pasado a convertirse en el eje
esencial del proceso de integración regional de los países pertenecientes no
sólo al
Mercosur o a la Unasur, sino también de la
ALBA.
¿Qué es la IIRSA?
La
IIRSA es un conjunto de más de 500 proyectos organizados en diez Ejes de
Integración y Desarrollo (EID) que, con un costo cercano a los 75.000 millones
de dólares, busca eliminar las “barreras” naturales que impiden la libre
circulación de las mercancías entre las diferentes “islas” que
compondrían la región.
Los
EID, además, se estructuran en siete “procesos sectoriales” que buscan
organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura
física de transporte terrestre, aéreo y fluvial –proyectos que representan el
87% de la IIRSA–; de oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales y
tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre otros. Según datos proporcionados
en la XI reunión del CDT, de diciembre de 2009, el 74% de los proyectos
presentan avances concretos, con un 10% concluido, un 36% en ejecución y un 28%
en preparación. Respecto a los avances en la Agenda de Implementación
Consensuada (AIC) 2005- 2010 –que incluye 31 proyectos prioritarios– dos
estarían concluidos, 19 en ejecución y 10 en preparación.
Tras la
creación de la Unasur, el CDE planteó la necesidad de que la IIRSA se vinculara
a la misma, para lo que, en agosto de 2008, se creó el Consejo Sudamericano de
Infraestructura y Planeamiento (CIP) de la Unasur, del que se prevé que IIRSA
sea “el foro técnico de la planificación y desarrollo de la infraestructura
de integración de América del Sur”. Uno de los objetivos de la IIRSA es la
de vincularse al Proyecto Mesoamérica –antiguo Plan Puebla Panamá– para lo cual
Colombia entró a formar parte del mismo en julio de 2006. Además, las últimas
reuniones del CDE han contado con la presencia de representantes del proyecto lo
que ha permitido avanzar en la conexión de ambas iniciativas en temas eléctricos
y de telecomunicaciones, a través de empresas creadas a tal efecto.
“Una dinámica capitalista”
A pesar
de que la IIRSA se presenta como un proyecto de “infraestructura sostenible”,
las denuncias contra sus impactos medioambientales,
políticos, económicos, sociales y culturales se han sucedido desde sus inicios.
Así, mientras para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la
iniciativa constituye un “ecocidio y un genocidio”,
para el analista Raúl Zibechi, la IIRSA
supone “una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los
países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado
mundiales”, en tanto refleja un modelo de “integración exógena”
dirigida a los mercados externos.
Según
Jairo Estrada, profesor de ciencias políticas de la UNAL y director del
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, la IIRSA implica,
además, “una dinámica capitalista muy similar a las lógicas de acumulación
originaria de capital, es decir, a las lógicas de acumulación por desposesión”.
Un expolio que se
estaría desarrollando sin consultar a los afectados y sin la realización de
estudios de impacto ambiental fiables y que, según la analista Ana Ester Ceceña,
iría parejo a la firma de tratados de libre comercio y la militarización
creciente de la región.
DECISIONES
La
IIRSA está coordinada por los gobiernos de los 12 países que la integran a
través del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE),
formado por los ministros de planificación e
infraestructura
de los estados miembros.
A ella se le suman los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) y el Comité de
Coordinación Técnica (CCT), integrado por el BID, la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA), principales financiadores de la iniciativa junto al Banco Brasileño
de Desarrollo Económico (BNDES).
◊“Nuestro
sueño es que este proceso sea más social y político”
ENTREVISTA |
MIGUEL PALACÍN, DE LA COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS
(CAOI)
La CAOI, que
integra organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina,
denunció en noviembre a la IIRSA ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Johnattan Rupire y Mar
Soler, Lima (Perú)
DIAGONAL:
¿Cuál es la posición de la CAOI respecto a la IIRSA?
MIGUEL
PALACÍN:
Tenemos un problema de fondo. ¿Para qué sirve la IIRSA? ¿Queremos hacer la
modernización como Europa, como Estados Unidos y después llorar por lo que hemos
destruido? Los procesos de integración no son sólo cuestión de carreteras, es un
tema político, organizativo, de solidaridad y del desarrollo de los pueblos, que
está basado en el buen vivir, en el sumak kawsay. La IIRSA es totalmente
contraria a la concepción indígena. No hay necesidad de tener esas líneas
imaginarias que nos pongan de enemigos de un lado a otro. Hay que hacer
desaparecer las fronteras. Los pueblos transfronterizos viven todos los días de
esa forma. Hay que educar para el amor, para la integración real y no para
odiarnos. Vivimos en zonas de alta biodiversidad y juntando a toda América del
Sur no necesitamos depender de nadie. La diversidad de pueblos y de culturas que
somos es una gran fortaleza que hay que promover. Ése es nuestro sueño, que los
procesos de integración sean mucho más políticos, mucho más sociales. Tenemos
una crisis general: financiera, ambiental, energética, alimentaria, de valores.
Está en crisis el pensamiento que llegó hace 518 años, ya no da para más y es el
mismo que quiere poner las soluciones ahora.
D.:
¿Qué medidas plantean desde vuestra organización?
M. P.:
Fui a una reunión de la IIRSA en Colombia donde Bolivia acogió nuestra propuesta
de reestructuración de la IIRSA: por un lado, que tiene que pasar por los
procesos de consulta y que los Estados tendrían que tener control; y por otro,
que la instancia más cercana de gestión sea la UNASUR. Pero en otros países,
incluso de presidentes del “socialismo del siglo XXI”, se basan en la
práctica del neoliberalismo. Esa es nuestra crítica muy directa hacia ellos.
D.:
Con una gestión de UNASUR, ¿qué cambios importantes se darían en la IIRSA?
M. P.:
Primero, tendríamos espacios de incidencia hacia los gobiernos porque ahora hay
que hacerlo hacia el directorio de la IIRSA y como todo está hecho allí para el
negocio, no entienden las cuestiones legales. Necesitamos hablar de cuidar la
pachamama, pero precisamente la IIRSA está para destruirla. Por eso los
gobiernos alternativos, que son amigos nuestros, tienen que fijar una postura.
En el momento actual se lavan un poco las manos, diciendo que “no es nuestra
responsabilidad”, que, “en realidad, hay otros gobiernos que han
contraído acuerdos” y que “para eso está el directorio”, pero no es
así...
D.:
¿Cuál es la visión de la IIRSA desde Europa?
M.P.:
Cuando se habla en el movimiento social de que hay un proyecto de inversión en
la IIRSA, en el que tiene interés un banco alemán –que son quienes financian vía
bancos brasileños– la gente no sabe qué es la IIRSA. Y encima hacen loas a
Chávez, Evo y a Lula, cuando son ellos los que están propiciando este tipo de
proyectos, que son neoliberales. Si miran el plan de Gobierno de Evo, es todo
IIRSA.
◊El
rol central de la IIRSA para el gobierno boliviano
Por Pablo
Villegas (CEDIB)
“El
deseo que tenemos en Bolivia es que no solamente nos quedemos con un corredor
bioceánico, sino tener dos o tres corredores”. Consecuentemente con estas
palabras pronunciadas por Evo Morales en 2007, Bolivia habrá invertido al
concluir la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 de la IIRSA un total
de 694 millones de dólares. Más allá de 2010, según el Gobierno, la conclusión
de cinco corredores superará los 2.000 millones. Sin embargo, sumando las fichas
de los proyectos de la IIRSA, resultan casi de 5.000 millones de dólares. Esto
sin contar, entre otros proyectos, varias hidrovías aún no evaluadas. Si a esto
añadimos 10.000 millones que se invertirán en la Ferrovía Interoceánica entre el
Atlántico y el Pacífico y la inversión en proyectos energéticos de la IIRSA,
podríamos superar fácilmente el PIB boliviano de 17.000 millones de dólares. La
IIRSA coincide con un patrón de inversión pública vigente desde la liquidación
neoliberal de las empresas estatales en 1996. Así, en 2009, el 47% del
presupuesto estatal se invirtió en infraestructura. En 2000, se trató del 35%.
La IIRSA también incide en el patrón de endeudamiento. El Banco Mundial (BM),
CAF y BID han sido esenciales para el financiamiento de la IIRSA en Bolivia. En
1996, el 59% de la deuda externa era con estas entidades, y en 2008, llegó al
78%. Esta dependencia, peligrosa para Bolivia, se incrementará aún más con un
préstamo de 10.000 millones que el BM aprobó recientemente. El Gobierno ha
priorizado los ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil- Bolivia. El primero,
que unirá el Atlántico con el Pacífico desde Brasil a Chile atravesando Bolivia,
ha sido impulsado por el Gobierno de Morales con un acuerdo firmado el 16 de
diciembre de 2006 con Bachelet y Lula. Brasil y Chile invertirán 254 millones de
dólares y Bolivia, la mayor parte: 415 millones. Esto nos da una idea de los
gastos que afrontará Bolivia para favorecer el tránsito comercial de los países
vecinos y el saqueo de sus propias materias primas, pues seis de los diez ejes
de la IIRSA se vinculan con su territorio. En 2007 la reacción social boliviano-
brasileña ante las represas del río Madera amenazó varios proyectos IIRSA, pero
el Gobierno remedió el caso declarando que no se oponía al proyecto. En febrero
de ese año Bolivia acordó con Brasil la construcción de un puente fronterizo
sobre el Mamoré (parte del complejo Madera) y, pasado el tiempo, sus críticas a
la IIRSA cambiaron por una agresiva campaña para la construcción de corredores,
hidrovías, hidroeléctricas y grandes proyectos de exportación de energía, aunque
el país (segundo en reservas de gas del continente) se autoabastece cada vez
menos.
◊Colombia:
la incorporación de los negocios
Por
Fernando Castrillón, del Colectivo de Trabajo Jenzerá Bogotá, Colombia.
Según
el autor, la IIRSA en Colombia avanza hacia la integración de los intereses
empresariales y la desintegración de tejido social y ecosistemas
La
pérdida de confianza y los acuerdos con sus vecinos más cercanos no ha sido
obstáculo para que el Gobierno colombiano impulse la IIRSA. Así lo hacía ver
cuando declaraba ante la Asamblea Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que esta iniciativa busca “desarrollar una infraestructura puntera,
acorde con las necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se
avecinan, que cuente con mayor participación del sector privado y que funcione
bajo esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes”.
De los
diez ejes y 162 grupos de proyectos de la IIRSA, Colombia participa en dos ejes
y diez grupos que se han incorporado en los planes de desarrollo y en los planes
a largo plazo. Se han priorizado los proyectos Hidrovía Río Meta, Carretera
Pasto-Mocoa y paso de frontera Cúcuta-San Antonio, considerados cuellos de
botella para el desarrollo y la integración. Estos proyectos coinciden
estratégicamente con los corredores de recursos minero-energéticos, de
biodiversidad y producción de agrocombustibles, entre otras materias primas que
Colombia privilegia en las relaciones con EE.UU. y Europa.
Esta integración no se basa sólo en la construcción de carreteras, puertos,
puentes y dragado de ríos, sino sobre todo en la extracción sistemática e
intencionada de los recursos de los territorios colectivos de las
comunidades negras y de los pueblos indígenas y en los cambios en el uso del
suelo que permitan el tráfico de mercancías, energía y comunicaciones.
Asimismo, potencia los fines especulativos sobre la tierra, que benefician a
los políticos asociados a los grupos armados legales e ilegales.
La
IIRSA tampoco es una vía para la integración de los pueblos, y menos una manera
de aliviar las difíciles condiciones de las regiones de Putumayo y Nariño, donde
se adelanta la carretera Pasto-Mocoa. Por contra, constituye un elemento
adicional a la delicada crisis del país y es un riesgo que afecta la vida y la
integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas, las cuales están
sometidas a presiones no sólo de actores armados legales e ilegales, sino a
poderosos intereses económicos. La implantación de más de 20.000 hectáreas de
coca, dos masacres en el último año sobre el pueblo awá con un saldo de 18
indígenas asesinados, más de 60.000 desplazados en los dos últimos años, la
permanencia de varios frentes de las FARC y del ELN y de nuevos grupos de
paramilitares, el minado de varias zonas, la militarización de la vida de las
comunidades y la irrupción de prácticas que desestructuran los tejidos social,
económico, político y cultural de pueblos y procesos organizativos, constituyen
situaciones que impiden una real participación de las comunidades y la toma de
decisiones de manera libre y consentida.
Fuente:
http://www.kaosenlared.net/noticia/america-latina-integracion-golpe-megaproyectos
2. Contra la ocupación
integral del sistema global de agronegocios
La ofensiva de los agronegocios contra el pueblo brasileño
Por
Secretaría Nacional del Movimiento de los Sin Tierra (Resumen
Latinoamericano)
Traducido
para Rebelión por Susana Merino
“Brasil está siendo blanco de
una ofensiva del gran capital articulada por las empresas transnacionales y los
bancos en una alianza con capitales latifundistas que han generado un modelo de
organización agrícola llamado agronegocio. A partir de la segunda mitad de la
década de los 90 –y más aún luego de la crisis del capitalismo internacional–
grandes corporaciones internacionales financiadas por capitales financieros
comenzaron a avanzar sobre la agricultura brasileña: tierras, aguas, semillas,
producción e industrialización de alimentos y comercialización de agrotóxicos.
En dicho proceso, el
agronegocio intenta impedir el desarrollo de la pequeña agricultura y la Reforma
Agraria y consolidar su modelo de producción basado en las grandes propiedades,
el monocultivo, la expulsión de mano de obra campesina, el uso intensivo de
maquinaria, la devastación ambiental y la utilización de agrotóxicos a gran
escala.
Compra de tierras por empresas
extranjeras
Los datos del INCRA* indican
que en los últimos años se vendieron por lo menos 4 millones de hectáreas a
personas y empresas extranjeras, perjudicando los intereses del pueblo brasileño
y debilitando la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. El
gobierno federal mostró preocupación por esa ofensiva, porque además las
empresas usan subterfugios para no respetar la legislación vigente. Un director
de la empresa de papel y celulosa Stora Enso admitió que creó una empresa en
Brasil para burlar la ley y comprar ilegalmente 46.000 hectáreas en la frontera
sur del país y encarar el monocultivo de eucaliptos.
Sólo en el sector del alcohol
de caña, por ejemplo, las empresas trasnacionales compraron el 30% de todas las
fábricas con sus tierras. Sin embargo eso no aparece en los catastros del
Instituto, que sólo incluye cantidades subestimadas. Esperamos que el Gobierno
cumpla su promesa y apruebe cuanto antes el Proyecto de Enmienda Constitucional
(PEC) que impida la compra de tierras a los extranjeros, incluyendo la anulación
de los títulos de las tierras ya vendidas.
Arroz transgénico de Bayer
En las últimas semanas, el
agronegocio intenta avanzar en su proyecto para la agricultura brasileña en dos
frentes: cambios en el Código Forestal Brasileño y la liberalización del arroz
transgénico. Por otra parte la flexibilización de la ley ambiental facilita la
deforestación y la expansión del agronegocio, los transgénicos pasan el control
de las semillas de las manos de los agricultores a la propiedad privada de
cinco empresas transnacionales: Bayer, Basf, Monsanto, Cargill y Syngenta que
de ese modo las patentan e imponen royalties a los productores.
Los movimientos campesinos, los
ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos lograron una victoria
importante a través de la presión social y política contra la liberación del
arroz de Bayer que retiró su propuesta para su aprobación por la Comisión
Técnica de Bioseguridad. Esa variedad de arroz, de consumo popular, no está
liberada en ningún país del mundo, ni en los EEUU ni en Alemania (país de origen
de Bayer). Fue en consecuencia un retroceso momentáneo de la transnacional pero
debemos permanecer atentos a sus movimientos futuros.
La aprobación del arroz
transformaría a Brasil en un cobayo. Los impactos de la liberalización del arroz
transgénico que está presente en la mesa de los brasileños en el almuerzo y en
la comida serían tremendamente negativos. En primer lugar no hay estudios que
atestigüen que el consumo de transgénicos no afecta a la salud humana.
En segundo lugar, los
productores de arroz tradicional podrán ver contaminadas sus cosechas con el
arroz Liberty Link. En los EEUU se comprobó que 7.000 productores de arroz se
vieron contaminados y demandaron a la Bayer por los perjuicios que les
ocasionara. De modo que podríamos llegar a la conversión de todos los cultivos
tradicionales de arroz en transgénicos. Además, aún sin comprar esas semillas
los campesinos tendrían que pagar royalties a la empresa alemana.
En tercer lugar, aumentaría el
uso de venenos en los cultivos de nuestro país que utilizó 9.000 millones de
litros el año pasado, ocupando el primer lugar en el ranking mundial. Las
investigaciones han demostrado que el glifosato, usado para pulverizar las
variedades desarrolladas por la Bayer, es tóxico para los mamíferos y podría
entorpecer las actividades del cerebro humano.
El médico Wanderlei Antonio
Pignati, doctor en salud y ambiente, investigador de Fiocruz y profesor de la
Universidad Federal de Mato Grosso explica que las grandes industrias fabrican
semillas dependientes de los agrotóxicos y los fertilizantes químicos porque
también producen esos venenos.
El retroceso de Bayer
constituye una pequeña victoria de la sociedad brasileña, porque demuestra
principalmente que es posible enfrentar y derrotar a las empresas
transnacionales.
Cambios en el Código Forestal
En relación con el Código
Forestal la votación del proyecto presentado por el diputado federal Aldo Rebelo
(PCdoB-SP) está prevista para comienzos de julio. El texto del proyecto de ley
beneficia a los latifundistas de los agronegocios, por abolir la Reserva Legal
para la agricultura familiar, la posibilidad de compensación fuera de la región
o de la cuenca hidrográfica y la transferencia de las responsabilidades sobre la
legislación ambiental a los Estados y municipios.
Más preocupante aún que la
reforma agraria es la amnistía a los productores rurales que hayan cometido
crímenes ambientales hasta julio de 2008. Las áreas que no cumplen una función
social y que deberían ser expropiadas y destinadas a los trabajadores rurales
sin tierra continuarán en manos de los latifundistas. Es decir, que con la
aprobación del nuevo código el Congreso Nacional modificará la Constitución para
responder a los intereses de quienes monopolizan las tierras en nuestro país.
En cuanto a las empresas de los
agronegocios comentan discretamente que los ruralistas están eufóricos ante la
posibilidad de legitimar el desmonte ya realizado y abrir la frontera en
nuestras selvas y áreas de preservación. Lo que realmente no se esperaba era que
los sectores más conservadores encontraran apoyo que mereció hasta elogios de
la senadora Katia Abreu (DEM) que no hace mucho intentaba su nominación como
vicepresidenta de José Serra (PSDB). Dado que Katia Abreu, presidenta de la
Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es portavoz del sector de
latifundistas y la principal defensora de los cambios, es evidente que se
beneficiará con las propuestas del diputado Aldo Rebelo.
Hasta ahora se han levantado
muchas voces contra esa propuesta, las iglesias, las organizaciones
ambientalistas, una parte importante del movimiento sindical y los movimientos
populares, especialmente la Vía Campesina Brasil, manifestando su repudio a
dicho proyecto. Una recolección de firmas juntó miles de firmas con el objeto de
sensibilizar al Congreso, los parlamentarios progresistas pidieron informes y el
Ministerio del Ambiente se opuso a las propuestas. El propio Gobierno, cuyo
partido político es el del diputado Aldo Rebelo y su base parlamentaria, también
criticó el proyecto.
Esperamos que la presión de la
sociedad consiga evitar la destrucción de la legislación ambiental y la
anulación del concepto de la función social de la propiedad que fundamenta la
concreción de la reforma agraria. En lugar de terminar con el Código Forestal
necesitamos mantener sus principios, preservando la naturaleza en beneficio de
toda la población y de las generaciones futuras".
*INCRA :Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.
Fuente:
www.rebelion.org
/ Brasil/ 08-07-2010
3. Contra la agricultura y
la ganadería a gran escala
El modelo
de producción expansivo no toma en cuenta los impactos ambientales y sociales
que provoca
La
agricultura y la ganadería a gran escala afectan al equilibrio ecológico
“Pocos
temas generan tanta coincidencia como el de la amenaza a la seguridad
alimentaria, derivada del cambio climático. Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, los cuatro socios plenos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), son
algunos de los que están en la mira de este proceso, que comenzó en los tiempos
de la Revolución Industrial y se intensificó a partir de mediados del siglo
pasado, “unido al modelo de producción expoliador de los bienes comunes
naturales y asociado al modelo de consumo insostenible y depredador”, dice
el agrónomo uruguayo Fernando Queirós Armand Ugon.
Alexander Schejtman, investigador chileno del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, con sede en Santiago de Chile, explica que para el 2030 se
prevé un aumento de la demanda alimentaria de 50% y que el número de personas
subnutridas saltará de 40 a 170 millones en América Latina como consecuencia del
cambio climático.
“La producción de alimentos para satisfacer a una población mundial en
crecimiento llevó en las últimas décadas a una agricultura y ganadería a gran
escala, sin control y sin visión de las consecuencias negativas sobre el
ambiente”, agrega.
Schejtman recuerda que, de acuerdo con el informe “La sombra alargada de la
ganadería-aspectos socioambientales y alternativas” de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector
ganadero genera más gases de efecto invernadero que el del transporte —18%
medidos en su equivalente de dióxido de carbono (CO2)— y es una de las
principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos.
“Si bien el informe de FAO considera al mundo en su globalidad, para los
países del MERCOSUR, productores natos de alimentos —carnes, lácteos,
oleaginosas, cereales, frutas—, debe ser un punto de referencia insoslayable”,
dice Queirós Armand Ugon.
Ganadería depredadora
El estudio
afirma que el hombre consume cada vez más carne y más leche como señal de
prosperidad, lo que hace pensar que la producción mundial de carne, y en esto el
MERCOSUR tiene mucho que ver, se duplicará de los 229 millones de toneladas en
1999-2001 a 465 millones en el 2050, al tiempo que la producción lechera pasará
de 580 TM a 1,043 millones de toneladas en ese mismo periodo.
La ganadería, dice la FAO, utiliza actualmente el 30% de la superficie
terrestre, mayormente pastizales, y ocupa un tercio de toda la superficie
cultivable sólo para producir forraje. Gran parte de esas tierras han sido
deforestadas de forma continua, particularmente en América del Sur, donde la
Amazonia es un caso emblemático: el 70% de los bosques talados en ese gigantesco
pulmón universal ha sido dedicado a pastizales.
La agricultura intensiva, por su lado, no se queda atrás en la incidencia
negativa sobre el clima. Refiriéndose a América Latina, el español Ferrán García
Moreno, de Veterinarios sin Fronteras, dice que “el transporte
intercontinental de alimentos, el monocultivo intensivo, la destrucción de
tierras y bosques y el uso de insumos químicos en la agricultura, están
transformando a esta actividad en consumidora de energía y potente emisora de
gases de efecto invernadero”. García Moreno recuerda que el 18% de las
emisiones de esos gases se relaciona con el “cambio de uso de la tierra”,
en tanto la actividad agrícola-ganadera a gran escala emite el 14%.
Un análisis de Proceedings of the National Academy of Sciences —un
emprendimiento de la Universidad de Stanford, EEUU— afirma que sólo “en los
nueve estados de la Amazonia brasileña, la agricultura industrial aumentó en
36,000 km² y la deforestación totalizó 93,700 km² en el periodo 2001-2004”. El
informe señala que la intensificación de la agricultura industrial para la
producción de cultivos de gran demanda –como la soja–, se hizo a expensas de la
deforestación de la Amazonia.
En Argentina, una investigación del 2008 de la Agencia Periodística del MERCOSUR
—organización independiente que no tiene relación con el bloque— apunta más
allá, al advertir que “al ponerse en juego el equilibrio ecológico mundial, no
es sólo el ambiente el que corre riesgos, sino que todo peligra, incluso las
culturas. Hablar de tierra y de cultura remite inevitablemente a pensar en los
pueblos originarios, en las culturas nativas que dependen de la Pachamama (la
Madre Tierra). El cambio climático tiene a estos pueblos como una de sus
principales víctimas, ya que al alterarse el ciclo de vida de las comunidades
que dependen de la naturaleza, se pone en riesgo su supervivencia y se da paso a
la destrucción de culturas ancestrales”.
Avance sojero
En
Uruguay, el ingeniero Queirós Armand Ugon alerta sobre el tema de los
monocultivos de exportación, como la soja, que pasó de ocupar 8,000 Ha en 1998 a
700,000 Ha en la actualidad, “y a medida que el área cultivada aumenta se
incrementan en igual proporción los impactos ambientales y sociales que el
cultivo provoca”.
De acuerdo con un estudio de la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad
de la República de Uruguay, en los últimos 10 años el 47% de los productores
lecheros son víctimas del avance sojero. “Durante 2007 —dice— 150,000 Ha
dejaron de producir para la lechería, cambiando el destino para la soja”, y
advierte que el 92% del área utilizada para esta oleaginosa es bajo arriendo,
con lo cual “los empresarios no tienen ningún compromiso de conservar nuestros
recursos naturales. Este modelo de producción se desarrolla hasta agotar el
suelo, para luego irse a otra tierra”.
Entre otras causales del cambio climático, Queirós Armand Ugon habla de los
agrotóxicos: “En el 2000 entraron a Uruguay 6,778 TM de agrotóxicos y en el
2008 fueron 18,524 TM. Todas fueron aplicadas a varios cultivos, liderados por
la soja transgénica. Aparte de combatir plagas, enfermedades y malezas, estas
toneladas de veneno quedaron esparcidas en nuestro ecosistema (ríos, cañadas,
suelos y humedales) y sobre los trabajadores rurales, las poblaciones aledañas a
los cultivos y nuestros alimentos: arroz, trigo, maíz, leche, carne, frutas y
verduras”.
El ambientalista argentino Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, dedica
toda su energía a denunciar los atentados ambientales, especialmente la
sojización de los países del MERCOSUR. En una columna publicada en el diario
argentino Tiempo, Rulli propone que el Estado priorice la producción de
alimentos por sobre cualquier otra actividad, por más rentable que ésta sea, y
que se tomen medidas “que limiten el modelo de la soja, evitando que la
frontera agrícola siga extendiéndose hacia el norte del país, donde hay pequeños
productores y donde sobreviven algunas poblaciones originarias”.
“Proponemos una política de precios sostén para los cultivos que integran el
patrimonio alimentario básico de la población, recuperando las antiguas zonas de
explotación familiar”, dice Rulli, confiado en que el rescate de
“cinturones verdes” no sólo producirá alimentos frescos y sanos, sino que
será fuente de recuperación de empleo".
Fuente original:
http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6172
Fuente:
www.rebelion.org
/
América Latina y Caribe/ 11-07-2010
4. Contra la seguridad
alimentaria y por la soberanía alimentaria
El mito de la seguridad
y soberanía alimentaria en Bolivia
Por
Miguel Angel Crespo
Director-PROBIOMA
La seguridad y
soberanía alimentaria no es solamente la capacidad de generar suficientes
alimentos para el consumo interno, sino también en conocer en manos de quienes
está la producción de los mismos y cuáles son algunas de las variables externas
e internas que influyen en los precios."
En base al
concepto desarrollado en la Cumbre Mundial sobre la alimentación realizada
en 1996 en Roma , a convocatoria de la FAO y que aún está vigente,
la seguridad alimentaria plantea claramente que
es el derecho de toda persona a tener acceso a
alimentos sanos y nutritivos , sin importar
el origen nacional de los mismos.
Dicha definición, establece una apertura de los mercados internos de los
países atrasados y con un claro beneficio para las empresas é industrias de
los países desarrollados. Esta orientación de la economía expresada en la
producción agropecuaria ha supuesto un fortalecimiento sin precedentes del
sector de los agronegocios a nivel mundial, pero con muy graves
consecuencias globales en el plano social y ambiental que se ha traducido
paradójicamente en varias crisis.
Es así que en la
actual coyuntura mundial, y producto de los impactos socioambientales, existe
una amplia discusión -fruto de la preocupación global - con referencia a la
crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis económica y la crisis
ambiental. Obviamente todas las crisis mencionadas están interrelacionadas. Sin
embargo, es preciso también aclarar que los países desarrollados, plantean la
solución de las crisis en función de sus intereses. Es decir, que la crisis
alimentaria estará en base al fomento de una producción mayor de alimentos y
para ello, las empresas transnacionales de semillas, ya tienen la solución: Las
semillas transgénicas que obviamente no rinden si no van acompañadas de
herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc. , los cuales son fabricados por las
mismas empresas semilleras y/o por sus socios. Esto seguramente demandará un
mayor uso de energía y también para ello está la solución: Los agrocombustibles
o biocombustibles, que representan una amenaza para la biodiversidad.
Frente a la
crisis alimentaria, también en Bolivia han surgido las voces de las
organizaciones campesinas é indígenas, así como de ONGs, instituciones y del
propio gobierno, que plantean la importancia de la producción campesina para la
solución de esta problemática, desconociendo que la producción campesina aporta
con menos del 20% de la producción de alimentos a nivel nacional. Lo anterior
genera una distorsión del problema, en sentido de plantear que la economía
campesina es fundamental en la producción de los alimentos más importantes de la
canasta familiar.
La seguridad y
soberanía alimentaria no es solamente la capacidad de generar suficientes
alimentos para el consumo interno, sino también en conocer en manos de quienes
está la producción de los mismos y cuáles son algunas de las variables externas
(Las Bolsas de Valores de Chicago y Rosario, por ejemplo) e internas (las
estructuras de costos, el contrabando, etc.) que influyen en los precios.
Tampoco se debe perder de vista de que la seguridad y soberanía alimentaria está
en base al uso y acceso al recurso tierra, que es la base para la producción de
alimentos y la forma de su uso o explotación que tiene que ver con el carácter
de responsabilidad social y ambiental que debe imperar en un modelo productivo
sostenible.
El actual
gobierno, con una visión alejada de la realidad en este tema, quiere dirigir las
lógicas de los mercados y en los últimos años, la discusión se ha centrado en un
falso debate que parte de la premisa de que los campesinos son los que alimentan
al país y que por lo tanto los precios están subordinados a su voluntad o a la
del estado. Además, se ha mistificado el modo de producción campesina, al punto
de que el actual gobierno, ha subordinado su política de desarrollo rural al
apoyo a la producción campesina, alejándose así de la realidad de este sector
productivo y prebendalizando la economía y desconociendo el aporte de la
agroindustria en la producción de alimentos para el país.
La realidad es otra.
Según datos oficiales (INE), el 60% de la población es urbana y se encuentra en
seis de los departamentos del país que son los más poblados, mientras que
Chuquisaca, Potosí y Pando aún tienen mas del 50% en el área rural. Sin embargo
las tendencias de crecimiento son que para los próximos 15 años, el 70% de la
población residirá en las ciudades. Lo anterior, se reflejará en una mayor
disminución del aporte de la producción campesina en el PIB agropecuario y la
producción de alimentos dependerá más de una producción agropecuaria
capitalista, que campesina.
Si observamos la
superficie cultivada a nivel nacional en los últimos 3 años, vemos que ha
disminuido de 2.648.000 Has a 2.411.000 Has., (CEDLA:2009) es decir, ha
decrecido en un 9%. Paradójicamente esto no ha impactado severamente en la
producción agrícola capitalista (agroindustria), que concentraba en el año 2002
, un 60% del valor de la producción agropecuaria (CEDLA: 2009) y el 2009 , pasó
a concentrar el 82% (PROBIOMA:2009) , debido fundamentalmente a la mayor
importancia que tienen los cultivos destinados a la agroindustria y a la
exportación, como es el caso de la soya, maíz, arroz, caña , trigo, algodón,
girasol, maní, sorgo, etc.
Asimismo, una
gran parte de estos cultivos, se concentran en la región de los llanos,
fundamentalmente Santa Cruz, con el 70% del total de la producción agrícola
nacional (CEDLA:2009) y con referencia a los cultivos industriales, concentra el
82% de la producción agrícola (PROBIOMA:2009). El mismo fenómeno se da en el
sector pecuario, donde la región de los llanos concentra el 72% del hato
ganadero bovino en el país (CEDLA.2009). Por otra parte, en los últimos años y a
pesar de las políticas gubernamentales , se ha observado una tendencia a la
acumulación de tierras y a su mercantilización, ya que aún el 72% de los
campesinos, solo tienen el 19% del total de la tierra distribuida en el periodo
1953 al 2002 (CEDLA:2009) y este escenario no ha cambiado ostensiblemente en los
5 últimos años.
Como
consecuencia de lo anterior, tenemos entonces que más del 80% de la
producción, está en manos de los medianos y grandes productores del
Departamento de Santa Cruz y en sociedad con la agroindustria.
Para precisar y
ejemplificar aún más la información y si nos remitimos a la información oficial
y de los gremios de productores de los diferentes estratos, tenemos que el
Departamento de Santa Cruz aporta con los siguientes alimentos al país (Datos al
2008):
* 62% del arroz
producido a nivel nacional
* 43% del trigo
producido a nivel nacional
* 40% del maíz
producido a nivel nacional
* 100% de la soya
producida a nivel nacional
* 24% de las
hortalizas producidas a nivel nacional
* 25% de la papa
producida a nivel nacional
Como se puede
observar, cuatro cultivos (arroz, trigo, maíz, y soya), muy importantes para la
seguridad alimentaria, se producen fundamentalmente en Santa Cruz. Lo que
convierte a este departamento , en la región más importante a nivel nacional a
la hora de hablar de seguridad alimentaria.
Asimismo, Santa
Cruz ha incursionado en la producción de papa, cuya producción se está
incrementando progresivamente, debido a la alta demanda de variedades
“holandesas” (Solanum tuberosum) destinadas a la producción de
alimentos “chatarra” en todo el país. En los últimos 20 años han ido
desapareciendo más de 40 variedades nativas “harinosas” (Solanum andigenum)
destinadas al consumo local y han sido reemplazadas por 3 variedades
“comerciales/holandesas” (no nativas). Esto afecta ostensiblemente a la
seguridad alimentaria cuando desaparecen recursos genéticos nativos y son
reemplazados por otros comerciales y/o introducidos.
En cuanto al
cultivo de la quinua, considerado estrella del patrimonio nacional, el 90% de su
producción se destina al mercado externo por su alta demanda y sus precios
atractivos que también son establecidos en las bolsas internacionales, lo que
motiva a una ampliación de la frontera agrícola en un ecosistema muy frágil . Lo
anterior está generando graves impactos socio ambientales en el altiplano
boliviano, dando lugar al desplazamiento de la actividad ganadera (camélidos y
ovinos) y agudizando un fuerte proceso de desertificación en los suelos (90% en
Oruro y Potosí).
De la misma
manera, la agroindustria, la pequeña y gran producción en Santa Cruz, es
insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que el modelo productivo ha
llevado a un proceso de desertificación en más de 300.000 has. , en dicho
departamento. El contexto mencionado, es resultado de las políticas neoliberales
llevadas a cabo a partir de 1985 y que promovieron fundamentalmente que la
producción interna debe estar dirigida hacia el mercado externo.
De
esta manera se dio un fuerte impulso a la producción de los cultivos destinados
al mercado internacional, en el marco de los acuerdos de integración comercial,
como es el caso de la CAN, en la que Bolivia es el proveedor natural de los
productos derivados de la soya fundamentalmente.
En este escenario los productores campesinos que producen bajo formas de
producción pre-capitalistas, no tienen mayor chance, ante una serie de
requisitos del mercado, que exigen determinados productos (commodities), una
mayor productividad y competitividad para posicionar los productos agrícolas
inclusive en el mercado local. Esta situación los coloca en la disyuntiva de
migrar a las ciudades y/o insertarse en la agroindustria como mano de obra
asalariada. Tampoco tienen posibilidades de acceder a la tierra, ya que sólo
quedan diez millones de hectáreas de tierras fiscales por “distribuir” ,
las cuales son Bosques no aptos para la agricultura.
Ante esta
problemática, el Gobierno maneja un discurso contradictorio, porque afirma
que solo apoyará a lo comunitario, dejando a miles de campesinos sin apoyo y
fuera del sistema productivo. Sin embargo, paradójicamente declara el
respeto irrestricto a la gran propiedad privada (5.000 has., de ahora en
adelante), con lo que consolida la concentración de tierras en pocas manos.
En el caso de los
pequeños productores asentados, en el Departamento de Santa Cruz, y que fueron
dotados de tierras hasta de 50 Has.(en el marco de las políticas de colonización
llevadas a cabo hasta hace 30 años), éstos tienen mejores perspectivas de
ingresar en este modelo de producción, pero en un escenario en que son el
eslabón mas débil de la cadena, ya que sólo cuentan con las tierras, pero no así
con el capital , aspecto que es bien aprovechado por la agroindustria para
financiar el costo de la producción agrícola (semillas, agroquímicos , diesel),
a condición de que el grano producido sea entregado a dicha industria para su
procesamiento y posterior exportación y/o comercialización en el mercado
nacional, como producto con valor agregado.
En este
escenario, el pequeño productor no es más que un proveedor de materia prima para
la agroindustria que
tiene un 30% más de capacidad instalada de lo que actualmente se produce. La
agroindustria fija los precios (en base a los precios referenciales de las
Bolsas internacionales y las tendencias) y de esta manera los ingresos de los
pequeños productores son fluctuantes y además están afectados por otras
variables, como ser los otros proveedores de la cadena a quienes debe pagar por
sus servicios ( semillas, agroquímicos, diesel, alquiler de sembradoras,
fumigadoras, cosechadoras, transporte, etc.)
Lo anterior nos muestra la
importancia que tiene un análisis profundo de lo que verdaderamente significa la
seguridad y soberanía alimentaría en Bolivia
y que va más allá de las mistificaciones hacia la producción campesina y de las
actitudes que pueda asumir el estado. Por ello, el análisis referido a la
seguridad y soberanía alimentaria debe tomar en cuenta también el modelo de
producción que amarra al campesino a su pobreza (parcela) y
- cuando la
producción está en manos de las grandes empresas,
- cuando los
precios son establecidos en el mercado internacional,
- cuando existe
una fuerte dependencia tecnológica en el uso de los insumos químicos,
- cuando existe
una dependencia en las semillas y
- cuando se
desmerece el valor que tiene la biodiversidad y los recursos genéticos.
En otras
palabras, cuando se produce bajo el modo de producción capitalista y para el
mercado.
O bien cuando la
gran mayoría de producción “campesina”, esta subordinada o subsumida por el
mercado capitalista. Obviar en los análisis estos aspectos, es no entender el
verdadero sentido que tiene la seguridad y soberanía alimentaria.
El actual
gobierno , en su oferta electoral planteaba una “ reorientación del
desarrollo rural en base a la generación de ingresos y empleos extraprediales de
la población rural y a la articulación de la producción rural , con el mercado
urbano ,
a través de la
identificación y promoción de las cadenas productivas exportadoras”.
Es
decir, seguir privilegiando las políticas sectoriales, al mercado externo y
subordinadas a las cadenas de valor.
Este enfoque fue
reiterado en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando menciona que se
“priorizará a las unidades pequeñas y medianas,
orientando la integración vertical con la
agroindustria”
. Esta afirmación,
subordina la política de
seguridad alimentaría a los intereses del sector agroexportador
, cuyo objetivo
es fundamentalmente el mercado internacional ya que el mercado interno es muy
pequeño.
En el Plan del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, que fue
presentado en el año 2007 y denominado “Revolución Rural , Agropecuaria y
Forestal”, se propone un “nuevo patrón de desarrollo productivo rural que sea
ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía alimentaria y que genere un
mayor excedente, con base en sistemas de producción agrícola y
forestal-comunitarios, asociativos e individuales – más eficientes en el uso de
los recursos naturales y de las tecnologías disponibles para ese cometido.”
En ese marco, en Noviembre del 2006, se promulgó la Ley Nº 3525 de Regulación y
Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no maderable ecológica, como
política de estado.
Lamentablemente
este Plan, plagado de buenas intenciones y la Ley 3525, no se ha cumplido y es
más, se ha hecho lo contrario , generando una serie de ambigüedades en este
sector. Un ejemplo de ello es la promulgación de la Ley 3546 que declara de
Prioridad Nacional
la construcción del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, teniendo como
base la implementación del Ingenio Azucarero del Norte Paceño, para la
producción de azúcar,
biocombustibles, así como también la producción de palma africana para la
producción de biodiesel
y
aceite, como fuentes de energía renovable y compatible dentro del marco de la
producción ecológicamente sostenible.
Estas
contradicciones y ambigüedades entre lo que se dice en los discursos y se
hace en la realidad, ha generado que en este caso, se dé curso a iniciativas
no sostenibles , como es el impulso a la instalación de 6 plantas de
Biodiesel en la provincia Cordillera de Santa Cruz y se lleve a cabo la
introducción de plantines de piñón provenientes de Indonesia en la localidad
de Palometillas. La posición del CIAT (Centro de Investigación Agrícola
Tropical) , divulgada en su Boletín NotiCIAT Nº 2 y en la que afirma que
“Pese a la negativa del gobierno, el CIAT no dará un paso atrás en
investigación sobre el Biodiesel” es un ejemplo muy claro de las
ambigüedades con las que el Gobierno ejecuta las políticas de estado y que
da lugar a que todos hagan lo que mejor les parece, según las tendencias
mundiales del mercado, así sea a costa de la degradación de los suelos, (con
transgénicos y agroquímicos) , los cuales deberían ser ocupados en la
producción de alimentos, según su aptitud..
Por otra parte,
en el actual texto constitucional se promueve la introducción de transgénicos,
al establecer en el Artículo 409 que “la producción, importación y
comercialización de transgénicos será regulada mediante ley” . Esto ha dado
lugar a que en Bolivia se comercialicen “legalmente”, 43 variedades de
soya transgénica (ORS: 2009) y en evaluaciones de campo realizadas el año 2009,
en propiedades agrícolas del Departamento de Santa Cruz , se ha encontrado maíz
transgénico (Bt) y algodón transgénico (RR y Bt) .
Es mas, en el año
2006 la producción de soya transgénica en Bolivia era el 40% del total de la
producción. En la campaña de verano 2009-2010, el porcentaje de soya transgénica
está en el 85% del total de soya producida. Asimismo, en el periodo 2006 al
2009, se ha promovido, mediante los Programas de Apoyo Productivo establecidos
por el Gobierno , el uso de agroquímicos, fertilizantes, fungicidas, etc. lo que
ha representado un incremento del 300% a los volúmenes anteriores al año 2005.
Los resultados
mencionados en los párrafos anteriores, han sido el resultado de las acciones
llevadas a cabo por los operadores estatales, como es el caso de EMAPA, por
ejemplo.
En el año 2007 se
crea EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), que tiene como
objeto “apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del
mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del
agricultor”. Dicha empresa estatal tiene como actividades,
“la
compra-venta de insumos
agropecuarios
,
transformación básica de la producción y su comercialización, prestación de
servicios para el sistema de producción, prestar asistencia técnica, alquiler de
maquinaria, almacenamiento y otros relacionados con la producción agropecuaria”
.
Asimismo en el
2007 se aprueba el “Programa productivo para la Seguridad Alimentaria 2008”,
que tiene como fundamento,
“contribuir
a la estabilidad de los precios de los alimentos básicos”
y que
se operativiza mediante su intervención con un fondo de 42 millones de dólares a
EMAPA para la producción de trigo, arroz, maíz y soya y también el apoyo a SEPA
, para la producción y provisión de semilla de papa y que tiene un monto
asignado de 1,6 millones de dólares. Finalmente, este Programa asigna recursos
no reembolsables de 4,8 millones de dólares, al sector “privado comunitario”,
para la producción de maíz, choclo, papa, tomate y cebolla.
También “se
difiere a cero por ciento , el gravamen arancelario para la importación de
arroz, azúcar, maíz , aceite de soya, trigo y sus derivados , animales vivos ,
carne y sus derivados y fracciones y se autoriza a EMAPA y a la Secretaria
Ejecutiva PL-480 , la importación directa controlada , el acopio y la
comercialización de alimentos” (CEDLA:2009)
Complementariamente el MDRAyMA , ha desarrollado el Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria (CRIAR-PASA), que ha dirigido sus actividades al
financiamiento de cerca de 127 proyectos de infraestructura productiva, por un
total de 9,8 millones de dólares y el Programa de Emprendimientos Organizativos
para el Desarrollo Rural Autogestionario-EMPODERAR, que tiene como finalidad
promover alianzas entre organizaciones de productores y compradores (estatales y
privados) y abarca 55 proyectos de alianzas rurales por un monto de 2 millones
de dólares.
A lo anterior se
añade el Programa de Repoblamiento Ganadero que fue creado a raíz de los
desastres nacionales y tiene un fondo de 10 millones de dólares. Asimismo, están
los Programas del SENASAG que están destinados a la sanidad animal y vegetal por
un monto de 6,1 millones de dólares.
En este
escenario podría pensarse que los resultados obtenidos deberían ser
positivos en lo referente a una mayor producción de alimentos por parte de
los productores campesinos y que estos tengan un impacto en la seguridad
alimentaria del país.
Sin
embargo ello no ha ocurrido en los hechos.
Estos fondos han promovido la importación de alimentos , como es el caso del
arroz y el trigo, que en el caso de éste último, y debido al déficit del 70% que
se afronta a nivel nacional y en lugar de priorizar los fondos para el apoyo a
una mayor producción de trigo según las aptitudes y vocación de los suelos en
determinadas regiones del territorio, se ha promovido la importación de harina
con la consecuente quiebra de las molineras nacionales. Similar situación ha
ocurrido con el caso del arroz. Es decir, se han ampliado mucho más los lazos de
dependencia en la importación de alimentos.
Paralelamente, y
como señalamos en los párrafos anteriores, se ha promovido una mayor importación
de agroquímicos y fertilizantes en volúmenes que han triplicado las
importaciones hasta antes del año 2006 y sin embargo no hubo un crecimiento de
la frontera agrícola, ni de la producción de los alimentos que forman parte de
la canasta familiar. Al respecto podríamos pensar que dichos volúmenes han sido
destinados a una producción más intensiva, sin elevar la productividad, pero con
un serio impacto en los suelos y en la biodiversidad y/o han tenido otros
destinos.
Para corroborar
lo anteriormente descrito, basta conocer la estructura de las importaciones
agrícolas y agroindustriales. Más del 51% de las importaciones de dichos
productos, corresponde al trigo, harina de trigo, arroz, maíz y papa. Obsérvese
que dichos productos son los fundamentales para la seguridad alimentaria de los
bolivianos. Hasta hace unos años, el consumo de arroz, el maíz y la papa, eran
cubiertos totalmente por la producción nacional. Es decir, existe un retroceso
en la producción de dichos cultivos, que se refleja en un déficit que no ha sido
abordado adecuadamente por el gobierno, mediante sus empresas y programas.
Podríamos
concluir entonces, que existe una tendencia cada vez mayor a la importación de
alimentos, aspecto que incide en la economía nacional debido a que están en
función de los precios internacionales.
Por otra parte,
existe una creciente tendencia a demandar productos que no son de la producción
de base campesina, sino de la agroindustria, aspecto que incide en una
disminución gradual del aporte de la producción campesina.
Creemos entonces que el debate de la seguridad y soberanía alimentaria debe
profundizarse, con un sentido más amplio y donde se tomen en cuenta los
siguientes aspectos:
* Los productos
fundamentales para una dieta alimentaria adecuada y de mayor importancia para el
mercado interno.
* Los productos
más importantes que se deben priorizar según su aporte nutricional.
* El uso y acceso
sostenible al recurso tierra
* Los precios y
la influencia de los mercados y las bolsas
* Los sectores
que producen
* El uso y acceso
de los recursos genéticos, es decir el rescate, fortalecimiento y multiplicación
de semillas libres.
* El uso y acceso
a las biotecnologías desarrolladas en el país.
* La producción
agrícola responsable (no transgénica), sin químicos, respetando los territorios
indígenas, áreas protegidas y bajo una producción colectiva (cooperativas
agrícolas), etc.
* Respeto a los
Planes de Uso de Suelos, que garantice una producción sostenible.
No hacerlo, es
seguir con esa discusión falsa y hasta cómplice, con políticas y programas
inadecuados que fortalecen un círculo vicioso que no lleva a nada".
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/El_mito_de_la_seguridad_y_soberania_alimentaria_en_Bolivia
06-07-2010
5. Por el buen vivir
o
sumak
kawsay
Sumak Kawsay, crecimiento y decrecimiento económico
Por
Alirio Montoya (Rebelión)
"El Sumak Kawsay, el
crecimiento económico y el decrecimiento económico. Tanto el primer
concepto como el último tienen grandes similitudes. Pero el crecimiento
económico –figura inventada por los países del centro- se contrapone al Sumak
Kawsay y al decrecimiento económico.
Me enteré ligeramente sobre el
significado del Sumak Kawsay a raíz de un artículo que escribió el camarada
Diputado por el FMLN Sigfrido Reyes, en el Frente, periódico oficial de
esa formación política de izquierda. Y el Diputado Reyes lo define de la
siguiente manera: “Sumak Kawsay tiene una visión fundamentada en una
cosmovisión de los antiguos pueblos originarios de la zona andina. Es una
expresión quechua que significa: ‘Vivir en plenitud, vivir en armonía’ -en
armonía con los seres humanos, en armonía con la naturaleza, en armonía consigo
mismo y en armonía con los seres superiores que forman parte de la
espiritualidad de estos pueblos” .
[1]
El Sumak Kawsay quiere
decir entonces “Buen Vivir”. Esta terminología proviene de una noción
consistente en la posibilidad de enlazar al hombre nuevamente con la
naturaleza desde una visión de respeto a la misma. Es como la oportunidad de
reintegrarle la ética a la convivencia humana, ya que es necesaria una nueva
especie de contrato social en el cual pueda convivir la unidad en la
diversidad, en una delineada estrategia de acabar con la violencia sobre la
naturaleza, lo cual puede conllevar dentro de poco tiempo a la desaparición
de los seres vivos.
El Sumak Kawsay o “buen
vivir”, es un término que proviene de las lenguas aymaras en Bolivia
y del quichua ecuatoriano que, sencillamente, significa en ambas lenguas
“buen vivir” o “vivir bien” en armonía con la naturaleza. Por ello, tanto en
Bolivia como en Ecuador la idea de crear Estados Plurinacionales sentó las bases
para que en ambas constituciones se introdujera el Sumak Kawsay. El profesor
Pablo Dávalos
[2] señalaba que “En los debates sobre la nueva Constitución ecuatoriana,
junto a los derechos de la naturaleza y el Estado Plurinacional, ahora se ha
propuesto el Sumak Kawsay como nuevo deber-ser del Estado Plurinacional y la
sociedad intercultural. Es la primera vez que una noción expresa una práctica de
convivencia ancestral respetuosa con la naturaleza, con las sociedades y con los
seres humanos, cobra carta de naturalización en el debate político y se inscribe
con fuerza en el horizonte de posibilidades humanas”. De esa manera la
Constitución ecuatoriana contempla esta figura como una nueva relación entre el
hombre y la naturaleza. Dicha Constitución titula el Segundo Capítulo de
la misma como “Derechos del Buen Vivir”, e inicia la Sección Primera
con el “Derecho al Agua y Alimentación”
(
http://www.eueomecuador.org
)
¿Pero qué tiene
que ver esto con la realidad salvadoreña? Los recientes desastres
naturales como Ida y Agatha nos responden de manera concreta y bien ilustrativa
el anterior interrogante. Pero no sólo es eso. Hay que indagar sobre las causas
de esos desastres naturales. Los países industrializados tienen una enorme
responsabilidad para con la crisis ecológica que vivimos, la cual está vinculada
a la crisis del sistema capitalista. Esto nos lleva a hablar del eufemismo
llamado crecimiento económico.
Hablar del crecimiento
económico desde el punto de vista del tema que nos ocupa es hablar también del
desarrollo económico, el cual es un falso paradigma acuñado por los apóstoles
del neoliberalismo con mayor vehemencia en estos tiempos grises que vivimos. Al
respecto, nos sigue ilustrando el profesor Dávalos al decirnos que el concepto
de crecimiento económico “Es un concepto hecho a la medida de las ilusiones y
utopías del neoliberalismo y del capitalismo tardío. Con la misma fuerza que el
creyente cree en la epifanía de la voluntad divina, el economista neoliberal,
cree en las atribuciones y virtudes mágicas que tiene el crecimiento económico”.
¿Crecimiento económico para quiénes?
¿Desarrollo económico de quiénes? Ese es el punto a discutir en
tanto que los grupos de poder en los países industrializados son los que se
benefician –económicamente hablando- del desenfrenado consumismo, el cual es
inmanente al desarrollo y crecimiento económicos, llevándose de encuentro en
una demoledora destrucción los recursos naturales, la salud y la vida de los
seres vivos. Es decir que, la base del crecimiento económico descansa en el
inmoderado consumo.
Pero
el crecimiento económico como tal, o su par
llamado desarrollo económico que al final es la misma cosa, por magnificencia
son conceptos ambiguos prefabricados por quienes controlan los mercados
ante la extenuación del Estado. Venden la idea de que quien está en contra del
desarrollo económico es una persona “atrasada”. Y en lo que a bombardeo
mediático se refiere, han reducido al Hombre a una escala de llegar a lindar con
una especie de zombi. “Hay que vestir bien”, usar fragancias
francesas, tener el vehículo último modelo, y de ser posible, tres vehículos al
mismo tiempo para una sola persona en un solo garaje, hay que tener un televisor
plasma de último tiraje, un móvil último modelo, tres casas para rentar dos de
ellas, y la lista se ampliaría ad infinitum. Dicen que el plasma es el
cuarto estado de la materia. No pretendemos dar una clase de química por ser una
materia árida y que no comprendo; pero las pantallas plasma están
compuestas de una serie de químicos, entre ellos, la lignina, la cual se
encuentra incrustada en la corteza de ciertos árboles o plantas que sólo las
hallamos en el África. En otras palabras, si se compran cien televisores plasmas
al día, le estamos lanzando diariamente una bomba de quinientas libras a los
pocos bosques de ese continente tan pobre por su misma riqueza natural. De ahí
el por qué Eduardo Galeano señala que “somos pobres a consecuencia de la
riqueza natural que poseemos”. Pero un consumista en extremo me dirá que a
él no le importa porque África está muy lejos de nuestros países, lo que ignora
es que África es un continente que pertenece al planeta Tierra, o sea donde
vivimos.
El falso crecimiento
económico es una teoría neoliberal vacía de realismo, porque lo que hay en
el fondo es la acumulación del capital, que es en sí la esencia del
capitalismo como sistema de explotación. La avariciosa acumulación del
capital envuelve en sí el acrecentamiento de las fronteras de la
explotación. A más crecimiento, más acumulación de capital y, en
consecuencia, más explotación. Todo bien material que pretende lanzarse al
mercado debe ser coligado al desarrollo, al progreso, a la
evolución, o a la misma falacia del llamado crecimiento. Habrá
que definir a qué tipo de crecimiento se refieren. Es simple. Se refieren al
crecimiento del consumo, y este consumismo vuelve cada día más dependiente
al ser humano de bienes materiales superfluos para la existencia (...)".
*El autor es salvadoreño.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y analista político.
Blog del autor:
http://alimontoyaopinion.blogia.com
Fuente:
www.rebelion.org
/
Opinión/ 11-07
