Problemas
Febrero 2010

La oferta del país
como “oportunidades de negocios”
conduce a:

Ilustración de Pedro Mendez

Porque las transnacionales despliegan los agronegocios, la mega minería a cielo abierto, el agotamiento de hidrocarburos, la depredación marina, los mega emprendimientos turísticos e inmobiliarios, el dominio de las terminales en las automotrices… Así llevan a cabo el acaparamiento económico y territorial que resulta infortunios para los de abajo forzados a aceptar únicas opciones laborales, a ser mano de obra barata, a sufrir sequías e inundaciones, a enfermarse y morir a causa de la degradación ambiental, a estar desamparados por el Estado e incluso criminalizados, etc.

 

El «saqueo» significa hambre, desamparo total, superexplotación laboral y catástrofes socio-ambientales. Significa expulsión de las comunidades rurales y desaparición forzadas de los campesinos e indígenas.

 

Haití ejemplifica el empobrecimiento y la destrucción que lleva a cabo el capitalismo e imperialismo hasta dejar sin posibilidades de producción de sus alimentos ni de acceso al agua potable. A su vez, Argentina muestra cómo el «saqueo» se da como continuidad del avance en la transnacionalización tanto de la economía como del territorio.

 

HIPÓTESIS: I/II/III

 

I.

 

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
 

Planteo

Asociamos el «saqueo» con el modelo extractivo y explotación de aquellos elementos de la naturaleza que los oligopolios, a cuyo servicio funciona el capitalismo, aprecian para su acumulación de riqueza y poder. Haití ejemplifica sus consecuencias genocidas. Los poderes establecidos las atribuyen al terremoto y a la pobreza de las grandes mayorías de ese país hermano. Inculcan la creencia de que la causa es geológica y la vulnerabilidad de casi toda la población responde a su incapacidad de llevar a cabo el desarrollo social. Lo hacen con el objetivo de eludir la responsabilidad del sistema capitalista e imperialista. Está en nosotros -los de abajo- asumir como central la salida del «saqueo».

En consecuencia, intentemos indagar: a) ¿Por qué el hambre, el desamparo total, la superexplotación laboral y las catástrofes socio-ambientales provienen del «saqueo»?; b) ¿Cómo sustituir la restricción a valorar los recursos naturales de un lugar por el enfoque del manejo integral sobre el ecosistema humanizado de esa localidad o región sin aislarlo, al contrario, asumiendo sus interrelaciones e interacciones con los otros del país-continente?

 

Ideología

Desde medios públicos progresistas se emite señalamientos 'objetivos' tales como "miles de muertes por el terremoto en Haití" o "larga historia de Haití en la pobreza y los desastres naturales". Es decir, se comunica ideas reduccionistas que evaden poner en debate al capitalismo e imperialismo como causante de esa pauperización esclavizante, calamitosa y mortífera.

 

Ni siquiera han puesto en debate que la Minustha, constituida por fuerzas represoras predominantemente latinoamericanas, opere para la estabilización social desde junio de 2004, ni que haya sustituido a la policía local y se haga cargo de la seguridad de maquiladoras. Tampoco analizan que la ONU acaba de designar como jefe de la policía de Haití a un comandante argentino de gendarmería por "sus antecedentes en misiones de 'paz' alrededor del mundo". Tal naturalización de la ocupación militar y militarizada de Haití para garantizar el clima de súper negocios de las transnacionales parece responder a interpretarla como imprescindible a un Estado 'fallido' ya que recién hoy cuando EE.UU. asume directamente la invasión, se pronuncian contra ella y se solidarizan con el pueblo haitiano.

 

Anteponen la instalación de las fuerzas militares al hecho de que, como la Minustha, estén para garantizar el sometimiento del pueblo hermano a la expoliación extrema. De ahí la importancia de atender a reflexiones que nos comprometen con la real y efectiva situación de casi toda la población de Haití por ser ésta, a la vez, representativa o anticipativa de la que tortura a las grandes mayorías en el llamado Tercer Mundo. En efecto, advierten cómo la expoliación capitalista e imperialista:

 

1. Requiere acostumbrar a  un orden discriminatorio

 

Eduardo Galeano, en “Los pecados de Haití” (escrito el 26 de julio de 1996), argumenta respecto a cómo se sostuvo el avance en extremar la opresión: "La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién nacida, en los días de fiesta de 1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul Cedras. Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití y que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto.

El voto y el veto

Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura carnicera del general Cedras, los infantes de marina se llevaron 160 mil páginas de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno, pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo casi el 90 por ciento de los votos, pero más poder que Préval tiene cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni con un voto siquiera.
Más que el voto, puede el veto. Veto a las reformas: cada vez que Préval, o alguno de sus ministros, pide créditos internacionales para dar pan a los hambrientos, letras a los analfabetos o tierra a los campesinos, no recibe respuesta, o le contestan ordenándole:
-Recite la lección. Y como el gobierno haitiano no termina de aprender que hay que desmantelar los pocos servicios públicos que quedan, últimos pobres amparos para uno de los pueblos más desamparados del mundo, los profesores dan por perdido el examen.

 

La coartada demográfica

A fines del año pasado cuatro diputados alemanes visitaron Haití. No bien llegaron, la miseria del pueblo les golpeó los ojos. Entonces el embajador de Alemania les explicó, en Port-au-Prince, cuál es el problema:
-Este es un país superpoblado -dijo-. La mujer haitiana siempre quiere, y el hombre haitiano siempre puede.
Y se rió. Los diputados callaron. Esa noche, uno de ellos, Winfried Wolf, consultó las cifras. Y comprobó que Haití es, con El Salvador, el país más superpoblado de las Américas, pero está tan superpoblado como Alemania: tiene casi la misma cantidad de habitantes por quilómetro cuadrado.
En sus días en Haití, el diputado Wolf no sólo fue golpeado por la miseria: también fue deslumbrado por la capacidad de belleza de los pintores populares. Y llegó a la conclusión de que Haití está superpoblado… de artistas.
En realidad, la coartada demográfica es más o menos reciente. Hasta hace algunos años, las potencias occidentales hablaban más claro.

 

La tradición racista

Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas del City Bank y derogar el artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. Entonces Robert Lansing, secretario de Estado, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, que tiene “una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización”. Uno de los responsables de la invasión, William Philips, había incubado tiempo antes la sagaz idea: “Este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la civilización que habían dejado los franceses”.
Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Francia: una gran plantación de azúcar, con mano de obra esclava. En El espíritu de las leyes, Montesquieu lo había explicado sin pelos en la lengua: “El azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro”.
En cambio, Dios había puesto un látigo en la mano del mayoral. Los esclavos no se distinguían por su voluntad de trabajo. Los negros eran esclavos por naturaleza y vagos también por naturaleza, y la naturaleza, cómplice del orden social, era obra de Dios: el esclavo debía servir al amo y el amo debía castigar al esclavo, que no mostraba el menor entusiasmo a la hora de cumplir con el designio divino. Karl von Linneo, contemporáneo de Montesquieu, había retratado al negro con precisión científica: “Vagabundo, perezoso, negligente, indolente y de costumbres disolutas”. Más generosamente, otro contemporáneo, David Hume, había comprobado que el negro “puede desarrollar ciertas habilidades humanas, como el loro que habla algunas palabras”.

 

La humillación imperdonable

En 1803 los negros de Haití propinaron tremenda paliza a las tropas de Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó jamás esta humillación infligida a la raza blanca. Haití fue el primer país libre de las Américas. Estados Unidos había conquistado antes su independencia, pero tenía medio millón de esclavos trabajando en las plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que era dueño de esclavos, decía que todos los hombres son iguales, pero también decía que los negros han sido, son y serán inferiores.
La bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana había sido devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada por las calamidades de la guerra contra Francia, y una tercera parte de la población había caído en el combate. Entonces empezó el bloqueo. La nación recién nacida fue condenada a la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía.

 

El delito de la dignidad

Ni siquiera Simón Bolívar, que tan valiente supo ser, tuvo el coraje de firmar el reconocimiento diplomático del país negro. Bolívar había podido reiniciar su lucha por la independencia americana, cuando ya España lo había derrotado, gracias al apoyo de Haití. El gobierno haitiano le había entregado siete naves y muchas armas y soldados, con la única condición de que Bolívar liberara a los esclavos, una idea que al Libertador no se le había ocurrido. Bolívar cumplió con este compromiso, pero después de su victoria, cuando ya gobernaba la Gran Colombia, dio la espalda al país que lo había salvado. Y cuando convocó a las naciones americanas a la reunión de Panamá, no invitó a Haití pero invitó a Inglaterra.
Estados Unidos reconoció a Haití recién sesenta años después del fin de la guerra de independencia, mientras Etienne Serres, un genio francés de la anatomía, descubría en París que los negros son primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Para entonces, Haití ya estaba en manos de carniceras dictaduras militares, que destinaban los famélicos recursos del país al pago de la deuda francesa: Europa había impuesto a Haití la obligación de pagar a Francia una indemnización gigantesca, a modo de perdón por haber cometido el delito de la dignidad.
La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental".

Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/01/15/los-pecados-de-haiti / 15-1-10

 

2. Arrasa sociedades y ecosistemas

 

Claude-Marie Vadrit (Politis) titula "Haití, un país destruido social y ecológicamente en las últimas décadas con la complicidad de EE.UU. y la ONU", aclara: "Ya se ocuparán otros de anunciar las cifras de la nueva desgracia que acaba de abatirse sobre Haití. Yo sólo quiero recordar ahora hasta qué punto esta isla de la que he venido realizando numerosos reportajes periodísticos ha sido destruida social y ecológicamente en las últimas décadas con la complicidad de los EEUU y de la ONU.

Viajando a bordo de una de las avionetas que comunican Santo Domingo con Puerto Príncipe, la capital de Haití, es ocioso que el piloto anuncie la frontera: para comprender que se comienza a volar sobre paisaje haitiano, basta percatarse del momento en que los árboles desaparecen bruscamente. En cosa de minutos, Haití apenas ofrece otra cosa que una sucesión de montes pelados: esta parte de la isla que apenas tiene el tamaño de Bélgica y suma 8 millones de habitantes y que fue otrora conocida como “la perla de las Antillas” se ve desde aire como un mundo lunar surcado por cauces carente de agua cuando no llueve.

El penoso estado de la mitad de la antigua Española viene a añadirse al sinnúmero de desdichas, a los miles de muertos, a los millares de exilados generados por los Duvalier, dictador padre y dictador hijo. Les sucedió Jean-Bertrand Aristide, el cura secularizado que, antes de ser depuesto, llegó a acumular con su abogada y esposa cerca de 850 millones de dólares de fortuna personal, sin duda para “sus pobres” de la Ciudad del Sol, los que le llevaron al poder en los años 80. Haití sufre uno de los medioambientes más degradados de las Américas: uno de los pocos estados del planeta en los que la historia del país se confunde totalmente, y de continuo, con la degradación de la naturaleza y del medio ambiente, porque los sucesores de los chiflados y de los dictadores no lo han hecho mejor.

En la región de Bombardópolis, en el extremo este, los campesinos se han visto reducidos con los años a desenterrar las raíces de los árboles para convertirlas en carbón vegetal. Porque hace mucho ya que cortaron los árboles. Venden este carbón, éste y otro que producen a partir de troncos que van encontrando todavía, para ganarse unas cuantas gourdes, la moneda local sin apenas valor. El grueso de los haitianos, señaladamente en la región de Gonaïves y en el norte, cocina con este combustible la poca comida que le separa de la muerte por inanición. Dos tercios de los haitianos, sobre todo en el norte y en el este, no tienen otra cosa que ese carbón vegetal, vendido a sacos a pie de carretera. La cubierta forestal de Haití se reduce ya a menos del 1% de la superficie.

 

Los árboles fueron primero víctimas del cultivo de la caña de azúcar y del café; luego, de una exportación incontrolada que enriqueció a la clase dominante y a los norteamericanos. Lo poco que queda, sirve de “leña de fuego”, como se dice en África, o de base para el carbón vegetal. La pugnaz competición que enfrenta a campesinos pobres con campesinos –un millón— sin tierras se solapa con los enfrentamientos entre bandas armadas. Las fuerzas de las Naciones Unidas no han logrado poner más orden en esos problemas que una clase política que, reproduciéndose de forma idéntica lustro tras lustro, ha perdido todo vínculo con una población en situación de abandono: el 1% de la población acapara al menos el 60% de la riqueza de un país abocado a la autodestrucción.

 

Cada año, lluvias más y más devastadoras a causa de las alteraciones climáticas que multiplican la violencia de huracanes y ciclones se precipitan sobre una superficie incapaz ya de retener tierra cultivable. Las tierras transportadas ni siquiera se detienen ya en los llanos, y ganan la costa: cada año, entre 37 y 40 millones de toneladas de tierra van a dar en la mar, y sólo el 10% del agua de lluvia penetra en el suelo. El resto discurre rápidamente sobre unos suelos encallecidos en la imposibilidad de que la retenga cualquier vegetación. Múltiples consecuencias: la irremediable alteración de los microclimas de la isla, el agostamiento de mantos freáticos vitales, 400 ríos o desaparecidos o con caudales que fluyen apenas unas semanas al año.

 

Como en el caso de la leña, unas hostilidades pseudopolíticas enfrentan entre sí a los campesinos y a los campesinos con los grandes propietarios por el control del agua subsistente: se forman bandas que matan por el control de un simple canal de irrigación. Esta sequía progresiva ha llegado a un nivel inquietante en la segunda mitad de los 90, trayendo consigo la desaparición de los abundantes peces de agua dulce que constituían el alimento básico de muchos habitantes. En la llanura de la Arbonita, hacia el norte, los propios risicultores ya no tienen agua bastante para sus cultivos de arroz.

Una paradoja para un país en el que llueve desde luego mucho durante la mayor parte del año. Y año tras año desaparecen risicultores, porque los EEUU exportan a Haití 250.000 toneladas de arroz norteamericano públicamente subvencionado, y por lo mismo, menos caro que el arroz local que se compra en los mercados.

Cada año, millares de personas pierden la vida a causa de las inundaciones que transforman la menor pendiente en un torrente furioso. Decenas de veces al año, un pequeño viento huracanado que dure media hora basta para que Puerto Príncipe, rodeado de colinas, se vea invadido desde las alturas de la capital por toneladas de detritus que se acumulan en las calles de la baja ciudad, en donde viven los más pobres. En la Ciudad del Sol, el suburbio costero más miserable, el bastión desde el que Aristide lanzó su carrera como sacerdote y luego como político, la densidad demográfica es de 10 personas por metro cuadrado: algunas familias llegan incluso a turnarse para dormir en las chabolas que uno de cada dos huracanes o destruye o inunda.

 

En este universo ecológicamente catastrófico que, desde 1940, ha perdido dos tercios de sus tierras cultivables la esperanza de vida ha retrocedido hasta los 52 años, lo que se explica, en parte, por una de las mortalidades infantiles –insalubridad mediante— más altas del mundo: 77 por mil. El Sida, desde luego, pero también todas las enfermedades contagiosas posible e imaginables, incluidas las que hace tiempo desaparecieron ya del resto del continente americano. El estado del agua refleja, a la vez, el estado del medio ambiente y el estado de un país, uno de cuyos escritores se preguntaba recientemente “si, a pesar de las apariencias, existe realmente”.

 

A todas estas desgracias hay que añadir la contaminación atmosférica generada por la circulación urbana de Puerto Príncipe y por las fábricas instaladas en el país, señaladamente alrededor de la capital. No hay la menor legislación reguladora de los residuos lanzados a la atmósfera por las instalaciones industriales. Y causa de eso, y también con ánimo de sacar provecho de una mano de obra más barata todavía que la asiática y de una legislación defiscalizada, muchas empresas norteamericanas e internacionales han instalado plantas de producción en Haití. Contaminan, salvo, claro está, en las zonas altas de la capital, en las que viven, por encima de la nube fétida, los propietarios de unos 4 X 4 con cristales opacos blindados que, bajo la protección de guardias privados, salen de una mansiones que más que villas parecen muchas veces verdaderos castillos. Castillos bien provistos de cámaras de vigilancia…

Dos proverbios haitianos, uno en francés y otro en creole, resumen la situación de un país del que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dejó dicho en 2003: “El mundo no tienen la menor idea del horror de la situación que se vive en Haití.” El primero: “Un negro rico es un creole, un creole pobre es un negro”; el segundo, en creole: “En Haití es el blanco quien decide”. “Blanco”, en Haití, quiere decir “extranjero”. Nada autoriza a pensar que, desde el punto de vista de la naturaleza y del medio ambiente, lo mismo que desde el punto de vista político, la situación pueda cambiar a corto plazo. Pues, como explicaba un diplomático francés durante una de las numerosas crisis: “Para salir del hoyo hay que empezar al menos a dejar de cavar”. El terremoto no es sino una desgracia más para este pueblo apasionante que se debate entre la desaparición y la muerte".

Claude-Marie Vadrot es un periodista que ha trabajado muchos años para Canard Enchainé y Matin. Ha publicado una trentena de libros sobra la URSS y sobre Rusia. Ha sido profesor de geografía y ecología en la Universidad de París 8-Vincennes.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

Fuente original: http://www.politis.fr/Haiti-le-tremblement-de-terre,9221.html

Fuente: www,rebelion.org  /América Latina :: Usos y abusos de Haití/ 19-1-10

 

 

3. Afirma su continuidad aprovechando catástrofes socioambientales

 

A. Por despliegue de 'asistencia'

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info), en "Haití recibe ayuda 'humanitaria' de cínicos saqueadores que lo han mantenido en la miseria y el hambre", subraya:

“Las ayudas son una falacia de los países ricos”

B. Por avance en sus planes de ocupación y dominio absoluto
 José Luís Vivas – Alai, destaca:

"Haití: Estrategia del caos para una invasión"

“El terremoto que arrasó Puerto Príncipe el 12 de enero pasado ofrece una pretexto inmejorable para justificar la enésima invasión y ocupación militar del Haití, ya ocupado desde 2004, pero ahora directamente por los principales promotores de esa ocupación, sin intermediarios. Motivos, políticos y estratégicos, no faltan. De paso, serviría para escarmentar al principal intermediario de la actual ocupación, Brasil, que a pesar de los buenos servicios prestados en Haití no se ha portado de la misma forma en relación al reciente golpe de Estado en Honduras.

Lo que hemos observado hasta el momento parece corroborar la tesis de que se está preparando una nueva ocupación militar, no humanitaria. Varios elementos lo indican como: fricciones con los actuales ocupantes, la Misión de Paz (MINUSTAH) de la ONU, especialmente con Brasil, que tiene el mando militar; entorpecimiento de la ayuda humanitaria y fomento de una situación de caos; y una campaña mediática consistente en la creación de una imagen de caos y violencia, que justificaría una ocupación ante la opinión pública. Como veremos abajo, todos esos componentes parecen estar presentes.

Hay motivos para sospechar que se está permitiendo deliberadamente el deterioro de la situación humanitaria en Haití. Por ejemplo la reconocida descoordinación en las tareas de rescate, ampliamente difundida por los medios. En teoría, correspondería a la ONU dirigir tales tareas, pero al parecer ésta ha sido desautorizada por los Estados Unidos, que ocupó desde primera hora uno de los puntos claves para la coordinación de las tareas de rescate, el aeropuerto. Sin el liderazgo de la ONU, y con un Estado haitiano “fallido” o, en lenguaje menos Orwelliano, quebrado de forma premeditada, no queda nadie que pueda dirigir las tareas de rescate eficientemente. Ciertamente tampoco las ONGs, que han venido recibiendo fondos internacionales para ejercer muchas de las funciones que deberían corresponder al gobierno haitiano. A las ONGs no se les puede exigir las mismas responsabilidades que a un gobierno, un hecho tal vez muy conveniente en estos momentos.

 

Otro elemento es la escasa prisa en el envío de ayudas por parte de EEUU, en contraste con la rapidez demostrada en a movilización militar. Incluso la distante China parece haberse adelantado a los Estados Unidos en el envío de auxilio. Así, el teniente general retirado del ejército estadounidense, Russell Honoré, que participó en las tareas de rescate tras el huracán Katrina en 2005, declaraba acerca de la situación de Haití tras el terremoto: “pienso que eso ya hemos aprendido durante el Katrina, llevemos agua y alimentos y comencemos a evacuar a la gente… Pienso que deberíamos haber comenzado con más premura”. Por ejemplo, mientras las fuerzas armadas de EEUU parecen haber sido movilizadas con bastante rapidez, un buque hospital de la marina se está preparando con más parsimonia: “es un buque lento, algo viejo, tardará una semana en llegar una vez que lo hayamos puesto a punto”, aclara un portavoz del Pentágono. Quizá no puedan hacer nada mejor con el viejo buque, pero deberían existir otros medios para acelerar las ayudas. Por ejemplo, se podría seguir la sugerencia algo herética de Lawrence Korb, ex secretario asistente de Defensa de EEUU, de aprovechar los conocimientos de los cubanos en las tareas de rescate: “debemos pararnos y pensar que nuestro vecino Cuba cuenta con algunos de los mejores médicos del mundo… Deberíamos tratar de trasladarlos allí en en nuestros vuelos “.

 

Todo eso nos deja la impresión que, en el mejor de los casos, las tareas de rescate no son una prioridad para el gobierno de EEUU, al contrario de las puramente militares, como el envío de “3500 soldados de la 82 División Aerotransportada de Fort Bragg”, cuya misión “no está clara”, según el Christian Science Monitor. Pero quizá quede más clara con esta explicación del portavoz del Departamento de Estado de EEUU Philip Crowley: “Nosotros no estamos adueñándonos de Haití. Estamos ayudando a estabilizar el país. Estamos ayudando en el suministro de material y socorro para salvar vidas, y vamos a permanecer allí a largo plazo para ayudar a reconstruir Haití.”  Y también las palabras posteriores de la secretaria de Estado Hillary Clinton, asegurando que las fuerzas norteamericanas se quedarían en Haití “hoy, mañana, y previsiblemente en el futuro”.

 

Las fricciones diplomáticas con otros países, especialmente Brasil, que está al mando de las tropas de la ONU en Haití, no tardaron en manifestarse, lo que parece indicar también que la “misión” norteamericana en Haití va mucho más allá de lo puramente humanitario. Hasta hoy Brasil había cumplido diligentemente con el papel que le fue designado en Haití. Sus tropas se dedicaban a controlar y, en ocasiones, aterrorizar a la población haitiana, especialmente a los más pobres, de una forma que ya habían perfeccionado en las favelas de Brasil. Como informa en una entrevista el periodista Kim Ives, de Haiti Liberté, la presunta misión de la paz de la ONU en Haití, liderada por brasileños, “es extremadamente mal vista [por la población haitiana]. La gente está harta y cansada de que se estén gastando millones en ella, de observar como los muchachos se la pasan dando vueltas por todas partes dentro de tanques gigantescos y apuntándoles con los fusiles. Y es que, como sabes, esta es una fuerza cuya misión es la de someter al país”.

 

Era de esperar que los EEUU entraran en conflicto con Brasil al tener la intención de asumir un papel militar en Haití. El conflicto no tardó en producirse. En palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 14 de enero, “sería absolutamente deseable que todas esas fuerzas estuvieran coordinadas por el comandante de la MINUSTAH allí” . Pero los EEUU no aceptaron esta propuesta. Funcionarios del gobierno de EEUU han indicado que sus fuerzas “coordinarán” sus acciones con la dirección de la MINUSTAH, y nada más: “Vamos a actuar bajo comando de los EEUU en apoyo a una misión de la ONU en nombre del gobierno y del pueblo haitiano”, declara Crowley.

 

Como esa “coordinación” está funcionando se puede deducir de la reacción del ministro de defensa de Brasil, Nelson Jobim, criticando el control “unilateral” de EEUU sobre el aeropuerto de Puerto Príncipe, que según él se tomó sin que otros países fueran consultados, y que estaría entorpeciendo el aterrizaje de aviones de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) cargados de personal y mantenimientos. Como indica el diario brasileño Folha de São Paulo, esa situación “ha causado un pequeño problema diplomático entre Brasil y EEUU. Además de entorpecer el aterrizaje de los aviones de la FAB, los brasileños se quejan de que el control norteamericano habría impedido el acceso de la MINUSTAH (Misión de paz de la ONU en el Haití, liderada por brasileños) al local [el aeropuerto]” .

 

A pesar de declaraciones posteriores de Hillary Clinton a Jobim, asegurando que “las fuerzas norteamericanas van a cumplir funciones esencialmente humanitarias, sin interferir en la seguridad pública del país”, el hecho es que tales funciones “humanitarias” estarán comandados “no por agencias civiles del gobierno… sino por el Pentágono” , a través de SOUTHCOM (Comando Sur de los Estados Unidos), cuya misión es la de “conducir operaciones militares y promocionar la cooperación en seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”, como señala Michel Chossudovsky, del Global Research.

 

Otro elemento importante es la aparente instrumentalización de un supuesto estado de caos en Haití, al que también podría contribuir la quizás premeditada descoordinación en la distribución de la ayuda humanitaria. El objetivo aquí sería el de crear una imagen de caos y violencia que justifique la invasión ante la opinión pública, y para eso hay que contar con la colaboración estrecha de los grandes medios de información. Al menos los medios más afines al gobierno norteamericano parecen no haber perdido tiempo en este sentido. Desde el primer momento han tratado de dramatizar la situación, por ejemplo a través de la difusión de rumores de ráfagas de supuestos tiroteos, que nadie más en Puerto Príncipe parece haber oído, o de la formación de nuevas bandas criminales. Así, ya un par de días después del terremoto podíamos leer, en un artículo intitulado “¿Tomarán las bandas criminales el control del caos haitiano?”, las siguientes ominosas palabras: “cuando la oscuridad cubrió la ciudad de Puerto Príncipe, asolada por el terremoto, moradores informaron que habían oído tiros. Eso difícilmente constituía una sorpresa: en Haití, durante las emergencias – naturales o políticas – tiros pueden ser tan omnipresentes por la noche como el ladrido de los perros, con bandas armadas adueñándose de las calles”. El hecho de que nadie parece haber oído esos tiros ni visto tales pandillas adueñándose de las calles, puede indicar que la intención aquí es la de crear una falsa imagen de caos que haga más aceptable para la opinión pública una eventual invasión y ocupación del país.

 

La mayor parte de los medios machacan ahora con imágenes de caos y violencia. Pero hay excepciones. Así, como explica el coordinador del Canadian Haiti Action Network, Roger Annis, refiriéndose a un reportaje de la BBC que no muestra nada de esa supuesta violencia, este “contrasta fuertemente con las advertencias de saqueo y violencia que llena las ondas de canales de noticias tales como la CNN”, y que “están siendo reproducidas por el secretario de Defensa de EEUU Robert Gates”. Indagado por los medios acerca del motivo por el cual no se estaban lanzando provisiones desde el aire, Gates contesta que “me parece que lanzamientos desde el aire simplemente van a provocar disturbios”, que por lo visto Gates considera peor que la falta de provisiones.

 

Lo más macabro de todo esto es que las ayudas podrían no estar llegando a los damnificados debido a una intención deliberada de provocar ese mismo estado de caos y violencia que parece no existir hasta el momento. Según Roger Annis “está creciendo la evidencia acerca de una negligencia monstruosa hacia el pueblo haitiano tras el catastrófico terremoto de 3 días atrás. A medida que provisiones médicas vitales, alimentos, substancias químicas para purificación del agua y vehículos se están amontonando en el aeropuerto de Puerto Príncipe, y que los medios están informando de un esfuerzo internacional masivo para suministrar ayuda de emergencia, los moradores de la ciudad destrozada se preguntan cuándo podrán ver algún tipo de ayuda”.

 

El reportero de la BBC Andy Gallaguer declara también que anduvo por todas las partes de la capital durante el viernes, 15 de enero, y que “no observó nada más que cortesía de parte de los haitianos que encontró. En todas partes fue llevado por los moradores a ver lo que había sucedido en sus vecindarios, sus casas y sus vidas. Y entonces preguntaban: ¿dónde están las ayudas?”.  A la declaración del secretario de defensa norteamericano que motivos de “seguridad” estarían impidiendo la distribución de ayuda, Gallaguer contesta que “yo no estoy viendo nada de eso” . Sobre la situación en el aeropuerto, informa que “hay una gran cantidad de material en el suelo y mucha gente allí. Yo no sé qué problemas hay con la entrega” . Igualmente, según palabras de un observador local, “los agentes de los medios están buscando historias de haitianos desesperados que estén actuando de forma histérica. Cuando en realidad lo más común es verlos actuar de forma sosegada, mientras que la comunidad internacional, la élite y los políticos están desquiciados con ese tema, y ninguno parece tener la mínima idea de lo que está pasando” .

 

No solamente no hay planes de transportar a médicos cubanos a la isla, sino que la ocupación del aeropuerto se dio inmediatamente después de la llegada de 30 médicos cubanos para reunirse con los cerca de 300 que ya estaban en la isla desde hace más de un año. Y muchos sospechan que algo podría tener que ver con la ocupación del aeropuerto. Trinidad & Tobago Express, por ejemplo, informa que “una misión de ayuda emergencia de la Comunidad Caribeña [Caricom] a Haití, incluyendo a jefes de gobierno y funcionarios técnicos de relieve, no pudo obtener permiso este viernes para aterrizar en el aeropuerto de ese país devastado, ahora bajo control de los Estados Unidos.” Además, “indagado acerca de si las dificultades encontradas por la misión de Caricom podrían estar relacionadas con informes de que las autoridades norteamericanas no estarían ansiosas en facilitar el aterrizaje de naves procedentes de Cuba y Venezuela, el primer ministro Golding [de Jamaica] contestó que ‘solamente espero que no haya ninguna verdad en ese tipo de pensamiento inmaduro, a luz de la espantosa extensión de la tragedia de Haití’…”.

 

El siguiente testimonio del director del Ciné Institute de Jacmel, David Belle, también contradice radicalmente la imagen de caos y violencia difundida por los medios. “Me han contado que muchos medios informativos norteamericanos pintan Haití como un polvorín a punto de explotar. Me han dicho que los reportajes principales de los grandes medios solo hablan de violencia y caos. Nada hay más lejos de la realidad… Ni una sola vez he sido testigo de un solo acto de agresión o violencia. Al contrario, hemos visto a vecinos ayudando a vecinos y amigos ayudando a amigos y extraños. Hemos visto a vecinos excavando en los escombros con las manos desnudas para encontrar a supervivientes. Hemos visto a curanderos tradicionales tratando a los heridos; hemos visto ceremonias solemnes ante entierros colectivos, y a moradores esperando pacientemente, bajo un sol abrasador, con nada más que unas pocas pertenencias que les quedaron. Una ciudad mutilada de dos millones de seres esperando ayuda, medicina, alimento y agua. La mayoría no ha recibido nada. Haití puede enorgullecerse de sus sobrevivientes. Su dignidad y decencia frente a esta tragedia son en sí mismas asombrosas”.

Todos esos elementos justifican la sospecha de que está en marcha una macabra estrategia del caos para justificar una invasión y ocupación que por lo visto nada tendrá de humanitaria".

Fuente: http://www.dariovive.org/ LatinoAméricAhora - Haití / 22.Ene.2010

 

En consecuencia, el único capitalismo existente (y posible por su superlativa concentración y centralización tanto en cada país como en el mundo), devasta las riquezas y las condiciones vitales que la naturaleza ofrece en todos los países sometidos a proveer al Mercado e industrias de los oligopolios y Estados imperialistas. Impone la exportación y la gran escala de la correspondiente producción e infraestructura con el justificativo de que de ese modo se generará bienestar para la inmensa mayoría de la población que, sin embargo, se empobrece cada vez más así como el país.

 

Pero el «saqueo» implica no sólo enriquecimiento de monopolios por expansión y profundización de la pauperización entre los de abajo sino, también, consolidación de la sumisión al sistema opresor. Haití ejemplifica el empobrecimiento y la destrucción que lleva a cabo el capitalismo e imperialismo hasta dejar sin posibilidades de producción de sus alimentos ni de acceso al agua potable. A su vez, Argentina muestra cómo el «saqueo» se da como continuidad del avance en la transnacionalización tanto de la economía como del territorio.

 

Durante los gobiernos de los Kirchner, el extraordinario crecimiento implicó la intensificación del dominio oligopólico dedicados a: los agronegocios, el vaciamiento de hidrocarburos, la mega minería a cielo abierto, la depredación marítima, la deforestación, los mega emprendimientos turísticos e inmobiliarios y la IIRSA que refuerza la destrucción del sistema fluvial y de humedales y de otros ecosistemas. Son formas de ocupación e invasión que desertifican arrasando las condiciones de vida y trabajo y desalojando las comunidades locales no sólo por asfixia sino, también, por aplicación de la violencia de fuerzas estatales y paraestatales.  

 

Premisas e hipótesis

Tengamos en cuenta que Haití anticipa hacia dónde nos conduce el alabado crecimiento económico de Argentina que consiste en «saqueo». Leamos a Xavier Caño Tamayo.

 

Xavier Caño Tamayo (CCS) que, en "El verdadero origen de la tragedia de Haití", pregunta: "¿Por qué ha ocurrido esa catástrofe? Sólo he oído exponer la causa última de la tragedia de Haití al buen periodista que es el reportero Vicente Romero, enviado a Haití, y a un portavoz de Intermón Oxfam. La tragedia ha sido tan cuantiosa porque en Puerto Príncipe, la capital, se hacinaban miles y miles de personas pobres que huyeron hace años de las zonas rurales y se instalaron allí en viviendas precarias; villas miseria, favelas, bidonvilles o como quieran llamar a esos agujeros de pobreza y marginalidad.

 

¿Y porqué se desplazaron en masa del campo a la capital? Porqué se quedaron sin trabajo ni posibilidad de tenerlo. ¿Y por qué ese desempleo masivo? Porque los genios del Fondo Monetario Internacional decidieron “liberalizar” el mercado del arroz en aras del “libre comercio”. Es decir, desposeyeron a Haití de la potestad de poner aranceles al arroz extranjero.

 

El resultado fue que cultivadores y recolectores de arroz de Haití quedaron a merced del sector arrocero estadounidense, subvencionado por el gobierno de los Estados Unidos. Arruinaron el arroz haitiano, vendiendo Estados Unidos el suyo mucho más barato; de hecho por debajo del precio de coste. Ésa es la libertad de comercio que entienden los Estados poderosos, las organizaciones económicas internacionales y las minorías privilegiadas y codiciosas a cuyo leal servicio están.

 

La película real de los hechos es ésta: el sector arrocero haitiano se hunde, los campesinos haitianos emigran a su capital y se amontonan en viviendas precarias, se produce el terremoto y las endebles viviendas (y otras que parece que no lo son) se hunden. Muchos haitianos mueren, otros muchos quedan heridos y todos sin hogar ni medios ni nada de nada deambulan por las calles de Puerto Príncipe sin futuro ni horizonte.

 

¿Por qué en Japón (tierra de terremotos) cuando tiembla la tierra no hay muertos o muy pocos? ¿Será porque los edificios están construidos con todos los avances arquitectónicos contra terremotos? ¿Tendrá que ver el grado de pobreza o riqueza de un país con que las catástrofes naturales sean letales o no?

 

Y ese grado de pobreza o riqueza, de desarrollo, ¿tiene que ver con la justicia y equidad (o no) de un sistema voraz, codicioso y predador como es el capitalista neoliberal?".

Fuente: www.argenpress.info / 25-1-10
 

En los crecientes asentamientos precarios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano se comprueba que 7 de cada 10 familias provienen del medio rural. Drama que nos interpela a involucrarnos en identificarnos como expulsados -todos- de esos territorios y forzados a malvivir hacinados e incluidos en mecanismos alienantes de supervivencia.

 

Comprometernos nos exige «otra mirada» sobre el desarrollo de la producción agropecuaria, de las economías regionales, de la pesca, etc. Para concretarla precisamos cambiar la lógica del gran capital que exclusivamente se consagra a perfeccionar el vaciamiento o la superexplotación de componentes naturales sin importarle causar el empobrecimiento y desamparo extremos ni los desequilibrios ecológicos que causa. En suma, el desafío es poner fin a la impunidad de privilegiar la extracción de los recursos naturales sobre la vida, el presente y el futuro de los pueblos.

 

Nosotros, los de abajo, podemos desentramparnos de la fijación en los recursos naturales que los oligopolios (adueñados del planeta) nos imponen  gracias a convertir a los factores locales de poder en sus socios menores. Se trata de organizarnos en función de objetivos comunes cuya formulación parte de que asumamos las reivindicaciones medulares de nosotros. Consideremos derechos a conquistar como:

 

1. La toma de posesión de trabajos genuinos

 

Es cuestión de liberarse del trabajo cuya finalidad esencial reside en la acumulación sideral de riquezas y poder de oligopolios locales e imperialistas sin importar quitar alimentos, agua, tierras, etc. a una creciente mayoría. Es recuperar el trabajo como transformador de la naturaleza para garantizar las necesidades básicas de todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno; los ámbitos adecuados de las diversas actividades humanas y la persistencia en el progreso de los dos últimos procesos. Esta recuperación del trabajo en sus sentidos antropológicos se completa con sus consecuencias culturales de plenitud feliz sobre las personas y los grupos sociales que lo realizan.

 

El autoproclamado gobierno popular y nacional o de los derechos humanos alardea de un modelo productivo que ocupa laboralmente pero a través de empleos esclavizantes como los de los servicios, la tercerización y la economía informal. En los agro negocios y en la construcción que constituyen motores del elogiado crecimiento económico, los empleos no sólo -en un 70%- despojan a los trabajadores de sus derechos sino, también, los arriesgan a perder, acortar o mutilar sus vidas.

 

Entonces, el gobierno K prosigue la política de estado de superexplotación laboral que la alianza del imperialismo con los factores locales de poder impuso con Estado terrorista. Porque condena a rehenes de la precarización laboral a una mitad de los trabajadores ocupados de Argentina y a la otra mitad la registra pero con salarios de pobreza. Hace posible lo último mediante la unión con la CGT, acuerdan conminar a la aceptación de ser mano de obra barata según exige la alta rentabilidad del gran empresariado. Para peor, los trabajadores consumen sus vida en ocupaciones laborales que arruinan el presente y el futuro en común. Están subordinados e incluidos en hacer viable el sistema de saqueo tanto en sus ocupaciones laborales y en sus modos de consumo como en sus ciudadanías de baja intensidad.

 

De ahí que varias son las luchas que tienden a romper con esa resignación y obediencia debida a los poderes establecidos:

 

2. El disfrute de nuestra dignidad de vida y trabajo

 

Es desafío a poner fin al desarrollo capitalista mediante superexplotación de nosotros y nuestros territorios socioculturales. Implica enfrentamiento con el poder económico y político de Argentina en manos de oligopolios imperialistas gracias al contubernio con los grandes capitales locales y los otros factores locales de poder.

 

Para adentrarnos en esa toma de partido escuchemos a Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA) que relatan:

 

"Una veintena de organizaciones sociales patagónicas (mayormente vecinos autoconvocados, centros estudiantiles y sindicatos de la provincia de Chubut) conformaron el Foro Ambiental Social de la Patagonia (FASP) luego de dos eventos (uno en Comodoro Rivadavia y el otro en Trelew) celebrados en junio y septiembre de 2008, para tratar los «temas calientes» relacionados a la actividad extractiva y el agua en la región.

 

Casualmente, a una semana de celebrarse la Navidad del año 2009, el FASP lanzó una campaña de firmas dirigida a los poderes del Estado de la provincia de Chubut en oposición a la megaminería a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas y rechazando uno de los proyectos mineros más avanzados sobre el territorio: el Proyecto Navidad, ubicado en la localidad de Gastre, en el norte provincial.

 

La campaña del FASP considera anticonstitucional a este proyecto ya que viola el artículo 41 de la Carta Magna argentina y la ley provincial 5.001, además de «ser perjudicial para el desarrollo sustentable, el ambiente y la salud de las poblaciones de la meseta y de toda la provincia».

 

La Ley 5.001, sancionada en abril de 2003, prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Desde el foro pidieron que los chubutenses sean informados sobre la puesta en marcha de estos emprendimientos, a los que rechazan por producir la contaminación y el deterioro de las economías regionales.

 

Según el sitio web Argentina Mining, cuyos responsables son organizadores del evento internacional «premium» de la minería Argentina que se desarrolla en el país cada dos años, Navidad figura como uno de los proyectos mineros más avanzados y es considerado uno de los mayores reservorios de plata del mundo. El proyecto estaría operado por la canadiense Pan American Silver Corp., compañía que recientemente adquirió a su compatriota Aquiline Resources Inc., original responsable de Navidad.

 

«El desafío ahora está puesto de cara a 2010 (...); la compañía deberá insertarse en una provincia con una prohibición sobre la minería a cielo abierto y al uso del cianuro. A pesar de esto, son muy optimistas frente al futuro: el gobierno ha expresado su interés en permitir que la minería se lleve a cabo», informaba en diciembre de 2009 el mismo sitio.

 

«Es ridículo esto. Es ridículo lo que está pasando, lo que se está permitiendo. Esto ocurre claramente porque hay una base de corrupción muy grande en nuestro país. Es como si fuese una matriz, un montón de elementos que están alrededor del tema minero; la corrupción y la falta de ética, esas brillan», explica Fabián García, uno de los pobladores que desde el año pasado participa de las actividades y debates que plantea el Foro Ambiental y Social de la Patagonia.

 

―Desde el FASP lanzaron una campaña de firmas, ¿en qué consiste?

 García.―El comienzo de la campaña consiste en ir juntando la opinión ya manifiesta de la gente en relación al tema de la minería en la provincia. El Gobierno pretende relanzar el tema minero, aún cuando hay una ley claramente que lo impide. Nosotros estamos diciendo que la ley tiene que ser respetada. El tema de la minería ni siquiera ha empezado y ya tiene problemas de enfrentamiento entre la gente. Desde el comienzo, el tema de la minería es un problema; estamos hablando siempre de la megaminería. La campaña de firmas intenta manifestar la opinión de la gente respecto de que esto tiene que continuar como está. Es decir, la megaminería no tiene futuro, esa es la postura que estamos teniendo en la calle. La megaminería trae muchos problemas; para decirlo de forma sencilla: te están jodiendo en frente de tu cara y encima tenés que pagar para eso. Te están robando, te están contaminando. Esta es nuestra postura y la estamos haciendo conocer; la campaña de firmas es una de las formas.

 

―La ley provincial que mencionás, la 5.001, prohíbe algunos tipos de minería, ¿cuáles son?, ¿cuándo fue sancionada?

García.―A cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas, o sea, justo esta. Fue en el año 2003, si mal no recuerdo. Después, hay un par de leyes más específicas para las zonas noroeste y suroeste de la provincia, donde no se permiten ni siquiera los cateos, ni la exploración, ni nada por el estilo. La Ley 5.001 impide la explotación. Vos no podés explotar, pero las empresas mineras encontraron el vericueto de que podían seguir explorando, que es lo que pasa hoy en Navidad. Imaginate un mapa de la provincia de Chubut, más o menos toda la zona cordillerana está impedida de cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la megaminería. Ni siquiera se puede ir a ver si hay filones de lo que sea.

 

―¿Y los proyectos más avanzados cuáles son?

García.―El proyecto más importante sobre la mesa es el Proyecto Navidad, que está fuera de ese área, es decir, que está dentro del área donde está permitida la exploración. La Ley 5.001 impide la explotación. A ver si se entiende cuál es el mecanismo: siguieron explorando y llegan hoy con el emprendimiento Navidad, que está listo como para hacerlo. Llegamos al año 2010 y estamos con que saben qué hay. Lo único que les falta es derogar la ley, que es la que impide lo que ellos quieren. La campaña dice claramente que la 5.001 tiene que seguir vigente, la megaminería en la provincia no tiene lugar. Que todo ese esfuerzo y esa energía se ponga en camino de desarrollo real. Uno de los argumentos que se utilizan es que en la meseta central de la provincia lo único que queda es el desarrollo minero, porque no hay otra forma de hacer que la gente pueda vivir en sus campos, porque no hay grandes ciudades. Entonces, la única alternativa que aparece es la megaminería. No es así, hay otras formas de hacer las cosas, está el tema de la producción de lanares, el aprovechamiento total de tejidos; Chubut tiene una meseta donde sopla muchísimo viento y se pueden hacer emprendimientos de ese tipo. Hay muchas otras formas de que la provincia avance, y no metiéndonos con el tema de la megaminería. La minería te saquea, es cierto, porque de lo que te dan y lo que te quitan, en los números perdés. La contaminación es real, lo que usa está perdido para siempre. El tema de lo social: hay un avasallamiento de los derechos de todos los que están ahí. El sistema minero argentino dice que si sos una persona que tiene un campo sos propietario de lo que está por arriba del campo y lo de abajo es del Estado. Está bastante interesante que sea el Estado el que maneje sus recursos, el tema es cómo. Está entregado a precio vil y en condiciones hasta de usurpación de la soberanía.

 

―¿Quiénes están integrando el FASP?, ¿cuándo surge el espacio?

García.―En junio de 2008, una vecina de Comodoro Rivadavia empujó y logró armar en el ámbito de la universidad un foro donde se hablaba, en ese momento en particular y uno de los temas calientes asociados a la megaminería, del tema del agua. En particular, en Comodoro tenían una situación donde iban a construir un dique que en apariencia favorecía las cosas, pero en realidad era una entrega de los recursos hídricos de la provincia a manos de una privatizadora. En ese momento, la problemática era el agua en la zona de Comodoro y, rápidamente, se asociaron los otros temas pendientes. El tema de la megaminería surgió de forma natural; otro de los temas es qué pasa con el petróleo. El combo es bastante importante. En septiembre hacemos una réplica del foro acá en el ámbito de la Universidad de la Patagonia, un nuevo encuentro acá en Trelew, y a principios de este año (2009) se arma la primera gente que está trabajando en Madryn. El foro tiene tres sedes en este momento y estamos pensando en apoyar a otros vecinos que quieren armar otras en otras localidades.

 

―¿Todo dentro de la provincia de Chubut?

García.―En realidad el tema se extiende al norte de la provincia de Santa Cruz y el sur de la provincia de Río Negro. Tenés el sur de Río Negro con el Proyecto Calcatreu, que es un proyecto minero, y hacia el sur está toda la zona de Vanguardia, con los emprendimientos mineros del norte de Santa Cruz que tienen en desarrollo los problemas de acá: el tema del uso del agua es fundamental. Para nosotros la concepción de una reserva de agua que en la meseta sea utilizada para la megaminería es una cosa impensable. Si vamos a usar agua, vamos a usar agua para regar, para lo que sea útil y necesario, no vamos a desperdiciar nada en este tipo de emprendimientos que no nos dejan nada, y lo que nos dejan, es problema tras problema. El foro está ahora en la tarea de hacerle saber a los vecinos cómo es la situación, cómo la vemos, y la campaña de firmas es una forma de manifestar la opinión de la sociedad civil. Esta Legislatura, que sería la que derogaría la Ley 5.001, es muy afín a los intereses del Gobierno actual. Damos por sentado que simplemente van a dar la órden. La cuestión es que la gente esto lo tiene que saber.

 

―¿En el foro confluyen diferentes tipos de organizaciones sociales?, ¿hay vecinos que se convocaron en función de la creación de un nuevo espacio?

García.―Hay de todo, hay organizaciones que forman parte, hay sindicatos que forman parte, hay ONG que forman parte, hay vecinos que formamos parte, hay de todo. La premisa de acercarse al foro es simplemente decir quién es y de dónde viene: está todo bien si viene de un sindicato, está todo bien si viene de un partido político, siempre en el sentido de que viene a un tema específico que es común. Lo que no se puede hacer en el foro es llevar agua para su molino. Vamos todos por una sola senda que es que vivamos todos mejor y cada uno lo aporta desde ese lado. En ese sentido, está bastante buena la conformación del foro.

 

―¿Sentís que a medida que van avanzando los intereses de la industria minera en algunas provincias las legislaciones que se fueron sancionando en los últimos años comienzan a peligrar?

García.―Es así. Toda la industria de la megaminería, comenzando por todas las corporaciones que ya tienen proyectos en desarrollo, obviamente están en eso. Si uno revisa las provincias que tienen la prohibición de la megaminería y cuál es la situación, se está haciendo el lobby para bajar las leyes que la impiden. En este devenir de las cosas es lo natural. No lo veo como un temor, es un hecho. Lo que vos percibís es eso, están forzando las cosas para que Chubut claramente levante la Ley 5.001 y avance el desarrollo minero. Lo mismo en las provincias como Mendoza y las provincias que tienen otras prohibiciones. Están todas jaqueadas y los movimientos vecinales autoconvocados o como se llamen lo tienen absolutamente claro. Su existencia responde a las presiones que vienen del otro lado. Creo que todos en el país asumimos la mejor forma de vivir en un lugar limpio y que no te roben, que el desarrollo sea acorde a tu geografía, las cosas como deberían ser, no esto. La clara visión de todos nosotros es que no lo van a hacer: olvídense. Las circunstancias, el lugar, no solamente somos nosotros, sino los que vienen atrás de nosotros, porque no hay otra forma de verlo.

 

―Algo que también planteaban Uds. es que la minería atenta contra las economías regionales.

García.―Claro, porque por hacer una cosa no se hace lo que se debería estar haciendo, que es el fomento de los otros tipos de industrias mucho más limpias, mucho más artesanales, mucho más armónicas, y le están dando importancia a esto, que tiene un montón de prebendas, que tiene un montón de facilidades. La parte de ingeniería de la mina en su conjunto tiene un montón de lugares donde no hace los aportes que tienen que hacer y que podrían hacer, y además se llevan lo que no les corresponde. La generación de empleo que hacen, por ejemplo, son todos trabajos muy especializados y la empresa viene con su gente. Pueden generar una corriente de servicios, pero dar 20 ó 30 puestos de trabajo en un lugar a cambio de dejar todo el pasivo que te están dejando, más la relación que tiene con lo que se llevan, es absurdo. No se cómo poder transmitirte, es un robo a mano armada y aplaudís, porque te dicen que te traen desarrollo para una zona o que te van a dar tal camioneta para el hospital. Tiene varios costados, el vergonzoso es uno.

 

―Más allá de las poblaciones directamente afectadas por los emprendimientos mineros, ¿cuál es la percepción que ven en la gente de las ciudades?

García.―La primera respuesta que estamos recibiendo, porque la campaña de firmas es una denuncia pero también es recepcionar qué es lo que la gente sabe, es que la gente no está para nada enganchada con esto, no le parece bien que se haga así medio de prepo. La muy mala prensa que tiene le ha llegado a todo el mundo, el hecho de estar hablando de la megaminería en todos los medios nacionales estos últimos días también. Las personas con las cuales hemos hablado, para ser más preciso, la postura es que lo que no conviene no hay que hacerlo, hay que informar, todo el mundo pide información, que haya información clara, pero lo que no conviene no hay que hacerlo. Lo que está viéndose es que esto ventajas no tiene, porque viendo el historial de los emprendimientos la ecuación no cierra a favor. Cuando se pone en juego algunos otros bienes, porque son bienes, no recursos, como el tema del agua, ahí está absolutamente claro, eso lo define. Si vos vas a utilizar cientos de miles de litros de agua por día, que se lo vas a sacar a un acuífero y ni siquiera sabés si es agua que se renueva o es agua fósil, todo eso suena muy tirado de los pelos, muy forzado, y no convence. Eso se siente, la gente lo trasmite. Hace falta más información. Una de las actividades del foro, que hemos hecho todo el año, son charlas en la universidad, conferencias o salidas en la radio. Hemos trabajado de forma regular en lo que es el ámbito del valle de la provincia: Madryn, Trelew, toda esta zona, más lo que ha hecho toda la gente de Comodoro. Nosotros le hemos agregado esto de brindar información, estar en la calle con pegatinas, hacer mensajes por la radio, charlas con otra gente.

 

Una mención: lo que se ve desde afuera, desde Europa, respecto de contaminación y demás, sobre lo que pasa en América Latina, los tipos se agarran la cabeza. No entienden, por ejemplo, cómo una empresa suiza que tiene intereses mineros esté cometiendo los desmanes que están cometiendo acá. Cuando se menciona el caso paradigmático de la rotura permanente del mineraloducto de La Alumbrera que termina en el puerto, los tipos no pueden entender cómo lo llevan adelante. Ni hablemos de la parte de los números, de los beneficios económicos de las empresas. El andamiaje legal de la década de los noventa con la 24.196, que es la Ley de Inversiones Mineras, el Código Minero y demás, los tipos se agarran la cabeza. Todo armado para que se lleven los recursos y te dejen todo lo que te dejan, todo el pasivo ambiental".

 

Notas:

1] http://faspatagonico.blogspot.com

2] http://www.argentinamining.com

3] http://www.argentinamining.com

Fuente:http://www.argenpress.info /20-01-2010

 

3. La construcción de la autodeterminación territorial y cultural desde abajo

 

Es ruptura con el conformismo y la creencia en que nosotros no podemos decidir sobre el destino común por recuperación y recreación de nuestra dignidad humana. Esa afirmación en la voluntad de justicia social surge para acabar con las distintas formas de la impunidad propia al capitalismo como sistema que privilegia los negocios del bloque dominante sobre la vida de las grandes mayorías y las conmina e induce a dar el consenso que le permite continuar en el saqueo bajo la máscara democrática.

Ana Esther Ceceña aclara:"El pueblo –la multitud de Thompson– se transforma en sujeto por el impulso de la indignación cuando se pretende arrebatarle el agua. Lo mismo ocurre cuando se quiere expulsar poblaciones de la selva, en la mayoría de los casos su último reducto, o cuando se dispone del territorio como si no fuera parte de una historia crecida en el tiempo que encierra todos los saberes. El pueblo se subleva, de diferentes maneras, cuando es empujado más allá de su última frontera. Eso es lo que encontramos en las palabras y las prácticas de las fuerzas libertarias, de los movimientos de emancipación que se levantan en las tierras de América Latina y del mundo.

 

Movimientos de emancipación, por cierto, que no pueden ser circunscriptos ni en lo social, ni en lo político porque se mueven en todos los ámbitos, planteando una transformación de la totalidad que implica nuevos procedimientos y contenidos. Y los pueblos en la fase neoliberal han sido efectivamente arrojados hasta las últimas fronteras. Geográficamente se les niega la territorialidad y política o culturalmente se les borra del imaginario social. La ambición de poder absoluto que busca perseguir sin descanso al dominado, humillarlo y aplastarlo de manera implacable e inhumana, que intenta arrebatarle toda dignidad, que es pilar de la ideología y sentido común del pensamiento militarista de los dominadores, se expresa elocuentemente en el comportamiento de las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo –comportamiento criticado incluso por algunos asesores del Pentágono porque contribuye a incrementar la inseguridad del ejército frente a las poblaciones ocupadas. 

 

La estrategia de la guerra asimétrica que consiste en abarcarlo todo (espectro completo) para no dejar resquicio al enemigo (Joint Chiefs of Staff, 2000) lleva la pretensión de humillación hasta esos niveles en que desata la lucha por la recuperación de la dignidad. Las sublevaciones populares que podemos observar por todos lados tienen como sello ese carácter recuperador/recreador de la dignidad y los sentidos, de las identidades; identidades nuevas, que aunque vienen cargadas de tradiciones e historias, se están inventando en la lucha. La mayoría de los movimientos en la actualidad encuentran su sentido en el «territorio» y desde ahí se sublevan.

El «territorio» como espacio de inteligibilidad del complejo social en el que la historia se traza desde el inframundo hasta el cosmos y abarca todas las dimensiones del pensamiento, la sensibilidad y la acción. Lugar donde reside la historia que viene de lejos para ayudarnos a encontrar los caminos del horizonte. Desde ese lugar donde la tierra adquiere forma humana y toma cuerpo en los hombres y mujeres de maíz, los del color de la tierra, o en los hombres de mandioca, de trigo y arroz. Desde el «territorio cultural», desde «el territorio complejo» (Ceceña, 2000 y 2004b) donde se generan las prácticas y las utopías, los sentidos de la vida y de la muerte, los tiempos y los universos de comprensión.

Es ahí donde se construye la esperanza y también donde se rompen los sueños cuando no se logra mantener. Es el que alimentó a Tupac Amaru, a Cuauhtémoc, a Emiliano Zapata, a Zumbí, a Atahualpa y a tantos otros que forman parte de esa historia a la que no vamos a renunciar. Y es ese territorio el que nos hizo conocer la dignidad y nos impide renunciar a ella. Y ¿qué es un proceso emancipatorio si no la sublevación de la dignidad de los pueblos? La dignidad que reclama la libertad de pensamiento y acción, la revaloración del pasado y la capacidad de autodeterminarse sin ningún tipo de mediación. La libertad para nombrarse, para moverse y relacionarse, la libertad para ser. Eso es lo que hace que los procesos insurreccionales que mueven hoy los escenarios mundiales no puedan ser calificados de sociales o políticos como pretenden algunos estudiosos, porque implican la disolución de todas las fronteras: son movimientos contra todo tipo de cercos que, por lo mismo, están operando una reinvención de la política que incorpora todos los aspectos de la vida y las relaciones sociales como espacio de la intersubjetividad en plenitud. 

Hoy que la batalla por el territorio y la autodeterminación de los pueblos tiene que ser ganada también en el ámbito de la construcción de sentidos, donde el poder trabaja para imponer una visión de impotencia en los dominados, la lucha nos incluye a todos. No sirve producir un nuevo y sensato sentido común que se impone desde la academia, la ciencia o los círculos del poder, es preciso que el sentido común se construya colectivamente en un proceso en el que las intersubjetividades en sí mismas, en su territorio real y simbólico, sean el principal sentido común libertario".

Ana Esther Ceceña explica el porqué del desafío de identificarnos con la recuperación territorial de comunidades y pueblos en:

"SENTIDOS Y PRÁCTICAS DE LAS EMANCIPACIONES 

La aparición de nuevas hegemonías, o la deconstrucción de la hegemonía de un mundo organizado hegemónicamente como única opción, pasa por la emanación de sentidos comunes no alienados, epistemológicamente distintos al sentido dominante, provenientes de otros universos creativos. Sentidos comunes creados colectivamente –y permanentemente vueltos a crear–, madurados en el proceso de reconocimiento y reconstrucción de socialidades, en la resistencia y la lucha. La negación de sentidos comunes producidos a través del sistema de poderes sólo se constituye como ethos emancipatorio en el proceso de generación de nuevos sentidos y realidades, que es, simultáneamente, el proceso de creación de nuevas politicidades. Una nueva politicidad y nuevos sentidos de vida, nuevas socialidades que, a pesar de ser inventadas, surgen de la historia y del quehacer cotidiano, de las vivencias y visiones, de las historias heredadas, de las experimentadas y de las soñadas. Están hechas de tradiciones, de superación crítica de las historias vividas y de deseos. 

 

Los trabajos de E. P. Thompson muestran con gran elocuencia el conflicto entre los sentidos comunes del pueblo y las medidas o políticas adoptadas por la burguesía en ascenso en Inglaterra, que aparentemente van siendo asumidas por la sociedad hasta que llega un momento de saturación o de exceso en el que la multitud rompe la dinámica, haciendo valer sus convicciones morales (su economía moral), sus tradiciones y sus rechazos. Es un sentido colectivo con raíces múltiples, construido a lo largo del tiempo, que lleva a la multitud a movilizarse sin necesidad de planear sus acciones más allá de lo inmediato porque responden a un sentir compartido, con consensos implícitos.

 

La sobrevivencia en una sociedad fragmentadora y contrainsurgente, como la capitalista, requiere de la búsqueda de solidaridades familiares, vecinales y/o comunitarias, que permitan armar algunas corazas de protección ante la vulnerabilidad casi absoluta a la que son arrojados los sectores populares, los sectores de desposeídos de todo tipo. El cuidado de los hijos durante el horario de trabajo, la defensa o escape de la represión, de los usureros o mafiosos, el lavado de la ropa, el acopio de agua y todas esas tareas sin las que es imposible organizar la vida cotidiana en los barrios o localidades de los dominados –o de los oprimidos pero no vencidos, como dice Silvia Ribero–, son el terreno donde se crean o recrean las relaciones de socialidad de las que emanan las visiones y sentidos de un mundo diferente al de los poderosos, porque crece sobre otros sedimentos y mira desde otro lado. Con sus variantes, esto parece ser una realidad tanto en el ámbito urbano como en el rural".

Destaca:

"El trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de la mayoría, son más que una tradición en zona indígena, han sido la única posibilidad de sobrevivencia, de resistencia, de dignidad y de rebeldía (SIM, 1994: 62). 

Es decir, las costumbres colectivas de antaño son reproducidas no tanto por tradición y cultura sino por estrategia de sobrevivencia o, en todo caso, por ambas. No se trata de una acción planeada ni de nostalgias del pasado, sino de urgencias de un presente difícil que sólo así ofrece salidas a la degradación o extinción. En este entorno de convivencia solidaria barrial o comunitaria, cuando ocurre, se construyen formas de trabajo compartido que garantizan el día a día, pero también se socializan problemas, rencores, visiones, creencias, esperanzas y dignidades, componentes todos del magma que contiene el sentido moral colectivo que el capitalismo –sobre todo en sus modalidades actuales– se ha empeñado en romper y confundir, como bien afirma la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida: Después de quince años de neoliberalismo, luego de que creíamos todos que el modelo nos había arrebatado los valores más importantes de los seres humanos, como son la solidaridad, la fraternidad, la confianza en uno mismo y en los demás; cuando creíamos que ya éramos incapaces de perder el miedo, de tener la capacidad de organizarnos y de unirnos; cuando nos han ido imponiendo con mayor fuerza la cultura a obedecer, a ser mandados; cuando ya no creíamos en la posibilidad de ser capaces de ofrecer nuestras vidas y morir por nuestros sueños y esperanzas, por ser escuchados, por hacer posible que nuestra palabra sea tomada en cuenta, nuestro humilde, sencillo y laborioso pueblo trabajador, compuesto por hombres y mujeres, niños y ancianos, demuestra al país [Bolivia] y al mundo que esto aún es posible (CDAV, 2000)". Fuente: Sujetizando el objeto de estudio o de la subversión epistemológica como emancipación del libro "Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado" coordinado por Ana Esther Ceceña -1a. ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO - 2006.

 

A su vez, Gilberto López y Rivas (La Jornada) se refiere a la   :

Centralidad y diversidad de las autonomías indígenas

 

 “Como todo concepto, la autonomía indígena contemporánea debe ser comprendida en su contexto histórico: la lucha de los pueblos originarios por conservar y fortalecer su integridad territorial y cultural por conducto de autogobiernos que practican la democracia participativa y enfrentan –con una estrategia antisistémica– la rapacidad y violencia del sistema capitalista en su actual fase de trasnacionalización neoliberal.

 

Insistimos en el carácter dinámico y transformador de las autonomías que, para ser tales, modifican a los mismos actores y en todas las dimensiones: las relaciones entre géneros, entre generaciones, promoviendo en este caso el protagonismo de mujeres y jóvenes; democratizando las sociedades indígenas, politizando sus estructuras socio-culturales, innovando en lo organizativo y en las formas de comunicación, en las que, por ejemplo, las radios comunitarias juegan un papel trascendente.

Ante la permanente amenaza de las corporaciones a los territorios, recursos y saberes de los pueblos, la «autonomía» redefine la relación con el entorno circundante. En la profundidad del «territorio» como base material de la identidad étnica se busca la unión complementaria de productores, comercializadores y consumidores para desarrollar una economía solidaria y la autosuficiencia alimentaria, así como la generación de proyectos económicos para beneficio general, optimizando todos los esfuerzos para el ejercicio real de la autonomía como tarea de todos y todas. La defensa de los sujetos autonómicos a la acción del mercado y sus agentes estatales significa el control de ese territorio y sus recursos desde abajo (comunidades) y desde la sociedad civil nacional e internacional que acompaña en ocasiones a estos movimientos.

Los procesos educativos y de socialización, asimismo, se generan a partir de y por las comunidades, tomando en cuenta que el patrimonio cultural surgido de los pueblos y otros actores populares, y aquellos con contenidos liberadores que enriquecen a los sujetos autonómicos, en el entendido que el diálogo intercultural fortalece la autonomía. Esta situación es más notoria y necesaria cuando dos o más pueblos confluyen en un proceso autonómico (Chiapas, regiones de Guatemala y Nicaragua, por ejemplo) y la unidad del sujeto autonómico frente al Estado se torna indispensable, ya que en las actuales circunstancias los procesos autonómicos se oponen directamente a los agentes estatales (funcionarios, policías, ejército, jueces, etcétera) al servicio del capital trasnacionalizado. En estos casos debe darse incluso una representatividad pluriétnica a los órganos de autoridad, recordando siempre –como hace el subcomandante insurgente Marcos– que la autonomía es tan importante que no podemos dejarla en manos de los políticos profesionales. La injerencia de partidos políticos en la mayoría de los casos, deteriora e incluso, hace fracasar, el ejercicio autonómico.

Si la «autonomía» es parte de la cuestión nacional, el movimiento indígena que practica y promueve las autonomías, en su lucha por prevalecer, establece las alianzas necesarias, primero entre los propios pueblos indígenas, y a partir de ello, con los sectores oprimidos y explotados del país que se trate. Esto significa la construcción permanente del sujeto autonómico no sólo desde abajo, sino también en sus alianzas con otros actores políticos y a partir del control sistemático de los representantes mediante la rendición de cuentas, revocación de mandato, según sea el caso, y rotación de cargos. Es importante que las estructuras políticas, económicas, de impartición de justicia, seguridad pública, educación, cultura y radios comunitarias al servicio de las autonomías se establezcan en una articulación horizontal con asambleas comunitarias, municipales y regionales funcionando como máximas instancias de autoridad en cada uno de los ámbitos.

Es evidente que todos estos procesos no se llevan a cabo de manera simultánea en las etnorregiones y en todos los casos en que se ejerce el autogobierno indígena, destacando la profundidad e integralidad de algunos de ellos que por razones específicas han podido desarrollar formas organizativas –incluso político militares– como el EZLN, que dan coherencia a los procesos autonómicos y garantía de futuro.

 

Existen situaciones, por ejemplo, en las que la dependencia económica o política del pueblo indígena hacia los mecanismos del mercado, o los aparatos estatales, merman el proceso autonómico, como el caso de los yanquis, el cual aparece distorsionado incluso frente a los propios actores, quienes refieren que su autonomía “es relativa”. En otras situaciones, el caciquismo –todavía bastante activo en algunas etnorregiones y relacionado con partidos políticos– amenaza directamente a la autonomía con la represión generalizada y criminalización de quienes destacan en el proceso, como el caso de varias experiencias de autonomía en Guerrero y Oaxaca. En otras situaciones, el narcotráfico ha penetrado a las comunidades, y con ello se intensifica la militarización adicional a la que implica la contrainsurgencia activa y preventiva.

Por ello, se insiste en el carácter intrínseco de cambio, adaptación, reacción e innovación de las autonomías acorde a los factores internacionales, nacionales, regionales y locales a los que los pueblos indígenas se enfrentan. De aquí el significado múltiple y polivalente del término, y en ocasiones incluso, la negativa a utilizarlo en algunas experiencias, como la policía comunitaria de Guerrero, que sin embargo busca gobernarse y hacer justicia con sus propias normas, lo que constituye, en esencia, la centralidad de todo proceso autonómico".

Al entrañable Ricardo Robles, El Ronco

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/22/index.php?section=opinion&article=016a2pol 
 Fuente: www,rebelion.org / América Latina/ 26-1-10

 

4. La organización deliberativa de la diversidad popular hacia reestructurar nuestro Estado

 

Es hacerse cargo de la unidad en diversidad por articulación programática entre los sujetos plurales de la descolonización, la autogestión y el autogobierno de los territorios a lo largo y ancho del país. Bolivia nos ilumina cómo se inicia e impulsa el proceso de cambios fundadores de otra sociedad.

 

Raúl Prada Alcoreza (La Época), en "La fundación de la segunda república", nos relata: “Después de haber abierto el nuevo horizonte histórico-político con el ciclo de los movimientos sociales que se desataron con la primera guerra del agua (abril 2005) y culminaron con la segunda guerra del gas (mayo y junio del 2005), nos tocó vivir la primera gestión del primer gobierno indígena, en plena transición, mientras cumplíamos con el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la asamblea constituyente, abriendo el curso al proceso constituyente que culminó con la escritura del nuevo texto constitucional y su aprobación triple, en el Liceo Militar, donde se refugió la Asamblea Constituyente para seguir sesionando, en Oruro, donde se aprobó la Constitución en detalle y en el Congreso, donde se hicieron 144 modificaciones a 122 artículos, pasando por el diálogo de Cochabamba, donde se reescribió el título correspondiente a la Organización Territorial del Estado.
 
Después de lograr la Ley del Referéndum Constituyente, mediante una fabulosa movilización social, convocada por las organizaciones sociales, quienes vuelven a salir en un momento de emergencia para salvar el proceso constituyente, el pueblo aprueba su constitución. Con esto se abre una nueva historia, dejando atrás la anterior, caracterizada por el proceso de colonización y el desarrollo de la colonialidad, en sus diferentes etapas y en sus distintas formas, atravesando los tiempos de la colonia y los periodos de la república, pasando por cuatro procesos de modernización que culminaron en un fracaso: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), las reformas liberales (1900), después de la Guerra Federal, la Revolución Nacional de 1952 y el ajuste estructural neoliberal (1985-2000).
 
Los movimientos sociales desatados en el 2000 y que duran hasta el 2005 ponen en evidencia la crisis múltiple del Estado: crisis del Estado Colonial, crisis del Estado liberal y su modalidad de gobiernos neoliberales, crisis del Estado moderno y crisis del la versión capitalista en un país periférico. El hundimiento del segundo gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en Octubre del 2003 implicaba también el derrumbe catastrófico del colonialismo, del liberalismo, de la modernidad y del capitalismo. En este contexto se entiende que las tareas de la Asamblea Constituyente eran fundacionales, fundar una segunda república, establecer como mandato la tarea de la descolonización, lo que significa partir del reconocimiento de la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el derecho a la libre determinación, a su autogobierno, a sus instituciones propias, a sus normas y procedimientos propios, a la gestión territorial, a la gestión ambiental, al beneficio exclusivo en la explotación de los recursos naturales renovables, a la consulta, en lo que respecta a la explotación de los recursos naturales no renovables, a la lengua, a la cultura y a la cosmovisión propias.

Este es el comienzo, este es el punto de partida, esta es la base de la descolonización. Los primeros artículos de la constitución trazan esta ruta crítica. En este sentido, la configuración del nuevo Estado debía desarrollarse sobre la base de nuevas condiciones de posibilidades históricas y políticas. Estas condiciones de posibilidad son otras que las del Estado-nación. Estas nuevas condiciones históricas políticas expresan la muerte del Estado-nación y el nacimiento del Estado plurinacional.

 Dramático pacto social
 
En cierto sentido se puede decir que la Constitución Política del Estado es la construcción dramática del pacto social. Primero, la mayoría tuvo que construir un consenso, eso lo hizo entre las organizaciones sociales más representativas de los movimientos sociales, cuando se discutió en el Pacto por la Unidad la propuesta de los movimientos sociales a la Asamblea Constituyente. En este documento ya se encontraba el diseño del Estado Plurinacional Social Comunitario. El documento del Pacto por la Unidad se desglosó en otro documento articulado que venía como propuesta constitucional, en forma de discurso legislativo. Este fue el documento de referencia principal de las Comisiones de la Asamblea Constituyente, encargadas de definir la estructura de Estado y desarrollar los informes de mayoría y minoría, que eran la base de lo que va ser el texto constitucional. Podemos decir que la parte declarativa de la constitución, la que tiene que ver con la definición ideológica política, con la visión de país, con el modelo de Estado, los derechos, los deberes y las garantías, es la parte que más ha conservado la propuesta de los movimientos sociales. Precisamente en esta parte se encuentra lo que se viene en llamar el espíritu constituyente, es decir, la voluntad del poder constituyente. Entonces, es de la lectura de esta parte que se tiene que interpretar todo el texto constitucional.

Esto significa que la nueva relación entre Estado y sociedad se desarrolla en el marco de la nueva forma y composición del Estado y de la emergencia participativa de la sociedad. Hablamos de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, en lo que respecta a las nuevas modalidades del Estado. Estos son los ejes vertebrales de la nueva organización y del nuevo mapa institucional. El pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la reconstitución de lo comunitario, forma institucional plural ancestral que conlleva otros proyectos culturales y civilizatorios, articulados en las redes sociales colectivas, en las formas de cohesión de las comunidades, en sus estrategias simbólicas y de prestigio, en sus mandos rotativos, en sus territorializaciones y reterritorializaciones dinámicas, móviles, sin fronteras, que articulan en forma de archipiélagos distintos nichos ecológicos.

Lo plurinacional no podría entenderse sin la deconstrucción y la decodificación descolonizadora, tampoco podría entenderse sin este núcleo reconstitutivo de las formas comunitarias. Que, desde mi perspectiva, recupera el proyecto comunista, enriquecido por la resistencia y la alteridad a la modernidad de otros sistemas civilizatorios. El Estado plurinacional se asienta también en una concepción pluralista, el pluralismo jurídico, político, cultural, económico y social. Desde la perspectiva organizacional, esto se abre al pluralismo institucional, rompiendo con las formas homogeneizantes de la institucionalidad moderna. El pluralismo institucional nos conduce al pluralismo administrativo, al pluralismo normativo y al pluralismo de las gestiones. Esto implica abrirse a un Estado complejo que articula diversas modalidades institucionales y de gestión. Concretamente podemos hablar de una gestión pública cíclica, dinámica y flexible, de una gestión comunitaria y de una gestión cultural.
 
Por otra parte el Estado plurinacional se abre a una radial forma de descentralización administrativa política, en su forma de pluralismo autonómico. Este descentramiento, esta descentralización, esta desconcentración, implica la plena incorporación de los gobiernos y de las asambleas legislativas a la forma de Estado. Lo que significa atender a los modos de armonización y coordinación de los distintos niveles territoriales. Puede verse entonces la magnitud de la complejidad y riqueza del nuevo Estado Plurinacional Comunitario y autonómico. En una secuencia intensa y llena de tensiones se sigue construyendo dramáticamente el pacto social, se acuerda con las minorías de izquierda, se acuerda con las minorías de centro derecha, descartando el arreglo con las posiciones más recalcitrantes, opuestas al proceso constituyente. Sin embargo, se continúa la construcción dramática del pacto en el diálogo de Cochabamba con las prefecturas, los prefectos y sus técnicos, reescribiendo la parte correspondiente a las autonomías, sobre todo la relativa al entramado de las competencias. Así de este modo, en esta secuencia, se continúa la construcción del pacto con el acuerdo llegado en el Congreso, realizando modificaciones en la Constitución y convocando por medio de ley al referéndum constituyente.

En la estructura de la Constitución Política del Estado, podemos identificar tres modelos que contiene la Constitución: un modelo de Estado, un modelo territorial, pero también un modelo económico. El «modelo económico»  es de suma importancia, pues es este modelo el que hace sostenible el modelo de Estado y el modelo territorial. ¿Qué clase de modelo es éste? La lectura completa de la Organización Económica del Estado nos muestra tres fases: la definición de una economía plural, que, de acuerdo al esclarecimiento que da la misma Constitución, en los primeros artículos de esta parte de la misma, se trata de una economía social y comunitaria; la decisión por la intervención estatal, por una economía regulada, por el papel fundamental del Estado en la articulación de las distintas formas de organización económica, en la industrialización de los recursos naturales, en el paso a un modelo productivo y en el potenciamiento de la economía social y comunitaria; y la apertura a una concepción ecológica del modelo económico, al introducir las condicionantes de la tierra, el territorio, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la energía, los recursos forestales y concebir todo esto, en articulación con la economía social comunitaria, como desarrollo sostenible.

Por lo tanto, estamos lejos de repetir un modelo desarrollista, basado en el supuesto de la revolución industrial, paradigma correspondiente al siglo XIX, al ciclo del capitalismo inglés, y a la imitación desarrollista para la periferia del mundo capitalista, desplegada durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX y por la escuela de la CEPAL. Se trata de un modelo económico, que no sugiere seguir la huella de los países llamados desarrollados, sino de dar un salto, este salto es mas bien la revolución tecnológica, en combinación con la recuperación de tecnologías y saberes ancestrales, situándose en un ámbito de actividades y acciones en armonía con la naturaleza. Éste es el sentido más pleno del vivir bien, del suma qamaña, del suma kausay, del ñandereko, del ivimarei. En este sentido, podemos hablar también de los derechos de la naturaleza, además de los derechos fundamentales, de los derechos individuales, de los derechos sociales, de los derechos colectivos. La consideración de los recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, condiciona la explotación y la industrialización de los recursos naturales a la armonía con la naturaleza, al equilibrio ecológico y a la armonía con las comunidades y las sociedades. El horizonte de la economía social comunitaria sitúa a la organización económica del Estado como una alternativa al desarrollo, una alternativa a la modernidad y una alternativa al capitalismo.

Los grandes desafíos de ahora

Después de la contundente victoria electoral de diciembre del 2009, por el sesenta y cuatro por ciento del electorado, logrando de esta forma el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el famoso control de los dos tercios, de las dos cámaras, la responsabilidad de de la aplicación de la Constitución Política del Estado es únicamente del Movimiento al Socialismo (MAS). El desafío que se viene adelante es más grande que los desafíos anteriores: quebrar el dominio de la burguesía intermediaria y de la clase política (2000-2005), sostener el primer gobierno indígena (2005-2009), nacionalizar los hidrocarburos (2006), sostener la Asamblea Constituyente en plena guerra contra ella (2006-2008), aprobar la Constitución Política del Estado (2008).
 
El desafío ahora es fundar la segunda república, construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, desplegar las transformaciones institucionales; en otras palabras, realizar el modelo de Estado, el modelo territorial y el modelo económico. Este desafío sólo puede ser respondido efectuando actos fundacionales; la tarea de la Asamblea Legislativa plurinacional, apoyada por la participación social, como lo establece la Constitución, debe desarrollar leyes fundacionales. Seis son de las primeras de estas leyes, las cinco primeras se encuentran nombradas en la Constitución, ley marco de autonomías, ley del órgano ejecutivo, ley del órgano legislativo, régimen electoral y tribunal constitucional; la sexta tiene que ver con la ley de gestión pública, que establece la nueva relación del Estado y sociedad en el marco del pluralismo institucional y en el contexto de la participación y el control social, es decir, de la democracia participativa.
 
En esta fundación de la segunda república, el gobierno central, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los gobiernos autonómicos, las Asambleas Legislativas autonómicas, en el contexto de la participación social, tienen como responsabilidad conformar un nuevo mapa institucional, nuevos dispositivos y nuevos agenciamientos, es decir, nuevas prácticas, en el desarrollo y realización de una nueva forma de hacer política, en una nueva forma de gobernar obedeciendo, en una nueva forma de legislar, apoyándose en la participación social.
 
La gran responsabilidad de todos es interpretar, analizar y ser consecuentes con la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo boliviano. Esto implica, ser vigilantes y evitar un gran peligro, desconstitucionalizar el texto constitucional, en otras palabras, evitar la restauración del viejo Estado, de sus estructuras e instituciones, evitar hacer leyes parecidas a las anteriores, dejando en la vitrina la Constitución, evitar el camino del desarrollismo y del industrialismo, inventando nuevas rutas alternativas y alterativas, dando saltos, como los de la revolución tecnológica, articulada a la recuperación de saberes y técnicas ancestrales, armonizando con lo que podemos llamar los derechos de la naturaleza.

El gran desafío es lograr una descolonización efectiva y no retórica, también plasmar la condición plurinacional de manera efectiva y no retórica, lo mismo podemos decir en lo que respecta a la reconstitución de lo comunitario y la realización efectiva de las autonomías; entre éstas es imprescindible la realización efectiva de las autonomías indígenas, debido al carácter plurinacional y el proceso de descolonización iniciado. En esta perspectiva, entre los desafíos tenemos el traspaso efectivo del poder al pueblo, convirtiendo al Estado en un instrumento de la sociedad, desburocratizando radicalmente la gestión pública. Esto también significa concebir una nueva forma de gestión pública, que deje de ser meramente normativa, regulativa y controlista, que más bien se encamine a ser una gestión productiva y producente, productiva, por creadora de excedente, producente por constitutiva de nuevos sujetos sociales. Dicho de otra manera, la gestión ahora es cambio, pero, además, se realiza en códigos interculturales. Lo que equivale a desplegar instrumentos de la gestión pública de manera integral y participativa, como la planificación integral y participativa y el presupuesto integral y participativo, como establece la Constitución.

 

El conjunto de estos actos fundacionales equivale también a efectuar una revolución cultural, que implica una revolución de las conductas y de los comportamientos, acabando con las viejas prácticas prebéndales, clientelares y de cuoteo. Como se puede ver, la tarea es inmensa, empero es este el camino que debemos emprender, la ruta de la transformación efectiva, no el de la retórica. La transformación no es solamente simbólica, es real e imaginaria, es subjetiva e institucional, es alterativa y alternativa.

Teniendo en cuenta este proceso revolucionario y esta revolución en proceso, quizás la tarea más fuerte es construir la alternativa al capitalismo, modo de producción de la explotación de la fuerza de trabajo y de la geopolítica de la acumulación del centro del sistema mundo y de la desacumulación de la periferia, modo de producción del circuito perverso de la dependencia, ahora de la deuda infinita y de la especulación financiera. Modo de producción de la permanente crisis y de los ciclos del capitalismo, como formas de salir de la crisis, aunque sea por el método del desplazamiento. Ahora bien, esta tarea no nos compete sólo a los bolivianos, sino que incumbe a procesos de integración continental y mundial, a la mundialización de los movimientos sociales antisistémicos y a la construcción de una superación de la economía mundo capitalista. Empero, esta tarea nos compete a los bolivianos asumirla como parte del proceso de integración y de mundialización de los movimientos antisistémicos, retomar la lucha anticapitalista y su superación en la construcción del modelo económico".
  *Epistemólogo y ex asambleista. Fuente: www.rebelion.org/ Bolivia/ 26-1-10

 

Nosotros, los de abajo, podemos desentramparnos de la restricción a valorar sólo los recursos naturales en lugar de apreciar los territorios como unidades ecológicas en interrelación e interacción permanente. Se trata de independizarnos de la concepción que los oligopolios (adueñados del planeta) nos imponen y practican gracias a convertir a los factores locales de poder en sus socios menores. Implica organizarnos en función de objetivos comunes cuya formulación parte de que asumamos las reivindicaciones medulares de nosotros. Consideremos derechos a conquistar como:

  • La toma de posesión de trabajos genuinos de las luchas que tienden a romper con la resignación y obediencia debida a los poderes establecidos como:

    • La de los trabajadores ocupados contra los despidos y por salarios adecuados a la canasta familiar; por condiciones y derechos laborales; por sindicatos con activa participación de los trabajadores en la toma de decisiones en común.

    • La de organizaciones de los trabajadores desocupados por cooperativas de trabajo en todo el país y sin la intermediación de los punteros.

    • La de universalización de la asignación social por hijo y extensión a la vejez.

    • La que procura el 82% móvil para jubilaciones y pensiones y un PAMI y una ANSES sin la intervención del gobierno K cuyo fin es favorecer la continuidad y profundización de la acumulación de grandes capitales al costo de hambrear y torturar a quienes deberían atender.

    • La de asambleas por el NO a la megaminería a cielo abierto; por el presente y el futuro de los de abajo; por el trabajo para siempre, para todos y sin destrucción.

    • La de los trabajadores en autogestión de empresas recuperadas por ellos, etc.


    Son luchas que encaminan a liberarnos del trabajo cuya finalidad esencial reside en la acumulación sideral de riquezas y poder de oligopolios locales e imperialistas sin importar quitar alimentos, agua, tierras, etc. a una creciente mayoría. Pero es imprescindible politizarlas mediante el compromiso con el desafío de recuperar el trabajo como transformador de la naturaleza para garantizar las necesidades básicas de todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno; los ámbitos adecuados de las diversas actividades humanas y la persistencia en el progreso de los dos últimos procesos. Esta recuperación del trabajo en sus sentidos antropológicos se completa con sus consecuencias culturales de plenitud feliz sobre las personas y los grupos sociales que lo realizan.

     

  • El disfrute de nuestra dignidad de vida y trabajo es nuestra aspiración más entrañable. Lo lograremos por unidad en diversidad contra el desarrollo capitalista que se da mediante superexplotación de nosotros y nuestros territorios socioculturales. Nos reta a asumir el enfrentamiento con el poder político-económico de Argentina en manos de oligopolios imperialistas y con quienes le hacen posible la gobernabilidad e impunidad: los grandes capitales locales y los otros factores locales de poder.
     

  • La construcción de la autodeterminación territorial y cultural desde abajo que es ruptura con el conformismo y la creencia en que nosotros no podemos decidir sobre el destino común por recuperación y recreación de la dignidad humana. Esa afirmación en la voluntad de justicia social surge para acabar con las distintas formas de la impunidad propia al capitalismo como sistema que privilegia los negocios del bloque dominante sobre la vida de las grandes mayorías y las conmina e induce a dar el consenso que le permite continuar en el saqueo bajo la máscara democrática.

     

    Ana Esther Ceceña nos explica:"El pueblo –la multitud de Thompson– se transforma en sujeto por el impulso de la indignación cuando se pretende arrebatarle el agua. Lo mismo ocurre cuando se quiere expulsar poblaciones de la selva, en la mayoría de los casos su último reducto, o cuando se dispone del territorio como si no fuera parte de una historia crecida en el tiempo que encierra todos los saberes. El pueblo se subleva, de diferentes maneras, cuando es empujado más allá de su última frontera. Eso es lo que encontramos en las palabras y las prácticas de las fuerzas libertarias, de los movimientos de emancipación que se levantan en las tierras de América Latina y del mundo.

     

    Movimientos de emancipación, por cierto, que no pueden ser circunscriptos ni en lo social, ni en lo político porque se mueven en todos los ámbitos, planteando una transformación de la totalidad que implica nuevos procedimientos y contenidos. Y los pueblos en la fase neoliberal han sido efectivamente arrojados hasta las últimas fronteras. Geográficamente se les niega la territorialidad y política o culturalmente se les borra del imaginario social.

     

    La ambición de poder absoluto que busca perseguir sin descanso al dominado, humillarlo y aplastarlo de manera implacable e inhumana, que intenta arrebatarle toda dignidad, que es pilar de la ideología y sentido común del pensamiento militarista de los dominadores, se expresa elocuentemente en el comportamiento de las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo –comportamiento criticado incluso por algunos asesores del Pentágono porque contribuye a incrementar la inseguridad del ejército frente a las poblaciones ocupadas. (...)

     

    La mayoría de los movimientos en la actualidad encuentran su sentido en el «territorio» y desde ahí se sublevan.

    El «territorio» como espacio de inteligibilidad del complejo social en el que la historia se traza desde el inframundo hasta el cosmos y abarca todas las dimensiones del pensamiento, la sensibilidad y la acción. Lugar donde reside la historia que viene de lejos para ayudarnos a encontrar los caminos del horizonte. Desde ese lugar donde la tierra adquiere forma humana y toma cuerpo en los hombres y mujeres de maíz, los del color de la tierra, o en los hombres de mandioca, de trigo y arroz. Desde el «territorio cultural», desde «el territorio complejo» (Ceceña, 2000 y 2004b) donde se generan las prácticas y las utopías, los sentidos de la vida y de la muerte, los tiempos y los universos de comprensión. (...)

    Hoy que la batalla por «el territorio y la autodeterminación de los pueblos» tiene que ser ganada también en el ámbito de la construcción de sentidos, donde el poder trabaja para imponer una visión de impotencia en los dominados, la lucha nos incluye a todos. No sirve producir un nuevo y sensato sentido común que se impone desde la academia, la ciencia o los círculos del poder, es preciso que el sentido común se construya colectivamente en un proceso en el que las intersubjetividades en sí mismas, en su territorio real y simbólico, sean el principal sentido común libertario". (...)

    En este entorno de convivencia solidaria barrial o comunitaria, cuando ocurre, se construyen formas de trabajo compartido que garantizan el día a día, pero también se socializan problemas, rencores, visiones, creencias, esperanzas y dignidades, componentes todos del magma que contiene el sentido moral colectivo que el capitalismo –sobre todo en sus modalidades actuales– se ha empeñado en romper y confundir, como bien afirma la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia: Después de quince años de neoliberalismo, luego de que creíamos todos que el modelo nos había arrebatado los valores más importantes de los seres humanos, como son la solidaridad, la fraternidad, la confianza en uno mismo y en los demás; cuando creíamos que ya éramos incapaces de perder el miedo, de tener la capacidad de organizarnos y de unirnos; cuando nos han ido imponiendo con mayor fuerza la cultura a obedecer, a ser mandados; cuando ya no creíamos en la posibilidad de ser capaces de ofrecer nuestras vidas y morir por nuestros sueños y esperanzas, por ser escuchados, por hacer posible que nuestra palabra sea tomada en cuenta, nuestro humilde, sencillo y laborioso pueblo trabajador, compuesto por hombres y mujeres, niños y ancianos, demuestra al país [Bolivia] y al mundo que esto aún es posible (CDAV, 2000)". 

     

  • La organización deliberativa de la diversidad popular hacia reestructurar nuestro Estado que es hacerse cargo de la unidad en diversidad por articulación programática entre los sujetos plurales de la descolonización, la autogestión y el autogobierno de los territorios a lo largo y ancho del país. Bolivia nos ilumina cómo se inicia e impulsa el proceso de cambios fundadores de otra sociedad que, en Argentina, precisa arraigarse en la Unión de Asambleas Ciudadanas, la Constituyente Social, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Red Nacional de Medios Alternativos... y en las organizaciones de mujeres, médicos, educadores, artistas en lucha.

     

    Desde Bolivia, Raúl Prada Alcoreza (La Época) nos relata: “Después de haber abierto el nuevo horizonte histórico-político con el ciclo de los movimientos sociales que se desataron con la primera guerra del agua (abril 2005) y culminaron con la segunda guerra del gas (mayo y junio del 2005), nos tocó vivir la primera gestión del primer gobierno indígena, en plena transición, mientras cumplíamos con el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la asamblea constituyente, abriendo el curso al proceso constituyente que culminó con la escritura del nuevo texto constitucional y su aprobación triple, en el Liceo Militar, donde se refugió la Asamblea Constituyente para seguir sesionando, en Oruro, donde se aprobó la Constitución en detalle y en el Congreso, donde se hicieron 144 modificaciones a 122 artículos, pasando por el diálogo de Cochabamba, donde se reescribió el título correspondiente a la Organización Territorial del Estado.
     
    Después de lograr la Ley del Referéndum Constituyente, mediante una fabulosa movilización social, convocada por las organizaciones sociales, quienes vuelven a salir en un momento de emergencia para salvar el proceso constituyente, el pueblo aprueba su constitución.     Con esto se abre una nueva historia, dejando atrás la anterior, caracterizada por el proceso de colonización y el desarrollo de la colonialidad, en sus diferentes etapas y en sus distintas formas, atravesando los tiempos de la colonia y los periodos de la república, pasando por cuatro procesos de modernización que culminaron en un fracaso: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), las reformas liberales (1900), después de la Guerra Federal, la Revolución Nacional de 1952 y el ajuste estructural neoliberal (1985-2000)".

    Nos aclara:"Hablamos de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, en lo que respecta a las nuevas modalidades del Estado. Estos son los ejes vertebrales de la nueva organización y del nuevo mapa institucional. El pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la reconstitución de lo comunitario, forma institucional plural ancestral que conlleva otros proyectos culturales y civilizatorios, articulados en las redes sociales colectivas, en las formas de cohesión de las comunidades, en sus estrategias simbólicas y de prestigio, en sus mandos rotativos, en sus territorializaciones y reterritorializaciones dinámicas, móviles, sin fronteras, que articulan en forma de archipiélagos distintos nichos ecológicos.

    Lo plurinacional no podría entenderse sin la deconstrucción y la decodificación descolonizadora, tampoco podría entenderse sin este núcleo reconstitutivo de las formas comunitarias. Que, desde mi perspectiva, recupera el proyecto comunista, enriquecido por la resistencia y la alteridad a la modernidad de otros sistemas civilizatorios. El Estado plurinacional se asienta también en una concepción pluralista, el pluralismo jurídico, político, cultural, económico y social. Desde la perspectiva organizacional, esto se abre al pluralismo institucional, rompiendo con las formas homogeneizantes de la institucionalidad moderna. El pluralismo institucional nos conduce al pluralismo administrativo, al pluralismo normativo y al pluralismo de las gestiones. Esto implica abrirse a un Estado complejo que articula diversas modalidades institucionales y de gestión. Concretamente podemos hablar de una gestión pública cíclica, dinámica y flexible, de una gestión comunitaria y de una gestión cultural".

 

 

II.

 

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

 

Planteo

Necesitamos descubrir que el sistema originador, reforzador y promotor del «saqueo» desde hace más de tres décadas -o de la pauperización creciente de Argentina- es el de la estafa que el poder económico e imperialista impuso mediante Estado terrorista y legalizó mediante democracia restringida desde Alfonsín hasta los Kirchner. El contubernio de los poderes imperialistas con los locales la oficializó como deuda externa pública y nos manipuló, a los de abajo, para que aceptáramos honrar la deuda sacrificando el Estado social y la canasta familiar.

 

Néstor Kirchner les devolvió, a quienes dominan el casino global, la creciente e incesante transferencia de ingresos públicos y la justificó como desendeudamiento. Aún más, su retórica y acaudillamiento impuso la creencia en la independencia del FMI y en la desaparición de la deuda pública externa cuyo pago e incremento constante es política medular de estado desde 1984. 

 

Hoy, cuando ya es imposible encubrir la enorme transferencia de ingresos hacia el capitalismo central y con el mismo cinismo que su marido, Cristina Fernández de Kirchner decreta la creación del "Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad" y extorsiona que si no se lo acepta se hará ajuste como si el superávit fiscal y el régimen de responsabilidad fiscal, dos exigencias del FMI, no hubiesen significado restricción tanto del sector público como del consumo básico para las grandes mayorías.

 

Para introducirnos en el debate esencial a nuestra liberación y que, por tanto, se lo escamotea como tal desde el gobierno K y la oposición oficializada, consideremos en primer lugar en qué consiste:

 

"El Fondo del Bicentenario para el Endeudamiento y la Sumisión

Por Facundo Gutiérrez Galeno | Al Dorso

“El 60 por ciento de los argentinos están de acuerdo con la creación del Fondo del Bicentenario con el cual el Gobierno nacional destinará parte de las reservas internacionales del Banco Central al pago de la deuda pública, según lo publicado este domingo por dos empresas encuestadoras de ese país sudamericano.”

“Sobre una muestra de mil casos, la consultora Centro de Estudio de Opinión Pública (CEOP), arrojó que seis de cada 10 argentinos (61,3 por ciento) mostraron su "acuerdo" en la creación del Fondo Bicentenario para garantizar el pago de la deuda.” TeleSUR.

La desinformación que generan los grandes medios de comunicación con respecto a la problemática de la deuda pública, y el maniqueísmo que de ello hace el Gobierno Nacional, puede ser un disparador para comprender el resultado de la encuesta publicada por TELESUR. Para ello, es necesario aclarar ciertas cifras, factores y elementos olvidados en las mayorías de las notas periodísticas publicadas en las últimas horas.

 

Fondo del Bicentenario para el “Desendeudamiento y la Estabilidad”

El Ejecutivo Nacional el 14 de Diciembre de 2009 dicta el decreto Nº 2010/09, publicado en el Boletín Oficial el 15/12/09,  por medio del cual crea el “FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LA ESTABILIDAD, cuyo objetivo es llevar adelante los pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con vencimiento en el año 2010, siendo el mismo administrado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS”. Es decir, un Fondo tendiente al pago de los servicios de deuda pública para el año 2010, según lo dispuesto en la ley de presupuesto 26.546.

 

Dicho fondo será integrado con 6.569 millones de dólares, o el equivalente en otras monedas, provenientes de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La instrumentación inicialmente planificada por el Ministerio de Economía - digo “inicialmente”, porque en las últimas horas esta forma está sujeta a revisión por la cartera de economía, atento a la posibilidad jurídica de embargos por los holdouts- es la de conformar una cuenta en el Tesoro de la Nación, transferir las divisas de libre disponibilidad del BCRA al Tesoro recibiendo como contraprestación un instrumento de deuda pública emitido a 10 años “con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente.”

 

El destino del Fondo estará exclusivamente afectado al pago de vencimientos de servicios de deuda pública para el año 2010, siendo 2.187 millones de dólares para cancelar vencimientos con Organismo Multilaterales, y los restantes 4.382 millones de dólares para la cancelación de vencimientos con tenedores privados . De esta manera, el Ministerio de Economía intentará crear una garantía de pago con dinero ya disponible, para afrontar los vencimientos de servicios de deuda sin esperar ni someter a la recaudación según la estimación de ingresos por ley presupuestaria. Es así, que el objetivo técnico del Ministerio es lograr lo expuesto expresamente en el considerando del Decreto 2010/09: a) apuntalar la “política de desendeudamiento” iniciada en el 2003, b) y generar “aportes sustantivos de otras fuentes, como el exceso de reservas internacionales para procurar reducir el stock de deuda, mejorar el perfil de vencimientos, y abaratar el costo financiero cuando corresponda.”

 

De lo que se trata es de utilizar dinero del BCRA para destinarlo al pago de servicios, (destaco “servicios”, porque los vencimientos por concepto de amortización de capital de deuda pública para el año 2010 son mucho más que 6.569 millones de dólares), y lograr de esta manera una mayor confianza en el mercado internacional.  Al disponer del dinero en forma efectiva, y sin esperar la recaudación correspondiente por ley de presupuesto, se logra  disminuir el “riesgo país” con la consiguiente disminución de las tasas de interés que dicha operatoria conlleva, permitiendo al Gobierno Nacional “abaratar el costo financiero” para la obtención de nuevos créditos.

Este objetivo primordial para el Ejecutivo, lo ha manifestado en varias ocasiones el Ministro de Economía Amado Boudou al sostener que se busca lograr nuevos créditos para este año con tasas de interés anuales inferiores a dos dígitos. Es decir, toda la operatoria consiste en tratar de salir al mercado financiero internacional con un costo más accesible del que disponía la Argentina hasta ahora. Recordemos que las últimas colocaciones de títulos públicos en el exterior fueron con la República Bolivariana de Venezuela, teniendo que pagar un alto costo financiero debido a la concertación de una tasa de interés anual del orden del 14 %. Hoy la situación mundial es claramente diferente, la Reserva Federal norteamericana está prestando dinero al 0% de interés. Dato no menor a la hora de analizar el juego carroñero que realicen los buitres financieros con nuestras reservas invertidas en el exterior.

Hay que decir que la jugada técnica  planteada por el Ministerio de Economía no es mala. Al contrario, si de lo que se trata es  salir al mercado internacional a endeudarse fuertemente este año, la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional es razonable.

 

El problema no reside en la mal intencionada política opositora de respetar la autonomía del BCRA, o de la inconstitucionalidad claramente visible del decreto 2010/09. El problema está allí, en la invisibilidad reinante de las falsas dicotomías seudo patrióticas de la pelea oficialista con la inefable y rastrera retórica oportunista de la oposición más vernácula. La cuestión reside en la “política de desendeudamiento” que dice sostener el Gobierno, y que la oposición calla al respecto.

En el propio considerando del decreto de creación del Fondo del Bicentenario, queda claro que el objetivo es salir a endeudarse. En todo caso, uno debiera preguntar ¿Para qué “abaratar los costos financieros”? ¿Cuál es el objeto de querer bajar las tasas de interés de nuevos créditos a solicitar por la Argentina al mercado financiero internacional? Y la respuesta es simple: endeudarse por 40.000 millones de dólares este año, lo necesario para afrontar “amortización de deuda pública y otros pasivos”, como lo sostiene el Art. 4, de la Ley de Presupuesto Nº 26.546.

Dejemos por un instante estas cifras, y retomemos otros de los ejes retóricos del Gobierno Nacional en cuanto al BCRA.

 

Las penas son de nosotros, las reservas son ajenas

Sin entrar a analizar la constitucionalidad del Decreto 2010/09, por el cual se modifica el Art. 6 de la Ley de convertibilidad  Nº 23.928,  y se establece que “las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.” (ley que fuera modificada en el año 2005  por el Gobierno Nacional al establecer el pago al FMI con reservas, cuya posibilidad estaba vedada por la normativa menemista); creemos necesario aportar algunas elementos y cifras olvidadas en el discurso oficial.

Es interesante en este punto seguir la claridad expositiva manifestada en el considerando del Decreto de creación del Fondo del Bicentenario. El mismo afirma:

“Que las reservas internacionales se quintuplicaron entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones; aun a pesar de haber pagado con ellas US$ 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional a principios de 2006. Como porcentaje del producto bruto interno, las reservas pasaron de 9.5% a alrededor de 16.4% en el mismo período.”

La reservas del BCRA han crecido a un fabuloso ritmo, ¡pero ojo!, más de 11.000 millones de dólares (43.368 millones de pesos a Diciembre 2009) son deuda, las famosas notas y letras del Central (Lebac y Nobac). Y deuda cara. Los títulos devengan intereses del orden de 10 al 16 %. Ahora uno se pregunta: ¿Dónde están las reservas del BCRA? ¿Están todas en Argentina?

“Que, sin embargo, uno de los efectos de la propensión a autoasegurarse redunda en un flujo neto de capitales desde el país que acumula reservas hacia los países desarrollados, dado que la acumulación de reservas internacionales supone la formación de activos externos emitidos por estos países.”

 

Respuesta clara: No, como lo sostiene el propio gobierno en el considerando del decreto, una parte importante se encuentra invertida en bancos privados extranjeros depositados en el mercado de EEUU. ¿Cuánto nos pagan por esta plata tan generosamente prestada por nuestras naciones a las economías “desarrolladas”? Veamos que nos dice la Administración Nacional: “Que el rendimiento anual promedio ponderado obtenido por la administración de las reservas internacionales del BCRA en el periodo 2003-diciembre 2009 se ubicaría en orden al 3% en US$. En particular, desde 2007 el rendimiento obtenido ha experimentado una sensible baja llegando en la actualidad a menos del 0,5% anual.”

 

A ver si entendimos bien. Nos pagaron por nuestro dinero depositado en el extranjero una tasa promedio de 3% anual en los años que van de 2003 a Diciembre 2009. Y para la actualidad 2009/10, apenas un 0,5 % de interés anual. El Gobierno tienen razón, la conducción de Redrado (presidente o ex presidente del BCRA) al frente del Institución autárquica nos está haciendo perder plata. Pero desde el 2003 venimos perdiendo el ahorro de los argentinos.

Sigamos con el siguiente considerando del decreto:

“Que, adicionalmente, cuando las autoridades monetarias compran las divisas a los exportadores a través de la emisión de letras o notas vía operaciones monetarias de esterilización, la tasa de interés de dichos instrumentos serán mayores a la que recibe de las reservas.”

Bueno, aquí sí entramos de lleno en el meollo del robo. Claramente lo expresa el gobierno: al emitir las notas y letras del BCRA para “esterilizar los pesos” volcados al mercado por la compra de divisas a los exportadores, y de esa manera mantener el tipo de cambio US$ 1= $3,80, el BCRA emite deuda con una tasa de interés promedio anual  que ronda hoy entre el 10 al 16%. Es decir, mayores de lo que le dan a la Argentina por invertir sus reservas en el mercado internacional, que recordemos eran del 0,5% anual. 

Si uno fuera mal pensado diría que grupos financiero toman nuestras reservas prestadas, pagando un interés mensual del 0,5%, vienen a la Argentina y compran las letras y notas del BCRA, y el mismo Central les paga un intereses del 11 % anual por prestarle el dinero de las propias reservas. De esta manera se quedan con una rentabilidad del 10%. ¡Qué rentable negocio! ¡Qué riesgo empresarial el de lucrar con el dinero del pueblo argentino! Y esto sin contar que actualmente la Reserva Federal presta a una tasa de interés del 0 %.

Cosas así,  y una multiplicidad de jugarretas más, es lo que  hace el sistema financiero mundial para sostenerse a costa de nuestro capital. Son los efectos de una estructura productiva causante de los grandes males que azotan a nuestras vejadas naciones “subdesarrolladas".

Lo que se viene:

40.000 millones de dólares de endeudamiento público para el 2010

 

Este gobierno dispuso pagar por ley de presupuesto 2010 unos 7.000 millones de dólares para los “servicios” de la deuda. Casi la misma cifra de este fondo "patriótico y soberano" del Bicentenario. Pero, en la misma ley de presupuesto 2010, en su Art. 4, se autoriza al Ejecutivo Nacional ha endeudarse por 40.000 millones de dólares ($ 150.343.662.330). Es decir, niveles de endeudamiento superior a los menemistas, y delarruista. ¿A qué se destinará tamaña cifra de pesos (la mitad del presupuesto nacional)? A "amortizar de deuda pública y otros pasivos" por $ 122.639.571.107.

 

 Por Ley de Presupuesto Nº 26.546, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional  a endeudarse por 40.000 millones de dólares. El destino de semejante endeudamiento: pagar deuda. Notarán que las cifras son muy superiores a los US$ 6.569 millones en discusión por el Fondo del Bicentenario. Claro, todo se reduce a cifras, a complejas y frías variables económicas financieras que no logran reflejar la terrible agonía de una vida sesgada en el terror del hambre.

Materialicemos como podamos estos números. Tomemos como ejemplo cuánto dinero le costaría al Estado erradicar la pobreza del territorio nacional.

Si una familia tipo (dos adultos y dos menores) para no ser pobre debe tener un ingreso de $1.700 mensual, según el Indec; con sólo 10.000 millones de dólares anuales, entregando subsidios mensuales a dichas familias ($ 1.700), dejarían de existir los pobres en la Argentina. ¡Con sólo 10.000 millones de dólares anuales según las estadística oficiales!

Es decir, con un cuarto del endeudamiento que autorizó el Ejecutivo en la ley de presupuesto de este año. Sin embargo el Gobierno habilita para pagar deuda por más del triple de esa cifra. Entonces, no les parece que tomando al propio Scalabrini Ortiz en su magnífico libro Política Británica en el Río de La Plata, habría que discutir qué es lo que se está pagando. Tenemos pruebas de sobras (Causa Olmos I, Olmos II, Megacanje, entre otras, todas radicadas en Justicia Federal) que los pagos que se están efectuando son productos de fabulosos y antipatrióticos ilícitos. Sin embargo, esta alternativa de cuestionar la licitud y legitimidad de la deuda pública argentina no figura en la agenda de la pusilánime y cobarde oposición, ni tampoco en la acción popular y chovinista de la administración nacional.

El problema no es la autonomía del BCRA, ni la inconstitucionalidad del Decreto 2010/09 por el cual se crea el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, ni mucho menos la inconstitucionalidad del decreto 18/2010, por el cual se remueve a Redrado de la presidencia del Central,  como insiste sostener la parasitaria dirigencia entreguista neoliberal enfilada ahora en la retórica de una oposición rastrera. El problema ni siquiera consiste en crear “Fondos” para negociar nuevos créditos más baratos para seguir pagando deuda ilegítima e ilícita.

 

Pero, si queremos crecer el destino de fondos a prestaciones sociales no discutamos falsas dicotomías disfrazadas de lucha ideológica popular y progresista vs. Derecha fascistoide lame botas.  Esto, no nos  permite ver el meollo del cáncer que nos consume.

Hablemos de la DEUDA.  ¿Qué se está pagando? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su destino? De lo contrario, siempre caeremos en el juego de la retórica oportunista de nuestros verdugos".

 

Facundo Gutiérrez Galeno termina su carta: "Creo que luego de este pequeño desarrollo, se podrá comprender un poco más el resultado lamentable de la encuesta realizada. Muchas medidas oportunistas llegan a nosotros travestidas de una retórica popular y patriótica. Hablar de “Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad” es un verdadero oxímoron.

Un fraternal saludo a todos y todas, espero que las presentes líneas sean de ayuda a la reflexión.

Nos estamos encontrando  en la radio el primer sábado de Marzo 2010.

"Con la desesperanza comienza el verdadero optimismo, aquel del hombre que no espera nada, que sabe que no tiene ningún derecho, que nada le es debido, que se regocija contando, solo consigo y de proceder solo por el bien de todos" Jean-Paul Sartre

Al dorso, un programa sobre deuda externa

sábados 13 hs

La Tribu Fm 88.7

 

Veamos razones para poner fin a este pago interminable:

 

1. Impone el funcionamiento político y socioeconómico a favor del capitalismo central


LA BRÚJULA introduce la cita siguiente: “Deuda externa: Dícese del compromiso que cada latinoamericano contrae al nacer, por la módica suma de 2000 dólares, para financiar el garrote, con el que será golpeado” Eduardo Galeano

 

Continúa con:

"Se podría decir que históricamente, y en lo que respecta a la Argentina, el proceso de endeudamiento fue y continua siendo, una de las principales trabas en cuanto a su desarrollo no sólo económico, sino también social y político, aún más si se lo considera, como una de las principales formas de opresión de los países dominantes, hacia los países más pobres.

 El problema de la deuda externa tampoco se limita a una cuestión meramente financiera sino que se relaciona estrechamente con las características que ha asumido el capitalismo argentino a partir de la última dictadura militar y de las pautas que han tendido a consolidarse durante la década pasada.

Tal es la magnitud y la actualidad del tema, que recientemente, a muy pocos días de haber comenzado el año del Bicentenario, el país enfrenta una de sus peores crisis institucionales, de los últimos años, debido a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar parte de la deuda, con fondos de la reserva del Banco Central. Por tal motivo se hace sumamente pertinente analizar los orígenes históricos de la deuda externa argentina; ver bajo qué condiciones se produjo ese endeudamiento, analizar su legitimidad y entender qué ha representado históricamente para el país". Fuente: www.argenpress.info / 18-1-10

 

2. Convierte a la democracia en restringida

 

DIALOGO 2000, en "Argentina: Lo urgente y necesario es cuestionar la legitimidad de la deuda", explica: "La ilegalidad e ilegitimidad de origen de la deuda externa no puede ser saneada ni blanqueada a través de las sucesivas renegociaciones y pagos, pues lo que es ilegal e ilegítimo en su origen no puede hacerse legal ni legítimo por ningún medio.

 Frente a la creación del denominado “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” para garantizar los vencimientos de deuda de este año y las recientes afirmaciones, tanto del Gobierno nacional como de algunos sectores de la oposición, de que la legitimidad de la deuda no debe ser revisada, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo. Y al mismo tiempo, señalar algunas de las razones para sostener que la investigación y auditoría integral de la deuda externa es una obligación que debe involucrar a los tres Poderes del Estado.

 

1) La deuda externa argentina ha sido objeto de una investigación que duro 18 años y concluyó en el año 2000 con una sentencia judicial que declaró su ilegalidad y fraude El Juez Federal Jorge Ballestero, en la “Causa Olmos”, dictó un fallo en el que pone al descubierto las maniobras ilícitas y delitos cometidos en el proceso de endeudamiento. En el mismo afirma que “la deuda externa de la Nación [...] ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados”.

 

2) El argumento de la Señora Presidenta, sostenido también por gran parte de la oposición, de que la deuda fue “legitimada” de hecho por no haber sido denunciada por los sucesivos gobiernos democráticos desde 1983, es una gran falacia. La ilegalidad e ilegitimidad de origen de la deuda externa no puede ser saneada ni blanqueada a través de las sucesivas renegociaciones y pagos, pues lo que es ilegal e ilegítimo en su origen no puede hacerse legal ni legítimo por ningún medio. En realidad, nos encontramos frente a la figura de un “delito de ejecución continuada” denunciado judicialmente en distintos fueros. Negar la ilegitimidad de gran parte de la deuda y continuar pagando a costa del pueblo argentino es un verdadero escándalo.

 

3) La mayor parte de la deuda pública cuyo pago buscan garantizar, tanto el gobierno como sectores de la oposición, a través de la creación del “Fondo del Bicentenario” y otras acciones recientes como la reapertura del canje –votada en el Congreso por casi todos los bloques- y la búsqueda de un acuerdo con el Club de París, es consecuencia y continuidad de la deuda contraída entre 1976 y 1983 por la última dictadura cívico-militar, con la que muchos de los que hoy defienden la legitimidad de la deuda han estado comprometidos o han sido beneficiados por sus políticas. En ese momento, la deuda sirvió para el sostenimiento del régimen y fue utilizada para financiar la represión y el Terrorismo de Estado. Desde entonces ha sido uno de los instrumentos predilectos para la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste, privatización, desregulación y destrucción ambiental que tanto daño le han provocando a nuestro país y al conjunto de los pueblos del Sur que han sufrido las mismas consecuencias.

 

4) Siendo que estas circunstancias no eran ni son ignoradas por los prestamistas, ellos se constituyeron en partícipes necesarios en la comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos y del quebrantamiento del orden jurídico del país. Son por lo tanto co-responsables de la acumulación ilegítima, ilegal y usuraria de la deuda hoy reclamada. De acuerdo a la ética, los derechos humanos y los principios y normas del derecho nacional e internacional, la deuda de la dictadura debe ser considerada “deuda odiosa” y ser declarada nula de nulidad absoluta, sancionando a los responsables y reclamando la restitución de lo pagado e indemnización por los daños provocados.

 

5) Frente a la política de “desendeudamiento” llevada adelante por el Gobierno nacional, que tuvo su inicio con el pago por adelantado de la deuda reclamada por el FMI en el año 2006, debemos denunciar que todas las acciones que se están planteando llevar adelante para “volver a insertar a la Argentina en el mercado de créditos” no tienen otro propósito que volver a endeudar al país, y por consiguiente traer más dependencia y condicionalidades.

 

6) Existen otros caminos y alternativas para encarar el problema de la deuda que el que propone el gobierno y la mayoría de nuestra clase política:

7) En nuestro país, de acuerdo a la Constitución, corresponde al Congreso de la Nación el manejo de la deuda pública. Esta es una responsabilidad indelegable de nuestros representantes y de los representantes de los estados provinciales, que instamos a que asuman como desde hace años se lo hemos reclamado.

 

8) Es responsabilidad irrenunciable del Poder Judicial expedirse sobre las denuncias presentadas en relación a la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa y condenar a todos los que han sido, tanto en el país como en el exterior, por acción u omisión, responsables del endeudamiento ilegítimo.

 

9) El gobierno nacional no puede ni debe seguir renegociando y pagando una deuda cuya ilegalidad y fraude ya ha sido demostrado judicialmente en la Causa Olmos y que actualmente es objeto de otras causas en los fueros federal y penal. Mucho menos puede apelar al uso de las reservas del Banco Central para garantizar los pagos. Hacer esto es actuar contra los intereses de la Nación y del pueblo que lo ha elegido.

 

Por lo tanto, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades, demandamos:

 

* Al Gobierno Nacional que, mientras no se haya realizado una auditoría integral y participativa que determine la legitimidad de la deuda suspenda el pago y/o cualquier renegociación de la misma.

 

* Al Congreso de la Nación que:

* Al Poder Judicial que adelante en tiempo oportuno la investigación y se expida sobre las denuncias presentadas sobre la ilicitud e ilegitimidad de la deuda y actúe frente a la complicidad de los funcionarios públicos con los prestamistas y todos aquellos que se han beneficiado a través del sistema de endeudamiento ilegítimo.

 

10) Por último, convocamos al pueblo argentino en su conjunto a expresarse y movilizarse en repudio de cualquier medida que siga atentando contra la soberanía financiera de nuestro país. Las reservas forman parte del patrimonio de todo el pueblo argentino y deben ser usadas para garantizar los derechos humanos elementales al trabajo y la jubilación, a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda de los miles de compatriotas que hoy sobreviven bajo la línea de pobreza. No para continuar pagando una deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta.

 

¡Sí a la vida, No a la deuda!

 

¡Auditoría YA! ".

Fuente: http://www.argenpress.info /20-01-2010

 

En consecuencia, ¿cómo salir de este funcionamiento del país a favor exclusivo de las potencias imperialistas y sus socios locales?

 

Ideología

Desde las derechas, oficializadas como la oposición efectiva por capacidad de ser votada, y desde los alineados detrás del matrimonio Kirchner se establece una agenda mediática que clava en dicotomías con el objetivo de disputarse el consenso más amplio para los intereses lucrativos de sus representados en el bloque dominante o por demostrarle, a este último, cuáles políticos les aseguran mejor gobernabilidad. En suma, ambos nos ubican -a los de abajo- en subordinados y por ende, procuran la continuidad de la usurpación de nuestra soberanía popular. Poner fin a este sometimiento a políticas de espaldas a nosotros, nos reclama asumirnos protagonistas en la elaboración de la comprensión mutua entre nosotros que nos permita no sólo identificarnos partícipes de conflictos y experiencias de cada una de nuestras organizaciones sino, también, deliberar y decidir sobre el destino común.

 

Los K nos desvían mejor de los debates a realizar para liberarnos del dominio económico y territorial que ejercen los oligopolios a cuyo beneficio se organiza el sistema capitalista en central y periférico. Averigüemos porqué ejemplificando cómo nos convencen sobre el imperativo de aceptar el "Fondo del Bicentenario...". Comencemos por:

"¿Cuál es el fin del Fondo? por Política (politica@miradasalsur.com )

 

El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad se creó con la finalidad de garantizar la creación de los servicios de la deuda del año 2010. Se constituye con el 37% de las reservas internacionales de libre disponibilidad (excedente sobre la Base Monetaria), lo que correspondería a un total de U$D 6.569 millones.

 

El Decreto 2010/2009 modifica artículo 6º de la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad, para permitir la utilización de las denominadas reservas de libre disponibilidad para efectuar pagos de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y pagos de servicios de la deuda pública del Estado Nacional. (...)

El Fondo del Bicentenario de hecho funciona como un reaseguro de que la Argentina va a cumplir con la totalidad de sus compromisos (...)".
Fuente: Miradas al Sur/ Política/ 10-1-10

Continuemos con la indicación de cuál debe ser el objetivo de la intelectualidad progresista que realiza Santiago Solda (economista de AIERA). Al respecto demanda la defensa de las acciones gubernamentales "por su contraste con el pasado o con los preceptos neoliberales" y sobre todo, la necesidad de "plantear explícitamente una estrategia y generar consensos que permitan hacer frente a las instancias de conflicto que, inminentemente, se desenvolverán".

 

Con la propuesta de definirse por contraste, se afilia a la política de modelar en una visión maniquea de la realidad social que fomenta el matrimonio Kirchner para evitar la deliberación pública de los problemas fundamentales y para propiciar la escenificación de conflictos (entre componentes del bloque dominante) en forma tal de ir construyendo el mito de que es un gobierno popular, nacional y de derechos humanos que lo mantenga exitoso en cosechar apoyo sin poner en riesgo de subversión al orden opresor.

 

En fin, consideremos cómo se concreta la defensa del Fondo por:

 

1. Argumentación sobre su conveniencia y viabilidad

 

Santiago Solda, en Reflexiones sobre el Fondo del Bicentenario, expresa:"Luego de la crisis económica, social y política más grave que viviera nuestro país en toda su historia, a fines del 2001, a través de una fuerte devaluación de la moneda, la economía comienza un período de muy fuerte crecimiento económico que duró hasta el 2008, en que se desata la crisis financiera global.

 

Elogia el modelo por su "potencialidad de generar empleo, mantener la competitividad por el tipo de cambio y mejorar la distribución del ingreso". Aclara:

"El manejo de la Deuda Externa

Pero aunque no siempre se destaque, un tema central de todo ese proceso lo ha jugado el manejo de la deuda externa. Desde la vuelta de la democracia y hasta la crisis de finales de 2001 (habiendo sido una de las principales causantes de dicha "explosión") los gastos en materia de capital e intereses que debían pagarse al exterior provocaba una muy fuerte erogación de recursos que salían de la producción y estrangulaba el sistema económico. (...)

 

La deuda, que antes del 2001 era de u$s 143.000 millones y representaba el 120% del PBI, siguió manteniéndose estable en su monto pero abarca el 42% del PBI en la actualidad. Esta estrategia se la conoció con el nombre de "desendeudamiento" e implicó el esfuerzo de mantener constante su valor absoluto, al tiempo que se conseguía reducir su peso relativo del PBI, por el fuerte crecimiento de éste en los años siguientes. Esta situación, que hoy permite un manejo relativamente controlable, era inimaginable en todos los años que vivió la democracia desde el '83 hasta el 2001 (...)".

 

A partir de esa interpretación tan acomodaticia del yugo imperialista, define: "En esencia, el Fondo del Bicentenario propone conformar una partida de reservas provenientes del BCRA dedicadas, específicamente a profundizar el proceso de desendeudamiento, mejorar la estructura de la deuda y reducir sus tasas; cancelar capital; y garantizar el sostenimiento de la inversión pública y privada a través del acceso a los mercados. (...)

 

Pero la medida es positiva fundamentalmente por la mejora de las condiciones de negociación que provocaría: el disponer un fondo afectado específicamente a pagar deuda, permitiría conseguir deuda de menores tasas, que reemplazaría la que está pagando actualmente nuestro país, permitiría cancelar capital de deuda existente o, en un tiempo de crisis global donde no sobran las oportunidades para invertir fondos, serviría como garantía para poder mejorar los plazos o las condiciones en que el Gobierno o las empresas privadas pueden recibir en los mercados financieros. En definitiva, tener un fondo específico para enfrentar vencimientos permitiría reducir el monto total de la deuda, reducir las tasas que el país por la misma y mejorar el acceso a los mercados internacionales para el Gobierno o las empresas privadas. (...)

 

Prácticamente todos los analistas coinciden que las reservas son suficientes para respaldar el 100% de la base monetaria (incluyendo las cuentas corrientes y cajas de ahorro), hacer frente a 9 meses de importaciones o cubrir el 15% del PBI, y que, dado el fuerte saldo comercial que está experimentando la Argentina, este año se acumularían otros de 10.000 millones más. Por ello, destinar 6.500 millones no es una cifra que resulte significativa". Fuente: Miradas al Sur/ Argentina Económica/ Economía/ 24 -1-10

 

En términos similares opina Alfredo Zaiat: "Con niveles óptimos de reservas y la decisión política de utilizar una ración pequeña de sus excedentes".  Pero se suma a disputar consenso (como dicta el matrimonio presidencial), subraya: "La crítica proveniente de sectores conservadores tiene su origen en que considera que las reservas no deben tocarse puesto que sólo sirven para financiar la fuga de capitales, o sea un seguro de divisas para los especuladores. Las que nacen de sectores considerados de izquierda o progresistas son peculiares porque siempre sostuvieron que había que aplicar reservas para políticas sociales o de inversión pública. Y como hasta ahora nadie demostró que el dinero no es fungible, los presupuestados fondos fiscales que no se aplicarán al pago de la deuda, compromisos que se pretenden cancelar con reservas, se podrán orientar a ésos u otros destinos.

 

El debate se presenta oportuno acerca de la forma y también sobre la reasignación de recursos presupuestados, pero el cuestionamiento al uso de las reservas con la misma lógica conceptual que el esgrimido por las corrientes ortodoxas, que en estos días se desplegaron con intensidad, desconoce el proceso histórico reciente y su actual adaptación en relación con las reservas internacionales en las bancas centrales. A veces, legítimas aspiraciones en la arena política para convocar adhesiones derivan en discursos, como el desplegado con las reservas y la deuda, que acentúan el retroceso en la batalla cultural en el espacio económico, que la restauración conservadora sabe bien cómo consolidar".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-138280-2010-01-10.html

 

2. Desviación del debate de fondo o del conflicto central para los de abajo

 

David Cufré informa: "La discusión de fondo, sostienen en el Ministerio de Economía, es entre un gobierno que busca liberar recursos del presupuesto para gastar más en obras y desarrollo, y la oposición de derecha que quiere el camino del ajuste. A las críticas que le llegan desde el centroizquierda les atribuyen mera especulación política y las acusan de ser funcionales a los intereses de la derecha.

“Pino Solanas nos corre con argumentos de izquierda, dice que hay que discutir la legitimidad de la deuda, pero lo único que hace es sumarse al coro de los que no quieren que usemos las reservas para gastar más en rutas, centrales eléctricas y en la asignación por hijo”, reprochan. La versión del oficialismo es que resulta una buena idea sumar recursos al Tesoro de las reservas del Banco Central –por demás excedentes– para pagar vencimientos de deuda y, de ese modo, quitar del compromiso fondos que iban a usarse del presupuesto para tal fin. La oposición retruca que si el Gobierno quería gastar más, lo tendría que haber planteado cuando se trató el Presupuesto 2010, para debatir también el destino de las partidas adicionales.

Los economistas de la city también ponen la mira en el gasto público. Coinciden en que el objetivo del Gobierno es tener más recursos para gastar. De acuerdo con su visión, eso es un problema porque el gasto ya viene creciendo muy por arriba de los ingresos tributarios y eso traerá inflación. Es la visión ortodoxa clásica de los ’90, que desconoce, entre otras cosas, el papel de los formadores de precios y de los sectores concentrados de la economía en la evolución de la inflación. “Nadie se rasga las vestiduras porque se usen reservas para pagar deuda. Eso puede ser hasta una buena medida. El problema es el gasto”, insisten".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-138280-2010-01-10.html

 

Entrevistado por Miradas al Sur, Martín Sabbatella  responde sumándose a los discursos oficialistas:

3. Refuerzo del mito enfervorizador de estar rompiendo con la dependencia

 

Alfredo Zaiat sacude: "resulta sorprendente el show político montado por la oposición y el ex presidente del Banco Central Martín Redrado por la constitución del Fondo del Bicentenario. Argentina, antes y ahora, se ha sumado a la tendencia dominante de países emergentes o de nuevas potencias para ganar márgenes de autonomía".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-138280-2010-01-10.html

 

Alfredo Eric Calcagno achaca el conflicto con la 'oposición' por Redrado a: "en el fondo, se procura retirar al Estado democrático de las decisiones económicas y cristalizar el nuevo orden para hacerlo irreversible. El núcleo duro está en la dependencia externa. Se pretende resucitar la vetusta división internacional del trabajo. La defensa de la política del establishment también se aplica a la política interna, que requiere la inamovilidad de las relaciones y condicionamientos actuales (...)".
 Fuente: Miradas al Sur/ Política/ 10-1-10

En consecuencia, es fundamental que los de abajo protagonicemos la instalación de nuestra deliberación sobre «la deuda pública externa» que es esencial al coloniaje. Éste se expresa en la extrema concentración y desnacionalización tanto de la economía como del territorio que sigue avanzando en forma rauda. Sus efectos son la pauperización creciente que se reflejan en: el hambre y malnutrición de buena parte de los niños y adolescentes de Argentina; el colapso de la salud pública en todo el país; la situación de miseria de la gran mayoría de jubilados y pensionados por la repartición de sus fondos según convenga a los poderes establecidos; la extensión de los asentamientos precarios; las muertes por hambre de indígenas al ser expulsados de sus territorios e incluso sometidos por fuerzas estatales de represión como ejemplifica http://www.comunidadlaprimavera.blogspot.com ; la desfinanciación de la educación pública; la desertificación; etc.

 

Para concretar tal objetivo, quienes poseemos cierto poder de comunicación y militancia, precisamos evaluar el frente de batalla cultural que constituyen quienes se comprometen con elaborar la argumentación a favor de toda medida gubernamental, con contrastarla a las reacciones de la ultraderecha y con efectivizar el frente para la victoria sobre la mayoría de los abajo en el sentido de convencerla del liderazgo benefactor e iluminado de los Kirchner.

 

Esa valoración de los intelectuales organizados para el statu quo o gobernabilidad K del sistema de saqueo, sin embargo, no puede llevarnos a debatir con ellos. Sería embarcarse en sus razonamientos de disputa con intención de imponer sus criterios e ideas y en discursos desorientadores, fanatizadores y creadores de subordinación popular. La cuestión está en considerar el ambiente poco propicio a la interpelación de los de abajo para que se incorporen a analizar juntos cómo resolver los problemas en común y solidarizarse con pueblos, sectores hermanos.

 

Superar esta falsa confrontación entre los de abajo, nos plantea comenzar a unirnos y organizarnos en procura de estrechar vínculos con los otros de abajo hasta que podamos compartir el proceso de pensar-hacer, colectivamente, acerca de los cambios sociales para el buen vivir de todos nosotros sin discriminación de tipo alguno.

 

 

Premisas e hipótesis

Sepamos que el pago creciente e incesante de la gran estafa que es la «deuda pública externa» nos convoca a luchar en contra de esa criminalidad de lesa humanidad, o a hacer posible el encuentro de la diversidad popular para la elaboración conjunta sobre la necesidad de:

 

1. Reconocer la democracia como restringida, desde 1984, al basarse en legalizar y legitimar esa estafa

 

Coincidencias de gobierno y oposición. La mala conciencia de los que se niegan a discutir la deuda externa

PRENSA DE FRENTE advierte:"Con un nivel de coincidencia que, debajo de los fuegos de artificio, no tiene nada de llamativo, Cristina Kirchner y el presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz, sentenciaron con horas de diferencia que es imposible, “irresponsable”  y un mero “slogan electoral” cualquier planteo de discusión de ese eje determinante de la realidad argentina desde hace 30 años que es la deuda externa.
La pelea entre ellos –con la participación del resto de la oposición- se reduce a decidir si hay que pagar los vencimientos de la deuda con nuevo endeudamiento y un ajuste más “suave”, por el uso de reservas, como pretende el Gobierno, o con nuevo endeudamiento y un ajuste más brutal, como pretende la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el “peronismo disidente” –y por supuesto el conjunto del poder económico-, según las viejas fórmulas de la ortodoxia neoliberal.

 

Resulta curioso escuchar a Sanz acusar de “irresponsables” a quienes plantean debatir sobre la legitimidad de la deuda como discusión real alrededor del tema del Fondo del Bicentenario, el Banco Central y Martín Redrado. Porque los radicales tienen un porcentaje importante de la responsabilidad respecto del proceso de reendeudamiento eterno, con fuga de divisas paralela y empobrecimiento de los sectores populares en que se transformó el tema de la deuda generada por la dictadura militar. Y tener una responsabilidad que no se asume es algo así como el paradigma del comportamiento “irresponsable”.

El argumento de Cristina, precisamente, es que no se puede discutir sobre la legitimidad de la deuda porque el reclamo de los acreedores fue legalizado, dado por bueno y exigible, por el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer gobierno democrático.

Hay que recordar que en esa legalización:

Fue durante ese gobierno radical cuando, en 2000, mientras se discutía –y se pagaban conciencias para- cómo precarizar todavía más la situación de los trabajadores en la Argentina, cuando se produjo un hecho clave, que echa por tierra todos los argumentos “jurídicos” de Cristina y Sanz contra la posibilidad de que el Congreso asuma, de una vez por todas, su función constitucional de “entender” en el tema de la deuda. Se trata del fallo del juez Jorge Ballestero, tras una investigación de 18 años, en la causa por el endeudamiento generado por la dictadura abierta en 1982 por Alejandro Olmos. El fallo de Ballesteros, en función de numerosos y exhaustivos peritajes, concluye expresamente con la definición de ilegitimidad y fraudulencia de la deuda externa, ilegitimidad y fraudulencia generada por funcionarios, banqueros y empresarios y, dice, con la complicidad de los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ballestero envió formalmente su fallo a la Cámara de Diputados, que presidía el radical Rafael Pascual, para que se empezara a discutir allí una estrategia nacional sobre la deuda. Por cierto, ni Pascual ni sus correligionarios, ni la entonces principal bancada de oposición, la del PJ en la que se lucía Cristina Kirchner, hicieron un solo gesto de responder a la interpelación que les hacía el fallo". Fuente: www.argenpress.info / 19-1-10

 

2. Desenmascarar a los 'acreedores' para destapar a  la deuda como instrumento de dominio

 

Deuda externa pública y censo de acreedores

Héctor L. Giuliano esclarece: "En el marco de la tradicional complicidad que existe entre los gobiernos de turno y los acreedores financieros del Estado junto con sus permanentes bancos intermediarios, la Administración Kirchner pugna actualmente por cerrar en forma acelerada y secreta un acuerdo con los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 (los Holdouts) sin identificar, entre otras cosas, una información clave en estas negociaciones: a quiénes les debe hoy la Argentina.

La esencia del Plan Brady de 1992 fue pasar la Deuda Externa del Estado, arrastrada desde el Proceso con una serie fuertemente concentrada de Bancos Acreedores, a Deuda “anónima” expresada en Títulos Públicos.

Lograda esta maniobra básica, la servidumbre al Sistema de la Deuda Perpetua venía consolidada por añadidura porque el argumento acordado de ahí en más entre los verdaderos acreedores y los gobiernos que rotasen en el poder formal del país iba a ser que las nuevas Administraciones no podían identificar a los tenedores de bonos.

 Este replanteo fundamental de la relación del Estado con su Deuda Pública – precedida por el Acuerdo de Nueva York de 1985, en que el gobierno Alfonsín emitió Bonods y Promissory Notes en respaldo de las acreencias nominativas de los grandes bancos y acreedores – fue consolidado después con la transformación de la Deuda Externa en Bonos Brady durante 1992-1993 y constituyó el hito principal en la nueva etapa de endeudamiento público de la Década del ´90: la Ola de Deuda Nueva, después de la Primera gran Ola de “Deuda Vieja” durante la Administración del Proceso Militar de 1976-1983.

 

Los Bonos Brady fueron luego canjeados en su mayoría por nuevos títulos a través de la operación cuasi-delictiva del Megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001, pactada con una serie de grandes bancos bajo la coordinación del Credit Suisse-First Boston, dirigido por David Mulford (el mismo que, como Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, había intervenido en la gestación del Plan Brady y que, junto con el titular del Comité de Bancos Acreedores, William Rhodes, recibiera las máximas condecoraciones del Estado Argentino por parte del Gobierno Menem).

Cuando el Gobierno Kirchner acordó su Megacanje de Junio de 2005 no sólo reconoció y absorbió entonces la mayor parte de los títulos originados en el negociado del Megacanje anterior del 2001 (pese a que esa operación está siendo investigada por la Justicia Federal) sino que cedió además en un punto clave que fue boicoteado por los Acreedores: la identificación de los tenedores de bonos.

 Esto configuró una actitud tan importante como insólita: los Acreedores – al contrario de lo que ocurre, por lógica, en todo Concurso Privado – se negaron a identificarse; y la Administración Kirchner lo terminó aceptando así.

 

Es que el anonimato en las grandes renegociaciones de la Deuda es consustancial al mecanismo de la Deuda como Instrumento de Dominio.

 

Es una de las piezas-clave a través de la que los gobiernos de turno aceptan la sumisión al poder de la Banca Acreedora y los Fondos de Inversión que actúan mimetizados a través de la pantalla de ser representantes de bonistas anónimos.

 

Ésta es, repetimos, una de las piezas esenciales dentro de las negociaciones secretas de todas las reestructuraciones de Deuda; y los gobiernos de turno son, en este punto, cómplices de los Acreedores en contra del Interés Nacional.

 

No existe justificación alguna para que estos acreedores sigan siendo titulares no identificados: si la Administración de Gobierno actuara con la mínima transparencia y honestidad lo primero que debe hacer es exigir la identificación de todos los acreedores no sólo involucrados en la presente refinanciación sino la de todo acreedor del Estado en general.

 

Hoy en día no existe excusa válida para rehusar la constitución de un Banco de Datos que contenga los registros de todos y cada uno de los Acreedores del Estado, empezando por aquéllos que se presenten hoy al Canje de los Holdouts.

 

Este mecanismo sería simple y directo: a cada tenedor de Bonos se le debieran pedir básicamente cinco tipos de datos: 1. Su identificación personal (que en caso de ser persona jurídica debiera identificar además los titulares personalizados de la firma), 2. El lógico detalle de los títulos de Deuda Argentina en su poder, 3. La fecha y operación de compra de esos títulos, 4. A quién se los compró (esto es, la identificación del Vendedor), y – punto clave – 5. A qué Precio los pagó en su momento, ya que este último dato es fundamental a los efectos de cuantificar el resarcimiento monetario pertinente, si es que se tratase de una Deuda Legítima; porque en principio, el Estado, por fundadas razones de fuerza mayor – incapacidad de repago – no estaría obligado a rescatar dichos títulos a mayor valor que el precio abonado por el acreedor.

 Jactarse el Gobierno, el día de mañana, de haber “conseguido” una quita del 40, 50 ó 60 % sobre títulos que los acreedores especulativos anónimos compraron al 30, 20 o menos por ciento de su valor es, en principio, una burla a la Opinión Pública; y convalida un negociado de tales acreedores. Es justamente lo que configura la ganancia típica de los Fondos Buitre.

 

La identificación de las operaciones de adquisición es importante no sólo como dato sino también como fuente de información – nacional e internacional – sobre eventuales operaciones de lavado de dinero. Y ésta es una de las razones por la que los Acreedores tratan siempre de evitarla escondiendo así sus operaciones de triangulación financiera.

Este sólo proceder estatal – si existiera la mínima voluntad de confrontar y no convivir con el problema de la Deuda - constituiría un giro copernicano frente a todos los falsos planteos gubernamentales que se sostienen en complicidad con los acreedores y sus intermediarios financieros.

 Detrás de las operaciones de reestructuración de Deuda Pública están los más grandes negociados de la Corrupción Argentina y la identificación de los actores - el Censo de Acreedores – es la herramienta idónea para empezar a desarmar el mecanismo de complicidad de la Deuda Perpetua.

Si el Gobierno Kirchner estuviera actuando hoy con un mínimo de transparencia y honestidad, antes de cerrar ningún trato u oferta tendría que llevar a cabo este Censo de Acreedores; y darlo a publicidad: ¿por qué es secreto ser Acreedor Financiero del Estado?

 

Se trata de un pre-requisito elemental para el inicio de la defensa del Interés Soberano de la Argentina: saber a quiénes le estamos hoy debiendo".
Fuente: agenciawalsh@listas.nodo50.org;   www.agenciawalsh.org / 29-1-10

 

3. Involucrar a sus beneficiados con el Estado terrorista y la pauperización de las grandes mayorías

 

Argentina: El drama y la farsa

Alcira Argumedo se refiere a la política K de eliminar el disenso de fuerzas que no son de derecha: "En estos tiempos es pertinente recordar esa reflexión de Carlos Marx, cuando señala que la historia tiende a repetirse una vez como drama y otra como farsa: comparaba por entonces las experiencias en Francia de Napoleón Bonaparte y décadas más tarde, la de su sobrino Luis Napoleón. Asimismo es pertinente evocar los dichos de un filósofo del mismo apellido, Groucho Marx: “Estos son mis principios; pero si usted prefiere, tengo otros”.

El tema se vincula con la reiterada cantinela de algunos críticos a Proyecto Sur, considerándonos integrantes de la nueva Unión Democrática, aliados de una derecha que estaría acosando al movimiento nacional y popular. Raro movimiento nacional y popular que, en el primer acto simbólico de los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia, crea un fondo destinado a pagar la deuda ilegítima, como mérito para ser aceptado por el FMI y el capital financiero especulativo: aquí vale Carlos Marx. Rara igualmente la posición de ciertos intelectuales, economistas, cuadros políticos y periodistas, cuyos principios los llevaron a criticar duramente el modelo neoliberal -con su pilar fundamental en la deuda externa fraudulenta- y ahora coinciden con el gobierno y la oposición conservadora en la necesidad de “honrar la deuda”: aquí vale Groucho Marx. Sería patético que tales cambios tuvieran como fundamento el lapsus cometido en un reciente artículo (Getino, Página12, 15/01/10) donde se condena a “ex artistas beneficiarios de subsidios oficiales ayer y hoy opositores”. Confunde así a determinadas instituciones del Estado cuya función -de acuerdo a la ley- es otorgar subsidios a proyectos de reconocida calidad, con prebendas o abultados sueldos recibidos de un gobierno que exige como contrapartida una sumisión incondicional".

 

Pese a ese hostigamiento, afirma: "La deuda externa fue contraída en forma escandalosa bajo la dictadura militar, al amparo de la impunidad sustentada en el terrorismo de Estado: cubierta de sangre y lodo, entre 1978 y fines de 1980 creció desde unos 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, de los cuales 23.000 millones era deuda del sector privado, estatizada por el inefable Domingo Cavallo. Un hombre del establishment con la ductilidad requerida para ser funcionario de la dictadura, del gobierno menemista del PJ y del de la Alianza de la UCR con el Frepaso: los dos últimos, expresiones del bipartidismo que ahora se pretende consolidar con la Ley de Reforma Política.

A pesar del concepto de “deuda odiosa” -definido por el presidente norteamericano William Taft con referencia a los préstamos otorgados a tiranías que deben considerarse ilegítimos y aplicado en 2003 a la deuda de Saddam Hussein en Irak- desde 1985 la deuda externa sería utilizada como el instrumento clave para imponer las políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial. Iniciadas con el Plan Austral de Alfonsín, durante los noventa las políticas de ajuste y despojo llegaron al paroxismo: en 1991 la deuda era de 60.000 millones de dólares y como forma de pago se enajenó el 90% del patrimonio estatal, junto a la caída de los salarios, el empleo y las jubilaciones, a la flexibilización laboral y a la restricción de los fondos destinados a políticas sociales, alimentando inéditos niveles de pobreza, indigencia, desocupación y sufrimiento: sin embargo, al finalizar la década se había incrementado a unos 120.000 millones.

 

En julio del 2000 ingresaba al Parlamento el fallo del juez Jorge Ballestero quien, en base a las denuncias de Alejandro Olmos y después de dieciocho años de investigarla con peritos y expertos, establecía el carácter ilícito y fraudulento de la deuda. Salvo dignas excepciones, los legisladores guardaron un riguroso silencio que aún perdura. En esos meses, el “blindaje” de Machinea y el “megacanje” de Cavallo la incrementaron en 55.000 millones de dólares más, hasta que llegó el corralito.

 

Aunque habían recibido de ellas ganancias gigantescas, los bancos extranjeros desconocieron las obligaciones de sus filiales y, al tiempo que se confiscaban las cuentas de pequeños y medianos ahorristas, salían hacia Ezeiza camiones cargados con 27.000 millones de dólares a fin de resguardar los depósitos de los grandes clientes: los “buitres” no son sólo los fondos designados con ese nombre; también son buitres, entre otros, el Deutsche Bank, el Citibank, el Bank of Boston, el Banco Francés, la Banca Morgan, el Banco Galicia, Shell, Esso o Aluar, beneficiados además con la estatización de su deuda privada en 1981.

 Pero no se trata únicamente de aspectos financieros; las consecuencias sociales de la deuda dan cuenta de la desintegración de la sociedad argentina y de las profundas heridas que ha dejado en nuestro pueblo. En 1974/75 la población en condiciones de pobreza rondaba el 7%, ahora estamos en un 40% si se desechan las cifras del INDEC y la absurda medición de la línea de pobreza: una familia que gana menos de 1077 pesos mensuales es pobre, pero si recibe 1100 pesos dejaría de serlo. El 50% de nuestros niños y jóvenes menores de veinte años -unos seis millones- afrontan situaciones de miseria o indigencia. El 80% de los jubilados y pensionados cobran ingresos por debajo de esa línea de pobreza. La tasa de desocupación era de un 3% histórico, en estos días alcanza dos dígitos y el 40% de los empleos son precarios o en negro. En las evaluaciones de calidad educativa realizadas por la Unión Europea en 57 países del mundo, ocupábamos los primeros lugares y actualmente nos situamos en el puesto 51, superando sólo a Qatar, Túnez, Azerbaiyán y Kirguistán. Casi la mitad de los adolescentes entre 14 y 17 años ha desertado o no cursa el secundario: nivel de formación mínimo para acceder a un trabajo digno; lo cual, además de una injusticia, supone hipotecar el futuro inmediato de la nación. Sin mencionar las cuestiones de salud o vivienda, sobran los indicadores que demuestran la gravedad de la catástrofe social.

 

Cuando ante estas realidades contundentes exigimos una auditoría con el propósito de diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y enviarla a la Corte Internacional de La Haya, se nos acusa de desgastar al gobierno como parte de la tan mentada Unión Democrática (Dri, Página12, 11/01/10). El presidente Rafael Correa de Ecuador acaba de auditar su deuda y los acreedores aceptaron el pago de un 30% de lo exigido, dado el temor a que se evidenciaran en un juicio los manejos turbios comprobados. Además de los antecedentes del dictamen del juez Ballestero y de las tres causas que se están procesando en los tribunales, tomamos en consideración el accionar de los grandes bancos y los capitales financieros especulativos en los países centrales. Si fueron tan delincuentes que derrumbaron Wall Street, la economía norteamericana, la de la Unión Europea y la del Japón, junto a otras menores; si fueron cómplices de la quiebra de Enron, considerada por la revista Fortune como la empresa ejemplo del mundo durante los cinco años anteriores; si pudieron robarle los ahorros al propio Henry Kissinger; tenemos derecho a sospechar que con nosotros no fueron demasiado honestos. En consecuencia, la “contradicción principal” no pasa por pagar con reservas o con políticas de ajuste -en la versión oficialista o en la de la oposición de derecha- sino por una auditoria de la deuda externa, jerarquizando la deuda interna y un proyecto nacional capaz de revertir ese saqueo con sus duras secuelas o seguir actuando como un enclave colonial". http://www.argenpress.info/ 3-2-10

 

4. Juzgar la criminalidad de todos los implicados  y condenarlos con confiscación de patrimonios

 

Crisis política y Deuda Externa Pública

(FeTERA SEMANAL N° 541 19.01.10). "Nuestro pronunciamiento es contra el pago de la deuda y por su auditoria e investigación. Es contra la autonomía del BCRA y el establecimiento de una política económica para un modelo productivo que contenga las necesidades populares nacionales y regionales y no las del régimen del capital en su etapa de dominio transnacional."

 

El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad, por unos 6.569 millones de dólares, realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituyó una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).

Se ratificaba así una orientación de reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, marcado a fuego con la cancelación anticipada al FMI a comienzos del 2006 y una voluntad votada mayoritariamente por el Parlamento a fines del 2009 para suspender el “cerrojo legal” que impedía la reapertura del canje de la deuda con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.

La crisis de la economía mundial explicitada desde setiembre del 2008 postergó hasta ahora la voluntad de cancelar la deuda con el Club de París por casi 7.000 millones de dólares.

Son tres actos que involucran fondos públicos para cancelar deuda por unos 44.000 millones de dólares, los que se suman a otros miles de millones de dólares de cancelaciones regulares de una deuda eterna que no es puesta en discusión por el sistema constitucional desde su vigencia en 1983.

 

Pasaron 26 años y el régimen constitucional desoye acciones políticas y legales como la iniciada oportunamente por Alejandro Olmos contra autoridades del BCRA y de la Dictadura Militar entre 1976 y 1983, que generó sentencia del Juez Ballestero en el 2000 y apenas suscitó una sesión de discursos sin efectos concretos. Muchos de nosotros y de las organizaciones en que militamos nos involucramos directamente en la promoción y difusión de la iniciativa presentada por Olmos y la CTA reiteró desde su fundación resoluciones por el No pago de la Deuda Externa en diversos congresos.

Esa querella (Olmos) y las múltiples campañas populares denunciando el endeudamiento externo constituyen una de las grandes asignaturas pendientes del régimen constitucional. Existe responsabilidad de cada uno de los representantes del pueblo que asumieron funciones en este cuarto de siglo. Ello impone discutir el tema de la deuda externa pública en el conjunto de la sociedad. Es un asunto a privilegiar en la construcción del movimiento por la constituyente social que empujamos junto a la CTA y un millar de organizaciones sociales, políticas y personalidades de la cultura.

 

II

Nuestro pronunciamiento tiene sentido ante la crisis institucional que genera el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Presidente del BCRA. La disputa es por las reservas internacionales y su utilización para cancelar deuda. Los firmantes de este escrito rechazamos la voluntad de continuar pagando la deuda y exigimos la realización de una auditoria de la misma, retroactiva al saldo presentado en tiempos de la Dictadura.

No existe validez en el argumento de la continuidad jurídica de los actos del Estado, aún con acciones refrendadas en tiempos constitucionales. Existe un problema de origen y es el carácter odioso de la deuda contraída por la Dictadura. EE.UU. declaró odiosa la deuda asumida por Irak al momento de su ocupación territorial en 2003, sustentando la decisión en el carácter ilegítimo del gobierno de Sadam Husein.

Cada turno de gobierno desde el 83 asumió sin auditar el saldo de deuda recibido de gobiernos anteriores. Solo se encargaron de culpar hacia atrás y renegociar bajo nuevos términos la deuda. Todos los gobiernos constitucionales desde el 83 realizaron su renegociación de deuda y son responsables de la hipoteca transferida al conjunto de la sociedad. Es una responsabilidad compartida por los poderes del Estado y las fuerzas políticas mayoritarias, reanimadas ahora con la reforma electoral en beneficio del bipartidismo.

La crisis política en curso demuestra que aún no se superó la situación del 2001 y que existen responsabilidades concretas por acción u omisión de legisladores, jueces o gobernantes. Es momento para denunciar y enjuiciar socialmente la complicidad del sistema político con el poder económico, dentro del cuál se destacan los monopolios de la comunicación. ¿Qué tan distintos son los monopolios de la comunicación con respecto a los invitados a cenar en Olivos en vísperas de la noche buena? ¿Qué interés nacional expresan los grupos económicos locales transnacionalizados en el campo, la industria o los servicios? ¿Qué opinar de las centrales patronales y de la CGT apoyando el pago de la deuda y criticando al funcionario del BCRA designado y apoyado por los últimos gobiernos? Martín Redrado ingresó a la función de la mano de Menem, pero fue impulsado a dirigir el BCRA en estos dos turnos. Ahora se menciona a Mario Blejer para sucederlo. ¿Es acaso expresión de una perspectiva nacional y popular, o expresión del poder financiero mundial?

 

En Argentina se realizaron y realizan juicios contra los dictadores por afectar los derechos humanos, pero no se los juzga por sus actos económicos, sociales e institucionales, más allá del simbólico efecto hasta ahora de la sentencia judicial del 2000. La responsabilidad es de la Dictadura y de los gobiernos constitucionales de estos años que convalidaron y potenciaron la subordinación local al poder económico mundial vía endeudamiento. Es una regularidad que debemos combatir, denunciar y superar en la construcción de una alternativa política popular.

 

¡La Argentina no necesita endeudarse más! Hay superávit comercial y fiscal y una importante acumulación de reservas internacionales, claro que comprometidas con normas que las subordinan al régimen del capital; tanto como para cubrir la base monetaria de funcionamiento del capitalismo local, como la garantía sobre títulos públicos emitidos para frenar la inflación por emisión monetaria (argumento falaz del ideario neoliberal imperante).

 

No se debe olvidar que uno de los argumentos del Fondo del bicentenario se sustenta en la necesidad de obtener nuevos créditos internacionales para refinanciar la deuda. El Poder Ejecutivo quiere negociar nuevo financiamiento al tiempo que cancela vencimientos y para eso el Fondo del bicentenario. El Presidente del BCRA pretende acordar con el FMI, con los holdouts y el Club de París y en ese marco regularizar la reinserción internacional para nuevo endeudamiento.

Ambos contradictores, el gobierno y Redrado, sustentan tácticas diferentes para el mismo fin de cancelar deuda y obtener nuevos fondos sobre la base de un endeudamiento que potencia la dependencia del capital transnacional. En el 2005 Redrado fue copartícipe de la decisión de cancelar deuda anticipada al FMI con reservas internacionales y defendió la medida junto a Felisa Miceli, la ministro de economía de turno.

Necesitamos habilitar una amplia discusión sobre el uso de los fondos públicos, por superávit fiscal y reservas internacionales. Son cuantiosas las necesidades populares insatisfechas. Nos hemos pronunciado por la eliminación de la pobreza y lo dijimos señalando que el hambre es un crimen.

Todos los recursos deben orientarse hacia ese fin y terminar con la pobreza, la miseria, el desempleo, la flexibilización y la explotación de la fuerza de trabajo.

III

En este marco rechazamos la institucionalidad neoliberal y denunciamos la autonomía del BCRA. La política monetaria y cambiaria debe estar en sintonía con una política económica al servicio de la satisfacción de las necesidades populares.

La crisis de la economía mundial capitalista nos permite discutir el orden vigente y junto a otros procesos políticos y sociales que ocurren, especialmente en la región latinoamericana y caribeña, nos permiten abogar por medidas anticrisis de carácter anticapitalista y por el socialismo.

Cuba lleva medio siglo en esa disputa y ofrece claros beneficios sociales en educación y salud; restringidos en su capacidad de ampliarse a otras esferas por el accionar genocida del bloqueo estadounidense. Los procesos de cambio político, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador intentan nuevos caminos en confrontación con el régimen del capital. Las experiencias de lucha popular en Brasil, Uruguay, Nicaragua, o El Salvador son palmaria muestra de una experiencia regional que brega por la emancipación. Todos esos procesos, diferenciados entre sí, junto a la dinámica de resistencia y organización popular desplegada en nuestro país y otras partes de la región y el mundo hacen a la perspectiva de un nuevo imaginario popular emancipatorio.

Existen instrumentos de integración económica que trascienden a los países mencionados y forman parte de intentos por nuevas arquitecturas financieras y de articulación productiva. Es el camino del ALBA, el Banco del ALBA y el Sucre; de Petroamérica, Telesur y el Banco del Sur; tanto como los experimentos de intercambio comercial con monedas locales. Es un camino escasamente transitado y que necesita potenciarse. Para ello hay que eliminar trabas institucionales del modelo neoliberal y el orden capitalista, entre otras la “autonomía del BCRA”.

Nuestro pronunciamiento es contra el pago de la deuda y por su auditoria e investigación. Es contra la autonomía del BCRA y el establecimiento de una política económica para un modelo productivo que contenga las necesidades populares nacionales y regionales y no las del régimen del capital en su etapa de dominio transnacional.

El movimiento por la Constituyente Social tiene que asumir esta temática e instalar otra discusión en la Argentina, en el camino de los ejes planteados por la democratización de la sociedad; la distribución de la riqueza y el ingreso; la defensa soberana de los recursos naturales.

Si lo que se pretende es aumentar el gasto público, no hace falta utilizar reservas para pagar la deuda; debe decirse en qué se gastará, cuáles son las necesidades a satisfacer y generar el sujeto popular que luche por hacer valer los intereses y necesidades populares insatisfechas.

En ese objetivo nos comprometemos desde nuestra corriente sindical. La crisis en la Argentina es política y por lo tanto se requiere construir una alternativa política popular.

Nuestro compromiso es luchar por una CTA independiente de patrones, del estado y los partidos, que dispute el lugar de los trabajadores en la lucha por la emancipación.

Esa es la motivación para comprometernos en el rumbo de la Constituyente Social para construir poder popular y disputar el orden capitalista vigente y en crisis.

Buenos Aires, 12 de enero de 2010

José Rigane- L y F- Fetera Mar del Plata; Víctor Mendibil- Judiciales-FJA; Manuel Gutiérrez - Asociación de Enseñanza Media y Superior-Ademys; Carlos Chile - Movimiento Territorial de Liberación- MTL; Néstor Jeifetz -Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI; Jorge Cardelli - Docente CTA; Marcos Wollman -Mesa Coordinadora de Jubilados-CTA; Julio Gambina - FISYP y CLACSO; Jorge Izquierdo-Judiciales-FJA; Guillermo López -Fetera Flores; Rafael Rubio-Judiciales-FJA; María Elena Saludas ATTAC - Argentina; Julio Acosta - L y F- La Pampa; Aurora Tumanischwili Penelón- Fetera Flores; Gabriel Martínez -L y F- Fetera - Mar del Plata; Carlos Ordóñez -Judiciales-FJA; José Luis Ronconi -Sitrajuch-FJA; Néstor Dimillia –Ademys; Carlos Oroz –Ademys; Fabián Penini -Secretario General CTA - Lomas de Zamora; Juan Martín Inama - ATE- Ministerio de Desarrollo Social- Buenos Aires; Julio Bertomeu CEFJA- FJA; Adrián Ruiz -CTA Quilmes; Hugo Blasco AJB- FJA; Aníbal Zanini – Frente Gremial UBA; María Teresa Núñez-Judiciales-FJA; Carolina Fernández – Casa de la Amistad Argentino Cubana de Río Cuarto; Mario Alderete-MPSL-; Elsa Picado -Judiciales-FJA; Gustavo Teres – Docente Rosario; Cristina Camusso- Salud UMS; Alfonso Lobo Judiciales- FJA; Graciela Rosenblum- LADH - MTL; Marta Araya-Sitrajuch-FJA; Liliana Altube- ATE; Marisa López MTL; Carlos Loza –ATE- CTA; Matías Fachal -Judiciales-FJA; Natalio Kuschnir- Fetera; Oscar Quinteros; Jorge Bontcheff – Coordinadora Sindical Clasista; Javier Romero- CTA Chubut, siguen las firmas.

 

5. Enfocar al Banco Mundial, privilegiado por los gobiernos K en pagos de 'deuda', como impulsor del neoliberalismo

 

Pablo Dávalos (La Insignia), en "Banco Mundial, reforma estructural y neoliberalismo" , esclarece sobre su papel central en el desarrollo neoliberal:“En sentido estratégico el Banco Mundial (BM) es una institución más importante que el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene como responsabilidad llevar adelante todas las transformaciones sociales, institucionales, jurídicas, económicas e incluso simbólicas, que permitan la transformación del Estado, hacia un Estado neoliberal. Así como el FMI construye el núcleo central de su propuesta desde la estabilidad y propone las medidas de ajuste para corregir los aparentes desequilibrios del corto plazo, el banco construye su legitimidad desde la denominada "reforma estructural".

¿Qué es la reforma estructural? Es el conjunto de cambios que tienen por objetivo disminuir gradualmente el rol del Estado en la economía y en la sociedad hasta su virtual eliminación como ente regulador. El BM desde su "reforma estructural" construye un "Estado mínimo", dedicado a la seguridad territorial, la seguridad interna, la vigilancia en el cumplimiento de los contratos y la administración de justicia. En el BM están representadas una serie de instituciones. Entre ellas, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia Multilateral de Garantía para las Inversiones y la Agencia de Desarrollo Internacional son las más importantes. El conjunto de estas instituciones es conocido como Banco Mundial, o también Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Su actuación es sobre actores sociales, sobre instituciones estatales, y también opera con empresas privadas. El BM no está comprometido con las medidas económicas fiscalistas de corto plazo, ese trabajo se lo deja al FMI. Su tarea es a largo plazo, y para el efecto necesita desarrollar toda una estrategia de acción y de intervención en cada uno de los países en los que actúa.

Tiene en su interior una serie de think tanks que elaboran documentos, conceptos, nociones, discursos, reflexiones teóricas, estrategias de intervención, técnicas de manipulación, de consenso, de concertación, de disuasión, etc. El Banco Mundial tiene una amplia experiencia en desarrollo económico pero siempre bajo la perspectiva neoclásica (o neoliberal). Siempre actúa en tándem con el FMI, y con las agencias regionales de desarrollo, en el caso de América Latina, sería el BID.

Para llevar adelante su estrategia el BM ha diseñado lo que se conoce como CAS (Country Assistance Strategy) o Estrategia de Asistencia al País. Es la contraparte de lo que sería la Carta de Intención. En el CAS se definen, detallan y justifican las acciones y los recursos que el BM compromete hacia un país, en su objetivo de lograr la "reforma estructural" de ese país. El CAS se armoniza con las Cartas de Intención y las condiciones que haya establecido el FMI. El monitoreo, control y seguimiento que hace el BM de sus préstamos de reforma estructural, son completos y exhaustivos. El país que recibe estos préstamos sea para "mitigar la pobreza", para "modernizar" los servicios de salud, de justicia, etc., no tiene la menor capacidad discrecional, ni conceptual para discutir, cambiar o estructurar dicha ayuda que no sea en los términos en los que el Banco Mundial haya decidido.

Su control sobre este tipo de "ayudas" es total, de tal modo que incluso los técnicos que se contratan están bajo la autorización del BM y no del país que recibe el préstamo. Su intervención se da incluso a nivel de detalles de contratación a proveedores, a personal administrativo, etc. El país que recibe esta "ayuda" en forma de préstamos no tiene ninguna capacidad de injerencia sobre estos recursos. El CAS contempla la acción en varios sectores económicos y sociales claves. La acción en cada uno de estos sectores es cuidadosamente planificada por el staff del Banco. Los recursos entregados aumentan el endeudamiento externo del país, que a mediano plazo le significarán adoptar nuevas medidas de ajuste para pagar estos préstamos. La forma en la cual estos recursos van a "mitigar la pobreza", viene definida desde la sede central del Banco en Estados Unidos.

Se trata de una estrategia por la cual, en nombre de mitigar la pobreza, se rompen las redes solidarias, las resistencias sociales y las capacidades organizativas. Sin embargo, la pobreza aumenta como las deudas del país que asume los compromisos. Doble pérdida". Fuente: www.rebelion.org / Economía/ 1-10-03

 

Nosotros, los de abajo, podemos instalar nuestra deliberación sobre «la deuda pública externa» que es esencial al coloniaje, o sea, a la extrema concentración y desnacionalización tanto de la economía como del territorio. Es ponernos a analizar juntos la pauperización creciente que se refleja en: el hambre y malnutrición de buena parte de los niños y adolescentes de Argentina; el colapso de la salud pública; la situación de miseria de la gran mayoría de jubilados y pensionados por la repartición de sus fondos según convenga a los poderes establecidos; la extensión de los asentamientos precarios; las muertes por hambre de indígenas al ser expulsados de sus territorios e incluso sometidos por fuerzas estatales de represión como ejemplifica http://www.comunidadlaprimavera.blogspot.com; la desfinanciación de la educación pública; la desertificación; los problemas de vivienda y transportes, la megalópolis, etc.

 

Es descubrir -entre todos- que la imposición de ese pago implica una gigantesca transferencia de bienes y fondos públicos hacia el capitalismo central o hacia los oligopolios y Estados imperialistas. Pero lo principal es pasar al protagonismo popular que asuma la decisión consecuente por indagar la verdad a través de auditoría de la deuda externa cuya realización se abra a multiplicarse por el país mediante espacios para la participación de esas comunidades en organizarse con el objetivo del Nunca Más esta criminalidad de lesa humanidad y erradicar la democracia estructurada para legalizar-legitimar al sistema de saqueo. Se trata de levantar tribunales populares que desenmascaren y juzguen a todos los factores locales de poder que han sido imprescindibles al gravísimo empobrecimiento de Argentina y desamparo de las grandes mayorías.

 

Es enfocar al Banco Mundial en la reforma del Estado y las privatizaciones o desnacionalizaciones estratégicas, que están todavía en vigencia plena e incluso han sido profundizadas por los K, por ejemplo, con la ley corta (de provincialización) de los hidrocarburos y Enarsa como oficina de entrega del oro negro o con el gran despliegue de la mega minería a cielo abierto. Los gobiernos K, también, privilegian el BM al hacer pagos de 'deuda' y en el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social.

 

Estas indagaciones servirán para salir del desvío de debates impuesto por los progresistas e izquierdistas del frente de batalla cultural para el amplio consenso al gobierno de los Kirchner y analizar cómo desquiciar la estructura socioeconómica de Argentina que la encadena al subdesarrollo mediante el crecimiento económico por expansión de los monocultivos, de la depredación de recursos naturales, de economías de enclaves exportadores y del Estado y de las ciencias, tecnologías e industrias al servicio del avance imperialista de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de China.

 

Es desenredarse de las falsas alternativas que formulan ambos bandos del sistema saqueo para poner en debate el sesgo fuertemente regresivo del sistema tributario al basarse en el elevado IVA que:

  • restringe el consumo básico de las grandes mayorías;

  • consolida el trato laxo a las rentas de capital, a las financieras y a las ganancias extraordinarias;

  • exime a petroleras, mineras,...y este vaciamiento de fondos públicos se completa con el hecho de que los gobiernos K les otorgan multimillonarios subsidios.

Es desenmarañarse de la encerrona de discutir la justificación del gobierno K: crear un Fondo del Bicentenario para pagar parte de esa deuda con reservas descargando al Presupuesto Nacional de esa obligación a fin de destinar partidas al gasto público proactivo. Mediante la lectura de lo que el Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires Plan Fénix sostiene (en julio de 2004) sobre:

El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal

Amparado en que se encuentra aún pendiente la sanción de la nueva Ley de Coparticipación Federal, 4el FMI ha resuelto impulsar una Ley de Responsabilidad Fiscal, que patentiza su verdadero propósito: acumular recursos para maximizar el pago de servicios de la deuda a los acreedores privados, una vez asegurado su rol de acreedor privilegiado.
El artículo 10° de esta iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado de la Nación, es el centro de la cuestión: básicamente dispone que la tasa de incremento nominal del gasto primario no podrá superar la tasa de incremento nominal del PBI nacional prevista en el marco macrofiscal.

El objetivo buscado no es la aplicación de criterios de «responsabilidad fiscal», sino que se trata de restringir el gasto público corriente y ampliar el superávit primario, lo que fija un techo al crecimiento del gasto público cuya relación con el PBI Nacional se mantendría (en el mejor de los casos) en los bajos niveles a los que se ha reducido actualmente.

Este objetivo prioritario lleva al organismo internacional a despreciar, en los hechos, todo intento de poner el acento en optimizar la gestión para que los servicios de seguridad, justicia, salud y educación se presten con calidad y eficiencia, y aseguren una adecuada cobertura de las necesidades de la población. Consideran necesario disciplinar a las provincias restándoles recursos y obligándolas a que recauden mejor sus propios impuestos.

Esta pretensión es totalmente ilusoria, además de equivocada. Resulta de imposible concreción si las atribuciones tributarias de los distintos niveles de gobierno no se redistribuyen previamente. Un buen número de provincias, aun si se removieran las limitaciones legales vigentes y sus fiscos recuperaran el poder para establecer sus propios impuestos, no estarían -por varios años- en condiciones de administrar instrumentos tributarios más complejos que los que hoy gestionan.

Esto sólo sería posible después de una profunda transformación. De otra manera, se correría el riesgo de dar un verdadero salto al vacío. En el año 2000 las provincias y la Capital Federal afrontaron el 76.4% del gasto en educación; el 70.1% del correspondiente a salud; el 68.1% de las erogaciones para seguridad y el 56.6% las destinadas a vivienda e infraestructura. Si se limitasen sus recursos tal como propone el FMI, las hoy muy precarias e insuficientes prestaciones se resentirían –con total seguridad- aún mas.

Dado que las provincias prestan servicios esenciales (educación, salvo la universitaria; atención de la salud; seguridad; justicia; servicios sanitarios; vivienda e infraestructura vial), el rígido tope propuesto en el proyecto de ley pone en peligro la mejor y mayor prestación de los mismos. En otros términos, aun si el conjunto de los estados provinciales dispusiera de mayores recursos para mejorar la remuneración a los educadores, ello no sería posible; tales recursos deberían ser indefectiblemente destinados al pago de servicios de la deuda. Debe recordarse que el Brasil, también país federal, tiene una relación tributos /PBI del 36.0% (21.3% de jurisdicción nacional y 14.7% bajo gestión de los fiscos locales). En la Argentina esta relación es de sólo 23.4% (y, dentro de ella, la porción de gestión provincial y municipal apenas supera el 3.1%).

Por lo tanto, el planteo del FMI resulta inadmisible y discriminatorio si se lo compara con lo que ocurre en el Brasil. Pero el aspecto más preocupante es quizás el de las limitaciones que se pretende imponer en materia de endeudamiento, un recurso al que recurren en tiempos normales las provincias -en mayor o menor grado- para financiar parcialmente sus gastos (que en todo el mundo se admite como indispensable para solventar, al menos, las inversiones en infraestructura). No debe olvidarse que ante una eventual caída de la recaudación federal y local- como sucedió en 2001- no se pueden recortar en la misma medida los gastos, puesto que aseguran  servicios vitales (poco flexibles a la baja) y que la brecha resultante debe cubrirse con recursos del crédito. Por otra parte, la necesidad de preservar algunos instrumentos de política fiscal para operar en la fase recesiva de los ciclos económicos, supone preservar alguna flexibilidad en la política de gasto público (aun en nivel subnacional). Tampoco están previstos en el proyecto de ley los problemas que pueden derivar de posibles incrementos en las tasas de interés de mercado, tanto internas como internacionales.

En la actualidad la deuda consolidada total de las 24 jurisdicciones asciende a $ 70.511,84 millones, de los cuales, el 76.0% tiene como acreedor a la Nación. En el ejercicio en curso hay 10 provincias que están muy lejos de poder cumplir con el tope fijado y por ello, en el tratamiento del Senado, se flexibilizó el texto del artículo 21º para facilitar un ajuste progresivo.

De todas maneras, los problemas pueden extenderse a casi todas a partir de 2005 pues deberán afrontar la amortización del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) y empezar a atender la correspondiente al Bono Garantizado 2018. La mayoría probablemente no podrá cumplir. A estos aspectos debe agregarse que casi todas, además de la mencionada deuda pública consolidada, deben afrontar importes muy considerables en concepto de “deuda flotante” cuya estimación más prudente la ubica en alrededor del 14 % del gasto total consolidado. Por lo tanto, el superávit primario consolidado de $ 3.438 millones (0.9% del PBI) adjudicado oficialmente al año 2003 (el primero positivo en los últimos cuatro años) no refleja el resultado fiscal real del año pasado; ocurre que la mayoría de las jurisdicciones han omitido registrar una proporción considerable de dicha deuda flotante en sus cuentas públicas.

Soluciones adecuadas, no exigencias improcedentes
 Toda modificación racional de las administraciones públicas requiere definir un cuadro actualizado de las funciones y necesidades que deberán estar a cargo de cada fisco. Lo esencial será, sin embargo, lograr mejoras sustanciales en la gestión de la ejecución del gasto, contra lo que conspira la contratación de funcionarios públicos  de acuerdo con criterios subjetivos que no otorgan garantía alguna, ni de equidad ni de eficacia.

Será necesario combatir el nepotismo, evitar la concesión de canonjías familiares, injustificados nombramientos de amigos del poder. Estas son las prácticas que han convertido al empleo público en «botín electoral».  Reducir el monto del gasto público no constituye una meta racional ni responsable; debe mejorarse de modo sensible su productividad, eficiencia y  transparencia. Todos ellos objetivos centrales que no forman parte de la agenda relevante del FMI.

Si bien el proyecto en análisis presenta aspectos positivos en materia de homogeneizar  los criterios de elaboración de los presupuestos de cada jurisdicción y asegurar transparencia y publicidad, tiene como se dijo el claro propósito de maximizar el saldo a favor de los acreedores y congelar el gasto público, de hecho insuficiente para atender las necesidades de la población.

Una vez más, el FMI, organismo del que la Argentina es socio, actúa en consonancia con los intereses de los acreedores del país. Esperamos una respuesta digna por parte de los poderes políticos de la Nación y de las Provincias".

Sin embargo, el 24 de agosto de 2004 se sanciona con fuerza de ley la creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que profundiza la inseguridad jurídica constitucional de las provincias y consolida la concepción de “Estado Gastador”, basado en un enfoque estrictamente financiero que ignora las «necesidades públicas». De ese modo, el gobierno de Néstor Kirchner, termina de cercenar las potestades presupuestarias locales promoviendo soluciones estándares para realidades totalmente distintas y de diferente origen; lo que tiende a mantener a futuro, las brechas territoriales actuales produciendo, además sacrificios dispares, sin tener en cuenta el posicionamiento y las causas que le dieron origen a la situación de cada jurisdicción.

 

 

 III.

 

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

 

Planteo

Comprobemos que el elogiado modelo productivo y el anunciado desarrollo hacia la segunda independencia latinoamericana, ocultan al «saqueo» que trae aumento tanto de la pauperización como del sometimiento a las potencias imperialistas. Partamos de las relaciones de Argentina con China, hacia donde marchó una misión con el propósito de ofrecer "oportunidades de negocios" como explicitaron altos funcionarios encabezando al gran empresariado local. Tengamos cuenta a:

 

1. La visión de futuro venturoso

 

"China es clave para la Argentina"

Diego Rosemberg entrevista a Pedro Brieger que responde respecto a China (en donde estuvo durante octubre pasado):

2. El análisis sucinto de la realidad actual

"Intercambio comercial América latina - China"

Ana Luz Abramovich*explica: "China aumentó notablemente su peso en la economía mundial durante los últimos años. Argentina se ha visto beneficiada por ese crecimiento debido al incremento en la demanda externa de bienes en los que posee altos rendimientos de producción. El superávit comercial con ese país puede rápidamente convertirse en déficit. Las exportaciones están muy concentradas en bienes primarios, y las importaciones concentradas en manufacturas crecen a un ritmo mayor.

Los efectos económicos de la reforma impulsada por la dirigencia china a finales de los años ‘70 continúan consolidándose. China es desde el 2005 la cuarta economía del mundo y se espera que ocupe el primer lugar entre 2030 y 2050. Ha logrado un crecimiento de su ingreso por habitante, que multiplica por diez el valor que presentaba antes del inicio de las reformas, aunque continúa siendo bajo en comparación con otros países.

Acompañando el ascenso de su producción también ha crecido su peso en otros flujos, como el comercio internacional, la inversión extranjera directa y la fuente de financiamiento internacional. La magnitud de la economía china y sus elevadas tasas de crecimiento, el gran tamaño de su población y la mejora promedio en los niveles de consumo, junto con la aceleración de la producción industrial, implican una demanda creciente de bienes vinculados con la alimentación, insumos y energía a nivel mundial.

Argentina es uno de los proveedores de esos bienes. A través de las exportaciones hacia ese país, China ha constituido un factor importante en la recuperación económica de nuestra economía. En 2007 fue el segundo socio comercial del país. Las exportaciones hacia China están concentradas casi exclusivamente en bienes primarios, en particular en el rubro de semillas y frutos oleaginosos. Por su parte, las importaciones de productos chinos se concentran en una variedad de manufacturas, que todavía son de bajo nivel tecnológico, como ser los hilados y confecciones, juguetes y muebles. China ocupa también la primera posición como destino de las exportaciones argentinas a Asia, y es el principal comprador de soja y subproductos.

 

Si bien Argentina ha tenido desde 2001 superávit comercial con China, su magnitud disminuyó notoriamente en los últimos cuatro años. Esto se explica porque el crecimiento de las importaciones (53 por ciento promedio anual entre 2001 y 2007), fue mucho mayor que el de las exportaciones (35 por ciento). De continuar esta tendencia, este año puede terminar en déficit, aunque los altos precios internacionales de los productos exportados podrían evitarlo. Este hecho refleja dos riesgos involucrados en la profundización de ese vínculo comercial. El primero, la contribución de China a la consolidación de la especialización exportadora primaria. Su estrategia consiste en la compra de los insumos que no puede producir internamente, pero cuidando que sea con el menor nivel posible de valor incorporado.

 

Las exportaciones argentinas que más han crecido en los últimos años –tanto en general, como hacia China– son las de productos primarios, seguidas por las manufacturas de origen agropecuario.

Resulta necesario considerar estos riegos y aprovechar la “oportunidad de China” para diseñar estrategias que permitan afrontarlos. Esto implica evaluar otro tipo de productos en los que Argentina podría lograr ventajas en función de la nueva configuración económica internacional. Diseñar políticas y acciones en este sentido requiere de mecanismos que permitan que las ganancias del comercio exterior fluyan hacia otros sectores de la producción. Involucra además el esfuerzo de comprender la nueva configuración mundial percibiendo a la región Asia-Pacífico como un conjunto que está jugando con nuevas reglas. Y buscar posicionarse también a partir de estrategias regionales, partiendo de la base del Mercosur, pero incorporando como aliados a otros países de la región con los que existen múltiples fuentes de complementariedad".

* Economista de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3470-2008-04-27.html

En consecuencia, la subordinación a la expansión de China muestra que el gobierno K también impulsa la ocupación territorial con el monocultivo de soja transgénica (corroborado, además, por su fomento de agrocombustibles); con la IIRSA y con el dominio económico de Cargill, Monsanto y otras transnacionales sobre el país. Cabe preguntarnos: ¿Por qué sectores progresistas e izquierdistas adhieren a este vaciamiento destructor del país y cómo superar los límites de su formación intelectual y sus polifacéticos acostumbramientos al capitalismo?

 

Ideología

Desde estar contentos por la transferencia de recursos naturales a China hasta exigir que América latina forme bloque regional de poder si quiere salvarse, ambas perspectivas convergen en reforzar al sistema capitalista e imperialista. En efecto, progresistas e izquierdistas aprecian:

 

1. Las venas abiertas de América latina y las actuales IIRSA e institucionalidad pro- imperialista

 

"La relación comercial con China debe mirar hacia el futuro"

Sergio Cesarin opina: "América latina y el Caribe cobran importancia por su dotación de recursos naturales y proveedora alternativa ante posibles crisis energéticas o alimentarias. Para el logro de estos objetivos, los recursos aplicados por China en la región son múltiples y variados. Alianzas bilaterales, inserción en esquemas subregionales de cooperación e integración (Mercosur), participación en la institucionalidad hemisférica (OEA, BID, Pacto Andino, Foro de Cooperación Este de Asia América latina -Focalae). Asimismo, las vinculaciones no gubernamentales abren canales complementarios de la diplomacia pública mediante, por ejemplo, nexos establecidos entre organizaciones empresarias, centros académicos o basados en similitudes culturales.

 

En el plano económico-comercial, los instrumentos son la vinculación comercial con países latinoamericanos competitivos en la producción de materias primas y alimentos, como Chile (cobre), Brasil y Perú (mineral de hierro), Venezuela (petróleo) o Argentina (soja y derivados). Así también la inversión de sus grandes y poderosas firmas transnacionales en su mayoría estatales, a fin de garantizar seguro y eficiente acceso y provisión mediante -incluso- inversiones en infraestructura, tales como carreteras, puertos y corredores bioceánicos. Los intereses chinos se extienden hacia el libre tránsito de mercancías por el Canal de Panamá, la influencia sobre sectores empresarios centroamericanos, la elección de Perú y Chile como socios comerciales preferenciales mediante sendos Tratados de Libre Comercio. (...)

 

En este contexto, la relación con Argentina se ha consolidado mediante activos contactos políticos a nivel de gobierno central, provincias y municipios (mediante Acuerdos de  Hermanamiento) a fin de crear una red de contactos y negocios con contrapartes chinas. Ejemplos son las visitas presidenciales de alto nivel o la acción concertada de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) en busca de oportunidades de mercado.

El comercio de soja básicamente posiciona a China como el segundo de exportación luego de Brasil. Asimismo, firmas argentinas que operan en China tales como Atanor, Arcor y Techint.  La cooperación financiera, cultural y técnica completa el cuadro de una relación cada vez más densa en temas y proyectos (...)".
 Fuente: Miradas al Sur/ Argentina Económica/ Política/ 24 -1-10

2. La prioridad de competir en el sistema capitalista

 

"China es el modelo para una potencia mundial latinoamericana"

Heinz Dieterich (Rebelión) explica el porqué:

"1. Avance geopolítico chino, estancamiento criollo

Hace tres décadas, el problema geopolítico de China y América Latina era estructuralmente el mismo: salir del status de una región subdesarrollada e insertarse como potencia mundial en el orden global. Hoy día, la diferencia entre ambas regiones no podría ser más dramática. Mientras China ha resuelto exitosamente ambas tareas, América Latina está en peligro de perder en el 2009 los pocos avances integrativos alcanzados y, de seguir como actor geopolítico cero en el ajedrez mundial.

Las lecciones del exitoso modelo chino son claras. Para salirse de una economía nacional subdesarrollada se requiere un Estado fuerte con una clase política capaz de aplicar inteligentemente la estrategia económica del modelo desarrollista de Friedrich List. Ambos requisitos se cumplieron en China, lo que, aunado al gigantesco poder territorial y demográfico del país, lo convirtió en treinta años en la tercera potencia económica del mundo.

Con una economía competitiva y poderosa China decidió proyectarse como ascendente potencia regional que buscaba insertarse en el orden global de la pax americana, the American Century. Tal decisión significa marcharse a la guerra, como muestra la historia del Siglo XX, cuando las potencias ascendentes Alemania y Japón no lograron reconfigurar políticamente el sistema mundial dominante, terminando sus intentos de inserción en la Primera y Segunda Guerra Mundial; o, como lo revelan las constantes guerras de Israel, cuya clase dominante está plagada de tal idiotez y ceguera que no encuentra su lugar en el tablero del ajedrez mundial.

China, con la sabiduría de Sun Tzu, ha evitado (hasta ahora) tales cataclismos, avanzando dialécticamente con firmeza estratégica y flexibilidad táctica en la conquista de posiciones geopolíticas, dando todo un ejemplo de política exterior expansiva para los gobiernos progresistas latinoamericanos.(...)

5. Orfandad geopolítica criolla

En la política latinoamericana no hay nada remotamente cercano a esa concepción estratégica de inserción en la geopolítica global, sobre los componentes del poder real: el económico, el político-diplomático, el cultural y el militar. No lo hay en lo estratégico-conceptual, ni en la eficiencia de ejecución de incipientes proyectos. Es más, la diplomacia latinoamericana como cuerpo doctrinal no existe, como tampoco existen las instituciones (think tanks) que deberían conceptualizar sus componentes estratégicos.

 

6. Sin geopolítica post-monroeista, en la globalidad multipolar

La política exterior de las presidencias y cancillerías latinoamericanas se centra en lo nacional y es, generalmente, de carácter reactivo y ad hoc, exceptuándose, en cierto grado a Cuba y Brasil. Sin embargo, la esencia de la diplomacia cubana es defensiva (romper el bloqueo) y la de la brasileña, nacionalista, hecho por el cual no pueden llenar el vacío que deja la ausencia de una visión geopolítica post-monroeista en el nuevo sistema global multipolar.

Esa orfandad geopolítica estratégica criolla es la diferencia fundamental entre la política de los gobiernos desarrollistas latinoamericanas y la política del modelo chino: no hay software de altura ni centros estratégicos de pensamiento ni una clase política criolla con una visión geopolítica viable, a la par de las condiciones objetivas de la Patria Grande. El tablero del gran ajedrez mundial que sería ipso facto un factor decisivo de constitución e identidad del sujeto latinoamericano de la política mundial, no existe para los gobiernos latinoamericanos(...)". Fuente: www.rebelion.org /  Opinión/ 26-1-09

En consecuencia, quienes nos acusan de ser principistas y no medir las consecuencias de ser funcionales a la derecha desembozada, se despreocupan de que el «modelo de soja» consolida la concentración y transnacionalización tanto de la economía como del territorio; la desintegración social; la expansión de los asentamientos precarios alrededor de las grandes ciudades; la desaparición forzada de las comunidades rurales y pueblos originarios; la desertificación;...la destrucción de la soberanía alimentaria.

 

No se han independizado del capitalismo, utilizan su lógica de desarrollo y su posicionamiento discriminatorio respecto a los de abajo.

 

Premisas e hipótesis

Analicemos las realidades que prueban la necesidad de cambios radicales a los actuales rumbos del funcionamiento político económico y social:

1. La gigantesca transferencia de agua y la destrucción de la fertilidad

 

"Agua virtual, agronegocio sojero y cuestiones económico-ambientales"

Walter Alberto Pengue esclarece:

"China, agronegocios y soja argentina 

Para muchos argentinos, China se ha convertido en “La Meca” para la colocación de los productos de la agroindustria. Tanto el sector privado como el oficial prometen inversiones vinculadas con la logística y la producción agroindustrial apuntando a un fuerte incremento de las exportaciones de nuestros granos hacia este destino que recibe aproximadamente un 70 % de los envíos sojeros argentinos, entre granos, aceites y pellets. Lo que realmente preocupa a los estrategas y planificadores chinos, es su escasez relativa de agua y su seguridad alimentaria (Liu y Yang, 2003), habiéndose convertido la agricultura en una situación de alta prioridad para ese país (China Agenda 21, 1994). 

China tiene actualmente 1.200 millones de habitantes y sólo 0.06 hectáreas per cápita de suelo.

 

Durante las próximas dos décadas se estima que la población china supere los 1.500 millones de personas por lo que el promedio de suelo agrícola se reducirá aún más, a 0.025 hectáreas por persona. Es claro que para China, la situación de la seguridad alimentaria, se presenta como una cuestión de prioridad nacional. El desafío productivo es aún más importante para el área donde China tiene ubicada casi el 60 % de su población, esto es el sur del país y el río Yang Tse (Davis, 2003). Esa área de alta demanda alimenticia cuenta con el 20 % de los suelos arables, estando además las opciones productivas limitadas a las ya existentes, altamente trabajadas y una ocupación creciente de espacios para la producción industrial y las urbanizaciones. Hacia el sur del país, existe buena disponibilidad de agua, pero hay carencia de nutrientes. En el norte, sucede lo contrario, siendo limitantes tanto los suelos degradados como los que no lo son, pues no cuentan con adecuada provisión de agua (Wittwer et al, 1987). El área sur, luego de milenios de ser trabajada, tiene deficiencias importantes en los principales nutrientes como el N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, B, Cu y Mo (Lu et al., 1992).

El incremento de fertilizantes minerales está generando importantes problemas de acidificación de suelos y oxidación de la materia orgánica (Yan, 1998). Las harinas proteicas de soja se exportan al gigante asiático para la alimentación de cerdos y peces, especialmente ubicados en el sur del país, para luego abastecer la demanda de la creciente población urbana china. Tiene el problema de costos crecientes en la producción de soja, dada la fuerte demanda por fertilizantes minerales que son importados, caros y marginalmente efectivos al inmovilizarse en el sustrato. El otro de los recursos que tiene fuertemente limitado China es el agua. El manejo del riego para la producción de alimentos es uno de los principales destinos, pero sus costos son igualmente altos. Nuevamente la distribución del agua es totalmente inequitativa, mientras el sur se inunda, el norte se seca (Han, 1987). 

China comprará globalmente alrededor de 16 a 18 millones de toneladas de poroto de soja en 2006, lo mismo o más de lo que produce, lo cual le representa una salida de divisas del orden de los 3.500 millones de dólares, a valores actuales. China consume el 23% del aceite de soja y el 16% de la harina de soja mundial, importando en la actualidad el 34 % de los granos de soja que circulan por el mundo.

 

Como he dicho es el principal destino de los granos argentinos. Lo hace porque es una economía en expansión cuya población, en la medida que mejora su ingreso, se vuelca hacia las proteínas animales, que se producen sobre la base de hidratos de carbono y proteínas vegetales, exportados estos por países como la Argentina. Pero también porque lo que no le sobra a China es precisamente agua, además de estar mal distribuida y disponible en los lugares donde no es tan necesaria para la producción. Si bien, es el quinto en el ranking mundial de países en cuanto a volumen de recursos hídricos, sus 1.200 millones de habitantes hacen que la disponibilidad de agua per cápita lo ubique entre los últimos del planeta. 

Hoy China enfrenta el creciente problema de que su industria en expansión y una población que accede a más ingresos le demandan más recursos hídricos, que necesariamente debe quitárselos a la agricultura, en particular en la región norte del país, donde buena parte del trigo que allí se produce utiliza agua de riego, a costos elevadísimos. Sucede que el país asiático se autoimpuso, lo logró y superó, generar el 95 por ciento del consumo de trigo, maíz y arroz. Pero estos cultivos son sumamente ineficientes en el uso de agua. Mantener la producción triguera en el norte del país ha llevado a drásticas reducciones de los acuíferos - que se contaminaron. (...) 

Cuando China importa sus 18 millones de toneladas de soja ingresan “virtualmente” los 20.000 millones de metros cúbicos de agua que hicieron falta para producirlas. La demanda por soja en China, es uno de los factores más llamativos, al crecer sin parar desde los 2,9 millones de toneladas importadas una década atrás (1995). Este cambio sostenido se debe a transformaciones en la dieta (importan proteínas vegetales para producir proteínas animales) y el crecimiento de su población. Mientras importan más soja, la producción propia de maíz aumenta de manera importante y permanente. En el caso de la Argentina, solamente teniendo en cuenta las exportaciones de granos de soja, que son los que China más demanda desde el país (al castigar con barreras paraarancelarias o aranceles altos, las importaciones de aceites y granos) estamos exportando en promedio, agua virtual por un volumen de 5.000 millones de metros cúbicos anuales. 

 

Los agricultores argentinos están haciendo uso de otra de las ventajas comparativas disponibles en el país, como el agua, que tampoco es ilimitada, pero se maneja como tal. China esta apelando a una ventaja competitiva, estratégica, al utilizar los precios globales para comprar en el exterior y producir cultivos más rendidores en agua como el maíz, ocupando para obtener la soja que sigue necesitando para su producción de carne de cerdo y peces, el espacio territorial y los recursos de la Argentina, vía precios. El incremento del comercio global de agua virtual implica cambios drásticos en los patrones de producción agrícola de los países y tiene que ser examinado en las cuestiones de políticas de seguridad y soberanía alimentaria y formas sostenibles en el uso de los recursos hídricos. Este comercio mundial no deja de soslayar, para el caso argentino, un incremento de la demanda por soja de parte de países importadores como China seguido por la Unión Europea. Todos estos  países faltos de agua y por ende, de escaso potencial productivo para alcanzar los niveles de producción exigidos hoy en la Argentina.

 

La sobreexplotación y subvaluación de recursos como los nutrientes exportados (Pengue, 2005, 2006) y ahora la de agua virtual no reconocida aún por los traders compradores, amerita identificar si este modelo de crecimiento sesgado hacia uno o dos cultivos para la Argentina (soja y maíz) pone:

Las agendas ambientales de la Argentina, deberían incluir en sus cuentas nacionales la información referida al comercio de agua virtual (WWC, 2003). 

El caso de la Argentina, que se está convirtiendo en un exportador neto de pocos productos como la soja, fuerte demandante de agua, indicaría que el indicador debería ser considerado. Especialmente, cuando todos los guarismos muestran una demanda siempre en aumento. El crecimiento de las plantas de crushing agrega un factor adicional de consumo, utilización y disponibilidad a gratuidad del recurso. La situación histórica que en sus primeros tiempos tuvieron las pampas, en un ámbito de alta resiliencia, hoy ha cambiado. Los disturbios y transformaciones ocasionadas por la incorporación de ciertas tecnologías y nuevos procesos económicos globales, han sacado del sistema una gran cantidad de recursos que se explotan hasta su agotamiento y luego, se pretende se restituyan por la vía de la reposición artificial. 

 

Si con los granos fertilizados se puede seguir adelante un tiempo más; en el caso del agua, la limitante no será tan sencillamente resuelta y desde el vamos, estos costos, no sólo para su reconocimiento sino para poner un freno y orden a un sistema de consumo irracional, deberían ser seriamente considerados, ayudando así a revisar más holísticamente los riesgos ambientales a la estabilidad de países como la Argentina. Nuevamente la percepción por la problemática y el uso del indicador no pasan meramente por su cálculo y el guarismo obtenido (de por sí, alarmante) sino que la preocupación manifiesta es por la aparición confirmada de un nuevo conflicto ecológico distributivo que tiene al agua de los países sudamericanos en su centro, pero que como sucede aún con la Argentina, se subvalúa o considera pobremente. La deuda por nutrientes, se refuerza con esta deuda por agua virtual que no estamos evaluando aún pero que nos enfrenta a otro problema, al ocuparse no sólo espacio territorial, sino recursos acuíferos vitales para la vida y estabilidad  ambiental mediata en la Argentina. La huella hídrica de China sobre la Argentina es un guarismo indicador de la intensidad relativa del uso del recurso, y que puede ser una medida de ajuste al incorporarse la externalidad en las grandes transacciones que los traders cerealeros hoy obvian por completo". 
 Fuente: Realidad Económica Nº 223 de octubre/noviembre de 2006 / www.iade.org.ar

2. La alta rentabilidad de oligopolios automotrices a costa de trabajadores y autopartistas

 

"Reindustrialización en la posconvertibilidad: el sector automotriz"

 

"Tras largos años de desarticulación productiva, desempleo y exclusión

social, el sector manufacturero ha liderado, al menos hasta 2007,

un proceso que parecía romper la inercia de años de neoliberalismo.

 

Paralelamente, sigue presente en

el recuerdo de muchos la imagen de un aparato industrial

que supo encabezar la etapa de mayor bienestar

(al menos en lo que refiere a los sectores populares)

que recuerde nuestra historia.

Las preguntas obligadas son, ¿en qué medida pueden

recrearse hoy las condiciones de antaño?, y más específicamente, ¿en

qué medida lo que entendemos hoy por sector industrial puede ocupar

un lugar similar?".

 

Juan Santarcángelo y Germán Pinazo aclaran: “Luego de la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad, la Argentina ha experimentado importantes transformaciones económicas que le permitieron mantener para el período 2003-2007 tasas de crecimiento anuales promedio del orden del 8%.

 

Sobre la base de lo claro de dicha evolución y del impacto que el crecimiento económico tuvo en variables centrales de la economía -caídas en las tasas de desempleo y subempleo y en los niveles de pobreza-, buena parte del debate especializado se planteó en torno de los cambios en el modelo de acumulación y en las rupturas y continuidades de la economía en la convertibilidad y la posconvertibilidad. La mayoría de los trabajos dedicados a estudiar las principales características del crecimiento económico argentino durante la posconvertibilidad y sus diferencias con otros períodos (Arceo et. al., 2007; Azpiazu et al, 2009; Santarcángelo et al, 2009; entre otros) coinciden en destacar un importante desempeño en la industria, la cual, medida a precios constantes ha crecido entre el 2003 y el 2007 más de un 41%, y por primera vez en casi 30 años ha registrado un desempeño de crecimiento más acelerado que el del total de la economía (Santarcángelo et. al. 2009).

 

En este marco, y agravado por la incertidumbre que generan los posibles alcances de la crisis financiera internacional, importantes actores, tanto económicos como académicos, sostienen que priorizar y fomentar el crecimiento de la actividad manufacturera local es el mejor camino para retomar el sendero productivo olvidado treinta años atrás. Esta idea descansa sobre la asunción de que los cambios registrados en ciertas dinámicas macroeconómicas durante la posconvertibilidad son prueba de que la industria ha recuperado varias de las virtudes que poseía cuando, a mediados del siglo veinte, fue eje rector de la acumulación del capital en la Argentina. 

 

En este contexto, el propósito del presente trabajo es demostrar que el sector industrial en la actualidad presenta radicales diferencias con el existente durante el modelo sustitutivo de importaciones, debidos, fundamentalmente, a los cambios en las lógicas productivas de las principales empresas del sector en el nivel mundial, fuertemente agravados por la política de desindustrialización instaurada por la dictadura militar a mediados de los años setenta, y profundizada por los gobiernos democráticos de las décadas de los ochenta y noventa. A tal efecto, centraremos nuestro análisis sobre la rama automotriz y su importancia histórica dentro de la metalmecánica, intentando establecer conexiones con el sector que en la posconvertibilidad ha venido impulsando una parte importante del crecimiento, fundamentalmente desde 2005.(…)  

 

La industria automotriz en la postconvertibilidad (...)Nos interesa hacer particular hincapié en cuestiones importantes para entender la evolución del sector. El primer elemento viene dado por la caracterización de algunas dinámicas generales del periodo de la posconvertibilidad. Allí, la economía en general y la industria manufacturera en particular, han revelado un sostenido ritmo de crecimiento (8,8% y 10,3% anual acumulativo respectivamente), que ha comenzado a revertir ciertas tendencias agregadas del proceso de desindustrialización que caracterizó la etapa anterior (Azpiazu, et. al, 2009:9). 

 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante la ISI, esto no ha traído aparejado una transformación radical en el perfil productivo sectorial y de los liderazgos empresariales. Como resultado, entre otras cuestiones, el actual perfil industrial no difiere sustancialmente del consolidado durante los años noventa (Azpiazu, et. al, 2009). 

El segundo elemento importante a remarcar durante el actual período de crecimiento, corresponde a la profundización de la extranjerización de la cúpula industrial y al rol del sector externo en la recuperación industrial. Como puede desprenderse del análisis elaborado por el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO (Azpiazu, et. al, 2009), las empresas extranjeras no integradas a conglomerados incrementaron su gravitación en las ventas de las cien firmas más grandes en algo más de 15 puntos porcentuales y llegaron a representar en 2007 más del 42% de las ventas totales de la cúpula industrial.

La empresa extranjera, de hecho, es el tipo de propiedad más dinámico durante la posconvertibilidad, en la medida en que, consolidada en las décadas pasadas, pudo aprovechar el nuevo contexto macroeconómico -en buena parte de los casos a partir de la adquisición de grandes firmas de capital nacional-. De manera complementaria, el sector externo desempeñó un rol central en el crecimiento registrado por el sector industrial, desplazando a la demanda local, que durante la ISI había liderado el proceso. Como veremos, el negocio automotriz no estuvo ajeno a esta cuestión. Si antaño podíamos pensar que existía una complementariedad entre el desempeño de las empresas transnacionales que “dirigían” la producción, y las empresas locales que operaban fundamentalmente en la provisión de insumos, hoy la cuestión cambia radicalmente. Las empresas transnacionales dirigen el segmento terminal, pero éste guarda poco de aquella relación con la burguesía local y con el empleo asalariado; fundamentalmente, en la medida en que su negocio está más orientado a la venta y provisión externa de insumos, que al mercado interno. 

 

Por último, resulta pertinente antes de abordar de lleno las características de la trama automotriz realizar un breve repaso de la integración de la industria argentina con la industria brasileña y, asociado con el mismo, un somero análisis de los regímenes especiales implementados desde los años ´90, dado que ambas cuestiones están íntimamente vinculadas con las modificaciones en las estrategias productivas de las principales empresas en el nivel mundial. 

A grandes rasgos, las empresas trasnacionales han adoptado el uso de plataformas comunes en el nivel mundial, concentrando en sus casas matrices y principales filiales las actividades de diseño, investigación y desarrollo, y relegando en las distintas terminales regionales las actividades vinculadas con la diferenciación mínima de productos. A su vez, en este proceso de “estandarización” mundial, las casas matrices han concentrado en un número reducido de empresas proveedoras, el aprovisionamiento de los distintos componentes del producto terminado, lo que ha derivado en un proceso de transnacionalización de estas últimas en sintonía con las terminales (o en otros términos internacionalización de los procesos productivos). 

Las mayores economías de escala, por cuestiones que no analizaremos aquí, se logran en este nuevo esquema regional o subregional. En el caso del cono sur americano, el Brasil, por el tamaño de su mercado interno y por un conjunto de políticas de estímulo específicas, ha sido el principal receptor de inversiones, y se ha transformado en los últimos 20 años en el “centro de operaciones” de la región. En términos históricos, la implantación de esta industria específica en dicho país ha tenido características bastante similares a la de la Argentina, y han participado, en su mayoría, las mismas empresas transnacionales (Chudnovsky y Porta, 1990). Es por este motivo que no llama la atención que, en el marco del MERCOSUR y los cambios organizacionales mencionados, se haya empezado a impulsar con fuerza un proceso de articulación arancelaria y comercial entre ambos países que, no casualmente, es absolutamente funcional a las empresas transnacionales que operan en ambos países. 

 

En 1991 se establecieron diversas medidas tendientes a proteger al conjunto de la industria local, las cuales se vieron modificadas en 1994 a partir de un tratamiento preferencial a la industria brasileña, en tanto las importaciones provenientes de dicho país pasaron a ser consideradas como insumos locales (en la medida, vale decir, en que pudieran ser compensadas por exportaciones de otro tipo). Una medida similar se implementó en el año 1996, hasta que, a fines de la década, el comercio entre países pasó a estar regulado por un coeficiente denominado flex que fijó -y fija- los cupos de importación en función del nivel de las exportaciones, estableciendo, en principio y como objetivo de máxima, el libre comercio para 2006.

 

Este nuevo esquema preferencial se produjo, como es sabido, en el contexto de una fuerte desregulación comercial que se inició en 1990 aproximadamente y derivó, entre otras cosas, en un crecimiento pronunciado de la industria terminal que fue acompañado por una profunda reestructuración de su relación con la industria de autopartes. Como se aprecia en el gráfico Nº 3, la industria terminal registró un importante incremento durante todos los años de crecimiento del esquema convertible, y durante la recuperación posdevaluación fue decididamente uno de los sectores que más aportaron el crecimiento del producto. 

 

De hecho, es de los pocos sectores del entramado industrial que creció por encima de la media sectorial tanto antes como después de la devaluación, motorizando acentuadamente el crecimiento del complejo. En el nivel de las empresas, el sector terminal ha mantenido desde los ’90 un lugar destacado y estable en la cúpula empresaria, pasando de aportar 12 empresas a las 150 de mayores ventas en 1997, a 15 en 2007. Además, es interesante observar que incluso durante los fuertes años recesivos de 1998-1999, cuando la demanda interna se contrajo profundamente, las terminales automotrices ubicaban 6 empresas entre las principales 60 (Ford, Fiat, General Motors, Volkswagen, Sevel y Renault) y 4 entre las principales 20 (Fiat, Ford, Volkswagen, y Renault). 

 

Ahora bien, como se constata en el gráfico Nº 3, la tendencia, que adquiere particular intensidad a partir del año 1994, es a exhibir un comportamiento cada vez más disociado de la industria autopartista que tiene casi como correlato un incremento sistemático de los productos importados en el abastecimiento de partes durante las fases de bonanza. Más específicamente, el peso de los productos importados se duplica entre puntas (era del 30% a inicios de la convertibilidad, mientras que hoy se acerca al 70%), evidenciando un particular incremento en los años de crecimiento reciente. Paralelamente a esto, podemos observar un comportamiento cada vez más disociado en el crecimiento de uno y otro sector. Este hecho particularmente relevante, en tanto parece evidenciar que independientemente de ciertos incentivos macroeconómicos que se han producido luego de la devaluación, la capacidad de sustituir importaciones por parte del entramado local parece estar fuertemente limitada.

 

Lo cual es lógico ya que independientemente de que la relación entre salario real y productividad por obrero se haya desmoronado en un 40% de 2001 a 2006 en la industria de autopartes, en el país no existe ni la capacidad tecnológica, ni la escala, ni fundamentalmente el interés por parte de los “líderes” en la cadena mundial de valor como para iniciar un proceso sustitutivo local. Se trata de una cuestión de vital importancia ya que en las condiciones actuales de la industria, es imposible pensar en la proliferación de pequeños talleres de escasa tecnología operando con enormes niveles de capacidad ociosa al estilo de la ISI.

 

En este sentido, resulta difícil suponer una progresiva integración local de la producción, y más aún en imaginar la realización de un auto 100% argentino. Entre otras cosas, la centralidad del crecimiento industrial tanto hoy como en la ISI radica en su influencia sobre la generación de empleo (Diamand, 1973; Azpiazu, D. 2009, Santarcángelo y Pinazo, 2009). Sin embargo la industria automotriz, a diferencia de lo ocurrido antaño, no ha sido central en la etapa actual en lo que respecta a la recuperación en el número absoluto de obreros ocupados, y esto está íntimamente vinculado con los cambios indicados.

 

Al respecto, en el cuadro Nº 5 podemos observar cómo el empleo, tanto en las terminales como en la industria autopartista, ha disminuido sistemática y significativamente con el paso del tiempo desde los años ’80 a esta parte. Lo interesante, además, es que pese a la recuperación del “sector productivo” que ha venido teniendo lugar desde 2002 a la fecha, el sector automotriz apenas ha logrado recuperar la participación en el empleo industrial que alcanzó durante los ‘90. En este punto es interesante volver a la cuestión de la vinculación entre terminales y autopartistas. Este último sector ha sido, y es, especialmente relevante en términos de empleo; de hecho, constituye durante los últimos 20 años alrededor del 55% del total de la rama (las terminales han pasado del 31% al 15% entre 1996 y 2004, y su lugar viene siendo ocupado por los concesionarios).

 

En el período actual el crecimiento en la participación en el empleo manufacturero superó en varios momentos la recuperación en el valor agregado que comenzó a evidenciarse desde 2002 (Motta et al, 2007). Lo interesante, además, es que la magnitud absoluta de dicho empleo parece ser sustancialmente menor de lo que lo fue antaño (como puede apreciarse en el cuadro Nº 5). Ahora bien, este sector ha sido particularmente afectado por los cambios en la organización internacional del trabajo, lo que se ha visto nítidamente reflejado en los marcos regulatorios puestos en práctica. Si en el régimen de reconversión de la industria automotriz de 1971, las terminales nucleadas en CIFARA habían logrado que se les preste particular atención (obteniendo entre otras cosas un lugar activo en las partidas de promoción y la obligatoriedad de registro de los contratos con las terminales) (Barbero et al, 2007); con la liberalización sectorial que comenzó con fuerza en el año 1979 y continuó en los años ’90, los incentivos a la importación de autopartes fueron sistemáticamente en ascenso. Así entonces, pese a ser un sector más que relevante en términos de empleo, los sucesivos marcos regulatorios y cambios organizacionales han inducido a una sistemática pérdida de participación relativa en el entramado industrial que puede apreciarse en el gráfico Nº 4. 

 

Como vimos en el apartado anterior, durante la segunda etapa de la ISI, una parte mayoritaria de los componentes de un automóvil era abastecida por la producción local de autopartes. Hoy, siguiendo por ejemplo el trabajo de Yoguel (2001), es interesante observar cómo Volskwagen, sólo demanda el 4% de sus insumos a autopartistas locales, en tanto que más del 50% son productos importados, y el resto es demandado a sectores no autopartistas (commodities industriales). Las consecuencias de este tipo de comportamiento y regulación sobre un segmento tan relevante en términos de empleo, son difíciles de cuantificar. Hoy las terminales no firman contratos formales con las autopartistas, las cuales además no tienen plazos ciertos de cumplimiento, y deben usualmente cargar con las consecuencias negativas de cualquier modificación macroeconómica (Motta et al, 2007).(…)

Mientras las ventas de automóviles vienen creciendo exponencialmente desde la década de los ´90, el personal ocupado y la remuneración total a dicho personal se encuentran en los pisos históricos del negocio. 

En este sentido, si a fines de la segunda etapa del desarrollo sustitutivo, el costo laboral total representaba alrededor del 20% de las ventas de automóviles, hoy ese valor ha descendido a cerca del 5%, en un contexto donde el personal ocupado es casi una tercera parte menor.

En el gráfico Nº 7 concretamente vemos que además la participación del personal asalariado en el negocio ha descendido a su piso histórico en 2007 ubicándose por debajo del 10% del valor agregado. 

 

A modo de síntesis, entendemos que la idea que vincula el crecimiento industrial con incrementos sustantivos y sostenibles en el nivel de empleo, tiene como sustento la imagen de un sector industrial del cual hoy queda muy poco. El sector automotriz es paradigmático de lo anterior. Si antaño su crecimiento era la base de un proceso de desarrollo con inclusión social nunca visto en nuestro país, eso no sólo se debió al interés del Estado por sostenerlo, sino fundamentalmente a una lógica productiva y de acumulación empresaria compatible con políticas dirigidas casi exclusivamente desde ámbitos nacionales. Si bien las empresas transnacionales eran los pilares sobre los cuales se articulaba el negocio, su crecimiento estuvo ligado con el desarrollo de una pequeña burguesía local que se insertó en los espacios a los que el mismo daba lugar. Hoy la situación es radicalmente diferente. Si bien son las empresas transnacionales las que dirigen el negocio (en la medida en que el sector terminal está hoy absolutamente extranjerizado), éste no sólo produce pocos efectos sobre el entramado industrial, sino que además tiene escasísimo impacto sobre el empleo asalariado y su remuneración. La información presentada en este trabajo permite observar que el crecimiento de la industria automotriz obtiene como resultado casi excluyente el aumento de rentabilidades de un pequeño grupo de actores que dominan el negocio terminal. Por ende, si el objetivo de la política económica es lograr el desarrollo de un modelo productivo de “valor agregado e inclusión social”, quizá lo conveniente sería repensar el rol de los actores extranjeros que dominan los distintos resortes del entramado industrial, y si éste es compatible con objetivos de esta naturaleza. En la medida en que nuestro país sea visto exclusivamente como un oferente de mano de obra barata y un proveedor de nichos de alto consumo donde valorizar modelos viejos, difícilmente el éxito de dichos sujetos traiga aparejada una realidad sustancialmente distinta de la que estamos acostumbrados". Fuente: Realidad Económica Nº 247 de octubre/noviembre de 2009 / www.iade.org.ar

 

3. La lógica mercantil hasta en las ciencias y actividades universitarias

 

Edgardo Lander se refiere a:

"El orden jurídico de la ciencia mercantil

Las transformaciones que ha vivido el planeta como consecuencia de la reconcentración del poder y de la creciente mercantilización de todas las esferas de la vida durante las últimas tres décadas, desde el inicio de este contraataque neoliberal iniciado durante los gobiernos de Reagan y de Thatcher (Lander, 2002), han tenido efectos profundos en los modos y procesos de producción de conocimiento en las sociedades contemporáneas. La ciencia y la actividad de investigación universitaria no han escapado a los avances de la lógica mercantil que invade progresivamente más y más ámbitos de la vida colectiva.

Como en tantos otros campos, lo que ocurre en Estados Unidos representa o anuncia los procesos que posteriormente tienden a ser generalizados, ya sea por imitación o por imposición, al resto del planeta. Para explorar las nuevas condiciones en las cuales se está produciendo y se va a producir a futuro el conocimiento científico, y para generar capacidad de crítica y resistencia en otros continentes, hay que analizar ante todo las tendencias actuales en dicho país. Por ello este texto se concentra en esa experiencia. Las ciencias biológicas y biomédicas, las llamadas ciencias de la vida, son hoy el ámbito privilegiado para el estudio de las nuevas formas que está asumiendo el proceso de producción del conocimiento científico; son éstas las prácticas en las cuales se están prefigurando con mayor nitidez las características del nuevo paradigma de la producción científica crecientemente mercantilizada.

 

Menos de veinte años después del descubrimiento científico fundante de la moderna biología genética, la caracterización de la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN) por parte de James Watson y Francis Crick en 1953, ocurre el punto de inflexión que sentó las bases para el desarrollo de la nueva biología mercantil cuando Paul Berg, de la Universidad de Stanford, logra por primera vez combinar el ácido desoxirribonucleico de dos moléculas diferentes, dando así origen a la tecnología del recombinante ADN. Con ésta se hace posible "reordenar la estructura básica de los seres vivientes mediante el transplante de genes (...) Se hace factible la absoluta movilidad de los genes abriendo posibilidades para la síntesis de nuevos organismos y estableciendo métodos revolucionarios para la producción en masa de productos biológicos" (Krimsky, 1999, 17). Las potencialidades comerciales de estas nuevas tecnologías fueron rápidamente reconocidas. Sólo cinco años más tarde la empresa de biotecnología Genetech había creado la primera proteína humana a partir de una bacteria transgénica.

 

Sin embargo, estos descubrimientos científico-tecnológicos en sí mismos no son suficientes para explicar las profundas transformaciones que en los años siguientes operaron en la biología y en la investigación universitaria. Es indispensable, para dar cuenta de estos cambios, el análisis de un complejo de condiciones ideológicas, políticas y económicas en las cuales se dan estos descubrimientos. Fueron estas condiciones las que hicieron posibles los cambios jurídico-institucionales que permitieron la acelerada mercantilización de los productos de la biotecnología.

 

De acuerdo con Sheldon Krimsky (1999), uno de los analistas más lúcidos de estas transformaciones, los momentos iniciales de la tecnología del recombinante ADN se dan en momentos de cambios importantes en la sociedad estadounidense, incluidas alteraciones muy significativas en sus procesos productivos y en sus universidades. Se venía dando en la economía de Estados Unidos una tendencia descendiente en la productividad industrial y en la innovación tecnológica, con la consecuente pérdida de competitividad ante la acelerada expansión de las economías de Japón y de Alemania. El déficit fiscal conduce al fin de una era de crecimiento sostenido del financiamiento federal de las universidades y de la investigación realizada por éstas, en condiciones en las que el financiamiento corporativo es muy limitado.

 

En esos momentos iniciales de la hegemonía del pensamiento neoliberal en Estados Unidos, se buscan respuestas de mercado, mecanismos de fortalecimiento de la iniciativa privada en torno de cada uno de estos problemas. Se producen en consecuencia un conjunto de desplazamientos jurídicos y de políticas públicas orientados, por un lado, al fomento de la producción del conocimiento científico-tecnológico universitario mediante incentivos mercantiles, y, por el otro, a fortalecer a las corporaciones de Estados Unidos frente a sus competidores japoneses y europeos. Para ello se consideró indispensable eliminar todas las trabas legales y normativas que dificultaban el fortalecimiento de los lazos de estas corporaciones con el extenso y vigoroso sistema de producción científico-tecnológico universitario con el cual contaba dicho país. (…)

 

Una dirección complementaria en las transformaciones jurídicas de esos años se dio en el área de las patentes. De poco servía que las universidades y laboratorios federales pudiesen comercializar sus resultados si, bajo las leyes y normas de patentes vigentes, los resultados de las investigaciones en las ciencias biológicas no podían ser patentados. Una serie de decisiones de la Oficina de Patentes y de la Corte Suprema fueron completando la base jurídica de la mercantilización de esta disciplina. "Mediante el establecimiento de derechos de propiedad intelectual sobre los descubrimientos de la biología, la Oficina de Patentes de Estados Unidos convirtió al conocimiento científico en una invención" (Krimsky, 1999, 23). Y en una decisión que representa un hito histórico fundamental en la evolución de la doctrina jurídica sobre lo que es y lo que no es patentable, en 1980 la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una patente sobre una bacteria genéticamente modificada y afirmó que la bacteria en cuestión "es una manufactura". Concluye igualmente que "el hecho de que los microorganismos estén vivos carece de significado legal para los propósitos de la ley de patentes" (U.S. Supreme Court, 1980). A partir de dicha decisión, paso a paso, se fue ampliando el rango de lo patentable para incluir diversas formas de vida, genes, y una amplia gama de procedimientos terapéuticos. Con la ley denominada Hatch-Waxman Act de 1984, se otorgaron derechos monopólicos a los medicamentos de marca (Angell, 2004, 9). (…)

 

La universidad y la ciencia mercantil: el capitalismo académico

Con el acelerado desplazamiento del financiamiento público por el corporativo y las relaciones cada vez más estrechas entre universidad e industria, se han producido transformaciones profundas en la cultura académica y en el ethos de la ciencia. El modelo del tipo ideal de ciencia académica liberal –tal como éste fue caracterizado por Robert Merton3, que en todo caso nunca fue más que un modelo normativo bastante alejado de la realidad de la práctica científica efectiva4– ha pasado a la historia en muchas disciplinas, sobre todo en el campo biomédico (Kenney, 1986). Estos desplazamientos culturales han ido sustituyendo las antiguas normas y valores de la ciencia universitaria por una creciente subordinación a la lógica mercantil en la cual, crecientemente, los investigadores, departamentos y universidades tienen un interés económico directo en los resultados de la investigación que llevan a cabo con patrocinio empresarial, conduciendo a lo que Sheldon Krimsky ha denominado el capitalismo académico (Krimsky, 2003, 179). Las universidades se han hecho cada vez más dependientes de las corporaciones para el patrocinio de su investigación, y las empresas se apoyan cada vez más en la investigación universitaria para la creación de nuevos productos comerciales.

 

Muchos científicos pasaron a tener intereses monetarios directos en el éxito de determinados productos. "A diferencia de lo que había ocurrido en otros campos en los cuales los científicos dejaban la academia para crear sus propios negocios para explotar nuevos descubrimientos, la mayor parte de los principales biólogos moleculares conservaron sus posiciones académicas a la vez que participaban en actividades mercantiles" (Krimsky, 1999 y 19). En contraste con la situación prevaleciente hace sólo unas pocas décadas, en las universidades más prestigiosas muchos científicos tienen importantes ingresos fuera de su actividad universitaria (Brownlee, 2004). Además de ingresos por consultorías y por contratos de financiamiento de investigaciones, científicos, departamentos y universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas. Algunas de las empresas pioneras en este campo fueron fundadas por investigadores universitarios. Al inicio, los académicos que decidían participar en negocios privados asociados a su campo de investigación eran mal vistos por sus colegas, quienes consideraban que había severos conflictos de interés entre la persecución desinteresada de la verdad y la búsqueda de resultados directamente rentables.

 

Con el tiempo los límites de lo que se consideraba éticamente aceptable se fue flexibilizando. Hoy este nuevo ethos académico se encuentra sólidamente consolidado en las disciplinas biomédicas. La figura del investigador-empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria (Stuart y Ding, s/f). Los científicos que introducen la mayor cantidad de solicitud de patentes son los más prolíficos de acuerdo con los criterios estándar de logro profesional (Azoulay, et al., 2004). Los científicos más prestigiosos son los que tienen mayor relación con la ciencia mercantil (Stuart y Ding, s/f). Son igualmente las universidades de mayor prestigio las que tienen las relaciones más estrechas con las empresas de biotecnología. (…)

Aparte de la industria farmacéutica, el ámbito en el cual están más claras las consecuencias de la carencia de regímenes democráticos, transparentes y confiables de regulación pública en función del bienestar de la población –y de la vida en el planeta–, es el caso de la biotecnología. Desde el comienzo ésta fue extraordinariamente polémica. Por primera vez los seres humanos adquirían la capacidad para modificar los códigos de la vida (Krimsky, 1983). Era tal el nivel de incertidumbre sobre los potenciales riesgos de la tecnología del recombinante ADN, que incluso algunos de los investigadores más destacados en el campo tuvieron severas dudas éticas sobre la conveniencia de continuar con estas investigaciones.

 

Paul Berg, quien como se indicó arriba, en 1972, logró unir por primera vez dos fragmentos de ADN iniciando así la tecnología del recombinante ADN (por lo cual obtuvo el Premio Nobel en 1980), y otros científicos del campo realizaron un llamado exitoso para el establecimiento de una moratoria voluntaria sobre estas investigaciones. Consideraban que junto con las extraordinarias oportunidades que podría ofrecer esta tecnología para la medicina, la agricultura y la industria, podían igualmente ser severas las consecuencias no previstas para la salud humana y los ecosistemas de la Tierra, incluso la posibilidad de crear nuevas plagas o alterar en forma irreversible la evolución humana (Berg, 2004). Las llamadas Conferencias de Asilomar de 1973 y 1975 donde se debatieron estos asuntos representaron experiencias poco comunes de debates entre científicos sobre la responsabilidad que tienen a propósito de las potenciales consecuencias de su actividad de investigación. El dogma del conocimiento sin límite alguno fue, por un acotado período de tiempo, cuestionado por los propios científicos".
Fuente: La ciencia neoliberal del libro "Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado" coordinado por Ana Esther Ceceña -1a. ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO - 2006.

4. Las ciencias, tanto las militarizadas como las 'pacíficas', arrasan las vidas y sus  condiciones

 

Edgardo Lander denuncia:

CIENCIA MERCANTIL Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

"La actividad agrícola representa la principal frontera para la expansión de la lógica mercantil en todo el planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aproximadamente el 60% de la tierra agrícola del planeta es cultivada por campesinos tradicionales o de subsistencia, mayoritariamente mujeres (FAO, 1998).

 

Esta agricultura es asumida como un modo de vida, no fundamentalmente como una actividad económica dirigida a la producción de mercancías. La diversidad genética de las plantas presentes en las granjas, campos y bosques del Sur ha estado tradicionalmente disponible para todos (FAO, 1998); ha sido concebida como un bien común. Mientras la actividad agrícola esté desempeñada por centenares de millones de campesinos y productores independientes, con una extraordinaria variedad genética, en una muy amplia diversidad de contextos ecológicos, con una extrema variedad de modalidades y técnicas de cultivo, utilizando experiencias y conocimientos igualmente variados, y con una producción destinada principalmente al autoconsumo y a los mercados locales y/o regionales, son severas las limitaciones para que esta actividad pueda ser subordinada como ámbito de valorización de las grandes corporaciones.

La transformación de la agricultura campesina y de productores independientes en una actividad sometida al control y la valorización del capital requeriría profundos cambios tanto en la gama de variedades genéticas utilizadas como en el papel del conocimiento campesino.

La agricultura industrializada requiere la uniformidad genética. Exigiría igualmente la reproducción de la exitosa (para el capital) experiencia histórica de la llamada organización científica del trabajo (Taylor, 1971), y  llevar a cabo un proceso sistemático de apropiación/ desvalorización del conocimiento de campesinos y demás productores independientes y su sustitución por un conocimiento científico-tecnológico controlado por las empresas de la agroindustria.

 

Para el logro de este ambicioso objetivo, la agroindustria cuenta con dos instrumentos paralelos: el primero de naturaleza científico-tecnológica, y el segundo de carácter jurídico.

De esta manera se va produciendo un desplazamiento del conocimiento de campesinos y productores directos –conocimiento que responde a las particularidades de los diferentes contextos ecológicos y culturales (tipo de suelo, régimen de lluvias, modalidades productivas, etc.) y a la diversidad genética de sus cultivos– por unas pocas o una sola variedad genética y por las normas estandarizadas establecidas por las empresas a las que se les compra la semilla. Un ejemplo característico del desplazamiento del conocimiento de campesinos y productores independientes por el conocimiento científico-empresarial en manos de las empresas biotecnológicas lo constituyen los contratos de tecnología que forman parte de las obligaciones que adquiere el productor al comprar las semillas genéticamente modificadas Roundup Ready3 de Monsanto, la mayor empresa global en el campo de las semillas genéticamente modificadas. Además de pagar por la adquisición de las semillas, los productores están obligados a firmar un contrato para el uso de la tecnología Monsanto, que típicamente establece condiciones para el productor agrícola (...)".  

Fuente: La ciencia neoliberal del libro "Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado" coordinado por Ana Esther Ceceña -1a. ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO - 2006.

 

Nosotros, los de abajo, podemos salir del sistema de saqueo e impunidad que los poderes locales e imperialistas instauraron mediante Estado terrorista si dejamos de naturalizar que:

  • el desarrollo de Argentina sea por entrega a China e inversores transnacionales o por competitividad en el mercado global;
     

  • el esfuerzo laboral se centre en la industria automotriz al servicio del enriquecimiento sideral de terminales imperialistas, la CGT esté dominada por el gremio de camioneros y la mayor fuente de trabajo sea la construcción con alta proporción de trabajadores sin derechos ni protección contra accidentes;
     

  • el modelo de soja transgénica y otros agronegocios nos estén quitando soberanía alimentaria y arrasando la fertilidad y la heterogeneidad de ecorregiones;
     

  • la cordillera, las fuentes de agua dulce, los bosques nativos y las comunidades sean destruidas por las corporaciones mineras en procura de extraer oro, cobre y otros metales.
     

  • el agua que bebemos esté contaminada y lo mismo el aire que respiramos.