Los propietarios de la tierra como protagonistas del actual paradigma productivo del agro

Por Eduardo M. Basualdo*

A mediados de la década de 1990, la incorporación de la soja transgénica prácticamente en “tiempo real” con su desarrollo en los países centrales, así como su convergencia con un conjunto de nuevas formas de trabajo que se habían iniciado anteriormente, dieron lugar a la consolidación de un nuevo paradigma tecnológico que produjo un acentuado y sostenido crecimiento de la producción agrícola que se mantiene hasta nuestros días.

En ese contexto, entre 1994 y 2010 se expandió la producción y el área sembrada pasando de 40 a 92 millones de toneladas y de19,6 a 30 millones de hectáreas, respectivamente, lo cual supone un crecimiento anual acumulativo del 5,4% en la producción y del 2,8% de la superficie sembrada. El ritmo de la expansión de la superficie sembrada es ciertamente llamativo porque teóricamente la producción agropecuaria luego de la fase de la mecanización en la segunda etapa sustitutiva no tenía nuevas tierras pasibles de ser incorporadas a la producción. No obstante, ello fue posible por dos procesos que convergieron en el tiempo. El primero de ellos fue la incorporación de la tierra de la región pampeana que había permanecido ociosa debido a la preeminencia de la rentabilidad financiera sobre la proveniente de la producción agrícola o ganadera entre 1977 y 1994. La segunda consistió en la relocalización de una parte de la producción ganadera en la periferia de la pampa húmeda y también en el desplazamiento de un conjunto de producciones regionales por parte de la soja, debido a su aptitud para ser producida en zonas más áridas aunque con una productividad significativamente menor.

Esa expansión del área sembrada tuvo no solamente un papel muy destacado en el sostenido incremento del valor de producción del agro pampeano, sino que también les permitió a los terratenientes de esa región –que conforman el núcleo central de esta producción– alcanzar una representación territorial “más nacional” debido a que la soja tiene aptitudes para ser producida en regiones no aptas para el resto de los cultivos pampeanos, pese a la acentuada tendencia a la expulsión de la actividad de mano de obra directa e indirecta. Esta característica influyó en la trascendencia que alcanzó el conflicto desatado a raíz de las retenciones móviles en 2008.

Es indudable el alcance que tuvo en este nuevo ciclo expansivo de la producción pampeana el desarrollo de la soja transgénica resistente al glifosato, pero no menos importante fueron las nuevas formas de trabajo e insumos –como el contratismo en un caso y los fertilizantes en el otro– y algunos de los grandes cambios estructurales de la década de 1990, como la privatización de las empresas públicas, que convergieron con esa innovación. Todo ello potenció fuertemente no sólo la productividad sino especialmente las economías de escala, elevando de esta manera la rentabilidad agrícola a través de la reducción de costos y permitiendo un ensanchamiento de la brecha entre la rentabilidad de los grandes productores versus la de los pequeños y medianos.

De esta manera, este nuevo paradigma productivo plasmó un proceso virtuoso sustentado en la obtención de economías de escala (reducción de costos a medida que aumenta la superficie trabajada) y de los rendimientos por hectárea, potenciando ambos procesos la rentabilidad de la explotación agrícola y el predominio de la percibida por los grandes terratenientes respecto de los de menor superficie trabajada.

No obstante el indudable dinamismo que exhibe este nuevo ciclo del agro pampeano, su incidencia relativa en los grandes agregados macroeconómicos ha sido realmente modesta y casi sorprendente si se tienen presente las declamaciones y aspiraciones de los referentes sectoriales. Específicamente, tal como se verifica en el gráfico Nº 1, en la participación del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca en el PBI desde1970 ala actualidad, se percibe que esa notable expansión productiva le permitió a esta actividad mantener su participación en la generación de valor agregado, con sus más y sus menos, en alrededor del 11%. Ciertamente, esta notable estabilidad en la incidencia relativa sectorial no se originó sólo en factores endógenos sino que estuvo influida por etapas económicas muy disímiles ya que durante la década de los ’80 y el primer quinquenio de los años ’90 la incidencia del proceso de desindustrialización fue notoria, y a partir de 2002, por el contrario, influyó el hecho de que la expansión del PBI fuera equivalente al de esta actividad.

Por otra parte, la incidencia de los productos pampeanos en las exportaciones totales del país desde 1970 en adelante exhibió una profunda retracción hasta mediados de los ’90, al caer del 72,8% al 41% de las ventas externas totales. De allí en adelante, la consolidación del paradigma sojero le permitió al agro pampeano solamente mantener su participación en las exportaciones totales alrededor de ese 41%, más allá de los desvíos coyunturales.

Es decir, este ciclo expansivo sólo le alcanzó al agro para estabilizar su participación en el PBI y en las exportaciones en los niveles alcanzados al comienzo del mismo, sin poder recuperar el terreno perdido anteriormente, especialmente en términos de las ventas externas. Esta situación, que a esta altura de los acontecimientos puede considerarse como un fenómeno estructural, tiene una notable importancia económica y política porque implica un debilitamiento del papel irremplazable que tuvieron las exportaciones pampeanas durante la industrialización sustitutiva como proveedoras fundamentales de las divisas a través del comercio exterior, lo cual les permitía a quienes ejercían el predominio sectorial contar con una notable capacidad de imponer sus intereses en términos de las políticas económicas.

En el contexto de estos claroscuros que exhibe el actual paradigma productivo del agro pampeano han surgido básicamente dos interpretaciones acerca del sujeto social que protagoniza este ciclo de expansión productiva.

• La primera de ellas consiste en afirmar que este proceso produjo nada menos que la pérdida por parte de los propietarios en general –no de una fracción del capital agrario sino de todas ellas– de las decisiones estratégicas que guían su producción, que se habrían desplazado a las denominadas “tramas productivas”, y específicamente dentro de ellas al contratista en tanto es quien aporta en buena medida la maquinaria y equipo para las labores productivas. Estos enfoques –que básicamente intentan dar por terminado un debate con tanta densidad histórica y actual como es el relativo a la propiedad de la tierra– confunden la mejora de los instrumentos y alternativas tecnológicas y productivas de que dispone actualmente la empresa agropecuaria con un desplazamiento de las decisiones estratégicas en términos de uso del suelo, formas de trabajo y maximización de la rentabilidad a quienes en realidad prestan servicios a la misma y están subordinados a las decisiones de los propietarios.
   

• Otra línea interpretativa, quizá más política que académica, porque hay muy pocos estudios sobre el tema, se refiere a la irrupción de nuevas formas de producción de carácter financiero (los pools de siembra y los fondos de inversión agrícola) que les aseguraban a los inversores que adquirían una cuotaparte un rendimiento que igualaba o superaba a las inversiones financieras. Con ese capital los pools y fondos de inversión arrendaban tierras en la región pampeana para producir diferentes productos. Desde este punto de vista se señalaba que estas nuevas formaciones se constituían en actores centrales en la producción agrícola y generaban el desplazamiento de los pequeños y medianos productores mediante el arrendamiento de sus tierras, los cuales pasaban a ser “rentistas puros”. Esta caracterización implicaría postular que el liderazgo de esta nueva forma de producción desplaza a la figura del propietario como el principal protagonista productivo y que, tan importante como esto, supone la disolución del predominio de la oligarquía pampeana o, al menos, que su presencia ya no es determinante en las producciones sectoriales más rentables, lugar que ocuparían los capitales ajenos al sector que controlan esta nueva forma de producción.

En principio, esta última explicación es más plausible que la mencionada anteriormente porque uno de los fenómenos de mayor envergadura que se expresa en términos de la tenencia de la tierra es el arrendamiento, fenómeno que cobra fuerza a partir de la exacerbación de las economías de escala, proceso que fue mencionado anteriormente y que incrementa la rentabilidad a partir de una disminución del costo de producción originado en el aumento de la superficie trabajada.

Sin embargo, la comparación de los resultados censales del último relevamiento anterior a la consolidación sojera (1988) y el primero después de la misma (2002), permite cuantificar este fenómeno en las provincias que integran la región pampeana (cuadro Nº 1). Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis acerca del incremento significativo de los arrendamientos en estas provincias, alcanzando en 2002 a prácticamente 21 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 30% de la superficie total. Esta primera aproximación a la evolución del modo de explotación de la tierra permite comprobar que las haciendas tomadas en arrendamiento son minoritarias respecto de las que son trabajadas por sus propietarios, lo cual descarta que los capitales extrasectoriales, como los fondos de inversión, sean predominantes.

No obstante, la superficie comprometida por ellos es lo suficientemente importante como para cuestionar el claro predominio que tradicionalmente ejercieron los propietarios en el agro pampeano. Esto sería así, siempre y cuando esa superficie fuera trabajada mayoritariamente por capitales extrasectoriales que invierten en la actividad para obtener la cuantiosa renta agraria derivada del modelo sojero.

En este contexto, en el cuadro Nº 2 se determina la distribución de los arrendamientos entre propietarios y no propietarios según estratos de tamaño. Sin realizar una descripción detallada de los resultados obtenidos sino extrayendo su contenido fundamental, se puede afirmar que los mismos son contundentes y al mismo tiempo sorprendentes.

La primera comprobación indica que son propietarios los principales tomadores de tierra en arrendamiento tanto en el total (55,5% de la superficie arrendada) como en los diferentes estratos de tamaño (entre el 51,4 % y el 67% de la misma), salvo el anteúltimo. Esto significa que el arrendamiento no sólo es minoritario en la región pampeana (30% de la superficie) sino que un poco más de la mitad es trabajada por propietarios, que de esa manera estarían utilizando aproximadamente el 85% de la superficie agropecuaria pampeana, mientras que los capitales extrasectoriales trabajan el 15% restante.

La segunda conclusión que se desprende de la información disponible es igualmente relevante y permite extraer varias hipótesis que tienen un elevado grado de probabilidad de expresar la realidad: la misma consiste en que la importancia de los estratos en términos de superficie arrendada desciende a medida que aumenta la extensión de los mismos. Más aún, los dos primeros estratos (hasta1.500 hectáreas) son predominantes tanto en el total de los arrendamientos como en los contraídos por los propietarios y por los no propietarios

La significativa concentración de la superficie arrendada en los estratos menores estaría indicando que los pequeños productores (sean propietarios o no) son definitorios tanto dentro de los que toman tierra como entre los que la ceden. Se estaría entonces frente a un proceso muy distinto del auge de los arrendamientos del modelo agroexportador porque ahora no sólo se trata de acuerdos contractuales anuales (y no de varios años como a principios del siglo XX) sino también porque los que ceden y toman la tierra son pequeños propietarios o productores pampeanos.

Si bien los pequeños y medianos propietarios son claramente predominantes en los arrendamientos, no puede ignorarse que alrededor del 30% de la superficie se localiza en 2.500 o más hectáreas y respondería a la cesión contractual entre grandes propietarios o productores. Esto significa que en una proporción minoritaria dentro del total, los grandes propietarios pampeanos también toman y ceden tierras. Asimismo, que dentro de los no propietarios que toman este tamaño de arrendamientos se encuentran los fondos de inversión agrícola y los pools de siembra, ya que los mismos se caracterizan por arrendar grandes superficies emulando el tamaño que tienen los grandes propietarios pampeanos porque en esas dimensiones se encuentran las mayores economías de escala. Esto explica que el único estrato en que los no propietarios superan la participación de los propietarios sea el anteúltimo que va de5.000,1 a10.000 hectáreas.

*Investigador del CONICET. Coordinador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y de CIFRA de la CTA. Integrante de la Comisión Directiva del CELS

Fuente original http://www.vocesenelfenix.com/content/los-propietarios-de-la-tierra-como-protagonistas-del-actual-paradigma-productivo-del-agro-pa

Fuente: http://espacioiniciativa.com.ar/?p=7399

۞ Analicemos:

Por Miguel Teubal (2006)

Existe un aspecto del neoliberalismo, ahora tan criticado, que se mantiene intacto: se trata del modelo agrario, de agricultura industrial, impulsado con gran ahínco durante el período de apogeo del modelo neoliberal. Éste se manifiesta en nuestro país, entre otros factores, con el auge del cultivo de la soja. Dicho cultivo, que comienza a realizarse en gran escala en los años setenta, adquiere un cariz muy especial a mediados de los noventa, cuando se libera al mercado el cultivo de la soja transgénica. En efecto, a partir de este desarrollo, la Argentina se transforma en uno de los principales países del tercer mundo en el que se impulsan los cultivos transgénicos. Todo ello de la mano de la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato y las empresas transnacionales, sus principales favorecidas. Nos hallamos -afirman los defensores del modelo- en una frontera tecnológica de enormes proporciones. “Quien no esté a favor de los transgénicos, está en contra del progreso”. “No matemos la gallina que pone los huevos de oro”, se nos dice. Se trata del boom de la soja transgénica que, dicho sea de paso, coyunturalmente permite la expansión de grandes superávits fiscales y de la balanza comercial, esenciales para el pago de los servicios de la deuda externa. Cabría preguntarse si esto también. significa indefectiblemente mayor bienestar para todos nosotros. Ahora y en el largo plazo

(…) En la década de los setenta, se establecen nuevas variedades de cereales y oleaginosas en el campo pampeano y se introduce la doble cosecha. En vez de alternar la producción agrícola con la ganadera, se va produciendo una mayor “agriculturización” basada sobre dos cosechas agrícolas anuales. Esto fue posible debido a la utilización de nuevas variedades, que permiten sembrar cultivos “de segunda” y que comienzan a tener preeminencia al ser combinados con la producción triguera. Surge la producción sojera que, junto con la introducción del “germoplasma mexicano” en el trigo, permite el desarrollo del doble cultivo trigo-soja. Rápidamente, el doble cultivo trigo-soja se difunde en la región pampeana, especialmente en la región maicera típica, provocando una parcial sustitución del maíz y del sorgo, así como de actividades ganaderas que participaban con estos cultivos en sistemas de explotación mixta. La transformación del campo argentino comienza a sustentarse sobre la soja y sobre el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y de otros cereales tradicionales. Se trata de la aplicación tardía en nuestro país de algunos rasgos de la “revolución verde”. A partir de entonces, la Argentina emerge, en los términos acuñados por Harriet Friedmann (1993: 45) como un “nuevo país agropecuario”, en una analogía con los denominados “nuevos países industrializados” del sudeste asiático (los newly industrializing countries, o NICs, para usar sus siglas en inglés). Desde entonces, la producción sojera. no deja de aumentar año tras año. Si bien Friedmann se refiere fundamentalmente al Brasil, su percepción en esta materia podría también ser aplicable a la Argentina. Ambos países, junto con los Estados Unidos, se transformaron en los principales productores y exportadores de soja a la economía mundial. Hacia mediados de la década de los noventa, se da un nuevo salto tecnológico en el agro argentino. En 1996 comienza la implantación de la semilla transgénica de la soja, comercialmente llamada “RR”, cuyas siglas en inglés significan Roundup Ready. Roundup es la marca comercial del glifosato, herbicida al cual es resistente la soja RR. El paquete tecnológico consiste en combinar esta semilla con el sistema de la siembra directa, para lo cual se requiere la utilización del glifosato, utilizado en cantidades cada vez mayores: las malezas que quedan son eliminadas con el glifosato, siendo la semilla RR resistente a este agrotóxico. Tanto la semilla RR como el glifosato Roundup son producidos por Monsanto. La distribución de la semilla fue luego transferida a su licenciataria Asgrow, la que a su vez fue adquirida por Nidera. Sobre la base de esta nueva biotecnología de los transgénicos, Monsanto y sus licenciatarias en la Argentina han podido inducir a los productores a incorporar un paquete tecnológico controlado por ellas al hacer que la soja incorpore genéticamente la resistencia a su propio agroquímico, el glifosato.

La introducción de este paquete tecnológico aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas transnacionales proveedoras de semillas e insumos agrícolas. 

En este marco, adquiere preeminencia el complejo sojero. Algunas pocas grandes empresas semilleras transnacionales, como Monsanto y Novartis, no sólo proveen la semilla sino también el paquete tecnológico y los agroquímicos que la acompañan, los cuales el productor se ve obligado a comprar indefectiblemente una vez que introduce el transgénico. En la Argentina, dada la difusión que tuvieron estas tecnologías, el glifosato se transformó en el principal insumo fitosanitario empleado, con ventas totales que pasaron de 1,3 millones de litros en 1991 y 8,2 millones en 1995 a más de 30 millones en 1997. Su facturación en el año 2000 ascendió a 263 millones de dólares, lo que representa el 42% del mercado agroquímico total. Según estimaciones, en el año 2003 el glifosato representaría un mercado de 350 millones de dólares, cifra que se incrementaría en la medida en que el maíz RR -aprobada su comercialización en 1996- reemplace las variedades convencionales. La combinación de trigo-soja y maíz, para cuya producción también se introdujeron transgénicos (a comienzos de esta década, el 30% de la producción maicera era maíz Bt), se transformó en uno de los cultivos más “dinámicos” (¿rentables?) del agro argentino. La crisis de 2001/2002 no modificó las tendencias que se venían dando. Sin embargo, la devaluación del tipo de cambio, junto con mejoras en los precios internacionales de la soja, significó un aumento de los ingresos globales del sector. El modelo de agricultura industrial centrado sobre la soja siguió siendo prominente, favorecido por políticas públicas que consideraban importantes sus efectos positivos sobre el desarrollo de sustanciales superávit de la balanza comercial y fiscal. La prosperidad benefició fundamentalmente a un segmento de pro ductores agropecuarios pampeanos y contribuyó, incluso, a que muchos de los que se habían endeudado y se encontraban al borde de la quiebra pudieran recuperarse. Pero esta situación no afectó a todo el sector por igual. El negocio financiero de la soja se expandió sobre nuevos territorios, impulsándose el desplazamiento de productores marginales y comunidades indígenas y campesinas en diversas regiones del país. Ante la reactivación de la economía en su globalidad, comenzaron a manifestarse presiones al alza de los precios alimentarios, potenciados por el incremento de la demanda, el aumento del tipo de cambio y una mayor concentración en el ámbito de la industria alimentaria y de los canales de distribución final de alimentos. 

Neoliberalismo y sistema agroalimentario: impactos sobre el agro 

Los ajustes estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía incidieron sobre el sistema agroalimentario en su conjunto1 y muy especialmente sobre el sector agropecuario que lo integra. Un elemento de fundamental incidencia fue el decreto de Desregulación de 1991, que eliminó de cuajo la serie de organismos que, desde los años treinta, regulaban la actividad agropecuaria. De golpe, el sector agropecuario argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial (véase Teubal y Rodríguez, 2002). Aquí yace una de las razones que explica la falta de políticas activas que regulen la producción de alimentos básicos en el país y que sean la base de sustentación de los campesinos y pequeños y medianos productores. Las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de lograr “una mayor integración a la economía mundial”, repercutieron de forma considerable sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios. Así también, sobre el sector agropecuario influyeron las transformaciones operadas en el ámbito extraagropecuario pertenecientes al sistema agroalimentario: el procesamiento industrial, la comercialización y distribución final de alimentos, orientados tanto al mercado interno como a las exportaciones, así como el sector de provisión de insumos -en particular, el semillero- Los ajustes estructurales originaron transformaciones en las áreas extraagropecuarias del sistema agroalimentario con incidencia sobre el sector agropecuario: se produjeron procesos de concentración y centralización de capital en la agroindustria y la distribución final de los alimentos (por ejemplo, el denominado “supermercadismo”) y un número muy limitado de empresas fue adjudicándose la exclusividad en la provisión de semillas y otros insumos a los productores agropecuarios. 

Estas tendencias se dieron junto con una fuerte extranjerización en estos sectores hacia fines de la década de los noventa. Como consecuencia de la intensificación de los procesos de integración vertical, fueron modificándose notablemente las articulaciones en el interior de los complejos que integran el sistema agroalimentario (Teubal y Rodríguez, 2002; Teubal y Pastore, 1995). Asimismo, creció la agricultura de contrato y otras formas de articulación “agroindustrial” y adquirieron mayor poder las grandes empresas extraagrarias en relación con los medianos y pequeños productores agropecuarios, que tendieron a perder significativamente su autonomía de decisión. Lo mismo ocurrió en la industria semillera: dada la enorme concentración que se produjo en esta área, el medio agropecuario se transformó rápidamente en un sector cautivo de las grandes empresas proveedoras de la semilla transgénica. Los procesos de liberalización, apertura y desregulación brindaron a las grandes empresas el marco propicio para expandir su control sobre distintas áreas del sistema agroalimentario y obtener así una posición dominante en lo referido al almacenaje, procesamiento, comercialización, producción y provisión de semillas e insumos para la actividad agrícola. Estas innovaciones facilitaron la consolidación de oligopsonios u oligopolios en segmentos clave de diversos complejos agroindustriales. Por ejemplo, en el complejo lácteo, siete compañías -entre las que se destacan SanCor y Mastellone (La Serenísima)- controlan el 80% del mercado; el 90% de las ventas de aceite refinado de girasol es manejado por apenas seis empresas, lideradas por Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En panificación, Fargo, Bimbo y La Veneciana acumulan el 85% de las ventas; en el negocio de galletitas, la francesa Danone (Bagley), la estadounidense Nabisco (Terrabusi, Mayco, Capri y Canale) y Arcor concentran el 80% del mercado (Cash, suplemento económico de Página/12, 6/6/2004). Recientemente se han fusionado Arcor y Danone. En otros casos, la concentración y centralización del capital facilitó la captura de negocios altamente rentables, como es el caso de la cuota Hilton2, donde cinco empresas (Swift Armour, Quickfood, Friar, Gorina y Finexcor) dominan el 55% del mercado, y, si tomamos a las diez primeras empresas del sector, el control asciende al 77% del mercado de carnes de exportación. Al analizar el caso de las empresas multinacionales dedicadas a la exportación de cereales, observamos que siete empresas (Cargill, Bunge, Nidera, Vincentín, Dreyfus, Pecom-Agra y AGD) concentran el 60% del volumen de granos exportados. En consonancia con lo anterior, también se observa que creció la concentración en el mercado de insumos (dependencia de las semillas y del “paquete tecnológico” de Monsanto en la producción de soja y maíz); a su vez, creció la concentración de la comercialización con el auge del “supermercadismo” y se introdujeron nuevas dinámicas en los sistemas agroalimentarios(...)".

Fuente: Realidad Económica Nº  220  mayo-junio de 2006/ www.iade.org.ar

Introducción por María Elizabeth Bravo(2010)  

(...)Hablar de cultivos transgénicos significa en gran medida hablar de soja, porque la soja RR , o soja con resistencia al herbicida glifosato, es el cultivo transgénico más extendido en el mundo. Y significa además hablar del Cono Sur, que es la zona de mayor expansión de este cultivo. Al referirse al modelo agrícola que se ha impuesto en Argentina, el manifiesto del Movimiento Nacional Campesino Indígena señala que “su símbolo actual es la soja transgénica”. Este manifiesto pone en evidencia la naturaleza agroexportadora, sojera y oligopólica, en manos de los pools de siembra2, del agro argentino, que se potenció en la segunda mitad de la década del noventa con la introducción de la soja transgénica. Eran días en los que se negociaba el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Estados Unidos y Argentina despuntaban como exportadores de soja transgénica. Como aliados y a la vez competidores, ambos crearon el llamado “Grupo de Miami”, a fin de convertir al Protocolo en un instrumento internacional para facilitar el comercio de commodities transgénicos. A pesar del profundo debilitamiento que este grupo dejó en el contenido del Protocolo, ninguno de sus miembros lo ha ratificado. Hoy, todos los países del Cono Sur han apostado a la soja transgénica. Sus gobiernos forman un fuerte bloque en las negociaciones del Protocolo de Cartagena y hablan en nombre de los sectores que se han beneficiado con la bonanza sojera. En el caso de Argentina, 900 terratenientes controlan más de 35 millones de hectáreas de su territorio –los mismos que han paralizado el país– y, tal como lo expresa Carla Poth en su artículo, las leyes nacionales de bioseguridad obedecen a los intereses de esos grupos de poder. Los voceros gubernamentales del Protocolo de Cartagena no toman en cuenta los impactos sociales y ambientales que se han generado debido a la masiva expansión de soja transgénica en sus países, y tampoco consideran que las verdaderas ganancias de la soja no se quedan en manos de empresarios nacionales, sino de empresas transnacionales. El comercio mun dial de soja La soja es el cultivo oleaginoso que más se produce y que tiene mayor participación en el mercado mundial. De un total de 402 millones de toneladas de oleaginosas producidas anualmente en el mundo, 233 millones de toneladas son de soja, es decir, el 58% de la producción mundial de oleaginosas(…)

El texto de Rodríguez analiza lo que ha significado la aplicación del modelo en términos de trabajo rural, en la distribución del ingreso y en el sistema agroalimentario. El autor destaca que la agricultura transgénica ha desplazado a los pequeños agricultores a otros cultivos, y ha generado un proceso de concentración de la tierra. La soja en Argentina ya no es producida por los dueños de la tierra, sino por arrendatarios, por lo dueños de las grandes maquinarias de siembra directa, los llamados pools de siembra. La tradicional imagen del arriero vagando por las vastas pampas ha desaparecido. Y la soja se ha expandido además a las zonas del Chaco, otrora cubiertas por algodón(…)

¿Quién consume la soja? 

Frente al costo social y ambiental de la soja transgénica es necesario preguntarse para qué y para quién se produce la soja. Cuando empezaron a promocionarse los cultivos transgénicos, sus promotores decían que, independientemente de sus impactos, estos se justifican porque son una solución para el hambre en el mundo. Sin embargo, la realidad es que el 88% de la soja que se comercializa a nivel mundial se utiliza para la producción de aceite. Con los residuos se hace pasta de soja que es usada como forraje. Como lo explica Rodríguez en su investigación, esto ha significado que en el Cono Sur se han dedicado menos tierras para la ganadería y la producción de trigo, arroz y otros cultivos para producir alimentos para ganado criado en el extranjero. ¿La soja se destina a los países que padecen hambre? No, pues los principales importadores de soja o sus derivados son la Unión Europea, Japón y China (ver Cuadro 2). China es el productor número uno de carne de cerdo. La demanda de carne de cerdo ha crecido más rápido que la de cualquier otro tipo de carne. Se cree que este incremento se debe a que el consumidor asiático está cambiando el consuno de pollo por el de cerdo por temor a la gripe aviar. Otro sector que crece es la piscicultura. El 70% de la piscicultura a nivel mundial tiene lugar en China (USDA-FAS , 2007a). Con estos niveles de producción de carne basada en insumos importados, no es extraño que en la zafra de 2007-2008 las exportaciones mundiales de soja asciendan a 75 millones de toneladas, y que el 45% corresponda a importaciones chinas. En el año 2007, casi el 40% de las importaciones chinas provenían de Estados Unidos; el 39,5%, de Brasil y el 19%, de Argentina. En 2007 se produjo una caída en la producción de soja en la China, por lo que se prevé que este país aumentará sus importaciones, tanto de la legumbre de soja como de sus derivados: el aceite y la harina (USDA-FAS , 2007b)(…)

 El escenario en el que se sustenta la producción de proteína a nivel mundial son los campos de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y cada vez más Uruguay, pues el principal mercado es el interno, que supera unas 6 veces a sus exportaciones tanto de aceite como de harina de soja. Todo esto está dando lugar a transformaciones dramáticas en el uso del territorio, problema que Domínguez y Sabatino abordan en su trabajo. Como lo demuestra el Cuadro 3, las plantaciones de soja en el Cono Sur ocupan un área conjunta de más de 42,260 millones de hectáreas, lo que equivale a 422.400 km2, una superficie dos veces y medio superior al territorio de la República del Uruguay. Esto no sólo ha cambiado la estructura agrícola de los países, sino que ha transformado el paisaje, desplazando ecosistemas naturales, como son los bosques amazónicos, el Pantanal, el Chaco, la Pampa Húmeda y la Mata Atlántica. Esta problemática es analizada en detalle por Domínguez y Sabatino, así como por Rodríguez y Centurión Mereles en esta publicación. A qui én benefici a el comerci o de soja Independientemente de dónde se siembre la soja, a lo largo de la cadena productiva son empresas estadounidenses o europeas las que se benefician del negocio de esta oleaginosa (Bravo, 2005: 118)(…) 

Los verdaderos zares de la soja: ADM, Cargill , Bunge y Dreyfuss 

Indistintamente del país donde se la produzca, cuatro empresas son las que verdaderamente se benefician del negocio de la soja. Tres son estadounidenses: ADM, Bunge y Cargill; y una es francesa, Louis Dreyfuss. Ellas controlan el 43% de la elaboración de aceite en Brasil y el 80% en la Unión Europea, y el 75% del mercado de soja en Estados Unidos. La ADM es una importante receptora de subsidios corporativos en Estados Unidos, y es una de las principales financistas de las campañas electorales de los dos partidos políticos dominantes de su país. Está involucrada en toda la cadena productiva de la soja: procesa todos los derivados de la soja; es importadora, exportadora y la más importante fabricante de lecitina de soja. Controla una inmensa red de silos y elevadores en todo el mundo. Bunge es la mayor procesadora de aceite de soja a nivel mundial, con intereses en el Cono Sur, América del Norte y Europa. Es la más grande importadora de productos derivados de la soja en Asia, y la principal proveedora de harina en el Medio Oriente. Bunge compra, procesa y vende productos alimenticios para el consumo humano y animal, granos y semillas. Cargill tiene su propio control en la cadena alimenticia, con operaciones en 23 países. Controla el 40% de las exportaciones de maíz en los Estados Unidos, el 33% de las exportaciones de soja, y el 20% de las de trigo. En Argentina, las empresas ADM, Cargill, Bunge y Dreyfuss controlan el 78% de las exportaciones de trigo, el 79% de maíz, el 71% de harina de soja, el 95% de aceite de soja y el 97% de aceite de girasol. En el año 2002, sólo ADM manejó el 11% de las exportaciones de trigo y el 9% de las de maíz en ese país.  Fuente: Los señores de la soja. La agricultura transgénica en América Latina / Ana Lucía Bravo...(et.al.). -1a ed.-Buenos Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723

En consecuencia, un sistema global de agronegocios domina la Argentina y Nuestra América. Durante este año,

un informe de Grain indica que en Argentina un millón de ha. son controladas por corporaciones del agronegocio. Destaca el impacto de la Ley de Tierras y aboga por un cambio del modelo agrícola.

 

La Argentina es uno más de los destinos del capital financiero en busca de ganancias extraordinarias con los alimentos o del capital estatal en busca de asegurar la provisión de comida para los habitantes del su país. “La mayor parte de los 298 acaparadores registrados provienen del sector del agronegocio, compañías financieras y fondos soberanos son responsables de cerca de un tercio de las negociaciones. Y, en muchas ocasiones, se superponen. Por ejemplo, los datos muestran cómo Cargill, una de las compañías de agronegocios más grandes del mundo, ha estado adquiriendo cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas a través de su fondo de cobertura Black River Asset Management”, apunta la investigación, que destaca que dos tercios de las inversiones de este tipo en el mundo vienen de Europa y Asia.

La pregunta que surge es si la flamante Ley de Tierras puede llegar a modificar la tendencia de la extranjerización de tierras en la Argentina (cuyas cifras certeras se desconocen pero se presume que podrían abarcar más de 20 millones de hectáreas). Carlos Vicente, de Grain, cree que si bien la norma ha molestado a las corporaciones –señal de que va en el buen camino– “es muy claro que en las condiciones actuales de control territorial del agronegocio y en sus modos de operar en los cuales la adquisición de tierras es una cuestión secundaria ya que estos grupos operan fundamentalmente a través del arrendamiento con lo que la Ley de Tierras no significa un obstáculo para su avance”. “Lo que realmente necesitamos es un cambio profundo en nuestro modelo agrícola que contemple como mínimo: una ley que ponga freno al desalojo de comunidades campesinas e indígenas; la reorientación de la producción agrícola hacia la soberanía alimentaria y un debate profundo sobre la función social de la tierra que nos encamine hacia la posibilidad de una reforma integral”, concluye Vicente. Leer

Pero "el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”Leer

Elizabeth Bravo | 26 abril 2012 | Revista “Biodiversidad, sustento y culturas” Nº 72 (abril 2012)

Frente a la imparable destrucción de la biodiversidad, a la necesidad de continuar e incrementar la explotación de recursos naturales, especialmente en lugares ricos en biodiversidad, y como una oportunidad del sector financiero para ampliar sus tentáculos hasta los lugares y sectores de la economía antes impensados, se ha propuesto introducir instrumentos de mercado en la conservación de la biodiversidad.

Empresas, gobiernos y hasta el Convenio de Diversidad Biológica están promoviendo estos nuevos modelos de conservación, dirigiendo sus esfuerzos sobre todo a los países del Sur, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del planeta, y donde además existen recursos tales como minerales, agua, o simplemente tierras que podrían ser destinadas para el desarrollo del sector inmobiliario o los monocultivos.

Sus proponentes argumentan que estos mecanismos facilitan la recaudación de fondos para la conservación y que son más eficientes que las regulaciones u otras políticas públicas que puedan dictar los Estados.

Estas iniciativas de mercado ya han tenido aplicabilidad desde hace varios años en Estados Unidos y Europa, donde hay poca biodiversidad y, sobre todo, donde no hay poblaciones indígenas tradicionales que dependen de ella. Las implicaciones en los países del Sur son totalmente diferentes, por la especial relación que tienen las comunidades con su medio.

A continuación se hace una revisión de lo que significan estos mecanismos, en qué consisten, y qué peligros entrañan para la sociedad y la naturaleza. Las distintas modalidades propuestas o ejecutándose podrían agruparse en dos sistemas:

El pago de servicios ambientales. 

Licencias y permisos transferibles o negociables.

El pago de servicios ambientales. El pago por servicios ambientales es el mecanismo más desarrollado y funciona desde hace algunos años. Cabe señalar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales.

Éstos fueron concebidos como una manera de meter en el mercado los ciclos, funciones, componentes o estructuras de la naturaleza. Al categorizarlos como servicios pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse, titularse, etcétera. En este caso el incentivo radica en el pago.

Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años (como la capacidad de hacer fotosíntesis, retener y almacenar agua, ser el hábitat para polinizadores, etcétera).

La modalidad de pago por servicios ambientales ha sido en muchos casos regulada por el Estado, el mismo que ha sido también uno de los compradores de servicios ambientales. Otros han sido empresas privadas.

Quienes promueven estos nuevos mecanismos consideran que una limitación de los “servicios ambientales” es que son considerados bienes públicos, pues esto crearía restricciones a la forma como ese mercado debe funcionar.

Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza.

Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero.

Subastas de pago de servicios ambientales. En este caso, se establece un precio inicial por un servicio ambiental, a partir del cual se lo subasta. Los promotores de este modelo dicen que la ventaja es que se deja a la libre competencia el precio del servicio y no como sucede cuando hay negociaciones bilaterales o cuando son hechas a través del Estado.

El compromiso de los Estados en este instrumento sería:

* Normar las licitaciones.

* Establecer hasta qué punto se puede compartir información sobre el servicio ambiental a ser rematado.

*Cómo se involucrarán los licitadores.

En este modelo, el Estado puede ser también uno de los compradores. Con esta modalidad meramente neoliberal se estaría creando una competencia entre los dueños de la tierra —quienes pueden pedir menos y ofrecer un mejor servicio ambiental—, devaluando la naturaleza, y tácitamente poniendo su labor de cuidadores de la naturaleza como un componente más del mercado.

Así se “pone de manifiesto el verdadero costo de oportunidad” con lo que los promotores de este mecanismo creen que se puede conseguir los objetivos de la conservación al menor precio.

De igual manera, en la práctica hay una pérdida real de territorio por parte de sus usuarios originales, cuya titularidad sobre los “servicios ambientales” que “ofrecen” sus territorios pasaría a ser de las empresas, gobiernos locales o especuladores financieros que ganaron en la subasta, todo regulado por las fuerzas del libre mercado.

Licencias o permisos transferibles o negociables. Mejor conocido por su denominación en inglés “cap-and-trade”, el mecanismo de “tope y trueque” ha sido aplicado al mercado de dióxido de azufre en Estados Unidos y al de carbono a nivel global. Ahora se lo quiere aplicar a la conservación de la biodiversidad.

Lo que se hace es crear artificialmente un mercado para reducir el costo de imposición del límite al desarrollo de una obra de infraestructura, un proyecto de explotación minera, petrolera, etcétera.

Al igual que el “cap and trade”  aplicado al mercado de carbono, que permite comprar y vender permisos de contaminación atmosférica, el “cap and trade” aplicado a la biodiversidad permite intercambiar o comerciar con derechos de explotación transferibles.

El tope lo designa el Estado, a través de una previa asignación de permisos, lo que significa de hecho una apropiación y privatización de tierras o recursos públicos o comunitarios.

Los proponentes de estos modelos consideran que no todo puede dejarse al mercado y que el Estado debe tomar un rol activo:

* Creando mercados.

* Apoyando y promoviendo el mercado.

* Estableciendo políticas públicas para consolidar que funcione el modelo.

* Regulando a los inversionistas independientes.

Compensación por pérdida de biodiversidad. Propone que si se reduce la biodiversidad por una obra de desarrollo (por ejemplo una carretera, actividades mineras o petroleras o de otra índole), se puede compensar esta pérdida con acciones llevadas a cabo en otro lugar o en otro momento. Por ejemplo conservando o rehabilitando un lugar degradado). Estos esquemas permitirían además juntar los “créditos por conservación” con los esquemas de secuestro de carbono, redondeándose el negocio.

Son sistemas de “intercambio de recurso por recurso”, sin mayores miramientos, en los que la destrucción o disminución de un recurso necesita ser compensada por una alternativa “equivalente”. Un ejemplo es el de los bancos de humedales, bancos de ecosistemas, o bancos de especies.

Este sistema se emplea cuando no se acepta alguna pérdida neta de un recurso, especie o hábitat natural, la misma que puede ser compensada a través de la restauración de lugares alternativos y “equivalentes” al que ha sufrido el daño o que implica de-saparición o deterioro.

La compensación por la pérdida de biodiversidad puede ser de dos tipos:

* Bancos de conservación.

* Derechos de desarrollo transables.

Según sus creadores, a través de este instrumento se puede conseguir los objetivos de la conservación de la biodiversidad a precios más bajos. Lo que se comercializa son derechos por unidades de desarrollo que se pueden dañar a cambio de otra unidad donde se lleva a cabo actividades de conservación o de rehabilitación de la biodiversidad.

En este mecanismo no se necesita una jerarquía de mitigación ambiental, sino una garantía de la cantidad del emprendimiento (densidad de la infraestructura que se quiere desarrollar). Los “derechos de desarrollo transable” se basan en un límite al área total de desarrollo que puede ser permitida en un área identificada por su valor de conservación.

Por ejemplo, tenemos un área que va a ser intervenida por un proyecto de desarrollo A y un área que servirá para compensar la pérdida de biodiversidad B. El dueño de la locación B renuncia a desarrollar su predio y vende al dueño de la locación A sus derechos, para compensar la responsabilidad por exceder el tope de desarrollo impuesto por el Estado.

Un funcionario de la empresa Río Tinto dice sobre estos mecanismos:

Buscamos tener un “impacto positivo neto” en la biodiversidad. Nuestro objetivo es minimizar los impactos de nuestro negocio y contribuir a la conservación de la biodiversidad para asegurar que nuestra presencia beneficie a la región. Una operación consigue un “impacto positivo neto” si la pérdida de áreas con valor de biodiversidad es menor que las áreas restauradas o compensadas durante un periodo de tiempo. (citado en Ecometrica, s/f)

Las áreas de desarrollo y de compensación se miden con imágenes de satélite. Se mide hasta qué grado un área es prístina, y si es necesario, se puede hacer una evaluación ecológica.

Una forma de evaluar cuán prístina es un área, es usar una escala normativa. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del bioma amazónico.

¿Qué pasa con las comunidades que viven en este lugar? ¿Dónde entra en este esquema una mina a cielo abierto, o un estación petrolera ubicada en medio de la Amazonía?

Bancos de Conservación. Es un mecanismo netamente especulativo de conservación de la biodiversidad.

Existen entidades o empresas especializadas que crean o restauran áreas naturales que contienen “bienes naturales” perfectamente identificados, asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento en un buen estado de conservación a largo plazo.

A cambio, reciben “créditos” que les son otorgados por agencias reguladoras reconocidas. Estos “créditos” se pueden entonces vender a promotores que deban compensar la afectación derivada de proyectos de desarrollo, a otras áreas naturales ecológicamente “equivalentes”. Es una especie de mercado de futuros para créditos de conservación.

Los primeros bancos de reservas de activos negociables las estableció en Estados Unidos en 1983 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para compensar los impactos de los proyectos del Departamento del Transporte.

Dado que hay un grupo de empresas y especuladores establecidos que van a lucrar de los bancos de biodiversidad, en realidad estos instrumentos no detienen la destrucción de la biodiversidad, sino que al contrario, promueven su destrucción.

El rol del Estado.

Como hemos visto, a pesar de que la propuesta central en la que se basan estos mecanismos es que sea el mercado el brazo invisible a través del cual se implementan proyectos de conservación, le asignan al Estado algunos compromisos, roles y responsabilidades:

* Crear los mercados de conservación de la biodiversidad.

* Definir los derechos que se adquieren con estos nuevos modelos (que son independientes de los derechos relacionados con la propiedad de la tierra o de su arrendamiento). Éste es un aspecto fundamental para crear flujos financieros.

* Establecer límites al área que va a desarrollarse.

* Establecer límites al comprador de los derechos que se generan a partir de estos mecanismos de mercado.

Conclusiones.

Estos mecanismos han sido ya aplicados en el mercado de carbono (ampliamente criticados por la comunidad internacional), donde lo que se mercantiliza es un solo producto: el carbono, aunque se crean “equivalencias” con otros gases con efecto de invernadero. El tratar de aplicar los mismos mecanismos a la biodiversidad es igual de absurdo pero mucho más complejo, porque la biodiversidad incluye una gran cantidad de aspectos que van desde los genes hasta los ecosistemas, y en definitiva significa la vida misma.

Con el afán de tabular crematísticamente a la biodiversidad se usan criterios tales como el número de especies en peligro que hay en un área (por ejemplo si están en la lista roja de la UICN de los organismos en peligro de extinción), o si el área es prístina. De esa manera, se le asigna un valor monetario a la biodiversidad que va a ser compensada, transada, transferida o subastada en el mercado de créditos de conservación.

Entre los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta cuando se hace una crítica a estas propuestas es que limitan la biodiversidad a una lista (muy pequeña por cierto) de especies paradigmáticas o en peligro, y que un hábitat es importante porque es prístino. También se ignora que existe una profunda interacción entre las comunidades humanas y la naturaleza que podría ser llamada biodiversidad, pero si recogemos la contribución hecha por las sociedades andinas, podemos llamarla Pachamama; y que la destrucción de una porción de esta Pachamama no se soluciona conservando una porción en algún otro lugar (remoto o no), pues hay muchas cosas más profundas implicadas, como es la sobrevivencia espiritual y material de una sociedad.

Referencias

Ecométrica s/f Normative Biodiversity Metric. A tool for assessing organisational biodiversity performance. Presentación Power Point.

Europac España. 2010. Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.

Vant, Arild. et. al., “Can markets protect biodiversity? An evaluation of different financial mechanisms”. Noragric Report 60. Noruega. Junio 2011

Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4490-una-critica-a-las-propuestas-de-conservacion-de-la-biodiversidad-a-traves-de-mecanismos-de-mercado

Fuente: http://www.grain.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales | 26 abril 2012 | Revista “Biodiversidad, sustento y culturas” Nº 72 (abril 2012)

Recientemente, oímos hablar mucho más de los servicios ambientales, sobre todo en relación a las charlas preparatorias de la ONU y los gobiernos para la Cumbre de Río+20, prevista para junio de este año. Para entenderlo, tenemos que hablar sobre la idea central que será tratada en esta conferencia: la “economía verde”.

En las noticias sobre Río+20, aparece con frecuencia la expresión “economía verde”. Suena bien, pero es importante entender que se trata de una propuesta que surge en el contexto de una economía profundamente capitalista. Como las principales economías capitalistas están enfrentando una crisis financiero-económica muy grande, sobre todo en los últimos años, buscan salir de la crisis y encontrar alternativas para que sus empresas puedan nuevamente acumular capital y obtener más ganancias a partir de actividades productivas y también especulativas, o sea, conseguir lucro “sin hacer nada”.

La ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de 2008, está jugando un rol central con su iniciativa “Economía Verde”, que incluye el estudio “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity-TEEB). El informe de la iniciativa fue publicado en 2011 con el título “Hacia una Economía Verde”. A partir de esa iniciativa surgió la idea de un “Nuevo Acuerdo Verde”, adoptado por EUA y otros países. Promete un escenario donde “ambas partes ganan”, porque se enfrentaría la crisis financiera/económica y climática con el redireccionamiento de las inversiones para lo que podemos llamar “capital natural”, además de invertir en nuevas tecnologías supuestamente limpias como el uso de la biomasa, y el “mercado de carbono”.

En esa perspectiva, los servicios ambientales y su “comercialización” se tornaron algo muy central, un verdadero pilar de la “economía verde”. El resultado será, según Silvia Ribeiro del Grupo ETC que monitorea e investiga este proceso, una “mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y de los ecosistemas, integrando sus funciones (definidas como “servicios”) a los mercados financieros”.

¿Por qué decir no al comercio de servicios ambientales?

Los defensores de la idea del comercio de servicios ambientales afirman que es una excelente alternativa para los pueblos del bosque porque lo dejaría “de pie” y lo preservaría. Pero hay una serie de argumentos para decir no a los servicios ambientales y al comercio de servicios ambientales:

*El comercio de servicios ambientales no pretende modificar el modelo actual de producción y consumo, que está en la base de la crisis ambiental, incluso de la destrucción gradual de los bosques del mundo. Este modelo que beneficia a una minoría de la humanidad ocurre a expensas de innumerables injusticias sociales y ambientales. Para cambiar este modelo es urgente iniciar la transición hacia otras formas de producción y consumo, con justicia social y ambiental. Es urgente, como la red Oilwatch (Observatorio del Petróleo) viene defendiendo mundialmente, dejar el petróleo y el gas en el subsuelo.

*La mercantilización y la financierización de la naturaleza a través del comercio de servicios ambientales exige un control del territorio, una privatización, para que el “dueño” e incluso el comprador del “servicio” puedan controlar lo que se está “comercializando”, con la garantía de que el “servicio ambiental” sea entregado según estipula el contrato. En la práctica, esto va en contra de las luchas por el reconocimiento y garantía de los derechos territoriales de los pueblos del bosque y/o de otros ecosistemas. Porque un contrato de servicios ambientales estipula, en todos los casos, que haya un “dueño” del área, o sea, muchas comunidades con derechos no regulados sobre su territorio sufrirán aún más presión para dejar sus tierras o serán expulsadas. Y aunque consiguieran quedarse y ser beneficiadas de alguna forma, el “comprador” del servicio ambiental tendrá el derecho a acceder al área para las debidas inspecciones y monitoreos para verificar si el servicio en cuestión se está preservando y manteniendo debidamente, violando así el derecho de las comunidades sobre sus territorios e inclusive el derecho a mantener su modo de vida.

*A pesar del discurso de las ONG conservacionistas de que los pueblos del bosque se beneficiarían del comercio de servicios ambientales, en la práctica poco se beneficiarán. Por el contrario, la tendencia es que haya empobrecimiento y expulsión de los pueblos de sus territorios. La experiencia de uno de los países internacionalmente conocido por su esquema de PSA, Costa Rica, muestra, según Amigos de la Tierra, que no se ha reducido la pobreza en las zonas rurales y que ha consumido el 25% del presupuesto del ministerio del Medio Ambiente. Además, la reducción de la tala constatada en el país se debe mucho más a la reducción de la rentabilidad de la cría de ganado que al programa PSA.

*Los saberes tradicionales no pueden tratarse como servicios ambientales y ser comercializados.

*El “servicio ambiental” de bosques más “comercializado” hasta el momento es el carbono. La experiencia con este servicio ambiental a través del “mercado de carbono” muestra que se trata de una solución falsa a la crisis climática, y que, por si fuera poco, causa la violación de derechos de pueblos indígenas y no indígenas, tanto en el Sur como en el entorno de las empresas contaminadoras en el Norte.

*La expansión y la adopción global del pago y comercio de servicios ambientales profundiza el proceso de mercantilización y financierización de la naturaleza.

*El PSA, con un discurso de preservación, tiende a profundizar la explotación de las riquezas naturales y la consecuente degradación ambiental, que sería “compensada” con la generación de servicios ambientales comerciables en el área preservada. Y aunque parezca increíble, cuanto más escaso es el “servicio ambiental”, mayor tiende a ser el precio y el lucro.

*La financierización de la naturaleza que permite “vender” y lucrar con “activos” y “certificados” de servicios ambientales es ilegal e inmoral porque se basa en la idea inventada de que la naturaleza estaría “prestando servicios ambientales”. Lo que no se inventa es la importancia del bosque para innumerables pueblos, por ejemplo, la diversidad de animales, de plantas, el agua, la regulación del clima, la fertilidad del suelo para plantar alimentos, etcétera. Es imposible asignarle un precio a la importancia que esto tiene.

*El hecho de medir, monitorear y asignar un precio a los servicios ambientales y hacer las transacciones comerciales resultantes involucra un conocimiento específico, y la tendencia es que los bancos, las empresas y las corporaciones privadas se apoderen y lucren con el comercio de servicios ambientales, sin que las comunidades tengan conocimiento de los contratos y los negocios. Un gran incentivo para esos grupos es que, debido a la crisis económico-financiera, ya se buscan nuevas formas de obtener lucros, preferiblemente, “sin hacer nada”.

*La lógica y el funcionamiento de los servicios ambientales fueron pensados por científicos provenientes de la cultura occidental, que continúan fragmentando y separando al ser humano de la naturaleza, en relación a los beneficios de esos “servicios” sobre todo para la vida humana. Sin embargo, los pueblos del bosque tienen visiones y experiencias de convivencia e integración con la naturaleza que garantizan el bienestar de ambos, muy diferentes; así surgen otras visiones sobre la naturaleza, como el “buen vivir”, los derechos de la Madre Naturaleza, su no-mercantilización y no-financierización. Al ponerles un precio como forma de valorizar los servicios ambientales, son descartadas otras formas, otros lenguajes, principalmente de los pueblos del bosque, de valorar y conservar la naturaleza.

*El comercio de servicios ambientales tiende a ser un estímulo más para la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles, consideradas “bosques plantados” por la FAO y otras instituciones internacionales y gobiernos nacionales (...) continúa en recuadro

Este texto, editado por Biodiversidad, reúne los tres fragmentos finales del documento del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Servicios ambientales y su propuesta de mercantilización y financierización de la naturaleza: Bosques, monocultivos de árboles y “economía verde”. La versión completa puede consultarse en el Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), número 175, febrero 2012 http://www.wrm.org.uy

 Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4492-por-que-negarnos-a-los-servicios-ambientales-y-que-podemos-hacer

En consecuencia, como advierte el Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), número 175, febrero 2012 en ¿Caminos a seguir?

El capital especulativo y los actores interesados como bancos, consultores, grandes empresas, fondos de inversión, así como otros actores aliados como ONG y, frecuentemente, nuestros propios gobiernos, pretenden apoderarse de los territorios de los pueblos con el comercio de servicios ambientales para “vender” y lucrar. Así, la lucha por los derechos de los pueblos de los bosques que dependen de ellos tiende a tornarse más compleja y difícil.

¿Cómo continuar esa lucha? A continuación, algunas posibles orientaciones:

a. Muchas comunidades que viven en bosques, sean campesinas, tradicionales o indígenas, comparten la preocupación sobre cómo conservar esas áreas, principalmente cuando las mismas se tornan más escasas y la necesidad por tierras aumenta. Muchas veces, exigen, en una demanda justa, el apoyo del Estado para garantizar su conservación. Las informaciones recogidas en este artículo alertan a que las comunidades, en vez de entrar en esquemas como el pago por servicios ambientales y el comercio de tales “servicios”, reúnan todas las informaciones sobre qué es y qué representa la idea de servicios ambientales y su comercio, promoviendo debates con toda la comunidad. El presente texto tiene exactamente la finalidad de alimentar esos debates.

Si los gobiernos gastan recursos públicos para ayudar a grandes empresas y bancos, el mismo dinero puede ser aplicado también en políticas públicas para ayudar a las comunidades que buscan conservar y recuperar sus áreas forestales, sin necesidad de transformar esas acciones en mecanismos perversos como el comercio de servicios ambientales, lo que profundiza el proceso de mercantilización y financierización de la naturaleza.

b. Una característica común del comercio de servicios ambientales y del “mercado de carbono” es su falta de transparencia. Es de suma importancia exigir, en su país, informaciones a las autoridades, a los parlamentarios, sobre la reglamentación ya aprobada y la que está siendo discutida sobre este tipo de actividad. En países donde la legislación sobre el comercio de servicios ambientales está elaborándose rápidamente, como en Brasil, hay claras contradicciones con la Constitución del país, por ejemplo, cuando los proyectos de ley proponen la privatización de algo fundamental y de libre acceso para toda la población. Por ejemplo, en el estado de Acre, entidades de la sociedad civil están pidiendo al Ministerio Público Federal que inicie una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Estadual 2.308/2010 que instituye el Sistema de Incentivos al Servicio Ambiental del Estado.

c. La agricultura campesina en casi todos los países del Sur sufre la falta de apoyo, de políticas públicas, para mantenerse y fortalecerse. Ese tipo de agricultura, practicada incluso en áreas de bosques sin que haya sido una amenaza a la continuidad del bosque, ha posibilitado una convivencia y una interacción con el mismo. La idea del comercio de servicios ambientales descarta esa convivencia. Más apoyo en forma de políticas públicas para ese tipo de agricultura fortalecería la seguridad y la soberanía alimentaria de esas poblaciones y de las regiones en las que están viviendo. Además, la agricultura campesina ya contribuye, como la Vía Campesina ha divulgado, con el “enfriamiento” del planeta. Los Estados, en vez de conceder apoyo a las comunidades campesinas, a menudo financian y facilitan la introducción del comercio de servicios ambientales. Significa gastar dinero público y, a veces, asumir nuevas deudas financieras con instituciones internacionales como el Banco Mundial, cuando éstas ofrecen “incentivos” para ese nuevo tipo de “comercio”. La carga nuevamente es para el pueblo.

d. La mercantilización y la financierización de la naturaleza señalan la importancia de construir alianzas más amplias entre quienes combaten el sistema financiero internacional, quienes luchan contra la privatización de la naturaleza, y quienes luchan diariamente por sus territorios y ecosistemas.

e. Una alianza amplia y fuerte, contraria a la “economía verde”, está siendo propuesta a través de la convocatoria camino a Río+20. Busca concretar una agenda en conjunto con organizaciones y redes no gubernamentales y movimientos sociales, incluyendo acciones de solidaridad a comunidades impactadas por empresas que se apoderan de sus territorios y los degradan, como es el caso de la CSA en Río de Janeiro, de propiedad de las multinacionales Vale y Thyssenkrup, o contaminan el mar y afectan a pescadores como la petrolera Petrobras. La agenda conjunta prevé también la realización de la Asamblea de los Pueblos Afectados por proyectos privatizadores y degradantes en la víspera de Río+20.

f. Es necesario continuar con más fuerza la lucha para que las comunidades que conservan los bosques tropicales y dependen de ellos puedan tener el derecho y el control sobre esos espacios. Significa luchar por el reconocimiento de los derechos de esos pueblos sobre sus territorios —algo aún inexistente o insuficientemente garantizado en muchos países de Latinoamérica, África y Asia. En países donde ya hubo muchos avances como en Brasil, la tendencia es de retroceso en los derechos indígenas y en los derechos de otros pueblos tradicionales, mientras crecen sin cesar los esfuerzos para crear un “mercado global en servicios ambientales”.

g. Precisamos continuar la resistencia y la denuncia del capital financiero y sus actividades especulativas. A pesar de la crisis que afecta principalmente a las mayores economías del mundo, casi todos los países y sobretodo sus gobiernos continúan defendiendo el sistema e involucrados en él. Sin embargo, aumentan, en todo el mundo, las críticas y las movilizaciones que claman por cambios profundos especialmente en relación a la financierización cada vez mayor de la economía, y también de la naturaleza, con una creciente ola de privatización de todo lo que aún es público. Por eso, es necesario continuar luchando contra la expansión de esa lógica del capital especulativo para que no se apodere de áreas fundamentales para el futuro de la humanidad, incluso los bosques tropicales.

Corresponde que todos denunciemos cada vez más las perversidades y contradicciones de esa lógica y sus impactos concretos en los territorios. Precisamos apoyar y fortalecer la resistencia de los pueblos para que, en primer lugar, les sea asegurado el derecho sobre sus territorios y para que se revierta el proceso de privatización de la naturaleza, también en el futuro, garantizando el libre acceso a las poblaciones que siempre la cuidaron e hicieron usufructo de ella.

Como dijo una habitante de la comunidad de Katobo, en el bosque localizado al este de la República Democrática del Congo, territorio de Walikali, al expresar el significado del bosque para su comunidad: “Somos felices con nuestro bosque. En el bosque recogemos leña, cultivamos alimentos y comemos. El bosque nos da todo, legumbres, todo tipo de animales y eso nos permite vivir bien. Es por eso que somos muy felices con nuestro bosque, porque nos permite conseguir todo lo que necesitamos. Y nosotras, las mujeres, precisamos especialmente del bosque, porque es allí donde encontramos todo lo que es necesario para alimentar a nuestras familias. Cuando oímos que el bosque podría estar en peligro nos preocupamos, porque nunca podríamos vivir fuera de éste. Y si alguien nos dijera que tenemos que abandonar el bosque sentiríamos mucha rabia, porque no nos podemos imaginar una vida que no sea dentro de un bosque o cercana a éste. Cuando plantamos alimentos, tenemos comida, tenemos agricultura y también caza; las mujeres sacan cangrejos y peces de los ríos. Tenemos diversos tipos de legumbres, y también plantas comestibles del bosque, y frutas, todas las cosas que comemos, que nos dan fuerza y energía, proteínas y todo lo que precisamos”. Y eso no tiene precio.

 

Convocadas a una primera reunión de trabajo para discutir sobre agrocombustibles, las organizaciones reunidas en Ecuador, del 27 de junio al 1 de julio de 2007, elaboraron un amplio documento —La geopolítica de los agrocombustibles—como posición del Sur Global sobre soberanía alimentaria, soberanía energética y la transición a una sociedad postpetrolera. Presentamos aquí la parte final de su documento: “un manifiesto por el des-desarrollo: el camino que proponemos desde el sur”.

El ocaso de la civilización petrolera y la reproducción del capitalismo.

La reproducción del estado actual de la civilización occidental depredadora, cuya forma es el neoliberalismo globalizado, tiene como base material el petróleo.

Todas las fuerzas motrices detrás de la producción, circulación y comercialización global de mercancías dependen de los hidrocarburos: la industria hidrocarburífera en sí misma, la industria agroalimentaria, las compañías farmacéuticas, de fibras textiles, las industrias involucradas en la producción de detergentes, cosméticos, explosivos, celuloide, plásticos en general, materiales de construcción, embalajes, electrodomésticos, etcétera. De la misma forma, el transporte global de personas y materiales, la movilidad y velocidad con la cual los trabajadores y los productos se mueven y son intercambiados alrededor del globo, dependen también de los combustibles fósiles, ya sea por la dependencia que se ha creado en torno al automóvil, por la manera como se han diseñado, construido y expandido las megalópolis, o por la forma de ocupación del espacio urbano y otros territorios.

La demanda de energía y materias primas para suprimir y mantener el patrón de vida de las sociedades del Norte, traducida cotidianamente en alimentación, vestuario, vivienda y movilidad es la que da carne y cuerpo al ideal universal de estilo de vida, bienestar y “progreso” promovidos agresivamente mediante la globalización como un patrón universal para la humanidad.

En el actual paradigma de “crecimiento” orientado hacia la integración del mercado y el comercio global, los agrocombustibles son impulsados como sustitutos paulatinos del petróleo para mantener patrones ambientalmente insustentables de producción y consumo del Norte. Frente a eso, entendemos que el estilo de vida promovido por el Norte y las élites del Sur y que alcanza su máxima expresión en el llamado american way of life es lo que debe ser transformado. Estados Unidos y Europa Occidental son los principales consumidores de energía, y a ellos se suman hoy China y las élites minoritarias del Sur.

China, la gran fábrica del mundo, reproduce el modelo de producción y consumo creado por el Norte, al tiempo que abastece al mercado mundial, sobretodo del Norte, con todo lo que éste consume. Entendemos que el modelo de crecimiento chino no es un modelo para el Sur.

La materialidad de todo lo que hace parte de la vida cotidiana de los países “desarrollados”, promocionada al mundo como modelo universal de bienestar, calidad de vida y progreso humano, depende enteramente de una demanda energética y ecológica irracional, construida históricamente mediante el saqueo continuo de la naturaleza y los pueblos del Sur. Para el Sur este modelo “petrolero” permitió perpetuar el intercambio desigual, la dependencia tecnológica, el endeudamiento, el empobrecimiento de los pueblos, el despojo de sus territorio y la desacralización de sus lugares sagrados. Hemos experimentado, desde el Sur, que el patrón de vida que disfruta la minoría del planeta, se mantiene con la explotación de la naturaleza y el trabajo humano, para alimentar los flujos de mercancías y servicios que históricamente han causado los cambios climáticos, el calentamiento global y la dominación colonial del Norte sobre el Sur.

En síntesis: el impulso prioritario de los agrocombustibles como sustitutos paulatinos del petróleo, es mantener la circulación global de mercancías y la demanda ambientalmente insustentable de energía y materias primas para promover como ideal universal el patrón de vida de las sociedades del Norte, en su lógica histórica de dependencia y explotación colonial sobre los ecosistemas y pueblos del Sur.

Nuestra respuesta a la falacia del balance energético positivo de los agrocombustibles verifica la devastación ecológica y social generada por la Revolución Verde (petrodependiente) y con los efectos de la agricultura industrial, que resulta en la pérdida de 75% de la biodiversidad a lo largo del último siglo, según la fao; además de haber promocionado la desarticulación de las agriculturas y mercados locales para imponer el sistema agroalimentario mundial a través de las corporaciones que controlan la cadena productiva con la mayor concentración de poder en el mundo —los agronegocios.

Entendemos que la única forma de superar la crisis climática y energética que amenaza definitivamente la continuidad de toda la vida en el planeta es la superación del capitalismo. La transición hacia una sociedad postpetrolera y un nuevo sentido del “desarrollo”, en la construcción de una vía de superación del capitalismo, será sobre bases ecológicas o no podrá ser.

La cuestión energética y la producción de alimentos son los ejes concretos e indivisibles de resistencia y de construcción de otro proyecto de sociedad, y de nuevas relaciones de intercambio entre los pueblos de la humanidad, y de éstos con la naturaleza, y así subvertir de facto la lógica colonial y de subordinación.

Acordamos que la lógica política de la nueva sociedad global en esta ruta de transición —y la estrategia de autonomía de los pueblos sobre sus territorios— deberá orientarse a partir de la premisa central de garantizar la soberanía energética en acuerdo y complementariedad con la defensa radical de la soberanía alimentaria.

Por tanto, el único debate consecuente sobre agrocombustibles debe enmarcarse en un nuevo paradigma de des-desarrollo que incluya una transformación estructural radical de toda la economía y de nuestro estilo de vida, y el desmantelamiento del macrosistema energético que sustenta y garantiza el poder global.

Son ejes del des-desarrollo:

▪des-urbanizar, para restituir la existencia de la población a escala humana, supliendo las necesidades en el mercado local y con fuentes de energía locales.

• des-globalizar el comercio y el transporte de mercancías, sobre todo agrícolas y alimentarias, para atacar la principal fuente de consumo de combustibles líquidos: los camiones refrigerados que transportan toda la cadena de carnes y lácteos, los aviones que transportan flores y frutas tropicales; los gigantescos navíos cerealeros movidos a diésel para llevar soja a Europa y a China, etcétera, que generan un flagrante balance energético negativo, y que sostienen el discurso ilusorio del “crecimiento”.

• des-tecnologizar la producción de alimentos, a partir de tomar los sistemas productivos como agroecosistemas donde la biodiversidad y la nutrición adecuada de los suelos reemplacen a las tecnologías puntuales y contaminantes derivadas del petróleo.

• des-petrolizar la economía; la mejor política contra el cambio climático es la eliminación de los combustibles fósiles, dejando el petróleo y el gas en el subsuelo. Eso no debe confundirse con soluciones ficticias como “descarbonizar la economía” o sea, promocionar el mercado de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio y la implementación conjunta que perpetúan el modelo petrolero destructivo, bajo la lógica del mercado.

• des-centralizar la generación y la distribución de energía, mediante tecnologías que no recreen la dependencia, y que garanticen el abastecimiento según las necesidades de la población local, lo que se diferencia de promover la privatización de la energía, o las fuentes “alternativas” bajo el argumento de “proveer acceso de energía para los pobres”. En otras palabras: recuperar y defender el principio de la energía como un servicio y no un negocio y una mercancía ofrecida en el mercado. En esta línea de argumentación debe construirse la soberanía energética.

Se trata de abrir esta agenda de debate en el seno de los sectores de “izquierda” en nuestras distintas regiones del globo, replanteando en términos radicales el entendido de una propuesta de enfrentamiento y superación del capitalismo en acuerdo con las contradicciones de la acumulación, en este momento histórico.

Por el rol estratégico de la región latinoamericana en la promoción e instalación del modelo global de agroenergía, y en vista a la Conferencia Internacional de Biocombustibles, auspiciada por la onu, a ser realizada en Brasil en julio de 2008, reafirmamos nuestra tarea de cuestionar entre los gobiernos promotores del Socialismo del Siglo xxi cuál será el modelo energético que sustentará esta propuesta, sin aceptar cooptaciones nacionales en el modelo propuesto por el capital.

Para que esta visión sea el fundamento de un programa político de la era postpetrolera, los abajo firmantes nos comprometemos a replantear nuestros posicionamientos —sin concesiones— como lo impone la radicalidad de la crisis ecológica y energética actual.

Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/1156-ataques-politicas-resistencia-relatos