I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Busquemos qué significa construir sentidos anticapitalistas de las luchas que libramos para afirmar nuestros derechos a una vida digna. Comencemos por las que tratan de resolver los denominados «problemas ambientales» y que, generalmente, comprometen sólo a los afectados directos e inmediatos. Pues la mayoría de nosotros reduce esos problemas a determinados conflictos de organizaciones (que clasificamos como ambientalistas) con empresas causantes de degradación o destrucción del medio ambiente.

Sucede que la interpretación de esas situaciones límites, para otros, dispone de conceptos ambiguos como:

Suponemos que están circunscritos a la contaminación ambiental y a otros desequilibrios ecológicos como la deforestación, la desertificación, las sequías e inundaciones, el calentamiento global...Hasta podemos extenderlos a la depredación y a las epidemias.

Pero lo cierto es que no sólo abarcan a todas las condiciones de vida y trabajo sino, también, están interrelacionados. Además, la contaminación es causada por varios agentes (físicos, biológicos...) y procesamientos, por ejemplo, la contaminación química de los alimentos responde fundamentalmente a sus contenidos no nutritivos.

Basándonos en la aséptica definición de ambos conceptos, etiquetamos de «ambientalistas» a quienes denuncian y resisten la destrucción de sus condiciones de vida. Los discriminamos como quienes se oponen al progreso y al trabajo de las mayorías. Todavía más, contribuimos a la impunidad de altos funcionarios como el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni.

Diario digital PRIMERAFUENTE comunica:

Tucumán, Argentina - 18/06/09. El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, salió a defender el desarrollo en el país de explotaciones mineras que “respeten la calidad ambiental” debido a que de esta forma se cumple el “paradigma” que se impulsa desde su cartera: “un equilibrio entre producción, ambiente, empleo e inclusión”, según sostuvo. “Ante la minería, nuestra postura es que Argentina tiene que crecer para incluir a los connacionales bajo la línea de pobreza y siempre con respeto por la calidad ambiental”, enfatizó.

Sin embargo los datos de ocupación de mano de obra por parte del sector minero tanto en Argentina como en el mundo revalidan que es insignificante su incidencia en la creación y mucho menos en el mantenimiento del empleo.

Desconexión premeditada, controles inexistentes

En el marco de la I Jornada Tucumana Internacional de Derecho Ambiental que comenzó ayer en un hotel ubicado frente al parque 9 de Julio, Bibiloni admitió a Primerafuente ignorar si la denunciada explotación de Minera Alumbrera está dañando al medio ambiente a la vez que propuso interrogar al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, para conocer cuál es el impacto que está causando este emprendimiento.

“No sé específicamente si Minera Alumbrera respeta al medio ambiente, habría que preguntarle a Mayoral. Cuando me toque intervenir en una evaluación de impacto ambiental, veremos. Nosotros proponemos la variable ambiental desde el origen mismo de la producción”, contestó el funcionario nacional.

Bibiloni recordó además, que la Secretaría de Minería se maneja sobre normativa actual circunscrita al Código Minero (hoy fuertemente repudiado por sectores ambientalistas) que establece la evaluación del impacto de los emprendimientos mineros. “Respetamos una legislación vigente y no la competencia administrativa”, enfatizó.

Ante la insistencia de primerafuente en cuanto a las masivas denuncias que se realizan en contra de las explotaciones mineras por la destrucción ambiental que generan, Bibiloni respondió que a nivel nacional se está impulsando un “debate nacional” para determinar “qué tipo de minería necesita al país”.

Además propuso que las corporaciones mineras formen fideicomisos para que en épocas de rentabilidad “reserven fondos cuando las explotaciones finalicen y no queden como problema pendientes”.

Los glaciares, protegidos de la minería, según el Gobierno

Ante el polémico veto presidencial a una ley que protegía a los glaciares, el secretario de Medio Ambiente aseguró que se impulsa un nuevo proyecto que “protegerá a los glaciares de las corporaciones mineras”. “Se trata de una iniciativa fruto del consenso de la que participaron gobernadores de las provincias andinas, legisladores nacionales del oficialismo y expertos científicos”, sostuvo el abogado.

En cuanto al destino de los glaciares andinos de cara al proyecto minero binacional de Pascua Lama, Bibiloni enfatizó la importancia de realizar un “estudio de impacto ambiental serio y monitoreos permanentes”.

Los desafíos ambientales del país

Reforzando su idea sobre producción y medio ambiente, Bibiloni insistió en apostar “por un sistema que permita mantener la producción con calidad ambiental pero con empleo e inclusión social”.

“Tenemos que amoldar las competitividades empresariales en términos de calidad ambiental para no quedar fuera de mercados mundiales por que hay una línea ambiental que se exige”.

 

Según su visión, hoy rige un cambio de cultura incipiente donde la temática ambiental es nueva en el país. “Hace 15 años era un orgullo para la comunidad el humo de la chimenea de una fábrica. Hoy, en cambio, se la condena por los gases del efecto invernadero que causa”, ejemplificó. Además reconoció que se está dialogando con el Poder Judicial para el establecimiento de un sector especializado en el Ministerio Público sobre temática ambiental".

Fuente: www.noalamina.org / 19-6-09

 

En consecuencia, el Secretario de Medio Ambiente opera de abogado para acorralarnos con el chantaje que los perjuicios a la salud pública y el calentamiento global, dos de los efectos más graves, son secundarios respecto al desarrollo y al trabajo que, no aclara, implican sólo acumulación para las transnacionales y sus socios locales.

Para salir de este funcionamiento contrario a nuestra felicidad, precisamos interrogarnos sobre:
 

Ideología

Desposeamos la naturaleza comenzando por:

¿Por qué bienes comunes?

Javier Rodríguez Pardo responde:"La libertad es patrimonio de todos y "todos nacemos libres en dignidad y derechos", es un bien común. Como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento,  el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales sino bienes comunes. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales, son  bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación, desde el lenguaje.

Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural, apropiándoselo, enajenándolo.

El derecho a recurrir  a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es  también de otro, de otros. De manera que las riquezas que admiramos de la tierra  y que denunciamos como propias en una acción extractiva, no son recursos naturales sino bienes comunes, que pertenecen a los comunes. Bienes y comunes componen un único ecosistema  que se verá alterado al recurrir a él de manera posesiva, esgrimiendo una propiedad falsa, arrebatando del sitio a partes o a un todo que desequilibrarán el medio, el que seguramente se verá dañado o irreparablemente modificado, mutado. No aceptamos recurrir al recurso.

¿Quién admite que al recurrir al recurso no se vulneran dominios ajenos? ¿Y de quién o quiénes es entonces el recurso? ¿No será de los comunes? Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, qué mejor que la definición de esta última, tal como proviene del latín "natio": "sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común." Sus recursos pertenecen a ese destino común, a ellos y a las generaciones futuras.

El concepto de propiedad privada del recurso natural nació con imposición feudal e imperial y continúa disfrazado de las mismas leyes coloniales. El subsuelo de las colonias de ultramar pertenecía al monarca y sólo la superficie se le cedía al aventurero conquistador o adelantado. Eran del monarca el oro, la plata, el cobre y todos los minerales que esconde el suelo conquistado, derechos que ejercían tanto la corona británica como la española y con iguales disposiciones. ¿Qué cambió?

Nada cambió. Ese mismo objeto del deseo, el subsuelo, se convierte en propiedad privada de quien manifiesta o denuncia la existencia de "pertenencias" extractivas y sólo requiere la ratificación de la autoridad política a modo de registro, control o tributo. En nombre del estado cedemos la potestad de los bienes comunes y aquél que se arroga tal facultad no fue elegido por el pueblo para esa función. No elegimos a nuestros gobernantes para que extranjericen territorios, vendan provincias, derriben montañas, destruyan glaciares, desvíen ríos,  enajenen bosques nativos ancestrales y entreguen las altas cuencas hídricas, ecosistemas que nutren a las poblaciones, que les dan vida, razón de existencia y de futuro.

Los «bienes comunes» no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes, tampoco son públicos ni naturales por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. El concepto de público (total es público), está virtualmente asociado a depredar y al uso del libre albedrío, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo, acepción que debiera ser usada como válida. Entonces hablamos de «bienes comunes», no de bienes públicos ni de bienes naturales. Se hallan en la naturaleza y por tanto se los quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre. Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes naturales contempla el error de considerarlos propiedad, están ahí, disponibles: naturales por artificiales.

Los «bienes comunes», en definitiva, trascienden a los bienes particulares y los reconocemos integrados a ecosistemas, a su vez a bio-regiones dentro de la gran esfera que nos involucra a todos; es en este sentido que no debo adueñarme del oxígeno del aire, por ejemplo, cuando estoy obligado a compartirlo. Incluso para los legistas, esta propiedad –mejor aún, lo que es propio- termina cuando irrumpo en la del prójimo, válido para el caso que nos preocupa.

Ante el avance de las invasiones mineras y de políticas que intentan legitimar la rapiña extractiva, corregimos que las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes.
Javier Rodríguez Pardo, Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) Fuente: http://www.olca.cl/oca/mineras/mineras009.htm

Indymedia Argentina difunde:

¿Por qué el dengue en el Chaco?
 

Rolando Núñez, titular del Centro de Estudios Nelson Mandela, contesta: "En cualquier guía de manejo de dengue, rutinariamente se mencionan como causas generadoras de esta enfermedad a los factores sociales, sanitarios, culturales y ambientales urbanos; nunca, o casi nunca, se mencionan a los factores ambientales generales y a los institucionales. Los ambientales generales son muy importantes; esto podemos entenderlo si recordamos que la epidemia explotó masivamente en el antiguo domo agrícola del Chaco, con epicentro en Sáenz Peña, y en el sudoeste chaqueño, con eje en Charata, ciudad insignia de la soja transgénica. El glifosato, el endulsofán y los restantes plaguicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo de la soja RR, en cócteles cada vez más potentes, han generado una formidable presión ambiental negativa porque han eliminado los predadores de los huevos, de las larvas y de los mosquitos vectores.

El factor institucional nunca es neutro; en el caso de la actual epidemia, el Estado estaba en virtual estado de inacción, casi completo. Las vacaciones anuales del mes de enero y de la primera quincena de febrero coincidieron con la etapa preepidémica inmediata; esto se sumaba a la falta de vigilancia epidemiológica y de controles, que inevitablemente produjo la caída de los programas y acciones de prevención del dengue. En definitiva, todos los factores señalados facilitaron y auspiciaron la epidemia de dengue.

Se sabe que el dengue es una vieja endemia en el Chaco. El virus circula hace once años, mientras que el vector (mosquita adulta) está entre nosotros desde hace veinte años, de manera que tuvimos tiempo para aprender y aplicar las reglas mínimas de vigilancia epidemiológica, hasta elaborar un eficiente sistema de controles y de prevención de esta enfermedad; sin embargo, no aprendimos nada, o casi nada. La epidemia así lo demuestra, de manera contundente.

La explosividad y masividad de la epidemia puso al descubierto todas las grietas y las innumerables fallas institucionales, políticas, sanitarias, sociales, culturales y comunitarias de los chaqueños. El dengue es la prueba de carga que logró sincerar el hecho concreto de que los chaqueños tenemos gobiernos, pero no quienes administren y gestionen de manera eficiente. Para confirmar todo esto basta con recorrer los discursos del actual gobierno y de la oposición; los primeros se autoponderan porque han hecho <<absolutamente todo en materia de prevención>>, relativizando o minimizando los verdaderos alcances sanitarios y sociales del dengue, mientras que los rivales multiplican y dramatizan sobre las consecuencias de la epidemia. Ninguno de los dos dice la verdad. Mientras tanto, la población enfermó de dengue y se produjeron algunos fallecimientos; y lo peor, es que hasta la fecha no sabemos exactamente cuantos enfermaron de dengue y cuantos murieron por nexo directo o indirecto.

Si estuviéramos en un país y en una provincia serios, la información recogida sería considerada científicamente como muy valiosa; y su estudio debería convertirse en una bisagra transformadora, de manera tal que nos permitiera en el futuro establecer nuevos programas y planes de vigilancia, control y prevención del dengue, como tarea continua e ininterrumpida que se debe llevar adelante a lo largo de toda la década que sigue. Esto se lograría a través de una correcta investigación epidemiológica, estudiándose caso por caso las historias clínicas de los enfermos por laboratorio, por nexo epidemiológico y sintomático, mientras encaramos la tarea de localizar a los asintomáticos, los cual se puede alcanzar universalizándose los estudios serológicos de las poblaciones expuestas a la epidemia; todas estas comunidades deberían ser estudiadas y notificadas en el caso de arribarse a resultados positivos de laboratorio, de modo que podamos entrenarnos en la prevención luego de la primer infección, dotando a cada chaqueño de los conocimientos apropiados para defenderse de la picadura del mosquito, haciéndose entender que la segunda infección conduce al dengue agudo o grave, en el cual el riesgo de vida aumenta y se potencia de manera extraordinaria. Es comprensible que esta tarea pendiente, que ya debería haberse iniciado, sincerará los verdaderos alcances de la epidemia porque a través de la comprobación científica se determinará el universo completo de enfermos de dengue y de fallecimientos producidos en el curso de la actual epidemia, lo que pondrá en evidencia todo un sistema de responsabilidades incumplidas de los sucesivos funcionarios públicos de Nación y de Chaco que estuvieron y están vinculados con el sistema sanitario y social.

Si buscáramos las verdaderas causas que determinaron que el dengue se transformara en epidemia en el Chaco, las encontraríamos. No sería una tarea imposible, ni difícil. Echar la culpa del dengue al virus (y mucho más al mosquito) es la expresión de una actitud notablemente reductiva e inconducente para resolver el problema y para encontrar las causas de la epidemia. Las evidencias demuestran que para que circule un virus, necesita de las condiciones favorables. Si bien tienen gran capacidad de supervivencia, dependen de tres factores para circular; necesitan una casa (el ambiente propicio), comida (los nutrientes) y una “zona liberada” (inmunología ineficiente). Estos tres factores abundaron y abundan en el Chaco; por lo tanto, causaron la epidemia. Esta es la respuesta de por qué el dengue se transformó en epidemia en nuestra provincia. La epidemia se desató porque el virus encontró casa, comida y zona liberada".

Resistencia, 5 DE MAYO 2009 -
info@centromandela.com.ar

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2009/05/10 670509.php
 

Premisas e hipótesis

Mabel Manzanal introduce: Territorio, Poder e Instituciones Una perspectiva crítica*. Dice: "Uno de los objetivos de nuestro proyecto es aportar fundamentos para un nuevo enfoque teórico-metodológico del desarrollo territorial; y en particular, sobre las formas como se expresa ‘la construcción de los territorios’ en ámbitos rurales en la actualidad. Para ello, resulta necesario encarar una revisión crítica del modelo de desarrollo territorial (rural, local y/o regional) que se postula en el presente. Desde la década de 1990 comienza una continuada referencia al deber ser de los territorios en discursos académicos y políticos.

Precisamente la discusión sobre la centralidad otorgada a los ‘territorios’ será tema de este artículo; en el cual, nos ocuparemos también de la importancia de generar otras perspectivas vinculadas con la producción y el desarrollo de los territorios. 

«Territorios»: ¿de la globalización, de la descentralización o de la modernidad? Globalización, descentralización, modernidad, expresan nuevos procesos de transformación socioeconómica y política que ejercen notoria influencia sobre la producción de los territorios. Por ello, en lo que sigue expondremos ciertas particularidades y consecuencias de los mismos en su relación con el territorio. 

«Territorios» de la globalización 

En primer lugar, hoy día no es posible pensar lo local y regional fuera de lo global; como tampoco lo global sin su interdependencia con la escala local. La particular interrelación que se opera entre lo global-local ha dado un impulso a la observación y análisis de los ámbitos subnacionales, que diferentes autores subrayan desde distintas perspectivas. 

 

Sassen (2007:12) señala que la globalización plantea una serie de interrogantes para los cuáles comienzan a no resultar útiles los supuestos tradicionales de la sociología basados en el “Estado-Nación como contenedor de los procesos sociales”. Porque, afirma, en el presente muchos de los procesos que ocurren en los territorios pueden obviar en sus regulaciones y controles al Estado – Nación y resultar directamente en “una localización de lo global” o sino en “una entidad nacional que ha sido desnacionalizada” (ibid). 

Las referencias, entidades y regulaciones de lo ‘global’ impregnan profundamente el espesor institucional y social de lo nacional y en particular de los territorios que lo componen. Y de este modo se conforma una dinámica multiescalar (operando a través de todas las escalas -local, nacional, regional, global) producto de los nuevos desarrollos de la comunicación (Pfr. ibid: 29). Pero, esto conduce al debilitamiento de los modelos de análisis que hacen foco en la lógica de las relaciones interestatales y en la escala estatal “cuando lo que en realidad se está produciendo es una multiplicación de actores no estatales y de procesos transfronterizos que generan cambios en el alcance, la exclusividad y la competencia de la autoridad estatal sobre el territorio nacional” (ibid: 27).

De aquí se deduce una tendencia a ‘fortalecer’ la gestión, el accionar de los «territorios» mientras ‘disminuye’ el rol del Estado-Nación. Por su parte, Santos asimila los «territorios» con ‘actores imaginarios’, pues considera que tienen una potencialidad intrínseca para generar procesos sociales que enfrenten la marginación social resultante de la “globalización perversa”. Y refiriéndose a la globalización agrega: ... la versión política de esta globalización perversa es justamente la democracia de mercado.

El neoliberalismo es el otro brazo de esa globalización perversa. Ambos brazos -Democracia de Mercado y neoliberalismo- son necesarios para reducir las posibilidades de afirmación de las formas de vida cuya solidaridad se basa en la contigüidad, en la vecindad solidaria, es decir, en el «territorio» compartido. (1996: 128, cursiva nuestra) Consideraciones como las enunciadas nos permiten denominar a nuestro objeto de estudio: los territorios de la globalización. Porque en ellos, sus actores (individuales y colectivos) están signados por sus relaciones e interrelaciones con lo global llegando, en ciertos casos, a una limitada intermediación o regulación de nivel nacional, provincial o estadual.

Pero, este modo de identificarlos contribuye, fundamentalmente, a la elaboración de un marco conceptual y metodológico más acorde con la realidad del presente. La dualidad contradictoria entre lo global y lo local se revela en que los actores de estos «territorios»: 

1. a) integran redes globales pero también exhiben la desigualdad en sus múltiples aspectos (Sen, 2004); 

2. b) conforman mercados únicos de dimensión continental, “no lugares”, todos idénticos e intercambiables (como señala Benko, 1994: 247- refiriéndose a las autopistas, los aeropuertos, los shoppings, los supermercados, etc.) pero asimismo representan ‘el lugar’ particular de las vivencias sociales, culturales, étnicas de cada uno de sus habitantes y comunidades; 

3. c) constituyen el ámbito de procesos y de instituciones explícitamente globales (Sassen, 2007: 14) pero también son la localización de organizaciones e instituciones definidamente nacionales, regionales y/o locales; 

4. d) se incorporan a redes, entidades transfronterizas, pero también son el ámbito de procesos económicos, sociales, culturales, étnicos, específicamente locales, regionales o nacionales; 

5. e) reflejan problemáticas que se registran en un número cada vez mayor de países o ciudades (como las redes transnacionales de activistas -organizaciones de defensa del medio ambiente o de defensa de los derechos humanos -ibid-) pero además evidencian problemas propios, de repercusión circunscripta a lo local, regional o nacional. 

En definitiva, en los «territorios» opera la compresión espacio-temporal acelerada por la globalización que, como Harvey (1998) sostiene, conduce a “desplazamientos fundamentales en los sistemas de representación, en las formas culturales y en las concepciones filosóficas” (ibid: 266/7). Precisamente, son estos “desplazamientos” en las prácticas y en las concepciones vinculadas con el espacio y producto de la globalización, los que deben ser considerados en el análisis teórico-metodológico de toda investigación y propuesta asociada con los territorios y rol de sus actores. 

«Territorios» de la descentralización En el mundo occidental en general, y en particular, en América Latina, aparece la descentralización neoliberal hacia los gobiernos locales coincidentemente con las nuevas propuestas de desarrollo territorial. Ello implica que la viabilidad de estas propuestas queda subordinada al modo cómo se implemente y ejecute la descentralización (sea administrativa, política y/o fiscal). Por su parte la descentralización también está vinculada a la globalización, pues ésta busca promover vínculos directos con los ámbitos locales y, de este modo, superar los controles y regulaciones nacionales. 

Específicamente, la descentralización ha sido un tema vinculado a las políticas de reestructuración del Estado, asociadas a las reformas de segunda generación.En Argentina, fue una imposición exógena, sin participación de las provincias y municipios, impulsada por la necesidad de solucionar los problemas de financiamiento y déficit fiscal de la Nación. Por ello, se trasladaron funciones a las jurisdicciones subnacionales en forma desordenada, sin preparación administrativa y funcional, sin coordinación, con propuestas similares, donde las especificidades provinciales estaban ausentes. Porque para la Nación era prioritario transferir determinadas responsabilidades, más allá de la falta de capacitación y adecuación institucional a la nueva situación. De ahí que los aspectos financieros predominaron en las decisiones. La efectividad de la descentralización para la sociedad y la política de los

ámbitos subnacionales aún está por demostrarse (...)".

*Artículo publicado en: Mabel Manzanal, Mariana Arqueros y Beatriz Nussbaumer (comp.), Territorios en construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto. Edit. CICCUS, 978-987-9355-49-7, Buenos Aires, p. 15-50 (288 p.), 2007. 
Fuente:http://www.geografia.fflch.usp.br/eventos/mabel/Manzanal,_CICCUS_2007_4.pdf

Mabel Manzanal destaca: "no es posible pensar un marco de análisis, tampoco un programa de acción, si no se analiza el devenir de esta historia descentralizadora en cada ámbito particular, junto con la transformación administrativa y sociopolítica experimentada. Y, por último, porque la producción de estos territorios, en años recientes, ha sido influenciada por transformaciones materiales y simbólicas resultantes tanto de los procesos de descentralización como de los condicionantes previos. 

Territorios de la modernidad Junto con estos procesos de globalización y descentralización (y además por causa de ellos) se multiplican las tensiones sociales, apareciendo movimientos y fuerzas que muestran otras modalidades de expresión, acción, resistencia y lucha. En los mismos «territorios» hasta aquí identificados, operan actores con intereses y búsquedas que se complementan y se contraponen. Mientras unos manipulan a la sociedad, profundizando diversas formas de la desigualdad, otros enfrentan las regulaciones y normas que restringen su “bien-estar” (Sen, 2004). Touraine (2005: 99) sostiene que frente a las fuerzas que derivan en la marginación y la descomposición social se generan otras, conducidas por actores y sujetos, que se oponen a lo que amenaza su libertad, su creatividad y su raciocinio. 

Estas prácticas y acciones conforman espacios particulares que caracterizamos como «territorios» de la modernidad. Porque son «territorios» donde hay actores y sujetos que:

1. (i) tienen capacidad de gestar renovadas y creativas respuestas locales dirigidas a enfrentar a la globalización (que tiende a transnacionalizar todo lo que encuentra en su trayecto);

2. (ii) buscan construir otra realidad en los lugares donde habitan y trabajan, con sus habitantes, y con renovadas perspectivas; y

3. (iii) sus acciones trascienden la estructura de clases sociales y la dominación de las jerarquías dirigentes. 

De modo similar se expresa Santos (1996) cuando señala que en los «territorios» se dan luchas que abren oportunidades centradas en la búsqueda e implementación de otras regulaciones, otras instituciones propias de cada lugar. Y afirma que el “conflicto” entre las normas hegemónicas y las nuevas normas por las que se lucha “debe ser hoy un dato fundamental del análisis geográfico” (p. 128). 

Para Touraine (1995), la ‘modernidad’ es una fuente universal de derechos y un modelo de funcionamiento: “La idea de modernidad designa, más allá de la acción de la sociedad sobre sí misma, las fuentes de los derechos, la presencia de «lo universal en lo social»”. “La modernidad no se identifica nunca con «determinada sociedad o poder», y tampoco con «determinadas corrientes de ideas o tipos de enseñanza».” (p. 102/3, cursiva nuestra). “La modernidad … da «fundamentos no sociales» a los hechos sociales, impone la sumisión de la sociedad a principios o valores que, en sí mismos, no son sociales. … El primer principio es la «creencia en la razón y en la acción racional». El segundo, es el «reconocimiento de los derechos del individuo», es decir, la afirmación de un universalismo que da a todos los individuos los mismos derechos” (p. 96/7). 

Por su parte, la ‘modernidad’ se diferencia de las ‘modernizaciones’ en que éstas son múltiples y pueden combinar ‘modernidad’ con diferentes y variados campos culturales y sociales. Pero: “una modernización, cualquiera que sea, no es condición necesaria y suficiente para llegar a la modernidad. La marcha hacia la modernidad se opera llevando sobre sí muchos elementos procedentes de otras sociedades” (p. 99) 

Touraine ubica al modelo occidental europeo como ‘un caso’ de modernización que, habiendo dominado por más de un siglo, se encuentra en crisis de representación para asegurar la integración de la sociedad. Porque en él prima el individualismo tendiendo a desaparecer las formas de representación de los actores sociales a través de las fuerzas políticas. (p. 72). Además, esta crisis de representación política se manifiesta en la transformación de las demandas hacia cuestiones de carácter universal, no sectorial, ni grupal, ni individual, como lo expresan los reclamos por derechos humanos, culturales, ambientales, de género, etc. Precisamente, también Sassen refiere a estas demandas, identificándolas como condiciones recurrentes que aparecen en los territorios y que trascienden los tradicionales movimientos sociales. Y ejemplifica con “la violación de los derechos humanos, los problemas ambientales, la movilización comunitaria en torno de ciertas causas” (Sassen, 2007: 29). 

Observemos que se trata de cuestiones que trascienden a las sociedades particulares, son producto de procesos concomitantes asociados a la globalización, y por ello se repiten y suceden en todos los ámbitos subnacionales, aunque con distinta magnitud, extensión y profundidad. Concluyendo, consideramos que es importante que el análisis sobre el territorio y el desarrollo enfoque en situaciones donde se estén gestando o desarrollando luchas y resistencias al orden social e institucional constituido y que se manifiestan en un determinado ámbito espacial o lugar. Porque creemos que es en estas expresiones de conflicto, con eje en un determinado espacio, donde podemos encontrar la clave para comprender y explicar las relaciones de poder que se ejercen desde los territorios, y aprehender de ellas para proyectar el devenir futuro de modelos de mayor equidad y autonomía. 

Acerca de los actores y sujetos Para un encuadre teórico-metodológico como el que proponemos, necesitamos enfocar, asimismo, los actores y sujetos del territorio en cuestión. Porque:

•  debemos dar cuenta de las potencialidades y capacidades presentes en los propios actores y sujetos para intervenir y modificar su realidad;

• precisamos informar sobre los sentidos y modalidades que ellos tienen y aplican para transformar la desigualdad en la que están inmersos. 

En definitiva porque la investigación sobre las prácticas específicas de actores y sujetos para apropiarse y transformar su lugar constituye un camino necesario para explicar la producción del «territorio». Lo cual, desde luego, no invalida la importancia que tiene el análisis de la estructura socioeconómica y de las formas de dominación, políticas, culturales y económicas, que consideramos debe ser la otra dimensión de investigación en la búsqueda de explicaciones sobre estas realidades. Adentrarse en la comprensión del accionar concreto y simbólico de actores y sujetos (individuales o colectivos) nos remite al estudio del poder como sucede con la indagación que se refiere a la producción de los territorios. (...)

Los actores son tanto individuales como colectivos (organizaciones de la sociedad civil y del sector público). Los sujetos también pueden ser individuales o colectivos, pero tienen particularidades específicas, que necesita irse descubriendo en el proceso de investigación. En lo que sigue exponemos sucintamente algunas de ellas, recurriendo a citas de Touraine (1995): 

• Los sujetos se caracterizan por ejercer “su libertad creadora, escapando de las restricciones impuestas por la organización social, y conformando una fuerza movilizadora de creencias, recursos, solidaridad y sacrificios" (p. 175). 

• “Se deviene en sujeto cuando a través de nuestros actos de resistencia, [damos] un sentido a nuestra existencia” (p.153). 

• “Ningún individuo, ningún grupo es íntegramente un sujeto. Es siempre más justo decir: Hay sujeto en tal conducta o en tal individuo” (ibíd.:148). 

• “Para retomar la idea de Amartya Sen, lo que cuenta, más allá del bienestar, es la libertad de ser un actor ” (p. 125). 

• “Nunca... una Iglesia, un partido, un sindicato, una universidad, pueden ser identificados con un sujeto, y esto tanto menos cuanto que éste se define por la superación y la crítica de las normas y las reglas que tienen por objetivo el fortalecimiento de la institución o la organización” (p.173). 

• “El sujeto se forma en la voluntad de escapar a las fuerzas, reglas y poderes que nos impiden ser nosotros mismos, que tratan de reducirnos al Estado de un componente de su sistema y de su control sobre la actividad, las intenciones y las interacciones de todos. Esas luchas contra lo que nos arrebata el sentido de nuestra existencia son siempre luchas desiguales contra un poder, contra un orden. No hay sujeto si no es rebelde” (p.129). 

En particular, dentro de una propuesta alternativa de investigación y análisis para el estudio del «territorio», nos interesa identificar a los sujetos porque son los que luchan y se resisten a las formas de violencia del poder hegemónico así como a todo lo que restringe su libertad, su creatividad, sus derechos individuales.

• Los sujetos buscan transformar o ‘re-construir’ su realidad y las instituciones respectivas, para ponerlas al servicio de derechos universales (humanos, culturales, ambientales, de género).

• Los sujetos son actores que se mueven dentro de los fundamentos de la modernidad. (...)".

*Artículo publicado en: Mabel Manzanal, Mariana Arqueros y Beatriz Nussbaumer (comp.), Territorios en construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto. Edit. CICCUS, 978-987-9355-49-7, Buenos Aires, p. 15-50 (288 p.), 2007. 
Fuente:http://www.geografia.fflch.usp.br/eventos/mabel/Manzanal,_CICCUS_2007_4.pdf

II.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Situémonos en los significados y sentidos anticapitalistas de lucha contra la impunidad del genocidio durante los setenta. Se trata de asociar la «democracia restringida» con la continuidad y profundización de la reorganización nacional que instauró el Estado terrorista desde mediados de los setenta hasta 1983. Es decir, la «democracia restringida», se ha constituido -fundamentalmente- como Estado que:

Carlos Rivera Lugo (Claridad), en "Perú. La potencia indígena", sostiene:

 "La mundialización actual del capital está predicada sobre la existencia de dos lógicas que coexisten en constante contradicción.

• Por un lado, está la aspiración a someter de facto la vida toda, en cada rincón del planeta, bajo el poder del capital. Para ello, el capital se ha propuesto la colonización real de medios y fuerzas de producción que hasta el momento había impactado sólo marginalmente en diversas regiones del planeta.
   

• Por otro lado, hay que subrayar que dicha extensión real de su poder ha estado entretejida con otra realidad: la intensificación de la explotación del hombre por el hombre, así como la proletarización real de vastos sectores sociales que han sido sumados como productores dentro de ese gran taller ampliado de producción social capitalista en la que se ha convertido la sociedad toda. Y es a partir de esta segunda lógica, de primera intención trágica, por estar marcada por una creciente desigualdad social, que surge la potencia contestataria. La intensificación de la explotación ha potenciado, a su vez, como nunca antes las insurgencias críticas de esa versión del orden capitalista conocida como neoliberal.

Demasiadas veces nos olvidamos que el capital es, en ese sentido, una relación dinámica de poder entre:

• una dimensión predominante, representada en términos generales por la hegemonía ejercida por la clase capitalista y, sobre todo, en estos tiempos por una hiperburguesía transnacional, y

• una dimensión muchas veces oculta, subyacente pero no menos real constituida por las potencias emancipatorias representadas por las fuerzas sociales reprimidas y marginadas por la primera.

En la medida en que las condiciones opresivas de la producción social se hacen intolerables para el sostenimiento de la vida por esa mayoría subalterna, se potencian resistencias, forcejeos y, más importante aún en estos tiempos, propuestas concretas de contestación de la hegemonía que hasta ahora han disfrutado las clases capitalistas criollas, en gran medida intermediarias de los intereses expansionistas de la hiperburguesía global. Se forja así, golpe a golpe, una lógica cumulativa de poder constituyente de otro modo de vida. La tiranía de los dictados del capital, como expresión de los intereses particulares de los menos, se enfrenta así en un orden social de batalla con las aspiraciones de libertad y progreso común de los más.

Sin embargo, como bien advierte Álvaro García Linera en su magistral obra La potencia plebeya (CLACSO-Prometeo, 2008), para que esa potencia brote como bloque alternativo de fuerzas capaz de instituir una nueva hegemonía, democráticamente fundamentada, no basta “la sistemática expropiación del cúmulo de fuerzas anidadas en el trabajo”. “Para que esa fuerza brote se necesita que los propios portadores corporales del trabajo vivo sean capaces de reconocerse, de desearse, de apropiarse material y directamente de lo que ellos hacen en común”, puntualiza el destacado intelectual boliviano, hoy vicepresidente de un país que transita precisamente por ese proceso de construcción revolucionaria de lo nuevo a partir de las experiencias de lo común.

Ahora bien, lo antes expresado viene a la mente precisamente con motivo del actual conflicto que se ha escenificado en la Amazonia peruana ante el intento por el gobierno neoliberal del presidente Alan García de apropiarse “en el interés nacional”, mediante la aprobación una serie de controvertidos decretos, de las tierras de los pueblos indígenas de la Amazonia. El propósito es su posterior entrega al capital transnacional, bajo los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos, para la explotación de los ricos yacimientos petrolíferos que contienen bajo su superficie. Dicha política ha sido responsable ya por la entrega al capital transnacional de 44 millones de hectáreas, un 68 por ciento de la Amazonia peruana.

El cuestionable afán privatizador de Alan García pretende fundamentarse en la desacreditada idea de que el progreso en Perú sólo será el resultado de una gran inversión que sólo está al alcance del gran capital transnacional. Esta inversión necesita de propiedad segura que, según alega el presidente, hoy tan sólo “en apariencia” está en manos de los pueblos indígenas. En el caso del indígena, la “apariencia” de derecho propietario radica en que “no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente”, propone el jefe de gobierno peruano en un acto de magia jurídica en la que pretende así borrar, de golpe y porrazo, todo derecho propietario de los indígenas por ser pobres. En ese sentido, el Estado sólo está para amparar y reconocer como efectivos los derechos de los ricos. El que se opone, según Alan García, sólo “juega a la revolución” como parte de la “gran conspiración del comunismo internacional”.

De ahí que hace aproximadamente 60 días el gobierno peruano sitia a miles de indígenas, concentrados en torno a la población amazónica de Bagua, con la orden de reprimir las protestas en la zona. Según Victoria Tauli, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, dicho estado de sitio llevó “a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas”.

El indígena queda a merced de hacer valer, por la fuerza de su lucha, la efectividad de sus derechos. Por eso le va literalmente la vida en esa lucha. Como bien dice Salomón Aguanash, presidente del comité de lucha que lideró las acciones en Bagua, en entrevista a la agencia IPS : “Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas”.

Dirigidos por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), integrada ésta por 57 federaciones y organizaciones territoriales que representan unas 1,350 comunidades, los nativos amazónicos demandan del gobierno la derogación permanente de la docena de decretos con las que se pretende validar la apropiación indebida de las tierras indígenas para fines privados. Según la AIDESEP, dichos decretos violan los legítimos derechos patrimoniales de los pueblos indígenas, así como su derecho a ser consultados en cualquier caso de quererse intervenir con dichos derechos. Sus alegaciones han sido avaladas por dictámenes de la gubernamental Comisión de la Constitución del Parlamento, la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien se vio obligado a asilarse en la embajada de Nicaragua ante la represión oficial, dramatiza la indefensión jurídica en la que el presidente de Perú pretende colocar a los pueblos indígenas: “No somos animales, hasta los insectos tienen más derechos que nosotros”.

Por su parte, el líder indígena Aguanash señaló: “No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas”. Y abunda: “Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios”.

Se enfrentan así dos concepciones del derecho de propiedad, identificada cada una con una concepción propia de la soberanía.

• Por un lado, el derecho de propiedad burgués, propia de la soberanía erigida en función del interés del capital y apuntalada por el Estado hobbesiano de las elites nacionales e internacionales.
   

• Por otro lado, el derecho de lo común, en este caso del bien o propiedad común, propio de la soberanía popular o comunitaria, afincada en la democracia radical, aquella que sólo se realiza en su imperativo absoluto como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En torno a los diferentes modos de propiedad se cristalizan, pues, modos alternativos de vida.

En fin, la historia de la lucha de clases se coagula hoy en torno a luchas concretas como ésta. Sus posibilidades redentoras anidan precisamente sobre los hombros de este sujeto colectivo proletarizado, encarnado en el indígena, que desde sus raíces étnicas y comunitarias le imprime a la historia nuestra de cada día un inusitado ímpetu que aspira a otra forma del progreso, sin exclusiones de unos seres humanos por otros. Se ha puesto así sobre el tapete la centralidad estratégica de la «comunidad» como punto de partida de una transformación radical de la sociedad más allá de la lógica torcida del gran capital. “De hecho –sentencia García Linera en su obra antes citada- en países como los latinoamericanos, a estas alturas, la posibilidad de una auténtica insurgencia contra el dominio del capital resulta impensable al margen de la clase comunal y de su lucha por universalizar la racionalidad social comunal que la caracteriza” ". Fuente: www.rebelion.org / Opinión/ 19-6-09

Francisco López Bárcenas (La Jornada) se refiere a "La guerra contra los pueblos indígenas": "La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios.

¿Cuándo comenzó esta guerra?

La pregunta admite varias respuestas. Una afirma que dio inicio cuando los europeos invadieron el territorio y comenzaron una guerra de conquista, dando origen a un régimen colonial que aún persiste, a pesar de las sucesivas guerras de independencia. Otros dirán que es con el surgimiento de los estados nacionales donde comienzan las guerras contra los pueblos indígenas, para imponerles las ideas liberales, con el propósito de fraccionar sus tierras comunales, imponiéndoles al mismo tiempo la organización política representativa como única forma de gobierno. La última dirá que comenzó con el neoliberalismo, que vio en sus territorios una reserva de recursos naturales con carácter de bienes comunes que los colocaba fuera del mercado, mismos que deberían ser convertidos en propiedad privada para que pudiera circular libremente en él.

Cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los invasores primero y después los estados nacionales agredieron brutalmente a los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos, al grado de que a los más fuertes no les quedó otro camino que resistir, dando lugar a lo que los historiadores han denominado guerra de castas, aunque no faltan quienes con más propiedad afirman que se trató de una segunda conquista. En México fueron verdaderas declaraciones de guerra del ejército federal contra los pueblos indígenas. Aún en el año 2000 las autoridades del pueblo seri andaban buscando algún documento que levantara la declaración de guerra que Porfirio Díaz había declarado en su contra, sin que se encontrara por ningún lado.

Las guerras las perdieron los pueblos, dando origen a un colonialismo interno que las revoluciones agrarias del siglo XX no lograron poner fin, porque no participaron en los pactos mediante los que se las dio por terminadas; así, los herederos de los conquistadores siguieron las mismas políticas de aquéllos y en algunos casos las profundizaron, aunque con otras formas que no las hicieran tan evidentes. Fue así como idearon el indigenismo como política de Estado.

A finales del siglo XX y principios del XXI, el antagonismo se ha profundizado y los administradores de los estados reaccionan con violencia cuando el cuestionamiento a sus políticas las exhibe como inviables para mantener el modelo mercantil como único modelo de vida.

Un recuento de la represión oficial contra los pueblos indígenas, tan sólo en los nueve años del presente siglo, mostraría que ha dejado más muertos que en aquellos estados que sufren alguna invasión imperial, o de los que formalmente se encuentran en guerra civil. Acteal, en el estado de Chiapas; Aguas Blancas, en Guerrero, Agua Fría en Oaxaca, son monumentos a la ignominia de esa represión; pero desgraciadamente estos hechos sangrientos no suceden sólo en México: la represión igual se da desde Guatemala, contra los pueblos mayas, hasta Chile, contra los mapuches. Apenas en meses pasados lamentamos la represión gubernamental contra la minga indígena colombiana que buscaba defender los territorios indígenas y los recursos naturales, y ahora una concentración pacífica de indígenas en Perú pidiendo la derogación de leyes que permitían arrebatarles los suyos, es reprimida brutalmente, dejando decenas de muertos, heridos y desaparecidos.

Ninguno de estos actos de represión es un caso aislado. Detrás se encuentra la decisión de los pueblos indígenas de defender sus recursos naturales, sustento de su vida y futuro como pueblos; pero también la de las trasnacionales de apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía.

 

Hasta ahora los «gobiernos nacionales» han jugado del lado de estas últimas de diversas maneras: modificando los marcos jurídicos que conviertan los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y poniendo las represivas a su servicio para sofocar el descontento.

Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. Ahora mismo la sociedad peruana y la internacional exige que los responsables de la matanza en el Amazonas peruano sean destituidos y procesados por esos crímenes, pero no se ve por ningún lado el mecanismo jurídico para que pueda lograrlo. Mientras se idea uno, no olvidemos que las matanzas son parte de la guerra contra los pueblos indígenas, y si queremos que ya no se repitan, no podemos quedarnos callados".

Fuente: www.rebelion.org / Opinión/ 19-6-09

Podemos pensar que el gobierno del matrimonio Kirchner no tiene nada que ver con el proceso descrito de ocupación transnacional de territorios y de guerra contra los pueblos originarios. De ahí la pregunta:

Ideología

Reflexionemos sobre lecturas de la realidad de Argentina desde el oficialismo y desde las organizaciones representativas de las reivindicaciones de trabajadores desocupados.

Tratemos de plantearnos porqué constituyen respectivamente:

Pablo Taricco (Rebelión) se posiciona reproduciendo fielmente el discurso del matrimonio Kirchner. En efecto, el Jefe de Redacción de la Radio Madres de Plaza de Mayo incapacita para el ejercicio de la opinión pública al simplificar de tal suerte que formula un enfrentamiento maniqueo aseverando: "El gobierno de Cristina Fernández plebiscita su gestión en las elecciones parlamentarias de hoy, arriesgando a su principal figura, el ex presidente Néstor Kirchner. Mientras, la oposición fogonea la posibilidad de un fraude.

Aunque las últimas encuestas arrojan una leve ventaja del oficialismo frente al derechista Francisco de Narváez, el escenario electoral argentino sigue al rojo vivo. Es que el carácter plebiscitario de esta elección y la virulencia de la campaña instalaron la idea de que un triunfo ajustado del gobierno marcaría el declive definitivo de su poder. En este escenario, impulsado también por los principales medios de comunicación privados, ya se anticipó la posibilidad de apelar al argumento del fraude: la profecía auto-cumplida.

Sin embargo, lo que está claro es que esa leve ventaja a favor del oficialismo en las urnas no le evitará a la administración de Cristina Fernández ver recortada su hegemonía. Aunque seguirá conservando la primera minoría en ambas cámaras, los partidos políticos de la derecha lograrán sumar algunas bancas en el Congreso argentino.

De los 115 diputados que ostenta hoy el oficialismo, podría conservar 102 de un total de 257. En la Cámara de Senadores podría ver reducido su número de 38 representantes a 35, de los 72 componentes de ese cuerpo.

Sin embargo, estas cifras, y la actual dispersión de los partidos opositores, evidencian que la capacidad parlamentaria del gobierno seguirá activa, aunque deberá apelar a un espectro de alianzas más amplio del utilizado hasta ahora para obtener resultados legislativos favorables.

Por eso, para captar la mayor cantidad de votos, Néstor Kirchner basó su estrategia electoral en evidenciar los dos modelos de país que se enfrentan. Por un lado, el actual esquema que prioriza el desarrollo inclusivo del mercado interno con una política exterior alejada de los dictados de Washington. Por el otro, lo que se dio en llamar una “vuelta al pasado” neoliberal, encabezada por el candidato opositor Francisco De Narváez, un personero millonario del sector privado que confesó en la última semana sus intenciones de regresar a la etapa privatizadora que caracterizó al ex mandatario Carlos Menem.

Pero lo que en definitiva se juega en estas elecciones es la continuidad del proyecto político que inició Néstor Kirchner en el año 2003. Como toda elección parlamentaria “de medio mandato”, un resultado electoral favorable determinará las posibilidades del gobierno para profundizar los cambios producidos y, llegado el caso, volver a postularse para las presidenciales de 2011.

Y este es justamente el escenario que las fuerzas de derecha y los medios de comunicación pretenden evitar. Para ello han logrado instalar un clima social de “fin de época” similar al de 2008, durante el conflicto del gobierno con el sector agroexportador. Por eso la noche de hoy será clave. Si la ventaja del oficialismo no es lo suficientemente amplia, el fantasma reclamado de un supuesto fraude podría convocar a ambos bandos a defender su voto en las calles". Fuente: www.rebelion.org/ Argentina/ 28-6-09

Prensa de Frente declara:

A 7 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
Justicia muy poca, distribución de la riqueza menos

 

"Aumento de los 150 pesos que entregaban los planes sociales, esa había sido la principal consigna de aquel 26 de junio de 2002; universalización, es decir que toda familia desocupada, indigente o pobre pudiera acceder sin más trámite a ese monto, le siguió en el orden de reclamos. Pasaron siete años de los cuales en seis la Argentina creció económicamente a niveles récords. Escalada de los precios de canasta básica alimentaria por medio, sostener desde supuestas posturas redistribucionistas ese piso, fue es y seguirá siendo injustificable.

Más allá de experiencias provinciales anteriores, los planes sociales del tipo del Jefas y Jefes de Hogar, hicieron su aparición a principios de 2002, durante un alza en las luchas de los movimientos de desocupados. Fueron un dique de contención - aun entonces sobradamente insuficiente – implementado por un gobierno que no encontraba un carácter definitivo: si regresar a las políticas neoliberales más duras, para las que la movilización popular eran un escollo o avanzar hacia el modelo, a grandes rasgos digamos, “neodesarrollista” que implementaría finalmente Néstor Kirchner.

Tras seis años de crecimiento sostenido, aún en momentos en que gobernaba casi sin oposición de peso, el oficialismo se negó a cambiar la matriz distributiva heredada del los ´90, impactando sobre todo el universo de la indigencia y la pobreza, hubiera sido un piso. Condiciones sociales, sobre todo en los primeros años de gestión había. Con la llegada de la crisis internacional, el gobierno -ahora de Cristina Kirchner - repitió el esquema implementando por un lado subsidios millonarios para las grandes empresas y por el otro planes de compra de electrodomésticos para las capas medias.

Los sectores que menos porción de la torta recibían en los `90 con el neoliberalismo vivito y coleando no fueron contemplados en los planes tendientes a reforzar el mercado interno, pero sostenidos en criterios de distribución que, favoreciendo centralmente a los sectores exportadores de materias primas y al sector productivo por sobre el financiero, constituye una continuidad en cuanto al direccionamiento: de arriba hacia abajo. Asegurar las ganancias empresarias, y no favorecer un modelo más igualitario en la distribución, es el criterio que prima.

Las políticas sociales del kirchnerismo no revierten en lo teórico los criterios que el FMI y el Banco Mundial proponían en los `90. Experiencias productivas focalizadas y aisladas entre sí, sin oportunidad real de convertirse en redes que instalen formas conceptualmente alejadas de las lógicas del mercado pero con posibilidades de supervivencia en el horizonte . En lo práctico, los criterios clientelares aparecen como transfondo de las denuncias de los movimientos barriales sobre falta de cumplimiento por parte del gobierno en el financiamiento de proyectos cooperativos y productivos.

Siete años han pasado de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En aquel frío mediodía de junio cuando el gobierno de Eduardo Duhalde respondió a las presiones del sector industrial (UIA) y la Sociedad Rural, a las que se sumaban en coro los gobernadores, quienes exigían una “acción ejemplar” para recomponer la “autoridad estatal” resquebrajada luego de la pueblada de diciembre de 2001 y el fin del gobierno de la Alianza. Duhalde, que necesitaba mostrarse internamente fuerte, para poder negociar con mayor margen préstamos con el Fondo Monetario Internacional, quiso barrer a los piqueteros del camino y tuvo que anticipar las elecciones por ello.

Kirchner utilizó durante estos años los asesinatos, trayéndolos varias veces a escena como parte de sus disputas con su antecesor, pero jamás tuvo interés político en que sea investigadas las responsabilidades políticas. Siete años más tarde ni aumento, ni universalización. Los planes sociales para las familias desocupadas siguen siendo de 150 pesos y continúan en manos de la estructura del PJ, cuyos punteros digitan quién lo recibe y quién no, en un 80 por ciento. Financiamiento había".

Fuente: www.prensadefrente.org /25/06/2009
 

Premisas e hipótesis

Indaguemos sobre el Estado que se fue constituyendo a partir de los setenta y cómo democratizarlo.

A) Observamos:

En el artículo "El contexto teórico político de la gobernabilidad y la democracia en América Latina: la crisis actual del Estado y la política", Lucio Oliver Costilla* advierte:

"Considerar la cuestión de «la crisis del Estado y la política» es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, el «entramado institucional» vigente canalice las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades.

Por el contrario:

• La experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad.
   

• Las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

Para realizar un análisis de la situación del Estado y la política, empero, tenemos que considerar que el análisis sociológico dominante tiene algunas dificultades para seguir los procesos de la sociedad. Veamos esto con más detenimiento. Boaventura de Sousa Santos, reconocido sociólogo portugués, expresó en conferencia magistral en la Universidad de Campinas, Sao Paulo, en el pasado XI Congreso de la Sociedad Brasileña de Sociología, en 2003, la idea de que para reconocer la situación social y política verdadera de América Latina la sociología tiene que procurar ensanchar su estudio del presente. La tesis, también presentada como planteamiento central en su libro sobre la situación de la democracia, en su obra sobre la globalización alternativa (Sousa Santos de, 2002) alude a que las ciencias sociales críticas han perdido mucho potencial de conocimiento por la obsesión por pensar en el futuro en lugar de analizar el presente, además de que -sostiene- tenemos la obligación de buscar ese presente a contracorriente, puesto que muchas cosas no se ven debido a que existen intereses y políticas de Estado o de grupos sociales dominantes, que deliberadamente procuran que determinadas demandas sociales, fenómenos populares, problemas de las mayorías, reivindicaciones de grupos sociales, levantamientos y políticas de grupos étnicos, situaciones, etc., no se vean y se discutan en la sociedad, es decir no sean reconocidas por las propias sociedades, no aparezcan en el horizonte de visibilidad de la sociedad.

La proposición de Boaventura es en el sentido de obligar al pensamiento social a ensanchar el estudio del presente, pero no como lo hace la ideología dominante, empirista neoliberal, bajo un criterio empírico descriptivo inconexo, sino a partir de ubicar la totalidad y analizar y desentrañar las contradicciones de los diversos fenómenos del presente, porque, justo ahí, en esas contradicciones, están en germen las alternativas, tal como fue señalado hace siglo y medio por Marx.

Pero analizar las contradicciones de lo real y lo actual, implica también recuperar las contribuciones del pensamiento sociológico propias de nuestra región y repensar la teoría con la cual analizar esas contradicciones, sin que el marco de las preguntas impida la observación y el análisis. Es decir, la teoría tiene que seguir a la realidad, encontrar, como decía el boliviano René Zavaleta (Zavaleta, 1990), las interrogantes y las hipótesis de los hechos, y no nuestras preguntas y nuestras hipótesis en los hechos.

Partiendo de las consideraciones mencionadas cabe señalar que uno de los fenómenos más inquietantes de situación de América Latina es, sin duda, la crisis del Estado y la política (véase por ejemplo, Tavares, 2005; Holloway, 2003; Caros amigos, 2002; Levy, 2002; Hirsh 2000; Almeyra, 2000). La sociología política tiene la obligación de abrir los ojos a los aspectos y elementos que componen tal crisis, de tratar de descubrirla en sus diversas manifestaciones. El pensamiento crítico no puede cerrar los ojos a dicha crisis, menospreciar las incertezas de la época sobre el asunto o la merma de legitimidad de las respuestas otrora consagradas sobre el Estado y la política".

Lucio Oliver Costilla plantea:

"Crisis del Estado y de la política en América Latina

Pero veamos paso a paso como se presenta esta crisis en América Latina. Una de las expresiones de la actual crisis del Estado, es la continuamente mencionada retirada del Estado de la vida social. En principio esa situación nos debería generar, a los latinoamericanos, satisfacción, dado que un factor de opresión, jerarquía y dominio fundamental sobre la sociedad se retira ("representación jerárquica del conjunto de la sociedad", Lechner, 1999). Sin duda, es gratificante el que se esté reduciendo ese poder sobre la sociedad, mismo que, como decía Marx en La ideología alemana, es un "poder ajeno y hostil que le sojuzga", emana de la sociedad y se le contrapone para oprimirla (Marx, 1845).

Entonces ¿cuál es el problema actual, si el Estado se retira o se debilita frente a la sociedad? Dudo que alguien extrañe la opresión del Estado como para solicitar su retorno. Quizá por el sentido de alivio que genera la idea de ver reducida la intervención del Estado, de enfrentar y debilitar, parafraseando a Marx, esa inmensa maquinaria que tapona todos los poros de la sociedad y la oprime  es que se ha generado un cierto consenso en torno a la propuesta del Estado mínimo. No dudo que los pensadores sociales críticos de América Latina concuerden con este consenso y no con la idea de fortalecer el Estado frente a la sociedad.

Sin embargo, el problema real no es el Estado mínimo en el sentido político. La retirada del Estado, empero, no es consecuencia de ninguna voluntad política cristalizada proveniente de la autodeterminación de la sociedad, sino de la actividad política de las fuerzas dominantes en la mundialización del capital, o, en otros términos, de "la autonomización de los sistemas funcionales y de la fragmentación de la sociedad" (Lechner, 1999).

Basándose en ello, cabe considerar críticamente el significado de la retirada del Estado y considerar si lo que corresponde ahora es recuperar al Estado como dirección política y económica nacional o que el Estado ejerza una función de "coordinación social", en la cual el poder político no impondría su jerarquía, sino ayudaría a mediar entre distintos sistemas funcionales -económico, social, político, cultural, etc.- y a generar una integración y una racionalidad de la sociedad en su conjunto (Lechner, 1999)".

Lucio Oliver Costilla destaca: "la actual crisis del Estado y la política preocupa no por la retirada del Estado, preocupa por otros hechos:

1. 1) El Estado no parece haberse retirado realmente, sino que se ha transformado y su presencia sigue ahí, imponiéndose jerárquicamente, dominando, oprimiendo, educando y creando un sentido racional autoritario del orden para, en el caso de América Latina, ser el vehículo de la mundialización y transnacionalización del capital, un vehículo que se asume no como Estado nacional de competencia, como en Europa o Estados Unidos, sino como Estado intermediario, gerencial ajustador, subordinado al capital financiero internacional y al servicio de la universalización de la ley del valor (Oliver, 2005).
   En ese sentido el Estado en América Latina, su función, es dar viabilidad al capital transnacional y generar condiciones locales para su alta valorización. Y para ello, con el fin de posicionarse frente al acelerado proceso de internacionalización de las relaciones de producción capitalistas, el propio Estado ha llevado a cabo su "reforma", en el sentido de abrir las puertas a las privatizaciones, a la liberalización de los mercados y al dominio del capital financiero. La noción de diferenciación funcional de sistemas oculta el sentido real de los procesos. En realidad, en América Latina el posicionamiento del Estado es servil y hasta depredador de los recursos nacionales (recursos naturales, de mano de obra, de infraestructura, etc.) ante el capital transnacional y no tiene el rasgo de una política de competencia, como la que existe, por ejemplo, en los Estados europeos, para generar capacidad nacional para retener la inversión externa y el capital transnacional y a la vez mantener un proceso interno de desarrollo. En América Latina, los Estados no se asumen como dinamizadores del desarrollo nacional, sino como vehículos de la rentabilidad de capitales transnacionales.

2. 
   2) La crisis del Estado es un problema especial para los trabajadores de América Latina en tanto dicha crisis no significa que el Estado haya dejado de cumplir sus funciones como expresión "universalizada" de la potencia del capital. (...) El capital hoy en América Latina domina más ampliamente en la vida económico social, como puede ser fácilmente advertido. Frente a tal dominio, el trabajo de la sociedad, de los distintos conglomerados de trabajadores de la ciudad y del campo, contradictoriamente, parece haber perdido centralidad y fuerza en la sociedad. Lo cual no importa tanto por lo que es de facto económico sino por lo que conlleva como un hecho ideológico, esto es, político cultural. Los trabajadores, tanto los incluidos (precariamente) en el capitalismo latinoamericano, como los nuevos excluidos bajo el desempleo estructural, no tienen aun bajo el nuevo Estado de la mundialización las condiciones para influir en las decisiones sociales, así como han perdido derechos universales, otrora obligación del Estado, conquistados anteriormente, como el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, el ocio, etc.

4. La pérdida de soberanía del Estado, la privatización de lo público y el vaciamiento de la democracia (la democracia restringida sin capacidad para canalizar las luchas de la sociedad civil y de los movimientos sociales) son un problema para los trabajadores de América Latina, dado que ello merma las posibilidades de la política. En ese sentido los elementos positivos de la desestatización de la sociedad que han introducido las políticas neoliberales, no se contraponen con elementos positivos de una mayor socialización de lo público, y, por el contrario, introducen la noción de crisis de la política.

6. 3) La actual crisis de la política es expresión de una correlación de fuerzas. En ese sentido habría que superar el reduccionismo economicista de ver en esa correlación de fuerzas sólo la consecuencia de la reestructuración económica mundial del capitalismo, para analizar cuáles son los aspectos ideológico políticos por los cuales ésta ha logrado imponerse. La tendencia a la transformación del Estado en una institución burocrático autoritaria tiene su origen en procesos históricos seculares, lo mismo que la tendencia de la política a ampliar la participación y la influencia de los trabajadores en la sociedad. En ese sentido habría que problematizar la democracia y la voluntad política para entender porqué la democracia se ha reducido a los rituales legitimadores de las elecciones y distanciado de la autodeterminación de la masa (cf. Zavaleta, 1990, "cuatro conceptos de la democracia") y porqué la voluntad política se ha separado de la sociedad.
   
   Quiero hacer entre paréntesis una digresión: un aspecto importante que se presentó hace algunos meses, en un momento de auge de la intervención de las grandes potencias en Irak, mostró que la política no se reduce a las acciones de los aparatos burocráticos y militares de esas potencias. Se ha evidenciado el "retorno de la política" en la organización y actividad de los trabajadores y de la sociedad civil europeos en contra de las políticas militaristas e intervencionistas de sus burocracias estatales, así como en la consiguiente derrota electoral del presidente conservador español José Ma. Aznar.

8. En América Latina, la vitalidad de la política se está expresando también en las recurrentes crisis políticas y en las propias dificultades de la gobernabilidad autoritaria, en la actividad de los movimientos sociales y en la realización continuada de los foros sociales mundiales. Por ello, y teniendo como trasfondo la riqueza manifestada en estas expresiones de vitalidad de la sociedad civil, en lugar de lamentarnos de que la democracia en América Latina sea básicamente electoral, habría que pensar porqué los reclamos de la sociedad civil y de los movimientos sociales no logran superar y transformar ese límite y definir en los hechos que la política y la democracia sea fuente de decisión popular ante las políticas de los Estados dominados por burocracias conservadoras, es decir para que aquellas sean algo más que elecciones y gobernabilidad conservadora. Incluso conviene ir más allá: en la crisis argentina del 2001, por ejemplo, las políticas del Estado menenista desembocaron en un reclamo social evidente, pero éste no se canalizó como un rescate de la política por la sociedad, sino por un rechazo a ésta, con las consecuencias negativas conocidas de ello. Falta, entonces, voluntad política, pero no sólo en los gobiernos, también en la sociedad.

10. 4) Otro aspecto de la crisis del Estado a analizar son los procesos de fortalecimiento de las entidades transnacionales de poder, sean estas otros Estados, sean firmas transnacionales, sean instituciones financieras. Hay evidentemente una política de Estatalidad mundial no institucionalizada en las determinaciones del gobierno de los Estados Unidos, en las políticas del grupo de los ocho, en las reuniones de los representantes de los Estados para aspectos financieros o comerciales particulares, en las reuniones entre intelectuales y políticos auspiciados por los Estados centrales, en los acuerdos Bush y Blair.

11. Es sabido que la diversidad entre los Estados sirve a los procesos de mundialización en la medida en que permite la competencia de costos bajos de la mano de obra, condiciones diferenciadas para la valorización del capital y una gobernabilidad a partir de centros ideológicos y formas nacionales de control político. Es posible que por eso no haya habido avances en cuanto a la constitución de un Estado mundial, pero ello no nos debía impedir observar las políticas mundiales que se han venido configurando. No existe aun un proceso de constitución de un Estado mundial pero sí de políticas mundializadas de imposición global.

13. 5) Hay una creciente recuperación de las expresiones de fuerza de lo local en términos de resistencia y fortalecimiento de los espacios comunitarios, municipales y regionales, no obstante que continúe el rechazo de los gobiernos para reconocerla. El gobierno del presidente mexicano, Vicente Fox, por ejemplo, rechazó el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados anteriormente por el Estado mexicano, que implicaban el reconocimiento de los indígenas y de sus comunidades como sujetos de derecho.

    1. No obstante, las verticales y autoritarias instituciones de los Estados nacionales históricos de América Latina no resisten ya con solidez los avances de los procesos de ciudadanización y participación locales, de las luchas sociales por recuperación del dominio popular sobre los recursos nacionales, por el reconocimiento a la diversidad regional, económica, étnica, sociocultural, por el cuidado de la biodiversidad. Hay en ello un proceso subterráneo de formación de nuevas bases societarias para la reconfiguración del Estado que no se han podido canalizar en una gran reforma política democrática del Estado, que no son reconocidas ni por los gobiernos progresistas actuales. Para el gobierno del presidente Lula de Brasil, por ejemplo, la reforma del sistema político está pensada para garantizar la estabilidad partidaria, esto es para fines conservadores, y no para ampliar derechos de la sociedad civil".

Lucio Oliver Costilla saca la:

"Conclusión

El interés de estudiar mayormente el significado de estos fenómenos está relacionado con la búsqueda de algunas fuentes teóricas de europeos y de latinoamericanos sobre el tema. De ahí el valor que hoy día tiene releer la obra de los clásicos del pensamiento crítico latinoamericano, de volver a poner en circulación la Obra de la Cárcel de Antonio Gramsci, o de debatir y nacionalizar algunas ideas de Joachim Hirsch, de pensar con cabeza propia, en particular porque todos ellos hacen énfasis en que lo que está en juego es la necesidad de autonomía de las sociedades modernas ante el avance de la modernización neoliberal, es la recuperación de lo público, expresado como una reforma y una ascendencia creciente de la sociedad civil y una canalización de las energías críticas de los movimientos sociales, lo cual no quiere decir ver en ello una alternativa tipo "lo público no estatal" como propone Bresser Pereira, intelectual orgánico del proyecto del anterior presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (Bresser, 1998), sino buscar una opción en el despliegue de lo público con poder e influencia en el Estado (Dagnino, 1999).

Ello implica tratar de entender el sentido profundo de la actual redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad cuyos ejes son la transformación del Estado en cuanto forma de la sociedad nacional e internacional y en cuanto a sus funciones, su rol, y su papel en tanto conjunto de políticas del conglomerado de instituciones de poder público. Pero para comprender a fondo las actuales funciones de los Estados, se hace necesario tratar de entender la transformación en curso de las sociedades latinoamericanas, en cuanto a su carácter de sociedades mercantil capitalistas dentro de la economía y el mercado mundial de bienes, servicios y capitales, en cuanto a los procesos de fragmentación y desintegración social, y en cuanto sociedades civiles específicas que forman parte de los Estados con grados variables de autonomía y articuladas con determinadas formaciones hegemónicas. Se trata de pensar el nuevo carácter y papel del Estado nacional y de las formas mundiales de dominio y hegemonía para contar con elementos para caracterizar la situación actual de la gobernabilidad y la democracia.

*Doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad, Nacional Autónoma de México, UNAM
Fuente: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20contexto%20teorico%20politico%20de%20la%20gobernabilidad%20y%20la%20democ.pdf

B) Averigüemos porqué:

Partamos de cómo Mabel Manzanal, en "Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica"*, evalúa las luchas de resistencias actuales: "las identifica como condiciones recurrentes que aparecen en los territorios y que trascienden los tradicionales movimientos sociales. Y ejemplifica con “la violación de los derechos humanos, los problemas ambientales, la movilización comunitaria en torno de ciertas causas” (Sassen, 2007: 29). 

Observemos que se trata de cuestiones que trascienden a las sociedades particulares, son producto de procesos concomitantes asociados a la globalización, y por ello se repiten y suceden en todos los ámbitos subnacionales, aunque con distinta magnitud, extensión y profundidad. Concluyendo, consideramos que es importante que el análisis sobre el territorio y el desarrollo enfoque en situaciones donde se estén gestando o desarrollando luchas y resistencias al orden social e institucional constituido y que se manifiestan en un determinado ámbito espacial o lugar. Porque creemos que es en estas expresiones de conflicto, con eje en un determinado espacio, donde podemos encontrar la clave para comprender y explicar las relaciones de poder que se ejercen desde los territorios, y aprehender de ellas para proyectar el devenir futuro de modelos de mayor equidad y autonomía. 

Acerca de los actores y sujetos Para un encuadre teórico-metodológico como el que proponemos, necesitamos enfocar, asimismo, los actores y sujetos del territorio en cuestión. Porque:

•  debemos dar cuenta de las potencialidades y capacidades presentes en los propios actores y sujetos para intervenir y modificar su realidad;

• precisamos informar sobre los sentidos y modalidades que ellos tienen y aplican para transformar la desigualdad en la que están inmersos". 

Prosigamos escuchando Mabel Manzanal cuando plantea: "el encuadre que proponemos, aunque tiene mucho camino aún por recorrer, persigue la finalidad de contribuir a la formulación de una nueva propuesta teórico-metodológica que, incorporando la visión y los determinantes de la globalización, la descentralización y la modernidad, explique las formas de producción y desarrollo de los territorios (y consecuentemente sus consecuencias sobre la población respectiva). Para ello abogamos por una perspectiva que, desde esta triple mirada, analice el poder (material y simbólico) presente tanto en el accionar de los actores y sujetos locales, como en las estructuras y superestructuras. Una nueva institucionalidad desde la práctica de actores y sujetos. 

En todo lo que venimos viendo hay una presencia continuada: las instituciones y su rol, sea en relación al mantenimiento del modelo excluyente y concentrador y a favor de minorías privilegiadas; o vinculado con la necesidad de ‘institucionalizar’ otro tipo de desarrollo, desde los actores, sus autonomías, creatividad y libertad.

Ocurre que, por un lado, hay una realidad en el mundo y en diferentes instituciones (públicas, privadas, nacionales, globales, locales) que muestra un funcionamiento institucional desprestigiado y arbitrario. Y ello lleva a reclamar por una mejor ‘institucionalidad’. Por otro, la cuestión institucional ha adoptado una fuerte centralidad en todos los discursos sobre desarrollo (tanto desde la academia como desde la política). En el caso argentino, el modelo neoliberal aplicado desde mediados de los años 1970 ha tornado crítica a la problemática institucional. (...)

Sin duda, la cuestión institucional determina la viabilidad de un desarrollo territorial alternativo. Por ello nos ocuparemos de esta cuestión en lo que sigue. 

Instituciones y organizaciones (...) A los fines de nuestro análisis consideramos que las organizaciones son grupos de personas, que conforman una instancia, un sistema o una estructura, formal o informal, de coordinación y cooperación, con el fin de alcanzar objetivos comunes (que no podrían lograr en forma individual) y por ello acuerdan o establecen una distribución de tareas y funciones y crean y/o aceptan normas y reglas de funcionamiento. Por su parte, identificamos a las instituciones con la definición que da Portes, asociada a las reglas y normas (formales e informales –creencias) que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en la organización social. Las reglas y normas son compartidas y conocidas, aceptándose su cumplimiento, sea en forma voluntaria u obligatoria.

Acordamos además, que las instituciones otorgan sentido, significado, a las organizaciones; y a través de ellas se puede reconstruir la historia de las respectivas organizaciones. Cabe mencionar que, desde nuestra perspectiva, incorporamos el análisis institucional desde una mirada crítica, alejada de toda sacralización de leyes y normativas impuestas por la sociedad.

Porque partimos de la premisa que, en el contexto de la globalización y la modernidad, la adscripción y cumplimiento, sin cuestionamientos, del conjunto de normas y reglamentaciones existentes conduce a la consecución de una sociedad desigual. Por ello, consideramos importante, para un desarrollo inclusivo y autónomo de los designios de los sectores dominantes, apoyar las luchas y las reivindicaciones que buscan reemplazar o modificar las instituciones a favor del reconocimiento de derechos universales (humanos, culturales, ambientales). 

Lo anterior significa tener presente que las instituciones implican relaciones de poder. Y ello (al igual como veremos más adelante con la producción del territorio) demanda descifrar dichas relaciones, si lo que se pretende es entender y explicar el funcionamiento institucional presente en determinados ámbitos o lugares. Al respecto Foucault (1988: 245) señala expresamente: “para analizar las instituciones siempre hay que partir de las relaciones de poder, y no a la inversa, y … el punto de anclaje fundamental de las relaciones, aun cuando se encarnen y cristalicen en una institución, debe buscarse fuera de la institución”. 

Ocurre que las instituciones se originan como proyecto simbólico de diferentes organizaciones (públicas, privadas, nacionales, internacionales) para regular determinadas actividades y/o funciones y, como tales, representan los intereses de los sectores hegemónicos y/o dominantes en dichas organizaciones, o las ‘relaciones de poder’ presentes en las mismas. Estas ‘relaciones de poder’ pueden evidenciarse, por ejemplo, cuando las instituciones formales -escritas- se crean, a través de las discusiones, luchas y conflictos que acompaña su formulación. Sin embargo, en el funcionamiento regular y cotidiano de las respectivas organizaciones, las relaciones de poder presentes en las ‘instituciones’ se ocultan, se `enmascaran’, adoptan la forma de mecanismos legales o de normas éticas, aceptados consensualmente, de cumplimiento voluntario u obligatorio.

Por ello Foucault (1988) señala: El análisis de las relaciones de poder en espacios institucionales cerrados presenta cierto número de inconvenientes. En primer lugar, como una parte importante de los mecanismos que una institución pone en juego se destina a garantizar su propia conservación, se corre el riesgo de descifrar sólo funciones reproductivas, sobre todo en el caso de las relaciones de poder ‘intrainstitucionales’. En segundo lugar, al analizar las relaciones de poder a partir de las instituciones, uno se expone a buscar en estas últimas la explicación y el origen de las primeras, en definitiva, a explicar el poder por el poder (p.244) Es esta una importante advertencia que debe tenerse presente: (i) tanto al momento de discernir el método a aplicar en cualquier análisis institucional que busque explicaciones a partir del análisis del poder presente en las mismas, (ii) como en la búsqueda de nuevos mecanismos de regulación y en la formulación de una nueva institucionalidad, más acorde con un desarrollo inclusivo, autónomo y a favor de los derechos humanos, culturales, ambientales y étnicos de las mayorías.

Como hemos visto que postula Touraine y como  también propone Santos cuando señala que debe trabajarse a favor de una nueva institucionalidad porque: La regulación mundial es un orden impuesto, al servicio de una facilidad dominante... La cuestión para nosotros sería descubrir y poner en práctica nuevas racionalidades a otros niveles y regulaciones más conformes al orden deseado, deseado por los hombres, y en el lugar donde viven (1996.: 140, cursiva nuestra). Aquí como vemos, Santos concluye destacando el rol del territorio, del espacio de todos, del lugar donde la gente vive, desde donde él considera posible encarar una transformación de la sociedad en su conjunto. Sobre estas cuestiones avanzaremos en lo que sigue".
 

*Artículo publicado en: Mabel Manzanal, Mariana Arqueros y Beatriz Nussbaumer (comp.), Territorios en construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto. Edit. CICCUS, 978-987-9355-49-7, Buenos Aires, p. 15-50 (288 p.), 2007. 

 Fuente:http://www.geografia.fflch.usp.br/eventos/mabel/Manzanal,_CICCUS_2007_4.pdf

Mabel Manzanal afirma: "Creemos que para contemplar un desarrollo inclusivo de las mayorías postergadas, importa modificar las ‘relaciones de poder’ existentes. Para ello, se necesita identificar, en los territorios en cuestión, las acciones y los hechos sociales tendientes a transformar dichas relaciones de poder (en ámbitos ‘sensibles y clave’ como puede ser la tenencia y disponibilidad de tierra y agua); y, consecuentemente, aumentar la capacidad de intervención en la gestión de los recursos locales (de los actores y organizaciones representativas de los sectores sociales mayoritarios del ámbito local).

Pero para esto, para alcanzar una mayor injerencia en el desarrollo, en la producción del espacio, en el control de las instituciones respectivas, se necesita más poder. Discernir y adentrarnos en estas cuestiones nos conduce a profundizar nuestro conocimiento sobre el territorio y sus vinculaciones con el poder, el desarrollo, la autonomía. (...)

Para Lopes de Souza (1995: 78) «territorio» es “el espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder”. Y precisa que la cuestión primordial no es cuáles son las características geoecológicas y los recursos naturales de determinada área, o qué se produce o quién produce, o cuáles son las relaciones afectivas y de identidad entre un grupo social y su espacio. Lo que importa en el estudio del «territorio» es “quien domina ó influencia y cómo domina o influencia en ese espacio”, dado que “el «territorio» es esencialmente un instrumento de ejercicio del poder”. El mismo autor señala que existe un rico arsenal conceptual sobre este tema que, sin embargo, se ha ido empobreciendo con las múltiples apreciaciones que se despliegan sobre el término-concepto «territorio» (ibid: 97). Como sucede cuando se restringe su interpretación a ‘«territorio» nacional’ y todo lo que ello evoca: el Estado como gestor por excelencia de grandes espacios, sentimientos patrióticos, gobierno, dominación, etc. (ibid: 81).

Por el contrario, «territorios» existen y son construidos (y reconstruidos) en las más diversas escalas espaciales y temporales. Desde la más estrecha (por ejemplo, una calle) a una de escala internacional (como los territorios de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN); y dentro de escalas temporales de siglos, décadas, años, meses o incluso días. 

También cuestiona la histórica y absoluta identificación de “«territorio» con su sustrato material” cuyo origen proviene de la Geografía Política tradicional (ibid: 84) para la cual «territorio» es el espacio concreto “que es apropiado, ocupado por un grupo social”. Al punto que esta visión haya “usado muchas veces los términos territorio y espacio indistintamente, oscureciendo el carácter específicamente político del primero”. Para Lopes de Souza no necesariamente tiene que darse una asociación tan estrecha y rígida con el espacio concreto para que existan territorios. De hecho, sostiene: Varios tipos de organización espacio-temporal, de redes de relaciones, pueden surgir delante de nuestros ojos, sin que haya una superposición tan absoluta entre el espacio concreto con sus atributos materiales y el «territorio» en cuanto campo de fuerzas. …

«Territorios», que son -en el fondo-  relaciones sociales proyectadas en el espacio antes que espacios concretos (los cuáles son apenas los sustratos materiales de las territorialidades). (Ibid: 87/8). En definitiva, para Lopes de Souza un «territorio» es un campo de fuerzas, una tela, una red de relaciones sociales, que a la par de su complejidad interna, define al mismo tiempo, un límite, una alteridad: la diferencia entre “nosotros” (un grupo, los miembros de una comunidad) y los “otros”. (…)

Territorio, desarrollo, autonomía y poder 

El énfasis puesto desde la economía en el  «territorio» como motor del desarrollo se observa también en la Geografía crítica, pero con otros objetivos. En general, se lo ve como una opción para otro tipo de desarrollo, diferente e, incluso, enfrentado al dominante, a aquél que es excluyente socialmente y se centra en integrarse, en ser parte de los procesos globales. 

En Santos (1996), por ejemplo, el «territorio» también aparece como un actor potencial para el cambio social. Pero un cambio asociado a un acontecer solidario y esperanzador para la construcción de un futuro, resultando una opción frente a la globalización “perversa”: “La interdependencia universal de los lugares es la nueva realidad del «territorio»” (ibid:123). Y por ello el “lugar” tiene un rol central, que “no es pasivo sino globalmente activo. Esta es su ley y la que le da su mayor riqueza” porque ofrece: La posibilidad de construir en el lugar una historia de las acciones que sea diferente del proyecto de los actores hegemónicos. Ese es el gran papel del Lugar en la producción de la Historia e indicarlo es la gran tarea de los geógrafos de este fin de siglo (ibid:149). 

Como vemos Santos está postulando una opción para enfrentar al modelo hegemónico, a la globalización a partir del accionar social que se gesta desde cada lugar y/o territorio.  Pero la mayor diferencia con la propuesta del desarrollo territorial esbozada arriba es que estos actores se rebelan contra las instituciones, normas y reglas impuestas externamente. 

Touraine (2005) llega a conclusiones semejantes al observar que la globalización desplaza el nudo de los conflictos (tanto del ámbito mundial como de cada país): La globalización es, hay que repetirlo, una forma extrema del capitalismo que ya no tiene contrapeso.

La lucha de clases desaparece no porque las relaciones entre empresarios y asalariados hayan llegado a ser pacíficas, sino porque los conflictos se han desplazado de los problemas internos de la producción hacia las estrategias mundiales de las empresas  transnacionales y las redes financieras... (ibid: 39). 

Por ello, Touraine advierte sobre "un ‘desplazamiento’ de los problemas focales de la sociedad, que explica el surgimiento de ‘nuevas fuerzas’ que se constituyen en alternativas de acción frente a la descomposición social: ...el modelo de sociedad se descompone bajo nuestros ojos, y cada vez de forma más rápida, mientras que los principios de la modernidad tratan de imponerse más directamente. Sobre las ruinas de la sociedad avanzan en efecto, de un lado, fuerzas no controladas, las del mercado, la guerra y la violencia, y, del otro, la modernidad, de la que son elementos centrales el racionalismo y la preocupación por los derechos humanos universales y que se deja oír cada vez más directamente, sin por ello pasar por la ficción de una sociedad perfecta” (ibid., 101). 

Del mismo modo, y también desde una oposición al modelo hegemónico, Lopes de Souza (1995) propone otra forma de ‘desarrollo’ a partir de ‘territorializarlo’ y adaptarlo a cada contexto espacial. Para fundamentar su posición señala que la idea de desarrollo ha sido condenada por las más diversas escuelas de pensamiento a aumentar la civilización occidental, capitalista, en cuanto paradigma universal (ibid. 99-100) mientras que él considera que: El uso y control del «territorio» , de igual manera que la repartición real de poder, deben ser elevados a un plano de formulación de estrategias de desarrollo socio espacial en sentido amplio, no meramente económico capitalista, esto es, que contribuyan a una mayor justicia social y no se limiten a clamar por crecimiento económico y modernización tecnológica (ibid: 100-101). 

Para el autor, la cuestión inicial en términos de desarrollo, es una cuestión política, lo que no significa sustituir la primacía de la economía por la de la política. Considera que es central abordar la cuestión del ejercicio del poder, de decidir en una sociedad (y no apenas en el ámbito de un programa de desarrollo). Y es en este contexto que la noción de ‘autonomía’: (a) recobra un valor central para una reconceptualización del ‘desarrollo’; y (b) asume importancia para analizar la “territorialidad” y las dimensiones políticas y espaciales del proceso de desarrollo. Es decir, el autor considera que la idea de autonomía está en la base del concepto de desarrollo. Y entiende al mismo como: … el proceso de autoinstitución de la sociedad rumbo a más libertad y menos desigualdad (…) Una sociedad autónoma es aquella que logra defender y gestionar libremente su territorio, catalizador de una identidad cultural y al mismo tiempo contenedor de recursos, recursos cuya accesibilidad se da, potencialmente, de manera igual para todos (…) El proyecto de autonomía presupone también la libertad para instalar la cuestión del desarrollo, o sea, de la transformación y de la autocrítica, en la dirección de una justicia social cada vez mayor, de modo propio, singular….

Reflexión final Como vemos, desde diferentes perspectivas, autores destacados coinciden en la interrelación entre instituciones, territorio y poder y en la importancia de recuperarla en beneficio de una propuesta alternativa, autónoma. Propuesta que, además, sólo se puede gestar desde la resistencia, la rebelión, las luchas al orden sólidamente constituido, buscando conformar una nueva institucionalidad que enfrente a las relaciones de poder hegemónico. También se repiten postulaciones a favor de otro desarrollo, más autónomo, acorde a las necesidades sentidas por la población que convive cotidianamente en los lugares, defendiendo derechos universales más que particulares (culturales, humanos, ambientales, de género, etc.). 

Existe en la defensa de estos derechos universales, que trascienden una sociedad o lugar particular, que movilizan actores y sujetos a escala global, la fuerza potencial para generar un proceso de transformación institucional que conduzca a logros de mayor autonomía, control institucional y desenmascaramiento de las formas ocultas de ejercicio del poder. 

Porque las instituciones dominantes y férreamente consolidadas:

• sólo con una acumulación de fuerza, de poder contra-hegemónico, es posible sustituirlas;  

• funcionan ocultando el poder material y simbólico que las instituyó, utilizando discursos de orden, de solidaridad, recurriendo a valores éticos y morales, al “deber ser”, todos mecanismos de dominación que ejercen resistiendo su remoción con el apoyo de los sectores hegemónicos. 

Desde las perspectivas aquí expuestas, surge que «un enfoque alternativo de desarrollo» (sea territorial, rural o local) obliga a una transformación de las relaciones de poder, causa y consecuencia de la pobreza y marginación en la mayor parte de los ámbitos rurales y urbanos de América Latina. 

Una ‘transformación’ que es todo un desafío en el marco de la globalización, cuyas múltiples manifestaciones operan a escala local, de los territorios utilizando instrumentos que portan un ‘doble mensaje’. Como sucede con la descentralización fiscal, política y administrativa, la participación y el empoderamiento de la sociedad civil. ‘Doble mensaje’ porque tanto son propuestos por quiénes buscan profundizar el proceso globalizador como por aquéllos que pretenden “amortiguarlo” o enfrentarlo. 

Este accionar contradictorio dinamiza la transformación, la producción de ‘territorios’, fuerza a una nueva ‘territorialidad’. Estos territorios, que identificamos conjuntamente como “de la globalización”, “de la descentralización”, “de la modernidad”, están inmersos en una dialéctica de desarrollo, que implica tanto el accionar de fuerzas que llevan a la sujeción, a la exclusión, a la marginación social, como otras liberadoras que movilizan a la población hacia la búsqueda de una mayor ‘autonomía’ en los diversos sentidos de la vida política y social. 

'Autonomía’ que, por ejemplo, en relación a la gestión del territorio significa que es la población mayoritaria la que decide su propio proyecto (político, económico, social y ambiental). Pero una mayor autonomía, en una sociedad dominada por reglas, normas y valores que coartan la libertad y la creatividad, sólo puede ser factible a través de luchas y rebeldías que surjan desde los propios ‘lugares’, desde su población, bajo distintas expresiones de conflicto y resistencia a la institucionalidad dominante. Porque es a partir de la construcción conjunta de proyectos políticos alternativos que se ejercen otros ´territorialismos’, se transforman las relaciones de poder, se motoriza el cambio institucional y deviene una nueva ‘territorialidad’. 

Sin desconocer el gran reto que implica modificar las estructuras de poder enquistadas, el sólo hecho de cuestionarlas constituye un importante avance. Precisamente por ello, porque postulamos cuestiones como las que anteceden, nuestro interés es relevar y analizar los procesos organizativos de base y las vinculaciones entre actores locales en la búsqueda e interpretación de los diferentes modos como se asume la resistencia, las rebeliones al orden dominante en ámbitos locales, y en definitiva como se expresan las relaciones de poder y se produce el ‘territorio’. Y en este contexto de análisis, los artículos que conforman este libro son una primera instancia en la indagación de esta perspectiva. Aquí nos preguntamos: actualmente, ¿se construye o no una nueva territorialidad más incluyente de las familias pobres en los ámbitos rurales de Argentina? Y de ser así ¿bajo qué modalidades? A estas cuestiones pretendemos responder con los trabajos que siguen". 

*Artículo publicado en: Mabel Manzanal, Mariana Arqueros y Beatriz Nussbaumer (comp.), Territorios en construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto. Edit. CICCUS, 978-987-9355-49-7, Buenos Aires, p. 15-50 (288 p.), 2007. 

 Fuente:http://www.geografia.fflch.usp.br/eventos/mabel/Manzanal,_CICCUS_2007_4.pdf

En consecuencia, «las luchas anticapitalistas» implican hacer posible la erradicación de:

• la gobernabilidad autoritaria mediante creación de autogestión y autogobierno de bienes comunes y de territorios o comunidades;

• el Estado como vehículo de la alta rentabilidad de transnacionales mediante la participación protagónica de los pueblos en la demolición de los 'feudo-mafias' en las provincias e instituciones del país entero, en la recuperación de empresas estratégicas y en la reconstrucción del sector público;

• la democracia reducida a rituales legitimadores de las elecciones mediante la unidad de voluntad de la diversidad popular de transformar el país, el continente y el mundo en buen vivir de todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno;

• la obediencia debida de nosotros -los oprimidos, explotados y expulsados- mediante
  el compromiso con nuestras dignidades y autonomías colectivas e individuales;

• la creencia nuestra de no tener poder de comunicación social y de organización socioeconómica distintas a las impuestas mediante la búsqueda de encuentros, diálogos, reciprocidades latentes en nuestra cotidianeidad y actividad.

En suma, persiguen el cambio democratizador de las relaciones de poder.

 III.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

Necesitamos descolonizar nuestro estar en el mundo pero, ante todo, comprobemos el porqué del imperativo de romper con «la lógica del capital» teniendo en cuenta cómo opera en progresistas e izquierdistas hasta conducirlos al menosprecio hacia nosotros -los de abajo- de:

Ideología

Veamos cómo bloquean nuestra capacidad de análisis de la realidad social, nacional e internacional y nos privan  del derecho a deliberar, decidir y opinar.

A semejanzas de los noventa en que se instaló el pensamiento único para impedir alternativas, el matrimonio K bregó por la concertación a la chilena como medio de garantizar la continuidad de la democracia restringida. Ya que relega las izquierdas y establece las alternancias entre fuerzas consustanciadas con el poder económico transnacional y transnacionalizado.

Se presentó antagónico al neoliberalismo enmascarando su servicio a los oligopolios o a la recolonización como: neodesarrollismo, progresismo, gobierno popular y nacional. En este gatopardismo contó con la adhesión de organizaciones sociales y partidos de izquierda, y de los intelectuales de Carta Abierta.

Consideremos, lo más grave, cómo nos encierran en un enfrentamiento que nos aparta de desafíos a asumir por nosotros, los de abajo, para emanciparnos. Nos inducen a posicionarnos falsamente respecto a:

Alejandro Rofman asume la defensa del matrimonio Kirchner que se apropia del modelo 'productivo' de la UIA y lo presenta como ruptura con el neoliberalismo. En su nota "Dos modelos. Comparación entre el esquema denominado Sociedad de Mercado, vigente durante los ’90, y el actual llamado Sociedad de Trabajo", Rofman aclara:

"Nos proponemos presentar y discutir los contenidos básicos de los dos modelos económicos en pugna hoy en la Argentina.

En rigor, dos modelos vienen recorriendo los ejes de las políticas globales del proceso de acumulación de capital en nuestro país desde hace décadas. Pero con mucha mayor intensidad, desde el abandono del modelo de sustitución de importaciones, basado principalmente en la dinámica del mercado interno, en 1975, cuando la dictadura comienza a implantar «el modelo que denominamos conservador o de Sociedad de Mercado». La profunda transformación de la sociedad argentina, que entonces se plantea a punta de fusil, no culmina con la definitiva puesta en marcha de las estrategias contenidas en este modelo. De ello se encargará, a seis años de la vuelta a la democracia, el período menemista y su continuación durante el gobierno radical de Fernando de la Rúa.

Un nuevo escenario se abrió tras el derrumbe de la política económica basada en un tipo de cambio fijo atrasado para favorecer el desarrollo de una estrategia de pago viable de la deuda pública, de amparo a los capitales especulativos financieros y de apertura externa favorecedora de las importaciones sustitutivas de la producción y el trabajo nacional. A partir de 2003 y hasta nuestros días, se propone decididamente –con avances y retrocesos, aciertos y errores– desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas.

Lo más destacado de este período, aún abierto, es la valorización del trabajo como eje central del proceso de recuperación de la economía que en 2002 sufrió el más importante retroceso desde 1930.

La traslación del efecto del ciclo acelerado de crecimiento económico entre 2003 y 2008 sobre el mundo del trabajo se verifica, de modo positivo, en la creación de más de cuatro millones de empleos, la mayoría de carácter formal, en la reconocida reducción de las situaciones de privación social de millones de argentinos y en las mejoras obtenidas en las remuneraciones básicas de los trabajadores activos y pasivos. Esta misma lógica de la política económica se traduce en la estrategia prioritaria actual para enfrentar el impacto altamente negativo de la crisis del capitalismo mundial que se desata, fuera de nuestras fronteras, en septiembre de 2008. La política de respuesta a esa crisis, que emana del gobierno nacional, consiste en la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo en todo el territorio nacional.

Las decisiones que se han venido adoptando –como la más reciente referida a la empresa Massuh y las anteriores vinculadas con las automotrices– demuestran fehacientemente cuál es el perfil de la citada estrategia. No se ha verificado el cierre de ninguna fuente importante de trabajo. Este modelo contrasta con la persistente destrucción de puestos laborales que se verifica en otras economías, tanto de países periféricos como centrales. Diariamente, las noticias que llegan desde tales países ilustran sobre el recurrente proceso de cierre de empresas y de expulsión de centenares de miles de trabajadores".
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3931-2009-06-21.html

Ya desde el hecho que estamos en el capitalismo, es imposible una sociedad en favor de los trabajadores, máxime hoy en que rige un imperialismo colectivo con sus asociados y subordinados locales, nacionales.

Basta investigar un poco para hallar que la extraordinaria acumulación de riquezas y poder de los oligopolios transnacionales y locales -durante el período del gobierno K- se hizo mediante la superexplotación laboral que implica el predominio de trabajos no registrados e informales, salarios mayoritarios por debajo de la canasta familiar, la extensión de los haberes mínimos desde el 17% de los jubilados-pensionados en 2003 hasta la actualidad en que el 75% cobra ese monto misérrimo.

Pero, además, el gobierno K siguió con el regresivo régimen tributario, el privilegio del pago de 'deuda' externa pública (en incremento incesante) sobre la atención a necesidades básicas de los de abajo y el desmantelamiento de la salud y la educación públicas. Mientras subsidia al poder económico.

Facundo Gutierrez Galeno, en "Deber algo, no es justamente MASSUH S.A.", advierte sobre el privilegio de los 'acreedores': "La agenda financiera nacional constituye una de las mayores preocupaciones del ejecutivo nacional. Y no es para menos. Más de 16.250  millones de dólares es lo que deberemos afrontar este año como país,  en vencimientos de nuestra deuda pública. En el segundo trimestre de año, el Gobierno debe afrontar pagos del orden de los 4.800 millones  de dólares, es decir, 18.500 millones de pesos.

15 veces lo presupuestado a “Vivienda y Urbanismo”,  cuatro veces lo destinado a “Educación”, y el doble de lo que la Nación destina por año a salud.  ¿Y el dengue? Allí, en el norte argentino, devorando la avaricia, la imprudencia y el insulto de una clase dirigente “aedes aegipty”.

No sólo los vencimientos de deudas desconciertan las bonanzas económico-financieras de viejos tiempos. El superávit fiscal sigue en derrotero declive, y su caída del 61% en marzo -frente al mismo mes del año pasado- complica las cuentas públicas de la Nación. Hemos afirmado en más de una oportunidad, que la deuda no es la deuda. Y aquí, el superávit en las cuentas fiscales no es, precisamente, “superávit”. Es mucho menos que eso. Es déficit fiscal. En este sentido, el resultado financiero de marzo arroja – luego de los pagos de deuda pública – un déficit de 723,8 millones de pesos. Que mal que estamos, ¿no?

Sí, seguimos masticando la derrota en la que hemos nacido. Y la solución se presenta de una manera arrogante y desenfrenada: “Más fondos de la ANSES para pagar la deuda” , “El Gobierno pagará a los bonistas que no entraron al canje” “El Gobierno tomó prestado $1.000 millones del PAMI” , “La Presidenta pide al BID que envíe más fondos” , “El Gobierno pide un gesto al FMI que le facilite nuevo acercamiento” “El Banco Mundial prometió más fondos” ; “Scioli toma fondos de los jubilados” .

Aquí estamos, pues. Una deuda, un “algo” que pagamos todos a varios “algos”, sin saber quiénes son esos algos, cuánto es ese algo, y desde dónde vienen esos algos. Y es así, que las deudas parecen ser el gran desvelo de ese largo y angustioso sueño al que fuimos condenados. Un desvelo que no diferencia deudas privadas de públicas. Un delgado velo separa el rostro de nuestras desdichas, de la felicidad usurera de nuestros verdugos. 

Y el Gobierno se prepara para otro “acto patriótico”: “Estatizar” la papelera Massuh S.A. Ante la inminente quiebra de dicha explotación, la administración nacional se hará cargo de los turbulentos pasivos financieros de una empresa vaciada a costa de sus trabajadores. Para no dejar a 691 obreros en la calle, el ejecutivo planea colaborar con una gran alternativa “popular”: Hacernos cargo de las deudas financieras (poner la guita que robaron), quedarse con algunas acciones que permitan al gobierno participar de la explotación; y si todo sale bien, dejar a la familia Massuh seguir participando del negocio. Bien vale la pena, en estas circunstancias,  recordar el viejo adagio latinoamericano: “Las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan”.

Y he aquí la misma historia de siempre: otra empresa privada será rescatada por el Estado Nacional. Otra deuda privada será estatizada. El Estado se endeuda para pagar más deuda. No importa ya el carácter de las deudas, sean privadas o públicas, siempre el Estado (aquí sí el pueblo) proveerá. ¿Qué paga el Estado? ¿A quién le estamos pagando las deudas? ¿Esas deudas son nuestras? ¿Es, acaso, la mejor solución para evitar que 691 trabajadores queden a merced de la desocupación?
 

¿Por qué ese “algo” que debemos pagar, termina siendo MASSUH S.A.?
El grupo de empresas comandado por la familia Massuh, tiene una larga vida en la economía nacional.  A mediados de los años setenta, fue Amin –pater de familia – quién sumara a su hijo Héctor a la conducción de sus explotaciones, entre ellas papelera Massuh S.A. Los años de dictadura iban a apuntalar el crecimiento del sector papelero con fuertes endeudamientos de por medio.  Integrando megaproyectos - como el de Alto Paraná, en el que se invirtieron unos 350 millones de dólares - lograron consagrarse como uno de los principales grupos dominantes del sector.

Massuh S.A. es una de las tantas empresas privadas que ha trasladado sus pasivos financieros-comerciales al Estado Nacional. A partir de 1981, en los últimos años de la dictadura cívico-militar, el Estado comienza con el proceso de estatización de deudas privadas, dirigido por el joven economista Domingo Felipe Cavallo. Los mecanismos fueron variados – avales del Estado en operaciones concertadas con la garantía del Tesoro Nacional, seguros de cambio, obligaciones negociables del estado -, y todos con un mismo objetivo: trasladar las deudas de sectores privados al pueblo argentino. Deudas que en muchos casos no fueron tales, recuérdese las innumerables cantidades de autopréstamos en la concertación de créditos externo por parte de los sectores privados de la economía.
 

El total estatizado al 31 de octubre de 1983, según informe elaborado por el BCRA a requerimiento del Juzgado que investigaba el endeudamiento nacional en la denominada causa “Olmos I”; superaba los 14.000 millones de dólares. La deuda “financiera” estatizada era de 11.695 millones de dólares, siendo la restante “comercial”. Es decir, la “financiera” (especulativa) - como sostuvo Alejandro Olmos en su Libro Todo lo que Ud. quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron- representaba el 84 % del monto global. Sólo un 15% tenía justificación comercial.   

De la deuda asumida por el Estado, jamás se inició juicio alguno contra las empresas privadas para el recupero de los dólares perdidos. Según consta en la sentencia que pronunciara el juez federal, Jorge Ballesteros, en la causa Nº 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ denuncia” que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Capital Federal; la empresa MASSUH S.A., al 22 de enero de 1985 presentaba una deuda privada, luego estatizada, del  orden de los 80 millones de dólares.  Sí, la empresa que el gobierno nacional quiere tenderle una mano, nos encajó en su oportunidad 80 millones de dólares. Ahora nos quiere enchufar con más de 249 millones de pesos, de los cuales el 51% corresponde con entidades públicas. El Estado se hace cargo de las “desdichas ajenas”. ¿Y el riesgo empresario? La derrota de los trabajadores.

En el año 2002, la papelera pudo lograr  la estatización de sus deudas privadas  por algo más de 22 millones de pesos. Pareciera que en estos tiempos la tragedia se vuelve a repetir como farsa. Pero, ¿debe el pueblo argentino hacerse cargo de una deuda que no debe?  ¿Nos corresponde mantener un grupo empresario que ha lucrado de la sangre de nuestros caídos? ¿Nacionalizar al estilo “K”, es lo mismo que estatizar? ¿Este es el precio a pagar por “salvar” a 691 trabajadores? ¡Que mal que estamos!
¿No será hora de empezar a transformar la humillada derrota, en una implacable, certera y dignificante victoria?

Entonces, pasando en limpio: cuando algo le debe algo a otro algo, qué es lo que hace, que haya un alguien (supongamos hombres y mujeres) que tengan que pagarlo. Qué es lo que hace que haya hombres y mujeres que paguen algo a varios algos, sin saber quiénes son esos algos, cuánto es ese algo, y desde dónde vienen esos algos.
Hay algo , que de entenderlo, dejaría de ser algo. La deuda externa es algo de algunos que lo pagan todos".

Fuente: http://www.aldorso.com.ar/ 23-4-09

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), en su carta abierta a los trabajadores, expresa:

”Según el diario BAE del 8 de mayo “El esquema legal será un fideicomiso que pagará un arrendamiento al concurso preventivo de quiebra”. Sin embargo el oligarca diario La Nación del 09/05 afirma: “El Estado arrendará por tres años la planta de la papelera Massuh, en Quilmes, a cambio del pago de un canon a sus dueños originales, según el compromiso del nuevo encargado de la papelera, el polémico Guillermo Moreno”. Asimismo, afirma que: “el fideicomiso lo manejará el Banco Nación con recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por lo que la firma no estaría obligada a desprenderse de otros activos, y el pago a los trabajadores quedará a cargo del Estado.”

Pero la verdadera intención de la maniobra del gobierno queda al desnudo unos renglones más abajo: “Massuh, que negoció directamente con el secretario de Comercio Interior, recibirá el pago de un canon para pagar activos adicionales y pasivos”. Este acuerdo determina un arrendamiento por dos o tres años, tras lo cual “la planta volvería a sus dueños originales”.

Para el PTS se trata de una maniobra encubierta del matrimonio gobernante que en plena campaña electoral recurre a promesas demagógicas. Lejos de estatizar la planta y ponerla a funcionar bajo gestión de sus trabajadores, le está tirando un salvavidas al empresario. Como afirma Página/12 del 10/05, Héctor Massuh recibió “subsidios de promoción industrial. Créditos a tasas bajas impagos del Banade. Estatización de pasivos contraídos en el exterior. (…) El aporte estatal para su crecimiento y desenvolvimiento ha sido indudable en un extenso período que abarcó gobiernos militares, radicales y peronistas.”

Héctor Massuh no puede quedar impune, y para ello es fundamental que se abran inmediatamente todos los libros contables de la empresa y se pongan en conocimiento de los trabajadores todas las cuentas. El Estado debe iniciar una investigación penal inmediata contra este empresario delincuente, que con el vaciamiento de la empresa hizo que durante más de 4 meses 400 familias pasen hambre, sin atención médica, con todas las penurias sobre sus espaldas.

¿Quién paga la crisis de Massuh S.A.?

A pesar de que Massuh S.A. dilapidó prestamos millonarios sin brindar explicación alguna, va a seguir recibiendo dinero de parte del Estado. No debemos permitir que la crisis que provocó Massuh S.A. sea pagada con los fondos jubilatorios de los trabajadores (ANSES). Fondos que deberían estar destinados a nuestros abuelos que trabajaron toda una vida para tener una jubilación digna.

Hay que exigirle al Estado que a Massuh S.A. no le pague un centavo de arrendamiento y/o canon. Que se haga cargo de sus deudas, y que la crisis no la paguen los trabajadores sino sus propios dueños.

Por una Massuh de y para los trabajadores

En ese sentido, nos parece importante recordar el ejemplo de la cerámica Zanon (Neuquén). Allí, los trabajadores obtuvieron la autorización del Juez del Concurso para que a través de la cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones) gestionen y administren la fábrica.

Ellos saben que esa no es la solución definitiva al conflicto, por eso desde hace más de 7 años pelean para que el Estado expropie la fábrica sin hacerse cargo de la deuda de su anterior dueño y sin pagarle un solo peso, que se haga cargo de los sueldos de los trabajadores, y que sea administrada y gestionada por los mismos trabajadores.

Así como los trabajadores de Zanon, levantan la bandera de la expropiación y estatización bajo gestión obrera, desde el PTS, creemos fundamental que los trabajadores de MASSUH deben levantar las mismas banderas, para darle una solución definitiva al conflicto. Saludamos nuevamente a los trabajadores y, como desde el primer día, el Partido de los Trabajadores Socialistas va a estar apoyándolos, impulsando con todas nuestras fuerzas una verdadera salida obrera, para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino quienes la provocaron: los capitalistas". Fuente: http://www.pts.org.ar/spip.php?article12465 / 14-5-09

Alejandro Rofman prosigue aseverando tajantemente:

"El futuro sendero de nuestra política económica y social va a transitarse por una u otra de las opciones que se ilustran en la tabla que acompaña este artículo. Si se persiste en la defensa de una estrategia basada en la sociedad de trabajo, el esperado proceso de recuperación de nuestra actividad productiva –que ha sufrido un fuerte golpe en estos meses, pero que conserva vitalidad en amplios sectores– se puede aguardar un renovado proceso de desarrollo con equidad social.

El otro modelo, ya experimentado por los argentinos en 1976 y en 1990, sólo depararía un fuerte retroceso de carácter regresivo con efectos altamente destructores del tejido productivo y social.

En los tiempos por venir no hay opciones. O seguir profundizando el modelo progresista de sociedad de trabajo, incorporando las rectificaciones que correspondan y agregando todas las medidas que los vayan perfeccionando, o recorrer el camino inverso con todos sus costos sociales, ya perfectamente conocidos. No hay espacio para la indiferencia, la neutralidad o la ausencia de compromiso. Simplemente, porque una actitud expectante no es viable en la realidad económico-social actual y debilita el esfuerzo de consolidar y ampliar el proyecto de transformación en marcha.

La profundización de la política “progresista” o de afianzamiento de la sociedad de trabajo, que más requiere atención presente y futura, es la de la redistribución del ingreso. En el amplio conjunto de iniciativas a adoptar figuran, en lugar destacado, decisiones relativas a la extensión de las difundidas y exitosas experiencias en emprendimientos de la economía social, solidarias y no atadas a fines de lucro, en el espacio de los sectores populares urbanos y rurales. Asimismo, renovadas estrategias de impulso a la formalización del empleo y a la extensión del salario familiar a todos los menores de edad –estén sus responsables en empleos formales o informales– tendrán que ocupar la agenda pública. Además, el fortalecimiento de las prácticas que desde el punto de vista social y ambiental constituyen el modo operativo tradicional de los agricultores familiares tendrán que asumir creciente presencia. Ello se torna más necesario en tanto tal modo de producción es absolutamente mayoritario en actores sociales en el agro argentino, lo que ha llevado al Estado nacional en épocas recientes a tomar plena conciencia de su importancia y significación con la creación de organismos adecuados y la cesión de recursos a tal fin.

Las necesarias modificaciones al sistema tributario, la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y normas de control sobre los numerosos emprendimientos mineros así como la sanción de la nueva ley de Medios Audiovisuales forman, también, parte esencial de este proceso en marcha de profundización del modelo de sociedad de trabajo.

Por supuesto, la oposición al intento de acentuar un perfil progresista y de afirmación del proceso de redistribución progresiva del ingreso se expresará, se acentuará y se volverá más enconada. Pero quienes creemos que un proyecto progresista y de sociedad de trabajo es la única opción para asegurar una creciente equidad en el reparto del ingreso –y una mayor capacidad de los que menos tienen de acceder a educación salud, empleo, salario, seguridad– deberemos consolidar un espacio unitario en marcha para asegurar su prosecución y fortalecimiento". Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3931-2009-06-21.html

Premisas e hipótesis

A. Recapacitemos sobre resultados concretos del modelo antineoliberal respecto a:  

♣ La Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh difunde las notas:

I. Del doctor Julio Pietrafaccia -Ex Director del Área Operativa Santa Victoria Este, durante el cólera en 1992- Ex Jefe del Programa provincial de Control del Cólera 1995 1999 -Provincia de Salta- (Un aporte de Elsa Schvartzman):

"Sueltos!!! Ni ebrios ni dormidos ¡dar pie con bola!

-Irresponsabilidad, vagancia, intereses económicos dominantes y la historia en continuado del sistema sanitario nacional, desembocan en la injusta distribución de la prevención y atención médica de las personas. Una prueba más de que todos somos iguales pero algunos son más iguales que otros.

---Desde tiempos remotos las epidemias son vistas como entidades monstruosas que amenazan a las poblaciones. Por lo cual las poblaciones organizan sus sistemas de defensa y vigilancia para actuar con presteza y oportunidad.

Salvo que los vigilantes se duerman...

En este momento histórico y en este país puntual: pues bien, ¡la vigilancia está dormida! Y si se despertó, aún esta obnubilada y desorientada.

El dengue nos pasó por encima, los vigilantes dormían mientras se acumulaban evidencias de que la epidemia era una realidad.

Hasta el día de hoy nadie acierta a poner en marcha los mecanismos para prevenir el brote del año que viene.

Ahora les llegó, para distraerse y justificarse, la gripe o influenza A H1N1. Pero siguen sin dar pie con bola. Mayor desconcierto que las recomendaciones que circulan por los medios audiovisuales es imposible de esperar.

Mientras tanto, con tanto bochinche, hay unas cuantas cuestiones epidemiológicas que están bajo la alfombra hasta que exploten como de repente.

¿Cuáles son las causas de que esta vigilancia se encuentre dormida?

Yo considero que hay dos razones: una es la falta de responsabilidad y vagancia de los vigilantes epidemiológicos oficiales. Que hay irresponsables, los hay. El cargo de vigilante epidemiológico es una función pagada, al menos en la  Provincia de Salta, y esta función tiene innumerables herramientas para realizar dicha vigilancia. De más está decir que el uso de las herramientas de vigilancia ha sido motivo de cursos de capacitación para su uso. Si no se utilizaron las herramientas para saber qué estaba ocurriendo, eso es irresponsabilidad.

Hablando de herramientas, ¿porqué todos los funcionarios hablan y hablan y nadie muestra una curva semanal de casos o un canal endémico? ¿No los tienen o temen mostrarlos? Si a mí me muestran un canal endémico yo entiendo muchas cosas con un solo vistazo.

Sigamos: ¿que otra causa puede adormecer la vigilancia? La interferencia política. Mucho mejor dicho: la interferencia de intereses políticos partidarios. Si aparecen  presiones, sobre la conveniencia para determinados intereses, de que se denuncien o no casos todo queda embarrado, la realidad deja de ser reflejada y se dibuja una situación alejada de lo que realmente ocurre.

No hace falta que yo ejemplifique pues todos hemos visto cómo se manejó la denuncia de casos de dengue y de gripe. Las elecciones adelantadas distorsionaron todo. Y este es un caso de confesión de parte.

Yo viví la experiencia del cólera y les aseguro que sé de lo que hablo: si los intereses espurios intervienen todo entra en una niebla de confusión o de mentira.

La vigilancia está dormida, ¿se va a despertar?

Es difícil predecirlo.

El enorme alarmismo sobre Influenza A H1 N1 indica que la confusión seguirá. A mí me preocupa otra cuestión muy puntual. El discurso oficial parece olvidarse de que somos un país fragmentado, disímil. Por lo menos, hay un país pobre y un país rico. Las recomendaciones se hacen para un país de ricos: ni vayan al shopping, no vayan al cine pero hay un país que apenas come. ¿Estarán esperando que gracias a la gripe bajen los Índices de indigencia? ¿Los pobres que se embromen? “Higienícese con gel de alcohol” ¿Y los cartoneros? ¿Qué se jodan por pobres?

No me gusta este olvido de los más pobres entre los pobres. Es muy cínico.

Y con respecto al dengue, que ahora pasó a último plano, no hay ninguna propuesta de control real para el próximo verano. Les aviso: ¿no quieren tener dengue? Pues lo único que sirve es erradicar al Aedes. Todo lo demás es una simple pérdida de tiempo. Recuerden esta palabra; Erradicar.

Les había dicho que hay otros problemas bajo la alfombra. Si, hay leishmaniasis (un claro marcador del avance del desmonte y la sojización que tiene poderosos intereses para silenciar esta realidad), hanta virus (cada vez más extendido), TBC (que avanza junto con la resistencia cada vez mayor a los tratamientos habituales) y varias cosas más.

Los vigilantes siguen dormidos". Fuente: www.agenciawalsh.org / 6-7-09

II. Del médico epidemiólogo Gonzalo Moyano:

 "De grandezas y chiquezas

De maestros ‘agrandaditos’ a irresponsables de un sistema de salud que viene en picada desde hace más de cinco décadas en Argentina, es el vaivén que promete, al menos en el corto plazo, un panorama en estado de trance si no se orientan las políticas hacia un sistema que deje de beneficiar al mercado en desmedro de la salud humana.

(…) Las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, son imperdibles. Dijo hace pocos días (NR sobre la Gripe A) algo así como: “Solá es un idiota. Esto no se podía prevenir porque es un virus nuevo, nadie sabía que iba a aparecer; en Europa y en EEUU nos están mirando para aprender”. Como si fuera poco, tuvo el desacierto de asegurar que: “No falta ningún barbijo en la provincia”. (Lo que merece una discusión aparte. La gente usa el barbijo porque no tiene otra cosa, y la mayoría de las veces se observa que lo usan de una manera que propicia oportunidades de contagio más que de protección).

El sistema de salud en Argentina se viene destruyendo desde 1955, casi sin descanso. Se denuncia la plétora de médicos en el país porque se supone que sobran. Sin embargo no existe, como sistema, la Atención Primaria de la Salud, que es el modo más eficiente de usar los recursos que garantizarían el mejor cuidado de la salud.

Hay un cuarto de millón de niñ@s desnutrid@s entre 0 a 5 años. Dos millones de personas son chagásicas y 10 de ellas mueren por semana. La mayoría sin oportunidad de tratamiento.

Hay 15.000 nuevos casos de tuberculosis y 600 muertes por año. Faltan medicamentos y la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no compra las drogas básicas para su producción a un costo más que razonable, pero tampoco compran los medicamentos en el mercado.

De gripe estacional se registraron a nivel nacional, cerca de 1.300.000 casos en 2007 produciendo 3.600 muertes.

Cada año aumentan las muertes por bronquiolitis, al menos desde 2006. Más de la mitad de l@s niñ@s menores de un año fallecen por razones evitables. En general por una mezcla de desnutrición, pobreza y fallas del sistema de salud. La mayoría de estas situaciones ocurren en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano.

Allí mismo, se ha producido un éxodo de pediatras que obligó a cerrar servicios en varios hospitales. Los mal llamados médicos comunitarios comenzaron a desertar luego de pasar más de 6 meses sin cobrar su ‘sueldo’ en negro y miserable.

Siguen faltando enfermer@s y quienes están trabajan por sueldos bajos y condiciones de sobreexplotación: turnos prolongados, sin equipos adecuados, y muchas veces amenazad@s y perseguid@s.

Hasta hace pocos días el 15% de las muertes por gripe A le ocurrieron a trabajador@s de la salud. No hay insumos (ni barbijos ni alcohol ni medicamentos ni gasas). Las instalaciones son deficientes, las construcciones derruidas, falta de gas y agua, faltan elementales insumos de limpieza.

La ‘prevención’ de las complicaciones y muertes por la gripe A se puede realizar desde un sistema de salud eficiente, con personal suficiente y en blanco, con formación en servicio, equipos adecuados e insumos necesarios. La provisión de medicamentos para un uso racional ahorraría miles de dólares por año, si se produjeran en la red de laboratorios de producción pública que el Estado tiene y que sólo tuvo un tenue apoyo en la gestión de Ocaña.

 

La gente no debe morirse por motivos ‘evitables’ lo cual debería ser una suerte de tautología si se respetara la vida de la gente. Estamos cansados de decirlo como de enfatizar que si bien requiere inversión, produciría un ‘ahorro’ posterior. El ‘gasto en salud’ es casi del 10% pero cerca de la mitad es gasto de bolsillo, más de la mitad es gasto –irracional- en medicamentos, y buena parte es un gasto inflado del sistema privado y otra es un gasto corrupto de Obras Sociales.

Muchas de las medidas para evitar enfermedad y muerte por bronquiolitis o gripe estacional hubieran servido para prevenir enfermedad y muerte por gripe A. La mayoría de las muertes evitables, reitero, no ocurrirían con un sistema de salud como el que todo el mundo necesita y conoce.

Todo esto lo sabe el ministro de Salud Claudio Zin, del cual no creo que sea un idiota. Yo le propongo una ‘ideota’: Una política de salud hecha para la gente y no para el negocio de la salud". Fuente: www.agenciawalsh.org / 6-7-09

♣ Argenpress.info entrevista al doctor Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa,):

El doctor Jorge Yabkowski sostuvo que "la no declaración de la emergencia sanitaria por parte del nuevo Ministro de Salud favorece la anarquía y dificulta la acción coordinada frente a la epidemia. Estuvimos más de un mes sin conducción y hoy la Nación sigue por detrás de las provincias.

Es plausible el refuerzo presupuestario de mil millones de pesos. Pero si no se declara la emergencia para saltear trabas burocráticas en la ejecución de los fondos estos pueden llegar tarde o nunca a donde se los necesite.Tal es el caso del tratamiento con OSELTAMIVIR para todos los adultos sospechosos. Esta conducta, adoptada por Chile y Brasil, no se implementó en el país por falta de disponibilidad real de los medicamentos en los hospitales y Centros de Salud.

El Ministro Manzur, hasta hoy, no ha convocado a los trabajadores al Comité de Emergencia. Los que estamos sosteniendo en la trinchera la batalla contra la epidemia tenemos mucho que aportar. Podemos informar en tiempo real donde falta personal, donde faltan insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad".

Con respecto a la licencia de quince días para embarazadas e inmunocomprometidos, Yabkowski apoyó la decisión. Dijo que la misma debe ampliarse eliminando todas las cláusulas de presentismo en los convenios colectivos de trabajo públicos y privados a los fines de que los trabajadores no concurran enfermos a sus tareas por miedo a la pérdida de parte de su salario. La medida debería durar hasta el fin de la epidemia.El nuevo Ministro, concluyó Yabkowski, debe reparar rápidamente los errores de conducción cometidos y convocar a todos los sectores a enfrentar juntos la situación. Fuente: www.argenpress.info /2-7-09

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) marca "Los sistemas de salud a prueba": "El mapa del avance de la pandemia ilustra la ineludible realidad: su avance es incontenible y alcanza ya todas las regiones del mundo. El numero de casos confirmados por laboratorio y reportados a la OMS asciende a 94,512 y las muertes a 429. Es claro, sin embargo, que la realidad desborda la capacidad de seguimiento de las instituciones globales y se estima que las cifras reales son mas altas.

No deben subestimarse tres hechos.

Primero, en el hemisferio norte, la gripe sigue infectando personas a pesar del hecho inusual de ser pleno verano. Es altamente inusual el que con las temperaturas veraniegas y sin las condiciones de concentración de personas al interior de edificios como ocurre durante el invierno, el virus se sigue propagando.

Segundo, en el hemisferio sur, la gripe se propaga con mayor celeridad que con la que lo hizo en el hemisferio norte, como es de esperarse dado que es invierno.

Tercero, en ambos hemisferios, aunque con mayor claridad en el hemisferio sur, es evidente que las consecuencias negativas reflejan el grado de preparación por parte de los gobiernos y la solidez de los sistemas de salud.

En aquellos países que instauraron medidas preventivas, tardo mas en aparecer el virus y en establecerse la transmisión comunitaria. Asimismo, su propagación al interior de dichos países ha sido mas lenta. La tasa de fatalidad es también menos elevada en aquellos países con sistemas de salud mas sólidos. La solidez de los sistemas de salud depende del grado en que han sufrido el embate de los intentos por privatizar y comercializar la prestación de salud.

Veamos: a nivel global, la tasa de fatalidad se ha mantenido entre 0.45 y 0.5 por ciento (es decir de 4 a 5 muertes por cada mil infectados), una tasa no alarmante, pero, sin embargo, mayor que la de la influenza estacional. Si la gripe sigue avanzando hasta infectar un porcentaje substancial de la población mundial, el numero de fatalidades se elevara a millones.

Pero las tasas de fatalidad varían de país en pais. En Argentina, se eleva al 2.4 por ciento, cinco veces mas que la tasa global. En un articulo publicado en el New York Times, el Dr. Jorge Yabkowski, Presidente de FESPROSA de Argentina, atribuye las dificultades que su país experimenta a que "los hospitales aquí tienen una capacidad muy limitada para enfrentar esta epidemia." FESPROSA y CICOP (organización afiliada a la ISP) han consistentemente denunciado los efectos negativos que las políticas impuestas por el FMI y las iniciativas de privatización han tenido sobre el sistema de salud Argentino.

La privatización de los servicios de salud se reflejan claramente en la tasa de mortalidad.

En el Reino Unido, el cual cuenta con un servicio de salud publico gratuito y con acceso universal, la tasa de mortalidad es tan solo 0.04 (4 por cada 10,000), diez veces menor a la tasa global de 0.45 (4.5 por cada 1,000).

En Estados Unidos, país rico e industrializado, la tasa es 0.5, ligeramente mayor a la tasa global, y diez veces mas alta que en el Reino Unido.

La gran diferencia entre el Reino Unido (0.04), Australia (0.18) y Estados Unidos (0.5), es el grado de privatización y comercialización de los sistema de salud

No cabe duda que esta pandemia revelara las consecuencias de las políticas dañinas de los últimos anos. La creación de barreras económicas al acceso a los servicios de salud y la fragmentación de las instituciones de salud, así como la reducción en el número de personal y en la calidad de los servicios  como resultado de la privatización, han tenido consecuencias negativas que se están revelando claramente durante el inicio de esta pandemia. Los sistemas de salud publico integrados con una distribución de instalaciones y personal mas lógica están mostrando una capacidad mayor de enfrentar esta crisis de salud publica.

El cobro de facturas por la promoción de las políticas de comercialización apenas comienza".

Desarrollo de la nota( suscríbase a) http://blogsalud.world-psi.org/  Fuente: http://www.federacion-fesprosa.org.ar/